(1)

Conforme al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». El artículo 3 especifica además que la «Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y que, entre otras cosas, «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo». Estos valores se reafirman y articulan en los derechos, libertades y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta»).

(1)

Conforme al artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, «la Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres». El artículo 3 especifica además que la «Unión tiene como finalidad promover la paz, sus valores y el bienestar de sus pueblos» y que, entre otras cosas, «respetará la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo». Por otra parte, el artículo 8 del TFUE estipula que, «en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad» y luchar contra la discriminación al definir y ejecutar sus políticas y acciones. Estos valores se reafirman y articulan en los derechos, libertades y principios consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad .

(1 bis)

De conformidad con los artículos 8 y 10 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, todas las actividades del Programa de Justicia deben apoyar la integración de la perspectiva de género, incluida la presupuestación basada en el género, y la integración de objetivos de no discriminación.

(2)

Estos derechos y valores han de seguir promoviéndose y haciéndose respetar, compartiéndose entre los ciudadanos y los pueblos de la Unión y ocupando un lugar central en las sociedades de Europa. Por consiguiente, se creará en el presupuesto de la Unión un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores que comprenderá el programa Derechos y Valores y el Programa de Justicia. En unos momentos en que las sociedades europeas se enfrentan al extremismo, el radicalismo y la división, es más importante que nunca promover, fortalecer y defender la justicia, los derechos y los valores de la UE: los derechos humanos, el respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho. Esto tendrá implicaciones directas y profundas para la vida política, social, cultural, judicial y económica de la UE. Como parte del nuevo Fondo, el programa Derechos y Valores reunirá el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), y el programa Europa para los Ciudadanos, establecido por el Reglamento n.o 390/2014 del Consejo (11). El Programa de Justicia (en lo sucesivo, «el Programa») seguirá apoyando el desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia integrado y la cooperación transfronteriza, continuando así el Programa de Justicia 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) (en lo sucesivo denominado «el Programa precedente»).

(2)

Estos derechos y valores han de seguir cultivándose, protegiéndose y promoviéndose activamente por la Unión y todos los Estados miembros en todas sus políticas, de modo coherente, además de seguir haciéndose respetar y compartiéndose entre los ciudadanos y los pueblos de la Unión y ocupando un lugar central en las sociedades de Europa. Por otra parte, un Espacio Europeo de Justicia plenamente operativo y unos sistemas judiciales nacionales de calidad, independientes y eficaces, así como la consolidación de la confianza mutua, son necesarios para que prospere el mercado interior y para defender los valores comunes de la Unión. Por consiguiente, se creará en el presupuesto de la Unión un nuevo Fondo de Justicia, Derechos y Valores que comprenderá el programa Derechos y Valores y el Programa de Justicia. En unos momentos en que las sociedades europeas se enfrentan al extremismo, el radicalismo, la polarización y la división y que están en curso procedimientos en virtud del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea relacionados con infracciones sistemáticas del Estado de Derecho, así como procedimientos de incumplimiento relacionados con el Estado de Derecho en los Estados miembros , es más importante que nunca promover, fortalecer y defender la justicia, los derechos y los valores de la UE: los derechos humanos y los derechos fundamentales , el respeto por la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad , incluida la igualdad de género, la no discriminación y el Estado de Derecho , dado que el deterioro de estos derechos y valores en cualquier Estado miembro puede tener efectos perjudiciales para la Unión en su conjunto . Esto tendrá implicaciones directas y profundas para la vida política, social, cultural, judicial y económica de la UE. Como parte del nuevo Fondo, el programa Derechos y Valores reunirá el Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), y el programa Europa para los Ciudadanos, establecido por el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo (11). El Programa de Justicia (en lo sucesivo, «el Programa») seguirá apoyando el desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia integrado y la cooperación transfronteriza, continuando así el Programa de Justicia 2014-2020, establecido por el Reglamento (UE) n.o 1381/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) (en lo sucesivo denominado «el Programa precedente»).

(3)

El Fondo de Justicia, Derechos y Valores y sus dos programas de financiación subyacentes se centrarán principalmente en las personas y entidades que contribuyen a hacer que nuestros valores y derechos comunes y nuestra rica diversidad se mantengan vivos y dinámicos. El objetivo final es reforzar y mantener nuestras sociedades democráticas, igualitarias, inclusivas y basadas en derechos . Esto incluye una sociedad civil dinámica, la promoción de la participación democrática, cívica y social de las personas y el fomento de la rica diversidad de la sociedad Europea, todo ello basándonos en nuestra historia y nuestra memoria comunes. Asimismo, el artículo 11 del Tratado de la UE establece que las «instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión».

(3)

El Fondo de Justicia, Derechos y Valores y sus dos programas de financiación subyacentes se centrarán en las personas y entidades que contribuyen a hacer que nuestros valores y derechos comunes y nuestra rica diversidad se mantengan vivos y dinámicos. El objetivo final es reforzar y mantener nuestras sociedades democráticas, igualitarias, abiertas, inclusivas y basadas en derechos , en particular mediante la financiación de actividades que promuevan una sociedad civil dinámica, bien desarrollada, resiliente y capacitada, que permita la participación democrática, cívica y social de las personas y la aplicación y puesta en práctica adecuadas de los derechos humanos y fundamentales, fomentando la rica diversidad de la sociedad europea, todo ello basándonos en nuestra historia y nuestra memoria comunes. El artículo 11 del Tratado de la UE exige a las instituciones que mantengan un diálogo abierto, transparente y periódico con la sociedad civil y establece que las «instituciones darán a los ciudadanos y a las asociaciones representativas, por los cauces apropiados, la posibilidad de expresar e intercambiar públicamente sus opiniones en todos los ámbitos de actuación de la Unión». Esto es especialmente importante habida cuenta de la creciente reducción del espacio para la sociedad civil independiente en una serie de Estados miembros.

(4)

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros. Con este fin, la Unión puede adoptar medidas para desarrollar la cooperación judicial en materia civil y la cooperación judicial en materia penal , y promover y apoyar la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la delincuencia. En el futuro desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia se garantizarán el respeto de los derechos fundamentales y de los principios y valores comunes, como el de no discriminación, la igualdad de género , la tutela judicial efectiva para todos, el Estado de Derecho y un sistema judicial independiente que funcione correctamente.

