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Document 52014DC0906
DRAFT JOINT EMPLOYMENT REPORT FROM THE COMMISSION AND THE COUNCIL accompanying the Communication from the Commission on the Annual Growth Survey 2015
PROYECTO DE INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015
PROYECTO DE INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015
/* COM/2014/0906 final */
PROYECTO DE INFORME CONJUNTO SOBRE EL EMPLEO DE LA COMISIÓN Y DEL CONSEJO que acompaña a la Comunicación de la Comisión relativa al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento para 2015 /* COM/2014/0906 final */
El proyecto de Informe Conjunto
sobre el Empleo, exigido en el artículo 148 del Tratado de Funcionamiento
de la Unión Europea (TFUE), forma parte del paquete del Estudio Prospectivo
Anual sobre el Crecimiento (EPAC) con el que se pone en marcha el Semestre
Europeo 2015. El Informe Conjunto sobre el Empleo, aportación fundamental a
unas orientaciones económicas afianzadas, corrobora los mensajes clave
relativos al empleo que figuran en el EPAC. El análisis que contiene se basa en
la evolución social y del empleo en Europa, en la aplicación de las
orientaciones para el empleo[1],
en el examen de los programas nacionales de reforma que dieron lugar a las
recomendaciones específicas por país adoptadas por el Consejo el 8 de julio de
2014, así como en la evaluación de la aplicación de dichas recomendaciones
hasta el momento. La situación social y del empleo
sigue siendo motivo de preocupación Las previsiones económicas de la
Comisión para el otoño se caracterizan por un crecimiento lento y una tasa de
desempleo elevada, aunque relativamente estable (24,6 millones de parados). Las
divergencias entre países, especialmente en la zona del euro, siguen siendo
amplias. Incluso en las economías cuyos resultados son comparativamente buenos,
el desempleo empieza a ser estructural, como pone de manifiesto el creciente
número de parados de larga duración. Deben continuar
las reformas destinadas a apoyar el buen funcionamiento de los mercados de
trabajo Algunos países han emprendido
reformas, en consonancia con las recomendaciones específicas por país. Los
efectos positivos de las reformas son visibles, por ejemplo, en el aumento de
las tasas de actividad. No obstante, es necesario seguir invirtiendo para
estimular el crecimiento e instaurar un entorno positivo para la creación de
empleo digno. Al objeto de combatir el desempleo
juvenil, los Estados miembros han avanzado en la implantación de sistemas de
Garantía Juvenil. Es necesario seguir trabajando, prestando una atención
específica a los servicios públicos de empleo, a las intervenciones en el
mercado de trabajo activas y personalizadas y a la educación y formación
profesionales. Los Estados miembros deben garantizar un entorno favorable para
que las empresas ofrezcan contratos de aprendizaje, facilitando así la transición
de la educación al empleo. La inversión en
capital humano a través de la educación y la formación aumentará la
productividad Muchos Estados miembros se han
esforzado por introducir medidas destinadas a mejorar la oferta de capacidades
y promover el aprendizaje de adultos. Algunos países han tomado medidas para
mejorar su sistema de educación primaria, secundaria y superior, mientras que
otros han optado por una estrategia educativa global. Los Estados miembros
deben seguir reformando sus sistemas de educación y formación profesionales, a
fin de aumentar la productividad de los trabajadores ante la rapidez con la que
cambian las necesidades en materia de capacidades. Los sistemas fiscales y de
prestaciones han de respaldar la creación de empleo Los regímenes de prestaciones por
desempleo deben estar más vinculados a la activación y, para lograr una mayor
integración de los parados de larga duración en el mercado de trabajo, son
necesarias medidas de apoyo y otras acciones. Los Estados miembros deben seguir
aplicando —y, en algunos casos, deben intensificar— las medidas destinadas a
resolver el problema de la segmentación de los mercados de trabajo mediante la
simplificación de la legislación laboral. Se han emprendido algunas reformas
de los sistemas fiscales con vistas a reducir la desincentivación del empleo y
—al mismo tiempo— disminuir la fiscalidad del trabajo, de manera que las
empresas puedan volver a contratar a jóvenes y parados de larga duración.
