1)

¿Deben interpretarse el artículo 49 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en lo sucesivo, «TFUE») y el Reglamento (UE) n.o 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.o 922/72, (CEE) n.o 234/79, (CE) n.o 1037/2001 y (CE) n.o 1234/2007 (1) (en lo sucesivo, «Reglamento OCM»), en el sentido de que se oponen a una medida nacional que, en vista del conflicto armado y de la catástrofe humanitaria en el territorio de Ucrania, para eliminar y gestionar sus consecuencias en Hungría, e invocando una reducción de los precios de los alimentos con el fin de proteger a las familias húngaras, obliga a los comerciantes a poner a la venta productos agrarios comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento OCM a un precio autorizado (aplicando un margen de beneficio obligatorio) y en la cantidad media diaria vendida en el año de referencia, de modo que se atiendan en todo momento las necesidades de los clientes?

2)

Si se constata que la autoridad del Estado miembro impuso la multa y los gastos de procedimiento al comerciante en contravención del Derecho de la Unión, ¿debe interpretarse el Derecho de la Unión en el sentido de que, en tal caso, la autoridad del Estado miembro, además de devolver la multa y los gastos de procedimiento, tiene la obligación de pagar intereses a un tipo que corresponda al tipo de interés legal aplicable según las normas generales?