(4)

El Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la creación de un espacio de libertad, seguridad y justicia dentro del respeto de los derechos fundamentales y de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos de los Estados miembros. El respeto y el fomento del Estado de Derecho, los derechos fundamentales y la democracia en la Unión son requisitos previos para la defensa de todos los derechos y obligaciones consagrados en los Tratados y para la generar confianza en la Unión entre las personas. La manera en que se aplica el Estado de Derecho en los Estados miembros desempeña un papel clave a la hora de garantizar la confianza mutua entre estos y entre sus sistemas jurídicos. Con este fin, la Unión puede adoptar medidas para desarrollar la cooperación judicial en materia civil y penal y, si procede, administrativa , y promover y apoyar la actuación de los Estados miembros en el ámbito de la prevención de la delincuencia , prestando especial atención a los delitos transfronterizos importantes, los delitos fiscales, los delitos contra el medio ambiente, el terrorismo y las infracciones de los derechos fundamentales, como la trata de seres humanos, en el ámbito de la protección de los derechos de las víctimas . En el futuro desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia a escala local, regional y nacional, deben garantizarse y fomentarse el respeto de los derechos humanos y fundamentales y de los principios y valores comunes, como el de no discriminación, la solidaridad, la igualdad de trato sobre la base de cualquiera de los criterios recogidos en el artículos 21 de la Carta , la tutela judicial efectiva para todos, el Estado de Derecho , la democracia y un sistema judicial independiente que funcione correctamente.

(4 bis)

El artículo 81 del TFUE dispone explícitamente que la Unión puede adoptar actos jurídicos para aproximar las legislaciones de los Estados miembros. Según el Tratado, dichos actos pueden adoptarse, entre otras cosas, para la ejecución y el reconocimiento mutuos de las sentencias y decisiones extrajudiciales en los distintos Estados miembros; la notificación y el traslado transfronterizos de documentos judiciales y extrajudiciales; la compatibilidad de las normas del Derecho privado internacional aplicables en los Estados miembros en materia de conflictos de leyes y de jurisdicción; la cooperación en la obtención de pruebas; una tutela judicial efectiva; la supresión de los obstáculos para el correcto funcionamiento de los procedimientos civiles, penales y administrativos, que puede incluir lograr que los procedimientos de los tribunales nacionales sean más compatibles; el desarrollo de métodos alternativos de resolución de litigios (RAL); y el fomento de la formación de los magistrados y del personal al servicio de la administración de justicia.

(5)

La financiación debería seguir siendo una de las herramientas fundamentales para tener éxito en la consecución de los ambiciosos objetivos fijados en los Tratados. Estos objetivos deberían lograrse, entre otras cosas, mediante el establecimiento de un Programa de Justicia flexible y eficaz a fin de facilitar la planificación y la consecución de dichos objetivos.

(5)

La financiación es una de las herramientas más importantes para tener éxito en la consecución de los ambiciosos objetivos fijados en los Tratados. Estos objetivos deberían lograrse, entre otras cosas, mediante el establecimiento de un Programa de Justicia flexible y eficaz a fin de facilitar la planificación y la consecución de dichos objetivos , teniendo en cuenta cuáles son las actividades que aportan el mayor valor añadido de la Unión mediante la utilización de indicadores clave de rendimiento, siempre que sea posible .

(5 bis)

El objetivo del Programa debe consistir en aumentar la flexibilidad y accesibilidad de sus fondos y proporcionar las mismas oportunidades y condiciones de financiación a las organizaciones de la sociedad civil de dentro de la Unión que a las de fuera de la Unión.

(6)

Para el establecimiento progresivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, la Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil y penal, basándose en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, que constituye la piedra angular de la cooperación judicial en la Unión desde el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999. El reconocimiento mutuo exige un alto nivel de confianza recíproca entre los Estados miembros. Se han adoptado medidas de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en varios ámbitos a fin de facilitar el reconocimiento mutuo y fomentar la confianza recíproca. Un espacio de justicia que funcione correctamente y en el que se eliminen los obstáculos a los procedimientos judiciales transfronterizos y al acceso a la justicia en situaciones con una dimensión transfronteriza sería también clave a la hora de garantizar el crecimiento económico.

(6)

Para el establecimiento progresivo de un espacio de libertad, seguridad y justicia para todos , la Unión debe adoptar medidas relativas a la cooperación judicial en materia civil y penal, basándose en el principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales, que constituye la piedra angular de la cooperación judicial en la Unión desde el Consejo Europeo de Tampere de 15 y 16 de octubre de 1999. El reconocimiento mutuo exige un alto nivel de confianza recíproca entre los Estados miembros. Se han adoptado medidas de aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en varios ámbitos a fin de facilitar el reconocimiento mutuo y fomentar la confianza recíproca. Un espacio de justicia que funcione correctamente y en el que se eliminen los obstáculos a los procedimientos judiciales transfronterizos y al acceso a la justicia en situaciones con una dimensión transfronteriza sería también clave a la hora de garantizar el crecimiento económico y una mayor integración .

(6 bis)

Tal y como ha recordado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su jurisprudencia  (1bis) , la independencia judicial forma parte de la esencia del derecho fundamental a un juicio justo y representa la base para la confianza y el reconocimiento mutuos.

(6 ter)

El acceso a la justicia debe incluir, en particular el acceso a los tribunales, a métodos alternativos de resolución de litigios, así como a los titulares de cargos públicos a los que la ley obligue a facilitar a las partes un asesoramiento jurídico independiente e imparcial.

(6 quater)

La incorporación de la perspectiva de género en los sistemas judiciales debe considerarse un objetivo importante para desarrollar aún más el Espacio Europeo de Justicia. La discriminación interseccional en los sistemas de justicia sigue siendo uno de los obstáculos principales en lo que se refiere al acceso igualitario de las mujeres a la justicia. Por consiguiente, el Programa debe contribuir de manera activa a la eliminación de cualquier discriminación y obstáculo para las minorías, las personas con discapacidad, los migrantes, los solicitantes de asilo, las personas mayores, las personas que viven en zonas remotas o cualquier grupo vulnerable que pueda encontrar restricciones en el acceso a la justicia, y apoyar procedimientos y decisiones con perspectiva de género y favorables a las víctimas en los sistemas judiciales.

