COMISIÓN EUROPEA

Bruselas, 24.5.2018

COM(2018) 353 final

2018/0178(COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles

(Texto pertinente a efectos del EEE)

{SEC(2018) 257 final}
{SWD(2018) 264 final}
{SWD(2018) 265 final}

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

1.CONTEXTO DE LA PROPUESTA

•    Razones y objetivos de la propuesta

La presente propuesta forma parte de una iniciativa más amplia de la Comisión en materia de desarrollo sostenible. Sienta las bases para un marco de la UE que convierte las consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en un aspecto central del sistema financiero, con miras a apoyar la transformación de la economía europea en un sistema más ecológico, más resiliente y circular. Para promover la sostenibilidad de las inversiones, es conveniente tener en cuenta los factores ASG en el proceso de toma de decisiones de inversión, tomando en consideración factores tales como las emisiones de gases de efecto invernadero, el agotamiento de los recursos, o las condiciones de trabajo. La presente propuesta y los actos legislativos propuestos paralelamente pretenden integrar las citadas consideraciones en el proceso de inversión y de asesoramiento de manera coherente en todos los sectores. Se garantizaría de este modo que los participantes en los mercados financieros (sociedades de gestión de OICVM, GFIA, empresas de seguros, fondos de pensiones de empleo, gestores de FCRE y gestores de FESE), los distribuidores de seguros o los asesores en materia de inversión, que reciben de sus clientes o partícipes un mandato para tomar decisiones de inversión por cuenta de ellos, integraran las consideraciones ASG en sus procesos internos e informaran a sus clientes al respecto. Además, para ayudar a los inversores a comparar la huella de carbono de las inversiones, las propuestas introducen nuevas categorías de índices de referencia, correspondientes a un bajo impacto carbónico y a un impacto carbónico positivo. Estas propuestas, que se refuerzan mutuamente, facilitarán previsiblemente las inversiones en proyectos y activos sostenibles en toda la UE.

En particular, la presente propuesta establece criterios uniformes para determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental. Asimismo, establece un proceso en el que interviene una plataforma multilateral encargada de definir un sistema de clasificación unificado de la UE, basado en una serie de criterios específicos, con el fin de determinar qué actividades económicas se consideran sostenibles.

Los operadores económicos y los inversores podrán así saber claramente qué actividades se consideran sostenibles a fin de tomar decisiones de inversión informadas. Ello contribuiría a garantizar que las estrategias de inversión se orienten hacia actividades económicas que ayuden realmente a alcanzar objetivos ambientales y que, al mismo tiempo, cumplan unos requisitos mínimos en materia social y de gobernanza. Una mayor claridad en cuanto a qué inversiones pueden considerarse sostenibles desde un punto de vista ambiental facilitará el acceso a mercados transfronterizos de capitales para tales inversiones.

El paquete de propuestas de la Comisión está en consonancia con los esfuerzos realizados a escala mundial en favor de una economía más sostenible. Los gobiernos de todo el mundo han optado por una senda más sostenible para nuestro planeta y nuestra economía mediante la aprobación del Acuerdo de París de 2016 sobre el cambio climático y de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

La UE está comprometida con un desarrollo que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La sostenibilidad viene estando desde hace mucho tiempo en el centro del proyecto europeo. Los Tratados de la UE reconocen sus dimensiones social y ambiental, que deben abordarse conjuntamente.

La Comunicación de la Comisión de 2016 sobre las próximas etapas para un futuro europeo sostenible vincula los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1 , enunciados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, al marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones e iniciativas de la Unión, dentro de su territorio y a nivel mundial, incorporen ya de partida dichos objetivos. La UE también está plenamente comprometida con la consecución de sus objetivos climáticos y energéticos para 2030 y la integración del desarrollo sostenible en sus políticas, tal como se anunció en las Orientaciones Políticas para la Comisión Europea 2 de 2014 presentadas por Jean-Claude Juncker. Así pues, muchas de las prioridades de la Comisión para 2014-2020 contribuyen a los objetivos climáticos de la UE y ponen en práctica la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Entre ellas, cabe citar el Plan de Inversiones para Europa 3 , el paquete sobre la economía circular 4 , el paquete sobre la Unión de la Energía 5 , la actualización de la Estrategia de Bioeconomía de la UE 6 , la Unión de los Mercados de Capitales 7 y el presupuesto de la UE para 2014-2020, incluidos el Fondo de Cohesión y los proyectos de investigación. Además, la Comisión ha puesto en marcha una plataforma multilateral para el seguimiento de la aplicación de los ODS y el intercambio de buenas prácticas al respecto.

A modo de seguimiento de la labor del grupo de expertos de alto nivel, el 8 de marzo de 2018, la Comisión publicó un Plan de Acción sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible 10 . En él se comprometió a presentar una propuesta legislativa en el segundo trimestre de 2018 con vistas al desarrollo progresivo de una taxonomía de la UE para el cambio climático y las actividades sostenibles desde un punto de vista ambiental y social, basándose, en su caso, en el trabajo ya realizado. El objetivo es incorporar la futura taxonomía de la UE al Derecho de la UE y sentar las bases para la utilización de este sistema de clasificación en diferentes ámbitos (por ejemplo, normas, etiquetas, índices de referencia de la sostenibilidad).

•    Coherencia con las disposiciones existentes en la misma política sectorial

•    Coherencia con otras políticas de la Unión

2.    BASE JURÍDICA, SUBSIDIARIEDAD Y PROPORCIONALIDAD

•    Base jurídica

El artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) confiere al Parlamento Europeo y al Consejo competencias para adoptar medidas relativas a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros que estén relacionadas con el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior. El artículo 114 del TFUE permite a la UE adoptar medidas para eliminar los obstáculos al ejercicio de las libertades fundamentales y prevenir su aparición, incluidos los que dificultan que los operadores económicos, entre ellos los inversores, aprovechen plenamente los beneficios del mercado interior.

En la actualidad, los Estados miembros difieren en sus interpretaciones de lo que debe calificarse de inversión sostenible. En algunos Estados miembros se han establecido sistemas de etiquetado o se han adoptado iniciativas impulsadas por el mercado para determinar qué puede considerarse ecológico a efectos de inversión; en otros no existe ninguna norma, pero es probable que se apruebe legislación en este ámbito basada en su propia definición de inversión sostenible. Las etiquetas nacionales basadas en criterios diferentes en cuanto a qué actividades económicas pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental impiden a los inversores comparar fácilmente las inversiones ecológicas, disuadiéndolos así de invertir en otro Estado miembro.

Las divergencias existentes también suponen una carga para los operadores económicos, que tienen que atenerse a normas diferentes en los distintos Estados miembros. Para hacer frente a las divergencias existentes y prevenir nuevos obstáculos al mercado interior, la presente propuesta contiene una definición normalizada a nivel de la UE de lo que puede considerarse una actividad económica sostenible desde el punto de vista ambiental con fines de inversión. El objetivo de esta propuesta es armonizar el concepto de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental en toda la Unión, facilitando así la inversión en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, tanto a nivel nacional como en varios países de la UE. El concepto normalizado permitirá también a los operadores económicos atraer inversiones procedentes del extranjero con mayor facilidad.

El artículo 114 del TFUE constituye la base jurídica en virtud de la cual la UE puede adoptar esta propuesta, ya que su objetivo es facilitar la inversión en actividades económicas sostenibles en toda la UE, con independencia de las fronteras nacionales.

•    Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)

La presente propuesta respeta el principio de subsidiariedad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). Conforme a dicho principio, únicamente pueden adoptarse medidas a nivel de la UE si los objetivos perseguidos no pueden alcanzarse en un nivel inferior.

La actual falta de claridad de lo que constituye una actividad económica sostenible desde el punto de vista ambiental podría agravarse si los Estados miembros intentan actuar en ese ámbito en paralelo, sin ninguna coordinación. Ante los compromisos adquiridos con los objetivos climáticos y ambientales a nivel internacional (p.ej., a través del Acuerdo de París) y de la UE, es probable que cada vez más Estados miembros exploren la posibilidad de introducir etiquetas para los productos financieros sostenibles, utilizando su propia y particular taxonomía. Podrían así aumentar las barreras nacionales a la hora de recurrir a los mercados de capitales para obtener financiación destinada a proyectos sostenibles. La diversificación de los sistemas de clasificación incrementaría la fragmentación del mercado y plantearía problemas de competencia, haciendo más difícil y costoso para los inversores entender qué es y qué no es sostenible.

Los criterios para determinar qué es una actividad sostenible a efectos de inversión deben, por tanto, armonizarse a escala de la UE. Posteriormente, debería establecerse un sistema de clasificación uniforme de la UE mediante un proceso en el que participen todas las partes interesadas pertinentes. De ese modo, será más fácil para los operadores económicos atraer capital para inversiones sostenibles de toda la UE. Será un primer paso en la lucha contra el «blanqueo ecológico» y facilitará a los inversores la determinación de los criterios aplicados a la hora de calificar un producto financiero de «ecológico» o «sostenible». La propuesta está, pues, concebida para corregir las deficiencias del marco jurídico existente, estableciendo criterios uniformes para determinar qué inversiones pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental. La acción de la UE es más eficaz para garantizar uniformidad y seguridad jurídica en lo que respecta al ejercicio de las libertades consagradas por el Tratado.

•    Proporcionalidad

•    Elección del instrumento

3.    RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES EX POST, DE LAS CONSULTAS CON LAS PARTES INTERESADAS Y DE LAS EVALUACIONES DE IMPACTO

•    Consultas con las partes interesadas

Se recabaron las opiniones de las partes interesadas a través de una consulta pública sobre el informe provisional del grupo de expertos de alto nivel sobre finanzas sostenibles, así como de entrevistas específicas a entidades financieras, realizadas por la Comisión. Se preguntó a los interesados qué debería englobar una taxonomía de la UE, si estimaban necesaria una regulación, y qué alcance debería tener inicialmente dicha taxonomía. Las opiniones expresadas sobre estas tres cuestiones pueden resumirse como sigue:

·Intervención reguladora de la UE: la mayoría de los encuestados se muestra a favor de la elaboración de una taxonomía (es decir, una clasificación de actividades económicas sostenibles) a nivel de la UE. Muchos de ellos señalan que una taxonomía de la UE debería basarse en los marcos internacionales (p.ej., los ODS de las Naciones Unidas) y las clasificaciones existentes (p.ej., la labor de Climate Bonds Initiative, Eurosif, el Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima, etc.), o al menos tenerlos en cuenta.

