—

Reunida en Lomé (Togo) del 21 al 23 de noviembre de 2011,

—

Visto el Acuerdo de Asociación ACP-CE («Acuerdo de Cotonú»),

—

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el Acuerdo de Georgetown, que estableció formalmente el Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico,

—

Visto el artículo 208 del TFUE,

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Políticos (ACP-EU 101.082/11/fin.),

A.

Considerando que el Acuerdo de Asociación ACP-UE de Cotonú sigue constituyendo el mejor ejemplo de un planteamiento global en materia de cooperación, cuyo valor añadido debe salvaguardarse, y considerando que esta asociación no debería debilitarse, sino reforzarse, profundizando en su valor de compromiso político mutuo;

B.

Considerando que los países ACP han sido durante mucho tiempo socios privilegiados de la Unión Europea y que la solidaridad con los países del Sur y el apoyo a los mismos se contemplan por primera vez, en el Tratado de Lisboa, como un aspecto esencial de la identidad de la Unión Europea;

C.

Considerando que el Parlamento Europeo adquiere, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, mayores competencias, con responsabilidad compartida con el Consejo Europeo en cuarenta nuevos ámbitos de la política y la acción de la Unión Europea;

D.

Considerando que la eliminación de la referencia explícita a los países ACP en el Tratado de Lisboa genera el desafío a ambas partes de redefinir sus intereses comunes, de modo que se refuerce el valor de la asociación establecida desde 1975;

E.

Considerando que el Tratado de Lisboa prevé una mejor coordinación de la acción exterior de la UE;

F.

Considerando que el Tratado de Lisboa ha introducido cambios en el modo operativo en que la UE, por conducto de su Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), interactúa ahora con el grupo ACP y que dichos cambios, en particular la ausencia de una unidad ACP en el SEAE y la estructura interna de la nueva Dirección General de Desarrollo y Cooperación EuropeAid de la Comisión, podrían afectar a la asociación singular con los países ACP;

G.

Considerando que las relaciones ACP/UE se basan en un amplio abanico de ámbitos, desde el desarrollo hasta la prevención de conflictos, pasando por la seguridad, la estabilidad y la defensa de los derechos humanos;

H.

Considerando que el avance de las economías emergentes, el cambio del equilibrio de poderes en el sistema internacional y el número cada vez mayor de marcos políticos tales como el G-77 y el G-24 han evidenciado la necesidad de analizar cómo podría lograr sus objetivos políticos y económicos el Grupo ACP paralelamente al marco político que proporcionan las relaciones UE-ACP;

I.

Considerando que la influencia de la APP en las decisiones políticas y las decisiones estratégicas en materia de desarrollo, tanto a escala nacional como regional e internacional, sigue siendo muy limitada, a pesar de su posición única en el diálogo Norte-Sur;

J.

Considerando que el Grupo ACP representa prácticamente a la mitad de los Estados del mundo, pero no tienen voz en los foros de gobernanza mundiales, como el G-20, que excluyen a los países más pobres;

K.

Considerando que, aunque la ayuda recibida de la UE ha sido fundamental, los países ACP deben aprovechar asimismo las oportunidades que brindan la cooperación Sur-Sur y las asociaciones emergentes de China, la India y Brasil a fin de aprovechar sus grandes mercados como un medio para salir de la pobreza;

L.

Considerando que, en el caso de los países ACP, la diversidad de socios resulta inevitable y, en general, beneficiosa, pero que la exportación de materias primas sin valor añadido, incluso a múltiples socios, retrasa la diversificación y el desarrollo real de las economías de los países ACP;

M.

Considerando que la UE ha desarrollado estrategias regionales con todas las regiones del Grupo ACP que se encuentran en distintas fases de desarrollo, dos de las cuales, continuando con la tradición de Cotonú, se han convertido en estrategias comunes, y que estas estrategias podrían convertirse en tres relaciones gestionadas de forma independiente cuando expire el Acuerdo de Asociación de Cotonú en 2020;

N.

Considerando que el futuro del Acuerdo de Asociación de Cotonú también vendrá determinado por las negociaciones que contribuyan al próximo marco financiero plurianual para 2014-2020, mediante el cual la Unión Europea aportará los medios financieros de su política exterior;

1.

Recuerda que el Acuerdo de Asociación de Cotonú, que acaba de revisarse por segunda vez, tiene como objetivos principales la erradicación de la pobreza, el fomento del desarrollo sostenible y la integración progresiva de los países ACP en la economía mundial;

2.

Insta al Grupo ACP y a la Unión Europea a aprovechar la oportunidad que ofrece la eliminación de la referencia explícita a los ACP en el Tratado de Lisboa para revitalizar su asociación; pide, para ello, la definición de los ámbitos de interés común, como la energía, el cambio climático y la migración;

3.

Reconoce el Tratado de Lisboa como un positivo avance en el proceso democrático, que permite a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE ser más eficaz a la hora de provocar cambios positivos para ambas partes;

4.

Desea que la política exterior de la UE, de la que forman parte integral la erradicación de la pobreza y la política de desarrollo, combine todos los instrumentos disponibles en favor de una política de paz;

5.

Opina que el Grupo ACP tiene que profundizar en su dimensión política, mientras que la UE debe estar preparada para revisar y renovar su asociación con los países ACP, impulsándola más allá de la relación entre donante y receptor hacia una relación entre socios;

6.

Acoge con satisfacción el nombramiento de un grupo de trabajo de embajadores sobre las perspectivas de futuro del Grupo ACP después de 2020;

7.

Se congratula por la creación de un grupo de trabajo informal entre el SEAE y la DG DEVCO para reforzar la asociación ACP-UE; pide que dicho grupo informe periódicamente a los diputados de la APP sobre sus trabajos;

8.

Pide a la UE que ayude a reforzar la cooperación a nivel interno de la ACP entre las distintas regiones en esferas como la seguridad alimentaria, la transferencia de tecnologías, las infraestructuras, el cambio climático, la migración, el comercio, la ciencia, la paz, la seguridad y la democratización;

9.

Considera que la supervisión de los informes aprobados constituye una importante herramienta de trabajo para fortalecer la APP con respecto a la aplicación de decisiones; sugiere, en este sentido, que los dos coponentes supervisen las resoluciones e informen periódicamente a sus respectivas comisiones de los avances logrados y las dificultades encontradas;

10.

Considera que, en última instancia, los países ACP necesitan establecer asociaciones internacionales que sean acordes con sus capacidades y sus aspiraciones en materia de desarrollo;

11.

Recuerda que el grupo de los países ACP representa el 40 % de los miembros de la Asamblea de las Naciones Unidas; destaca, por consiguiente, la necesidad de que el Grupo ACP refuerce su identidad para aumentar su influencia en la escena internacional;

12.

Comparte la opinión de que el Grupo ACP y la UE están lejos de alcanzar el potencial máximo que les brinda su asociación privilegiada para influir en cuestiones como la reforma de las Naciones Unidas, el Banco Mundial y el FMI, el G-20 y las negociaciones de la CMNUCC, y deben esforzarse por avanzar en esta dirección;

13.