(7)

El respeto del Estado de Derecho es fundamental para una alto nivel de confianza mutua en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, en particular para la eficacia de la cooperación judicial en asuntos civiles y penales, que se basa en el reconocimiento mutuo. El Estado de Derecho es uno de los valores comunes consagrados en el artículo 2 del TUE, y el principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 19, apartado 1, del TUE y en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales constituye una manifestación concreta del Estado de Derecho. La promoción del Estado de Derecho mediante el apoyo a los esfuerzos por incrementar la independencia, la calidad y la eficacia de los sistemas de justicia nacionales refuerza la confianza mutua, indispensable para la cooperación judicial en materia civil y penal.

(7)

El pleno respeto y el fomento del Estado de Derecho es fundamental para un alto nivel de confianza mutua en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia y los asuntos de interior, en particular para la eficacia de la cooperación judicial en asuntos civiles y penales, que se basa en el reconocimiento mutuo. El Estado de Derecho es uno de los valores comunes consagrados en el artículo 2 del TUE, y el principio de tutela judicial efectiva previsto en el artículo 19, apartado 1, del TUE y en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales constituye una manifestación concreta del Estado de Derecho. La promoción del Estado de Derecho mediante el apoyo a los esfuerzos por incrementar la independencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la calidad y la eficacia de los sistemas de justicia nacionales refuerza la confianza mutua, indispensable para la cooperación judicial en materia civil y penal.

(7 bis)

Es importante recordar que la justicia ratifica el Estado de Derecho en la sociedad y garantiza el derecho de todo el mundo a un juicio justo por parte de un tribunal imparcial e independiente con vistas a proteger los valores europeos.

(8)

De conformidad con los artículos 81, apartado 2, letra h). y 82, apartado 1, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la UE, la Unión apoyará la formación de jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia como herramienta para mejorar la cooperación judicial en materia civil y penal, sobre la base del principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. La formación de los profesionales de la justicia es una herramienta importante para desarrollar una visión compartida sobre la mejor manera de defender el Estado de Derecho. Contribuye al establecimiento de un Espacio Europeo de Justicia mediante la creación de una cultura jurídica común entre los profesionales de la justicia de los Estados miembros. Resulta esencial garantizar la aplicación correcta y coherente del Derecho en la Unión y la confianza mutua entre los profesionales de la justicia en los litigios transfronterizos. Las actividades de formación apoyadas por el Programa deben basarse en evaluaciones sólidas de las necesidades de formación, emplear métodos de formación punteros, incluir actos transfronterizos que reúnan a profesionales de la justica de diferentes Estados miembros, contar con elementos de aprendizaje activo y de creación de redes, y ser sostenibles.

(8)

De conformidad con los artículos 81, apartado 2, letra h). y 82, apartado 1, letra c), del Tratado de Funcionamiento de la UE, la Unión apoyará la formación de jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia como herramienta para mejorar la cooperación judicial en materia civil, penal y, si procede, administrativa , sobre la base del principio de reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales. La formación de los profesionales de la justicia es una herramienta importante para desarrollar una visión compartida sobre la mejor manera de aplicar y defender el Estado de Derecho y los derechos fundamentales . Contribuye al establecimiento de un Espacio Europeo de Justicia mediante la creación de una cultura jurídica común entre los profesionales de la justicia de los Estados miembros. Resulta esencial garantizar la aplicación no discriminatoria, correcta y coherente del Derecho en la Unión y la confianza mutua y la comprensión entre los profesionales de la justicia en los litigios transfronterizos. Las actividades de formación apoyadas por el Programa deben basarse en evaluaciones sólidas de las necesidades de formación, emplear métodos de formación punteros, incluir actos transfronterizos que reúnan a profesionales de la justicia, incluidos aquellos que trabajan en organizaciones de defensa de los derechos humanos, de diferentes Estados miembros, contar con elementos de aprendizaje activo y de creación de redes, y ser sostenibles. Deben incluir cursos de formación para jueces, fiscales, abogados, policías acerca de los desafíos y obstáculos a los que se enfrentan las personas en situaciones de vulnerabilidad, en particular los niños, las minorías étnicas, las personas LGBTI, las personas con discapacidad, las víctimas de la violencia de género y de otros tipos de violencia interpersonal, y las víctimas de la trata de seres humanos, y la manera de garantizar que las víctimas de estos delitos están adecuadamente protegidas. Estos cursos de formación deben organizarse con la participación directa de las víctimas y las organizaciones que les representan o les ayudan.

(8 bis)

Unos plazos razonables de los procedimientos tienen como finalidad la seguridad jurídica, que es el requisito clave para el Estado de Derecho.

(8 ter)

En virtud de la Decisión (UE) 2017/865 del Consejo, de 11 de mayo de 2017, relativa a la firma, en nombre de la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, en lo que respecta a asuntos relacionados con la cooperación judicial en materia penal, y la decisión correspondiente en materia asilo y no devolución, el Programa debe apoyar la formación de jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia con fines de sensibilización y promoción de la aplicación práctica del Convenio en este ámbito para proteger mejor a las víctimas de violencia contra las mujeres y las niñas en la Unión.

(9)

En la formación judicial puede haber distintos participantes, como las autoridades jurídicas, judiciales y administrativas de los Estados miembros, las instituciones universitarias, los organismos nacionales competentes para la formación judicial, las organizaciones o redes de formación de nivel europeo o las redes de coordinadores de órganos jurisdiccionales del Derecho de la Unión. Los organismos y entidades que persiguen un objetivo de interés general europeo en el ámbito de la formación judicial, como la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), la Academia de Derecho Europeo (ERA), la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ), la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea (ACA-Europe), la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea (RPTSUE) y el Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP), deben seguir desempeñando su papel en la promoción de los programas de formación con una genuina dimensión europea destinados a jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia, y por tanto podrían recibir apoyo financiero adecuado con arreglo a los procedimientos y criterios establecidos en los programas anuales de trabajo adoptados por la Comisión con arreglo al presente Reglamento.