·Alcance: la mayoría de los encuestados indica que la taxonomía de la UE debería acabar englobando todos los objetivos de sostenibilidad (ambientales y sociales). Algunos son partidarios de un enfoque gradual, empezando por el medio ambiente.

·Nivel de detalle: las opiniones difieren por lo que respecta al nivel de detalle que debe tener una taxonomía de la UE. Mientras que el sector financiero aboga, en general, por una taxonomía no prescriptiva, otros interesados (particulares y sociedad civil) prefieren una taxonomía más detallada, que proporcione definiciones y criterios (mensurables) claros.

•    Obtención y uso de asesoramiento especializado

·estar en consonancia con los objetivos públicos declarados de la UE, en particular, la aplicación del Acuerdo de París y los ODS;

·orientar a los participantes en los mercados de capitales sobre la relevancia de determinadas actividades o su contribución;

·utilizar parámetros taxonómicos que, al igual que los datos que los sustenten, sean de libre acceso y se desarrollen a través de un proceso multilateral, a fin de garantizar su aceptación por parte de los mercados;

·ser una herramienta evolutiva. La ciencia en torno a la sostenibilidad es dinámica y va evolucionando, al igual que las expectativas sociales y las necesidades de los mercados y los inversores. Por ello, debe considerarse que la taxonomía representa los mejores conocimientos de los que se dispone actualmente y requerirá una revisión constante.

·una perspectiva general y un análisis de los esfuerzos realizados a escala mundial para definir el concepto de «ecológico» en relación con los bonos, préstamos y acciones cotizadas;

·los medios y posibilidades de determinar los activos y actividades «ecológicos» a través de definiciones conceptuales, taxonomías, metodologías de calificación y otros mecanismos;

·una lista de las definiciones del concepto de «ecológico» disponibles, junto con las descripciones y evaluaciones de una selección de definiciones, y una comparación de las taxonomías sectoriales «ecológicas» disponibles.

•    Evaluación de impacto

La propuesta tiene en cuenta los dictámenes (el dictamen favorable con reservas emitido el 14 de mayo de 2018 y los dos dictámenes negativos previos) emitidos por el Comité de Control Reglamentario (CCR). La propuesta y la evaluación de impacto revisada responden a las observaciones del CCR, que, en sus dictámenes, indicaba que eran necesarios ajustes antes de proseguir con esta iniciativa.

Las observaciones incluidas en el tercer dictamen, de carácter favorable, se centran en la necesidad de:

·garantizar claridad en lo que respecta a la instrumentación de los conceptos de «no causar perjuicio» y «contribuir sustancialmente a la sostenibilidad»;

·garantizar que el marco de seguimiento y evaluación incluya los problemas y riesgos que deban tenerse en cuenta a la hora de desarrollar los criterios técnicos de selección;

·hacer más transparente la relación coste-beneficio al comparar las opciones.

Estas reservas se tuvieron en cuenta en la versión revisada final de la evaluación de impacto.

Las observaciones recibidas del CCR con anterioridad se han tenido en cuenta plenamente, tanto en la propuesta como en la correspondiente evaluación de impacto revisada, y giran en torno a tres grandes motivos de preocupación:

En primer lugar, y de forma más general, el CCR sugirió que la evaluación de impacto explicase mejor el alcance, el orden y la coherencia de las diferentes medidas, incluida la taxonomía y su relación con las demás propuestas. En este sentido, se han introducido en la versión final de la evaluación de impacto las mejoras siguientes:

·El uso inmediato y los posibles usos futuros de la taxonomía se describen mejor, al igual que la forma en que se pondrá en práctica.

·Se ha aclarado que la naturaleza y la magnitud de los costes que recaerán sobre los interesados serán objeto de una evaluación de impacto antes de la adopción de cada acto delegado por el que se establezcan los criterios técnicos de selección.

·Se ha explicado la coherencia y la complementariedad con la legislación de la UE vigente y sus políticas en otros ámbitos (por ejemplo, medio ambiente y clima, energía y transporte).

·Se han explicado el orden temporal de la «taxonomía ambiental» y la «taxonomía social» y las interacciones entre ambas.

·Se ha aclarado de qué manera la taxonomía se ampliaría y actualizaría a lo largo del tiempo y se ha realizado una estimación de los correspondientes costes administrativos.

·Se ha aclarado cómo se informaría o se implicaría a los colegisladores a lo largo del proceso de desarrollo de los criterios técnicos de selección.

En segundo lugar, y de manera más específica, el CCR manifestó su preocupación por el uso inmediato de la taxonomía y los riesgos asociados a la obligatoriedad de esa utilización para los participantes en los mercados financieros antes de que la taxonomía haya alcanzado un grado de estabilidad y madurez suficiente. El texto jurídico propuesto, basado en la evaluación de impacto revisada final, resuelve este problema de la manera siguiente:

·Una serie de disposiciones de la presente propuesta garantiza que la taxonomía se utilizará únicamente una vez que alcance la oportuna estabilidad y madurez, a fin de evitar costes desproporcionados a los participantes en los mercados financieros. La finalidad perseguida es que la taxonomía se utilice exclusivamente al final de un proceso de consulta con las partes interesadas que fomente su aceptación y una buena comprensión del concepto:

–El artículo 18 establece que la parte operativa del Reglamento (artículos 3 a 12) comenzará a aplicarse seis meses después de la fecha de entrada en vigor de los actos delegados. Esto significa que los participantes en los mercados financieros no estarán obligados a aplicar los criterios relativos a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental hasta que hayan tenido tiempo suficiente para prepararse y familiarizarse con las normas y su aplicación.

–Los participantes en los mercados financieros que comercialicen productos financieros como sostenibles desde el punto de vista ambiental tendrán que publicar la oportuna información. No obstante, la presente propuesta garantiza que las obligaciones de información no impongan una carga desproporcionada a los participantes en los mercados financieros de que se trate. El artículo 4 exige que se divulgue la forma y la medida en que los criterios que determinan la sostenibilidad ambiental de una inversión, según lo establecido por la taxonomía, se tienen en cuenta en el proceso de toma de decisiones de inversión. Los actos delegados especificarán el alcance exacto de esta obligación de información, basándose en una evaluación de impacto detallada.

–Los administradores de índices de referencia de bajo impacto carbónico o impacto carbónico positivo podrán elaborar sus metodologías y cumplir las correspondientes obligaciones de información sin tener que recurrir a la taxonomía, que solo servirá de referencia para la selección de los activos subyacentes del índice.

En tercer lugar, el CCR manifestó su preocupación por la forma en que los seis objetivos ambientales de la taxonomía, tal como se establece en el artículo 5, se instrumentarán, en particular en lo que respecta al concepto de «no causar perjuicio» y su interacción con la legislación vigente de la Unión, así como al concepto de «contribuir sustancialmente a la sostenibilidad». Otro motivo de preocupación conexo era la posibilidad de que se falseara la competencia al establecer criterios heterogéneos para los distintos subsectores. Estas inquietudes se tuvieron en cuenta en la evaluación de impacto y el texto jurídico responde a las mismas de la siguiente manera:

·Los considerandos ponen de relieve que los actos delegados por los que se determinen los criterios técnicos de selección para cada uno de los seis objetivos ambientales serán objeto de una minuciosa evaluación de impacto. Las disposiciones por las que se delegan los poderes en la Comisión establecen que los dos conjuntos de criterios –los que responden al requisito de «no causar perjuicio» y los que determinan la «contribución sustancial a la sostenibilidad» de una actividad– figurarán conjuntamente en un solo acto delegado para cada uno de los seis objetivos.

·El artículo 14, apartado 1, letra d), exige que, al definir los criterios técnicos de selección, se tenga en cuenta toda la legislación pertinente de la UE en vigor.

·El artículo 14, apartado 1, letra h), exige que los criterios técnicos de selección reconozcan el riesgo de que se generen activos obsoletos y las posibles repercusiones de las medidas propuestas sobre la liquidez de los mercados. Estos riesgos, así como los posibles riesgos de proporcionar incentivos incoherentes, se evaluarán rigurosamente a la hora de desarrollar los criterios técnicos de selección en el marco de los actos delegados, según lo descrito en el artículo 14.

·El artículo 14, apartado 1, letra i), dispone que los actos delegados se elaborarán objetivo por objetivo, en todos los sectores pertinentes, a fin de no falsear la competencia. El considerando 27 sustenta esta disposición.

·El artículo 18 ofrece garantías adicionales en relación con el uso de la taxonomía por los participantes en los mercados financieros, al aplazar la aplicación de las disposiciones operativas del presente Reglamento. De este modo se evita imponer obligaciones adicionales a los participantes en los mercados financieros hasta que exista la suficiente claridad en cuanto al contenido de la taxonomía y su cumplimiento.

La propuesta está en consonancia con las conclusiones de la evaluación de impacto acerca de la opción preferida.

Las opciones generales de actuación examinadas en dicha evaluación fueron las siguientes:

·No intervención de la UE (opción 1)

·Taxonomía ambiental de la UE con un nivel medio de detalle (opción 2)

·Taxonomía ambiental de la UE con un nivel elevado de detalle (opción 3)

Con la primera opción, es probable que sigan desarrollándose iniciativas de distinto alcance impulsadas por el mercado o basadas en él, las cuales entrarían en competencia con las clasificaciones que elaboren en el futuro organismos públicos (p.ej., el BEI), por lo que no se creará ningún sistema de clasificación coherente y unívoco de las actividades sostenibles a medio o largo plazo. Es probable que ello limite la posibilidad de reorientar los flujos de capital hacia los objetivos de sostenibilidad. La opción 2 prevé, por su parte, la identificación de seis objetivos ambientales de la UE y la identificación y clasificación de las actividades económicas (agrupadas por macrosectores, sectores y subsectores) que contribuyan inequívocamente a alguno de ellos. No obstante, la falta de criterios técnicos de selección más detallados suscita ciertas dudas sobre: i) cuán «ecológica» es realmente la taxonomía de la opción 2 (ya que podría favorecer actividades económicas de un subsector definido como «ecológico», aun cuando su comportamiento ambiental sea mediocre); y ii) cuál es la contribución a un determinado objetivo ambiental de la UE (p.ej., la falta de efectos cuantificables también dificulta la recogida y el seguimiento de los datos).