Insta al Grupo de los países ACP a que realice un uso extensivo del artículo 12 del Acuerdo de Cotonú para aprovechar plenamente la posibilidad de influir en aquellas políticas de la Unión que influyan en su desarrollo; para ello, pide a los diputados ACP que establezcan especialmente vínculos con los diputados europeos;

14.

Solicita que se confiera un lugar central y estratégico a los Documentos de Estrategia por País (DEP), así como a los Documentos de Estrategia Regionales (DER), en el contexto del trabajo de la Comisión APP para participar en la preparación y la consecución de los objetivos establecidos en dichos documentos;

15.

Opina que, tal como se ha reforzado el papel de los Parlamentos nacionales europeos de conformidad con el Tratado de Lisboa, los Parlamentos nacionales de los países del Grupo ACP deberían afirmar su posición, en particular para reforzar su peso en los procesos de toma de decisiones nacionales;

16.

Considera que el Grupo ACP se reforzaría como bloque fomentando los intereses comunes de sus miembros ante la Organización Mundial del Comercio, ya que un bloque más fuerte podría influir en los precios de las materias primas y de los alimentos, asegurar la protección de los mercados importantes y demandar medidas contra las subvenciones europeas y estadounidenses;

17.

Recuerda que las tres estrategias regionales de la UE para las regiones de África, el Caribe y el Pacífico y la estrategia para Sudáfrica deberían tener por objeto reforzar los pilares básicos de la Asociación ACP-UE según lo establecido en el Acuerdo de Cotonú;

18.

Pide a la Unión Europea que dote a las delegaciones de los países ACP de los recursos humanos y financieros necesarios para el ejercicio de sus nuevas competencias;

19.

Recuerda que, en el ámbito comercial, en la actualidad se requiere la aprobación del Parlamento Europeo para la adopción de acuerdos comerciales; sugiere, por consiguiente, que se estudie seriamente la posibilidad de incluir en el orden del día de las reuniones de la APP los debates relativos a los acuerdos comerciales que estén siendo negociados;

20.

Recuerda que el Grupo ACP debería imponerse como un actor global sobre la base de sus recursos colectivos humanos y naturales, sus nexos históricos con la UE y su proximidad a las economías emergentes;

21.

Insiste en que las nuevas competencias conferidas al Parlamento Europeo por el Tratado de Lisboa se aprovechen para reforzar la dimensión parlamentaria de las relaciones ACP/UE, siendo la Asamblea Parlamentaria Paritaria su principal elemento; espera que esta dimensión parlamentaria se refleje en la elaboración del presupuesto del FED y en una mejor información de los diputados ACP sobre las estrategias nacionales y regionales aplicadas por la Unión Europea, así como sobre la utilización, en los países ACP, de los otros instrumentos financieros de la UE;

22.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, a la Comisión de la Unión Africana y al Parlamento Panafricano.

—

Reunida en Lomé (Togo) del 21 al 23 de noviembre de 2011,

—

Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

—

Visto el Acuerdo de Asociación ACP-UE, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 y revisado en 2005 y 2010, y en concreto sus artículos 60 y 66,

—

Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas de 8 de septiembre de 2000, que fija los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como objetivos establecidos conjuntamente por la comunidad internacional para la erradicación de la pobreza y el hambre,

—

Visto el Consenso de Monterrey, adoptado en la Conferencia Internacional sobre la financiación para el desarrollo, celebrada en Monterrey, México, del 18 al 22 de marzo de 2002,

—

Vistas la Conferencia sobre la Financiación Innovadora celebrada en París los días 28 y 29 de mayo de 2009, y la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, celebrada en Doha del 28 de noviembre al 2 de diciembre de 2008,

—

Vista la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) emprendida en 1996 por el FMI y el Banco Mundial, con el fin de velar por que ningún país pobre tenga una carga de la deuda que no pueda administrar,

—

Vista la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM) emprendida por el G8 en junio de 2005,

—

Visto el proyecto de principios de la UNCTAD sobre el fomento de la responsabilidad en la concesión y obtención de préstamos públicos de 26 de abril de 2011,

—

Visto el Consenso europeo sobre el desarrollo (3),

—

Visto el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión «Ayudar a los países en desarrollo a afrontar la crisis: ¿Adónde va la UE después de Doha? ¿Cuáles son las previsiones de cumplimiento de los objetivos de la UE para 2010 y 2015?» de 15 de abril de 2009,

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo, de 8 de marzo de 2011, sobre fiscalidad y desarrollo – Cooperación con países en desarrollo para promover la buena gobernanza en asuntos fiscales (2010/2102(INI)) (4),

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional, Asuntos Financieros y Comerciales (ACP-EU/101.079/11/fin.),

A.

Considerando que la crisis mundial ha generado un aumento de los niveles de deuda soberana en muchos países de todo el mundo y que un tercio de los países ACP están sufriendo una crisis de endeudamiento o bien se enfrentan a un alto riesgo de sufrirla;

B.

Considerando que amortizar altos niveles de deuda puede convertirse en un obstáculo al desarrollo, al desviar importantes recursos presupuestarios y/o disminuir la inversión en servicios sociales públicos y en gastos relacionados con la pobreza; considerando que amortizar la deuda también puede reducir la inversión necesaria para estimular el crecimiento económico;

C.

Considerando que el 1 % del crecimiento económico en el comercio representa el triple de la ayuda oficial al desarrollo;

D.

Considerando que los donantes deben ayudar a los países ACP a alcanzar y mantener un nivel de deuda sostenible a largo plazo, apoyando así sus esfuerzos por reducir la pobreza y promover el crecimiento; considerando, por esta razón, que es encomiable que el Club de París de acreedores condonara en julio de 2010 un segundo tramo de la deuda de Seychelles para ayudar a este país a llevar su deuda a un equilibrio sostenible;

E.

Considerando que el alivio de la deuda es uno de los fines del Objetivo de Desarrollo del Milenio 8, que aspira específicamente a encarar de manera general los problemas de la deuda de los países en desarrollo con medidas nacionales e internacionales, a fin de hacer la deuda sostenible a largo plazo;

F.

Considerando que, en la actualidad, los instrumentos internacionales de alivio de la deuda más importantes para los países en desarrollo son la Iniciativa para los Países Pobres Muy Endeudados (PPME) y la Iniciativa para el Alivio de la Deuda Multilateral (IADM); considerando que, a fecha de diciembre de 2010, se habían aprobado los paquetes de reducción de deuda conforme a la Iniciativa PPME para 36 países, 32 de ellos en África, con una aportación de 72 000 millones de dólares estadounidenses en concepto de alivio del servicio de la deuda de un ejercicio al otro; considerando que la Comisión Europea y los Estados miembros de la UE asumen el grueso del coste de las Iniciativas PPME e IADM;

G.

