Ponente : Carina OHLSSON (SE/PSE), concejala de Lidköping Documento de referencia : Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Hoja de ruta sobre los derechos de la mujer [COM(2025) 97 final]

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES (CDR)

1.

reitera que la igualdad de género es un derecho fundamental y un valor democrático esencial. En la anterior legislatura la UE dio pasos importantes hacia una mayor igualdad de género, en particular mediante Directivas e iniciativas políticas sobre el equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, el equilibrio de género en los consejos de administración de las empresas, el acceso a los cuidados, la transparencia salarial, los organismos de igualdad y la protección de las mujeres contra la violencia y la violencia doméstica. La adhesión de la UE al Convenio de Estambul afianza aún en mayor medida el compromiso de la Unión con la lucha contra la violencia de género;

2.

respalda la Comunicación de la Comisión Europea que lleva por título «Hoja de ruta sobre los derechos de la mujer» y la Declaración de principios para una sociedad igualitaria en materia de género aneja (1), al considerar que constituyen una base sólida para configurar la nueva Estrategia para la Igualdad de Género de la UE y lograr avances tangibles en la promoción de esta cuestión en toda la Unión y más allá de sus fronteras;

3.

señala que, aunque en la hoja de ruta se reconoce acertadamente la importancia de contar con mecanismos institucionales sólidos en todos los niveles, no presta la suficiente atención al papel fundamental que desempeñan los entes locales y regionales en la aplicación de las políticas de igualdad de género sobre el terreno;

4.

pide que, habida cuenta de sus competencias y las importantes funciones que desempeñan, se reconozca a los entes locales y regionales como socios estratégicos a la hora de elaborar, aplicar y supervisar la hoja de ruta y la próxima Estrategia para la Igualdad de Género; esta asociación deberá respaldarse con recursos financieros adecuados, el fortalecimiento de los organismos regionales y locales de igualdad y una cooperación más estrecha con la sociedad civil. En este contexto, es fundamental el principio de subsidiariedad: las decisiones y medidas deben tomarse lo más cerca posible de la ciudadanía, allá donde los retos y oportunidades en materia de igualdad de género sean más tangibles;

5.

por otro lado, pide que el próximo marco financiero plurianual (MFP) integre sistemáticamente el principio de igualdad de género y la perspectiva de género en todos los programas de la UE y que garantice la coherencia entre la presupuestación con perspectiva de género y otras prioridades clave, como la doble transición ecológica y digital, la competitividad y la resiliencia social. En consonancia con los compromisos contraídos en la legislatura anterior, la metodología actual de integración de la perspectiva de género deberá revisarse y reforzarse durante la preparación del MFP 2028-2034, con la participación significativa de los entes locales y regionales, a fin de velar por que los fondos de la UE se empleen con eficacia para lograr resultados en el ámbito de la igualdad de género;

6.

reafirma que los fondos de cohesión y recuperación deben basarse en objetivos claros y mensurables con perspectiva de género, a fin de garantizar que el desarrollo regional contribuya activamente a colmar las brechas de género y promover la justicia social, en lugar de exacerbar las desigualdades existentes. La incorporación de la perspectiva de género y las evaluaciones de impacto en materia de igualdad deben aplicarse sistemáticamente a lo largo de las fases de programación, ejecución y evaluación;

7.

subraya el papel fundamental del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) para la promoción de la igualdad de género, la inclusión social y la igualdad de oportunidades en el mercado laboral; si bien celebra la asignación propuesta de 100 000 millones EUR para el período 2028-2034, insiste en que esta asignación debe reservarse para beneficiar directamente a las personas —por ejemplo, las mujeres, las familias monoparentales y las que se enfrentan a múltiples discriminaciones— en lugar de quedar diluida en medidas para infraestructuras o inversiones. El FSE+ debe seguir proporcionando financiación específica para iniciativas de formación, desarrollo de capacidades, empleo e innovación social que refuercen la independencia económica de las mujeres y contribuyan a colmar las brechas de género que persisten. Los entes locales y regionales, como gestores y beneficiarios de los programas del FSE+, deben seguir siendo fundamentales para garantizar que los fondos se utilicen eficazmente para satisfacer las necesidades de la población sobre el terreno;

