COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 20.7.2021

SWD(2021) 718 final

DOCUMENTO DE TRABAJO DE LOS SERVICIOS DE LA COMISIÓN

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021


Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Luxemburgo

que acompaña al documento

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Informe sobre el Estado de Derecho en 2021


Situación del Estado de Derecho en la Unión Europea

{COM(2021) 700 final} - {SWD(2021) 701 final} - {SWD(2021) 702 final} - {SWD(2021) 703 final} - {SWD(2021) 704 final} - {SWD(2021) 705 final} - {SWD(2021) 706 final} - {SWD(2021) 707 final} - {SWD(2021) 708 final} - {SWD(2021) 709 final} - {SWD(2021) 710 final} - {SWD(2021) 711 final} - {SWD(2021) 712 final} - {SWD(2021) 713 final} - {SWD(2021) 714 final} - {SWD(2021) 715 final} - {SWD(2021) 716 final} - {SWD(2021) 717 final} - {SWD(2021) 719 final} - {SWD(2021) 720 final} - {SWD(2021) 721 final} - {SWD(2021) 722 final} - {SWD(2021) 723 final} - {SWD(2021) 724 final} - {SWD(2021) 725 final} - {SWD(2021) 726 final} - {SWD(2021) 727 final}

I.Sistema judicial

El sistema judicial consta de dos órganos jurisdiccionales distintos: los tribunales ordinarios, con competencias en cuestiones civiles y penales, y los tribunales de lo contencioso-administrativo, que conocen de asuntos de naturaleza contencioso-administrativa. La rama de tribunales ordinarios está compuesta por tres Jueces de Paz, dos Tribunales comarcales con competencia general, un Tribunal de Apelación y un Tribunal de Casación. La rama contencioso-administrativa consta de un Tribunal de Primera Instancia de lo Contencioso-Administrativo y un Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo. El Tribunal Constitucional forma parte del poder judicial y vela por la observancia constitucional de las leyes. Los candidatos a jueces son seleccionados por un comité compuesto exclusivamente por jueces y, posteriormente, nombrados de forma oficial por el poder ejecutivo. Para los puestos del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo, los jueces son nombrados por el poder ejecutivo previa consulta al Tribunal Supremo o al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, respectivamente. El Ministerio Fiscal es independiente, pero ejerce sus funciones bajo la autoridad del ministro de Justicia. Los dos colegios de abogados son independientes y representan a los abogados que ejercen en Luxemburgo. Cada Colegio de Abogados cuenta con una asamblea 1 , un consejo de colegios de abogados 2 , un presidente del Colegio de Abogados 3 y, para toda la profesión, un Consejo Disciplinario y Administrativo 4 . Luxemburgo participa en la Fiscalía Europea.

Independencia

El nivel de percepción de la independencia del poder judicial sigue siendo elevado. El 77 % de la población y el 69 % de las empresas consideran que el nivel de independencia de los tribunales y jueces es «bastante bueno o muy bueno» 5 . El nivel de percepción de la independencia judicial sigue siendo alto desde 2016 y ha aumentado constantemente para el público en general, pero ha disminuido gradualmente en el caso de las empresas durante los últimos cinco años 6 .

Avanza el procedimiento de revisión de la Constitución a fin de crear un Consejo del Poder Judicial. Entre 2009 y 2019 se debatió en Luxemburgo un nuevo proyecto de Constitución 7 . Este proyecto se abandonó en 2020 y ha sido sustituido por una propuesta para realizar varias revisiones específicas de diferentes partes de la Constitución. Se ha propuesto una revisión del capítulo VI de la Constitución, sobre la Justicia, con el objetivo de crear un Consejo del Poder Judicial y, de manera más general, reforzar la independencia judicial 8 . El último proyecto de texto de la Constitución esboza las principales competencias del Consejo del Poder Judicial, a saber, la selección de magistrados antes de su nombramiento por el Gran Duque y la tramitación de procedimientos disciplinarios contra los magistrados. Las condiciones específicas en las que se ejercerán estos poderes, así como la composición, la organización y las demás competencias del Consejo, se determinarán por ley 9 . El proyecto legislativo actual prevé una composición de nueve miembros: tres miembros 10 de oficio, tres jueces elegidos por sus homólogos, un abogado 11 y dos representantes de la sociedad civil y del mundo académico designados por el Parlamento 12 . Las autoridades están llevando a cabo consultas sobre nuevas modificaciones del proyecto, en particular para adaptar las disposiciones sobre la composición del futuro consejo a las normas pertinentes del Consejo de Europa, que establecen que al menos la mitad de los miembros del futuro consejo deben ser jueces (magistrados) elegidos por sus homólogos 13 .

Avanza la revisión de la Constitución, que suprime la facultad del ministro de Justicia de dar instrucciones a los fiscales en asuntos individuales. El enjuiciamiento se ejerce formalmente bajo la autoridad del Ministro de Justicia, que tiene competencia para ordenar a la fiscalía que se enjuicie un asunto concreto, pero no puede ordenar que tal enjuiciamiento no tenga lugar 14 . Las garantías jurídicas que rodean esta facultad, combinadas con el hecho de que, en la práctica, la fiscalía está reconocida como independiente, parecen atenuar el riesgo para la autonomía de la fiscalía 15 . Dado que el proyecto más reciente de enmiendas a la Constitución introduce 16 en el texto la independencia de la fiscalía 17 , las partes interesadas consideran que esto haría inconstitucional el poder de instrucción del Ministro 18 . Cabe señalar que el Ministro de Justicia no ha dado instrucciones en un asunto concreto desde hace más de veinte años 19 . Con arreglo al proyecto de enmiendas, el Ministerio de Justicia seguiría teniendo cierto grado de autoridad sobre la fiscalía, y podría dar instrucciones en materia de política penal. El 23 de marzo de 2021, el Consejo de Estado emitió un dictamen favorable 20 sobre la reintroducción de la independencia de la fiscalía. Sin embargo, el Consejo expresó su preferencia por la versión anterior de las enmiendas, que no permitía al Ministro ofrecer orientaciones a la fiscalía 21 . La revisión se encuentra actualmente en el Parlamento, sujeta a nuevos debates y posibles nuevas enmiendas.

Calidad

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto deficiencias en el ámbito de la digitalización de la justicia. En junio de 2020, al inicio de la pandemia de COVID-19, se aprobó legislación temporal para permitir el uso de soluciones de comunicación digital ya existentes, como el correo electrónico, principalmente para información no sensible 22 . El objetivo de esta legislación temporal es limitar el contacto físico directo entre jueces, personal judicial y usuarios de los tribunales 23 . Al margen de las medidas temporales relacionadas con la pandemia de COVID-19, el proyecto de «justicia sin papel», que abarca 13 subproyectos, tiene por objeto abordar las deficiencias actuales facilitando al público más información sobre el sistema judicial a través de la creación de un portal en el que los ciudadanos puedan conectarse con abogados, jueces y notarios, y aumentar el índice de publicación en línea de las sentencias judiciales. Sin embargo, los resultados concretos del proyecto aún no se han materializado. Las partes interesadas han expresado su preocupación por el hecho de que las disposiciones legales temporales y el estado actual de la «justicia sin papel» no permitan trabajar a distancia y que aún no se hayan organizado vistas por videoconferencia 24 . Describen el sistema de comunicación por correo electrónico del sistema judicial como una nueva herramienta que es bienvenida, pero señalan que la mayor parte de la comunicación entre los tribunales y los abogados sigue realizándose por fax. Además, subrayan el limitado alcance de las herramientas en línea disponibles 25 . Está previsto que el proyecto de «justicia sin papel» se complete y sea operativo a más tardar en 2026.