Considerando que las Iniciativas PPME e IADM están llegando a su fin y que, por lo tanto, se necesitan reformas políticas y nuevos mecanismos internacionales relacionados con la reducción de préstamos y la gestión y resolución de la deuda;

H.

Considerando que los futuros mecanismos de sostenibilidad y gestión de la deuda no deben basarse únicamente en consideraciones financieras, sino que deben tener en cuenta las necesidades de gasto de los países en desarrollo endeudados para lograr los ODM;

I.

Considerando que los organismos de supervisión de los países ACP, tales como instituciones supremas de auditoría, los Parlamentos y las organizaciones de la sociedad civil, deben desempeñar un papel crucial en la supervisión del uso de los recursos presupuestarios por parte del Gobierno, reduciendo así la mala administración de los fondos públicos;

J.

Considerando que la buena gobernanza, el Estado de Derecho y la transparencia resultan indispensables para lograr la administración adecuada de los fondos públicos y la sostenibilidad de la deuda;

K.

Considerando que es esencial que todos los prestamistas se comporten de forma responsable para fomentar unas finanzas sostenibles y de buena calidad;

L.

Considerando que, después de la crisis económica mundial, los países ACP deberían prestar mayor atención a la movilización interna de recursos como una medida paliativa para una posible reducción de la ayuda externa y de las fuentes de financiación externa para la aplicación de sus estrategias de reducción de la pobreza;

1.

Pide a la UE y a otros donantes que promulguen un conjunto de líneas directrices sobre financiación responsable, especialmente en esta época de crisis financiera mundial que está agravando la situación de la deuda en los países en desarrollo a través de sus efectos expansivos, en particular la reducción del comercio mundial y el consecuente colapso en las exportaciones de bienes de consumo;

2.

Pide a la UE, al Grupo ACP y a las organizaciones regionales de los países ACP que elaboren de forma conjunta, en colaboración con otros organismos regionales pertinentes, un modelo de mecanismo de compensación de deuda adecuado para los países endeudados, basado en evaluaciones de impacto independientes de su situación socioeconómica, de forma que se reduzca el alcance del exceso de politización de la toma de decisiones en materia de alivio de la deuda, que incluye una posible corrupción por parte del donante (retrocomisiones); opina que esto permitirá a los donantes tener en cuenta, caso por caso, la situación particular de un país ACP socio y su nivel de desarrollo general; es de la opinión de que los mecanismos de compensación de deuda pueden adoptar la forma de condonación de la deuda, reescalonamiento de la deuda, reembolso de la deuda o una combinación de estas opciones;

3.

Pide a los donantes que definan, junto con el país socio de la ACP, las condiciones específicas impuestas a su sistema de compensación de la deuda, con el fin de encontrar el justo equilibrio entre la obligación de amortizar la deuda y la obligación de proporcionar las necesidades básicas a la población, dado que una adecuada gestión de la deuda es una condición indispensable para el desarrollo sostenible;

4.

Considera que los fondos adicionales obtenidos por los Gobiernos ACP a través de la cancelación de la deuda deben destinarse a aumentar el gasto social en áreas tales como educación básica, asistencia sanitaria primaria y VIH/sida, para contribuir así al logro de los ODM; pide a la Comisión, por lo tanto, que estudie junto con los países socios de la ACP la posibilidad de transformar la deuda en inversión pública en materia de servicios sociales y bienes públicos como parte de su plan concreto de alivio de la deuda o en combinación con otros sistemas;

5.

Opina que, cuando se plantea la condonación de la deuda en un país ACP particular, podría hacerse con el objetivo de asignar sus beneficios a la financiación de la creación de PYME, cuya fundación y crecimiento constituye un requisitos imprescindible para la aparición y desarrollo de una clase media en los países ACP; por consiguiente, insta a la Comisión a estudiar, en colaboración con los países ACP socios, la posibilidad de transformar y redirigir, cuando proceda, las estrategias de compensación de la deuda hacia la inversión pública en las PYME, teniendo en cuenta que este tipo de empresas locales puede contribuir considerablemente a la creación de empleo, al crecimiento interno y, en consecuencia, a la reducción de la deuda en los países ACP;

6.

Considera que debe favorecerse el acceso al crédito para fomentar un entorno empresarial viable; por consiguiente, insta a los países ACP, así como a los socios privados, a adoptar las medidas pertinentes para satisfacer tal necesidad;

7.

Pide a la Comisión y a los países donantes que ayuden a los países ACP, con la participación de la sociedad civil, a diseñar estrategias de deuda nacional dentro del contexto de sus estrategias de desarrollo nacionales, fomentando especialmente una reestructuración saludable de su economía, la formación interna de capital y el ahorro;

8.

Pide a la UE y a la OCDE que no amplíen la definición de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) y que pongan fin a la práctica de contar el alivio de la deuda como gasto en ayuda; pide a la UE, no obstante, que considere el alivio de la deuda, junto con otros mecanismos de compensación de deuda, una parte del esfuerzo global por satisfacer las necesidades de los países en desarrollo;

9.

Pide a la Comisión que vigile de cerca (con ayuda de instituciones internacionales relevantes como los organismos de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la Asociación de Instituciones Financieras Europeas para el Desarrollo) la evolución y la repercusión en el desarrollo de la tasa de endeudamiento de los países ACP, centrándose especialmente en la situación de los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo;

10.

Pide a la Comisión que informe periódicamente a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, por medio de un informe, de los sistemas de compensación de deuda puestos en práctica en los países socios de la ACP y sus repercusiones en la capacidad de los países para alcanzar los ODM, sobre todo en relación con la lucha contra el hambre y la malnutrición y con la prestación de servicios sanitarios;

11.

Insta a los países socios ACP a tomar en serio la amortización de su deuda externa e interna;

12.

Considera que la coherencia política en el ámbito del desarrollo, especialmente entre las políticas comerciales, la transparencia financiera y el desarrollo, deberían ser un principio rector de la cooperación al desarrollo de la UE y servir de base para la elaboración de normas de concesión y obtención responsable de préstamos;

13.

Pide a los países socios ACP que intensifiquen sus esfuerzos nacionales con respecto a la solidez de la administración financiera, el control presupuestario y la lucha contra la corrupción, el fraude y la evasión de impuestos, y que mantengan sus esfuerzos a largo plazo por crear el entorno económico estable necesario para desarrollar mejor sus mercados financieros y sectores bancarios nacionales;

14.

Opina que los países ACP deben centrarse en diseñar y poner en práctica sistemas fiscales sostenibles que incluyan la creación de un organismo de recaudación de impuestos sólido con capacidad para defender el interés fundamental del Estado para acceder a lo que debería ser la principal fuente de financiación estatal;

15.

Reconoce el importante papel de la cooperación internacional en la lucha contra los flujos ilícitos de capitales y en el desarrollo de unas normas saludables en materia de finanzas e inversión a nivel mundial; recuerda los compromisos de la UE con la coherencia política en materia de desarrollo y pide a la UE que apoye a los países ACP en su lucha contra los flujos ilícitos de capitales y contra la fuga de capitales, dado que constituyen un gran obstáculo a la movilización de los ingresos interiores para el desarrollo;

16.