Varios Estados miembros han recurrido a mecanismos de fijación de salarios para
promover la convergencia de la evolución de los salarios con la productividad y
mejorar la renta disponible de los hogares, prestando una atención particular a
los salarios mínimos. Algunos Estados miembros han estudiado la posibilidad de
crear empleo a través de ayudas (temporales) a la contratación, los salarios y
las cotizaciones sociales destinadas a nuevas contrataciones. Modernización de
los sistemas de protección social Se han llevado a cabo reformas de
los sistemas de protección social. Se está retrasando la edad de jubilación y
se están recortando las diferencias al respecto entre hombres y mujeres. Los
Estados miembros están abriendo vías para que las personas prolonguen su vida
laboral y mejoren sus derechos de pensión retrasando la jubilación. Los
sistemas de protección social activan a quienes pueden acceder al mercado de
trabajo, ayudan a quienes han quedado más excluidos de ese mercado y protegen a
las personas de los riesgos que afrontan a lo largo de su vida. Los Estados miembros están
intensificando sus esfuerzos para que los principales destinatarios de su ayuda
sean quienes están más expuestos al riesgo de pobreza, en particular los niños
y las personas mayores. Además, mediante las revisiones de
los gastos de asistencia sanitaria se están abriendo vías para aumentar la
eficacia de cara a los ciudadanos y mejorar la rentabilidad. 1. EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS
TENDENCIAS Y RETOS SOCIALES EN LA UNIÓN EUROPEA En
la Europa de los Veintiocho (EU-28), el desempleo poco a poco está
disminuyendo, pero sigue siendo elevado. Aunque
la tasa de desempleo disminuyó más de 2 puntos porcentuales entre 2004 y 2008,
la crisis económica y financiera ha provocado un grave deterioro (figura 1).
Entre 2008 y 2013, la tasa de desempleo (estacionalizada) en la EU-28 aumentó
del 7,0 al 10,8 %. Las cifras más recientes de Eurostat muestran que,
desde entonces, ha vuelto a caer, hasta situarse en el 10,1 % en
septiembre de 2014 (11,5 % en la zona del euro de dieciocho países), el
nivel más bajo desde febrero de 2012, que se ha mantenido estable si se compara
con agosto de 2014. Este porcentaje equivale a un número absoluto de 24,6
millones de desempleados, por debajo de los 26,4 millones del año anterior. Si
se observa la evolución a lo largo del tiempo de los diferentes grupos del
mercado de trabajo, se puede constatar que la tasa de desempleo juvenil es
estructuralmente superior a la tasa media y también más sensible al ciclo
empresarial. Las tasas de desempleo de los trabajadores poco cualificados
también son estructuralmente más elevadas[2]. Las tasas de
desempleo de los trabajadores de más edad son bastante bajas; no obstante, por
lo general, estos trabajadores tienen más dificultades para volver a encontrar
trabajo una vez que están en paro. Desde 2009, las tasas de desempleo de
hombres y mujeres han sido prácticamente similares. Figura 1: Evolución de
las tasas de desempleo entre 2004 y 2013 en la EU-28 (datos anuales), total,
jóvenes, trabajadores de más edad, trabajadores poco cualificados y mujeres
Fuente:
Eurostat. La
evolución de la tasa de desempleo en los distintos países de la UE sigue siendo
muy dispar, pero han dejado de aumentar las divergencias. En
septiembre de 2014, las tasas de desempleo se situaron entre el 5,0 % de
Alemania y el 5,1 % de Austria, en un extremo, y el 24,0 % de España
y el 26,4 % de Grecia (cifra de julio), en el otro. Durante el último año,
el paro descendió en veintiún Estados miembros, se mantuvo en uno y aumentó en
seis. Los mayores descensos se registraron en España, Croacia, Hungría y
Portugal. Los seis Estados miembros en los que el paro aumentó fueron Francia,
Italia, Lituania, Luxemburgo, Austria y Finlandia. El
desempleo de larga duración sigue aumentando.
Entre 2010 y 2013, la tasa de desempleo de larga duración en la EU-28 pasó del
3,9 al 5,1 %. La evolución ha sido especialmente negativa en Grecia y
España y, en menor medida, en Chipre, mientras que se han registrado mejoras
significativas en los tres Estados bálticos. A lo largo del último año, el
desempleo de larga duración como porcentaje del total de desempleo pasó del
45,3 al 48,7 % en la EU-28 (del 47,5 al 51,5 % en la zona del euro). El desempleo de larga duración afecta a los hombres, los jóvenes y
los trabajadores poco cualificados más que a otros grupos del mercado de
trabajo y, en particular, afecta a quienes trabajan en sectores y ocupaciones
en declive. La situación global de la economía sigue siendo un factor
importante que determina los cambios en los niveles y flujos de entrada y
salida del desempleo de larga duración, pero en algunos Estados miembros (como
Finlandia, los Países Bajos y Suecia) hay otros factores importantes,
específicos del país, que hacen que las tasas de vuelta al empleo sean elevadas
en comparación con países como Bulgaria, Grecia o Eslovaquia. En general, en la
UE, uno de cada cinco parados de larga duración nunca ha trabajado, y tres de
cada cuatro son jóvenes por debajo de los 35 años, lo que genera riesgos de
marginación[3]. Figura 2: Tasas de desempleo de
larga duración en % de la población activa, EU-28 y Estados miembros, 2010 y
2013
Fuente:
Eurostat. El
desempleo juvenil sigue siendo muy elevado, pero empieza a dar señales de mejora.
