1.   Dentro del ámbito de aplicación definido en el artículo 1 y en el artículo 2, puntos 1 y 3, la Oficina efectuará controles y verificaciones in situ en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones internacionales. [Enm. 29]

2.   Los controles y verificaciones in situ se realizarán de conformidad con el presente Reglamento y, en aquellos aspectos no cubiertos por este, con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96.

3.   Los operadores económicos cooperarán con la Oficina en el curso de sus investigaciones. La Oficina podrá solicitar a los agentes económicos información oral y escrita de conformidad con el artículo 4, apartado 2, letra b) . [Enm. 30]

4.   La Oficina llevará a cabo controles y verificaciones in situ previa presentación de una habilitación escrita, según lo dispuesto en el artículo 7, apartado 2, del presente Reglamento y en el artículo 6, apartado 1, del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/1996. Informará al operador económico afectado del procedimiento aplicable al control, incluidas las garantías procedimentales aplicables, y de su deber de cooperar.

5.   En el ejercicio de estas competencias, la Oficina cumplirá las garantías procedimentales previstas en el presente Reglamento y en el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96. Durante la realización de un control o verificación in situ, el operador económico afectado tendrá derecho a no realizar declaraciones autoinculpatorias y a contar con la asistencia de una persona de su elección. Cuando el operador económico realice declaraciones durante los controles in situ, se le ofrecerá la posibilidad de expresarse en cualquiera de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que esté ubicado. El derecho del operador económico a contar con la asistencia de una persona de su elección no impedirá a la Oficina acceder a los locales de este ni retrasará indebidamente el inicio del control.

6.   A petición de la Oficina, la autoridad competente del Estado miembro de que se trate prestará al personal de la Oficina , sin demora indebida, la asistencia necesaria para permitir la realización efectiva de su misión, tal como se especifica en la habilitación escrita prevista en el artículo 7, apartado 2. [Enm. 31]

El Estado miembro de que se trate garantizará, de conformidad con el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, que el personal de la Oficina disponga de acceso a toda la información, los documentos y los datos relacionados con el asunto investigado que puedan ser necesarios para llevar a cabo de manera eficaz y eficiente los controles y verificaciones in situ, y que dicho personal pueda asumir la custodia de documentos o datos para asegurar que no exista peligro de que desaparezcan. Cuando se utilicen dispositivos privados con fines profesionales, dichos dispositivos serán investigados por la Oficina únicamente si esta tiene motivos sólidos para suponer que su contenido puede ser pertinente para la investigación. [Enm. 32]

7.   Cuando el operador económico afectado se someta a un control o verificación in situ autorizados en virtud del presente Reglamento, no serán de aplicación el artículo 2, apartado 4, del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2988/95, ni el artículo 6, apartado 1, párrafo tercero, y el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, en la medida en que dichas disposiciones exigen el cumplimiento de la legislación nacional y pueden limitar el acceso de la Oficina a la información y la documentación en las condiciones aplicables a los inspectores de las Administraciones nacionales.

En los casos en que el personal de la Oficina encuentre que un operador económico se resiste a someterse a un control o una verificación in situ autorizados en virtud del presente Reglamento, el Estado miembro de que se trate prestará a dicho personal la asistencia necesaria de las autoridades policiales para que pueda llevar a cabo el control o la verificación in situ de forma eficaz y sin demoras indebidas.

Cuando presten asistencia de conformidad con el presente apartado o con el apartado 6, las autoridades nacionales competentes actuarán con arreglo a las normas procedimentales nacionales aplicables a la autoridad nacional competente de que se trate. Si dicha asistencia requiere la autorización de una autoridad judicial de conformidad con la legislación nacional, se solicitará esa autorización.

7 bis.     Cuando se demuestre que un Estado miembro no cumple con su deber de cooperar en virtud de los apartados 6 y 7, la Unión tendrá derecho a recuperar el importe correspondiente a los controles o verificaciones in situ de que se trate. [Enm. 33]

8.   En el ejercicio de sus funciones de investigación, la Oficina efectuará los controles y las verificaciones previstos en el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95 y en las normativas sectoriales a que se refiere el artículo 9, apartado 2, del citado Reglamento, en los Estados miembros y, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, en terceros países y en los locales de organizaciones internacionales.