8.

subraya que los derechos y las oportunidades de las mujeres están intrínsecamente vinculados al desarrollo socioeconómico de las regiones, y que las mujeres de las zonas menos desarrolladas afrontan obstáculos sistémicos para acceder al empleo, la educación, la asistencia sanitaria y la participación política. La UE debe garantizar que la igualdad de género se integre plenamente en la gobernanza local y regional, apoyando a los Estados miembros en la aplicación efectiva de la política de cohesión, de inversiones sociales y de estrategias de desarrollo regional inclusivas. Esto atañe, aunque no exclusivamente, a las regiones menos desarrolladas, donde las mujeres —sobre todo en las zonas rurales y remotas— se enfrentan a múltiples obstáculos interseccionales; insiste en la necesidad de visibilizar y generar recursos que permitan prevenir la violencia sexual, prestarle una atención continuada y luchar contra ella, especialmente en el medio rural; recomienda seguir poniendo el foco tanto en el refuerzo de la red de recursos para la igualdad de oportunidades y la prevención de esta violencia de género en el medio rural como en la solución institucional que acerca servicios a la población y lucha contra la despoblación y el aislamiento en el medio rural. El liderazgo de las regiones y su participación en el desarrollo regional y rural, la protección de la biodiversidad, la agricultura sostenible y la economía rural deben recibir apoyo a través de programas específicos con perspectiva de género;

9.

recuerda la necesidad de actuar sobre la brecha de género en las zonas rurales, donde las mujeres se enfrentan a menudo a más dificultades que en las zonas urbanas, lo cual impide aprovechar plenamente su importante potencial para contribuir al desarrollo rural; pide, en ese sentido, que las próximas políticas e iniciativas europeas en materia agrícola y de desarrollo rural presten una mayor atención al papel de la mujer en el medio rural e incluyan medidas concretas para aumentar su visibilidad y mejorar su formación, emprendimiento y empleabilidad en dicho entorno, sin olvidar cuestiones como la conciliación de la vida familiar y profesional, el acceso a servicios esenciales y, por supuesto, la violencia de género; insiste, en ese sentido, en la importancia de avanzar en la cotitularidad de mujeres y hombres en las explotaciones agrarias, las cuales siguen estando en su mayoría en manos de los hombres, y de aumentar la presencia de las mujeres en los órganos de dirección de asociaciones, consejos y cooperativas agrarios;

10.

valora positivamente el compromiso constante de la UE con el doble enfoque de integrar sistemáticamente la igualdad de género en todas las políticas y de apoyar medidas específicas y concretas a escala local y regional;

11.

reitera que la interseccionalidad debe seguir estando en el núcleo de los esfuerzos de la Unión en materia de igualdad de género. Las mujeres en contextos de vulnerabilidad y marginación, como las madres solas y las mujeres que viven en zonas rurales y remotas, deben hacer frente a una discriminación múltiple y se ven afectadas de manera desproporcionada por desigualdades estructurales; esta situación atañe por igual a todas las mujeres de la Unión, incluidas las mujeres sin hogar, las migrantes, las pertenecientes a minorías étnicas y las que sufren discapacidad. La próxima estrategia de la UE deberá abordar explícitamente estas realidades, garantizar la visibilidad y el apoyo a las personas en situación de riesgo más grave y promover una cooperación continuada entre los entes locales y la sociedad civil para llegar eficazmente a los colectivos mencionados; reconoce asimismo la enorme importancia de integrar una perspectiva de equilibrio de género en el contexto de la agricultura rural y la biodiversidad. El empoderamiento de las mujeres en estos ámbitos no es solo una cuestión de equidad, sino también un requisito previo para conseguir un desarrollo rural sostenible y la conservación del medio ambiente. La igualdad de género es un valor fundamental de la UE;

12.