En septiembre de 2014, la tasa de
desempleo juvenil (entre 15 y 24 años) en la EU-28 se situó en el 21,6 %, es
decir, 1,9 puntos porcentuales por debajo de la del año anterior. Existen
grandes diferencias entre Estados miembros, que van desde el 7,6 % de
Alemania y el 9,1 % de Austria hasta el 50,7 % de Grecia (julio de
2014) y el 53,7 % de España. Entre tanto, las divergencias han dejado de
aumentar, pero siguen siendo amplias. La
proporción de jóvenes (entre 15 y 24 años) que no estudian ni trabajan ni
siguen ninguna formación (ninis) sigue siendo elevada,
a pesar de que, en el primer trimestre de 2014, cerca del 70 % de los jóvenes
de la UE estaban estudiando. En muchos Estados miembros, los
porcentajes de ninis son considerablemente superiores a los niveles más bajos
registrados desde 2008 y siguen estando cerca de los límites superiores. Esto
es así, en particular, en algunos de los Estados miembros que presentan las
tasas más altas, como Bulgaria, Chipre, Grecia, España, Croacia, Italia y
Rumanía. En Austria, Alemania, Dinamarca, Luxemburgo, los Países Bajos y Suecia,
las tasas son bastante bajas —y tienden a mejorar—. En 2013, los niveles se
mantuvieron por encima del 10 % en una gran mayoría de los Estados
miembros. Los porcentajes de ninis son algo más elevados en el caso de las
mujeres que en el de los hombres: en 2013, se situaron en el 13,2 y el
12,7 %, respectivamente (total 13,0 %). El fenómeno nini se debe
principalmente a un aumento del desempleo juvenil, pero también a una
inactividad vinculada a carencias educativas. En algunos Estados miembros
(Bulgaria, Rumanía e Italia), los porcentajes de ninis «inactivos» superan el
10 %. Los
niveles de abandono escolar prematuro están disminuyendo poco a poco, lo que
permite avanzar hacia el objetivo de situarlo por debajo del 10 % antes de
2020. En 2013, el abandono escolar prematuro
se situó en el 12,0 %, por debajo del 12,7 % del año anterior, y
afectó más a los hombres (13,6 %) que a las mujeres (10,2 %). No
obstante, el abandono escolar prematuro sigue siendo un problema grave, ya que
afecta a unos cinco millones de personas, más del 40 % de las cuales están
desempleadas. En 2013, en dieciocho Estados miembros, la tasa se situó por
debajo del objetivo del 10 % de Europa 2020. Los niveles de abandono
escolar prematuro más elevados se dieron en España y Malta, cuyos porcentajes
fueron superiores al 20 %. Europa
progresa adecuadamente en el objetivo de contar con al menos un 40 % de
titulados superiores, o equivalente, antes de 2020. En
2013, el número de titulados superiores se situó en el 36,9 %, lo que
supone 1,2 puntos porcentuales más que el año anterior. Los porcentajes más
elevados (por encima del 50 %) fueron los de Irlanda, Lituania y
Luxemburgo. En toda la UE, más mujeres (39,9 %) que hombres (31,5 %)
terminan la educación superior. Figura 3: Porcentajes de ninis en la EU-28 y en los
Estados miembros en el segundo trimestre de 2014 y valores más alto y más bajo
desde 2008
Fuente:
Eurostat (EPA; datos no corregidos estacionalmente, media de cuatro trimestres
hasta el 2º trimestre de 2014; cálculos de la DG EMPL). Las
tasas de actividad han soportado bien los años de crisis en la mayoría de los
Estados miembros,
debido principalmente a su aumento entre los
trabajadores de más edad (entre 55 y 64 años) y entre las mujeres. Desde el
primer trimestre de 2008 hasta el primer trimestre de 2014, la tasa de
actividad en la EU-28 de la población comprendida entre los 15 y los 64 años
aumentó del 70,3 al 72,0 %, aunque con diferencias considerables entre
países. Las tasas de actividad aumentaron, sobre todo, en Chequia, Hungría,
Lituania, Luxemburgo, Malta y Polonia, mientras que los mayores descensos
tuvieron lugar en Dinamarca (aunque partiendo de un nivel muy elevado) e
Irlanda. Aunque las tasas de actividad de las mujeres han mejorado con el
tiempo, todavía existe una diferencia considerable con respecto a los hombres:
11,7 puntos porcentuales en el primer trimestre de 2014 (las tasas
correspondientes a hombres y mujeres fueron del 77,9 y el 66,2 %,
respectivamente). Las diferencias en las tasas de actividad entre hombres y
mujeres son especialmente elevadas en Grecia e Italia. Algunos otros países,
como Austria, Alemania y los Países Bajos, presentan una elevada tasa de
actividad femenina y se caracterizan por una generalización del empleo a tiempo
parcial entre las mujeres. La
tasa de empleo de la UE sigue mostrando una tendencia negativa, y haría falta
una fuerte inversión de esa tendencia para llegar al destacado objetivo de
Europa 2020 de emplear al 75 % de mujeres y hombres de entre 20 y 64 años.
