—

Visto el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sobre el refuerzo de la cohesión económica, social y territorial de la Unión,

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establecen las disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo Plus, al Fondo de Cohesión, al Fondo de Transición Justa y al Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura, así como las normas financieras para dichos Fondos y para el Fondo de Asilo, Migración e Integración, el Fondo de Seguridad Interior y el Instrumento de Apoyo Financiero a la Gestión de Fronteras y la Política de Visados (1) (Reglamento sobre disposiciones comunes), y en particular su primer objetivo político, establecido en el artículo 5,

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y al Fondo de Cohesión (2),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/1059 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, sobre disposiciones específicas para el objetivo de cooperación territorial europea (Interreg) que recibe apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y de los instrumentos de financiación exterior (3),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y por el que se deroga el Reglamento (UE) n.o 1296/2013 (4),

—

Visto el Reglamento (UE) 2020/2221 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de diciembre de 2020, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.o 1303/2013 en lo que respecta a los recursos adicionales y las disposiciones de ejecución a fin de prestar asistencia para favorecer la reparación de la crisis en el contexto de la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias sociales y para preparar una recuperación verde, digital y resiliente de la economía (REACT-UE) (5),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/1056 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de junio de 2021, por el que se establece el Fondo de Transición Justa (6),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de marzo de 2021, por el que se establece el Programa InvestEU y se modifica el Reglamento (UE) 2015/1017 (7),

—

Visto el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, por el que se establece el Programa Europa Digital (Reglamento Programa Europa Digital) (8), destinado a apoyar la transformación digital de la Unión,

—

Visto el instrumento de recuperación Next Generation EU,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de febrero de 2020, titulada «Configurar el futuro digital de Europa» (COM(2020)0067),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 9 de marzo de 2021, titulada «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para el Decenio Digital» (COM(2021)0118),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de marzo de 2020, titulada «Una estrategia para las pymes en pro de una Europa sostenible y digital» (COM(2020)0103),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo» (COM(2019)0640),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 1 de julio de 2020, titulada «Agenda de Capacidades Europea para la competitividad sostenible, la equidad social y la resiliencia» (COM(2020)0274),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de septiembre de 2020, titulada «Plan de Acción de Educación Digital 2021-2027 — Adaptar la educación y la formación a la era digital» (COM(2020)0624),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de junio de 2021, titulada «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040» (COM(2021)0345),

—

Vistos los informes de la Comisión sobre el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales de 2020,

—

Visto el estudio de su Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión, de 15 de junio de 2018, titulado «Digital Agenda and Cohesion Policy» (Agenda Digital y Política de Cohesión),

—

Vista la Declaración ministerial de compromiso sobre las mujeres en el ámbito digital, adoptada el 9 de abril de 2019 por ministros de la Unión y representantes de los Estados miembros más Noruega y Reino Unido,

—

Vista la Declaración de Berlín sobre la sociedad digital y la administración digital basada en valores, de 8 de diciembre de 2020,

—

Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, de 16 de octubre de 2020, titulado «Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work» (Índice de igualdad de género 2020: la digitalización y el futuro del trabajo),

—

Vista la Recomendación del Consejo de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) sobre la conectividad de banda ancha, modificada el 24 de febrero de 2021,

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Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo, de 2 de octubre de 2020, sobre la COVID-19, el mercado único, la política industrial, el ámbito digital y las relaciones exteriores, y en particular sobre la transformación digital,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de diciembre de 2020, sobre digitalización en beneficio del medio ambiente,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 7 de abril de 2021, sobre teletrabajo en el contexto del trabajo a distancia,

—

Visto el plan combinado de teletrabajo y clima de la ciudad de Bruselas,

—

Visto el estudio del Departamento Temático de Políticas Económicas y Científicas y de Calidad de Vida, de 30 de abril de 2021, titulado «The impact of teleworking and digital work on workers and society: Special focus on surveillance and monitoring, as well as on mental health of workers» (Los efectos del teletrabajo y el trabajo digital en los trabajadores y la sociedad: atención especial a la vigilancia y al seguimiento, así como a la salud mental de los trabajadores),

—

Vista la Acción de la Unión en favor de los pueblos inteligentes presentada por la Comisión,

—

Visto el estudio de su Departamento Temático de Políticas Estructurales y de Cohesión, de 30 de septiembre de 2020, titulado «Regiones rezagadas de la UE: situación actual y retos de futuro»,

—

Vista la Declaración de Cork 2.0, de 5 y 6 de septiembre de 2016, titulada «Una vida mejor en el medio rural»,