La opción 3, que prevé, en cambio, la definición de criterios técnicos de selección específicos en cada subsector y del objetivo ambiental de la UE al que contribuyen los subsectores, es la opción preferida, ya que deja plenamente claro qué actividades son sostenibles desde el punto de vista ambiental, superando asimismo las principales deficiencias detectadas en la taxonomía menos detallada (opción 2). En lo que respecta al impacto económico, una clasificación uniforme a escala de la UE ayudaría a determinar qué actividades pueden considerarse sostenibles y a enviar señales adecuadas a los agentes económicos, ya que «traduciría» los objetivos de la política de la UE en orientaciones concretas para identificar los proyectos o inversiones pertinentes. Por consiguiente, podría contribuir a encauzar un mayor volumen de flujos de capital hacia inversiones sostenibles. El presente Reglamento es un primer paso importante a la hora de aportar claridad sobre lo que constituye una inversión sostenible, pero la taxonomía propiamente dicha se elaborará mediante actos delegados. La incidencia en las partes interesadas depende de los usos finales de la taxonomía y de los detalles de esta. En términos de costes, el desarrollo de esta taxonomía requerirá tiempo y recursos, lo que también tendrá repercusiones para el presupuesto de la UE (véase la sección sobre las repercusiones presupuestarias más abajo).

En términos de impacto ambiental, una vez sea operativa, se espera que la taxonomía de la UE tenga efectos indirectos positivos sobre el medio ambiente en la UE. Al proporcionar claridad sobre lo que es «ecológico», facilitaría las inversiones en proyectos y activos sostenibles en toda la UE, lo que contribuiría a la consecución de los objetivos ambientales de la UE, por ejemplo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con el Acuerdo de París y la transición a una economía circular y eficiente en el uso de los recursos. Las inversiones adicionales resultantes de una mayor transparencia y armonización de los mercados podrían contribuir a promover la profunda transformación sostenible prevista por las políticas ambientales ya aplicadas a nivel de la UE y de los Estados miembros. Las inversiones en sectores ecológicos (p.ej., energías renovables, eficiencia energética, gestión de residuos, restauración ambiental) se traducirían así en beneficios inmediatos y a más largo plazo para el medio ambiente, tales como la reducción de los niveles de contaminación (p.ej., en la atmósfera, el agua y el suelo), con sus consiguientes ventajas para la salud, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la consiguiente mitigación del peligroso cambio climático, y la conservación y valorización del capital natural y los servicios ecosistémicos.

En lo que respecta a las repercusiones sociales, dado que la propuesta estipula unas garantías mínimas en lo relativo también a los aspectos sociales, cabe esperar igualmente algunos efectos positivos mínimos en ese ámbito. Cabe prever repercusiones sociales más importantes cuando la iniciativa propuesta se revise para englobar finalmente los objetivos sociales y las actividades sostenibles desde el punto de vista social, conforme a la cláusula de revisión.

La propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, habida cuenta de la obligación de que la actividad económica sostenible desde el punto de vista ambiental que se identifique se lleve a cabo con arreglo a unas garantías mínimas en materia social y de gobernanza.

4.    REPERCUSIONES PRESUPUESTARIAS

La propuesta incluye un artículo sobre la creación de la Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que ayudará a la Comisión en el desarrollo progresivo de un sistema de clasificación de la UE y su actualización. Asimismo, llevará a cabo otras tareas necesarias para alcanzar los objetivos del Plan de Acción en materia de finanzas sostenibles y, en particular, asesorará a la Comisión sobre la necesidad de modificar el marco establecido por la presente propuesta. Se encargará también de hacer un seguimiento de los flujos de capital orientados a inversiones sostenibles e informará periódicamente a la Comisión al respecto.

Las Autoridades Europeas de Supervisión (AES) desempeñarán un papel clave en el desarrollo de la taxonomía de sostenibilidad de la UE, asegurándose de que sea utilizable por las entidades financieras, aplicable a los productos financieros y compatible con la normativa financiera de la UE. La función de las AES será esencial a la hora de garantizar que la taxonomía de sostenibilidad de la UE se elabore de forma útil para el análisis de escenarios climáticos y, en una fase posterior, para las pruebas de resistencia frente al cambio climático. A fin de realizar estas y otras tareas, cada Autoridad necesitaría un nuevo empleado a tiempo completo a partir de 2020, momento en el que se espera que las distintas disposiciones de la propuesta empiecen a ser de aplicación.

Cabe señalar que las posibles exigencias presupuestarias de las AES seguirán estando sujetas a todos los mecanismos de rendición de cuentas y fiscalización establecidos en los Reglamentos de las AES, de cara a la preparación, adopción y ejecución de sus presupuestos anuales. Por otra parte, la decisión anual relativa a la contribución de equilibrio de la UE a las AES y sus plantillas de personal (por ejemplo, la decisión sobre la dotación de personal) seguirá sujeta a la autorización del Parlamento Europeo y el Consejo, y a la aprobación de la gestión del Parlamento Europeo previa recomendación del Consejo.

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) también participará activamente en los trabajos sobre finanzas sostenibles, en particular ofreciendo sus conocimientos técnicos en diferentes ámbitos ambientales para desarrollar y mantener la taxonomía de sostenibilidad de la UE en todo lo relativo al clima y al medio ambiente. La AEMA también recopilará y suministrará datos sobre las necesidades y los flujos de inversión en los Estados miembros en el marco del Observatorio de Finanzas Sostenibles, y ofrecerá asesoramiento a los Estados miembros para elaborar sus estrategias de inversión sostenible y con bajas emisiones de carbono. A fin de realizar estas y otras tareas, la AEMA necesitaría dos nuevos empleados a tiempo completo a partir de 2020.

La Comisión Europea será responsable de la gestión de la Plataforma (p.ej., organizar sus reuniones y, en su caso, las de los subgrupos, informar sobre los resultados, preparar propuestas legislativas, servir de enlace con las AES y la AEMA, mantener una herramienta informática colaborativa, reembolsar a los expertos, desempeñar otras tareas de secretaría, etc.). A fin de realizar estas y otras tareas, la Comisión Europea necesitaría diez empleados a tiempo completo a partir de 2020 (8 AD y 2 AST).

La incidencia presupuestaria y financiera de la presente propuesta se explica en detalle en la ficha financiera legislativa adjunta.

Cabe señalar que la información que figura en ella es compatible con la propuesta de MFP posterior a 2020.

5.    OTROS ELEMENTOS

•    Planes de ejecución y modalidades de seguimiento, evaluación e información

Los criterios uniformes para la determinación de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental se definirán e instrumentarán mediante posteriores actos delegados, que establecerán los criterios técnicos de selección. Dichos actos delegados serán debidamente objeto de una evaluación de impacto. Al desarrollar los criterios técnicos de selección se tendrán en cuenta, en particular, su impacto en la competencia dentro de un mismo sector y entre sectores, en los mercados y productos financieros ecológicos existentes, y en la liquidez de los mercados financieros, así como los posibles riesgos de proporcionar incentivos incoherentes.

La evaluación y la presentación de informes están previstas cada tres años una vez que comience a aplicarse el presente Reglamento. La Comisión debe publicar un informe sobre la aplicación del presente Reglamento, evaluando los avances en su ejecución, en términos de desarrollo de criterios técnicos de selección para las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, y la posible necesidad de revisar los criterios establecidos en el presente Reglamento para considerar que una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental.

Asimismo, la Comisión debe valorar la conveniencia de establecer un mecanismo destinado a comprobar el cumplimiento de la aplicación de los criterios para determinar la sostenibilidad ambiental de una actividad económica.

Por último, la Comisión debe evaluar la oportunidad de ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento para incluir otros objetivos de sostenibilidad, en particular los de índole social, así como la utilización del concepto de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental en el Derecho de la Unión y a escala de los Estados miembros.

Toda futura propuesta legislativa de la Comisión que prevea la utilización obligatoria de la clasificación de actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental de la UE en otros ámbitos será objeto de una evaluación de impacto, en consonancia con los principios de mejora de la legislación.

La Comisión debe remitir su informe al Parlamento Europeo y al Consejo, y presentar las propuestas de modificación del presente Reglamento que resulten oportunas.

•    Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta

La aplicación del Reglamento se aplaza a una fecha posterior a la adopción de los actos delegados por los que se establezcan los criterios técnicos de selección para cada objetivo ambiental. Así pues, las disposiciones relativas a cada objetivo ambiental no serán de aplicación hasta seis meses después de la fecha en que se hayan establecido los criterios técnicos de selección, con el fin de conceder a los agentes de los mercados afectados tiempo suficiente para prepararse.

2018/0178 (COD)

Propuesta de

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO

sobre el establecimiento de un marco para facilitar las inversiones sostenibles

(Texto pertinente a efectos del EEE)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 114,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Banco Central Europeo 18 ,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo 19 ,

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,

Considerando lo siguiente:

(1)El artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea tiene por objeto establecer un mercado interior que obre en pro del desarrollo sostenible de Europa, basado, en particular, en un crecimiento económico equilibrado y en un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente.

(2)El 25 de septiembre de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó un nuevo marco mundial para el desarrollo sostenible: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 20 , centrada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que comprenden tres pilares de sostenibilidad, a saber: el ambiental, el social y el económico y de gobernanza. La Comunicación de la Comisión de 2016 sobre las próximas etapas para un futuro europeo sostenible 21 vincula los ODS al marco de actuación de la Unión, a fin de garantizar que todas las acciones e iniciativas de la Unión, dentro de su territorio y a nivel mundial, incorporen ya de partida dichos objetivos. Las conclusiones del Consejo Europeo de 20 de junio de 2017 22 confirmaron el compromiso de la Unión y sus Estados miembros con la aplicación de la Agenda 2030 de manera íntegra, coherente, exhaustiva, integrada y efectiva y en estrecha cooperación con los países socios y otros interesados.

(3)En 2016, el Consejo celebró en nombre de la Unión el Acuerdo de París sobre el cambio climático 23 . En su artículo 2, apartado 1, letra c), el Acuerdo de París fija el objetivo de reforzar la respuesta al cambio climático, entre otras cosas compatibilizando los flujos financieros con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

(4)La sostenibilidad y la transición a una economía circular, más eficiente en el uso de los recursos, con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima son fundamentales para garantizar la competitividad a largo plazo de la economía de la Unión. La sostenibilidad ha ocupado durante mucho tiempo un lugar central en el proyecto de la Unión Europea y los Tratados reconocen sus dimensiones social y ambiental.