Desde el comienzo de la crisis, la tasa de empleo de la EU-28 ha disminuido
prácticamente 1,5 puntos porcentuales, partiendo del pico de 2008 hasta el
68,4 % del primer trimestre de 2014. La evolución en los distintos Estados
miembros ha sido muy diferente (figura 4). Entre el primer trimestre de
2008 y el primer trimestre de 2013, el crecimiento del empleo fue especialmente
negativo en varios países del sur de Europa, en los Estados bálticos, en
Bulgaria y en Irlanda. Se registraron fuertes aumentos en Luxemburgo y Malta y,
en menor medida, en Alemania. Durante el último año, la evolución ha sido más
moderada, y el empleo solo ha crecido en algunos países que habían obtenido
malos resultados en los años anteriores. La
evolución del empleo no se ha distribuido de manera uniforme. Mientras
que las tasas de empleo masculino (entre 20 y 64 años) han disminuido en más de
3 puntos porcentuales desde el primer trimestre de 2008 hasta el de 2014 (del
77,4 al 74,0 %), el empleo femenino solo se ha reducido de forma marginal
e incluso aumentó ligeramente el pasado año (en un 0,8 %). Los aumentos
han sido bastante sustanciales en el caso de los trabajadores de más edad (6,2
puntos porcentuales desde el primer trimestre de 2008, hasta alcanzar el
50,9 % a principios de 2014, con aumentos considerables en Bélgica,
Alemania, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos y Polonia), en
particular en el caso de las mujeres de más edad (8,4 puntos porcentuales). Por
lo que respecta a los niveles de educación, los descensos en materia de empleo
han sido mayores para los trabajadores menos cualificados y más o menos
similares para los de cualificación media o alta. La tasa de empleo de los
nacionales de terceros países (entre 20 y 64 años) en la EU-28 disminuyó del
62,4 al 55,4 % entre el primer trimestre de 2008 y el primer
trimestre de 2014. En cuanto a las tendencias del empleo por sector, el
porcentaje del sector servicios sigue aumentando, en detrimento del empleo
tanto en la industria como en la agricultura. En la actualidad, los porcentajes
son de aproximadamente el 72,5, el 22,5 y el 5 %. Aunque los años de
crisis han sido negativos para el empleo permanente, el mayor peso del ajuste
ha recaído principalmente en los puestos de trabajo temporales (a través de la
no renovación). Por último, el empleo a tiempo completo se ha reducido en
aproximadamente 8,1 millones entre el primer trimestre de 2008 y el primer
trimestre de 2014. Por el contrario, en los últimos
años se ha producido un aumento constante del empleo a tiempo parcial: 4
millones más de puestos de trabajo desde el primer trimestre de 2008. Figura 4: Aumento del empleo (número de personas empleadas,
entre 20 y 64 años) desde el primer trimestre de 2008, por Estado miembro
Fuente: Eurostat, cálculos de la DG EMPL. Es
probable que el empleo experimente una ligera mejora en el futuro,
principalmente como consecuencia del aumento previsto del PIB.
A medio plazo, varias tendencias conducirán a un
mayor crecimiento del empleo, en particular en determinados ámbitos[4].