—

Visto el estudio conjunto del Comité de las Regiones y de la Comisión, de 18 de enero de 2018, titulado «Innovation camp methodology handbook: realising the potential of the entrepreneurial discovery process for territorial innovation and development» (Manual sobre la metodología de los campamentos de innovación: aprovechamiento del potencial del proceso de descubrimiento empresarial para la innovación y el desarrollo territoriales) (9),

—

Vista la política de desarrollo rural de Irlanda para el período 2021-2025 titulada «Nuestro futuro rural» y su atención al teletrabajo en las zonas rurales,

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Visto el informe de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, de 28 de septiembre de 2020, titulado «Living, working and COVID-19» (Vida, trabajo y COVID-19),

—

Visto el estudio de la Comisión, de agosto de 2019, titulado «The changing nature of work and skills in the digital age» (La naturaleza cambiante del trabajo y las competencias en la era digital) (10),

—

Visto el documento de trabajo de la Comisión, de diciembre de 2018, titulado «The Geography of EU Discontent» (La geografía del descontento de la Unión) (11),

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Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2021, sobre la configuración del futuro digital de Europa: eliminación de los obstáculos al funcionamiento del mercado único digital y mejora del uso de la inteligencia artificial para los consumidores europeos (12),

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2020, sobre el Pacto Verde Europeo (13),

—

Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2021, sobre la política de cohesión y las estrategias medioambientales regionales en la lucha contra el cambio climático (14),

—

Vista su Resolución, de 20 de mayo de 2021, sobre la inversión de las tendencias demográficas en las regiones de la Unión mediante los instrumentos de la política de cohesión (15),

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vista la carta de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo Regional (A9-0010/2022),

A.

Considerando que la ambición de la Unión es aplicar políticas digitales efectivas que capaciten a las personas y las empresas para lograr un futuro digital sostenible y próspero en todas las regiones;

B.

Considerando que la transformación digital debe ser justa e inclusiva, crear oportunidades y promover la igualdad, la calidad de vida, la competitividad regional y la modernización de la economía;

C.

Considerando que la transición digital debe ir de la mano con la transición verde en curso, a las que se denomina conjuntamente «la doble transición»; que no debe pasarse por alto la dimensión social de estas transiciones;

D.

Considerando que una economía moderna lleva consigo la introducción de nuevos modelos de negocio acordes con las tendencias de la «cuarta revolución industrial», que responderán a los modernos desafíos de las transformaciones digital y ecológica;

E.

Considerando que las regiones europeas que más necesitan una transición sostenible se corresponden, por lo general, con las regiones con altos niveles de pobreza y exclusión; que se necesitan medidas e inversiones decisivas para lograr una rápida recuperación que debe centrarse en la atenuación de los efectos económicos y sociales de la pandemia, el relanzamiento de la actividad económica, el fomento del desarrollo sostenible, la transición ecológica y la transformación digital, y la aplicación de los principios políticos del pilar europeo de derechos sociales, con vistas a mejorar a la competitividad de Europa;

F.

Considerando que el nuevo marco financiero plurianual y el instrumento Next Generation UE constituyen juntos el mayor paquete de estímulos de la historia de la Unión y ayudarán a reconstruir una Unión más ecológica, digital y resiliente en la era posterior a la COVID-19; que, al mismo tiempo, la nueva política de cohesión ofrece a los Estados miembros una oportunidad sin precedentes de impulsar la digitalización, ya que, para recibir esta financiación, les exige destinar una dotación mínima a la transición digital y garantizar el cumplimiento de ciertas condiciones, como se indica en el marco sobre inversión en política de cohesión para el período 2021-2027;

G.

Considerando que sigue existiendo una brecha digital en la Unión en términos de situación geográfica, edad, género, nivel educativo, situación socioeconómica e ingresos, lo que impide que algunas personas y empresas aprovechen los beneficios de la transformación digital; que esta brecha digital puede excluir aún más a las regiones afectadas por el declive demográfico, aumentando los desequilibrios territoriales de la Unión;

H.