(5)En diciembre de 2016, la Comisión encomendó a un grupo de expertos de alto nivel la labor de definir una estrategia general completa de la Unión en relación con las finanzas sostenibles. El informe del grupo de expertos publicado el 31 de enero de 2018 24 aboga por la creación de un sistema de clasificación técnicamente sólido a escala de la Unión a fin de aclarar qué actividades son «ecológicas» o «sostenibles», comenzando por la mitigación del cambio climático.

(6)En marzo de 2018, la Comisión publicó su Plan de Acción «Financiar el crecimiento sostenible» 25 , que recoge una estrategia ambiciosa e integral respecto de las finanzas sostenibles. Uno de los objetivos fijados en dicho Plan de Acción es reorientar los flujos de capital hacia inversiones sostenibles, a fin de lograr un crecimiento sostenible e inclusivo. La medida más importante y urgente prevista por el Plan de Acción es el establecimiento de un sistema de clasificación unificado de las actividades sostenibles. El Plan de Acción reconoce que la reorientación de los flujos de capital hacia actividades más sostenibles debe sustentarse en una interpretación común de lo que significa «sostenible». Como primer paso, la definición de orientaciones claras sobre las actividades que pueden considerarse coadyuvantes al logro de objetivos ambientales ayudará sin duda a informar a los inversores sobre las inversiones que financian actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Posteriormente podrían elaborarse orientaciones complementarias sobre las actividades que contribuyen a otros objetivos de sostenibilidad, entre ellos los de índole social.

(7)La Decisión n.º 1386/2013/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 26 preconizaba un aumento de la contribución del sector privado a la financiación de los gastos ambientales y relacionados con el cambio climático, en particular a través del establecimiento de incentivos y métodos que alienten a las empresas a medir los costes ambientales de su negocio y los beneficios derivados de la utilización de servicios ambientales.

(8)La consecución de los ODS en la Unión exige la canalización de los flujos de capital hacia inversiones sostenibles. Es importante aprovechar plenamente el potencial del mercado interior para el logro de esos objetivos. Asimismo, es esencial garantizar que los flujos de capital encauzados hacia inversiones sostenibles no sufran perturbaciones en el mercado interior.

(9)Ofrecer productos financieros que persigan objetivos sostenibles desde el punto de vista ambiental es una forma eficaz de canalizar la inversión privada hacia actividades sostenibles. Los requisitos impuestos a nivel nacional para la comercialización de productos financieros y bonos de empresa como inversiones sostenibles, en particular los requisitos establecidos para permitir a los pertinentes agentes de los mercados utilizar una etiqueta nacional, pretenden aumentar la confianza de los inversores, crear visibilidad y disipar los temores acerca del «blanqueo ecológico». El blanqueo ecológico hace referencia a la práctica de obtener una ventaja competitiva desleal presentando un producto financiero como respetuoso con el medio ambiente a la hora de comercializarlo, cuando, en realidad, no cumple los requisitos ambientales básicos. Actualmente, algunos Estados miembros disponen de sistemas de etiquetado, los cuales se basan en diferentes taxonomías para clasificar las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Habida cuenta de los compromisos políticos adquiridos en virtud del Acuerdo de París y a nivel de la Unión, es probable que cada vez más Estados miembros establezcan sistemas de etiquetado u otros requisitos para los agentes de los mercados respecto de los productos financieros o bonos de empresa comercializados como sostenibles desde el punto de vista ambiental. Para ello, los Estados miembros utilizarían sus propias taxonomías nacionales al determinar qué inversiones pueden considerarse sostenibles. Si tales requisitos nacionales se basan en criterios diferentes en cuanto a las actividades económicas que pueden considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental, los inversores se verán disuadidos de realizar inversiones transfronterizas, debido a las dificultades que supondrá comparar las distintas oportunidades de inversión. Además, los operadores económicos que deseen atraer inversiones de toda la Unión tendrían que cumplir requisitos diferentes en los diversos Estados miembros, a fin de que sus actividades se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental a efectos de las diferentes etiquetas. La falta de criterios uniformes incrementará, pues, los costes y supondrá un importante factor disuasorio para los operadores económicos, que representará un obstáculo al acceso transfronterizo a los mercados de capitales para las inversiones sostenibles. Cabe prever que las barreras de acceso a los mercados de capitales transfronterizos a efectos de la captación de fondos para proyectos sostenibles serán aún mayores. Por consiguiente, resulta oportuno armonizar a escala de la Unión los criterios para determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental, a fin de eliminar los obstáculos al funcionamiento del mercado interior y prevenir su aparición futura. Con esta armonización, será más fácil para los operadores económicos obtener financiación para sus actividades ecológicas a escala transfronteriza, ya que sus actividades económicas podrán compararse a la luz de criterios uniformes antes de ser seleccionadas como activos subyacentes de inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental. Se facilitará así, por tanto, la captación de inversiones transfronterizas dentro de la Unión.

(10)Por otra parte, si los participantes en los mercados no ofrecen a los inversores ninguna explicación sobre la forma en que las actividades en las que invierten contribuyen a los objetivos ambientales, o si se basan en diferentes conceptos al explicar lo que constituye una actividad económica «sostenible», a los inversores les resultará desproporcionadamente arduo comprobar y comparar los diferentes productos financieros. Se ha constatado que esto disuade a los inversores de invertir en productos financieros ecológicos. Además, la falta de confianza de los inversores tiene importantes efectos perjudiciales en el mercado de la inversión sostenible. Se ha demostrado también que las normas nacionales o las iniciativas basadas en el mercado adoptadas para solucionar este problema dentro de las fronteras nacionales llevan a fragmentar el mercado interior. Si los participantes en los mercados financieros dan a conocer de qué manera los productos financieros que presentan como respetuosos con el medio ambiente cumplen los objetivos ambientales y si, al hacerlo, utilizan criterios comunes a toda la Unión de lo que constituye una actividad económica sostenible desde el punto de vista ambiental, ayudarán a los inversores a comparar distintas oportunidades de inversión respetuosas con el medio ambiente a escala transfronteriza. Los inversores invertirán en productos financieros ecológicos con mayor confianza en toda la Unión, mejorando así el funcionamiento del mercado interior.

(11)Con vistas a eliminar los actuales obstáculos al funcionamiento del mercado interior y a prevenir la aparición de tales obstáculos en el futuro, resulta oportuno disponer que los Estados miembros utilicen un concepto común de «inversión sostenible desde el punto de vista ambiental» al establecer los requisitos que los agentes de los mercados deberán cumplir a efectos del etiquetado de los productos financieros o los bonos de empresa comercializados como sostenibles desde el punto de vista ambiental a nivel nacional. Por las mismas razones, los gestores de fondos y los inversores institucionales que declaren perseguir objetivos ambientales deben utilizar el mismo concepto de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental cuando revelen de qué manera persiguen esos objetivos.

(12)El establecimiento de criterios para las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental puede alentar a las empresas a difundir, de forma voluntaria, en sus sitios web información sobre las actividades de ese tipo que lleven a cabo. Esa información no solo ayudará a los pertinentes agentes de los mercados financieros a identificar sin dificultad las empresas que realizan actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, sino que también facilitará para dichas empresas la obtención de financiación a efectos de sus actividades ecológicas.

(13)Una clasificación de la Unión de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental debería permitir el desarrollo de futuras políticas de la Unión, incluidas normas a escala de la Unión sobre los productos financieros sostenibles desde el punto de vista ambiental, y, en última instancia, la creación de etiquetas que reconozcan formalmente el cumplimiento de esas normas en toda la Unión. A modo de referencia para la futura legislación de la Unión destinada a potenciar las inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, son necesarios requisitos jurídicos uniformes que permitan considerar las inversiones como tales, basados en criterios uniformes sobre las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental.

(14)En el marco de la consecución de los ODS en la Unión, ciertas opciones estratégicas, como la creación de un Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, han demostrado su eficacia a la hora de contribuir a canalizar la inversión privada, junto con el gasto público, hacia inversiones sostenibles. El Reglamento (UE) 2015/1017 del Parlamento Europeo y del Consejo 27 fija un objetivo de inversiones en proyectos de infraestructura e innovación propicios a la lucha contra el cambio climático del 40 %, en el marco del Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas. La fijación de criterios comunes en materia de sostenibilidad de las actividades económicas podría respaldar futuras iniciativas similares de la Unión en apoyo de las inversiones que persigan objetivos climáticos u otros objetivos ambientales.

(15)Con objeto de evitar la fragmentación del mercado, así como cualquier perjuicio a los intereses de los consumidores debido a conceptos divergentes de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, los requisitos nacionales que los agentes de los mercados deben cumplir, si desean comercializar productos financieros o bonos de empresa como sostenibles desde el punto de vista ambiental, deben basarse en los criterios uniformes aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental. Entre dichos agentes de los mercados figuran los participantes en los mercados financieros que ofrecen productos financieros «ecológicos» y las empresas no financieras que emiten bonos de empresa «ecológicos».

(16)A fin de no vulnerar los intereses de los consumidores, los gestores de fondos y los inversores institucionales que ofrezcan productos financieros presentados como sostenibles desde el punto de vista ambiental deben revelar de qué modo y en qué medida se utilizan los criterios aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental para determinar la sostenibilidad ambiental de las inversiones. La información divulgada debe permitir a los inversores conocer la proporción de la inversión que financia actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental en porcentaje del total de actividades económicas y, por ende, el grado de sostenibilidad ambiental de la inversión. Es conveniente que la Comisión especifique la información que deberá divulgarse a tal efecto. Esa información ha de permitir a las autoridades nacionales competentes comprobar el cumplimiento de la obligación de divulgación con facilidad y hacer cumplir dicha obligación de conformidad con la legislación nacional aplicable.

(17)Con vistas a evitar que se eluda la obligación de divulgación, esta debe aplicarse también cuando se declare que los productos financieros ofrecidos tienen características similares a inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, incluidas las que tengan por finalidad la protección del medio ambiente en sentido amplio. Los participantes en los mercados financieros no deben estar obligados a invertir únicamente en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental que se determinen de conformidad con los criterios técnicos de selección establecidos en el presente Reglamento. Resulta oportuno alentarlos a informar a la Comisión si juzgan que una actividad económica que no cumple los criterios técnicos de selección, o respecto de la cual aún no se han establecido tales criterios, debe considerarse sostenible desde el punto de vista ambiental, a fin de ayudar a la Comisión a evaluar la conveniencia de complementar o actualizar los criterios técnicos de selección.