(9)

En la formación judicial puede haber distintos participantes, como las autoridades jurídicas, judiciales y administrativas de los Estados miembros, las instituciones universitarias, los organismos nacionales competentes para la formación judicial, las organizaciones o redes de formación de nivel europeo o las redes de coordinadores de órganos jurisdiccionales del Derecho de la Unión , así como las organizaciones pertinentes de la sociedad civil, incluidas las que emprenden acciones de representación. Los organismos y entidades que persiguen un objetivo de interés general europeo en el ámbito de la formación judicial, como la Red Europea de Formación Judicial (REFJ), la Academia de Derecho Europeo (ERA), la Red Europea de Consejos del Poder Judicial (RECPJ), la Asociación de Consejos de Estado y Tribunales Supremos Administrativos de la Unión Europea (ACA-Europe), la Red de Presidentes de Tribunales Supremos de la Unión Europea (RPTSUE) y el Instituto Europeo de Administración Pública (IEAP), deben seguir desempeñando su papel en la promoción de los programas de formación con una genuina dimensión europea destinados a jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia, y por tanto podrían recibir apoyo financiero adecuado con arreglo a los procedimientos y criterios establecidos en los programas anuales de trabajo adoptados por la Comisión con arreglo al presente Reglamento. Además, las organizaciones en el ámbito de los derechos fundamentales y los profesionales que trabajan con víctimas de la violencia, así como las instituciones académicas especializadas, también podrían contribuir a estos programas de formación, por lo que debería recabarse su colaboración cuando proceda. Teniendo en cuenta que las juezas están insuficientemente representadas en los cargos de mayor responsabilidad, debe fomentarse la participación de las mujeres que ejercen como juezas, fiscales u otras profesionales del Derecho en las actividades de formación.

(9 bis)

Pide a los Estados miembros que aumenten la inversión en el desarrollo de la formación judicial y la educación continua de los jueces, ya que estas actividades son la base de un sistema judicial eficaz, independiente e imparcial.

(10 bis)

Asimismo, el Programa debe apoyar el fomento de las mejores prácticas entre tribunales competentes específicamente en materia de violencia de género y el intercambio de recursos y materiales de formación comunes sobre la violencia de género destinados a jueces, fiscales, abogados, policía y otros profesionales que están en contacto con las víctimas de violencia de género.

(11)

Las medidas del Programa deben apoyar un mayor reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la necesaria aproximación de la legislación, que facilitará la cooperación entre todas las autoridades pertinentes, incluidas las Unidades de Inteligencia Financiera, y la protección judicial de los derechos individuales en los asuntos civiles y mercantiles. El Programa debe también promover el desarrollo de la legislación procesal relativa a los asuntos con una dimensión transfronteriza, así como una mayor convergencia del Derecho civil a fin de contribuir a eliminar los obstáculos al funcionamiento correcto y eficiente de los procedimientos judiciales y extrajudiciales en beneficio de todas las partes en los litigios civiles. Por último, con el fin de apoyar la eficacia del control de la observancia y de la aplicación práctica del Derecho de la Unión sobre cooperación judicial en materia civil, el Programa debe apoyar el funcionamiento de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil establecida mediante la Decisión 2011/470/CE del Consejo.

(11)

Las medidas del Programa deben apoyar un mayor reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales , la confianza recíproca entre Estados miembros y la necesaria aproximación de la legislación, que facilitará la cooperación entre todas las autoridades pertinentes, incluidas las Unidades de Inteligencia Financiera, y la protección judicial de los derechos individuales en los asuntos civiles y mercantiles. El Programa debe también promover el desarrollo de la legislación procesal relativa a los asuntos con una dimensión transfronteriza, incluidos los procedimientos de mediación, centrándose especialmente en facilitar un acceso no discriminatorio a la justicia para todas las víctimas, así como una mayor convergencia , en particular, del Derecho civil a fin de contribuir a eliminar los obstáculos al funcionamiento correcto y eficiente de los procedimientos judiciales y extrajudiciales en beneficio de todas las partes en los litigios civiles. Por último, con el fin de apoyar la eficacia del control de la observancia y de la aplicación práctica del Derecho de la Unión sobre cooperación judicial en materia civil, el Programa debe apoyar el funcionamiento de la Red Judicial Europea en materia civil y mercantil establecida mediante la Decisión 2001/470/CE del Consejo.

(12)

En aplicación del artículo 3, apartado 3, del TUE, del artículo 24 de la Carta y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, el Programa debe promover la protección de los derechos del niño y tener en cuenta su promoción en la ejecución de todas sus acciones.

(12)

En aplicación del artículo 3, apartado 3, del TUE, del artículo 24 de la Carta y de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño de 1989, el Programa debe promover la protección de los derechos del niño y tener en cuenta su promoción en la ejecución de todas sus acciones. Para ello, se debe prestar especial atención a las acciones encaminadas a la protección de los derechos del niño en el contexto de la justicia civil y penal, incluida la protección de los niños que acompañan a sus progenitores durante una privación de libertad y de los hijos menores de padres encarcelados. También se debe considerar la prestación de un apoyo adecuado a las actividades de formación cuyo objetivo sea la correcta aplicación de la Directiva (UE) 2016/800 relativa a las garantías procesales de los menores sospechosos o acusados en los procesos penales.

(12 bis)

En aplicación del artículo 3, apartado 3, del TUE, del artículo 23 de la Carta y del Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), el Programa debe contribuir a la protección de los derechos de las mujeres e integrar la promoción de las cuestiones de género en la ejecución de todas sus acciones. A fin de garantizar y reforzar el acceso de las mujeres y las niñas a la justicia en los casos de violencia de género, los Estados miembros deben ratificar el Convenio de Estambul y adoptar una legislación integral contra la violencia de género en la Unión.

(12 ter)

De conformidad con la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, el Programa debe apoyar la protección de las personas pertenecientes a minorías raciales o étnicas, como los romaníes, e integrar la promoción de sus derechos en la ejecución de todas sus acciones, especialmente mediante el refuerzo de las medidas contra la discriminación.

