perseguirán un interés económico general y no irán más allá de lo necesario para lograr dicho interés económico general;

estarán claramente definidas y serán transparentes, no discriminatorias y verificables;

garantizarán la igualdad de acceso de las empresas eléctricas de la Unión a los clientes;

serán limitadas en el tiempo y proporcionadas, en lo que atañe a sus beneficiarios;

no conllevarán para los participantes en el mercado costes adicionales que sean discriminatorios.

irán acompañadas de un conjunto de medidas para lograr una competencia efectiva y una metodología para evaluar los avances en relación con esas medidas;

se establecerán mediante una metodología que garantice un trato no discriminatorio de los suministradores;

se fijarán a un precio que se sitúe por encima del coste, a un nivel en el que pueda tener lugar una competencia efectiva en materia de precios;

estarán diseñadas para minimizar toda consecuencia negativa en el mercado de la electricidad mayorista;

velarán por que todos los beneficiarios de la intervención pública puedan escoger ofertas competitivas del mercado y se les informe directamente con una periodicidad al menos trimestral de la disponibilidad de ofertas y ahorros en el mercado competitivo, en particular en lo que respecta a los contratos con precios dinámicos de electricidad, y velarán por que se les asista en el cambio hacia ofertas del mercado libre;

garantizarán que, de conformidad con los artículos 19 y 21, todos los beneficiarios de la intervención pública tengan derecho a que se les instalen contadores inteligentes, y velarán por que se les ofrezca tal posibilidad, sin que suponga ningún coste adicional para el cliente, y por que se les informe directamente de la posibilidad de instalar contadores inteligentes y se les preste la asistencia necesaria;

no darán lugar a subvenciones cruzadas directas entre los clientes a los que se suministra con precios del mercado libre y los clientes a los que se suministra con precios de suministro regulados.

todos los productores y empresas de suministro de electricidad establecidos en su territorio puedan suministrar electricidad mediante una línea directa a sus propias instalaciones, filiales y clientes, sin estar sujetos a procedimientos administrativos o costes desproporcionados;

cualesquiera de tales clientes en su territorio, individual o conjuntamente, pueda recibir suministro de electricidad mediante una línea directa de los productores y empresas de suministro de electricidad.

la seguridad y la protección de las redes e instalaciones eléctricas y de los equipos asociados;

la protección de la salud y la seguridad públicas;

la protección del medio ambiente;

la ordenación del territorio y la elección de los emplazamientos;

la utilización del suelo público;

la eficiencia energética;

la naturaleza de las fuentes primarias;

las características particulares del solicitante, tales como capacidades técnicas, económicas y financieras;

el cumplimiento de las medidas adoptadas con arreglo al artículo 9;

la contribución de las instalaciones de generación para cumplir el objetivo general de la Unión de alcanzar una cuota de un 32 % como mínimo de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión para 2030, a que se refiere el artículo 3, apartado 1, de la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 4 );

la contribución de las instalaciones generadoras para reducir las emisiones, y

las alternativas a la creación de nuevas instalaciones de generación, como soluciones de respuesta a la demanda y el almacenamiento de energía,.

la identidad y la dirección del suministrador;

los servicios prestados, el nivel de calidad propuesto y el plazo para la conexión inicial;

el tipo de servicio de mantenimiento propuesto;

la forma de obtener información actualizada sobre todas las tarifas aplicables, los gastos de mantenimiento y los productos o servicios agrupados;

la duración del contrato, las condiciones para la renovación y la terminación del contrato y de los servicios, incluidos productos o servicios agrupados, y si se puede resolver el contrato gratuitamente;

los acuerdos de compensación y reembolso aplicables si no se cumplen los niveles de calidad contratados, incluida la facturación incorrecta o retrasada;

el método para iniciar un procedimiento extrajudicial de resolución de litigios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26;

la información sobre los derechos de los consumidores, inclusive la relativa a la tramitación de las reclamaciones y toda la información mencionada en el presente apartado, claramente comunicada en las facturas o los sitios web de las empresas de electricidad.

serán independientes de todos los participantes en el mercado y garantizarán que todas las empresas eléctricas reciben un trato equitativo en los resultados de las búsquedas;

indicarán claramente sus propietarios y la persona física o jurídica que opera y controla la herramienta, así como información sobre cómo se financian las herramientas;

establecerán criterios claros y objetivos en los que se base la comparación, incluidos los servicios, y los harán públicos;

utilizarán un lenguaje sencillo e inequívoco;

proporcionarán información precisa y actualizada e indicarán el momento de la actualización más reciente;

serán accesibles para las personas con discapacidad, de modo que sea perceptible, operable, comprensible y robusto;

ofrecerán un procedimiento eficaz de notificación de errores en la información sobre las ofertas publicadas; y

realizarán comparaciones, al tiempo que limitan la información personal solicitada a aquellos datos estrictamente necesarios para la comparación.

tengan derecho a operar directamente o mediante agregación;

tengan derecho a vender electricidad autogenerada, en particular mediante acuerdos de compraventa de energía;

tengan derecho a participar en programas de flexibilidad y eficiencia energética;

tengan derecho a delegar en un tercero la gestión de las instalaciones requeridas para sus actividades, incluida la instalación, el funcionamiento, la gestión de los datos y el mantenimiento, sin que se considere a ese tercero como un cliente activo;

estén sujetos a tarifas de acceso a la red que reflejen los costes, transparentes y no discriminatorias, que tengan en cuenta separadamente la electricidad vertida a la red y la electricidad consumida de la red, de conformidad con el artículo 59, apartado 9, de la presente Directiva y con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/943, asegurando que contribuyen de manera adecuada y equilibrada al reparto general de los costes del sistema de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2019/943;

sean económicamente responsables de los desvíos que provoquen en el sistema eléctrico; a estos efectos, serán sujetos de liquidación responsables del balance o delegarán su responsabilidad en materia de balance con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/943.