(18)Con el fin de determinar si una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental, debe confeccionarse una lista exhaustiva de los objetivos ambientales.

(19)El objetivo ambiental de protección de los ecosistemas sanos debe interpretarse a la luz de los instrumentos legislativos y no legislativos pertinentes de la Unión, tales como la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 28 , la Directiva 92/43/CEE del Consejo 29 , el Reglamento (UE) n.º 1143/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 30 , la Estrategia de la UE sobre la Biodiversidad hasta 2020 31 , la Estrategia en materia de Infraestructura Verde de la UE, la Directiva 91/676 del Consejo 32 , el Reglamento (UE) n.º 511/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo 33 , el Reglamento (UE) n.º 995/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo 34 , el Plan de Acción de la UE sobre la Aplicación de las Leyes, la Gobernanza y el Comercio Forestales 35 , y el Plan de Acción de la UE contra el Tráfico de Especies Silvestres 36 .

(20)Por cada objetivo ambiental, resulta oportuno definir criterios uniformes para considerar que las actividades económicas contribuyen sustancialmente a ese objetivo. Uno de los elementos de los criterios uniformes debe ser evitar cualquier perjuicio significativo a alguno de los objetivos ambientales establecidos en el presente Reglamento. Se pretende así evitar que las inversiones se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental, cuando las actividades económicas que se beneficien de ellas causen al medio ambiente un perjuicio mayor que su contribución a un objetivo ambiental. Merced a las condiciones de contribución sustancial y ausencia de perjuicio significativo, cabe esperar que las inversiones en actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental aporten una contribución real a los objetivos ambientales.

(21)Recordando el compromiso asumido conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión de observar los principios consagrados por el pilar europeo de derechos sociales en apoyo de un crecimiento sostenible e inclusivo, y reconociendo la trascendencia de las normas mínimas vigentes a escala internacional en materia de derechos humanos y laborales, una de las condiciones para que las actividades económicas se consideren sostenibles desde el punto de vista ambiental ha de ser el cumplimiento de unas garantías mínimas. Por ese motivo, las actividades económicas solo deben considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental cuando se lleven a cabo de conformidad con la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y con los ocho convenios fundamentales de la OIT. Los convenios fundamentales de la OIT definen los derechos humanos y laborales que las empresas están obligadas a respetar. Varias de estas normas internacionales están también consagradas en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular la prohibición de la esclavitud y del trabajo forzado, así como el principio de no discriminación. Estas garantías mínimas se entienden sin perjuicio de la aplicación de requisitos de sostenibilidad más estrictos que el Derecho de la Unión pueda establecer en materia de medio ambiente, salud y seguridad y en el ámbito social.

(22)Habida cuenta de los detalles técnicos específicos que se requieren para evaluar el impacto ambiental de una actividad económica y de la rapidez con que evolucionan la ciencia y la tecnología, los criterios de las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental deben adaptarse periódicamente a dicha evolución. Para que los criterios estén actualizados, sobre la base de los datos científicos y las aportaciones de los expertos y las partes interesadas pertinentes, las condiciones de contribución sustancial y ausencia de perjuicio significativo deben especificarse con más detalle en función de las diferentes actividades económicas y actualizarse periódicamente. A tal fin, resulta oportuno que la Comisión establezca criterios técnicos de selección detallados y calibrados en función de las distintas actividades económicas, basándose en la aportación técnica de una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles de carácter multilateral.

(23)Algunas actividades económicas tienen un impacto negativo en el medio ambiente, y la reducción de ese impacto negativo puede representar una contribución sustancial a uno o más objetivos ambientales. En relación con las actividades económicas de ese tipo, es conveniente establecer criterios técnicos de selección que exijan una mejora sustancial del comportamiento ambiental en comparación, entre otras cosas, con la media del sector. Dichos criterios deben tener en cuenta también las repercusiones a largo plazo de una determinada actividad económica.

(24)Una actividad económica no debe considerarse sostenible desde el punto de vista ambiental si son más los daños que causa al medio ambiente que los beneficios que aporta. Los criterios técnicos de selección deben determinar los requisitos mínimos necesarios para evitar un perjuicio significativo a otros objetivos. Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe cerciorarse de que se basen en datos científicos disponibles y de que se actualicen periódicamente. Cuando la evaluación científica no permita determinar el riesgo con suficiente certeza, debe aplicarse el principio de precaución, de conformidad con el artículo 191 del TFUE.

(25)Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe tener en cuenta las disposiciones pertinentes del Derecho de la Unión, así como los instrumentos no legislativos de la Unión ya aprobados, incluidos el Reglamento (CE) n.º 66/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo 37 , el sistema de gestión y auditoría medioambientales de la UE 38 , los criterios de contratación pública ecológica de la UE 39 y los trabajos en curso sobre las normas relativas a la huella ambiental de productos y de organizaciones 40 . Al objeto de evitar incoherencias innecesarias con las clasificaciones de las actividades económicas que ya existen para otros fines, la Comisión también debe tener en cuenta las clasificaciones estadísticas relativas al sector de bienes y servicios ambientales, a saber, la Clasificación de Actividades y Gastos de Protección del Medio Ambiente (CEPA) y la Clasificación de las Actividades de Gestión de Recursos (CReMA) 41 .

(26)Al establecer y actualizar los criterios técnicos de selección, la Comisión debe igualmente tener en cuenta las especificidades del sector de infraestructura y las externalidades ambientales, sociales y económicas en el marco de un análisis coste-beneficio. A este respecto, conviene que la Comisión tome en consideración la labor de organizaciones internacionales, como la OCDE, la legislación y las normas pertinentes de la Unión, entre ellas la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 42 , la Directiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 43 , la Directiva 2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 44 , la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 45 , y la Directiva 2014/25/UE del Parlamento Europeo y del Consejo 46 , así como la metodología actual. En este contexto, los criterios técnicos de selección deben promover marcos de gobernanza adecuados que integren los factores ambientales, sociales y de gobernanza, tal como se contemplan en los Principios para la Inversión Responsable de las Naciones Unidas 47 , en todas las fases del ciclo de vida de un proyecto.

(27)A fin de no falsear la competencia al obtener financiación para actividades económicas sostenibles desde un punto de vista ambiental, los criterios técnicos de selección deben garantizar que todas las actividades económicas pertinentes de un sector concreto puedan tener la consideración de sostenibles desde un punto de vista ambiental y sean tratadas del mismo modo si contribuyen por igual a uno o más de los objetivos ambientales establecidos en el presente Reglamento. La capacidad potencial para contribuir a los objetivos ambientales puede, sin embargo, variar según los sectores, lo cual debe reflejarse en los criterios. Con todo, dentro de cada sector, los citados criterios no deben poner injustamente en desventaja determinadas actividades económicas frente a otras, si las primeras contribuyen a la consecución de los objetivos ambientales en la misma medida que las segundas.

(28)Al establecer los criterios técnicos de selección, la Comisión debe evaluar si su adopción respecto de actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental generaría activos obsoletos u ofrecería incentivos incoherentes, y si tendría alguna incidencia negativa en la liquidez de los mercados financieros.

(29)Con vistas a no imponer a los operadores económicos costes de cumplimiento excesivamente gravosos, la Comisión debe establecer criterios técnicos de selección que ofrezcan la suficiente claridad jurídica, sean viables y fáciles de aplicar, y cuya observancia pueda verificarse a un coste razonable.

(30)A fin de garantizar que las inversiones se canalicen hacia actividades económicas que tengan las máximas repercusiones positivas sobre los objetivos ambientales, la Comisión debe dar prioridad al establecimiento de criterios técnicos de selección respecto de las actividades económicas que potencialmente contribuyan más a dichos objetivos.

(31)Resulta oportuno establecer criterios técnicos de selección adecuados con respecto al sector del transporte, incluidos los activos móviles, criterios que tengan en cuenta que este sector, en el que se incluye el transporte marítimo internacional, representa casi el 26 % del total de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión. Tal como puso de manifiesto el Plan de Acción sobre la Financiación del Crecimiento Sostenible 48 , el sector del transporte supone en torno al 30 % de las necesidades anuales adicionales de inversión de cara a un desarrollo sostenible de la Unión, por ejemplo, a través del aumento de la electrificación o la transición a modos de transporte más limpios mediante el fomento de un cambio modal y la gestión del tráfico.

(32)Reviste especial importancia que la Comisión, en su labor preparatoria para la definición de los criterios técnicos de selección, lleve a cabo las oportunas consultas con arreglo a los requisitos relativos a la mejora de la legislación. El proceso para el establecimiento y la actualización de los criterios técnicos de selección debe también implicar a las partes interesadas pertinentes y basarse en el asesoramiento de expertos con conocimientos y experiencia acreditados en los ámbitos correspondientes. A tal fin, resulta oportuno que la Comisión cree una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, que debe estar compuesta por expertos que representen tanto al sector público como al privado. Los representantes del sector público deben ser expertos procedentes de la Agencia Europea de Medio Ambiente, las Autoridades Europeas de Supervisión y el Banco Europeo de Inversiones. Los expertos del sector privado deben incluir representantes de las partes interesadas pertinentes, como agentes de los mercados financieros, universidades, centros de investigación, asociaciones y organizaciones. La Plataforma debe asesorar a la Comisión acerca de la elaboración, el análisis y la revisión de los criterios técnicos de selección, incluido su impacto potencial sobre la valoración de activos que, hasta la adopción de los criterios, se considerasen activos ecológicos de conformidad con los usos vigentes en el mercado. La Plataforma debe también asesorar a la Comisión acerca de la posible idoneidad de los criterios técnicos de selección para otros usos en futuras iniciativas de actuación de la Unión encaminadas a facilitar las inversiones sostenibles.

(33)A fin de especificar los requisitos contenidos en el presente Reglamento, y en particular para establecer y actualizar criterios técnicos de selección detallados y calibrados aplicables a distintas actividades económicas en cuanto a lo que constituye una contribución sustancial y un perjuicio significativo a los objetivos ambientales, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en lo que respecta a la información necesaria para cumplir con la obligación de información establecida en el artículo 4, apartado 3, y los criterios técnicos de selección mencionados en el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional sobre la mejora de la legislación de 13 de abril de 2016. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo deben recibir toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y los expertos del Parlamento Europeo y del Consejo han de tener acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(34)Con objeto de conceder a los agentes pertinentes tiempo suficiente para familiarizarse con los criterios aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental que establece el presente Reglamento y para prepararse de cara a su aplicación, las obligaciones contenidas en el presente Reglamento deben comenzar a aplicarse, respecto de cada objetivo ambiental, seis meses después de la adopción de los correspondientes criterios técnicos de selección.