subraya que acabar con las normas de género perjudiciales, combatir el lenguaje discriminatorio y promover las masculinidades positivas corresponsables son acciones que benefician a toda la sociedad, ya que los roles de género rígidos perpetúan la desigualdad, la violencia y la exclusión social. Para avanzar en la igualdad de género es necesario actuar en todos los frentes, también en una educación integral en materia de igualdad de género que abarque la importancia de los cuidados y la responsabilidad compartidos en los distintos ámbitos de la vida, la participación de los niños y los hombres como aliados, agentes y beneficiarios clave, el apoyo a los hombres que intentan romper los ciclos de violencia y la promoción de la igualdad de género en los modelos familiares y la crianza. Los entes locales y regionales están en una posición privilegiada para liderar estos cambios culturales y de comportamiento mediante una colaboración estrecha con los centros educativos, las organizaciones comunitarias y los servicios sociales;

13.

subraya que la insuficiencia de recursos, capacidad institucional y conocimientos especializados en materia de género sigue siendo un obstáculo clave para una labor eficaz en esta materia a escala local y regional; pide, por tanto, una formación continua con una dotación de recursos apropiada para los funcionarios públicos y el personal de todos los sectores, encaminada a la integración de la igualdad de género en la planificación, la prestación y la evaluación de todos los servicios públicos; paralelamente, subraya la necesidad de reforzar el apoyo a las mujeres —y sus capacidades— de zonas económicamente desfavorecidas y rurales, incluidas las de comunidades agrícolas, mediante programas específicos centrados en técnicas agroecológicas, herramientas digitales, emprendimiento, acceso a financiación e innovación social, así como la adquisición de competencias digitales, entre otras. Estas iniciativas, que a menudo se llevan a cabo en cooperación con organizaciones de la sociedad civil y partes interesadas locales, deben fomentar tanto la independencia económica como la gestión ecológica;

14.

reafirma que deben garantizarse recursos financieros y humanos adecuados para permitir a los entes locales y regionales cumplir en la práctica los compromisos en materia de igualdad de género;

15.

recomienda el uso sistémico de la presupuestación con perspectiva de género en todos los niveles de gobernanza. Los presupuestos son instrumentos políticos que muestran cómo se distribuyen los recursos entre actividades, mujeres y hombres, niñas y niños. Para evitar que se refuercen involuntariamente las desigualdades de género, la perspectiva de género debe integrarse desde el principio tanto en los objetivos como en la asignación del gasto;

De las palabras a la acción: los principios de la igualdad de género y el papel determinante de los entes locales y regionales

Ausencia de violencia de género

16.

acoge con satisfacción la adopción de la Directiva de la UE sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, que incorpora una perspectiva interseccional; lamenta, no obstante, la ausencia de una definición de violación que se fundamente en el consentimiento, tal y como se señala en el Convenio de Estambul; pide a la Comisión y a los Estados miembros que aborden esta laguna y garanticen la plena aplicación de las protecciones que dispensa la Directiva. Su aplicación adecuada y oportuna por parte de los Estados miembros es fundamental para proporcionar una protección sólida a las mujeres y garantizar su acceso a la justicia y los servicios de apoyo. La Directiva constituye un hito en el compromiso de la Unión de poner fin a la violencia de género;

17.

afirma que todas las personas, independientemente del sexo asignado al nacer o de la identidad o la expresión de género, deben estar protegidas contra la violencia de género; insiste en la necesidad de que las políticas y los servicios públicos incluyan de forma explícita a las personas transgénero y de género variante, que se ven afectadas de manera desproporcionada por la discriminación y la violencia. Reconocer la condición de mujer como identidad social es esencial para garantizar enfoques inclusivos y basados en los derechos para la igualdad de género y la protección frente a la violencia;

18.

recomienda que la Comisión Europea integre el Dictamen del Comité 2488-2023 (2) en su próxima Estrategia para la Igualdad de Género y reconozca el papel clave de las ciudades y regiones a la hora de aplicar medidas concretas para combatir la violencia de género;

19.