tengan derecho a una conexión a la red en un plazo razonable a partir de la solicitud, siempre que se cumplan todas las condiciones necesarias, como las responsabilidades de balance y un esquema de medida adecuado;

no estén sujetos a ninguna duplicación de gastos, incluidas las tarifas de acceso a la red, para la electricidad almacenada que permanezca en sus instalaciones o a la hora de prestar servicios de flexibilidad a los gestores de redes;

no estén sujetos a requisitos o tasas de concesión de licencias desproporcionados;

estén autorizados a prestar varios servicios al mismo tiempo, cuando sea técnicamente viable.

la participación en una comunidad ciudadana de energía sea abierta y voluntaria;

los socios o miembros de una comunidad ciudadana de energía tengan derecho a abandonar la comunidad; en tales casos se aplicará el artículo 12;

los socios o miembros de una comunidad ciudadana de energía no pierdan sus derechos y obligaciones como clientes domésticos o clientes activos;

el gestor de la red de distribución correspondiente coopere, a cambio de una compensación justa evaluada por la autoridad reguladora, con las comunidades ciudadanas de energía para facilitar transferencias de electricidad entre estas;

las comunidades ciudadanas de energía estén sujetas a procedimientos y tasas, incluidos el registro y la concesión de licencias, equitativos, proporcionales y transparentes, así como a unas tarifas de acceso a la red transparentes y no discriminatorias, que reflejen los costes de conformidad con el artículo 18 del Reglamento (UE) 2019/943, y que garanticen que contribuyan de manera adecuada y equilibrada al reparto general de los costes del sistema.

estén abiertas a la participación transfronteriza;

tengan derecho a poseer, establecer, adquirir o arrendar redes de distribución y gestionarlas autónomamente con arreglo a las condiciones establecidas en el apartado 4 del presente artículo;

sean objeto de las exenciones previstas en el artículo 38, apartado 2.

puedan acceder a todos los mercados organizados directamente o a través de la agregación de forma no discriminatoria;

se beneficien de un trato no discriminatorio y proporcionado en lo que atañe a sus actividades, derechos y obligaciones como clientes finales, generadores, suministradores, gestores de redes de distribución o participantes en el mercado que presten servicios de agregación;

sean responsables económicamente de los desvíos que causen en el sistema eléctrico; a estos efectos, serán sujetos de liquidación responsables del balance o delegarán su responsabilidad en materia de balance con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/943;

respecto al consumo de electricidad autogenerada, las comunidades de energía sean tratadas como clientes activos de conformidad con el artículo 15, apartado 2, letra e);

tengan derecho a organizar dentro de la comunidad ciudadana de energía un reparto de la electricidad producida por las unidades de producción que pertenezcan a la comunidad, cumpliendo otros requisitos establecidos en el presente artículo, y a conservar los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad como clientes finales.

tengan derecho a celebrar un acuerdo sobre la gestión de su red con el gestor de la red de distribución o el gestor de la red de transporte correspondiente al que esté conectada su red;

estén sujetas a tarifas de acceso a la red adecuadas en los puntos de conexión entre su red y la red de distribución externa a la comunidad ciudadana de energía; y a que en esas tarifas de acceso a la red se contabilicen por separado la electricidad introducida en la red de distribución y la electricidad consumida procedente de la red de distribución fuera de la comunidad ciudadana de energía, de conformidad con el artículo 59, apartado 9;

no discriminen ni perjudiquen a los clientes que sigan conectados a la red de distribución.

el derecho de cada participante en el mercado activo que preste servicios de agregación, incluidos los agregadores independientes, a entrar en los mercados de electricidad sin el consentimiento de otros participantes en el mercado;

normas no discriminatorias y transparentes que asignen claramente las funciones y las responsabilidades de todas las empresas eléctricas y los clientes;

normas y procedimientos no discriminatorios y transparentes para el intercambio de datos entre los participantes en el mercado que presten servicios de agregación y otras empresas eléctricas, que garanticen el acceso fácil a los datos en condiciones equitativas y no discriminatorias y, al mismo tiempo, protejan plenamente la información comercial sensible y los datos personales de los clientes;

la obligación de los participantes en el mercado que presten servicios de agregación de ser responsables económicamente de los desvíos que causen en el sistema eléctrico; a tales efectos, serán sujetos de liquidación responsables del balance o delegarán su responsabilidad en materia de balance con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (UE) 2019/943;

que los clientes finales que tengan un contrato con agregadores independientes no deban hacer frente a pagos, multas u otras restricciones contractuales indebidos solicitados por sus suministradores;

un mecanismo de resolución de litigios entre participantes en el mercado que presten servicios de agregación y otros participantes en el mercado, incluida la responsabilidad por desvíos.

esté equipado, cuando sea técnicamente posible, con las funcionalidades contempladas en el artículo 20, o con un conjunto mínimo de funcionalidades que serán definidas y publicadas por los Estados miembros a nivel nacional y de conformidad con lo dispuesto en el anexo II;

sea interoperable y capaz de proporcionar la conectividad deseada de la infraestructura del contador con los sistemas de gestión de la energía del consumidor en tiempo cuasirreal.

garantizarán que la oferta al cliente final que solicita la instalación de un contador inteligente indica expresamente y describe claramente:

garantizarán que el contador inteligente se instala en un plazo razonable, a más tardar, cuatro meses después de la solicitud del cliente;

periódicamente, y al menos cada dos años, revisarán y pondrán a disposición del público los costes asociados, y supervisarán su evolución como consecuencia de los avances tecnológicos y las posibles mejoras del sistema de medición.

