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Las demandantes alegan en este contexto, entre otros, que, en lo que al acceso al expediente respecta, la demandada tenía que haber tratado las observaciones de los demás destinatarios relativas a la notificación del pliego de cargos igual que otros documentos potenciales de descarga.

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Además, alegan que en casos de infracción uniforme y continuada o única y duradera, el acceso al expediente para consultar las observaciones de otras partes relacionadas con la notificación del pliego de cargos constituye la contrapartida procesal a la imputación de infracciones de otras partes.

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Por otra parte, alegan que las demandantes, en cuanto empresas con domicilio en el cantón germanófono de Aargau (Suiza) tienen el derecho a mantener correspondencia con la demandada en lengua alemana, puesto que se trata de una lengua oficial, incluso de una lengua de trabajo, de la demandada.

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En este punto, las demandantes alegan que la mera afirmación general de que se ha producido una infracción uniforme y continuada o única y duradera no basta para fundamentar la competencia de la demandada para conocer de infracciones de terceros Estados. Antes bien, también en tal supuesto, la demandada tenía que haber examinado proyectos o comportamientos ajenos al EEE en cada caso particular para conocer sus efectos directos, esenciales y previsibles sobre el EEE.

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Señalan que no existe uniformidad de las infracciones, en particular, en la medida en que éstas afectan a cables terrestres y marítimos. Pues no existe identidad en los productos y servicios, ni en el modo de ejecución y solamente una identidad parcial de las empresas y personas naturales participantes. Además, falta el carácter complementario de las infracciones.

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La demandada tenía que haber presentado para cada empresa pruebas de una infracción individuales, con suficiente carácter probatorio y coincidentes, en particular, en lo que se refiere al comienzo de la participación, pero también al carácter ininterrumpido de la duración.

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En el caso de una participación directa que solamente es parcial en una infracción uniforme y continuada, o única y duradera, la demandada ha de demostrar concretamente que la empresa afectada pretendía contribuir a la consecución de todos los fines comunes y que conocía en todo lo demás el comportamiento contrario a Derecho de los demás partícipes dentro del marco del plan general, o que razonablemente podía preverlo. Habida cuenta de que la demandada no ha logrado esta prueba o no la ha conseguido en su totalidad, no debía haber imputado, a este respecto, responsabilidad a las demandantes por todo el comportamiento contrario a la competencia.

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En opinión de las demandantes, la resolución se basa en una serie de consideraciones relativas a los hechos, respecto de las que la demandada no presentó pruebas concluyentes y coincidentes. Particularmente con vistas al supuesto comienzo de la participación de las demandantes, la demandada falsea las pruebas, extrae conclusiones especulativas y deja de tener en cuenta explicaciones alternativas que son al menos igual de plausibles.

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Además, la resolución es contradictoria, puesto que en el fallo declara la existencia de una infracción única y duradera, pero motiva una infracción uniforme y continuada.

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Las demandantes señalan que la demandada infringe el artículo 101 TFUE o el artículo 53 del Acuerdo EEE, al atribuir a las demandantes a través de la figura jurídica de la infracción uniforme y continuada o única y duradera los acuerdos de otras empresas partícipes en los que las demandantes, objetivamente, no podían participar.

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Alegan que es aleatorio que la demandada se apartara de la regla fundamental del número 13 de las Directrices para la determinación de las multas al establecer el año de referencia, sobre todo, porque carece de motivación suficiente.

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Además, es contradictorio y contrario al principio ne bis in idem, tener en cuenta una infracción uniforme y duradera o única y continuada, al determinar la gravedad de la infracción en el marco de la determinación de la cantidad de base, cuya gravedad se cifra de manera uniforme en un 15 %, y fijar al mismo tiempo un suplemento adicional del 2 % por la participación en determinadas partes de ese cártel global. Indican que la demandada ya tenía que haber tenido en cuenta al fijar la cantidad de base el hecho de que las demandantes no eran responsables de la globalidad del cártel.

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Al calificar a las demandantes de partícipes secundarias o marginales, la demandada podía tener en cuenta el papel real de las demandantes en el cártel global, y no en el número de pruebas, casual y sin importancia.

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Asimismo señalan que la reducción de la multa pecuniaria en un 5 % es demasiado baja y no tiene suficientemente en cuenta la importancia distinta que tienen los organizadores del cártel y partícipes principales respecto de las demandantes, que presentan una participación mínima.