(35)La aplicación del presente Reglamento debe revisarse periódicamente con objeto de evaluar los progresos realizados en el desarrollo de los criterios técnicos de selección aplicables a las actividades sostenibles desde el punto de vista ambiental, el uso de la definición de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental, y la necesidad, en su caso, de instaurar un mecanismo de verificación del cumplimiento de las obligaciones. En el marco de la revisión debe evaluarse asimismo la conveniencia de ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento para hacerlo extensivo a los objetivos de sostenibilidad social.

(36)Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la necesidad de introducir en toda la Unión criterios uniformes aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Capítulo I

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones

Artículo 1
Objeto y ámbito de aplicación

1.El presente Reglamento establece los criterios para determinar si una actividad económica es sostenible desde un punto de vista ambiental, a efectos de fijar el grado de sostenibilidad ambiental de una inversión.

2.El presente Reglamento será de aplicación a lo siguiente:

a)las medidas adoptadas por los Estados miembros o la Unión que impongan a los agentes de los mercados cualesquiera requisitos respecto de productos financieros o bonos de empresa que se comercialicen como sostenibles desde el punto de vista ambiental;

b)los participantes en los mercados financieros que ofrezcan productos financieros presentados como inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental o como inversiones con características similares.

Artículo 2
Definiciones

1.A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

a)«inversión sostenible desde el punto de vista ambiental», una inversión que financie una o varias actividades económicas que puedan considerarse sostenibles desde el punto de vista ambiental conforme al presente Reglamento;

b)«participantes en los mercados financieros», los participantes en los mercados financieros según se definen en el artículo 2, letra a), de [la propuesta de Reglamento sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341];

c)«productos financieros», los productos financieros según se definen en el artículo 2, letra j), de [la propuesta de Reglamento sobre la divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles y los riesgos de sostenibilidad y por el que se modifica la Directiva (UE) 2016/2341];

d)«mitigación del cambio climático», el proceso de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 ºC respecto de los niveles preindustriales y de limitar el aumento de la temperatura a 1,5 ºC respecto de los niveles preindustriales;

e)«adaptación al cambio climático», el proceso de ajuste a las condiciones climáticas actuales y previstas y a sus efectos;

f)«gases de efecto invernadero», los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 525/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 49 ;

g)«economía circular», el mantenimiento del valor de los productos, materiales y recursos en la economía durante el mayor tiempo posible y la minimización de los residuos, en su caso mediante la aplicación de la jerarquía de residuos establecida en el artículo 4 de la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 50 ;

h)«contaminación»,

i)la introducción directa o indirecta, mediante la actividad humana, de sustancias, vibraciones, calor, ruido u otros contaminantes en la atmósfera, el agua o el suelo, que puedan tener efectos perjudiciales para la salud humana o la calidad del medio ambiente, o que puedan causar daños a los bienes materiales o deteriorar o perjudicar el disfrute u otras utilizaciones legítimas del medio ambiente;

ii)en el medio marino, la contaminación según se define en el artículo 3, punto 8, de la Directiva 2008/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo 51 ;

i)«ecosistema sano», un ecosistema que se encuentra en buen estado físico, químico y biológico o de buena calidad física, química y biológica;

j)«eficiencia energética», la utilización de la energía de forma más eficiente en todas las etapas de la cadena energética, desde la producción hasta el consumo final;

k)«buen estado medioambiental», un buen estado medioambiental según se define en el artículo 3, punto 5, de la Directiva 2008/56/CE;

l)«aguas marinas», aguas marinas según se definen en el artículo 3, punto 1, de la Directiva 2008/56/CE;

m)«aguas superficiales», «aguas continentales», «aguas de transición» y «aguas costeras», lo definido en el artículo 2, puntos 1, 3, 6 y 7, respectivamente, de la Directiva 2000/60/CE 52 ;

n)«gestión forestal sostenible», la utilización de los bosques y de los terrenos forestales de un modo y con una intensidad tales que conserven su diversidad biológica, su productividad, su capacidad de regeneración, su vitalidad y su capacidad de cumplir, en el presente y en el futuro, las funciones ecológicas, económicas y sociales pertinentes, a escala local, nacional y mundial, sin causar perjuicio alguno a otros ecosistemas.

Capítulo II

Actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental

Artículo 3
Criterios aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental

A fin de determinar el grado de sostenibilidad ambiental de una inversión, una actividad económica será sostenible desde el punto de vista ambiental cuando cumpla todos los criterios siguientes:

a)que la actividad económica contribuya sustancialmente a uno o varios de los objetivos ambientales establecidos en el artículo 5 de conformidad con los artículos 6 a 11;

b)que la actividad económica no cause ningún perjuicio significativo a alguno de los objetivos ambientales establecidos en el artículo 5 de conformidad con el artículo 12;

c)que la actividad económica se lleve a cabo de conformidad con las garantías mínimas previstas en el artículo 13;

d)que la actividad económica se ajuste a los criterios técnicos de selección, cuando estos hayan sido especificados por la Comisión de conformidad con el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2.

Artículo 4
Aplicación de los criterios que determinan las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental

1.Los Estados miembros aplicarán los criterios para determinar las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental establecidos en el artículo 3 a efectos de cualesquiera medidas que impongan a los agentes de los mercados requisitos con respecto a productos financieros o bonos de empresa que se comercialicen como «sostenibles desde el punto de vista ambiental».

2.Los participantes en los mercados financieros que ofrezcan productos financieros presentados como inversiones sostenibles desde el punto de vista ambiental, o como inversiones con características similares, publicarán información sobre la forma y la medida en que se utilicen los criterios aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental previstos en el artículo 3 para determinar la sostenibilidad ambiental de la inversión. En el supuesto de que algún participante en los mercados financieros estime que una actividad económica que no cumpla los criterios técnicos de selección establecidos de conformidad con el presente Reglamento, o en relación con la cual no se hayan establecido aún dichos criterios, deba considerarse sostenible desde el punto de vista ambiental, podrá informar de ello a la Comisión.

3.La Comisión adoptará, con arreglo al artículo 16, actos delegados a fin de completar el apartado 2 y especificar la información necesaria para cumplir lo dispuesto en dicho apartado, teniendo en cuenta los criterios técnicos de selección establecidos de conformidad con el presente Reglamento. Dicha información deberá permitir a los inversores determinar:

a)el porcentaje de participaciones correspondientes a empresas que realizan actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental;

b)la proporción de la inversión que financia actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental en porcentaje del total de actividades económicas.

4.La Comisión adoptará el acto delegado de conformidad con el apartado 3, a más tardar, el 31 de diciembre de 2019, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 1 de julio de 2020. La Comisión podrá modificar dicho acto delegado, en particular a la luz de las modificaciones de los actos delegados adoptados de conformidad con el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2.

Artículo 5
Objetivos ambientales

A los efectos del presente Reglamento, serán objetivos ambientales los siguientes:

1)mitigación del cambio climático;

2)adaptación al cambio climático;

3)uso sostenible y protección de los recursos hídricos y marinos;

4)transición a una economía circular, prevención y reciclaje de residuos;

5)prevención y control de la contaminación;

6)protección de los ecosistemas sanos.

Artículo 6
Contribución sustancial a la mitigación del cambio climático

1.Se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente a mitigar el cambio climático cuando dicha actividad contribuya de manera sustancial a la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera en un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas con el sistema climático, al evitar o reducir las emisiones de tales gases o mejorar su absorción a través de alguno de los siguientes medios, en su caso mediante la innovación en los procesos o productos:

a)la generación, el almacenamiento o el uso de energías renovables o de energías sin efectos sobre el clima (incluida la energía neutra en carbono), en particular utilizando tecnologías innovadoras con un potencial de ahorro futuro significativo o a través de los necesarios refuerzos de la red;

b)la mejora de la eficiencia energética;

c)el aumento de la movilidad limpia o sin efectos sobre el clima;

d)el paso a la utilización de materiales renovables;

e)el aumento de la captura, el almacenamiento y el uso de carbono;

f)la eliminación progresiva de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero, incluidas las procedentes de combustibles fósiles;

g)la implantación de la infraestructura energética necesaria para posibilitar la descarbonización de los sistemas de energía;

h)la producción de combustibles limpios y eficientes a partir de fuentes renovables o neutras en carbono.

2.La Comisión adoptará actos delegados, con arreglo al artículo 16, por los que:

a)se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamento, una actividad económica dada contribuye sustancialmente a la mitigación del cambio climático;

b)se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3.La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 2 en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el artículo 14.

4.La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más tardar, el 31 de diciembre de 2019, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 1 de julio de 2020.

Artículo 7
Contribución sustancial a la adaptación al cambio climático

1.Se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente a la adaptación al cambio climático cuando dicha actividad contribuya de manera sustancial a reducir los efectos negativos de las condiciones climáticas actuales y previstas para el futuro o a evitar un aumento o desplazamiento de los efectos negativos del cambio climático, a través de los siguientes medios:

a)previniendo o reduciendo los efectos negativos del cambio climático sobre la actividad económica en un lugar o en un contexto dados, los cuales deberán evaluarse y priorizarse utilizando las proyecciones climáticas disponibles;

b)previniendo o reduciendo los efectos negativos que el cambio climático puede suponer para el entorno natural y construido en el que se realiza la actividad económica, los cuales deberán evaluarse y priorizarse utilizando las proyecciones climáticas disponibles.

2.La Comisión adoptará un acto delegado, con arreglo al artículo 16, por el que:

a)se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamento, una actividad económica dada contribuye sustancialmente a la adaptación al cambio climático;

b)se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3.La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 2 conjuntamente en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el artículo 14.

4.La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más tardar, el 31 de diciembre de 2019, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 1 de julio de 2020.