El progreso tecnológico generará puestos de trabajo en el sector de las TIC (se
espera que para el año 2015 haya novecientas mil vacantes de profesionales de
las TIC sin cubrir) y es probable que el envejecimiento, a pesar de las
restricciones actuales y futuras que pesan sobre los presupuestos de sanidad
pública, aumente la demanda de profesionales de la salud y de servicios
sanitarios a medio plazo. Por otra parte, la ecologización de la economía
podría dar lugar a un aumento del empleo verde[5]. Otros
sectores relacionados con la alta tecnología, como la industria del transporte,
también necesitarán contratar a muchos trabajadores con cualificación entre
media y alta, para compensar el crecimiento registrado en el ámbito de la
aviación y el transporte de pasajeros, así como el elevado porcentaje de
personal de más edad que está previsto que deje el sector de aquí a 2020. Las pequeñas y medianas empresas se han considerado
tradicionalmente el motor de crecimiento del empleo y algunos estudios ponen de manifiesto que, entre 2002 y 2010, el
85 % de los nuevos puestos de trabajo en la UE los crearon las pymes. Por
el contrario, entre 2010 y 2013, en la UE, el empleo en las pymes cayó un
0,5 %. Si se excluye el sector de la construcción, que en 2008 empleaba a
uno de cada siete trabajadores de pymes, este porcentaje se convierte en un
ligero aumento del 0,3 %, aumento que se ve empequeñecido por el 2 %
de las grandes empresas. Hasta la fecha, en muchos Estados miembros, la disponibilidad de
crédito para el sector no financiero sigue siendo escasa, debido a factores
tanto de oferta como de demanda, como son la reestructuración del sector o el
proceso de desapalancamiento que siguió a la crisis financiera. Por otra parte,
los tipos de interés de los préstamos bancarios en los Estados miembros
vulnerables siguen siendo elevados a pesar de las recientes acciones del BCE,
lo que afecta sobre todo a las pymes. También es probable que el acceso
limitado a la financiación frene el número de empresas emergentes, lo cual es
motivo de preocupación, dado que, entre las pymes, las empresas jóvenes son las
que ostentan un porcentaje mayor de crecimiento neto del empleo. La falta de
dinamismo en el historial de empleo de las pymes desde 2010 pone de manifiesto
el potencial impacto en este ámbito de las soluciones adecuadas a los problemas
del sector financiero. Las políticas de apoyo a la creación de empresas también
tienen un importante impacto en el empleo. La
segmentación del mercado de trabajo sigue siendo considerable en varios Estados
miembros. El empleo juvenil se caracteriza por
elevados porcentajes de trabajo temporal y trabajo a tiempo parcial, que, en el
primer trimestre de 2014, se situaron en el 42,4 y el 31,9 % (del
empleo total), respectivamente. En comparación, los porcentajes de trabajo
temporal y trabajo a tiempo parcial del total de la población activa fueron
mucho más bajos: en torno al 13 y al 19 %, respectivamente. Las mujeres
están sobrerrepresentadas en el trabajo a tiempo parcial. En el primer
trimestre de 2014, la incidencia del trabajo femenino a tiempo parcial fue del
32 %, frente al 8,3 % en el caso de los hombres; los porcentajes de
Austria, Bélgica, Alemania, los Países Bajos y el Reino Unido de mujeres que
trabajan a tiempo parcial superan el 40 %. En el contexto macroeconómico
actual, el trabajo temporal y el trabajo a tiempo parcial, involuntarios en cierta
medida[6],
pueden contribuir a crear empleo y, a medio o largo plazo, pueden constituir un
trampolín para los contratos indefinidos o a tiempo completo (por ejemplo, para
los jóvenes). La segmentación también puede apreciarse en las persistentes
diferencias salariales entre hombres y mujeres y en las bajas tasas de
transición de contratos de trabajo menos protegidos a otros más protegidos. La
adecuación a las exigencias del mercado ha empeorado en varios Estados
miembros. Si bien, por término medio, el número de
vacantes se ha mantenido estable en los últimos años, el desempleo ha
experimentado un aumento que apunta a la existencia de un deterioro en la adecuación
a las exigencias del mercado laboral. La curva de Beveridge (figura 5) indica
que el desempleo estructural ha venido aumentando desde mediados de 2011
aproximadamente[7].
Si se contempla la evolución en los distintos Estados miembros, la adaptación a
las necesidades del mercado laboral se ha deteriorado en la mayoría de ellos,
con la destacada excepción de Alemania en particular. La tendencia general
negativa se debe principalmente al impacto de la demanda negativa de mano de
obra y a la creciente inadecuación de las cualificaciones[8],
lo que indica que la falta de oportunidades en el mercado de trabajo, asociada
a la crisis económica, está produciendo efectos de histéresis que deben ser
contrarrestados por inversiones en capital humano y una adecuación más
efectiva. Figura 5: Curva de
Beveridge, EU-28, 1er trimestre de 2008 a 1er trimestre de 2014
Fuente:
Eurostat. Nota: En el eje vertical se sitúa el indicador de escasez de la mano
de obra, que procede de los resultados de la encuesta de las empresas de la UE
(% de las empresas manufactureras que señalan la escasez de mano de obra como
factor que limita la producción), y en el eje horizontal, la tasa de desempleo. El
creciente número de desempleados durante la crisis, el aumento del porcentaje
de parados de larga duración y la correspondiente disminución de la eficiencia
de la adecuación plantean graves retos a las políticas activas del mercado de
trabajo y a los servicios públicos de empleo. La
movilidad laboral dentro de la UE sigue siendo limitada,
especialmente teniendo en cuenta el tamaño global de su mercado de trabajo. Si
bien uno de cada cuatro ciudadanos europeos dice que se plantearía trabajar en
otro país de la UE en los próximos diez años, hasta 2013 tan solo el 3,3 %
de la población europea económicamente activa residía en otro Estado miembro.