destaca que una prevención eficaz de la violencia requiere luchar contra los estereotipos de género, las normas de masculinidad perjudiciales y las estructuras patriarcales mediante una visión interseccional, así como comprender las experiencias vividas por las mujeres. También es fundamental hacer participar a los hombres en la prevención de la violencia, ya que son ellos el grupo de población que mayoritariamente ejerce la violencia de género. La participación de los hombres y los niños es esencial, y los entes locales y regionales deben disponer de los recursos y la capacidad necesarios para dirigir esta labor sobre el terreno;

20.

pide a los entes locales y regionales que inviertan más en espacios seguros y accesibles para las mujeres que han sobrevivido a la violencia de género. Es esencial integrar esta perspectiva en la planificación urbana, las estrategias de desarrollo local y el diseño global de ciudades y pueblos. Es crucial una planificación local y regional que tenga en cuenta las cuestiones de género; destaca asimismo la urgente necesidad de mejorar los servicios locales y regionales, también los refugios y los centros de asesoramiento, para proporcionar un apoyo y una protección integrales a todas estas mujeres, independientemente de su identidad de género o procedencia. Asimismo, debe garantizarse que estos servicios se diseñen y gestionen con un enfoque centrado en la no revictimización de las mujeres víctimas de violencia de género, evitando prácticas institucionales que reproduzcan el trauma, la culpabilización o la exposición innecesaria de su experiencia;

21.

pide a los entes locales y regionales que integren la perspectiva de género en la planificación urbana y del transporte, también mediante una cooperación estructurada con las organizaciones de la sociedad civil, como las organizaciones feministas y comunitarias, para crear espacios públicos más seguros y reducir el riesgo de violencia de género en las calles, los transportes públicos, los centros educativos, los lugares de trabajo, los parques y los entornos cotidianos; insta a la Comisión Europea a que refleje esta prioridad en la próxima Estrategia para la Igualdad de Género y respalde los esfuerzos locales con financiación, asesoramiento e intercambio de buenas prácticas;

22.

subraya la urgente necesidad de dar prioridad a la prevención temprana en los centros educativos mediante la promoción de una educación inclusiva basada en la igualdad de género, el respeto y la no violencia; pide que esta labor se integre en la actividad cotidiana de los centros educativos, y no solo cuando se organicen campañas de sensibilización ocasionales, mediante la puesta a disposición de herramientas y formaciones tanto para el alumnado como para el personal, a fin de que puedan reconocerse, prevenirse y abordarse todas las formas de violencia, incluida la violencia de género; destaca el papel fundamental de los centros educativos a la hora de cuestionar los estereotipos de género y promover normas sociales positivas vinculadas a los cuidados y la responsabilidad compartidos desde una edad temprana;

23.

con el fin de examinar los modelos de gobernanza multinivel del Convenio de Estambul, propone poner en marcha un ejercicio sistemático de cartografía de las redes locales de lucha contra la violencia que se lleve a cabo conjuntamente con las administraciones regionales y locales, a través de un inventario de los protocolos, acuerdos y memorandos de entendimiento locales. El objetivo es analizar en profundidad las características de estas redes locales y reconocer los factores que determinan su alcance, eficacia y valor añadido en la protección, el apoyo y el fomento de la autonomía de las víctimas de violencia, también con vistas a reforzar el funcionamiento de estas redes, con especial atención a las mujeres con discapacidad. A menudo estas víctimas no se detectan ni se denuncia su situación, tanto por la falta de canales de comunicación adecuados para denunciar la violencia como por las dificultades para que ellas mismas se reconozcan como víctimas;

24.

anima a la Comisión Europea a que apoye la cooperación y el intercambio estructurado de prácticas basadas en datos contrastados entre los Estados miembros, y a que se asegure de que la educación sobre igualdad de género y la prevención de la violencia sean elementos fundamentales de la próxima Estrategia para la Igualdad de Género;

25.

lamenta que la hoja de ruta no aborde adecuadamente las necesidades específicas de las mujeres en situaciones vulnerables, incluidas las mujeres con discapacidad, las migrantes, las solicitantes de asilo y aquellas cuyo estatuto de residencia depende de una pareja. Estos grupos deben hacer frente a mayores riesgos de violencia y exclusión y hay que darles visibilidad en la elaboración de las políticas de la UE; pide que se adopten medidas más enérgicas para salvaguardar sus derechos y hace hincapié en el papel de los entes locales y regionales, en colaboración con la sociedad civil, a la hora de ofrecer protección y apoyo sobre el terreno; y que en el caso de las mujeres migrantes y refugiadas y sus hijos, que se encuentren en el territorio de la Unión, se atienda al principio de reagrupación familiar;