Se están preparando propuestas concretas para reformar el sistema de asistencia jurídica gratuita. El marco de la asistencia jurídica gratuita sigue contemplando únicamente la posibilidad de reembolsar íntegramente los honorarios de los abogados y las costas jurídicas cubiertas; el criterio de admisibilidad en asuntos de protección de los consumidores es que la persona se encuentre por debajo del umbral de pobreza definido por Eurostat 26 . El primer anteproyecto de la nueva legislación ha sido elaborado por el Ministerio de Justicia y se están celebrando consultas antes de su presentación al Parlamento 27 . Según las autoridades, la reforma tendría por objeto simplificar los procedimientos administrativos y ofrecer asistencia jurídica parcial, haciendo así más accesible la justicia a los ciudadanos.

Eficiencia

La justicia civil sigue funcionando de manera eficiente y se han tomado medidas para mitigar el impacto de la pandemia de COVID-19, mientras que la justicia penal y la de lo contencioso-administrativo son menos eficientes. La acumulación temporal de asuntos se debió a la aparición de la pandemia de COVID-19. Para reducir el retraso, se acortaron las vacaciones judiciales. En materia civil, la mayoría de los asuntos continuaron en forma de procedimientos escritos 28 . Como consecuencia de ello, ya no existen retrasos 29 . Esto también queda demostrado por los últimos datos sobre la eficiencia de la justicia civil, que sigue siendo sistemáticamente elevada, aunque la duración de los procedimientos es mucho más larga en las instancias segunda y tercera 30 . El número de asuntos civiles pendientes es bajo 31 , y la tasa de resolución siempre cercana al 100 %, lo que demuestra que la justicia civil gestiona su volumen de trabajo de manera eficaz 32 . Sin embargo, los retrasos en asuntos penales fueron más destacados, ya que la mayor parte de las audiencias se suspendieron entre marzo y mayo de 2020. Por último, todavía no se dispone de datos sobre la duración de los procedimientos judiciales y el número de asuntos de lo contencioso-administrativo pendientes 33 .

II.Marco de lucha contra la corrupción

El marco institucional para prevenir y combatir la corrupción no ha cambiado desde el informe del año pasado. Luxemburgo no dispone de una estrategia específica de lucha contra la corrupción, ni de un organismo anticorrupción; posee un marco jurídico e institucional de lucha contra la corrupción ampliamente asentado. El Ministerio de Justicia es la principal autoridad encargada de todo lo relacionado con la corrupción en general, incluida la coordinación de políticas. Dentro del Ministerio de Justicia, un comité intergubernamental, el Comité de Prevención de la Corrupción (COPRECO), actúa como foro consultivo y apoya la política nacional general de lucha contra la corrupción. Aunque no existe una fiscalía especializada en la lucha contra la corrupción como tal, la sección económica y financiera del Ministerio Fiscal tiene competencias específicas para investigar asuntos penales de naturaleza económica y financiera, incluidos los asuntos de corrupción.

La percepción entre los expertos y los ejecutivos de empresas es que el nivel de corrupción en el sector público sigue siendo bajo. En el Índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional de 2020, Luxemburgo ha obtenido una puntuación de 80/100 y ocupa el puesto 4 de la Unión Europea y el puesto 9 del mundo 34 . Esta percepción se ha deteriorado 35 en los últimos cinco años 36 .

La cooperación interinstitucional funciona bien entre todas las autoridades implicadas, aunque existen dificultades en materia de recursos humanos en el Ministerio Fiscal. El Ministerio Fiscal cuenta con 36 magistrados, una tercera parte de los cuales trabaja en el ámbito de la lucha contra los delitos económicos, financieros y de corrupción. El Ministerio Fiscal ha solicitado recursos adicionales, pero hasta la fecha no se ha concedido ningún aumento significativo. El último informe anual disponible 37 también pone de relieve la falta de candidatos para cubrir puestos vacantes, tendencia que se ha confirmado este año, en particular en la sección económica y financiera del Ministerio Fiscal 38 . No obstante, las autoridades informaron de que, en el caso de investigaciones complejas, los recursos pueden adaptarse rápidamente para responder a necesidades específicas que garanticen la eficacia del Ministerio Fiscal 39 . El avance más importante desde el año pasado es la mejora de la infraestructura informática que permite a los fiscales trabajar y tener pleno acceso a los archivos a distancia 40 . No se han notificado deficiencias en lo que respecta al marco jurídico para luchar contra los delitos financieros, y la cooperación con la Unidad de Información Financiera está funcionando bien 41 .

El Gobierno está evaluando actualmente la necesidad de reforzar las normas en materia de lucha contra la corrupción. El objetivo principal de este ejercicio es la prevención. Sin embargo, el COPRECO no se ha reunido recientemente, ni de forma presencial ni en línea, y no ha recibido observaciones por escrito sobre posibles deficiencias de la legislación anticorrupción por parte de ningún ministerio 42 . Por lo que se refiere a la formación específica en materia de lucha contra la corrupción, todos los nuevos funcionarios deben asistir a un módulo específico como parte de su formación obligatoria. Durante la pandemia de COVID-19, los seminarios se han impartido en línea 43 .

Sigue habiendo margen de mejora en lo que respecta a la regulación de los conflictos de intereses y las puertas giratorias. Existen cuatro códigos deontológicos en vigor 44 y su supervisión está garantizada internamente por las instituciones respectivas, excepto en el caso del código de conducta de los miembros del Gobierno, que es supervisado por un órgano externo, el Comité de Ética. Solo este último código incluye disposiciones sobre las puertas giratorias para los ministros 45 , situación que se identificó como una deficiencia en el Informe sobre el Estado de Derecho del año pasado. En 2020, el Comité de Ética examinó dos nuevos asuntos relacionados con el mismo alto funcionario. Esto permitió al Comité emitir un dictamen sobre el marco legislativo aplicable. El Comité sostuvo que, si bien el artículo 12 del Código Deontológico, que prohíbe a los antiguos miembros del Gobierno participar en actividades que los pongan en contacto con su antigua administración, es fácil de aplicar y supervisar, el artículo 11, que prohíbe a los antiguos ministros utilizar o divulgar información que no sea de acceso público, es difícil de aplicar 46 . A este respecto, el Comité ha presentado al Primer Ministro una recomendación para mejorar las normas 47 .

Siguen existiendo deficiencias en el ámbito de las actividades de los grupos de presión y las declaraciones de patrimonio. La falta de coherencia y supervisión en la obligación de los diputados de revelar su patrimonio y los obsequios recibidos siguen siendo los problemas principales, como también señaló el Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) 48 . En la actualidad, no existe una regulación exhaustiva de las actividades de los grupos de presión. Los diputados aplican su propio código de conducta, que regula las reuniones internas, pero no los contactos informales 49 . Al mismo tiempo, no existen normas en vigor para los grupos de presión de los miembros del Gobierno y los asesores de alto nivel 50 .