Artículo 8
Contribución sustancial al uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos

1.Se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente al uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos cuando dicha actividad contribuya de manera sustancial al buen estado de las aguas, incluidas las aguas dulces, las aguas de transición y las aguas costeras, o al buen estado medioambiental de las aguas marinas, a través de alguno de los siguientes medios:

a)protegiendo el medio acuático frente a los efectos adversos de los vertidos de aguas residuales urbanas e industriales mediante la recogida y el tratamiento adecuados de dichas aguas residuales de conformidad con los artículos 3, 4, 5 y 11 de la Directiva 91/271/CEE del Consejo 53 ;

b)protegiendo la salud humana de los efectos adversos de cualquier contaminación del agua potable, velando para ello por que no contenga ningún microorganismo, parásito o sustancia que constituya un peligro potencial para la salud humana, y por que cumpla los requisitos mínimos establecidos en el anexo I, partes A y B, de la Directiva 98/83/CE del Consejo 54 , y aumentando el acceso de los ciudadanos a un agua potable limpia;

c)extrayendo agua en consonancia con el objetivo de buen estado cuantitativo definido en el cuadro 2.1.2 del anexo V de la Directiva 2000/60/CE;

d)mejorando la eficiencia en el uso del agua, facilitando su reutilización, o realizando cualquier otra actividad que proteja o mejore la calidad de las masas de agua de la Unión de conformidad con la Directiva 2000/60/CE;

e)velando por la utilización sostenible de los servicios de los ecosistemas marinos, o contribuyendo al buen estado medioambiental de las aguas marinas, determinado sobre la base de los descriptores cualitativos establecidos en el anexo I de la Directiva 2008/56/CE y especificados en la Decisión (UE) 2017/848 de la Comisión 55 .

2.La Comisión adoptará un acto delegado, con arreglo al artículo 16, por el que:

a)se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamento, una actividad económica dada contribuye sustancialmente al uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos;

b)se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3.La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 2 conjuntamente en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el artículo 14.

4.La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más tardar, el 1 de julio de 2022, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 31 de diciembre de 2022.

Artículo 9
Contribución sustancial a la economía circular y a la prevención y el reciclaje de residuos

1.Se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente a la transición a una economía circular y a la prevención y el reciclaje de residuos cuando dicha actividad contribuya de manera sustancial a este objetivo ambiental, a través de alguno de los siguientes medios:

a)mejorando el uso eficiente de las materias primas en la producción, en particular reduciendo el uso de materias primas primarias e incrementando el de subproductos y residuos;

b)aumentando la durabilidad, la reparabilidad o las posibilidades de actualización o reutilización de los productos;

c)aumentando la reciclabilidad de los productos, así como de los distintos materiales contenidos en los productos, entre otras cosas mediante la sustitución de los productos y materiales no reciclables o su menor utilización;

d)reduciendo el contenido de sustancias peligrosas en materiales y productos;

e)prolongando el uso de los productos, en particular incrementando la reutilización, la refabricación, la actualización, la reparación y la puesta en común de productos por parte de los consumidores;

f)aumentando el uso de materias primas secundarias y su calidad, en particular a través de un reciclaje de alta calidad de los residuos;

g)reduciendo la generación de residuos;

h)incrementando la preparación para la reutilización y el reciclaje de residuos;

i)evitando la incineración y la eliminación de residuos;

j)evitando los desechos y cualquier otra contaminación causada por una mala gestión de residuos, y realizando la correspondiente labor de limpieza;

k)utilizando eficientemente los recursos naturales energéticos.

2.La Comisión adoptará un acto delegado, con arreglo al artículo 16, por el que:

a)se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamento, una actividad económica dada contribuye sustancialmente a la economía circular y a la prevención y el reciclaje de residuos;

b)se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3.La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 2 conjuntamente en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el artículo 14.

4.La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más tardar, el 1 de julio de 2021, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 10
Contribución sustancial a la prevención y el control de la contaminación

1.Se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente a la prevención y el control de la contaminación cuando dicha actividad contribuya a un alto nivel de protección frente a la contaminación del medio ambiente, a través de alguno de los siguientes medios:

a)reduciendo las emisiones contaminantes a la atmósfera, el agua y el suelo distintas de las de gases de efecto invernadero;

b)mejorando los niveles de calidad del aire, el agua o el suelo en las zonas en las que la actividad económica se realiza y minimizando al mismo tiempo los efectos negativos y los riesgos para la salud humana y el medio ambiente;

c)minimizando los efectos adversos significativos sobre la salud humana y el medio ambiente de la producción y el uso de productos químicos.

2.La Comisión adoptará un acto delegado, con arreglo al artículo 16, por el que:

a)se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamento, una actividad económica dada contribuye sustancialmente a la prevención y el control de la contaminación;

b)se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3.La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 2 conjuntamente en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el artículo 14.

4.La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más tardar, el 1 de julio de 2021, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 31 de diciembre de 2021.

Artículo 11
Contribución sustancial a la protección de los ecosistemas sanos

1.A efectos del presente Reglamento, se considerará que una actividad económica contribuye sustancialmente a la protección de los ecosistemas sanos cuando dicha actividad contribuya de manera sustancial a proteger, conservar y mejorar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, en consonancia con los pertinentes instrumentos legislativos y no legislativos de la Unión, a través de alguno de los siguientes medios:

a)conservación de la naturaleza (hábitats, especies); protección, restauración y mejora de las condiciones de los ecosistemas y su capacidad para prestar servicios;

b)ordenación de tierras sostenible, en particular protección adecuada de la biodiversidad del suelo; neutralidad en la degradación de la tierra; y saneamiento de terrenos contaminados;

c)prácticas agrícolas sostenibles, en particular aquellas que contribuyan a detener o prevenir la deforestación y la pérdida de hábitats;

d)gestión forestal sostenible.

2.La Comisión adoptará un acto delegado, con arreglo al artículo 16, por el que:

a)se complete el apartado 1 estableciendo criterios técnicos de selección para determinar en qué condiciones se considerará que, a efectos del presente Reglamento, una actividad económica dada contribuye sustancialmente a la protección de ecosistemas sanos;

b)se complete el artículo 12 estableciendo criterios técnicos de selección, respecto de cada objetivo ambiental pertinente, para determinar si una actividad económica en relación con la cual se establezcan criterios de selección de conformidad con la letra a) del presente apartado se considera, a efectos del presente Reglamento, causante de un perjuicio significativo a uno o varios de dichos objetivos.

3.La Comisión establecerá los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 2 conjuntamente en un solo acto delegado, teniendo en cuenta los requisitos previstos en el artículo 14.

4.La Comisión adoptará el acto delegado a que se refiere el apartado 2, a más tardar, el 1 de julio de 2022, con el fin de garantizar que comience a aplicarse el 31 de diciembre de 2022.

Artículo 12
Perjuicio significativo a los objetivos ambientales

A efectos del artículo 3, letra b), se considerará que una actividad económica causa un perjuicio significativo:

a)a la mitigación del cambio climático, cuando dicha actividad dé lugar a considerables emisiones de gases de efecto invernadero;

b)a la adaptación al cambio climático, cuando dicha actividad provoque un aumento de los efectos negativos de las condiciones climáticas actuales y previstas, en el entorno natural y construido en que esa actividad se desarrolla y más allá;

c)al uso sostenible y la protección de los recursos hídricos y marinos, cuando dicha actividad vaya en gran medida en detrimento del buen estado de las aguas de la Unión, incluidas las aguas dulces, las aguas de transición y las aguas costeras, o del buen estado medioambiental de las aguas marinas de la Unión;

d)a la economía circular y a la prevención y el reciclaje de residuos, cuando dicha actividad genere importantes ineficiencias en el uso de materiales en una o varias fases del ciclo de vida de los productos, en particular en términos de durabilidad, reparabilidad, posibilidades de actualización o de reutilización, o reciclabilidad de los productos; o cuando dicha actividad dé lugar a un importante aumento en la generación, la incineración o la eliminación de residuos;

e)a la prevención y el control de la contaminación, cuando dicha actividad dé lugar a un importante aumento de las emisiones contaminantes a la atmósfera, el agua y el suelo, en comparación con la situación existente antes del comienzo de esa actividad;

f)a ecosistemas sanos, cuando dicha actividad vaya en gran medida en detrimento del buen estado de los ecosistemas.

Artículo 13
Garantías mínimas

Las garantías mínimas a que se refiere el artículo 3, letra c), serán los procedimientos aplicados por la empresa que lleve a cabo una actividad económica para velar por que se respeten los principios y derechos establecidos en los ocho convenios fundamentales a que se refiere la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, a saber: el derecho a no ser sometido a trabajo forzoso, la libertad sindical, el derecho de sindicación de los trabajadores, el derecho de negociación colectiva, la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres por un trabajo de igual valor, la no discriminación en las oportunidades y el trato en el empleo y la ocupación, así como el derecho a no ser sometido a trabajo infantil.

Artículo 14
Requisitos aplicables a los criterios técnicos de selección

1.Los criterios técnicos de selección adoptados de conformidad con el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2, deberán:

a)determinar las contribuciones potenciales más relevantes al objetivo ambiental considerado, teniendo en cuenta los efectos, no solo a corto plazo, sino también a largo plazo, de una actividad económica específica;

b)especificar los requisitos mínimos que deben cumplirse para evitar causar un perjuicio significativo a cualquiera de los objetivos ambientales correspondientes;

c)ser de carácter cualitativo o cuantitativo, o ambos, y contener umbrales cuando sea posible;

d)cuando proceda, basarse en los sistemas de etiquetado y certificación de la Unión, las metodologías de la Unión para evaluar la huella ambiental y los sistemas de clasificación estadística de la Unión, y tener en cuenta la normativa de la Unión en vigor pertinente;

e)basarse en pruebas científicas concluyentes y tener en cuenta, en su caso, el principio de precaución consagrado en el artículo 191 del TFUE;

f)tener en cuenta la incidencia ambiental de la actividad económica en sí misma, así como de los productos y servicios que de ella se deriven, tomando particularmente en consideración su producción, su uso y el final de su vida útil;

g)tener en cuenta la naturaleza y la escala de la actividad económica;

h)tener en cuenta la incidencia potencial en la liquidez del mercado, el riesgo de que determinados activos se conviertan en obsoletos por su pérdida de valor debido a la transición a una economía más sostenible, así como el riesgo de crear incentivos incoherentes;

i)cubrir todas las actividades económicas pertinentes de un determinado sector y garantizar que dichas actividades se traten por igual si contribuyen en la misma medida a uno o varios objetivos ambientales, a fin de evitar falsear la competencia en el mercado;

j)fijarse de tal modo que se facilite la comprobación del cumplimiento de dichos criterios siempre que sea posible.

2.Los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 1 incluirán, asimismo, criterios aplicables a las actividades relacionadas con la transición a la energía limpia, en particular la eficiencia energética y la energía renovable, en la medida en que aquellas estén contribuyendo sustancialmente a alguno de los objetivos ambientales.