26.

destaca la creciente amenaza de la violencia digital, incluida la misoginia en línea, el ciberacoso y la revelación de información personal confidencial en línea (doxing), que se dirige de manera desproporcionada contra las mujeres, en especial contra las que participan en la política y tienen un perfil público; reclama estrategias locales y regionales para promover la seguridad digital, la sensibilización y el apoyo a las supervivientes, e insta a que se refuerce la rendición de cuentas por parte de las plataformas tecnológicas para luchar contra la violencia de género en línea;

Los máximos estándares de salud

27.

valora positivamente el reconocimiento por parte de la Comisión de la necesidad de apoyar a los Estados miembros para garantizar el acceso de las mujeres al derecho a la salud y los derechos sexuales y reproductivos, así como para promover una investigación médica y una atención sanitaria con perspectiva de género; subraya que la salud y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos fundamentales y esenciales para lograr la igualdad de género; destaca, además, la importancia de fortalecer las competencias de prevención y promoción de la salud de las administraciones locales, como actores clave para detectar tempranamente y abordar los efectos que las desigualdades de género tienen sobre la salud física, mental y emocional de las mujeres, especialmente en contextos de vulnerabilidad social;

28.

hace hincapié en la persistencia de brechas en la asistencia sanitaria de las mujeres, en lo que se refiere a la salud mental, reproductiva y materna, entre otros ámbitos; subraya el papel fundamental de los entes locales y regionales a la hora de garantizar unos servicios sanitarios accesibles, equitativos y basados en los derechos, incluidos los centros de planificación familiar, para todas las mujeres y niñas;

29.

observa que los recientes retrocesos en algunos Estados miembros ponen de relieve la urgente necesidad de proteger estos derechos en todos los niveles de gobernanza; pide que todas las mujeres de la UE tengan acceso a la asistencia para un aborto legal, seguro y asequible, en consonancia con las normas internacionales en materia de derechos humanos; destaca la importancia de garantizar que dicha asistencia esté disponible sin discriminaciones y la necesidad de abordar las disparidades regionales en materia de acceso; anima a los entes locales y regionales a que trabajen para garantizar un acceso equitativo a los servicios de salud reproductiva en todos los territorios; subraya que todas las mujeres tienen derecho a la autonomía corporal y a tomar decisiones con conocimiento de causa sobre su salud y su vida, sin explotación de ningún tipo;

30.

pide que se elaboren normas europeas comunes en materia de asistencia sanitaria materna y reproductiva que contemplen, entre otras cosas, el acceso a asesoramiento y a servicios de anticoncepción asequibles y sin estigmas para mujeres y hombres; hace hincapié en la necesidad de reducir las disparidades regionales y apoya la vacunación contra el virus del papiloma humano como paso clave hacia la erradicación del cáncer de cuello uterino;

31.

anima a los entes locales y regionales a liderar los esfuerzos para ofrecer productos gratuitos de higiene menstrual en los espacios públicos de su competencia, incluidos las centros educativos, las instituciones de asistencia social, los centros juveniles y las instalaciones municipales. Garantizar el acceso a la higiene menstrual es esencial para salvaguardar la dignidad humana, promover la igualdad de género y abordar las disparidades sanitarias a escala local. Así mismo se anima a los entes locales y regionales a liderar esfuerzos para visibilizar y despatologizar la menopausia;

32.

pide que se elimine el llamado «impuesto rosa», es decir, la aplicación del IVA o la fijación de precios más elevados a los productos de higiene menstrual, que provoca una desigualdad económica por razón de género. La eliminación del IVA para los productos de higiene menstrual, haciendo uso para ello de la flexibilidad que permite la Directiva 2006/112/CE (3) del Consejo, representaría un paso concreto hacia la justicia fiscal y la igualdad de género;