Se ha revisado el Reglamento de financiación de los partidos políticos. El 15 de diciembre de 2020, la Ley sobre la financiación de los partidos políticos introdujo la obligación de que todos los candidatos a las elecciones nacionales y europeas declarasen todas las donaciones superiores a 250 EUR 51 . La ley también establece que las declaraciones falsas constituyen una infracción penal con arreglo al Código Penal 52 . Además, todos los partidos políticos deben presentar sus declaraciones de ingresos y gastos, que a continuación se remiten al Tribunal de Cuentas para su verificación 53 .

La mayor aplicación del marco jurídico de transparencia y administración abierta ha aportado varias mejoras, aunque persisten deficiencias en el acceso a la información. En los primeros años de aplicación de la Ley de 14 de septiembre de 2018 sobre el acceso a los documentos 54 , la sociedad civil ha llamado la atención sobre su reducido ámbito de aplicación y su posible impacto negativo en la lucha eficaz contra la corrupción 55 . Si bien la ley concede el derecho a solicitar acceso a documentos, no prevé un derecho general de solicitud de información. Por lo tanto, la parte solicitante puede no obtener ninguna información a menos que tenga conocimiento de la existencia de un documento específico 56 . La Comisión para el Acceso a los Documentos (CAD) es un organismo administrativo independiente con funciones consultivas que carece de competencias de supervisión. La CAD está compuesta por cinco miembros 57 y puede emitir dictámenes en dos asuntos: en primer lugar, cuando así lo solicite una administración que requiera un dictamen; y, en segundo lugar, al examinar un recurso en caso de que se haya denegado una solicitud de acceso a documentos. Un asunto puede presentarse a través de un sitio web específico o por escrito y la presentación de un asunto ante la CAD no constituye un requisito previo para remitir el asunto al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo. En comparación con 2019, las solicitudes a la CAD disminuyeron en 2020 58 . De todos los dictámenes emitidos por la CAD, tres están pendientes ante el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo en relación con los dictámenes emitidos en 2019 y uno está pendiente ante el Tribunal en relación con un dictamen emitido en 2020 59 . El hecho de que la notificación por parte de las entidades públicas a la CAD no sea obligatoria se ha identificado como una deficiencia 60 . 

La legislación vigente en materia de protección de los denunciantes sigue limitada a sectores específicos, como el Derecho laboral público y privado. Entre las disposiciones sectoriales se encuentran las del Código de Conducta de la Policía Gran Ducal, que prevé la posibilidad de que los agentes de policía se pongan en contacto anónimamente con el departamento jurídico para denunciar actos que puedan constituir una infracción en el ejercicio de sus funciones 61 . La preparación del nuevo marco para la protección de los denunciantes está actualmente en curso con el objetivo de permitir una protección más general y eficaz de los denunciantes 62 .

No se notificaron medidas específicas para hacer frente a los riesgos de corrupción relacionados con la pandemia de COVID-19. La Policía Gran Ducal envió un recordatorio a todos los funcionarios policiales sobre los principios éticos aplicables después de identificar posibles riesgos de corrupción durante la pandemia 63 . Además, se reasignaron recursos humanos policiales para apoyar a las autoridades nacionales en la lucha contra la pandemia de COVID-19 64 . La formación de los funcionarios públicos recién contratados y de los agentes de policía se realizó en línea, lo que ha demostrado ser más eficiente desde el punto de vista del tiempo y más rentable 65 .

III.Libertad y pluralismo de los medios de comunicación

El marco jurídico relativo a la libertad y el pluralismo de los medios de comunicación 66 se basa en un conjunto de salvaguardias constitucionales y legislativas. La libertad de expresión está explícitamente reconocida en la Constitución. La Ley sobre la libertad de expresión en los medios de comunicación garantiza la protección de los periodistas. La Ley sobre medios electrónicos garantiza la independencia financiera y administrativa de la autoridad reguladora de los medios audiovisuales.

Se reforzaron las salvaguardias reglamentarias para la independencia y la eficacia de la autoridad reguladora de los medios de comunicación y sus recursos. La Ley de 26 de febrero de 2021 modificó la Ley sobre medios electrónicos de 1991 67 , así como la Ley de 2013 por la que se crea la autoridad reguladora de los medios audiovisuales 68 , la Autorité Luxembourgoise Indépendente de l’Audiovisuel (ALIA), con el fin de transponer la Directiva de servicios de comunicación audiovisual revisada (DSCA). En particular, la ley ha encomendado a ALIA nuevas funciones reguladoras, como el establecimiento de mecanismos para evaluar las medidas adoptadas por las plataformas de distribución de vídeos y el fomento de la alfabetización mediática. Ahora, la ley establece explícitamente que ALIA desempeñará sus funciones de manera imparcial, independiente y transparente. Además, la ley permite a ALIA solicitar a los proveedores de servicios de comunicación audiovisuales la información necesaria para el ejercicio de sus funciones, así como imponer sanciones por el incumplimiento de sus decisiones. El Parlamento ha aumentado la dotación presupuestaria para ALIA en un 70 % con respecto a 2020. Además, se han otorgado cuatro nuevos puestos para cumplir las nuevas tareas asignadas al regulador. También desempeña un papel en la supervisión de la independencia política del sector audiovisual. ALIA señala en un informe que las emisiones de televisión producidas por los municipios a nivel local podrían utilizarse con fines políticos, ya que la responsabilidad editorial recae en el propio municipio 69 . En Luxemburgo existe un panorama mediático muy concentrado unido a un mercado pequeño 70 .

El Gobierno ha atendido la preocupación planteada por las partes interesadas en relación con su política de comunicación y su transparencia durante la pandemia de COVID-19. Dos grandes organizaciones que defienden la libertad de prensa 71 criticaron la comunicación del Gobierno y la falta de transparencia hacia los periodistas, especialmente durante la pandemia de COVID-19. Se referían, en particular, al acceso limitado a la información derivado de la restricción de la presencia física de periodistas durante las conferencias de prensa. A raíz de estas críticas, tras algunas semanas se reanudaron las conferencias de prensa presenciales 72 .

Las autoridades tomaron algunas medidas para abordar el impacto de la pandemia de COVID-19 en los medios de comunicación. Para mitigar el impacto económico en los medios de comunicación, las autoridades establecieron un régimen de ayuda temporal para los canales de comunicación y los periodistas 73 . Los canales de comunicación podrían solicitar una ayuda que ascendería a 5 000 EUR anuales por periodista empleado por ellos. El régimen beneficiaba únicamente a los periodistas profesionales empleados por editores elegibles y excluía a los periodistas independientes, que debían solicitar ayuda de otro programa diseñado para profesionales autónomos.

Ha avanzado la labor legislativa de reforma del régimen de ayudas a la prensa. Presentado por el Gobierno en julio de 2020, el futuro régimen pretende ser tecnológicamente neutro y aplicarse por igual a los medios de comunicación de noticias impresos y en línea. Si bien acogen con satisfacción la reforma, las partes interesadas expresaron cierta preocupación por el limitado proceso de consulta pública, la ayuda relativamente reducida prevista por periodista, así como la falta de precisión sobre cómo se tratarán los medios de comunicación en línea y los perfiles nuevos o híbridos en el ámbito de los medios de comunicación (por ejemplo, gestores de contenidos web, verificadores de datos). La reforma del régimen de ayudas a la prensa es de carácter estructural y aún se está debatiendo. Por lo tanto, en esta fase no es posible saber si incluirá también a periodistas independientes.