No obstante, las diferencias entre países son bastante considerables (figura
6). Debido a la existencia de diferencias sustanciales entre las tasas de
desempleo de los Estados miembros, el aumento del número de personas que desean
cambiar de país se ha materializado en parte en el aumento de la movilidad
desde 2011, pero solo en una medida limitada, y no tanto como sería necesario
para equilibrar realmente las enormes diferencias que existen entre los mercados
de trabajo de la UE[9]. Figura 6: Tasa de
movilidad, por Estado miembro, por años de residencia, 2013
Fuente: «Key
Features», DG EMPL. Notas: La tasa de movilidad es el número de ciudadanos en
edad de trabajar que viven en otro Estado miembro en 2013, como porcentaje de
la población en edad de trabajar del país de nacionalidad. Las cifras relativas
a MT y SI son demasiado bajas para ser fiables. Las cifras relativas a CY, DK,
EE, FI, LU y SE no son fiables, debido al tamaño reducido de la muestra. La
oferta de cualificaciones debe seguir mejorando. Varias
tendencias, en particular la globalización y la evolución tecnológica (que
tiene en cuenta las cualificaciones), han producido cambios graduales en la
demanda relativa de diferentes niveles de cualificación. Además, se ha
producido un cambio en la importancia relativa de los diferentes tipos de
cualificaciones, de modo que las relacionadas con las TIC y las «destrezas
básicas», como las destrezas para la comunicación, son cada vez más importantes
para un gran número de puestos de trabajo. Aunque,
con el paso del tiempo, los niveles medios de educación han aumentado, las
cualificaciones que poseen los trabajadores no han seguido el mismo ritmo que
la demanda. Como consecuencia de estos cambios en la demanda relativa y la
oferta de cualificaciones, las posibilidades de empleo son mayores para los
trabajadores muy cualificados que para los que tienen una cualificación media o
baja. Las previsiones para el mercado de trabajo confirman esta tendencia para
los próximos años[10]. El
potencial de crecimiento de Europa se ve amenazado por deficiencias
estructurales en su base de cualificaciones.
Los datos recientes[11]
ponen de manifiesto que alrededor del 20 % de la población en edad de
trabajar está muy poco cualificada y en algunos países (España e Italia) esta
proporción es aún mayor. Solo algunos países (Estonia, Finlandia, los Países
Bajos y Suecia) cuentan con un alto porcentaje de personas muy cualificadas,
mientras que la mayoría ni siquiera se aproxima a los países más avanzados de
fuera de Europa (como Japón o Australia). Los datos sobre el gasto público
confirman un riesgo creciente de ausencia de inversión en capital humano.
Europa no está invirtiendo de manera eficaz en educación y capacidades, lo que
supone una amenaza para su competitividad a medio plazo y para la empleabilidad
de su mano de obra. Diecinueve Estados miembros han reducido el gasto en
educación en términos absolutos y otros catorce, el porcentaje relativo del PIB
que invierten en educación. La
evolución salarial ha empezado a satisfacer las necesidades de reequilibrio.
En el período anterior a la crisis, varios Estados miembros experimentaron
cuantiosos aumentos de sus costes laborales unitarios nominales, en particular
Letonia, Rumanía y, en menor medida, Estonia, Lituania, Bulgaria e Irlanda
(figura 7). En respuesta a la crisis, la evolución de los costes laborales
unitarios nominales de estos países ha sido mucho más moderada desde 2009, con
la excepción de Bulgaria; de hecho, ha pasado a ser negativa en Irlanda,
Lituania y Letonia, y se ha mantenido ligeramente por encima de cero en
Rumanía. También en Grecia y España los costes laborales unitarios nominales
han disminuido después de la crisis, tras los aumentos experimentados en los años
anteriores. En Alemania, el patrón es distinto, ya que es el único Estado
miembro en el que los costes laborales unitarios nominales habían disminuido
(aunque ligeramente) antes de la crisis, para acabar aumentando en los últimos
años. Bélgica, Suecia, los Países Bajos, Austria y Finlandia, en particular,
han experimentado una evolución moderada de los costes laborales unitarios
nominales (más fuerte antes de la crisis). La inversión de la tendencia en los
Estados miembros «con problemas», por un lado, y «los países excedentarios»,
por otro, ha ayudado al reequilibrio externo, que era necesario en particular
dentro de la zona del euro. Es importante que la evolución de los salarios siga
siendo coherente con la necesidad de ajustar los desequilibrios externos y
reducir el desempleo y, a largo plazo, con el aumento de la productividad. Si
se mantienen los recientes aumentos salariales de los países «excedentarios»,
pueden reforzar la deficiente demanda agregada global[12].