Considera que los países ACP deben tratar de crear un clima favorable para la inversión mediante el establecimiento de leyes que garanticen a los inversores la seguridad jurídica que necesitan para invertir;

17.

Pide una mayor cooperación transfronteriza entre los países ACP con objeto de intercambiar las mejores prácticas para la elaboración de sus presupuestos públicos y el control del uso que hagan de ellos, en aras del bienestar social; recomienda que, en virtud del 11o FED, la Comisión destine una mayor financiación a la asistencia técnica y al desarrollo de las capacidades en los países ACP, que se utilizará para fijar presupuestos y controlar sus usos, así como gestionar la deuda;

18.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional y a los Estados miembros de la UE.

—

Reunida en Lomé (Togo) del 21 al 23 de noviembre de 2011,

—

Visto el artículo 17, apartado 1, de su Reglamento,

—

Visto el Acuerdo de Asociación ACP-CE («Acuerdo de Cotonú») y, en particular, el artículo 8, apartado 4, sobre la no discriminación,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPC), aprobada en 2006, y, en particular, su artículo 32, que establece que todas las partes deben incluir a las personas con discapacidad en sus esfuerzos en materia de cooperación internacional,

—

Vistas las Resoluciones 7/9 de 27 de marzo de 2008, 10/7 de 26 de marzo de 2009, 13/11 de 25 de marzo de 2010 y 16/15 de 24 de marzo de 2011 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad,

—

Vistos el artículo 19 del TFUE, el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y el artículo 14 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que prohíbe cualquier forma de discriminación, así como sus artículos 21 y 26, que establecen los derechos de las personas con discapacidad,

—

Vistas las Resoluciones de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE sobre los derechos de las personas con discapacidad y de edad avanzada en los países ACP, de 1 de noviembre de 2001, y sobre cuestiones de salud, juventud, personas de edad avanzada y personas con discapacidad, aprobada en la Asamblea de Ciudad del Cabo el 21 de marzo de 2002,

—

Vista la Resolución del Parlamento Europeo sobre discapacidad y desarrollo, aprobada el 19 enero 2006,

—

Visto el Informe mundial sobre la discapacidad publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Banco Mundial en junio de 2011,

—

Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas y el documento final de la Cumbre de los ODM de 2010 titulado «Cumplir la promesa: unidos para lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio» (Res. 65/1),

—

Vista la Declaración de Beijing sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que exige una mejor calidad de vida, una participación igualitaria y la eliminación de actitudes y prácticas discriminatorias,

—

Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, que presenta los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios establecidos conjuntamente con la comunidad internacional para erradicar la pobreza,

—

Vistas las Resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 65/186 y 64/131 sobre «La realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para las personas con discapacidad hasta 2015 y después de esa fecha»,

—

Vista la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010-2020: un compromiso renovado para una Europa sin barreras (COM(2010)0636) y su plan de aplicación inicial 2010-2015 (SEC(2010)1324),

—

Vista la Nota de orientación sobre discapacidad y desarrollo para las delegaciones y los servicios de la Unión Europea,

—

Visto el informe de la Oficina Internacional del Trabajo titulado «The price of exclusion: the economic consequences of excluding people with disabilities from the world of work», publicado en 2009,

—

Vistos el artículo 18, apartado 4, de la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos (1981), que establece que los minusválidos tendrán derecho a medidas especiales de protección, y el artículo 16, apartado 1, que estipula que todo individuo tendrá derecho a disfrutar del mejor estado físico y mental posible,

—

Vistos la Década Africana de las Personas con Discapacidad (2000-2009), la Década Asiática y del Pacífico de las Personas con Discapacidad (1993-2002), la Nueva Década Asiática y del Pacífico de las Personas con Discapacidad (2003-2012) y el Año Europeo de las Personas con Discapacidad (2003),

—

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente (ACP-EU/100.954/11/fin.),

A.

Considerando que más de mil millones de personas en el mundo (el 15 % de la población) viven con alguna forma de discapacidad (6);

B.

Considerando que, según la CDPC, «las personas con discapacidad incluyen a quienes sufren de discapacidades físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, en combinación con obstáculos de diversos tipos, pueden dificultar su participación plena y efectiva en la sociedad, en pie de igualdad con los demás»;

C.

Considerando que las discapacidades tienden a afectar de forma desproporcionada a grupos de población vulnerables en los que la posibilidad de sufrir una discapacidad aumenta con la incidencia de la pobreza (Día Mundial del Refugiado 2011), y que la discapacidad es, por tanto, un problema de desarrollo;

D.

Considerando que la CDPC tiene el objetivo de «promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente»;

E.

Considerando que la UE, 19 de sus Estados miembros y 48 países ACP han ratificado la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) y que muchos más son signatarios;

F.

Considerando que los compromisos jurídicos internacionales tan solo son efectivos cuando cuentan con el respaldo de leyes y políticas nacionales;

G.

Considerando que la OMS y el Banco Mundial enumeran las políticas y normas insuficientes, las actitudes negativas, la prestación insuficiente de servicios, la financiación insuficiente, la falta de accesibilidad, la falta de consulta y participación, y la falta de datos y pruebas como causas de la exclusión de las personas con discapacidad;

H.

Considerando que las personas con discapacidad pueden verse excluidas de todos los aspectos de la vida, como el trabajo, los servicios públicos, el transporte, la comunicación, la educación y la información;

I.

Considerando que en los países en los que la esperanza de vida supera los 70 años, las personas pasan casi ocho años de su vida con una o varias discapacidades;

J.

Considerando que muchos países en desarrollo han hecho importantes avances, aunque parciales, para incluir a las personas con discapacidad en proyectos de desarrollo;

K.

Considerando que se calcula que, globalmente, las tasas de empleo entre las personas con discapacidad representan la mitad de las registradas entre las personas sin discapacidad, y que la mayoría de las personas con discapacidad en edad laboral en los países en desarrollo están en paro y viven en la pobreza;

L.

Considerando que la exclusión laboral de las personas con discapacidad tiene unas repercusiones económicas destacables que, según cálculos de la OIT, oscilan entre el 3 % y el 7 % del PIB de los países africanos, y que el coste de la inclusión es mucho menor que el de la exclusión, puesto que permitir que las personas con discapacidad participen completamente en la sociedad les brinda la oportunidad de mantenerse y de mantener a otras personas, así como de contribuir a la economía;

M.

Considerando el importante papel que desempeñan las asociaciones de personas con discapacidad en la representación y comunicación de los intereses específicos de estas personas con respecto a la política y el público en general;

N.

Considerando que la exclusión de las personas con discapacidad es el factor subyacente de su desigualdad, ya sea en términos de discriminación legal, de barreras físicas y de comunicación, de estigma social o de invisibilidad en los procesos políticos y presupuestos, y que dos de los mayores obstáculos a la inclusión de estas personas en la sociedad son su invisibilidad y las actitudes negativas hacia ellas;

O.