El acceso de los periodistas a documentos oficiales sigue siendo motivo de preocupación 74 . Las partes interesadas señalaron, en particular, los efectos negativos de la Ley de 14 de septiembre de 2018 sobre una administración transparente y abierta en la profesión periodística, debido a la lentitud de los procedimientos de obtención de documentos. Las partes interesadas han sugerido que se establezca un procedimiento acelerado para los periodistas 75 . En este contexto, los periodistas recordaron que Luxemburgo sigue siendo uno de los Estados miembros que no garantiza a la prensa un acceso a la información rápido y diferente del derecho de acceso de los ciudadanos, y pidieron al Gobierno que lo introdujera. Además, las partes interesadas 76 han expresado su preocupación por el enfoque selectivo a la hora de divulgar información por parte de las autoridades. Asimismo, la Commision Consultive de Droits de l’Homme (CCDH) pidió al Gobierno que garantizara a los periodistas el acceso a la información en cualquier circunstancia. Además, como se recordó durante la consulta de las partes interesadas sobre la mencionada reforma del régimen de ayudas a la prensa 77 , este acceso a la información se incluyó en la declaración del programa del Gobierno para el período 2018-2023 78 .

El marco para la protección de los periodistas sigue siendo sólido. Desde el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, la Comisión no ha recibido ninguna indicación que sugiera un debilitamiento del marco para la protección de los periodistas. A este respecto, desde 2015 no se han creado alertas relativas a Luxemburgo en la Plataforma del Consejo de Europa para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas 79 . Aunque los procedimientos penales por difamación contra los medios de comunicación siguen siendo escasos, aún preocupa a los profesionales y a las ONG que estos asuntos puedan utilizarse para intimidar a los medios de comunicación y a los periodistas, ya que este año se presentó un nuevo asunto ante los tribunales 80 .

IV.Otras cuestiones institucionales relacionadas con el sistema de contrapoderes institucionales

Luxemburgo es una democracia parlamentaria unicameral 81 en la que las propuestas legislativas pueden proceder del Gobierno y de los diputados. El Consejo de Estado emite un dictamen consultivo sobre proyectos legislativos, ya sean propuestos por el Gobierno o por diputados. El Tribunal Constitucional controla la constitucionalidad de la legislación. Las autoridades independientes desempeñan un papel importante en el sistema de contrapoderes institucionales.

Se propusieron dos nuevas revisiones constitucionales para que los ciudadanos tengan acceso directo al Tribunal Constitucional y para racionalizar las antiguas disposiciones relacionadas con el Estado, el Jefe de Estado y el Gobierno. La primera revisión constitucional presentada en junio de 2020 82 tiene por objeto dar a los ciudadanos acceso directo al Tribunal Constitucional en relación con las medidas reguladoras adoptadas por el Gobierno en caso de estado de emergencia 83 . El objetivo de la revisión es proteger los derechos fundamentales. El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Estado emitió su dictamen sobre esta revisión 84 , manifestando que no considera necesario proceder a dicha reforma, ya que las medidas reguladoras adoptadas en el estado de emergencia no escapan al control de la legalidad efectuado por cualquier juez 85 . A raíz de este dictamen, el Parlamento debe debatir y decidir cómo proceder, sobre la base de los comentarios y la evaluación recibidos. 86 La segunda revisión constitucional, presentada el 17 de noviembre de 2020 87 , tiene por objeto modificar la organización del Estado 88 , la jefatura del Estado 89 , la monarquía constitucional, el Gobierno 90 , las relaciones entre el Estado y las comunidades religiosas 91 , y los municipios 92 . El objetivo de esta revisión es modernizar la Constitución y racionalizar las antiguas disposiciones relacionadas con el Estado, la jefatura del Estado y el Gobierno. Además, dejaría claro que el papel del Gran Duque es simbólico y formal, y que son los miembros del Gobierno quienes asumen la responsabilidad política de sus actos. El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Estado emitió un dictamen favorable sobre esta revisión 93 , señalando que muchas de las disposiciones ya habían sido aprobadas por el Consejo en virtud del proyecto de Constitución abandonado 94 .

El proceso de toma de decisiones parece ser inclusivo, pero a menudo no se siguen las recomendaciones de las partes interesadas. Se han planteado dudas en cuanto a la regularidad y el alcance de la consulta de las partes interesadas en el proceso de toma de decisiones. A lo largo del procedimiento legislativo ordinario, es obligatorio un dictamen consultivo del Consejo de Estado para cada propuesta legislativa. Además, se consulta a cinco cámaras profesionales 95 , para recabar su opinión en sus respectivos ámbitos de especialización. Sus dictámenes forman parte integrante de la propuesta legislativa y se tienen en cuenta a la hora de preparar enmiendas al proyecto legislativo 96 . Sin embargo, si bien es posible que otras partes interesadas 97 presenten opiniones, sus recomendaciones no se siguen regularmente 98 . En cuanto al procedimiento regulador, el dictamen del Consejo de Estado también es obligatorio, salvo en el caso de las medidas reguladoras adoptadas durante un estado de emergencia, cuando la solicitud de dicho dictamen es facultativa 99 . También deberá solicitarse el dictamen de las cámaras profesionales para cualquier proyecto de medida reguladora en sus respectivos ámbitos de especialización. Además, el hecho de no consultar a las cámaras profesionales competentes sobre un proyecto de regulación conlleva sanciones legales 100 . En cuanto al papel de la Comisión Consultiva de Derechos Humanos (CCDH) en el proceso regulador, aunque el Gobierno no tiene obligación alguna de responder o seguir las recomendaciones de la CCDH, se ha puesto de manifiesto que el Gobierno rara vez las tiene en cuenta, especialmente durante la pandemia de COVID-19. 101 . Además, sigue siendo muy poco frecuente que una comisión parlamentaria consulte a la CCDH en el proceso legislativo. En cuanto a la participación de otros organismos de derechos humanos (por ejemplo, el Defensor del Pueblo), el Gobierno realiza ocasionalmente consultas bilaterales o en el marco del Comité interministerial de derechos humanos. Sin embargo, sus aportaciones y recomendaciones rara vez se tienen en cuenta 102 .

Actualmente se utilizan procedimientos legislativos ordinarios para promulgar medidas en relación con la pandemia de COVID-19. Entre el 18 de marzo de 2020 y el 24 de junio de 2020, Luxemburgo se basó en un estado de emergencia para hacer frente a la pandemia de COVID-19. Este régimen constitucional 103 permitió al Gobierno adoptar medidas adecuadas, necesarias y proporcionadas en todos los ámbitos durante un período de tiempo limitado. Posteriormente, el Parlamento ha venido utilizando el procedimiento legislativo ordinario, que va acompañado de plazos más breves, para hacer frente a los retos relacionados con la pandemia de COVID-19. A pesar de que las enmiendas se introducen de manera acelerada, el Parlamento intenta llevar a cabo consultas con las partes interesadas. Sin embargo, las partes interesadas están preocupadas por la falta de inclusividad del proceso de consulta, especialmente cuando se adopta legislación muy rápidamente 104 , lo que a menudo limita la consulta al Consejo de Estado y a las cámaras profesionales 105 .