33.

destaca que los estereotipos de género y la insuficiente comprensión de las diferencias basadas en el sexo pueden dar lugar a diagnósticos erróneos y a una atención desigual; pide una mayor sensibilización, datos desagregados por género y el intercambio de buenas prácticas en materia de asistencia sanitaria sensible al género;

34.

pide a la Comisión que se refiera al feminicidio —es decir, el asesinato de mujeres por razón de su sexo— explícitamente y que lo condene en la Estrategia para la Igualdad de Género; subraya la necesidad de reconocer y apoyar en una fase temprana a las supervivientes de la violencia doméstica y de género, que incluye la violencia sexual, la violencia relacionada con el honor y la mutilación genital y otras prácticas perjudiciales. Los entes locales y regionales deben estar dotados de los conocimientos, los recursos y los marcos jurídicos necesarios para responder eficazmente;

Igualdad de retribución y empoderamiento económico

35.

destaca la necesidad de colmar las brechas salarial y de pensiones entre hombres y mujeres, abordar la segregación de género en el mercado de trabajo y promover el empoderamiento económico de las mujeres; pone de manifiesto el potencial de la contratación pública para promover la igualdad de género a través de cláusulas específicas y formación para quienes gestionen las compras en los entes locales y regionales;

36.

pide que se promuevan políticas de desarrollo rural y urbano con perspectiva de género que fomenten activamente el espíritu empresarial de las mujeres, entre otras cosas mediante la mejora del acceso a la tierra, el crédito, la tecnología, los conocimientos y la financiación específica de los sectores agrícola y ecológico. Ello incluye la financiación de iniciativas dirigidas por mujeres, el apoyo a la hora de orientarse en la tramitación de los procesos administrativos y la revisión de los posibles obstáculos para acceder a los planes de financiación, así como el asesoramiento y la formación en el ámbito agrícola. En las regiones menos desarrolladas, las estrategias locales inclusivas deben dar prioridad al apoyo a iniciativas dirigidas por mujeres que contribuyan, entre otros objetivos, a la protección de la biodiversidad y al uso sostenible de la tierra;

37.

señala que las mujeres siguen estando desproporcionadamente expuestas al riesgo de pobreza y exclusión social, y subraya el papel clave de los entes locales y regionales a la hora de abordar estos retos; reclama marcos jurídicos y financiación adecuados que les permitan actuar con eficacia (4);

38.

pide que en las políticas nacionales y de la UE, en particular en las del mercado laboral, se integre un enfoque interseccional, en estrecha consulta con los interlocutores sociales, a fin de proteger mejor y reforzar los derechos de las mujeres que sufren múltiples formas de discriminación, entre ellas las mujeres migrantes, las solicitantes de asilo, las que sufren discapacidades y las pertenecientes a minorías étnicas; advierte de que la digitalización puede agravar las desigualdades existentes e insta a que se adopten medidas para garantizar que promueva la inclusión en lugar de la exclusión;

Conciliación y responsabilidades familiares compartidas

39.

acoge con satisfacción que la hoja de ruta se centre en un reparto más justo de las responsabilidades asistenciales y en una mayor inversión en el sector de los cuidados; destaca el papel clave de los entes locales y regionales a la hora de proporcionar infraestructuras asistenciales de calidad que permitan que las mujeres se reincorporen al mercado de trabajo y participen activamente en él, lo que contribuirá a colmar las brechas salarial y de pensiones; observa que las mujeres siguen soportando la mayor parte del trabajo asistencial, tanto no remunerado en el ámbito familiar como remunerado en el sector de los cuidados, y que, como consecuencia de ello, millones de personas están excluidas del mercado laboral. El 90 % de la mano de obra asistencial formal está compuesta por mujeres, y 7,7 millones de mujeres no forman parte de la población activa debido a las responsabilidades asistenciales (5);

40.