Considerando que las mujeres y las niñas con discapacidad son especialmente vulnerables y tienen tres veces más posibilidades de sufrir violencia de género que las mujeres sin discapacidad, y considerando la peligrosa tendencia a que este tipo de violencia probablemente no se denuncie (7);

1.

Insta a todos los países ACP y Estados miembros de la UE que aún deben firmar y ratificar la CDPD y el protocolo opcional a que lo hagan sin reservas y a que instauren los mecanismos nacionales necesarios para su aplicación y supervisión;

2.

Anima a los parlamentarios a trabajar conjuntamente para garantizar la aprobación de leyes y planes nacionales sobre la discapacidad en sus Parlamentos, también mediante el escrutinio de los presupuestos y el uso de proyectos de ley de diputados independientes;

3.

Pide a los Parlamentos nacionales que creen comisiones dedicadas al seguimiento de la aplicación de la legislación que aborda las necesidades de las personas con discapacidad;

4.

Aplaude que, en la Cumbre de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio de 2010, se admitiera que los derechos de las personas con discapacidad son fundamentales para lograr los ODM; insta, por tanto, a la comunidad internacional a diseñar las iniciativas relativas a los ODM de manera que estas personas se encuentren entre los principales grupos destinatarios;

5.

Reconoce que las medidas especiales destinadas a lograr la igualdad de las personas con discapacidad, incluidas las cuotas electorales, cuando proceda en el contexto local, han tenido una repercusión positiva en la imagen de las personas con discapacidad a nivel nacional, e insta a los países de la ACP y la UE a promover los derechos de estas personas;

6.

Destaca que los medios de comunicación deberían desempeñar una función más activa en el destierro de los estereotipos y en el fomento de la inclusión; solicita a los representantes políticos internacionales, nacionales y locales que garanticen y fomenten una mayor concienciación a través de los medios, las políticas educativas y las campañas públicas;

7.

Destaca firmemente el papel clave que desempeñan las asociaciones de personas con discapacidad para dar a conocer los problemas de integración de estas personas; pide a todos los países ACP y a los Estados miembros de la UE que apoyen el desarrollo de un movimiento de las personas con discapacidad en los países de la ACP y en la UE;

8.

Destaca la necesidad de crear entornos accesibles y materiales didácticos para facilitar la participación de todos los niños y adultos con discapacidad en las actividades educativas; señala la necesidad de alentar y respaldar el desarrollo de una cultura de enseñanza sensible que reaccione a las necesidades de los jóvenes con discapacidad, en concreto a través de la formación especializada de profesores de apoyo; subraya el papel destacado de la comunidad de donantes en el apoyo a las infraestructuras educativas accesibles y la garantía de que la UE incluya los compromisos en materia de discapacidad en sus diálogos con el sector de la educación;

9.

Observa que en los países en desarrollo un 98 % de los niños con discapacidad no tienen acceso a la educación primaria gratuita y universal; subraya que este elemento impedirá la plena consecución del segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio;

10.

Subraya la necesidad de potenciar aún más las estructuras escolares y de favorecer el crecimiento de una cultura didáctica destinada a responder de forma eficaz a las necesidades de los jóvenes con discapacidad;

11.

Solicita que los Gobiernos nacionales y locales incluyan la totalidad de aspectos de la accesibilidad en toda nueva legislación y que adapten la legislación vigente para cumplir los requisitos de accesibilidad; pide a la comunidad de donantes que incluya la totalidad de aspectos de la accesibilidad en su planificación y aplicación de la política de desarrollo y en sus relaciones contractuales con terceros;

12.

Pide el intercambio de buenas prácticas entre los países desarrollados y en desarrollo; insta a la Comisión Europea a establecer un foro con otros donantes internacionales sobre las prácticas relativas a la inclusión de la discapacidad y a cumplir de manera más satisfactoria sus compromisos de conformidad con el artículo 32 de la CDPD;

13.

Subraya la importancia de la recopilación de datos para la aplicación efectiva de la CDPD y anima a los Gobiernos de la UE y la ACP a trabajar estrechamente con los servicios nacionales de estadística a fin de garantizar la mejora y la priorización de la recopilación de datos desglosados y el hecho de que las informaciones más recientes y exhaustivas sean la base de su trabajo y de la aplicación de políticas;

14.

Insta a los países ACP a incorporar a sus programas nacionales de desarrollo la inclusión de las personas con discapacidad, a adoptar mecanismos para mejorar su representación en todos los niveles de la toma de decisiones, a destinar asignaciones presupuestarias específicas y adecuadas a las personas con discapacidad y a garantizar una mayor educación para todos sobre las enfermedades que provocan discapacidad;

15.

Insta a los países ACP a que promuevan actitudes y percepciones incluyentes respecto a la discapacidad, así como el diálogo entre las personas con discapacidad y los Gobiernos en todos los niveles;

16.

Pide a los Gobiernos de los países ACP y de la UE que pongan en marcha medidas en los centros penitenciarios para garantizar que los delincuentes con discapacidad cuenten con instalaciones adecuadas a sus condiciones especiales, tanto cuando están recluidos como cuando están en comunidad.

17.

Apoya a los países ACP para que potencien el acceso a la educación, los programas de microcréditos y otras oportunidades generadoras de ingresos;

18.

Pide a la UE y a los países ACP que impulsen la educación sobre el VIH/sida para todos, incluidas las personas con discapacidad que a menudo se encuentran excluidas de los servicios de prevención y tratamiento de esta enfermedad;

19.

Pide que se estudien las posibilidades de integración de las personas con discapacidad cuando se ejecuten proyectos comunes y de la UE adecuados;

20.

Solicita que se analicen los proyectos de infraestructuras financiados por la UE a fin de garantizar su accesibilidad para las personas con discapacidad y para que se establezcan o reestructuren las delegaciones de la UE en terceros países a fin de ajustarse a las necesidades de estas personas;

21.

Insta a la UE a integrar las necesidades de las personas con discapacidad y a las organizaciones de estas personas en sus proyectos, incluidos aquellos que impulsan el acceso a la justicia; pide que los Documentos de Estrategia Nacionales tengan en cuenta las necesidades de estas personas;

22.

Subraya que la UE y la ACP deberían fomentar las políticas de inclusión en todos los foros internacionales y de las Naciones Unidas pertinentes, puesto que la cuestión de la discapacidad queda excluida actualmente de numerosos debates internacionales de alto nivel (Río+20 o el programa de la OCDE) y debe ocupar un lugar destacado en los distintos programas políticos;

23.

Destaca que las causas de discapacidad son múltiples y variadas y deben abordarse con una amplia variedad de medidas políticas; insta, por tanto, a los países ACP a adoptar medidas de seguridad vial, a luchar contra la desnutrición como factor de riesgo de desarrollo de discapacidades y a mejorar el acceso al agua potable, a tratar las repercusiones de los conflictos relacionadas con la discapacidad y a garantizar el acceso a los servicios de salud pública y a un empleo digno, integrando la inclusión de la discapacidad en sus planes nacionales de desarrollo; pide a la UE que dé prioridad a estas cuestiones a través de su cooperación en materia de desarrollo con los países ACP;

24.