Se ha creado la Cámara de los Derechos Humanos. Esta iniciativa 106 de agrupar a las principales autoridades independientes que desempeñan funciones clave en la protección de los derechos fundamentales en un único organismo finalizó en 2020. La Cámara de los Derechos Humanos reúne a la CCDH, al Defensor de los Derechos del Niño y al Centro para la Igualdad de Trato. El objetivo de la Cámara de los Derechos Humanos es facilitar el acceso de los ciudadanos a las instituciones que protegen los derechos fundamentales y aumentar las sinergias entre las distintas instituciones. La CCDH es la institución nacional de derechos humanos acreditada de Luxemburgo 107 . El Defensor de los Derechos del Niño se encarga específicamente de la protección de los derechos de todas las personas menores de 18 años 108 . El Centro para la Igualdad de Trato es el organismo de la igualdad en Luxemburgo 109 .

Aunque la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto en el trabajo de las ONG, en Luxemburgo el espacio de la sociedad civil sigue abierto 110 . Desde abril de 2020, las campañas de recaudación de fondos y las actividades de promoción y sensibilización tuvieron que cancelarse debido a la pandemia de COVID-19. Las ONG informaron de que la interrupción de la actividad asociativa iba acompañada de consecuencias a nivel financiero 111 . Sin embargo, en noviembre de 2020, el Gobierno presentó varios proyectos de subvenciones y los criterios de admisibilidad para obtener una subvención 112 .

Anexo I: Lista de fuentes por orden alfabético*

* La lista de aportaciones recibidas en el marco de la consulta para el Informe sobre el Estado de Derecho en 2021 está disponible en https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/upholding-rule-law/rule-law/rule-law-mechanism/2021-rule-law-report-targeted-stakeholder-consultation_es .

Informe de actividad 2020 de la Comisión para el Acceso a los Documentos (Rapport d’activité 2020 de la Commission d’accès aux documents) ( https://gouvernement.lu/dam-assets/fr/publications/rapport-activite/minist-etat/cad/rapport-activite-2020-cad.pdf ).

Media Pluralism Monitor de 2021 ( https://cmpf.eui.eu/media-pluralism-monitor/mpm-2021/ ).

Civicus, Monitor tracking civic space – Luxembourg ( https://monitor.civicus.org/country/luzembourg/ ).

Cámara de Diputados , Chambre des Députés (2019), Reglamento interno, versión de 2019, ( https://chd.lu/wps/wcm/connect/public/5abf3456-f398-4259-a831-20788c0f208c/reglementjuli2019.pdf?MOD=AJPERES&ContentCache=NONE&CACHE=NONE&CVID=mOb0p1W&CVID=mOb0p1W ).

Consejo de Europa: Comité de Ministros (2010), Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre los jueces: independencia, eficiencia y responsabilidades.

Consejo de Europa: Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas — Luxemburgo. ( https://www.coe.int/en/web/media-freedom/luxembourg ).

Consejo de Europa: Comisión de Venecia (2020), Opinion No. 1002 / 2020 on urgent interim opinion on the draft new constitution of Bulgaria (CDL-AD(2020)035)

Consejo de Estado (2015), Reglamento interno ( https://conseil-etat.public.lu/fr/legislation/reglesdeontologiques.html ).

Dirección General de Comunicación (2020a), Eurobarómetro Flash n.º 482: Businesses’ attitudes towards corruption in the EU:

Dirección General de Comunicación (2020b), Eurobarómetro especial n.º 502: Corrupción.

Proyecto de ley sobre la Ley modificada de 2020 de julio de 17 sobre medidas para combatir la pandemia de COVID-19.  http://legilux.public.lu/eli/etat/projet/pl/20170427

ENNHRI (2020), Aportación de la ENNHRI para el Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Comité de Ética (2020), Dictamen del Comité de Ética (Avis du comité d'éthique), (22.4.2020) ( https://gouvernement.lu/dam-assets/systeme-politique/gouvernement/rb-code-deontologie/Avis-du-comite-d-ethique-24042020-.pdf ).

Comisión Europea (2020), Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, Capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Luxemburgo.

Comisión Europea (2019-2021), Cuadro de indicadores de la justicia en la UE.

Agencia de Derechos Fundamentales (2021), Legal environment and space of civil society organisations in supporting fundamental rights in Luxembourg

Fiscalía General (2020), Informe Anual 2019, ( https://justice.public.lu/content/dam/justice/fr/publications/rapport-activites-crf/rapport-crf-2019.pdf ).

Policía del Gran Ducado (2019), Código de Ética de la Policía (Code de déontologie de la police), ( https://police.public.lu/fr/publications/2019/code-deontologie-police.html ).

GRECO (2020a), Cuarta ronda de evaluación: Segundo informe intermedio de cumplimiento sobre Luxemburgo. Prevención de la corrupción respecto de parlamentarios, jueces y fiscales ( https://rm.coe.int/fourth-evaluation-round-corruption-prevention-in-respect-of-members-of/1680a0424d ).

GRECO (2020b), Quinta ronda de evaluación: Informe de cumplimiento sobre Luxemburgo relativo a la prevención de la corrupción y promoción de la integridad en Gobiernos centrales (altas funciones ejecutivas) y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ( https://rm.coe.int/fifth-evaluation-round-preventing-corruption-and-promoting-integrity-i/1680a04279 ).

Gobierno de Luxemburgo (2018a), Código deontológico, ( https://gouvernement.lu/dam-assets/fr/systeme-politique/gouvernement/rb-code-deontologie/Arrete-grand-ducal-du-14-novembre-2014-fixant-les-regles-deontologiques-des-membres-du-Gouvernement-et-leurs-devoirs-et-droits-dans-lexercice-de-la-fo.pdf ).

Gobierno de Luxemburgo (2018b), Declaración del programa del Gobierno para 2018-2023 ( https://gouvernement.lu/en/publications/accord-coalition/programme-gouvernemental.html ).

Gobierno de Luxemburgo (2020a), Estadísticas jurisdiccionales y fiscales de 2019 (Statistiques des jurisdictions et des parquets Année 2019) ( https://justice.public.lu/dam-assets/fr/publications/rapport-activites-judiciaires/Rapports-juridictions-judiciaires-2019.pdf ).

Gobierno de Luxemburgo (2020b), Nouvelles modalités pratiques pour les conférences de presse du gouvernement ( https://sip.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bcommuniques%2B2020%2B05-mai%2B02-modalites-conferences-presse.html ).

Gobierno de Luxemburgo (2021). Aportación de Luxemburgo al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021.

Gobierno de Luxemburgo, Ayuda financiera a los editores en el contexto de la pandemia de COVID-19 – ( https://guichet.public.lu/en/entreprises/sectoriel/medias/indemnite-editeurs-publications-covid.html ).