Considerando que el nivel de cobertura de banda ancha en Europa pone de manifiesto que sigue siendo necesaria una inversión significativa, especialmente en las zonas rurales, donde el 10 % de los hogares no cuenta con ningún tipo de red fija y el 41 % carece de tecnología de banda ancha rápida de cualquier tipo, y solo el 59 % tiene acceso a banda ancha de nueva generación (un mínimo de 30 Mbps), frente al 87 % de los hogares del resto de la Unión (16); que, además de la mala conectividad en el ámbito de las TIC, las zonas rurales y periféricas a menudo se enfrentan a otros retos estructurales, como la carencia de infraestructuras y servicios, los ingresos bajos y la falta de infraestructuras educativas y de bienes culturales, lo que ocasiona que las personas muy cualificadas se trasladen a zonas que ofrecen más oportunidades (fuga de cerebros) (17); que la financiación de la Unión debe facilitar el suministro de infraestructuras esenciales a fin de combatir los problemas demográficos;

I.

Considerando que las pequeñas y medianas empresas (pymes) constituyen la columna vertebral de la economía europea, pues representan el 99 % de todas las empresas de la Unión y dan empleo a alrededor de 100 millones de personas; que las pymes representan más de la mitad del PIB de Europa y desempeñan un papel clave no solo para lograr la doble transición de la Unión hacia una economía sostenible y digital, sino también para aportar valor a todos los sectores de la economía; que solo el 17 % de las pymes han integrado las tecnologías digitales en su negocio de manera satisfactoria, frente al 54 % de las grandes empresas; que algunas industrias y sectores tradicionales, como la construcción, la industria agroalimentaria, el sector textil o el siderúrgico, van a la zaga en lo que respecta a la transformación digital (18);

J.

Considerando que, si bien la pandemia de COVID-19 ha dado lugar a una expansión masiva del teletrabajo y del trabajo móvil basado en las TIC (TICTM) (19), ofreciendo un gran potencial para conectar aún más los lugares de trabajo de los centros urbanos a ciudades más pequeñas, zonas periféricas y zonas rurales, hay notables diferencias en la capacidad de teletrabajo entre los trabajadores con un salario alto y los trabajadores con salarios más reducidos, los trabajadores manuales y los no manuales y entre hombres y mujeres (20); que el TICTM y la digitalización de los servicios pueden, en determinadas condiciones, facilitar una distribución geográfica más equilibrada del empleo y la población;

K.

Considerando que para contribuir a la aplicación del pilar europeo de derechos sociales, el FSE+ debe apoyar las inversiones en las personas y en los sistemas en los ámbitos del empleo, la educación y la inclusión social, apoyando, a su vez, la mejora de la calidad, la inclusividad, la eficacia y la pertinencia para el mercado de trabajo de los sistemas de educación y de formación, también mediante la promoción del aprendizaje digital y el desarrollo profesional del profesorado; que de este modo se apoyaría la cohesión económica, territorial y social, de conformidad con el artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

L.

Considerando que las experiencias de la pandemia de COVID-19 han puesto de manifiesto la importancia capital del desarrollo de infraestructuras digitales para el funcionamiento de las economías y las sociedades, incluidos los servicios públicos de salud, la educación pública y la administración pública; que la pandemia también ha exacerbado muchos de los problemas existentes en las zonas rurales y ha aumentado la vulnerabilidad de estas regiones, especialmente en términos de capacidad digital, calidad y prestación de servicios sanitarios, educación, acceso a la banda ancha, resiliencia de las cadenas de valor y competencias digitales;

M.

Considerando que, si bien la Agenda de Capacidades Europea fija el objetivo de que el 70 % de la población adulta de la Unión posea al menos competencias digitales básicas para 2025, el 42 % de la población de la Unión todavía no dispone de competencias digitales básicas y el 37 % de los trabajadores sigue careciendo de competencias digitales suficientes, según la Comisión; que siguen existiendo graves disparidades geográficas en materia de competencias relacionadas con las TIC; que las mujeres están desproporcionadamente infrarrepresentadas en el sector de las TIC en la Unión, pues solo ocupan el 17 % (21) de las funciones especializadas en TIC y tienen menos probabilidades de tener competencias digitales especializadas y trabajar en ámbitos relacionados con las TIC; que menos del 25 % de las empresas de la Unión ofreció formación en materia de TIC a su personal en 2019, con diferencias significativas entre los Estados miembros (22); que la brecha de género aún existe, en particular en las empresas emergentes, y que el 91 % del capital total invertido en empresas tecnológicas europeas en 2020 se destinó a empresas en las que todos los fundadores eran hombres (23);

N.

Considerando que el desarrollo del sector de las TIC y las medidas de fomento de la innovación también son necesarias para apoyar la digitalización económica y social en general y la digitalización en los sectores industriales en particular;

O.

Considerando que la digitalización de los servicios públicos debe ir acompañada de los derechos a la vida privada y a la protección de los datos personales, de conformidad con el Reglamento general de protección de datos (24);

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