destaca la importancia de la Estrategia Europea de Cuidados (6) para garantizar el acceso a servicios asistenciales asequibles y de calidad y mejorar las condiciones tanto de las personas cuidadoras como de las beneficiarias de cuidados; observa que las mujeres se ven afectadas de manera desproporcionada por las brechas asistenciales, ya que siguen siendo asumiendo la mayor parte de las responsabilidades asistenciales informales; señala que el envejecimiento de la población en el medio rural provoca necesidades específicas a las mujeres de sesenta años o más, y aboga por diseñar fórmulas que permitan soluciones para la conciliación y el respiro ante la asunción de los cuidados, así como programas que mejoren la salud de este colectivo específico; destaca la importancia de unos servicios asistenciales adecuados y el papel que desempeñan los entes locales y regionales en la prestación de tales servicios; subraya la pertinencia de la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores (7) y de los objetivos de Barcelona para diseñar unos cuidados que respondan a las cuestiones de género;

41.

subraya la necesidad de liberar a las mujeres de los roles tradicionales vinculados exclusivamente a la procreación y los cuidados, en consonancia con la Estrategia de la UE para la Igualdad de Género 2020-2025 (acción 4) y, en ese sentido, pide políticas favorables a la familia que reconozcan y apoyen de forma explícita las diversas formas de familia, incluidas las familias monoparentales y LGBTQ+, como igualmente válidas y merecedoras de protección. Este enfoque promueve el reparto de las responsabilidades familiares y la inclusión social, y aborda la carga desigual que pesa tradicionalmente sobre las mujeres;

Igualdad de oportunidades de empleo y condiciones de trabajo adecuadas

42.

destaca la necesidad de que la UE, en asociación con los interlocutores sociales, promueva la igualdad de oportunidades en el mercado laboral y aborde la segregación y la discriminación por razón de sexo, elevando el estatus de las profesiones en las que predominan las mujeres y fomentando al mismo tiempo la participación de las mujeres en profesiones con predominio de la presencia masculina; señala el papel estratégico que desempeñan los municipios y las regiones como empleadoras a la hora de predicar con el ejemplo;

43.

hace hincapié en la importancia de integrar sistemáticamente una perspectiva de género en las políticas climáticas y medioambientales, en consonancia con el Pacto Verde Europeo; reconoce que las mujeres, sobre todo las de comunidades vulnerables, se ven afectadas de forma desproporcionada por el cambio climático y la degradación del medio ambiente; pide medidas específicas para garantizar la plena participación de las mujeres en la toma de decisiones en materia de clima, los empleos ecológicos y los esfuerzos de creación de resiliencia para alcanzar la justicia social y la igualdad de género;

Educación inclusiva y de calidad

44.

subraya que la integración de la educación en materia de igualdad de género en todos los niveles del sistema educativo es fundamental para construir una sociedad más igualitaria; observa que las niñas a menudo se sienten menos seguras en los entornos escolares, y que los esfuerzos en materia de seguridad e inclusión son más eficaces cuando se combinan con enfoques sistemáticos con perspectiva de género, un liderazgo que presta apoyo y planes de estudios inclusivos. La adopción de un enfoque educativo de los cuidados y la responsabilidad compartidos favorece la superación de los estereotipos masculinos, ya que contribuye a que niños y hombres se liberen de la presión que ejercen sobre ellos las expectativas sociales;

45.

insta a generar programas para luchar, visibilizar y actuar contra el acoso en el trabajo y el acoso sexual en el medio rural;

46.

destaca la importancia del aprendizaje permanente formal e informal a través de contenidos pedagógicos y prácticas feministas, antirracistas e inclusivos, pero también animando a las mujeres a que adquieran conocimientos y competencias científicas como las relativas al medio ambiente y las tecnologías digitales;

Participación política y representación igualitaria

47.

llama la atención sobre la persistente infrarrepresentación de las mujeres en la política local, y subraya la necesidad de un equilibrio de género en los órganos decisorios y los grupos de trabajo; pide a la Comisión Europea que apoye a los Estados miembros en la promoción de la participación política y el liderazgo de las mujeres, incluidas iniciativas que aborden las barreras estructurales, los estereotipos y las normas discriminatorias; hace hincapié en que la desigualdad de condiciones sigue limitando la capacidad de muchas mujeres para participar plenamente y comprometerse en la vida política a nivel local;