Pide a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE que, cada dos años, informe, examine y destaque las buenas prácticas y avances logrados por los países ACP;

25.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministros ACP-UE, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea, a la Presidencia del Consejo de la UE, a la Unión Africana, al Parlamento Panafricano y al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

—

Reunida en Lomé (Togo) del 21 al 23 de noviembre de 2011,

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Visto el artículo 17, apartado 2, de su Reglamento,

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Vistos los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

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Vista la declaración de 24 de agosto de 2011 de la Vicepresidenta de la Comisión / Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Catherine Ashton, sobre la respuesta de la UE a la hambruna en el Cuerno de África,

—

Vista la Conferencia de donantes celebrada por la Unión Africana en Addis Abeba el 25 de agosto de 2011,

A.

Considerando que la prolongada sequía que está asolando al Cuerno de África —junto con los conflictos en la región, el elevado precio de los alimentos y los recursos cada vez más limitados— ha dado lugar a la mayor crisis humanitaria y alimentaria mundial, que afecta actualmente, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, a 13,3 millones de personas, de las cuales 840 000 son refugiados, y que ha provocado la muerte de decenas de miles de personas, más de la mitad niños;

B.

Considerando que existe una emergencia en el Cuerno de África, con la peor sequía en 60 años y desplazamientos en masa de la población, y que una cuarta parte de los 7,5 millones que conforman la población somalí son desplazados internos o están refugiados en los países vecinos;

C.

Considerando que los índices de malnutrición en la mayoría de las regiones azotadas por la sequía superan el 30 %, es decir, más del doble del umbral de emergencia reconocido internacionalmente;

D.

Considerando que Somalia, donde se ven afectadas cuatro millones de personas y donde se ha declarado la hambruna en seis regiones, es el país más perjudicado por el desastre humanitario, y que las circunstancias se ven agravadas por la falta de recursos naturales de Somalia y por las consecuencias de 20 años de conflicto en su territorio;

E.

Considerando que, semana tras semana, la hambruna está provocando que miles personas pasen a ser refugiados y que la situación humanitaria está empeorando día tras día en los campos, donde un 30 % de niños menores de cinco años sufren malnutrición, se producen brotes de epidemias, inclusive de cólera y sarampión, y se están denunciando casos de violación (9);

F.

Considerando que el 80 % de los refugiados son mujeres y niños, y que muchas de estas personas están sufriendo violencia e intimidación sexual en el trayecto a los campos de refugiados;

G.

Considerando que Dadaab, en Kenia, es en la actualidad el mayor campo de refugiados del mundo, con 463 710 (10) refugiados que viven en un lugar concebido para 90 000; considerando que, en algún momento, más de 3 000 somalíes atravesaron las fronteras del país hacia Etiopía y Kenia, en busca de alimentos y seguridad;

H.

Considerando que, hasta la fecha, solo está disponible un 62 % de los 2 400 millones de dólares solicitados por las Naciones Unidas para luchar contra la sequía en la región, y que se necesitan 940 millones de dólares más para prestar ayuda esencial;

I.

Considerando que el acceso a las personas afectadas sigue siendo el principal obstáculo a la mitigación de la situación alimentaria en la región y que Somalia sigue siendo uno de los países más peligrosos para los trabajadores de ayuda humanitaria;

J.

Considerando que el Programa Mundial de Alimentos necesita 250 millones de euros adicionales para suministrar la ayuda que se necesitará durante los próximos seis meses;

K.

Considerando que, en respuesta a la emergencia en el Cuerno de África, la Comisión ha asignado 97,47 millones de euros a la región y se está preparando para intensificar su apoyo, aumentando este año a 158 millones de euros su contribución humanitaria total destinada a mitigar la sequía, y que, en la Conferencia de donantes en Addis Abeba, los principales Estados miembros de la Unión Africana se comprometieron a liberar casi 350 millones de dólares para los países afectados por la sequía;

L.

Considerando que la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM) se financia fundamentalmente a través del Fondo de Apoyo a la Paz para África, financiado a su vez con cargo a los recursos de la sección para el desarrollo a largo plazo del 9o Fondo Europeo de Desarrollo (FED);

M.

Considerando que los efectos del cambio climático han afectado gravemente a los cultivos, que, junto con el aumento de los precios de los alimentos, han retrasado la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

N.

Considerando que debe apoyarse el pastoreo, la ganadería y la seguridad hídrica (incluidas las presas y tuberías), y que la situación actual de las comunidades de pastores en el Cuerno de África constituye un importante motivo de preocupación; considerando que los Gobiernos deberían apoyarse en el buen trabajo que ya se ha realizado e institucionalizar la gestión de la sequía en las zonas afectadas;

1.

Está seriamente preocupada por la situación humanitaria sin precedentes y en continuo deterioro en el Cuerno de África y considera inaceptable el número de víctimas de la hambruna;

2.

Hace hincapié en que no se prevé una mejora de la situación antes del próximo año, debido al retraso esperado de las cosechas, con una producción por debajo de la media, el agotamiento del agua y los pastos y el fuerte aumento de los precios de cereales básicos como el maíz, así como del agua y el combustible;

3.

Pide una mayor movilización de la comunidad internacional, que debe redoblar sus esfuerzos por solucionar esta emergencia con el fin de satisfacer las crecientes necesidades humanitarias y prevenir un agravamiento de la situación;

4.

Subraya la necesidad de controlar la ayuda mediante la búsqueda de socios fiables sobre el terreno y la mejora de los mecanismos de coordinación y distribución, previniendo así el desvío o el saqueo de suministros;

5.

Celebra el hecho de que la UE se haya movilizado (tanto a nivel de la Comisión como de los Estados miembros) y pide que se aumente el suministro previsto de ayuda; acoge favorablemente los esfuerzos de la Unión Africana por solucionar la crisis y destaca la necesidad urgente no solo de aportar ayuda alimentaria, sino también de mejorar la salud y el saneamiento sobre el terreno;

6.

Condena la actuación de la milicia islamista Al Shabab, que obstaculiza la actuación de las organizaciones de ayuda, y elogia el PMA por sus esfuerzos para prestar ayuda alimentaria a tantas personas como sea posible desde el punto de vista operativo;

7.

Reitera que la lucha contra el terrorismo debe ser una prioridad, pero pide solidaridad entre los países vecinos para evitar el estallido de una guerra cuyos efectos sería verdaderamente devastadores;

8.

Hace hincapié en que es extremadamente difícil para las personas de Somalia acceder a la ayuda alimentaria, especialmente en el centro y el sur del país y las zonas controladas por la milicia Al Shabab; destaca la necesidad de involucrar a todos los afectados por el conflicto en Somalia en todos los niveles; alienta el establecimiento de un régimen nacional de reconciliación de forma que pueda comenzar la reconstrucción del país;

9.