tras un procedimiento de licitación abierto, transparente y no discriminatorio, sujeto a la revisión y aprobación de la autoridad reguladora, no se haya concedido a otras partes el derecho de poseer, desarrollar, gestionar o explotar puntos de recarga para vehículos eléctricos, o no hayan podido prestar esos servicios a un coste razonable y en tiempo oportuno;

la autoridad reguladora haya realizado un examen previo de las condiciones del procedimiento de licitación con arreglo a lo dispuesto en la letra a) y haya dado su aprobación;

el gestor de la red de distribución deberá gestionar los puntos de recarga sobre la base del acceso de terceros de conformidad con el artículo 6 y no ejercerá ningún tipo de discriminación entre usuarios o categorías de usuarios de la red, en particular en favor de sus empresas vinculadas.

los encargados de la administración del gestor de la red de distribución no podrán participar en estructuras de la empresa eléctrica integrada que se ocupen, directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de las actividades de generación, transporte o suministro de electricidad;

se tomarán las medidas oportunas para garantizar la debida consideración de los intereses profesionales de las personas encargadas de la administración del gestor de la red de distribución, de tal forma que estas puedan actuar con independencia;

el gestor de la red de distribución gozará de facultad de decisión efectiva, independientemente de la empresa eléctrica integrada, con respecto a los activos necesarios para explotar, mantener o desarrollar la red. A fin de desempeñar estas funciones, el gestor de la red de distribución dispondrá de los recursos necesarios, incluidos los recursos humanos, técnicos, financieros y materiales. Esto no deberá impedir la existencia de mecanismos de coordinación adecuados que aseguren la protección de los derechos de supervisión, tanto económica como de gestión, de la sociedad matriz respecto a los activos de sus filiales, regulados indirectamente con arreglo al artículo 59, apartado 7. En particular, ello permitirá a la sociedad matriz aprobar el plan financiero anual, o cualquier instrumento equivalente, del gestor de la red de distribución, así como establecer límites globales a los niveles de endeudamiento de sus filiales. No se permitirá a la sociedad matriz dar instrucciones respecto de la gestión cotidiana ni de decisiones particulares referentes a la construcción o mejora de líneas de distribución que no sobrepasen lo establecido en el plan financiero aprobado o en cualquier instrumento equivalente, y

el gestor de la red de distribución deberá establecer un programa de cumplimiento en el que se expongan las medidas adoptadas para garantizar que las conductas discriminatorias queden excluidas y deberá garantizar que el respeto de dicho programa sea objeto de la supervisión adecuada. El cumplimiento del programa establecerá las obligaciones específicas de los empleados para alcanzar este objetivo. La persona u órgano competente para la supervisión del programa de cumplimiento, el encargado del cumplimiento del gestor de la red de distribución, presentará un informe anual con las medidas adoptadas a la autoridad reguladora a que se refiere el artículo 57, apartado 1, el cual se publicará. El encargado del cumplimiento del gestor de la red de distribución será totalmente independiente y tendrá acceso a toda la información del gestor de la red de distribución y de cualquiera de sus empresas filiales que requiera para el desempeño de su función.

tras un procedimiento de licitación abierto, transparente y no discriminatorio, sujeto a la revisión y la aprobación de la autoridad reguladora, no se haya concedido a otras partes el derecho de poseer, desarrollar, gestionar o explotar dichas instalaciones, o no puedan prestar esos servicios a un coste razonable y en tiempo oportuno;

dichas instalaciones sean necesarias para que los gestores de redes de distribución cumplan sus obligaciones en virtud de la presente Directiva con vistas a un funcionamiento eficiente, fiable y seguro de la red de distribución y dichas instalaciones no sean utilizadas para comprar o vender electricidad en los mercados de electricidad; y

la autoridad reguladora haya valorado la necesidad de dicha excepción y llevado a cabo una valoración del procedimiento de licitación, incluidas las condiciones del procedimiento de licitación, y haya concedido su aprobación.

estén conectadas a la red a más tardar en los dos años siguientes;

estén integradas en la red de distribución;

se utilicen exclusivamente para el restablecimiento por inyección instantánea de reactiva por seguridad de la red en caso de incidentes en ella, si tal medida de restablecimiento se inicia inmediatamente y termina cuando la redistribución regular pueda resolver el problema, y

no se utilicen para comprar o vender electricidad en los mercados de la electricidad, incluidos los de balance.

por razones técnicas o de seguridad concretas, el funcionamiento o los procesos de producción de los usuarios de dicha red están integrados, o

dicha red distribuye electricidad ante todo al propietario o gestor de la red o a sus empresas vinculadas.

las obligaciones recogidas en el artículo 31, apartados 5 y 7, de que adquiera la energía que utilice para cubrir pérdidas de energía y los servicios auxiliares de no frecuencia de su red de conformidad con procedimientos transparentes, no discriminatorios y basados en el mercado;

la obligación recogida en el artículo 6, apartado 1, de que las tarifas o metodologías utilizadas para su cálculo sean aprobadas de conformidad con el artículo 59, apartado 1, con anterioridad a su entrada en vigor;

los requisitos establecidos en el artículo 32, apartado 1, para obtener servicios de flexibilidad y en el artículo 32, apartado 3, para desarrollar el sistema del gestor sobre la base de planes de desarrollo de la red;

el requisito establecido en el artículo 33, apartado 2, relativo a no poseer, desarrollar, gestionar ni explotar puntos de recarga para vehículos eléctricos; y

el requisito establecido en el artículo 36, apartado 1, relativos a no poseer, desarrollar, gestionar ni explotar instalaciones de almacenamiento de energía.