(13)

El Programa 2014-2020 ha posibilitado las actividades de formación sobre el Derecho de la Unión, en particular en lo relativo al alcance y la aplicación de la Carta, dirigidas a los miembros del poder judicial y otros profesionales del Derecho. En sus conclusiones de 12 de octubre de 2017 sobre la aplicación de la Carta en 2016, el Consejo recordó la importancia de la concienciación sobre la aplicación de la Carta, en particular entre los responsables políticos, los profesionales del Derecho y los propios titulares de los derechos, tanto a nivel nacional como de la Unión. Por lo tanto, a fin de lograr la incorporación generalizada de los derechos fundamentales de forma coherente, es necesario ampliar el apoyo financiero a las actividades de concienciación dirigidas a autoridades públicas distintas de las autoridades judiciales y los profesionales del Derecho.

(13)

El Programa 2014-2020 ha posibilitado las actividades de formación sobre el Derecho de la Unión, en particular en lo relativo al alcance y la aplicación de la Carta, dirigidas a los miembros del poder judicial y otros profesionales del Derecho. En sus conclusiones de 12 de octubre de 2017 sobre la aplicación de la Carta en 2016, el Consejo recordó la importancia de la concienciación sobre la aplicación de la Carta, en particular entre los responsables políticos, los profesionales del Derecho y los propios titulares de los derechos, tanto a nivel nacional como de la Unión. Por lo tanto, a fin de lograr la incorporación generalizada de los derechos fundamentales de forma coherente, es necesario ampliar el apoyo financiero a las actividades de concienciación dirigidas a autoridades públicas distintas de las autoridades judiciales y los profesionales del Derecho , así como a las ONG que también se dedican a esta labor .

(14)

Según establece el artículo 67 del TFUE, la Unión debe constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se respeten los derechos fundamentales, para lo cual resulta esencial el acceso a la justicia. A fin de facilitar el acceso efectivo a la justicia y con vistas al fomento de la confianza mutua, que resulta indispensable para el correcto funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia, es necesario ampliar el apoyo financiero a las actividades de autoridades distintas de las autoridades judiciales y los profesionales del Derecho, así como a las organizaciones de la sociedad civil, que contribuyen a estos objetivos.

(14)

Según establece el artículo 67 del TFUE, la Unión debe constituir un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se respeten los derechos fundamentales, para lo cual resulta esencial el acceso no discriminatorio de todas las personas a la justicia. A fin de facilitar el acceso efectivo a la justicia y con vistas al fomento de la confianza mutua, que resulta indispensable para el correcto funcionamiento del espacio de libertad, seguridad y justicia, es necesario ampliar el apoyo financiero a las actividades de autoridades distintas de las autoridades judiciales a nivel regional y local y los profesionales del Derecho, así como a las organizaciones de la sociedad civil , incluidas las que representan los derechos de las víctimas de delitos, que contribuyen a estos objetivos. Con el fin de lograr el acceso a la justicia para todas las personas, debe prestarse apoyo, en particular, a las actividades que faciliten un acceso efectivo e igualitario a la justicia para las personas en situación de vulnerabilidad, como los niños, las minorías étnicas, las personas LGBTI, las personas con discapacidad, las víctimas de violencia de género y otras formas de violencia interpersonal, así como las víctimas de la trata de seres humanos y los migrantes, con independencia de su estatuto de residencia.

(15)

Con arreglo a los artículos 8 y 10 del TFUE, el Programa debe también apoyar la integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad entre mujeres y hombres, y de lucha contra la discriminación.

(15)

Con arreglo a los artículos 8 y 10 del TFUE, el Programa debe adoptar un enfoque transversal para promover la igualdad de género y debe apoyar la integración en todas sus actividades de los objetivos de igualdad de género y de lucha contra la discriminación. Deben llevarse a cabo regularmente un seguimiento y una evaluación para valorar de qué forma se abordan estos objetivos en las actividades del Programa.

(16)

Las acciones cubiertas por el presente Reglamento deben contribuir a la creación de un Espacio Europeo de Justicia mediante el incremento de la cooperación y la creación de redes transfronterizas y el logro de una aplicación correcta, coherente y congruente del Derecho de la Unión. Las actividades de financiación deben contribuir también a un entendimiento común de los valores de la Unión y del Estado de Derecho, a un mayor conocimiento del Derecho y las políticas de la Unión, a la puesta en común de los conocimientos especializados y de las mejores prácticas en la utilización de los instrumentos de cooperación judicial por todas las partes interesadas concernidas, así como a la proliferación de soluciones digitales interoperables que permitan una cooperación transfronteriza eficaz y sin fisuras, y deben proporcionar una base analítica sólida de apoyo al desarrollo, el control del cumplimiento y la correcta aplicación del Derechos y las políticas de la Unión. La intervención de la Unión permite que las acciones se lleven a cabo de manera coherente en toda la Unión y aporta economías de escala. Además, la Unión está mejor situada que los Estados miembros para abordar situaciones transfronterizas y proporcionar una plataforma europea para el aprendizaje mutuo.

(16)

Las acciones cubiertas por el presente Reglamento deben contribuir a la creación de un Espacio Europeo de Justicia mediante la promoción de la independencia y la eficacia del sistema judicial, el incremento de la cooperación y la creación de redes transfronterizas , la consolidación de la confianza mutua entre los sistemas judiciales de los Estados miembros y el logro de una aplicación correcta, coherente y congruente del Derecho de la Unión. Ha de prestarse especial atención a la aplicación de la legislación de la Unión en materia de igualdad y a una mejor ejecución y coordinación de los distintos instrumentos de la Unión para la protección de las víctimas. Las actividades de financiación deben contribuir también a un entendimiento común de los valores de la Unión y del Estado de Derecho, a un mayor conocimiento del Derecho y las políticas de la Unión, a la puesta en común de los conocimientos especializados y de las mejores prácticas en la utilización de los instrumentos de cooperación judicial por todas las partes interesadas concernidas, así como a la proliferación y promoción de soluciones digitales interoperables que permitan una cooperación transfronteriza eficaz y sin fisuras, y deben proporcionar una base analítica sólida de apoyo al desarrollo, el control del cumplimiento y la correcta comprensión y aplicación del Derechos y las políticas de la Unión. La intervención de la Unión permite que las acciones se lleven a cabo de manera coherente en toda la Unión y aporta economías de escala. Además, la Unión está mejor situada que los Estados miembros para abordar situaciones transfronterizas y proporcionar una plataforma europea para el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas .

(16 bis)

El programa también debe contribuir a mejorar la cooperación con terceros países en los caso en que la legislación de la Unión tenga una aplicación extraterritorial, a mejorar el acceso a la justicia y a hacer frente a los retos judiciales y procesales, en particular, en los casos de trata de seres humanos, y en relación con el cambio climático y la responsabilidad empresarial de las empresas.

(16 ter)

Tal y como destacó el informe del Parlamento Europeo sobre el cuadro de indicadores de la justicia de la Comisión Europea para 2017, aún existen desequilibrios de género significativos entre los jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia de los Estados miembros, especialmente (pero no exclusivamente) por lo que respecta a los siguientes aspectos: la proporción de juezas en los niveles superiores de la judicatura, la transparencia en los nombramientos, la conciliación entre las responsabilidades laborales y personales y la existencia de prácticas de orientación mediante tutores. Por tanto, el Programa debe promover las actividades de formación orientadas a poner fin a estos desequilibrios. Por ejemplo, dichas actividades pueden adaptarse a las mujeres que ejercen como juezas, magistradas o profesionales del Derecho o formen parte del personal al servicio de la administración de justicia de los Estados miembros o, cuando proceda, orientarse tanto a los hombres como a las mujeres, con el fin de sensibilizar a todo el personal pertinente.

(16 quater)

El sistema judicial de la Unión no proporciona una justicia y una protección adecuadas a las mujeres y las niñas y, por consiguiente, las víctimas de violencia de género no reciben el apoyo necesario. Lo mismo cabe decir de la falta de protección y de apoyo para las víctimas de la trata sexual, las mujeres refugiadas y migrantes, las personas LGBTIQ y las personas con discapacidad.

(17)

La Comisión debe garantizar la coherencia general, la complementariedad y las sinergias con el trabajo de los órganos, oficinas y agencias de la Unión, como Eurojust, eu-LISA o la Fiscalía Europea, y debe hacer balance de los trabajos de otros actores nacionales e internacionales en los ámbitos que abarca el Programa.

(17)

La Comisión debe garantizar la coherencia general, la complementariedad y las sinergias con el trabajo de los órganos, oficinas y agencias de la Unión, como Eurojust, la FRA, la OLAF, eu-LISA o la Fiscalía Europea, con el fin de hacer balance de los trabajos de otros actores nacionales e internacionales en los ámbitos que abarca el Programa y recomendar mejoras cuando sea necesario .

(18)

Es necesario garantizar el valor añadido europeo de todas las acciones y actividades llevadas a cabo en el marco del Programa, su complementariedad con respecto a las actividades de los Estados miembros y su coherencia con otras actividades de la Unión. Con el fin de garantizar la eficiencia en la asignación de fondos con cargo al presupuesto general de la Unión, deben buscarse la coherencia, la complementariedad y las sinergias entre los programas de financiación que apoyen ámbitos de actuación estrechamente vinculados entre sí, especialmente en el marco del Fondo de Justicia, Derechos y Valores —y, por tanto, con el programa Derechos y Valores— y entre el presente programa y el Programa sobre el Mercado Único, la gestión de las fronteras y la seguridad, en particular el asilo y la migración (Fondo de Asilo, Migración e Integración), el Fondo de Seguridad Interior, las infraestructuras estratégicas, en particular el Programa Europa Digital, el Programa Erasmus+, el Programa Marco de Investigación e Innovación, el Instrumento de Ayuda Preadhesión y el Reglamento LIFE (13).

(18)

Es necesario garantizar la viabilidad, la visibilidad, el principio fundamental del valor añadido europeo y la buena gestión financiera en la ejecución de todas las acciones y actividades llevadas a cabo en el marco del Programa de Justicia , su complementariedad con respecto a las actividades de los Estados miembros y su coherencia con otras actividades de la Unión. Con el fin de garantizar que la asignación de fondos con cargo al presupuesto general de la Unión sea eficiente y se base en el rendimiento , deben buscarse la coherencia, la complementariedad y las sinergias entre los programas de financiación que apoyen ámbitos de actuación estrechamente vinculados entre sí, especialmente en el marco del Fondo de Justicia, Derechos y Valores —y, por tanto, con el programa Derechos y Valores— y entre el presente programa y el Programa sobre el Mercado Único, la gestión de las fronteras y la seguridad, en particular el asilo y la migración (Fondo de Asilo, Migración e Integración), el Fondo de Seguridad Interior, las infraestructuras estratégicas, en particular el Programa Europa Digital, el Fondo Social Europeo Plus, el Programa Erasmus+, el Programa Marco de Investigación e Innovación, el Instrumento de Ayuda Preadhesión y el Reglamento LIFE (13). La ejecución del Programa de Justicia no debe ir en detrimento de la legislación y las políticas de la Unión relativas a la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros, sino ser completada por ellas.

(19 bis)

Es preciso perfeccionar los mecanismos que garantizan el vínculo entre las políticas de financiación y los valores de la Unión, de modo que la Comisión pueda presentar una propuesta al Consejo para transferir al Programa los recursos asignados a un Estado miembro en régimen de gestión compartida en los casos en que dicho Estado miembro esté sujeto a procedimientos relacionados con los valores de la Unión. Un mecanismo integral de la Unión en materia de democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales debe garantizar la revisión regular y equitativa de todos los Estados miembros, proporcionando la información necesaria para la activación de medidas relacionadas con deficiencias generales de los valores de la Unión en los Estados miembros. A fin de garantizar una aplicación uniforme y en vista de la importancia de los efectos financieros de las medidas impuestas, deben conferirse competencias de ejecución al Consejo, el cual actuará sobre la base de una propuesta de la Comisión. A fin de facilitar la adopción de cuantas decisiones sean necesarias para garantizar una actuación eficaz, se debe requerir la mayoría cualificada inversa.