Figura 7:
Evolución de los costes laborales unitarios nominales en la EU-28, promedio de
variación anual, 2003-2008 y 2009-2013
Fuente:
Eurostat, cálculos de la DG EMPL. Las
reducciones de los costes laborales unitarios y la moderación de los salarios
han incidido lentamente y de manera incompleta en la bajada de los precios.
Que la incidencia haya sido incompleta se explica parcialmente por las subidas
simultáneas de los impuestos indirectos y de los precios intervenidos debido a
la consolidación presupuestaria[13].
La reducción de los costes laborales unitarios nominales frente al
estancamiento de los precios ha dado lugar al descenso de la participación de
las rentas del trabajo en varios Estados miembros, en particular en Grecia,
España, Irlanda y Portugal. El consiguiente incremento de los márgenes de
beneficio (aún) no ha ido totalmente acompañado de un aumento de las
inversiones. La
cuña fiscal sigue siendo elevada en muchos Estados miembros. En
un número considerable de Estados miembros sigue siendo un problema importante
la elevada cuña fiscal, que en algunos casos va en aumento, especialmente para
los salarios bajos y los segundos perceptores de renta. A modo ilustrativo, en
el caso de los trabajadores con salarios bajos (67 % del salario medio), a
la reducción de la cuña fiscal que tuvo lugar entre 2008 y 2010 en la mayoría
de los países le siguió un aumento en los tres años siguientes en prácticamente
todos los Estados miembros. Los niveles de 2013 se situaron entre un máximo del
20 % en Malta (2012) e Irlanda y más del 45 % en Bélgica, Alemania,
Francia y Hungría. Los
cambios en la cuña fiscal total se han debido principalmente al impuesto sobre
la renta de las personas físicas (IRPF), que ha experimentado aumentos en
quince de veintiún Estados miembros (figura 8). Los aumentos del IRPF (al menos
por lo que respecta a este tipo particular de hogar y al 67 % del salario
medio) han sido especialmente acusados en Portugal y Hungría, mientras que en
el Reino Unido y Grecia se han experimentado descensos bastante sustanciales.
Sumando el IRPF y las cotizaciones a la seguridad social a cargo de los
empleados, la carga que pesa sobre estos ha aumentado en diez Estados miembros,
a diferencia de lo que ha ocurrido en el caso de los empleadores (solo tres
países han experimentado un aumento de la carga fiscal). En general, el nivel
de las cotizaciones a la seguridad social a cargo de los empleadores se ha
mantenido más o menos estable en la mayoría de los Estados miembros, con
algunas excepciones; en Polonia y Eslovaquia han tenido lugar subidas
relativamente fuertes y, al mismo tiempo, el nivel ha descendido de manera
bastante considerable en Francia. Figura 8: Variación entre 2011 y 2013 de la
cuña fiscal total por componentes (67 % del salario medio, persona soltera
y sin hijos)
Fuente: Base de
datos sobre fiscalidad y prestaciones CE-OCDE. Nota: Los datos de los países no
pertenecientes a la OCDE (BG, CY, HR, LV, LT, MT y RO) no están disponibles. La
lucha contra el trabajo no declarado es un reto en algunos Estados miembros.
El trabajo no declarado abarca una serie
de actividades que van desde el trabajo no declarado en una empresa formal
hasta el trabajo clandestino de los trabajadores por cuenta propia, pero
excluye el relacionado con bienes o servicios ilegales. El trabajo no declarado
tiene diversas implicaciones negativas. Desde una perspectiva macroeconómica,
reduce los ingresos fiscales (impuesto sobre la renta e IVA) y socava la
financiación de los sistemas de seguridad social. Desde una perspectiva
microeconómica, el trabajo no declarado y otras formas de empleo atípicas, como
los falsos autónomos, tienden a distorsionar la competencia leal entre las
empresas, allanando el camino para el dumping social, que frena la creación de
empleo regular con plena protección social. Asimismo, da lugar a ineficiencia
productiva, ya que, tradicionalmente, los negocios no oficiales evitan acceder
a los servicios e insumos oficiales (créditos, por ejemplo) y no crecen. Aunque
no es fácil disponer de datos totalmente fiables sobre la magnitud de la economía
sumergida y el trabajo no declarado, los datos brutos indican que el asunto
supone un auténtico reto en algunos Estados miembros[14].