9.   Durante una investigación externa, y en la medida en que sea estrictamente necesario para determinar la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, la Oficina podrá tener acceso a la información y los datos pertinentes, con independencia del soporte en el que estén almacenados, de que dispongan las instituciones, órganos y organismos, en relación con los hechos investigados. Será de aplicación a tal efecto el artículo 4, apartados 2 y 4. [Enm. 34]

10.   Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 quater , apartado 1, cuando, antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación externa, la Oficina disponga de información que sugiera la existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión, esta podrá informar a las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate y, en caso necesario, a las instituciones, órganos y organismos de que se trate.

Sin perjuicio de las normas sectoriales mencionadas en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95, las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate velarán por que se adopten las medidas oportunas, con arreglo al Derecho nacional, en las que podrá participar la Oficina. Las autoridades competentes de los Estados miembros de que se trate informarán a la Oficina, a petición de esta, sobre las medidas adoptadas y los resultados obtenidos merced a la información mencionada en el párrafo primero del presente apartado.»[Enm. 35]

1.     La Comisión nombrará un controlador de las garantías procedimentales (en lo sucesivo, “el controlador”), de conformidad con el procedimiento descrito en el apartado 2, por un período de cinco años no renovable. Al final de su mandato, permanecerá en el cargo hasta que sea sustituido.

2.     A raíz de una convocatoria de candidaturas publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, la Comisión elaborará una lista de candidatos debidamente cualificados para los cargos de controlador. Previa consulta con el Parlamento Europeo y el Consejo, la Comisión designará al controlador.

3.     El controlador contará con las cualificaciones y experiencia necesarias en el ámbito de los derechos y garantías procedimentales.

4.     El controlador ejercerá sus funciones con total independencia y no solicitará ni aceptará instrucciones de nadie en el ejercicio de sus funciones.

5.     El controlador supervisará el cumplimiento por parte de la Oficina de los derechos y garantías procedimentales. Se encargará de gestionar las denuncias recibidas por la Oficina.

6.     El controlador deberá rendir cuentas del ejercicio de esta función anualmente al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión, al Comité de Vigilancia y a la Oficina. En dicho informe no podrá referirse a casos concretos que se estén investigando y garantizará la confidencialidad de las investigaciones, incluso después de su archivo.»; [Enm. 76]

1.     La Oficina, en cooperación con el controlador, adoptará las medidas necesarias a fin de establecer un mecanismo de denuncias con el fin de supervisar y garantizar el respeto por las garantías procedimentales en todas las actividades de la Oficina.

2.     Toda persona implicada en una investigación de la Oficina tendrá derecho a presentar una denuncia ante el controlador en relación con el cumplimiento por parte de la Oficina de las garantías procedimentales previstas en el artículo 9. La presentación de una denuncia no tendrá efectos suspensivos sobre el desarrollo de la investigación en curso.

3.     Las denuncias podrán presentarse en el plazo de un mes a contar desde el momento en que el denunciante haya tenido conocimiento de los hechos que constituyan la presunta violación de sus garantías procedimentales. No podrá presentarse denuncia alguna una vez transcurrido un mes desde el archivo de la investigación. Las denuncias relacionadas con el plazo de notificación previsto en el artículo 9, apartados 2 y 4, se presentarán antes de que expire el plazo de notificación fijado en dichas disposiciones.

4.     Cuando reciba una denuncia, el controlador informará inmediatamente al director general de la Oficina y dará a la Oficina la posibilidad de resolver la cuestión planteada por el denunciante en el plazo de 15 días hábiles.

5.     Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 del presente Reglamento, la Oficina transmitirá al controlador toda la información que pueda ser necesaria para que el controlador formule una recomendación.

