A.

¿Son aplicables los artículos 6, apartado 1, y 7, apartado 1, de la Directiva 93/13/CEE (1) del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, a un procedimiento como el procedimiento principal, que ha sido iniciado por una persona (licitador vencedor) a la que se ha adjudicado un bien inmueble y en el que se examina, al mismo tiempo, la reconvención presentada por un consumidor para que se vuelva a la situación anterior a la adjudicación hecha en el marco de una subasta, cuando, antes de esa subasta extrajudicial, el consumidor haya hecho uso de los medios legales para suspender la ejecución de un derecho real de garantía, solicitando al órgano jurisdiccional que adoptase medidas provisionales, y, también antes de dicha subasta, haya informado a los participantes en ella de que existía un procedimiento judicial pendiente destinado a suspender la ejecución de un derecho real de garantía mediante subasta voluntaria, pero cuando, a pesar de ese procedimiento judicial, la subasta haya tenido lugar?

B.

¿Debe interpretarse la Directiva 93/13 del Consejo en el sentido de que se opone a la normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el procedimiento principal, que, en el marco de la ejecución por un profesional de subastas privadas (en lo sucesivo, «subastador») de un derecho real de garantía constituido sobre un bien inmueble de un consumidor para satisfacer el derecho de crédito de un banco resultante de un contrato de crédito al consumo:

C.

¿Debe interpretarse la Directiva 2005/29/CE (2) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de 2005, relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior, que modifica la Directiva 84/450/CEE del Consejo, las Directivas 97/7/CE, 98/27/CE y 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo («Directiva sobre las prácticas comerciales desleales»), en el sentido de que la ejecución de un derecho real de garantía basado en una cláusula contractual abusiva relativa al vencimiento anticipado de un préstamo resultante de un contrato de crédito al consumo, y, por ende, basado en un importe incorrecto de la deuda pendiente, puede considerarse una práctica comercial desleal a efectos del artículo 5 de dicha Directiva, en particular una práctica comercial agresiva a efectos de los artículos 8 y 9 de la misma Directiva, y en el sentido de que la responsabilidad del banco y los objetivos de la Directiva 2005/29 se aplican, además de al banco, también a la sociedad subastadora, que ejecuta el derecho real de garantía constituido a favor del banco?