Dictamen n.º CE 60.217 sobre el proyecto n.º 7575 - http://data.legilux.public.lu/file2/2021-03-23/36  

Dictamen n.º CE 60.288 sobre el proyecto n.º 7620 - http://data.legilux.public.lu/file2/2021-03-09/38

Dictamen n.º CE 60.469 sobre el proyecto n.º 7700 - http://data.legilux.public.lu/file2/2021-03-09/32

Reglamento interno del Parlamento, versión de 2019, p. 61, artículo 5,  https://chd.lu

Proyecto n.º 6030 — Un nuevo proyecto de Constitución - http://legilux.public.lu/eli/etat/projet/ppc/10000  

Proyecto n.º 7323 — Proyecto de ley sobre la organización del Consejo del Poder Judicial - http://legilux.public.lu/eli/etat/projet/pl/10455  

Proyecto n.º 7575 — Revisión del capítulo VI (Justicia) de la Constitución, texto completo del proyecto - http://data.legilux.public.lu/file2/2021-02-24/23  

Proyecto n.º 7575 — Revisión del capítulo VI (Justicia) de la Constitución, texto completo del proyecto, nuevas enmiendas a partir del 23 de febrero de 2021 - http://data.legilux.public.lu/file2/2021-02-24/23  

Proyecto n.º 7575 — Revisión del capítulo VI (Justicia) de la Constitución - http://legilux.public.lu/eli/etat/projet/ppc/20130254  

Proyecto n.º 7620 — Proyecto de revisión del artículo 32 de la Constitución - http://legilux.public.lu/eli/etat/projet/ppc/20130257

Proyecto n.º 7700 — Revisión de los capítulos I, III, V, VII, IX, X, XI y XII de la Constitución  http://legilux.public.lu/eli/etat/projet/ppc/20130258  

Proyecto n.º 7777 — Propuesta de revisión de los capítulos IV y V bis de la Constituciónhttp://legilux.public.lu/eli/etat/projet/ppc/20130260

Reporteros Sin Fronteras: Clasificación mundial de la libertad de prensa.  https://rsf.org/en/ranking .

Transparencia Internacional (2021), Índice de percepción de la corrupción de 2020.

Anexo II: Visita a Luxemburgo

Los servicios de la Comisión celebraron reuniones virtuales en marzo de 2021 con los organismos siguientes:

·Chambre des Députés (Parlamento)

·Comité para la Prevención de la Corrupción (COPRECO)

·Comisión Consultiva de Derechos Humanos (CCDH)

·Consejo de Estado

·Comité de Ética

·Finanzas & Derechos Humanos

·Groupement des Magistrats Luxembourgeois

·Asociación de Periodistas de Luxemburgo (ALJP)

·Regulador luxemburgués de los medios de comunicación (ALIA)

·Ministerio de Cultura

·Ministerio de Asuntos Exteriores

·Ministerio del Interior

·Ministerio de Justicia

·Ministerio de Estado

·Defensor del Pueblo

·Policía del Gran Ducado

·StopCorrupt

·Tribunal Supremo de Justicia

·Comisión para el acceso a los documentos.

·Colegio de Abogados de Luxemburgo

* Además, la Comisión mantuvo reuniones horizontales con las siguientes organizaciones:

·Amnistía Internacional

·Centro de Derechos Reproductivos

·CIVICUS

·Unión por las Libertades Civiles en Europa

·Sociedad Civil Europa

·Conferencia de Iglesias Europeas

·EuroCommerce

·European Center for Not-for-Profit Law

·Centro Europeo para la Libertad de Prensa y de los Medios de Comunicación

·Foro Cívico Europeo

·Federación Europea de Periodistas

·European Partnership for Democracy

·Foro Europeo de la Juventud

·Front Line Defenders

·Human Rights House Foundation

·Human Rights Watch

·ILGA-Europe

·Comisión Internacional de Juristas

·Federación Internacional por los Derechos Humanos

·Red Europea de la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF EN)

·Instituto Internacional de la Prensa

·Netherlands Helsinki Committee

·Open Society European Policy Institute

·Philanthropy Advocacy

·Protection International

·Reporteros Sin Fronteras

·Transparencia Internacional UE

(1)    Artículos 12-15 de la Ley sobre la profesión de abogado, 10 de agosto de 1991.

(2)    Artículos 16-19 de la Ley sobre la profesión de abogado, 10 de agosto de 1991.

(3)    Artículos 20 a 23 de la Ley sobre la profesión de abogado, de 10 de agosto de 1991.

(4)    Artículos 24 a 25 de la Ley sobre la profesión de abogado, de 10 de agosto de 1991.

(5)      Gráficos 44 y 46 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021. El nivel de percepción de la independencia judicial se clasifica de la siguiente manera: muy bajo (menos del 30 % de los encuestados perciben la independencia judicial como «bastante buena» o «muy buena»), bajo (entre el 30 % y el 39 %), medio (entre el 40 % y el 59 %), alto (entre el 60 % y el 75 %) y muy alto (por encima del 75 %).

(6)    Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

(7)    Proyecto n.º 6030 — Un nuevo proyecto de Constitución.

(8)    Proyecto n.º 7575 — Revisión del capítulo VI (sobre Justicia) de la Constitución.

(9)    Artículo 90, texto del proyecto n.º 7575.

(10)    El presidente del Tribunal Supremo, el presidente del Tribunal de Apelación de lo Contencioso-Administrativo, el Fiscal General del Estado.

(11)    Designados por los dos Colegios de Abogados.

(12)    Proyecto n.º 7323 — Proyecto de ley sobre la organización del Consejo del Poder Judicial.

(13)    Recomendación CM/Rec(2010)12 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, apartados 26-27. Véase también el Dictamen de la Comisión de Venecia (CDL-AD(2020)035), apartado 44.

(14)    Gráfico 55 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2020. En caso de que se dé una instrucción de enjuiciamiento específica, debe motivarse y presentarse por escrito, y las partes en los procedimientos judiciales deben tener acceso a la instrucción.

(15)    Véase el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Luxemburgo, p. 3. Las salvaguardias jurídicas en vigor, combinadas con la práctica actual, parecen atenuar el riesgo para la autonomía de la fiscalía.

(16)    El proyecto n.º 6030, ya abandonado, de un nuevo proyecto de Constitución incluía la independencia de la fiscalía. El nuevo proyecto n.º 7575 de revisión de la Constitución, de mayo de 2020, no incluía la independencia de la fiscalía.

(17)    Proyecto n.º 7575 — Nuevas enmiendas de 23 de febrero de 2021.

(18)    Información recibida en el contexto de la visita a Luxemburgo. (Por ejemplo, Groupement des magistrats luxembourgeois; Ministerio Fiscal). La competencia del Ministro de Justicia se basa en el artículo 19 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

(19)      Información recibida por las autoridades luxemburguesas.

(20)    El Consejo de Estado criticó las enmiendas por no garantizar explícitamente la independencia funcional y por no especificar que las orientaciones dadas por el Ministerio de Justicia en materia de política penal deben ser «generales». Dictamen n.º CE 60.217 sobre el proyecto n.º 7575.

(21)    Proyecto n.º 6030 — Proyecto de nueva Constitución.

(22)      Véanse dos leyes de 20 de junio de 2020 — http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a542/consolide/20201222 ; http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a523/consolide/20201125  

(23)    Aportación de Luxemburgo al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 5.

(24)    Información recibida en el contexto de la visita a Luxemburgo. (por ejemplo, Groupement des Magistrats Luxembourgeois; Tribunal Supremo).

(25)    Las únicas dos herramientas en línea disponibles que pueden utilizar desde sus hogares son un sistema que muestra cuándo se presentó un asunto y una base de datos pública para acceder a decisiones anonimizadas a disposición de todos, incluidos los ciudadanos.

(26)      Gráfico 23 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(27)    Información recibida en el contexto de la visita a Luxemburgo (por ejemplo, del Ministerio de Justicia).

(28)    Información recibida en el contexto de la visita a Luxemburgo (por ejemplo, del Ministerio de Justicia).

(29)    Información recibida en el contexto de la visita a Luxemburgo (Groupement des magistrats luxembourgeois)

(30)    Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021.

(31)    Gráfico 14 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(32)      Gráfico 11 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(33)      Gráficos 5, 8, 9, 13 y 15 del Cuadro de indicadores de la justicia en la UE de 2021.