6.     El controlador deberá formular una recomendación sobre la denuncia sin demora, y en cualquier caso en un plazo máximo de dos meses a partir de la comunicación por parte de la Oficina al controlador de las medidas adoptadas para resolver la cuestión, o a partir de la expiración del plazo mencionado en el apartado 3. La recomendación se presentará a la Oficina y se comunicará al denunciante. En casos excepcionales, el controlador podrá decidir la prórroga en quince días adicionales del plazo para formular la recomendación. El controlador informará al director general, mediante carta, de los motivos de la prórroga. En caso de no haberse recibido una recomendación del controlador en los plazos fijados en este apartado, se considerará que el controlador ha desestimado la denuncia sin formular una recomendación.

7.     Sin interferir en el desarrollo de la investigación en curso, el controlador deberá examinar la denuncia en el marco de un procedimiento contradictorio. El controlador podrá pedir a testigos, siempre que estos consientan, que proporcionen por escrito o verbalmente las explicaciones que considere pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.

8.     El director general seguirá la recomendación del controlador a este respecto, salvo en casos debidamente justificados en los que pueda apartarse de dicha recomendación. En caso de que el director general no siga la recomendación del controlador, deberá comunicar al denunciante y al controlador las razones principales de tal decisión, en la medida en que ello no afecte a la investigación en curso. Deberá exponer los motivos por los que no siga la recomendación del controlador en una nota que se adjuntará al informe final de la investigación.

9.     El director general podrá solicitar el dictamen del controlador sobre cualquier asunto relacionado con el respeto de las garantías procedimentales durante el mandato del controlador, incluso sobre la decisión de aplazar la información a la persona interesada a que se refiere el artículo 9, apartado 3. El director general indicará en toda solicitud de estas características el plazo en que el controlador debe responder.

10.     Sin perjuicio de los plazos previstos en el artículo 90 bis del Estatuto, en caso de que un funcionario u otro agente de la Unión haya presentado una denuncia ante el director general de conformidad con el artículo 90 bis del Estatuto, y el funcionario o agente haya presentado una denuncia ante el controlador en relación con el mismo asunto, el director general deberá esperar a la recomendación del controlador antes de responder a la denuncia.»; [Enm. 77]

1.   A efectos del presente Reglamento, los Estados miembros designarán un servicio (en lo sucesivo denominado “el servicio de coordinación antifraude”) que facilite la cooperación y el intercambio de información efectivos con la Oficina, incluyendo información de carácter operativo. Cuando corresponda, de conformidad con el Derecho nacional, el servicio de coordinación antifraude podrá considerarse la autoridad competente a efectos del presente Reglamento.

2.   A petición de la Oficina, antes de que se adopte una decisión sobre iniciar o no una investigación, así como durante una investigación o después de ella, los servicios de coordinación antifraude proporcionarán, obtendrán o coordinarán la asistencia necesaria para que la Oficina pueda desempeñar sus tareas de manera eficaz. Dicha asistencia incluirá, en particular, la prestada por las autoridades nacionales competentes con arreglo a lo previsto en el artículo 3, apartados 6 y 7, el artículo 7, apartado 3 y el artículo 8, apartados 2 y 3.

3.   La Oficina podrá solicitar la ayuda de los servicios de coordinación antifraude cuando lleve a cabo actividades de coordinación de conformidad con el artículo 12 ter, incluso, cuando proceda, actividades de cooperación horizontal y de intercambio de información entre servicios de coordinación antifraude.

1.   En virtud del artículo 1, apartado 2, la Oficina puede organizar y facilitar la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros, las instituciones, órganos y organismos, así como, de conformidad con los acuerdos de cooperación y de asistencia mutua vigentes y cualquier otro instrumento jurídico en vigor, autoridades de terceros países y organizaciones internacionales. Con este fin, las autoridades participantes y la Oficina pueden recopilar, analizar e intercambiar información, incluso de naturaleza operativa. El personal de la Oficina podrá acompañar a las autoridades competentes en la realización de actividades de investigación si así se lo solicitan estas. Serán de aplicación el artículo 6, el artículo 7, apartados 6 y 7, el artículo 8, apartado 3 y el artículo 10.

2.   La Oficina podrá redactar un informe sobre las actividades de coordinación efectuadas y remitirlo, cuando proceda, a las autoridades nacionales competentes y a las instituciones, órganos y organismos interesados.