48.

destaca la importancia de integrar una perspectiva de género en todas las fases del proceso político y pide a los partidos y grupos políticos que adopten medidas proactivas que incluyan, cuando proceda, cuotas y enfoques basados en la paridad para aumentar la representación de las mujeres, en particular en los puestos electivos y de liderazgo; señala que unas listas de candidaturas equilibradas desde el punto de vista del género pueden mejorar la competencia general (8) y acelerar el progreso hacia la igualdad de representación; expresa su preocupación por el aumento de las amenazas y el acoso contra representantes de la política local y regional, en particular las mujeres, las mujeres jóvenes pertenecientes a minorías y las que ocupan puestos de liderazgo; pide a las ciudades y regiones que garanticen un entorno político seguro e insta a todas las instituciones a que adopten códigos de conducta sensibles a las cuestiones de género y a que impartan formación obligatoria contra el acoso, a través de mecanismos de ejecución claros;

49.

pide que se pase de la mera participación a una verdadera redistribución del poder, que se garantice la igualdad de acceso a los puestos de liderazgo y toma de decisiones, y que se valore el conocimiento y el liderazgo de las mujeres procedentes de entornos marginales y de exclusión social;

50.

destaca la importancia de promover el liderazgo de las mujeres en la gobernanza medioambiental y rural, por ejemplo en cooperativas agrícolas, consejos de biodiversidad y consejos de desarrollo rural. El equilibrio de género en estas estructuras es esencial para garantizar una toma de decisiones inclusiva en consonancia con los principios democráticos de la Unión;

Mecanismos institucionales que garantizan los derechos de las mujeres

51.

subraya que la igualdad de género debe integrarse en la gobernanza cotidiana —desde la toma de decisiones y la presupuestación hasta la elaboración de normas— y no tratarse como un proyecto puntual; pide a la Comisión Europea que apoye a los entes locales y regionales para que integren la igualdad de género en todos sus sistemas; anima a las ciudades y regiones con experiencia a compartir buenas prácticas, con el fin de promover una labor estructurada y sistemática a escala local, regional y nacional; subraya la importancia tanto de los datos desagregados por sexo como de las estadísticas de género para la elaboración de políticas basadas en datos contrastados. Los entes locales y regionales deben desempeñar un papel clave en la recopilación y el uso de estos datos, y todo ello también deberá reflejarse en la futura Estrategia para la Igualdad de Género de la UE;

52.

recuerda (9) a sus miembros, a los miembros de su Programa de Jóvenes Representantes Políticos y a la Red de Autoridades Locales de la UE que pueden dar un paso más y adherirse a la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local (10), que ya ha reunido a un grupo diverso de más de dos mil entes locales y regionales de toda Europa;

53.

pide el establecimiento de mecanismos claros de rendición de cuentas, como observatorios independientes de la igualdad de género, auditorías periódicas de género y supervisión por parte de la sociedad civil, a fin de garantizar que los compromisos asumidos se traduzcan en avances mensurables en todos los niveles de gobernanza.

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(1)   https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0097&qid=1747317895809.

(2)  Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Poner fin a la violencia de género: las ciudades y regiones lideran el camino, DO C, C/2024/1042, 9.2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1042/oj.

(3)  Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1)

(4)   Dictamen del Comité de las Regiones «Las mujeres y la pobreza en la Unión Europea». DO C 81 de 4.4.2006, p. 37)

(5)   https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_22_5169.

(6)   Dictamen del Comité de las Regiones «Estrategia Europea de Cuidados». ( DO C 157 de 3.5.2023, p. 28)

(7)  Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo ( DO L 188 de 12.7.2019, p. 79)

(8)   https://jamstalldhetsmyndigheten.se/media/buhj543w/slutredovisning-lokal-demokrati.pdf, resumen en inglés, p. 45.

(9)  La petición ya se hizo en el Dictamen del CDR SEDEC-VII/039 «Poner fin a la violencia de género».

(10)  El texto de la Carta está disponible en el sitio web del Observatorio de la Carta Europea (charter-equality.eu).