(34)    Transparencia Internacional (2021), Índice de percepción de la corrupción de 2020, pp. 2-3. El nivel de corrupción percibida se clasifica de la siguiente manera: bajo (la percepción de la corrupción en el sector público entre los expertos y los directivos de empresas es superior a 79 puntos), relativamente bajo (entre 79 y 60 puntos), relativamente alto (entre 59 y 50 puntos) y alto (menos de 50 puntos).

(35)    En 2015, la puntuación fue de 85, mientras que en 2020 la puntuación fue de 80. La puntuación aumenta o disminuye significativamente cuando cambia más de cinco puntos; mejora/empeora (cambia entre 4 y 5 puntos); es relativamente estable (cambia entre 1 y 3 puntos) en los últimos cinco años.

(36)    Los datos del Eurobarómetro sobre la percepción de la corrupción y la experiencia de los ciudadanos y las empresas, notificados el año pasado, se actualizan cada dos años. Los conjuntos de datos más recientes son el Eurobarómetro especial n.º 502 (2020) y el Eurobarómetro Flash n.º 482 (2019).

(37)    Gobierno luxemburgués (2020), Estadísticas Jurisdiccionales y Fiscales de 2019 (Statistiques des jurisdictions et des parquets Année 2019).

(38)    Aportación recibida del Ministerio Fiscal en el contexto de la visita a Luxemburgo.

(39)    Véase la referencia anterior.

(40)    Véase la referencia anterior.

(41)    Véanse las anteriores referencias estadísticas anuales de la Unidad de Información Financiera, que no especifican el número de asuntos de corrupción extranjera. El último informe anual disponible es de 2019. Fiscalía General (2020), Informe anual 2019.

(42)    Información recibida del COPRECO en el contexto de la visita a Luxemburgo.

(43)    Véase la referencia anterior.

(44)    Uno para los miembros del Parlamento, uno para los miembros del Gobierno, otro para el Consejo de Estado y otro para la Policía Gran Ducal.

(45)    Artículos 11 y 12 del Código Deontológico del Gobierno.

(46)    De conformidad con el artículo 11, los antiguos ministros tienen prohibido utilizar o divulgar información que no sea de acceso público. Se ha señalado que esta disposición es difícil de aplicar, ya que es muy complicado distinguir la información que se ha hecho pública de la que sigue siendo confidencial.

(47)    Comité de Ética (2020), Dictamen del Comité de Ética (Avis du comité d’éthique), 22.4.2020.

(48)    GRECO (2020), Cuarta ronda de evaluación — Segundo informe intermedio de cumplimiento: Luxemburgo.

(49)    Sitio web oficial del Parlamento, Reglamento interno del Parlamento, versión de 2019, p. 61, artículo 5.

(50)    GRECO (2020), Quinta ronda de evaluación — Informe de cumplimiento.

(51)    Ley de finanzas de los partidos políticos, artículo 9, apartado 4.

(52)      Ley de finanzas de los partidos políticos, artículo 17.

(53)      Ley de finanzas de los partidos políticos, artículo 12.

(54)    Ley de 14 de septiembre de 2018 sobre una administración transparente y abierta (Loi du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte).

(55)    Información recibida en el contexto de la visita a Luxemburgo.

(56)    El artículo 1 de la Ley de 14 de septiembre de 2018 establece que «Les personnes physiques et les personnes morales ont un droit d’accès aux documents».

(57)    Los miembros son un magistrado que también es nombrado presidente, un representante del Primer Ministro, un representante de la Comisión Nacional de Protección de Datos, un representante del sindicato de las ciudades y municipios de Luxemburgo, Syvicol, y un representante del Servicio de Información y Prensa (Service Information et presse — SIP).

(58)    Gobierno de Luxemburgo (2021), Informe de actividad 2020 de la Comisión para el Acceso a los Documentos (Rapport d’activité 2020 de la Commission d’accès aux documents).

(59)    Información recibida de la Comisión para el Acceso a los Documentos en el contexto de la visita a Luxemburgo.

(60)      Información recibida en el contexto de la visita al país (por ejemplo, Commission d’accès aux documents).

(61)    Policía Gran Ducal (2019), Código de Ética de la Policía (Code de déontologie de la police). Según la información recibida durante la visita al país, en 2020 solo hubo una solicitud a través del canal de denuncia interna.

(62)    Información recibida del COPRECO en el contexto de la visita a Luxemburgo.

(63)    Aportación de Luxemburgo al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 11.

(64)    Información recibida de la Policía Gran Ducal en el contexto de la visita a Luxemburgo.

(65)    Información recibida de la Policía Gran Ducal en el contexto de la visita a Luxemburgo.

(66)    A pesar del aumento de la puntuación global, Luxemburgo ha bajado 3 posiciones en la Clasificación mundial de la libertad de prensa de 2021 elaborada por Reporteros sin Fronteras (RSF), donde figura ahora en el puesto 20, frente al 17 en 2020. Luxemburgo ocupa el puesto 11 entre los 27 Estados miembros de la UE. La caída de la posición podría deberse al aumento general de la puntuación en otros países.

(67)    Ley sobre medios electrónicos.

(68)    Para más información, véase http://data.legilux.public.lu/eli/etat/leg/rect/2013/11/14/n1/jo

(69)    Informe del Media Pluralism Monitor de 2021 para Luxemburgo, p. 14.

(70)      Estos dos factores juntos podrían tener efectos negativos en el panorama del pluralismo de los medios de comunicación. El Informe del Media Pluralism Monitor de 2021 destaca que un único grupo domina los sectores audiovisual y en línea, y dos grupos, la prensa escrita. También apunta al gran consumo de canales de televisión extranjeros. Véase el informe del Media Pluralism Monitor para Luxemburgo de 2021, pp. 11 y 12.

(71)    Association luxembourgeoise des journalistes professionnels y Conseil national de la presse — Aportación de la ENNHRI al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, pp. 235-236.

(72)    Las conferencias de prensa pasaron a ser totalmente digitales el 18 de marzo de 2020 y se mantuvieron así hasta la segunda semana de mayo. Gobierno de Luxemburgo (2020), Nueva organización práctica de las conferencias de prensa del Gobierno.

(73)    Gobierno de Luxemburgo. Ayuda financiera a los editores en el contexto de la pandemia de COVID-19.

(74)    Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Luxemburgo, p. 8.

(75)    En abril de 2021, la Asociación de Periodistas Profesionales de Luxemburgo (ALJP) puso en marcha una campaña para incorporar un artículo adicional a la ley de prensa que obligaría a las autoridades a facilitar información a los medios de comunicación en un plazo determinado. Los periodistas y sus organizaciones han estado defendiendo un acceso sólido a la información y transparencia desde la Ley de libertad de expresión de 2004. En la actualidad, el acceso a la información está cubierto por la Ley de 2018 sobre una Administración abierta y transparente, que fue diseñada para todos los ciudadanos y no confiere a los periodistas un derecho específico a la información. Véase también la aportación de la ENNHRI al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 235.

(76)    Véase Reporteros Sin Fronteras, Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2020.

(77)    Projet de loi relatif à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel et abrogeant la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite — Dictamen de l’Association luxembourgeoise des journalistes professionnels.

(78)    Gobierno de Luxemburgo (2018), Declaración del programa del Gobierno para 2018-2023, p. 24. https://gouvernement.lu/en/publications/accord-coalition/programme-gouvernemental.html

(79)    Consejo de Europa: Plataforma para promover la protección del periodismo y la seguridad de los periodistas — Luxemburgo.