Pide a las autoridades respectivas que permitan acceder sin obstáculos a las organizaciones de ayuda humanitaria y que garanticen la protección de los civiles, en especial las mujeres y los niños, en todas las circunstancias de conformidad con el Derecho humanitario internacional; condena enérgicamente asimismo la escalada de violencia, incluidos los ataques suicidas y los secuestros;

10.

Pide a la Unión Europea y a los Gobiernos de la región que mejoren con urgencia la transición entre la ayuda humanitaria y la ayuda al desarrollo; pide a la Comisión que respalde los proyectos de los países de África oriental relativos a las capacidades de prevención de la hambruna y los sistemas de alerta temprana contra la sequía;

11.

Hace hincapié en que los países africanos también deben adoptar medidas a largo plazo, con el apoyo de la comunidad internacional, para garantizar que la sequía no provoque inevitablemente una hambruna; destaca que debe establecerse un apoyo a largo plazo, junto con la adopción de medidas inmediatas, para garantizar que las personas cuenten con medios de vida sostenibles;

12.

Pide a los Gobiernos africanos que cumplan su compromiso de asignar como mínimo el 10 % de sus presupuestos nacionales a la agricultura, con el fin de lograr una tasa de crecimiento anual del 6 % en el sector agrícola, garantizar el acceso a la tierra de los pequeños agricultores e invertir en agricultura y comercio para satisfacer las necesidades nutricionales diarias de sus ciudadanos;

13.

Celebra, en este contexto, la decisión de la Comisión de comprometer más de 680 millones de euros para la región hasta 2013, en forma de ayuda a largo plazo destinada a la agricultura, el desarrollo rural, la seguridad alimentaria y la creación de valor añadido para sus productos agrícolas; pide un aumento de la proporción de ayuda oficial al desarrollo destinada a la agricultura;

14.

Hace votos por una información más transparente y de mejor calidad, ofrecida con la debida antelación, sobre las reservas y existencias de productos básicos alimentarios y la formación de precios a escala internacional, según se propugna en la reciente Comunicación de la Comisión titulada «Abordar los retos de los mercados de productos básicos y de las materias primas»; exige a las instituciones financieras que se dedican a la especulación en los mercados de productos agrícolas y alimentarios básicos que abandonen toda actividad especuladora, que da lugar al aumento y la volatilidad de los precios de los alimentos, y que antepongan la erradicación de la pobreza y el sufrimiento humano a los beneficios;

15.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo ACP-UE, a la Comisión Europea, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, al Consejo de Seguridad y al Secretario General de las Naciones Unidas, a las instituciones de la Unión Africana, a los Gobiernos y los Estados miembros de la Autoridad Intergubernamental para el Desarrollo, a la Asamblea Parlamentaria ACP-UE, así como a los Gobiernos de los Estados miembros.

—

Reunida en Lomé (Togo) del 21 al 23 de noviembre de 2011,

—

Visto el artículo 17, apartado 2, de su Reglamento,

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Vista la Resolución de Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE de 18 de mayo de 2011 sobre «Las revueltas democráticas en el Norte de África y Oriente Medio: consecuencias para los países ACP, para Europa y para el mundo» (ACP-EU/100.958/11/fin.),

—

Vistas las resoluciones del Parlamento Europeo de 3 y 7 de febrero, 7 de abril y 7 de julio de 2011 sobre la situación en Túnez y Egipto, las relaciones de la Unión Europea con el Consejo de Cooperación del Golfo, la situación en Siria, Bahréin y Yemen, y las políticas exteriores de la UE a favor de la democratización respectivamente,

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Vista la evolución de la política europea de vecindad desde 2004, y en particular las Comunicaciones conjuntas de la Comisión y la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de 25 de mayo de 2011 sobre «Una nueva respuesta a una vecindad cambiante» (COM(2011)0303) y de 8 de marzo de 2011 sobre «Asociación para la democracia y la prosperidad compartida con los países del Mediterráneo Meridional» (COM(2011)0200),

—

Vistos los objetivos del Acuerdo de asociación ACP-UE firmado en Cotonú el 23 de enero de 2000 y modificado en 2005 y 2010,

—

Vista la Declaración de El Cairo de la Unión Africana sobre el refuerzo de la gobernanza política para la paz, la seguridad y la estabilidad en África de 4 y 5 de septiembre de 2011,

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Vista la Carta Africana sobre la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza de 30 de enero de 2007,

—

Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) de las Naciones Unidas de 16 de diciembre de 1966,

—

Vistos la Convención de Ginebra, de 28 de julio de 1951, y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados de 31 de enero de 1967,

—

Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948,

A.

Considerando que la victoria de los pueblos tunecino, egipcio y libio representa un nuevo soplo de esperanza, libertad, solidaridad, democracia y cambio real, deseados tanto por estas tres poblaciones como por todos los pueblos oprimidos;

B.

Considerando que las revueltas han provocado la pérdida de vidas humanas y han dejado millones de desplazados y refugiados tanto dentro como fuera de los países afectados;

C.

Considerando que algunos problemas puestos de manifiesto por la Primavera Árabe son similares a aquellos a los que se enfrentan varios países de la región subsahariana: el elevado desempleo juvenil, el aumento de los precios de los alimentos y el combustible, la corrupción persistente, la violación de derechos básicos y la limitada participación en la toma de decisiones;

D.

Considerando que, en el caso de Libia, estas revueltas se han saldado con el linchamiento de numerosos africanos subsaharianos negros, considerados erróneamente mercenarios a sueldo de Gadafi, que los bandidos y otros delincuentes se han apoderado de enormes cantidades de armas ligeras y pesadas, y que esta situación supone una amenaza para los vecinos de Libia (Argelia, Mauritania, Malí, Níger, Chad, Burkina Faso);

E.

Considerando que el descontento político observado en varios países subsaharianos puede considerarse un eco de la Primavera Árabe, pero tiene una incidencia limitada desde el punto de vista del cambio;

F.

Considerando, en este contexto, que es preciso tener en cuenta el riesgo de que se introduzcan armas militares en los Estados sahelo-saharianos y las consiguientes amenazas para la seguridad de las regiones fronterizas;

G.

Considerando que el Llamamiento a la Paz de El Cairo refleja la determinación común de la Unión Africana de hacer que la paz en África sea una realidad y de establecer medidas concretas con este fin, destacando la cultura de paz, en particular a través de la educación, con vistas a ahorrar a las futuras generaciones el azote de la guerra y la violencia;

H.

Considerando que, a pesar de que el continente africano es rico en petróleo, minerales, recursos agrícolas y otros recursos naturales, la mayor parte de la población sigue siendo muy pobre, lo que constituye una violación de la dignidad humana;

1.

Expresa su apoyo pleno y absoluto a las aspiraciones democráticas legítimas de los pueblos de Oriente Medio y el norte de África, que podrían servir de inspiración para lograr el cambio democrático en los países del África subsahariana y, posiblemente, contribuir a la consolidación democrática en todo el continente africano;

2.