3.   El presente artículo se aplicará sin menoscabo del ejercicio, por parte de la Oficina, de las facultades que se han conferido a la Comisión en virtud de disposiciones específicas que regulan la asistencia mutua entre las autoridades administrativas de los Estados miembros y la cooperación entre dichas autoridades y la Comisión.

3 bis.     Las obligaciones de asistencia administrativa mutua con arreglo al Reglamento (CE) n.o 515/97 del Consejo  (18) y el Reglamento (UE) n.o 608/2013  (19) también se aplicarán a las actividades de coordinación relacionadas con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, de conformidad con este artículo. [Enm. 99]

4.   La Oficina podrá participar en equipos de investigación conjuntos creados con arreglo al Derecho de la Unión aplicable y, en ese marco, intercambiar información operativa obtenida al amparo del presente Reglamento.

1.   La Oficina informará a la Fiscalía Europea sin demora indebida de cualquier comportamiento constitutivo de delito sobre el que la Fiscalía Europea pueda ejercer sus competencias de conformidad con el artículo 22 y con el artículo 25, apartados 2 y 3, capítulo IV del Reglamento (UE) 2017/1939. Dicho informe se enviará en cualquier fase anterior a el plazo más breve posible antes de una investigación de la Oficina o en el transcurso de esta. [Enm. 100]

2.   El informe contendrá, como mínimo, una descripción de los hechos y la información de que disponga la Oficina , incluidas una evaluación del perjuicio causado o que podría causarse , en caso de que la Oficina disponga de tal información , la posible tipificación jurídica y toda información disponible sobre víctimas potenciales, sospechosos y cualesquiera otras personas implicadas. Junto con el informe, la Oficina transmitirá a la Fiscalía Europea cualquier otra información pertinente sobre el asunto que obre en su poder . [Enm. 101]

3.   La Oficina no estará obligada a notificar a la Fiscalía Europea denuncias manifiestamente infundadas.

En los casos en que la información recibida por la Oficina no incluya los elementos descritos en el apartado 2 y no exista ninguna investigación en curso de la Oficina, esta podrá llevar a cabo una evaluación preliminar de las denuncias. Dicha evaluación se efectuará con rapidez sin demora , en un plazo máximo de dos meses a contar desde la recepción de la información. Durante la evaluación se aplicarán el artículo 6 y el artículo 8, apartado 2. La Oficina se abstendrá de adoptar toda medida que pueda comprometer cualquier posible investigación futura de la Fiscalía Europea. [Enm. 102]

Después de esta evaluación preliminar, la Oficina informará a la Fiscalía Europea si se cumplen las condiciones previstas en el apartado 1.

4.   En el caso de que durante una investigación de la Oficina salga a la luz un comportamiento como el mencionado en el apartado 1 y la Fiscalía Europea inicie una investigación tras recibir el informe, la Oficina no proseguirá con su investigación de los mismos hechos, salvo con arreglo a lo previsto en los artículos 12 sexies y 12 septies.

A efectos de la aplicación del párrafo primero, la Oficina comprobará con arreglo al artículo 12 octies, apartado 2, a través del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea, si esta ha emprendido una investigación. La Oficina podrá solicitar información adicional a la Fiscalía Europea, que dispondrá de diez días hábiles para responder a esa solicitud.

5.   Las instituciones, órganos y organismos podrán solicitar a la Oficina que lleve a cabo una evaluación preliminar de las denuncias que les hayan sido notificadas. Se aplicará el apartado 3 a estas solicitudes aplicarán a estas solicitudes los apartados 1 a  4, mutatis mutandis. La Oficina informará a la institución, órgano u organismo interesado de los resultados de la evaluación preliminar, a menos que dicha información pueda poner en peligro una investigación realizada por la Oficina o la Fiscalía Europea. [Enm. 103]

6.   Cuando, tras informar a la Fiscalía Europea de conformidad con el presente artículo, la Oficina ponga fin a su investigación, no serán aplicables el artículo 9, apartado 4, ni el artículo 11.

1.     El Director General no iniciará una investigación de conformidad con el artículo 5 , e interrumpirá una investigación en curso, si la Fiscalía Europea está llevando a cabo una investigación sobre los mismos hechos, salvo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12 sexies o en el artículo 12 septies. El Director General informará a la Fiscalía Europea sobre cada decisión de no iniciar o interrumpir una investigación adoptada por esos motivos. [Enm. 104]

A efectos de la aplicación del párrafo primero, la Oficina comprobará con arreglo al artículo 12 octies, apartado 2, a través del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea, si esta ha emprendido una investigación. La Oficina podrá solicitar información adicional a la Fiscalía Europea, que dispondrá de diez días hábiles para responder a esa solicitud. Este plazo podrá prorrogarse en casos excepcionales con sujeción a las modalidades que se deben establecer en los acuerdos de colaboración contemplados en el artículo 12 octies, apartado 1. [Enm. 105]

Cuando la Oficina ponga fin a su investigación de conformidad con el párrafo primero, no serán aplicables el artículo 9, apartado 4, ni el artículo 11.

1 bis.     A petición de la Fiscalía Europea, la Oficina se abstendrá de realizar actos o de adoptar medidas que pudieran poner en peligro una investigación o incoación de un procedimiento penal de la Fiscalía Europea. La Fiscalía Europea informará a la Oficina sin demora indebida cuando desaparezcan los motivos que justificaban la petición. [Enm. 107]

1 ter.     Cuando la Fiscalía Europea cierre o interrumpa una investigación con respecto a la cual haya recibido información del Director General de conformidad con el párrafo 1 y que sea pertinente para el ejercicio del mandato de la Oficina, informará a la Oficina sin dilaciones indebidas y podrá formular recomendaciones en relación con las investigaciones administrativas de seguimiento. [Enm. 108]

1.   En el curso de una investigación de la Fiscalía Europea, y a petición de esta con arreglo al artículo 101, apartado 3, del Reglamento (UE) 2017/1939, la Oficina, de conformidad con su mandato, apoyará o complementará la actividad de la Fiscalía Europea, en particular:

2.   Conforme al apartado 1, Se remitirá una solicitud por escrito tal y como se señala en el apartado 1 y en la que se especificará como mínimo:

Cuando sea necesario, la Oficina podrá solicitar información adicional. [Enm. 109]

2 bis.     A fin de proteger la admisibilidad de las pruebas, así como los derechos fundamentales y las garantías procesales, cuando la Oficina ejecute medidas de apoyo o complementarias a petición de la Fiscalía Europea con arreglo al presente artículo, la Fiscalía Europea podrá ordenar a la Oficina que aplique normas más estrictas en materia de derechos fundamentales, garantías procesales y protección de datos que las previstas en el presente Reglamento. Para ello, especificará en detalle los requisitos formales y los procedimientos que deben aplicarse.

A falta de instrucciones específicas de la Fiscalía Europea de esta naturaleza, el capítulo VI (garantías procesales) y el capítulo VIII (protección de datos) del Reglamento (UE) 2017/1939 se aplicarán mutatis mutandis a las medidas ejecutadas por la Oficina con arreglo al presente artículo. [Enm. 110]

1.   En casos debidamente justificados en los que la Fiscalía Europea esté llevando a cabo una investigación, cuando el Director General considere que se debe iniciar una investigación de acuerdo con el mandato de la Oficina para facilitar la adopción de medidas cautelares o de naturaleza financiera, disciplinaria o administrativa, la Oficina informará de ello por escrito a la Fiscalía Europea especificando el carácter y la finalidad de la investigación y solicitará el consentimiento por escrito de la Fiscalía Europea para la apertura de una investigación complementaria . [Enm. 111]

La Fiscalía Europea dispondrá de 30 20 días laborables desde la recepción de esta información para dar su consentimiento u oponerse a la puesta en marcha o continuación de una investigación o a la ejecución de determinados actos pertenecientes cualquier acto perteneciente a esta, cuando sea necesario para evitar poner en peligro su propia investigación o incoación de procedimientos penales y mientras persistan los motivos que justifiquen su oposición. En situaciones debidamente justificadas, la Fiscalía Europea podrá ampliar el plazo en 10 días laborables adicionales. Informará de ello a la Oficina.

En caso de que la Fiscalía Europea se oponga, la Oficina no abrirá una investigación complementaria. En tal caso, a Fiscalía Europea informará a la Oficina sin demora indebida cuando desaparezcan los motivos que justificaban su oposición. [Enm. 112]

En el caso de que la Fiscalía Europea no se oponga dentro del plazo previsto en el párrafo anterior dé su consentimiento , la Oficina podrá iniciar o proseguir una investigación, que deberá llevar a cabo en estrecha consulta con la Fiscalía Europea. [Enm. 113]

En caso de que la Fiscalía Europea no respondiera dentro del plazo indicado en el párrafo segundo, la Oficina podrá efectuar consultas a la Fiscalía Europea a fin de adoptar una decisión en un plazo de diez días. [Enm. 114]

La Oficina aplazará o suspenderá su investigación, o se abstendrá de ejecutar determinados actos pertenecientes a esta, si la Fiscalía se opone posteriormente a ella aduciendo los mismos motivos a los que se hace referencia en el segundo párrafo.

2.   Si, en respuesta a una solicitud de información presentada con arreglo al artículo 12 quinquies, la Fiscalía Europea informa a la Oficina de que no está llevando a cabo una investigación y posteriormente inicia una investigación sobre los mismos hechos, informará de ello sin demora a la Oficina. En el caso de que, tras recibir esta información, el Director General considere que la investigación iniciada por la Oficina debe continuar con vistas a facilitar la adopción de medidas cautelares o de naturaleza financiera, disciplinaria o administrativa, será de aplicación el apartado 1.

1.   Cuando sea necesario para facilitar la cooperación con la Fiscalía Europea según lo establecido en el artículo 1, apartado 4 bis, la Oficina alcanzará un acuerdo con la Fiscalía Europea sobre los mecanismos administrativos que se emplearán. En estos acuerdos de colaboración podrán establecerse detalles prácticos para el intercambio de información, incluidos datos personales, información de carácter operativo, estratégico o técnico e información clasificada , así como la creación de plataformas de tecnología de la información, incluido un enfoque común en relación con las mejoras y la compatibilidad del software . Incluirán acuerdos detallados sobre el intercambio constante de información durante la recepción y la verificación de las denuncias por ambas oficinas con vistas a determinar las competencias en relación con las investigaciones realizadas por ambas oficinas. Incluirán también disposiciones sobre la transferencia de pruebas entre la Oficina y la Fiscalía Europea, así como disposiciones sobre el reparto de gastos.

Antes de la adopción de los acuerdos de colaboración con la Fiscalía Europea, el director general enviará el proyecto al Supervisor Europeo de Protección de Datos, al Comité de Vigilancia y al Parlamento Europeo para información. El Supervisor Europeo de Protección de Datos y el Comité de Vigilancia emitirán sus dictámenes sin demora. . [Enm. 115]

2.   La Oficina dispondrá de acceso indirecto a la información del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea mediante un sistema de respuesta positiva o negativa. Cuando se encuentre una coincidencia entre los datos introducidos en el sistema de gestión de casos por la Oficina y los datos de que disponga la Fiscalía Europea, se comunicará el hecho de que existe tal coincidencia tanto a la Fiscalía Europea como a la Oficina. La Oficina adoptará las medidas adecuadas para que la Fiscalía Europea pueda acceder a la información recogida en su sistema de gestión de casos mediante un sistema de respuesta positiva o negativa».

Todo acceso indirecto a la información del sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea por parte de la Oficina se llevará a cabo únicamente y en la medida en que sea necesario para el desempeño de las funciones de la Oficina definidas en el presente Reglamento y estará debidamente justificado y validado mediante un procedimiento interno establecido por la Oficina. La Oficina mantendrá un registro de todos los casos de acceso al sistema de gestión de casos de la Fiscalía Europea. [Enm. 116]

2 bis.     El Director General de la Oficina y el Fiscal General Europeo se reunirán al menos una vez al año para debatir asuntos de interés común.» [Enm. 117]

1.     Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.     Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 17, apartado 8, se otorgan a la Comisión por un período de cuatro años a partir del … [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento]. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cuatro años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.     La delegación de poderes mencionada en el artículo 17, apartado 8, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.     Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5.     Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 17, apartado 8, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.» [Enm. 140]