(80)      Información recibida en el contexto de la visita a Luxemburgo (por ejemplo, ALJP).

(81)    El Parlamento está compuesto por la Cámara de Diputados.

(82)    Proyecto n.º 7620 — Proyecto de revisión del artículo 32 de la Constitución.

(83)    Artículo 32, apartado 4, de la Constitución.

(84)    Dictamen n.º CE 60.288 sobre el proyecto n.º 7620.

(85)    Véanse el artículo 32, apartado 4, el artículo 95 y el artículo 95 ter de la Constitución: la misión específica del Tribunal Constitucional es controlar la constitucionalidad de las leyes, mientras que el control jurisdiccional de los actos reglamentarios recae, en caso de recurso directo, en el juez de lo contencioso-administrativo y, en caso de control incidental, en cualquier juez.

(86)    El Parlamento puede proponer enmiendas adicionales para adaptar el texto al dictamen del Consejo de Estado; puede decidir proseguir la reforma independientemente del dictamen; puede decidir no continuar con la reforma.

(87)    Proyecto n.º 7700 — Revisión de los capítulos I, III, V, VII, IX, X, XI y XII de la Constitución.

(88)    Por ejemplo, el capítulo I del proyecto reúne varias disposiciones actualmente dispersas en otros lugares del texto constitucional. Además, consagra explícitamente la noción del Estado de Derecho en la Constitución.

(89)    Por ejemplo, el capítulo III del proyecto reúne todas las disposiciones relativas al Gran Duque, con excepción de las relativas al Parlamento. Y las competencias formales que el nuevo texto confiere al Jefe de Estado solo pueden ejercerse con la firma del ministro competente.

(90)    Por ejemplo, el capítulo V del proyecto confirma la definición institucional del Gobierno como una democracia parlamentaria. Esto es conforme con la teoría monista del Derecho parlamentario, según la cual el Gobierno solo existe si se cumple la única condición de contar con el apoyo de una mayoría en la Cámara de Diputados, aunque el nombramiento de los miembros del Gobierno se lleve a cabo mediante Decreto del Gran Ducado.

(91)    Por ejemplo, el capítulo VII del proyecto introduce tres principios rectores para las relaciones entre el Estado y la Iglesia y las comunidades religiosas: las iglesias y comunidades religiosas son independientes del Estado; las relaciones entre las iglesias y las comunidades religiosas y el Estado se regularán por ley; la ley también puede trazar las líneas generales de los convenios que se celebren entre el Estado y las iglesias y comunidades religiosas.

(92)    Por ejemplo, el capítulo IX del proyecto determina el régimen constitucional en el que operan los municipios. Se refiere a temas como las finanzas de los municipios, el poder regulador y la creación de empresas públicas municipales.

(93)    Dictamen n.º CE 60.469 sobre el proyecto n.º 7700.

(94)    Como consecuencia de la decisión de no proseguir la anterior reforma constitucional que se emprendió entre 2009 y 2019, no se está debatiendo actualmente el anclaje de la institución del Defensor del Pueblo a nivel constitucional. Como se ha explicado anteriormente, el enfoque actual consiste en introducir revisiones específicas sobre temas concretos, y en este contexto podría reintroducirse la reforma del Defensor del Pueblo. El 29 de junio de 2021, se presentó una nueva revisión de la Constitución en el Parlamento. Se centra en el papel del Parlamento y tiene por objeto reforzar su papel. El texto se enviará ahora para dictamen del Consejo de Estado y estará abierto a consulta pública. Véase el Proyecto n.º 7777 — Propuesta de revisión de los capítulos IV y V bis de la Constitución.

(95)      Chambre des salariés; Chambre des fonctionnaires et employés publics; Chambre d'agriculture; Chambre de commerce; Chambre des métiers.

(96)    Las solicitudes de tales dictámenes son obligatorias para el Parlamento, pero no lo es la obtención de su dictamen. Además, la omisión de consultar a estas organizaciones no influye en la legalidad de la legislación. — Información recibida en el contexto de la visita a Luxemburgo.

(97)    Por ejemplo, CCDH; Defensor del Pueblo; organizaciones no gubernamentales (organizaciones de la sociedad civil); otras organizaciones profesionales, fuera de las cámaras profesionales ya consultadas.

(98)    El Parlamento puede recibir aportaciones de las partes interesadas y, cuando estén relacionadas con un asunto específico, se remitirán a las comisiones competentes. — Información recibida en el contexto de la visita a Luxemburgo. Véase también la aportación de la ENNHRI al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 235.

(99)    Artículo 1, apartado 1, de la Ley de organización del Consejo de Estado, de 16 de junio de 2017 — El Gobierno decide si es necesario o no un dictamen del Consejo de Estado. También confirmado en el contexto de la visita a Luxemburgo.

(100)    Por lo tanto, la consulta a las cámaras profesionales afectadas constituye un requisito para la legalidad de un Reglamento del Gran Ducado o de un Reglamento ministerial.

(101)    Por ejemplo, muy pocas de las recomendaciones de la CCDH relativas a la COVID-19 se han tenido en cuenta (en 2020 se emitieron 10 dictámenes, 4 en 2021, en el momento de envío de esta aportación). Aportación de la ENNHRI al Informe sobre el Estado de Derecho de 2021, p. 235, cubriendo 2020 y 2021.

(102)    Véase la referencia anterior.

(103)    Artículo 32, apartado 4, de la Constitución luxemburguesa.

(104)    A menudo en el plazo de una semana a partir de su propuesta.

(105)    Por ejemplo, proyecto de ley relativo a la Ley modificada de 2020 de julio de 17 sobre medidas para combatir la pandemia de COVID-19.

(106)    Iniciativa iniciada en 2007-08.

(107)    Emite dictámenes y recomendaciones sobre cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales, ya sea por iniciativa propia o a petición del Gobierno. Para más información, véase el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Luxemburgo, p. 9. Véase también https://ganhri.org/membership/

(108)    Examina las denuncias, formula recomendaciones para mejorar la protección y la promoción de los derechos del niño y asesora sobre la aplicación de los derechos del niño. Para más información, véase http://ork.lu/index.php/fr/missionsork  

(109)    Su objetivo es promover, analizar y supervisar la igualdad de trato entre todas las personas sin discriminación por motivos de raza, origen étnico, sexo, orientación sexual, religión o convicciones, discapacidad o edad. Para más información, véase https://equineteurope.org/what-are-equality-bodies/european-directory-of-equality-bodies/ y https://cet.lu/missions/  

(110)    Véase el Informe sobre el Estado de Derecho de 2020, capítulo sobre la situación del Estado de Derecho en Luxemburgo, p. 9. Véase también la clasificación de CIVICUS. Las calificaciones se sitúan en una escala de cinco categorías, que se definen: abierto, reducido, obstruido, reprimido y cerrado.

(111)      CLAE (2020), Investigación sobre las dificultades asociativas relacionadas con la pandemia de COVID-19 en Luxemburgo (Enquête sur les difficultés associatives liées à la pandémie du Covid-19 au Luxembourg), mayo de 2020.

(112)      CLAE (2020), Ministerio de Cultura: ¿Qué ayuda financiera se concede a las asociaciones? (Ministère de la culture : Quel soutien financier pour les associations?), 26 de noviembre de 2020.