(19 ter)

Es importante garantizar la buena gestión financiera del Programa, así como la mayor eficacia y facilidad posibles de su ejecución, velando, al mismo tiempo, por la seguridad jurídica y la accesibilidad del Programa a todos los participantes.

(19 quater)

La mejora de la ejecución y la calidad del gasto deben ser los principios que rijan la consecución de los objetivos del Programa, garantizándose a la vez una utilización óptima de los recursos financieros.

(20)

El Reglamento (UE, Euratom) n.o [el nuevo RF] («el Reglamento Financiero») es aplicable al presente Programa. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, , instrumentos financieros y garantías presupuestarias.

(20)

El Reglamento (UE, Euratom) n.o [el nuevo RF] («el Reglamento Financiero») es aplicable al presente Programa. Establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, entre otras, las relativas a subvenciones, premios, contratos públicos, ejecución indirecta, instrumentos financieros y garantías presupuestarias , y exige plena transparencia en el uso los recursos, una buena gestión financiera y un uso prudente de los recursos . En particular, en el marco de la ejecución de este Programa deben operacionalizarse y reforzarse aún más las normas relativas a la posibilidad de que las organizaciones de la sociedad civil locales, regionales, nacionales y transnacionales se financien por medio de subvenciones de funcionamiento de carácter plurianual y subvenciones en cascada, así como las disposiciones que garanticen unos procedimientos de concesión de subvenciones rápidos y flexibles, como los procedimientos de solicitud en dos fases, y unos procedimientos de solicitud y presentación de informes que sean sencillos. Los criterios de cofinanciación deben tener en cuenta el trabajo voluntario.

(21)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr resultados, teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa y el riesgo de incumplimiento esperado. Esto implica que deba considerarse el empleo de cantidades fijas únicas, de tipos fijos y de costes unitarios, así como la financiación no ligada a los costes a la que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(21)

Los tipos de financiación y los métodos de ejecución previstos en el presente Reglamento deben elegirse en función de su capacidad para cumplir los objetivos específicos de las acciones y para lograr los resultados deseados , teniendo en cuenta, en particular, los costes de los controles, la carga administrativa , el tamaño y la capacidad de las partes interesadas pertinentes y los beneficiarios a los que va dirigida, y el riesgo de incumplimiento esperado. Esto implica que deba considerarse el empleo de cantidades fijas únicas, de tipos fijos, de costes unitarios y de subvenciones en cascada , así como la financiación no ligada a los costes a la que se refiere el artículo 125, apartado 1, del Reglamento Financiero.

(22)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2988/95 del Consejo (16), el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (17) y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (18), los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) puede llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea puede investigar y perseguir los casos de fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, tal como dispone la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (19). Con arreglo a las disposiciones del Reglamento Financiero, cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión está obligada a cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, a conceder los derechos pertinentes y el acceso a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo y a garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(22)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2988/95 del Consejo (16), el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96 del Consejo (17) y el Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo (18), los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas la completa transparencia en relación con los procedimientos de financiación y selección del Programa, la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades y fraudes, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 y el Reglamento (Euratom, CE) n.o 2185/96, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) debe llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer la posible existencia de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que vaya en detrimento de los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea debe investigar y perseguir los casos de fraude y otros delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión, tal como dispone la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (19). Con arreglo a las disposiciones del Reglamento Financiero, cualquier persona o entidad que reciba fondos de la Unión está obligada a cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de la Unión, a conceder los derechos pertinentes y el acceso a la Comisión, la OLAF, la Fiscalía Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo y a garantizar que las terceras partes implicadas en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(23)

Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida con arreglo al Acuerdo sobre el EEE, que prevé la ejecución de programas sobre la base de decisiones tomadas en virtud de dicho Acuerdo. Asimismo, cabe la participación de terceros países en virtud de otros instrumentos jurídicos. Se debe incluir una disposición específica en el presente Reglamento a fin de otorgar los derechos y el acceso necesarios al ordenador competente, a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF») y al Tribunal de Cuentas Europeo para que puedan ejercer plenamente sus respectivas competencias.

(23)

Los terceros países que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE) pueden participar en los programas de la Unión en el marco de la cooperación establecida con arreglo al Acuerdo sobre el EEE, que prevé la ejecución de programas sobre la base de decisiones tomadas en virtud de dicho Acuerdo. Asimismo, cabe la participación de terceros países en virtud de otros instrumentos jurídicos. Se debe incluir una disposición específica en el presente Reglamento a fin de otorgar los derechos y el acceso necesarios al ordenador competente, a los organismos y las redes de derechos humanos, incluidas las instituciones nacionales responsables de la protección de los derechos humanos en cada Estado miembro, a los organismos y las redes responsables de las políticas de igualdad y no discriminación, a los defensores del pueblo, a la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA), a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude («OLAF») y al Tribunal de Cuentas Europeo para que puedan ejercer plenamente sus respectivas competencias y mejorar sus sinergias y su cooperación . Debe ser posible incluir a terceros países, sobre todo cuando su participación fomente los objetivos del Programa, siempre que sea conforme a los principios y las condiciones generales de participación de dichos países en programas de la Unión establecidos en los respectivos acuerdos marco, decisiones del Consejo de Asociación o acuerdos similares.

(24 bis)

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección del presupuesto de la Unión en caso de deficiencias generalizadas del Estado de Derecho en los Estados miembros tiene por objeto preparar a la Unión para proteger mejor su presupuesto cuando las deficiencias del Estado de Derecho menoscaben o amenacen con menoscabar la buena gestión financiera de los intereses financieros de la Unión. Debe complementar el Programa de Justicia, cuya función es diferente, a saber, seguir apoyando el desarrollo de un Espacio Europeo de Justicia basado en el Estado de Derecho y la confianza mutua, así como garantizar que las personas puedan disfrutar de sus derechos.

(25)

De conformidad con [el artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE (1)] del Consejo, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

(25)

De conformidad con [el artículo 94 de la Decisión 2013/755/UE (1)] del Consejo, las personas y entidades establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Programa y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate. Es fundamental que el Programa garantice que dichas personas y entidades reciban información suficiente sobre su subvencionabilidad.

