a)

la honorabilidad,

b)

la capacidad financiera apropiada,

c)

la capacidad profesional.

I.

En el primero, el demandante en el procedimiento principal es el Sr. Arianus Petrus Augustijn, nacido en 1927. No se discute que el interesado ejerce una actividad de transportista de mercancías por carretera desde hace más de treinta años, primero en la empresa familiar creada por su padre, después, a partir de 1948, en una sociedad colectiva con la razón social Firma Gebroeders Augustijn. Dicha empresa, que estaba compuesta inicialmente por cuatro socios, a saber el demandante y sus tres hermanos, obtuvo en 1956 una autorización para realizar los transportes no regulares de mercancías, con una carga útil ampliada posteriormente a 52 toneladas.

Al cabo de los años, fallecido uno de los socios en 1969 y jubilado otro en 1975, la explotación continuó únicamente con dos socios, el demandante y su hermano Martinus, quien gozaba, con carácter personal, de una exención de la condición de capacidad profesional en virtud del artículo 56 de la Ley neerlandesa relativa a los transportes de mercancías por carretera.

Según el demandante, cada socio disponía de sus propios vehículos y tenía sus propios clientes.

Debido a dificultades económicas, los dos hermanos decidieron separarse en 1976 y, por consiguiente, disolver la sociedad colectiva, teniendo los dos la intención de continuar su actividad de forma individual.

Unicamente en dicho momento solicitó el Sr. Arianus Petrus Augustijn beneficiarse de una exención mediante escrito dirigido al Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat y obras públicas.

Mediante resolución de 4 de julio de 1977, éste rechazó dicha solicitud fundándose tanto en el artículo 56 de la Ley neerlandesa aplicable, como en el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 74/561 con arreglo al cual las autoridades competentes de los Estados miembros pueden, excepcionalmente, en determinados casos particulares, autorizar con carácter definitivo la continuación de la explotación de la empresa de transporte por una persona que no satisfaga el requisito de capacidad profesional a que se refiere la letra c) del apartado 1 del artículo 3, pero que posea una experiencia práctica de al menos tres años en la gestión diaria de esta empresa.

El demandante interpuso entonces un recurso judicial ante la Sección de lo contencioso del Raad van State con el fin de obtener la anulación de la resolución ministerial.

Mediante resolución interlocutoria de 7 de junio de 1978, dicho alto órgano jurisdiccional, planteó a este Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial:

«La exención del requisito de capacidad profesional en un caso particular, en el sentido del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 74/561/CEE del Consejo de las CE, de 12 de noviembre de 1974, relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías por carretera en el sector de los transportes nacionales e internacionales ¿debe concederse únicamente en el caso de que el interesado haya adquirido su experiencia práctica en una empresa cuya explotación se continúe en su totalidad con la misma estructura jurídica, o bien cabe entender también el concepto de “continuación de la explotación de la empresa” a que se refiere la citada disposición, en el sentido de que contempla también la continuación de la explotación de una o varias ramas de la actividad de dicha empresa?»

Según el demandante, las disposiciones de la Directiva no son aplicables a su caso particular por el solo hecho de que su solicitud de exención se presentó el 22 de diciembre de 1976, es decir, antes de la entrada en vigor de la Directiva que, por consiguiente, no había podido ejercer influencia en la resolución que el Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat tuvo que adoptar basándose únicamente en las disposiciones internas a la sazón aplicables.

A mi juicio, este primer argumento carece de valor. Ninguna resolución de exención de la capacidad profesional, fundada en el concepto de continuación de la explotación de una empresa, en el sentido del apartado 2 del artículo 4 de la Directiva, dictada después del 1 de enero de 1977, pudo ser válidamente adoptada sin tener en cuenta las disposiciones de dicha Directiva, aun cuando semejante resolución estuviera relacionada con una solicitud de exención presentada antes de la fecha de entrada en vigor de aquélla.

Esta es por otra parte la conclusión a que llega el Gobierno de los Países Bajos en sus observaciones escritas y, sobre el mismo fundamento jurídico, la Sección de lo contencioso del Raad van State estimó que debía plantear la cuestión prejudicial a este Tribunal de Justicia, cuya resolución le parece necesaria para resolver el litigio planteado ante ella.

Según el Gobierno neerlandés, la disposición controvertida de la Directiva implica que la exención sólo puede referirse a la propia empresa en que deja de cumplirse el requisito de capacidad profesional y a la experiencia adquirida concretamente en dicha empresa.

En cuanto al concepto de continuación de la explotación de la empresa, procede hacer una distinción.

En el supuesto de que se prosigan de hecho las actividades, con una simple modificación de la estructura jurídica de la empresa, por ejemplo cuando una sociedad colectiva se transforma en una sociedad de responsabilidad limitada (besloten vennootschap), la continuación de las mismas actividades bajo una estructura nueva podría considerarse como una continuación de la explotación de la primera empresa.

Por el contrario, en el caso de que esta empresa deje de existir para ser sustituida por dos nuevas empresas individuales, no sería posible admitir el concepto de continuación de la explotación de la antigua empresa, pues la actividad de esta última se dividiría entonces en dos ramas distintas.

La Comisión expresó una opinión contraria.

Al estimar que el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva introduce una excepción extraordinaria pero permanente a la exigencia del requisito de capacidad profesional, considera que es irrelevante que tras la disolución de la empresa inicial se continúen sus actividades por partes, mediante dos empresas distintas. El hecho determinante sería que los responsables de las nuevas empresas hayan adquirido efectivamente, en la sociedad preexistente, la experiencia práctica exigida por la disposición controvertida de la Directiva.

