26.5.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 159/20

1.

Que se anule la sentencia recurrida en su integridad, en la medida en que se desestiman las pretensiones de las recurrentes y se acojan totalmente las pretensiones formuladas en primera instancia.

2.

Con carácter subsidiario, que se anule parcialmente la sentencia recurrida.

3.

Con carácter subsidiario de segundo grado, que se reduzcan equitativamente las multas impuestas a las recurrentes en virtud del artículo 2, letras f) y g), de la Decisión de imposición de multas de la Comisión Europea de 22 de julio de 2009.

4.

Con carácter subsidiario de tercer grado, que se anule la sentencia recurrida y se devuelva el asunto al Tribunal General.

5.

En relación con las pretensiones numeradas del 1 al 4, respectivamente, que se condene en costas a la demandada.

1.

La sentencia del Tribunal General incurre en un error de Derecho y es nula por cuanto no tomó en consideración el hecho de que, en el procedimiento para la imposición de una multa la demandada violó derechos procedimentales fundamentales de las recurrentes, como el derecho a ser oído. Al mantener la valoración de la recurrida el Tribunal General violó igualmente el principio de proporcionalidad e incumplió la prohibición de valoración anticipada de la prueba.

2.

Además, el Tribunal General no tomó en consideración que mediante su Decisión y las multas impuestas a los distintos grupos de responsables la demandada aplicó incorrectamente el artículo 101 TFUE e incumplió su obligación de motivación con arreglo al artículo 296 TFUE, de forma que el Tribunal General ha resuelto de manera contraria a Derecho en la aplicación del concepto de la entidad económica y, hasta cierto punto, también ha incumplido su obligación legal de motivación.

3.

Además, mediante su sentencia, al mantener la Decisión de la demandada, el Tribunal General ha violado el principio de claridad en las sanciones y el principio de individualización de las penas y las sanciones.

4.

Por último, critican las recurrentes el hecho de que el Tribunal General haya considerado indebidamente que las alegaciones complementarias de aquéllas formuladas durante el procedimiento fueran nuevas y, por ende, inadmisibles, aunque en su recurso ya habían formulado las correspondientes imputaciones.