—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Venezuela, en particular las de 3 de mayo de 2018, sobre las elecciones presidenciales en Venezuela (1), de 5 de julio de 2018, sobre la crisis migratoria y la situación humanitaria en Venezuela y sus fronteras terrestres con Colombia y Brasil (2), y de 25 de octubre de 2018, sobre la situación en Venezuela (3),

—

Vista la declaración realizada el 26 de enero de 2019 por la vicepresidenta de la Comisión / alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (VP/AR), en nombre de la Unión Europea, sobre la situación en Venezuela,

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Vista la declaración realizada el 10 de enero de 2019 por la VP/AR en nombre de la UE,

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Visto el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI),

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Vista la Constitución de Venezuela, y en particular su artículo 233,

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Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que las elecciones que se celebraron el 20 de mayo de 2018 se llevaron a cabo sin que se cumplieran las normas internacionales mínimas necesarias para el desarrollo de un proceso creíble y sin que se respetaran el pluralismo político, la democracia, la transparencia y el Estado de Derecho; que la Unión Europea, junto con otras organizaciones regionales y países democráticos, no reconoció ni las elecciones ni a las autoridades que surgieron de este proceso ilegítimo;

B.

Considerando que, el 10 de enero de 2019, Nicolás Maduro usurpó ilegítimamente el poder presidencial ante el Tribunal Supremo de Justicia, infringiendo el orden constitucional;

C.

Considerando que, el 23 de enero de 2019, Juan Guaidó, elegido legítima y democráticamente presidente de la Asamblea Nacional, juró como presidente interino de Venezuela, de conformidad con el artículo 233 de la Constitución venezolana;

D.

Considerando que en los últimos días se han producido en Venezuela protestas y manifestaciones masivas; que se ha informado de docenas de víctimas mortales y de varios cientos de heridos en el marco de las manifestaciones y los disturbios; que sigue habiendo víctimas y se siguen produciendo graves violaciones de los derechos humanos, como consecuencia de actos de violencia y de represión contra las protestas sociales, las redadas ilegales, las detenciones arbitrarias, en particular de más de 70 menores, y la estigmatización y persecución de activistas de la oposición; que la semana pasada se convocaron varios actos de protesta;

E.

Considerando que la Unión ha pedido en repetidas ocasiones el restablecimiento de la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela mediante un proceso político creíble;

F.

Considerando que en 2017 el Parlamento Europeo concedió su Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia a la oposición democrática y los presos políticos en Venezuela;

G.

Considerando que la población venezolana se enfrenta a una crisis social, económica y democrática sin precedentes, con más de tres millones de personas que han emigrado y una tasa de inflación que supera el 1 650 000 %;

H.

Considerando que los socios internacionales y regionales, incluida la Unión, se han comprometido a ayudar a crear las condiciones necesarias para un proceso político pacífico, creíble e inclusivo entre todos los actores venezolanos pertinentes; que la Unión ha reiterado su voluntad de mantener abiertos los canales de comunicación;

I.

Considerando que Nicolás Maduro ha rechazado públicamente la posibilidad de celebrar nuevas elecciones presidenciales en respuesta a la solicitud realizada por la VP/AR en nombre de la Unión de que se organicen urgentemente unas elecciones presidenciales libres, transparentes y creíbles;

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