No puedo, por mi parte, adherirme a esta interpretación extensiva.

Procede recordar, en primer lugar, que con arreglo al párrafo segundo del apartado 2 del artículo 1 de la Directiva el concepto de empresa se define precisamente como «toda asociación o grupo de personas con o sin personalidad jurídica y con o sin fin lucrativo».

En segundo lugar, el artículo 4 supone en conjunto dos excepciones al principio de la obligación de que las personas físicas que dirijan una empresa de transporte de mercancías por carretera reúnan la condición de capacidad profesional impuesta por la propia Directiva.

La primera excepción (apartado 1) se refiere al supuesto de la continuación provisional de la explotación de una empresa durante un período máximo de un año, prorrogable por seis meses como máximo, en casos particulares debidamente justificados, al producirse la muerte o la incapacidad física o legal de la persona física que principalmente satisfacía el requisito de capacidad profesional, exigido en principio por la letra c) del apartado 1 del artículo 3.

A esta primera excepción, el apartado 2 del artículo 4 añade otra más —de carácter extraordinario y que se refiere únicamente a determinados casos particulares— que permite a las autoridades competentes de los Estados miembros autorizar, con carácter definitivo, la continuación de la explotación de la empresa de que se trate por una persona que no satisfaga el requisito de capacidad profesional, pero que posea una experiencia práctica de al menos tres años en la gestión de esta empresa.

Esta segunda excepción sólo puede ser objeto de una interpretación rigurosamente restrictiva, teniendo en cuenta las condiciones a las que el Consejo ha subordinado su aplicación:

Incluso admitiendo que se continúe la explotación bajo una forma jurídica nueva, la excepción no puede, a mi juicio, aplicarse en caso de disolución de la empresa de que se trate y de continuación parcial de sus actividades por dos transportistas individuales, aun cuando éstos hayan adquirido una experiencia práctica suficiente en la empresa que se disuelve como tal en este momento.

Me veo pues abocado a responder a la cuestión planteada que la facultad de eximir del requisito de capacidad profesional en un caso particular, en el sentido a que se refiere el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva 74/561, no puede concederse en el supuesto de disolución de la empresa interesada y de continuación parcial de su explotación por empresas individuales.

II.

En cuanto al asunto 146/78 (Wattenberg) conviene resaltar con carácter previo que, según la Ley neerlandesa relativa a los transportes de mercancías por carretera y el Decreto adoptado para su ejecución, los transportistas profesionales deben ser titulares de un diploma de aptitud, expedido por el Centro Nacional de examen de Rijswijk y haber además obtenido de la inspección de transportes un certificado en el que se declare que poseen una experiencia práctica de dos años en una empresa de transporte de mercancías por cuenta ajena.

El Sr. Wattenberg, que no reúne esas condiciones de capacidad profesional, ejerce sin embargo, a título personal, la actividad de transportista de mercancías por carretera.

En 1967 solicitó por primera vez el beneficio de una exención de la condición de capacidad profesional con arreglo al artículo 56 de la Ley nacional. Se dictó una resolución denegatoria y mediante Real-Decreto de 11 de junio de 1969 se desestimó por infundada la reclamación que presentó contra dicha resolución.

Teniendo en cuenta, sin duda, que el 1 de enero de 1977 entraba en vigor la Directiva 74/561, el Sr. Wattenberg presentó, el 1 de febrero de 1977, una nueva solicitud de exención de la condición de capacidad profesional ante el Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat..

Mediante resolución de 4 de mayo de 1977, se concedió la exención solicitada, pero únicamente hasta el 1 de enero de 1980.

Para motivar esta limitación del período de validez de la exención, el Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat se fundó, en particular, en la disposición establecida en el apartado 2 del artículo 5 de la Directiva comunitaria, según la cual las personas físicas que después del 31 de diciembre de 1974 y antes del 1 de enero de 1978 hubieren sido, en concreto, autorizadas para ejercer la profesión de transportista de mercancías por carretera sin haber presentado, en virtud de una regulación nacional, la prueba de su capacidad profesional… deberán cumplir antes del 1 de enero de 1980 la condición de capacidad profesional mencionada en el apartado 4 del artículo 3 de la Directiva.

No obstante, el Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat estimó que debía mencionar asimismo la disposición que figura en la misma Directiva, según la cual (se trata del apartado 2 del artículo 4), excepcionalmente, en determinados casos particulares, puede autorizarse que la explotación de una empresa de transporte se continúe con carácter definitivo por una persona que no reúna la condición de capacidad profesional, pero que posea una experiencia práctica de determinado número de años en la gestión de esta empresa.

El Sr. Wattenberg interpuso ante la Sección de lo contencioso del Raad van State un recurso contra la resolución del Secretario de Estado por cuanto esta resolución limitaba el período de validez de la exención hasta el 1 de enero de 1980 y solicitó expresamente beneficiarse de una exención ilimitada en el tiempo.

La Sección de lo contencioso estimó determinante para resolver el litigio saber si la autoridad nacional demandada había interpretado correctamente el apartado 2 del artículo 4 de la Directiva al limitar el período de validez de la exención concedida sobre la base de las disposiciones del apartado 2 del artículo 5.

Declaró asimismo que el texto del artículo 4 no permite determinar claramente en qué medida cabe autorizar una exención en el sentido del apartado 2 de dicho artículo (por consiguiente una exención definitiva) fuera de los casos precisos del apartado 1 del mismo artículo.

La Sección de lo contencioso plantea en definitiva a este Tribunal de Justicia cuatro cuestiones prejudiciales.