garantizar que la red pueda satisfacer a largo plazo una demanda razonable de transporte de electricidad; explotar, mantener y desarrollar, en condiciones económicamente aceptables, redes de transporte seguras, fiables y eficientes, teniendo debidamente en cuenta el medio ambiente, en estrecha cooperación con gestores de redes de transporte y gestores de redes de distribución vecinos;

asegurar los medios adecuados para cumplir sus obligaciones;

contribuir a la seguridad del suministro mediante una capacidad de transporte y una fiabilidad de la red suficientes;

administrar los flujos de electricidad en la red teniendo en cuenta los intercambios con otras redes interconectadas; a tal fin, el gestor de la red de transporte garantizará la seguridad de la red eléctrica, su fiabilidad y su eficiencia y, en este ámbito, velará por la disponibilidad de todos los servicios auxiliares indispensables, incluidos aquellos prestados en respuesta de demanda y las instalaciones de almacenamiento de energía, siempre que dicha disponibilidad sea independiente de cualquier otra red de transporte con la cual esté interconectada su red;

proporcionar al gestor de cualquier otra red con la que la suya esté interconectada información suficiente para garantizar el funcionamiento seguro y eficiente, el desarrollo coordinado y la interoperabilidad de la red interconectada;

garantizar la no discriminación entre usuarios o categorías de usuarios de la red, en particular en favor de sus empresas vinculadas;

proporcionar a los usuarios la información que necesiten para acceder eficientemente a la red;

recaudar ingresos y pagos derivados de la congestión en el marco del mecanismo de compensación entre gestores de redes de transporte de conformidad con el artículo 49 del Reglamento (UE) 2019943, permitiendo y gestionando el acceso a las terceras partes y dando explicaciones razonables cuando se deniegue dicho acceso, lo que supervisarán las autoridades reguladoras; al realizar sus funciones en el marco del presente artículo, los gestores de redes de transporte facilitarán, en primer lugar, la integración del mercado;

la obtención de servicios auxiliares para garantizar la seguridad operativa;

la adopción de un marco para la cooperación y la coordinación entre centros operativos regionales;

la participación en el establecimiento de los análisis de cobertura de la Unión y nacionales de conformidad con el capítulo IV del Reglamento (UE) 2019/943;

la digitalización de las redes de transporte;

la gestión de datos, incluido el desarrollo de los sistemas de gestión de datos, la ciberseguridad y la protección de datos, a reserva de las normas aplicables y sin perjuicio de las competencias de otras autoridades.

procedimientos transparentes, no discriminatorios y basados en el mercado;

la participación efectiva de todas las empresas eléctricas cualificadas y de todos los participantes en el mercado, incluidos los participantes en el mercado que ofrecen energía procedente de fuentes renovables, participantes en el mercado que presten servicios de la respuesta de demanda, operadores de las instalaciones de almacenamiento de energía y los participantes en el mercado que presten servicios de agregación.

toda empresa propietaria de una red de transporte actúe como gestor de la red de transporte;

la misma persona o personas no tengan derecho:

la misma persona o personas no tengan derecho a nombrar a los miembros del consejo de supervisión o del de administración o de los órganos que representen legalmente a la empresa, de un gestor de la red de transporte o una red de transporte, y, directa o indirectamente, ejercer control o ejercer derechos en una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o suministro, y

ninguna persona tenga derecho a ser miembro del consejo de supervisión o del de administración o de los órganos que representen legalmente a la empresa, a la vez de una empresa que lleve a cabo cualquiera de las funciones de generación o suministro y de un gestor de la red de transporte o una red de transporte.

la facultad de ejercer derechos de voto;

la facultad de designar a miembros del consejo de supervisión o del de administración o de los órganos que representen legalmente a la empresa, o

la posesión de la parte mayoritaria.

el candidato a gestor haya demostrado que cumple las condiciones establecidas en el artículo 43, apartado 1, letras b), c) y d);

el candidato a gestor haya demostrado que dispone de los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros necesarios para llevar a cabo las funciones que le asigna el artículo 40;

el candidato a gestor se haya comprometido a cumplir el plan decenal de desarrollo de la red supervisado por la autoridad reguladora;

el propietario de la red de transporte haya demostrado su capacidad de cumplir las obligaciones que le impone el apartado 5. A tal efecto, presentará todos los proyectos de acuerdo contractual con la empresa candidata y con cualquier otra entidad pertinente, y

el candidato a gestor haya demostrado su capacidad de cumplir las obligaciones que le impone el Reglamento (UE) 2019/943, incluida la cooperación de los gestores de redes de transporte en los planos europeo y regional.

prestará al gestor de red independiente toda la cooperación y el apoyo necesarios para el desempeño de sus funciones, incluida, especialmente, la aportación de toda la información que le pueda resultar útil;

financiará las inversiones decididas por el gestor de red independiente y autorizadas por la autoridad reguladora o dará su consentimiento para que sean financiadas por cualquier parte interesada, incluido el gestor de red independiente. Los correspondientes mecanismos de financiación deberán ser aprobados por la autoridad reguladora, que previamente deberá consultar al propietario de la red de transporte junto con las demás partes interesadas;

tomará las disposiciones oportunas para la cobertura de la responsabilidad derivada de los activos de red, con exclusión de la responsabilidad correspondiente a las funciones del gestor de red independiente, y

aportará las garantías necesarias para facilitar la financiación de cualquier ampliación de la red, excepción hecha de las inversiones para cuya financiación por cualquier parte interesada, incluido el gestor de red independiente, haya dado su consentimiento en virtud de la letra b).

las personas encargadas de la gestión del propietario de la red de transporte no podrán participar en estructuras de la compañía eléctrica integrada verticalmente que se ocupen, directa o indirectamente, de la gestión cotidiana de la generación, la distribución y el suministro de electricidad;

se tomarán las medidas oportunas para garantizar que se tengan en cuenta los intereses profesionales de los encargados de la gestión del propietario de la red de transporte, de tal forma que estos puedan actuar con independencia, y

el propietario de la red de transporte establecerá un programa de cumplimiento en el que se expongan las medidas adoptadas para asegurar la exclusión de conductas discriminatorias y, asimismo, garantizará el adecuado control de su cumplimiento. El cumplimiento del programa establecerá las obligaciones específicas de los empleados para alcanzar dichos objetivos. La persona u órgano competente para controlar el programa de cumplimiento presentará a la autoridad reguladora un informe anual con las medidas adoptadas, el cual deberá publicarse.

los activos necesarios para la actividad de transporte de electricidad, incluida la red de transporte, serán propiedad del gestor de la red de transporte;

el personal necesario para la actividad de transporte de electricidad, incluida la realización de todas las tareas empresariales, será empleado del gestor de la red de transporte;

se prohibirá la cesión de personal y la prestación de servicios a y de cualquier parte de la empresa integrada verticalmente, lo cual no será óbice, sin embargo, para que el gestor de la red de transporte pueda prestar servicios a la empresa integrada verticalmente siempre que:

sin perjuicio de las decisiones adoptadas por el órgano de supervisión con arreglo al artículo 49, la empresa integrada verticalmente facilitará al gestor de la red de transporte a su debido tiempo los recursos financieros adecuados para futuros proyectos de inversión y/o para la sustitución de los activos existentes, previa petición del gestor de la red de transporte.

la representación del gestor de la red de transporte y contactos con terceros y con las autoridades reguladoras;

la representación del gestor de la red de transporte en la REGRT de Electricidad;

la concesión y gestión del acceso de terceros sin discriminación entre usuarios o categorías de usuarios de la red;

el cobro de todos los gastos relativos a la red de transporte, incluidos los gastos de acceso, la energía para compensación de pérdidas y los gastos de servicios auxiliares;

el funcionamiento, mantenimiento y desarrollo de una red de transporte segura, eficaz y económica;

los planes de inversión que garanticen a largo plazo la capacidad de la red para responder a una demanda razonable y que garanticen la seguridad del suministro;

la creación de empresas conjuntas adecuadas, incluso con uno o varios gestores de redes de transporte, intercambios de electricidad, etc. con objeto de desarrollar la creación de mercados regionales o facilitar el proceso de liberalización, y

todos los servicios centrales, incluidos los servicios jurídicos, contables e informáticos.

derechos efectivos en el proceso de toma de decisiones, independientes de los de la empresa integrada verticalmente, en relación con los activos necesarios para el funcionamiento, el mantenimiento o el desarrollo de la red, y

la facultad de pedir dinero prestado en el mercado de capitales, en particular mediante empréstito y ampliación de capital.

supervisar la ejecución del programa de cumplimiento;

elaborar un informe anual que exponga las medidas tomadas para ejecutar el programa de cumplimiento, y presentar dicho informe a la autoridad reguladora;

informar al órgano de supervisión y formular recomendaciones sobre el programa de cumplimiento y su ejecución;

notificar a la autoridad reguladora cualquier posible infracción en relación con la ejecución del programa de cumplimiento, y

informar a la autoridad reguladora sobre cualquier relación comercial y financiera entre la empresa integrada verticalmente y el gestor de la red de transporte.

las condiciones para el acceso a la red, según lo establecido en el Reglamento (UE) 2019/943, en especial en lo relativo a tarifas, servicios de acceso de terceros, gestión de la asignación de capacidad y de la congestión, transparencia, servicios auxiliares y mercados secundarios;

los proyectos emprendidos para explotar, mantener y desarrollar la red de transporte, incluidas las inversiones en interconexión y conexión;

las compras o ventas de energía necesarias para la explotación de la red de transporte.

indicará a los participantes en el mercado las principales infraestructuras de transporte que sea necesario construir o modernizar durante los próximos diez años;

contendrá todas las inversiones ya decididas y determinará las nuevas inversiones que haya que ejecutar en los próximos tres años, y

facilitará un calendario de todos los proyectos de inversión.

requerir al gestor de la red de transporte que ejecute las inversiones de que se trate;

organizar una licitación abierta a cualquier inversor para la inversión de que se trate, o

obligar al gestor de la red de transporte a aceptar un aumento de capital para financiar las inversiones necesarias y para permitir la participación de inversores independientes en el capital.

la financiación por cualquier tercero;

la construcción por cualquier tercero;

la constitución de los nuevos activos que le corresponden;

la explotación del nuevo activo que le corresponde.

tras la notificación del gestor de la red de transporte contemplada en el apartado 3;

por iniciativa propia cuando tengan conocimiento de que un cambio previsto en los derechos o la capacidad de influencia en los propietarios de redes de transporte o los gestores de redes de transporte puede dar lugar a una infracción del artículo 43, o cuando tengan motivos para creer que puede haberse dado tal infracción; o

tras una solicitud motivada de la Comisión al respecto.

que la entidad en cuestión cumple los requisitos del artículo 43, y

ante la autoridad reguladora u otra autoridad nacional competente designada por el Estado miembro, que la concesión de la certificación no pondrá en peligro la seguridad del suministro energético del Estado miembro y de la Unión. Para evaluar esta cuestión, la autoridad reguladora o la autoridad nacional competente designada tendrá en cuenta:

la entidad de que se trata cumple los requisitos del artículo 43, y

la concesión de la certificación no pone en peligro la seguridad del suministro energético a la Unión.

los hechos específicos del caso y el tercer o terceros países de que se trate, y

los derechos y obligaciones de la Unión con respecto a dicho tercer o terceros países conforme al Derecho internacional, incluidos los acuerdos celebrados con uno o más terceros países de los cuales la Unión sea parte y que aborden las cuestiones relativas a la seguridad del suministro.

tras un procedimiento de licitación abierto, transparente y no discriminatorio sujeto a la revisión y aprobación de la autoridad reguladora, no se haya concedido a otras partes el derecho de poseer, desarrollar, gestionar o explotar dichas instalaciones, o no puedan prestar esos servicios a un coste razonable y en tiempo oportuno;

dichas instalaciones o servicios auxiliares de no frecuencia sean necesarios para que los gestores de redes de transporte cumplan sus obligaciones en virtud de la presente Directiva con vistas a un funcionamiento eficiente, fiable y seguro de la red de transporte y no sean utilizados para comprar o vender electricidad en los mercados de la electricidad; y

la autoridad reguladora haya valorado la necesidad de dicha excepción, haya realizado un examen previo de la aplicabilidad del procedimiento de licitación, incluidas las condiciones de este, y haya concedido su aprobación.

estén conectadas a la red a más tardar en los dos años siguientes a la inversión;

estén integradas en la red de transporte;

se utilicen exclusivamente para el restablecimiento de inyección de reactiva por seguridad de la red en caso de incidentes en ella, siempre que dicha medida de restablecimiento se inicie inmediatamente y termine cuando la reordenación regular pueda resolver el problema; y

no se utilicen para comprar o vender electricidad en los mercados de la electricidad, incluidos los de balance.

sea jurídicamente distinta y funcionalmente independiente de cualquier otra entidad pública o privada,

su personal y los encargados de su gestión:

la autoridad reguladora pueda tomar decisiones autónomas, con independencia de cualquier órgano político;

la autoridad reguladora disponga de todos los recursos humanos y financieros necesarios para desempeñar sus funciones y competencias de manera eficaz y eficiente;

la autoridad reguladora cuente con una dotación presupuestaria anual separada con autonomía en la ejecución del presupuesto asignado;

los miembros del consejo de la autoridad reguladora o, a falta de un consejo, sus altos cargos directivos se nombren para un mandato fijo de entre cinco y siete años, renovable una sola vez;

los miembros del consejo de la autoridad reguladora o, a falta de un consejo, sus altos cargos directivos se nombren en función de criterios objetivos, transparentes y publicados, en un procedimiento independiente e imparcial, que garantice que los candidatos poseen las cualificaciones y experiencia necesarias para la posición pertinente en la autoridad reguladora;

se encuentran vigentes disposiciones en materia de conflictos de intereses y las obligaciones de confidencialidad se prolongan más allá del término del mandato de los miembros del consejo de la autoridad reguladora o, a falta de un consejo, del término del mandato de sus altos cargos directivos de la autoridad reguladora;

los miembros del consejo de dirección de la autoridad reguladora o, a falta de un consejo, sus altos cargos directivos únicamente puedan ser despedidos únicamente sobre la base de criterios transparentes ya existentes.

establecer o aprobar, de conformidad con criterios transparentes, las tarifas de transporte o distribución o sus metodologías o las dos cosas;

cumplir las obligaciones que establece el artículo 3, el artículo 5, apartado 7, y los artículos 14 a 17 del Reglamento (UE) 2022/869 del Parlamento Europeo y del Consejo ( 12 );

asegurar el cumplimiento por los gestores de las redes de transporte y los gestores de las redes de distribución, y, en su caso, por los propietarios de las redes, así como el cumplimiento por cualquier empresa de electricidad y otros participantes en el mercado, de las obligaciones impuestas en virtud de la presente Directiva, el Reglamento (UE) 2019/943, los códigos de red y las directrices adoptados en virtud de los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento (UE) 2019/943, y cualquier otra disposición aplicable del Derecho de la Unión, incluso en lo que se refiere a cuestiones transfronterizas, así como de las decisiones de la ACER;

asegurar, en estrecha coordinación con las demás autoridades reguladoras, el cumplimiento por la REGRT de Electricidad y los GRD de la UE de las obligaciones impuestas en virtud de la presente Directiva, el Reglamento (UE) 2019/943, los códigos de red y las directrices adoptados en virtud de los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento (UE) 2019/943, y cualquier otra disposición aplicable del Derecho de la Unión, incluso en lo que se refiere a cuestiones transfronterizas, así como las decisiones de la ACER, y determinar conjuntamente cualquier incumplimiento por la REGRT de Electricidad y los GRD de la UE de sus obligaciones respectivas; si las autoridades reguladoras no consiguen alcanzar un acuerdo en un plazo de cuatro meses a partir del inicio de las consultas a efectos de determinar conjuntamente los incumplimientos, el asunto se remitirá a la ACER para que tome una decisión, de conformidad con el artículo 6, apartado 10, del Reglamento (UE) 2019/942;

aprobar productos y procesos de contratación de servicios auxiliares de no frecuencia;

aplicar los códigos de red y las directrices adoptados en virtud de los artículos 59, 60 y 61 del Reglamento (UE) 2019/943 a través de medidas nacionales o, cuando así se requiera, medidas coordinadas a nivel regional o de la Unión;

cooperar en cuestiones transfronterizas con la autoridad o autoridades reguladoras de los Estados miembros correspondientes y con la ACER, en particular a través de la participación en los trabajos del Consejo de Reguladores de la ACER con arreglo al artículo 21 del Reglamento (UE) 2019/942;

cumplir, y poner en práctica, las correspondientes decisiones pertinentes y jurídicamente vinculantes de la Comisión y de la ACER;

garantizar que los gestores de redes de transporte pongan a disposición capacidades de interconexión en la mayor medida posible, de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2019/943;

informar anualmente de sus actividades y del cumplimiento de sus obligaciones a las autoridades correspondientes de los Estados miembros, la ACER y la Comisión, incluidas las medidas tomadas y los resultados obtenidos en cuanto a las funciones enumeradas en el presente artículo;

velar por que no haya subvenciones cruzadas entre las actividades de suministro, transporte y distribución u otras actividades eléctricas y no eléctricas;

controlar los planes de inversión de los gestores de redes de transporte, y presentar en su informe anual una evaluación del plan de inversiones de los gestores de redes de transporte en lo que se refiere a su adecuación al plan de desarrollo de la red en el conjunto de la Unión, dicha evaluación podrá incluir recomendaciones para modificar esos planes de inversión;

controlar y evaluar la prestación de los gestores de redes de transporte y de los gestores de redes de distribución en relación con el desarrollo de una red inteligente que promueva la eficiencia energética y la integración de energía procedente de fuentes renovables, basándose en un conjunto limitado de indicadores, y publicar un informe nacional cada dos años, que incluya recomendaciones;

establecer o aprobar normas y requisitos de calidad del servicio y del suministro o contribuir a ello junto con otras autoridades competentes así como controlar el cumplimiento y revisar los resultados anteriores de las normas de seguridad y fiabilidad de la red;

controlar el nivel de transparencia, incluido el de los precios mayoristas, y velar por que las empresas de electricidad cumplan las obligaciones de transparencia;

controlar el grado y la efectividad de apertura del mercado y de competencia, tanto en el mercado mayorista como minorista, incluidos los intercambios de electricidad, los precios para los clientes domésticos incluidos los sistemas de pago anticipado, el impacto de los contratos con precios dinámicos de electricidad y del uso de sistemas de medición inteligentes, los índices de cambio de suministrador, los índices de desconexión, las tarifas de los servicios de mantenimiento, la ejecución de servicios de mantenimiento, la relación entre los precios minoristas y mayoristas, la evolución de las tarifas de acceso a la red y de los gravámenes, y las reclamaciones de los clientes domésticos, así como cualquier falseamiento o restricción de la competencia, incluido aportando toda información pertinente y poniendo en conocimiento de las autoridades correspondientes en materia de competencia los casos que surjan;

supervisar la aparición de prácticas contractuales restrictivas, incluidas las cláusulas de exclusividad que puedan impedir la decisión de los clientes de celebrar contratos simultáneamente con más de un suministrador. En su caso, las autoridades reguladoras nacionales informarán a las autoridades nacionales de competencia acerca de tales prácticas;

controlar el tiempo utilizado por los gestores de la red de transporte y los gestores de la red de distribución para efectuar conexiones y reparaciones;

contribuir a garantizar, junto con otras autoridades pertinentes, la efectividad y aplicación de las medidas de protección de los consumidores;

publicar recomendaciones, al menos con carácter anual, sobre la adecuación de los precios de los suministros a lo dispuesto en el artículo 5, y remitirlas a las autoridades de competencia cuando proceda;

asegurar el acceso no discriminatorio de los clientes a los datos de consumo, facilitar, para uso facultativo, un formato fácilmente comprensible y armonizado de presentación de estos datos en el plano nacional, así como el acceso rápido para todos los clientes a los datos de conformidad con los artículos 23 y 24;

controlar la aplicación de las normas sobre las funciones y competencias de los gestores de redes de transporte, los gestores de redes de distribución, los suministradores y los clientes y otros participantes en el mercado con arreglo al Reglamento (UE) 2019/943;

controlar las inversiones en capacidad de generación y almacenamiento en relación con la seguridad de suministro;

supervisar la cooperación técnica entre gestores de redes de transporte de la Unión y de terceros países;

contribuir a la compatibilidad de los procesos de intercambio de datos para los procesos de mercado más importantes a escala regional;

controlar la disponibilidad de herramientas de comparación que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 14;

controlar la eliminación de los obstáculos y restricciones injustificados al desarrollo del consumo de electricidad autogenerada y de las comunidades ciudadanas de energía.

promulgar decisiones vinculantes para las empresas eléctricas;

efectuar investigaciones sobre el funcionamiento de los mercados eléctricos, y decidir e imponer cualquier medida necesaria y proporcionada para promover la competencia efectiva y asegurar el adecuado funcionamiento del mercado. Cuando proceda, la autoridad reguladora estará asimismo facultada para cooperar con el organismo nacional de la competencia y con los reguladores del mercado financiero o con la Comisión en la realización de investigaciones relativas al Derecho de la competencia;

recabar de las empresas eléctricas cualquier información pertinente para el desempeño de sus funciones, incluidas las justificaciones de rechazo de la concesión de acceso a un tercero, y cualquier información sobre las medidas necesarias para reforzar la red;

imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias a las empresas eléctricas que no cumplan las obligaciones impuestas en virtud de la presente Directiva, del Reglamento (UE) 2019/943 y de cualquier decisión jurídicamente vinculante de la autoridad reguladora o de la ACER, o proponer a un órgano jurisdiccional competente que imponga esas sanciones, incluida la facultad de imponer, o de proponer la imposición de sanciones de hasta el 10 % del volumen de negocios anual del gestor de la red de transporte a dicho gestor, o de hasta el 10 % del volumen de negocios anual de la empresa integrada verticalmente a dicha empresa integrada verticalmente, según los casos, en el supuesto de incumplimiento de sus obligaciones de conformidad con la presente Directiva, y

los derechos de investigación adecuados y las competencias de mando pertinentes a efectos de la resolución de litigios con arreglo al artículo 60, apartados 2 y 3.

controlará que el propietario de la red de transporte y el gestor de red independiente cumplan las obligaciones que les impone el presente artículo, y aplicará sanciones en caso de incumplimiento según lo dispuesto en el apartado 3, letra d);

controlará las relaciones y comunicaciones entre el gestor de red independiente y el propietario de la red de transporte, a fin de asegurar que el gestor de red independiente cumpla sus obligaciones, y, en particular, aprobará los contratos y actuará como órgano de resolución de litigios entre el gestor de red independiente y el propietario de la red de transporte por lo que se refiere a cualquier reclamación que presente uno u otro en virtud del artículo 60, apartado 2;

sin perjuicio del procedimiento del artículo 44, apartado 2, letra c), aprobará, para el primer plan decenal de desarrollo de la red, la planificación de las inversiones y el plan plurianual de desarrollo de la red presentado al menos cada dos años por el gestor de red independiente;

se asegurará de que las tarifas de acceso a la red percibidas por el gestor de red independiente incluyan una remuneración al propietario o propietarios de la red de tal manera que se obtenga una remuneración adecuada por los activos de red o por cualquier nueva inversión en estos, siempre que se hayan efectuado de manera económica y eficiente;

tendrá facultades para efectuar inspecciones, incluso sin previo aviso, en los locales del propietario de la red de transporte y del gestor de red independiente, y

controlará el uso de los ingresos derivados de la congestión percibidos por el gestor de red independiente con arreglo al artículo 19, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/943.

