Recurso de casación interpuesto el 25 de febrero de 2009 por la Comisión de las Comunidades Europeas contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Séptima) dictada el 10 de diciembre de 2008 en el asunto T-388/02, Kronoply GmbH & Co. KG y Kronotex GmbH & Co. KG/Comisión de las Comunidades Europeas, apoyada por Zellstoff Stendal GmbH, la República Federal de Alemania y el Land Sachsen-Anhalt

(Asunto C-83/09 P)

2009/C 102/25

Lengua de procedimiento: alemán

Partes

Recurrente: Comisión de las Comunidades Europeas (representantes: K. Gross y V. Kreuschitz, agentes)

Otras partes en el procedimiento: Kronoply GmbH & Co. KG, Kronotex GmbH & Co. KG, Zellstoff Stendal GmbH, República Federal de Alemania y el Land Sachsen-Anhalt

Pretensiones de la parte recurrente

Motivos y principales alegaciones

A juicio de la Comisión, la consideración de que existe una legitimación activa a favor de los interesados contra las decisiones sobre ayudas estatales en el sentido del artículo 88 CE, apartado 2, infringe los requisitos establecidos en el artículo 230 CE, apartado 4, sobre la admisibilidad de los recursos. Considera que los interesados que no son partes en el procedimiento de ayudas de Estado no ostentan ninguno de los derechos que pueden ejercitarse mediante recurso, que corresponden a las partes. Por el contrario, para decidir acerca de si se está afectado individualmente debe estarse a la solución adoptada por el Tribunal de Justicia en la sentencia Plaumann. Alega que, por lo tanto, la afectación individual sólo puede inferirse de las repercusiones económicas de la ayuda estatal sobre la demandante.

Sostiene que en la sentencia recurrida se procedió, por añadidura, a una nueva interpretación de las pretensiones del recurso, que no puede admitirse. A juicio de la Comisión, el Tribunal de Primera Instancia examinó argumentos de fondo de la demandante que ésta no había expuesto, en relación con la salvaguardia de su supuesto derecho de defensa, aunque se declaró la admisibilidad del recurso únicamente para salvaguardar el supuesto derecho de defensa.

Señala que, por último, la sentencia recurrida llevaría a que se introdujera una actio popularis contra las decisiones sobre ayudas estatales ajena al Derecho comunitario.