Pide a las autoridades que se abstengan de recurrir a la violencia contra los manifestantes, respeten su libertad de reunión y expresión, y garanticen su seguridad; pide que se investiguen de manera independiente los hechos que causaron muertos y heridos y el encarcelamiento de manifestantes pacíficos en los países en cuestión, y que los responsables sean llevados ante la justicia;

3.

Pide la liberación inmediata e incondicional de todos los manifestantes que han sido detenidos y de todos los prisioneros políticos, activistas de derechos humanos y periodistas;

4.

Reitera su solidaridad con el pueblo egipcio y su respaldo a la transición democrática; expresa su profunda preocupación por los recientes enfrentamientos violentos, en los que las fuerzas de seguridad mataron a numerosos civiles e hirieron a otros cientos; pide investigaciones independientes y transparentes y que los responsables rindan cuentas; insta a poner fin al estado de emergencia y a los juicios militares de civiles;

5.

Condena enérgicamente la continua represión brutal por parte del régimen sirio y las violentas campañas y violaciones de derechos humanos perpetradas por las fuerzas de seguridad contra la población; expresa sus condolencias a las familias de las víctimas y reitera su solidaridad con el pueblo sirio; pide que se produzca un rápida transición democrática en Siria;

6.

Acoge favorablemente los avances logrados por el Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y alienta a proseguir los esfuerzos por aplicar un proceso de estabilización democrática y garantizar la libertad, el respeto de los derechos humanos y fundamentales, la paz y la justicia;

7.

Señala que los recientes acontecimientos en el norte de África y Oriente Medio tienen repercusiones políticas, económicas y sociales, no solo en los países en cuestión, sino también en los países ACP y en Europa;

8.

Solicita a la Unión Europea que brinde su firme apoyo al actual proceso de reformas políticas y económicas en la región; hace hincapié en que, para respaldar el proceso de transición democrática, deben movilizarse todos los instrumentos existentes dentro del marco de la política europea de vecindad (PEV) y la política de desarrollo;

9.

Pide a las autoridades marroquíes que respeten plenamente el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación como única solución viable, justa y duradera del conflicto; destaca la necesidad de respetar y continuar el proceso de negociación en el marco de las Naciones Unidas;

10.

Pide a la Unión Europea, a sus Estados miembros y a la Unión Africana que sigan demostrando su solidaridad atendiendo a la emergencia humanitaria que está afectando a cientos de miles de personas que han huido de Libia a los vecinos Túnez, Egipto, Níger, Malí y Chad y a Europa;

11.

Insiste en que los Estados miembros de la UE, las Naciones Unidas y las organizaciones especializadas participen en el proceso de acogida, asistencia y reintegración de los nacionales de los vecinos de Libia, que están llegando en masa, y en que se libere a las víctimas de detenciones ilícitas;

12.

Acoge favorablemente la Declaración de El Cairo de la Unión Africana sobre el «Refuerzo de la gobernanza política para la paz, la seguridad y la estabilidad en África»;

13.

Recuerda que la Unión Africana ha adoptado varios instrumentos de derechos humanos, democracia y buena gobernanza; pide a los Miembros de la Unión Africana que adopten y apliquen dichos instrumentos, en particular la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos y la Carta Africana sobre la Democracia, las Elecciones y la Gobernanza, y alienta a las autoridades de los Estados africanos a ratificar esta última;

14.

Pide la estricta adhesión al Código de Conducta en materia de exportación de armas, incluida una mayor transparencia del comercio de armas entre la UE y África;

15.

Opina que las elecciones son necesarias, pero no suficientes para crear las condiciones favorables al proceso de democratización, que va más allá del mero hecho de celebrar elecciones; considera que, para lograr la democratización, es esencial comprometerse con el desarrollo social y económico del país, con el fin de respetar los derechos fundamentales de la población, como la educación, la salud y el empleo, haciendo especial hincapié en el desempleo juvenil;

16.

Destaca el papel fundamental de la gobernanza, el respeto del Estado de Derecho, la asignación justa de recursos entre todos los sectores de la población y el liderazgo nacional en la prevención de conflictos y el fomento de la paz sostenible; pide a los países ACP y a la UE que presten una atención particular al desarrollo y apoyo de las organizaciones de la sociedad civil, al refuerzo de la capacidad administrativa, a la lucha contra la corrupción y al desarrollo de la capacidad institucional;

17.

Pide a los países de la Primavera Árabe que defiendan la igualdad entre hombres y mujeres y alienta a estas últimas a participar en la sociedad y en sus órganos políticos y de toma de decisiones;

18.

Considera que el poder judicial y los medios de comunicación independientes tienen un papel esencial que desempeñar en la configuración y la regulación de las prácticas políticas, con el objetivo de reforzar el Estado de Derecho y construir instituciones democráticas, incluidos parlamentos pluralistas que funcionen eficazmente;

19.

Destaca el papel que desempeñaron la tecnología moderna y los medios sociales en la movilización de la opinión pública con respecto a la Primavera Árabe, y señala que la cobertura mediática de estos acontecimientos eclipsó a algunos levantamientos en el África Subsahariana;

20.

Reconoce que algunos países del África subsahariana están experimentando dificultades con la integración de determinados grupos étnicos y tribus en sus estructuras de gobernanza democrática; insta a estos países a aprender de la experiencia de otras naciones africanas que han concedido varias formas de autonomía regional y cultural con el fin de evitar el aislamiento de ciertos grupos en la sociedad;

21.

Pide a la Unión Europea que adopte iniciativas para reforzar las relaciones comerciales con los países subsaharianos a fin de atenuar las consecuencias económicas de la Primavera Árabe;

22.

Pide a la Unión Europea que considere la suspensión temporal del pago de la deuda de los países en transición democrática; pide que se congelen los activos de los dirigentes corruptos y que se devuelvan a los países en cuestión;

23.

Manifiesta su preocupación por los recursos logísticos y las armas recuperadas por los miembros de la misteriosa AQMI (Al Qaeda en el Magreb Islámico), que está sembrando rápidamente la inseguridad en la franja sahelo-sahariana;

24.

Insiste en que los Estados miembros de la UE, las Naciones Unidas y las organizaciones especializadas participen en el proceso de recuperación de armas de ex combatientes y civiles y que garanticen la seguridad de los vecinos de Libia que se ven amenazados por la desestabilización;

25.

Señala que el acaparamiento masivo de armas por parte de la AQMI supone una amenaza no solo para los países vecinos, sino para el mundo entero;

26.

Encarga a sus Copresidentes que transmitan la presente Resolución al Consejo de Ministro ACP-UE, a la Comisión Europea, a la Vicepresidenta de la Comisión/Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros de la UE, a las instituciones de la Unión Africana, al Secretario General de las Naciones Unidas, a la Asamblea General de las Naciones Unidas, al Presidente del Parlamento Panafricano, a los Gobiernos y Parlamentos de los países de Oriente Medio y de los países incluidos en la Política Europea de Vecindad, y al Secretario General de la Unión para el Mediterráneo.