3.Los criterios técnicos de selección a que se refiere el apartado 1 incluirán, asimismo, criterios aplicables a las actividades relacionadas con el paso a una movilidad limpia o sin efectos sobre el clima, en particular a través del cambio modal, medidas de eficiencia y combustibles alternativos, en la medida en que aquellas estén contribuyendo sustancialmente a alguno de los objetivos ambientales.

4.La Comisión revisará periódicamente los criterios de selección a que se refiere el apartado 1 y, si procede, modificará los actos delegados adoptados de conformidad con el presente Reglamento en consonancia con la evolución científica y tecnológica.

Artículo 15
Plataforma sobre Finanzas Sostenibles

1.La Comisión instaurará una Plataforma sobre Finanzas Sostenibles, integrada por:

a)representantes:

i)de la Agencia Europea de Medio Ambiente;

ii)de las Autoridades Europeas de Supervisión;

iii)del Banco Europeo de Inversiones y del Fondo Europeo de Inversiones;

b)expertos que representen a las partes interesadas pertinentes del sector privado;

c)expertos designados a título personal, con conocimientos y experiencia acreditados en los ámbitos contemplados por el presente Reglamento.

2.La Plataforma sobre Finanzas Sostenibles:

a)asesorará a la Comisión sobre los criterios técnicos de selección a que se refiere el artículo 14, y la posible necesidad de actualizarlos;

b)analizará la incidencia de los criterios técnicos de selección en términos de costes y beneficios potenciales de su aplicación;

c)asistirá a la Comisión en el análisis de las solicitudes recibidas de las partes interesadas con vistas a la definición de los criterios técnicos de selección para una determinada actividad económica o a la revisión de tales criterios;

d)asesorará a la Comisión acerca de la idoneidad de los criterios técnicos de selección para posibles nuevas aplicaciones;

e)hará un seguimiento de los flujos de capital orientados a inversiones sostenibles e informará periódicamente a la Comisión al respecto;

f)asesorará a la Comisión acerca de la posible necesidad de modificar el presente Reglamento.

3.La Plataforma sobre Finanzas Sostenibles estará presidida por la Comisión.

Artículo 16
Ejercicio de la delegación

1.Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.Los poderes para adoptar los actos delegados mencionados en el artículo 4, apartado 3, el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2, se otorgan a la Comisión por un período de tiempo indefinido a partir del [fecha de entrada en vigor del presente Reglamento].

3.La delegación de poderes mencionada en el apartado 2 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 4, apartado 3, el artículo 6, apartado 2, el artículo 7, apartado 2, el artículo 8, apartado 2, el artículo 9, apartado 2, el artículo 10, apartado 2, y el artículo 11, apartado 2, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Capítulo III

Disposiciones finales

Artículo 17
Cláusula de revisión

1.A más tardar el 31 de diciembre de 2021, y posteriormente cada tres años, la Comisión publicará un informe sobre la aplicación del presente Reglamento. El informe evaluará lo siguiente:

a)los progresos realizados en la aplicación del presente Reglamento en lo que respecta a la definición de los criterios técnicos de selección aplicables a las actividades económicas sostenibles desde el punto de vista ambiental;

b)la posible necesidad de revisar los criterios establecidos en el presente Reglamento para considerar que una actividad económica es sostenible desde el punto de vista ambiental;

c)la oportunidad de ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento para incluir otros objetivos de sostenibilidad, en particular de índole social;

d)la utilización de la definición de inversión sostenible desde el punto de vista ambiental en el Derecho de la Unión, y a nivel de los Estados miembros, así como la conveniencia de crear un mecanismo de verificación del cumplimiento de los criterios establecidos en el presente Reglamento.

2.El informe se remitirá al Parlamento Europeo y al Consejo. Si procede, la Comisión presentará propuestas complementarias.

Artículo 18
Entrada en vigor y aplicación

1.El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.Los artículos 3 a 13 del presente Reglamento serán aplicables:

a)en lo que respecta a los objetivos ambientales mencionados en el artículo 5, puntos 1 y 2, a partir del 1 de julio de 2020;

b)en lo que respecta a los objetivos ambientales mencionados en el artículo 5, puntos 4 y 5, a partir del 31 de diciembre de 2021;

c)en lo que respecta a los objetivos ambientales mencionados en el artículo 5, puntos 3 y 6, a partir del 31 de diciembre de 2022.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

FICHA FINANCIERA LEGISLATIVA

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Ámbito(s) político(s) afectado(s)

1.3.Naturaleza de la propuesta/iniciativa

1.4.Objetivo(s)

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.6.Duración e incidencia financiera

1.7.Modo(s) de gestión previsto(s)

2.MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.Disposiciones en materia de seguimiento e informes

2.2.Sistema de gestión y de control

2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

3.2.Incidencia estimada en los gastos 

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los gastos

3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de [organismo]

3.2.3.Incidencia estimada en los recursos humanos de [organismo]

3.2.4.Compatibilidad con el marco financiero plurianual vigente

3.2.5.Contribución de terceros

3.3.Incidencia estimada en los ingresos

1.MARCO DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

1.1.Denominación de la propuesta/iniciativa

1.2.Ámbito(s) político(s) afectado(s)

1.3.Naturaleza de la propuesta/iniciativa

☑ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva

◻ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción nueva a raíz de un proyecto piloto / una acción preparatoria 56  

◻ La propuesta/iniciativa se refiere a la prolongación de una acción existente 

◻ La propuesta/iniciativa se refiere a una acción reorientada hacia una nueva acción 

1.4.Objetivo(s)

1.4.1.Objetivo(s) estratégico(s) plurianual(es) de la Comisión contemplado(s) en la propuesta/iniciativa

1.4.2.Objetivo(s) específico(s)

1.4.3.Resultado(s) e incidencia esperados

Especifíquense los efectos que la propuesta/iniciativa debería tener sobre los beneficiarios / la población destinataria.

1.4.4.Indicadores de resultados e incidencia

Especifíquense los indicadores que permiten realizar el seguimiento de la ejecución de la propuesta/iniciativa.

1.5.Justificación de la propuesta/iniciativa

1.5.1.Necesidad(es) que debe(n) satisfacerse a corto o largo plazo

1.5.2.Valor añadido de la intervención de la Unión (puede derivarse de distintos factores, como una mejor coordinación, la seguridad jurídica, la mejora de la eficacia o las complementariedades). A efectos del presente punto, se entenderá por «valor añadido de la intervención de la Unión» el valor resultante de una intervención de la Unión que viene a sumarse al valor que se habría generado de haber actuado los Estados miembros de forma aislada.

1.5.3.Principales conclusiones extraídas de experiencias similares anteriores

1.5.4.Compatibilidad y posibles sinergias con otros instrumentos adecuados

1.6.Duración e incidencia financiera

◻ Propuesta/iniciativa de duración limitada

–◻ Propuesta/iniciativa en vigor desde [el] [DD.MM]AAAA hasta [el] [DD.MM]AAAA

–◻ Incidencia financiera desde AAAA hasta AAAA

☑ Propuesta/iniciativa de duración ilimitada

–Ejecución: fase de puesta en marcha desde AAAA hasta AAAA

–y pleno funcionamiento a partir de la última fecha.

1.7.Modo(s) de gestión previsto(s) 57  

☑ Gestión directa a cargo de la Comisión a través de

–◻ agencias ejecutivas

◻ Gestión compartida con los Estados miembros

☑ Gestión indirecta mediante delegación de tareas de ejecución presupuestaria en:

◻ organizaciones internacionales y sus agencias (especifíquense);

◻ el BEI y el Fondo Europeo de Inversiones;

☑ los organismos contemplados en los artículos 208 y 209;

◻ organismos de Derecho público;

◻ organismos de Derecho privado investidos de una misión de servicio público, en la medida en que presenten garantías financieras suficientes;

◻ organismos de Derecho privado de un Estado miembro a los que se haya encomendado la ejecución de una colaboración público-privada y que presenten garantías financieras suficientes;

◻ personas a quienes se haya encomendado la ejecución de acciones específicas en el marco de la PESC, de conformidad con el título V del Tratado de la Unión Europea, y que estén identificadas en el acto de base correspondiente.

Observaciones

2.MEDIDAS DE GESTIÓN

2.1.Disposiciones en materia de seguimiento e informes

Especifíquense la frecuencia y las condiciones de dichas disposiciones.

2.2.Sistema de gestión y de control

2.2.1.Riesgo(s) definido(s)

2.2.2.Método(s) de control previsto(s)

2.3.Medidas de prevención del fraude y de las irregularidades

Especifíquense las medidas de prevención y protección existentes o previstas.

3.INCIDENCIA FINANCIERA ESTIMADA DE LA PROPUESTA/INICIATIVA

3.1.Rúbrica(s) del marco financiero plurianual y línea(s) presupuestaria(s) de gastos afectada(s)

·Líneas presupuestarias existentes

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.

·Nuevas líneas presupuestarias solicitadas

En el orden de las rúbricas del marco financiero plurianual y las líneas presupuestarias.

3.2.Incidencia estimada en los gastos

3.2.1.Resumen de la incidencia estimada en los gastos

En millones EUR (al tercer decimal) 67

En millones EUR (al tercer decimal)

En millones EUR (al tercer decimal)

3.2.2.Incidencia estimada en los créditos de operaciones

–◻ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos de operaciones.

–☑ La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos de operaciones, tal como se explica a continuación:

Créditos de compromiso en millones EUR (al tercer decimal)

3.2.3.Incidencia estimada en los recursos humanos

3.2.3.1.Resumen

–◻ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de créditos administrativos.

–☑ La propuesta/iniciativa exige la utilización de créditos administrativos, tal como se explica a continuación:

En millones EUR (al tercer decimal)

Se supone que la fecha prevista de contratación es el 1 de enero de 2020.

Se supone que la fecha prevista de contratación es el 1 de enero de 2020.

Se supone que la fecha prevista de contratación es el 1 de enero de 2020.

Se supone que la fecha prevista de contratación es el 1 de enero de 2020.

3.2.3.2.Necesidades estimadas de recursos humanos en la DG matriz y las DG y servicios asociados

–◻ La propuesta/iniciativa no exige la utilización de recursos humanos.

–☑ La propuesta/iniciativa exige la utilización de recursos humanos, tal como se explica a continuación:

Estimación que debe expresarse en valores enteros (o, a lo sumo, con un decimal)

XX es el ámbito de actuación o título presupuestario en cuestión.

Descripción de las tareas que deben llevarse a cabo: