1.

El concepto de «reputación» a que se refiere el artículo 59, apartado 1, letra a), de la Directiva 2009/138/CE, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II), debe interpretarse en el sentido de que se refiere tanto a la integridad como a la competencia profesional del adquirente potencial.

2.

El artículo 59, apartado 1, de la Directiva 2009/138/CE debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que una autoridad nacional de supervisión tenga en cuenta, en su apreciación a la luz del criterio establecido en la letra c), las aportaciones de fondos necesarias por parte del adquirente potencial a una empresa de seguros a través de una garantía bancaria o de la puesta a disposición de fondos en una cuenta fiduciaria que la empresa de seguros puede utilizar en cualquier momento.

3.

El concepto «motivos razonables», que figura en el artículo 59, apartado 2, de la Directiva 2009/138/CE debe interpretarse en el sentido de que no exige la certeza del incumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 59, apartado 1, de dicha Directiva.

4.

Las declaraciones de las autoridades competentes con arreglo al artículo 16, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1094/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación), de que harán todo lo posible para atenerse a las directrices no vinculan a los órganos jurisdiccionales de los Estado del EEE. No obstante, los órganos jurisdiccionales de los Estados del EEE deben tener en cuenta tales directrices para resolver los asuntos de los que conozcan, en particular cuando dichas directrices tengan por objeto completar las disposiciones vinculantes del Derecho del EEE.