(25 bis)

En función de su importancia y pertinencia, este Programa debe contribuir al cumplimiento del compromiso de la Unión y sus Estados miembros de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible.

(27)

A tenor de lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar el presente Programa en función de la información recogida a través de los requisitos específicos de control, evitando al mismo tiempo la regulación excesiva y las cargas administrativas, en particular para los Estados miembros . Estos requisitos podrán incluir, cuando proceda , indicadores mensurables como fundamento para evaluar los efectos del Programa sobre el terreno.

(27)

A tenor de lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016, es necesario evaluar el presente Programa en función de la información recogida a través de los requisitos específicos de control, evitando al mismo tiempo la regulación excesiva y las cargas administrativas, en particular para los beneficiarios del Programa . Estos requisitos deben incluir, cuando sea posible , indicadores mensurables como fundamento para evaluar los efectos del Programa sobre el terreno.

1.

«Jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia»: jueces, magistrados, fiscales y personal de juzgados y tribunales, así como otros profesionales del Derecho asociados al poder judicial tales como abogados, notarios, agentes judiciales o equivalentes, administradores concursales, mediadores, intérpretes y traductores judiciales, peritos judiciales, personal de prisiones y agentes de libertad vigilada.

1.

«Jueces, magistrados, profesionales del Derecho y personal al servicio de la administración de justicia»: jueces, magistrados, fiscales y personal de juzgados y tribunales, así como otros profesionales del Derecho asociados al poder judicial tales como abogados de la fiscalía y la defensa , notarios, agentes judiciales o equivalentes, administradores concursales, mediadores, intérpretes y traductores judiciales, peritos judiciales, personal de prisiones y agentes de libertad vigilada.

a)

Facilitar y apoyar la cooperación judicial en materia civil y penal y promover el Estado de Derecho mediante, entre otras cosas, el apoyo a los esfuerzos por mejorar la eficacia de los sistemas nacionales de justicia y la ejecución de las resoluciones judiciales.

a)

En un marco de democracia y respeto de los derechos fundamentales, facilitar y apoyar la cooperación judicial en materia civil y penal , incluida la cooperación más allá de las fronteras de la Unión cuando el Derecho de la Unión pueda aplicarse extraterritorialmente, reforzar el acceso a la justicia para las personas físicas y jurídicas y promover el Estado de Derecho y la independencia de la judicatura, mediante, entre otras cosas, el apoyo a los esfuerzos por mejorar la eficacia de los sistemas nacionales de justicia, la ejecución adecuada de las resoluciones judiciales y la protección de las víctimas .

b)

Apoyar y promover la formación judicial con el fin de fomentar una cultura común jurídica judicial y del Estado de Derecho.

b)

Apoyar y promover la formación judicial , tanto nacional como transnacional, que incluya la terminología jurídica, con el fin de fomentar una cultura común jurídica, judicial y del Estado de Derecho , así como la aplicación coherente y efectiva de los instrumentos jurídicos de la Unión en materia de reconocimiento mutuo y de garantías procesales . Tal formación debe tener perspectiva de género, tomar en consideración las necesidades específicas de los niños y las personas con discapacidad, estar orientada a las víctimas, cuando proceda, y cubrir, en especial, el Derecho civil y penal y, cuando proceda, el Derecho administrativo, los derechos fundamentales y la lucha contra el terrorismo y la radicalización.

c)

Facilitar el acceso efectivo a la justicia para todos y las vías de recurso eficaces, en particular mediante medios electrónicos, a través de la promoción de procedimientos civiles y penales eficaces y de la promoción y el apoyo de los derechos de las víctimas de la delincuencia, así como de los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas en los procesos penales.

c)

Facilitar el acceso efectivo y no discriminatorio a la justicia para todos , haciendo hincapié en las desigualdades y la discriminación por cualquier motivo, por ejemplo los enumerados en el artículo 21 de la Carta, y las vías de recurso eficaces, en particular mediante medios electrónicos (justicia en red) , a través de la promoción de procedimientos civiles, penales y, cuando proceda, administrativos eficaces y de la promoción y el apoyo de los derechos de todas las víctimas de la delincuencia, así como de los derechos procesales de las personas sospechosas o acusadas en los procesos penales , con especial atención a los niños y las mujeres .

c bis)

Promover la aplicación práctica de la investigación relacionada con las drogas para apoyar a las organizaciones de la sociedad civil, ampliar la base de conocimientos en este ámbito y desarrollar métodos innovadores para afrontar los fenómenos de las nuevas sustancias psicoactivas, la trata de seres humanos y el tráfico de productos.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)

estudios de parámetros de referencia, investigaciones, análisis y encuestas, valoraciones, evaluaciones de impacto, y elaboración y publicación de guías, informes y material educativo .

a)

haber sido evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del Programa;

a)

haber sido debidamente evaluadas en una convocatoria de propuestas en el marco del Programa;

a)

la percepción de las repercusiones del Programa en lo que respecta al acceso a la justicia a partir de datos cuantitativos y cualitativos recabados a escala europea;

b)

el número y la calidad de los instrumentos y herramientas desarrollados mediante acciones financiadas con cargo al Programa;

c)

el valor añadido europeo del Programa;

d)

el nivel de financiación en relación con los resultados obtenidos;

e)

los posibles obstáculos administrativos, organizativos o estructurales a la más fácil, eficaz y eficiente aplicación del Programa.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

i)

las actividades de aprendizaje mutuo y de intercambio de buenas prácticas;

i)

las acciones de aprendizaje mutuo y de intercambio de buenas prácticas;

ii)

las actividades de sensibilización, información y difusión

ii)

las acciones de sensibilización, información y difusión;

ii bis)

las acciones de creación de capacidades dirigidas a organizaciones de la sociedad civil;

ii ter)

las acciones relacionadas con informar a las personas sobre el acceso a la justicia;

ii quater)

las acciones dirigidas a jueces relativas a las dificultades para la litigación y a la manera de aplicar el Derecho internacional privado y el Derecho de la Unión en los asuntos transfronterizos o multidisciplinarios;

ii quinquies)

las acciones de sensibilización financiadas con cargo al Programa