imponer sanciones de conformidad con el apartado 3, letra d), por comportamiento discriminatorio a favor de una empresa integrada verticalmente;

supervisar las comunicaciones entre el gestor de la red de transporte y la empresa integrada verticalmente para garantizar que el gestor de la red de transporte cumple con sus obligaciones;

actuar en calidad de autoridad responsable de la resolución de litigios entre la empresa integrada verticalmente y el gestor de la red de transporte por lo que se refiere a cualquier reclamación que se presente en virtud del artículo 60, apartado 2;

supervisar las relaciones comerciales y financieras, incluidos los préstamos, entre la empresa integrada verticalmente y el gestor de la red de transporte;

aprobar todos los acuerdos comerciales y financieros entre la empresa integrada verticalmente y el gestor de la red de transporte, siempre que cumplan las condiciones de mercado;

solicitar la justificación de la empresa integrada verticalmente cuando así se lo notifique el encargado del cumplimiento de conformidad con el artículo 50, apartado 4, dicha justificación incluirá en especial pruebas de que no se ha producido ningún comportamiento discriminatorio a favor de la empresa integrada verticalmente;

efectuar inspecciones, incluso sin aviso previo, en los locales de la empresa integrada verticalmente y del gestor de la red de transporte, y

asignar todos los cometidos, o los cometidos específicos del gestor de la red de transporte a un gestor de red independiente designado de conformidad con el artículo 44 en caso de infracción persistente por parte del gestor de la red de transporte de las obligaciones que le incumben en virtud de la presente Directiva, en particular en caso de comportamiento discriminatorio reiterado a favor de la empresa integrada verticalmente.

la conexión y el acceso a las redes nacionales, incluyendo las tarifas de transporte y de distribución o sus metodologías; estas tarifas o metodologías permitirán realizar las inversiones necesarias en las redes de forma que quede garantizada la viabilidad de la red;

la prestación de servicios auxiliares, que deberá realizarse de la manera más económica posible y proporcionar incentivos adecuados para que los usuarios de la red equilibren su producción y consumo; dichos servicios auxiliares se facilitarán de manera justa y no discriminatoria y se basarán en criterios objetivos, y

el acceso a las infraestructuras transfronterizas, incluidos los procedimientos para asignar capacidad y gestionar la congestión.

promover la aplicación de medidas operativas, a fin de permitir una gestión óptima de la red, y fomentar los intercambios conjuntos de electricidad y la asignación de capacidad transfronteriza, así como para permitir un nivel adecuado de capacidad de interconexión, incluso mediante nuevas interconexiones, en una región y entre regiones, de manera que pueda darse una competencia efectiva y mejorarse la seguridad del suministro, sin que haya discriminación entre suministradores en diferentes Estados miembros;

coordinar la supervisión conjunta de entidades que desempeñen funciones a nivel regional;

coordinar, en cooperación con otras autoridades implicadas, la supervisión conjunta de los análisis de cobertura a escala nacional, regional y europea;

coordinar el desarrollo de todos los códigos de red y las directrices para los gestores de redes de transporte pertinentes y otros operadores del mercado; y

coordinar el desarrollo de las normas que rigen la gestión de las congestiones.

aprobar la propuesta de creación de centros de coordinación regionales, con arreglo al artículo 35, apartado 1, del Reglamento (UE) 2019/943;

aprobar los costes relativos a las actividades de los centros de coordinación regionales, que correrán a cargo de los gestores de redes de transporte y que se tendrán en cuenta en el cálculo de las tarifas, siempre que sean razonables y adecuados;

aprobar el proceso decisorio cooperativo;

garantizar que los centros de coordinación regionales estén dotados de todos los recursos humanos, técnicos, físicos y financieros necesarios para cumplir sus obligaciones con arreglo al presente Reglamento y para desempeñar sus funciones de forma independiente e imparcial;

proponer, conjuntamente con otras autoridades reguladoras de una región de operación del sistema, posibles tareas y competencias adicionales que los Estados miembros de la región de operación del sistema asignen a los centros de coordinación regionales;

garantizar el cumplimiento de las obligaciones en virtud de la presente Directiva y de otras disposiciones aplicables del Derecho de la Unión, particularmente en lo que atañe a cuestiones transfronterizas, e identificar conjuntamente cualquier incumplimiento, por parte de los centros de coordinación regionales, de sus obligaciones respectivas; si las autoridades reguladoras no consiguen alcanzar un acuerdo en un plazo de cuatro meses a partir del inicio de las consultas, el asunto se remitirá a la ACER para que tome una decisión, de conformidad con el artículo 6, apartado 10, del Reglamento (UE) 2019/942;

supervisar el funcionamiento de la coordinación del sistema e informar anualmente a la ACER a este respecto de conformidad con el artículo 46 del Reglamento (UE) 2019/943.

solicitar información de los centros de coordinación regionales;

efectuar inspecciones, incluso sin previo aviso, en los locales de los centros de coordinación regionales;

emitir decisiones vinculantes conjuntas sobre los centros de coordinación regionales.

en la que declare que no presenta objeciones contra la decisión de la autoridad reguladora, o

en la que requiera a la autoridad reguladora a que revoque su decisión si considera que no se han cumplido los códigos de red ni las directrices.