Por otra parte, el alcance del trabajo no declarado puede estar creciendo como
consecuencia de diversas tendencias socioeconómicas, como la reasignación
sectorial y la internacionalización de la economía, la reducción de las formas
de trabajo estándar y las dificultades sociales en algunos Estados miembros. Si
bien, en general, la evolución de la economía afecta a los distintos grupos de
la población de diferentes maneras, en muchos Estados miembros los niveles de
desigualdad han aumentado. Mientras que, por
término medio, la ratio S80/S20[15]
permaneció estable entre 2008 y 2013 en la UE, las desigualdades entre Estados
miembros son muchas y cada vez mayores (figura 9). Las desigualdades han
aumentado en la mayoría de los Estados miembros del Sur (España, Grecia, Italia
y Chipre), en Croacia, Estonia, Dinamarca y Hungría y, ligeramente, en Irlanda
y Austria. A pesar de las mejoras recientes, las desigualdades también siguen
preocupando especialmente en Bulgaria, Grecia, Letonia, Rumanía, España y
Lituania (véase también la figura V del capítulo 3). Figura 9:
Desigualdad de la distribución de la renta (S80/S20; ratio de distribución de
la renta por quintiles), 2008-2012
Fuente: Eurostat EU-SILC
2013; referido al ejercicio fiscal 2012. Nota: * Datos de - 2011 (los
datos de 2012 no están aún disponibles para BE, DE, IE, EL, FR, HR, LU, NL, PT,
RO, SE ni UK). La
tasa de riesgo de pobreza y exclusión social (AROPE) ha aumentado
significativamente y las divergencias entre Estados miembros son cada vez
mayores. Entre 2008 (inicio de la crisis) y 2012,
el número de europeos en riesgo de pobreza o de exclusión social aumentó en una
cifra preocupante: 8,7 millones de personas (sin Croacia), lo que supone el
25,1 % de la población de la EU-28 en 2012 (figura 10). Figura 10:
Evolución de las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE),
2008-2012
Fuente:
Eurostat EU-SILC 2013; referido al ejercicio fiscal 2012. Nota: * Datos de - 2011
(los datos de 2012 no están aún disponibles para BE, DE, IE, EL, FR, HR, LU,
NL, PT, RO, SE ni UK). La
evolución de los niveles de pobreza varía sustancialmente de un grupo de edad a
otro. En términos generales, la población en
edad de trabajar se ha visto más afectada por la crisis (figura 11; y
figura IV del capítulo 3), sobre todo a causa del aumento del número
de hogares con todos sus miembros parados o con baja intensidad laboral y en situación
de pobreza con empleo. En 2012, aproximadamente cincuenta millones de personas
en edad de trabajar vivían con menos del 60 % de la renta media nacional
equivalente en la EU-28 y 31,8 millones (31,5 millones en 2013) sufrían graves
privaciones materiales. En 2012, el 10,9 % de la población de entre 18 y
59 años vivía en un hogar donde no trabajaba ninguno de sus miembros. Figura 11:
Evolución de las tasas de riesgo de pobreza o exclusión social (AROPE) desde
2005 en la EU-28, total, niños, población en edad de trabajar y personas
mayores
Fuente: Eurostat, EU-SILC.
Nota: Media de la EU-27 para 2005-2009; media de la EU-28 para 2010-2012. Los
datos SILC para 2013 todavía no están disponibles. Las
personas mayores (65+) se han visto relativamente menos afectadas, ya que su
riesgo de pobreza o exclusión social ha disminuido en la mayoría de los Estados
miembros, aunque las mujeres siguen aún resultando más afectadas por la pobreza
en la vejez que los hombres. Sin embargo, estas mejoras relativas no reflejan
necesariamente un cambio en la situación real de la renta de las personas
mayores, sino que se deben principalmente a que las pensiones no han variado
mucho, mientras que los niveles de renta de la población en edad de trabajar se
han estancado o han disminuido. Desde
2008, el riesgo de pobreza o exclusión social de los niños ha ido en aumento, a
medida que empeoraba la situación de sus progenitores (en su mayoría en edad de
trabajar). Esto es lo que ha ocurrido en más de
veinte Estados miembros, en comparación con 2008; además, los hogares
monoparentales se enfrentan a un riesgo de pobreza o exclusión social (EU-28:
47,8 % en 2012) que prácticamente duplica el de las familias con dos
adultos (24,4 %). El riesgo de pobreza, sustancialmente mayor, que
afrontan los hogares monoparentales se da en todos los Estados miembros, y va
del 35 % de Eslovenia, Finlandia y Dinamarca al 78 % de Bulgaria. Del
mismo modo, las familias con tres o más hijos se enfrentan a riesgos mucho más
altos de pobreza o exclusión social (EU-28: 30,9 %) que la población en su
conjunto. En el contexto de la crisis, los hombres en edad de trabajar se han
visto más directamente afectados por el deterioro de las condiciones del
mercado de trabajo. Sin embargo, las mujeres todavía se enfrentan a un mayor
riesgo de pobreza o exclusión (persistente) que los hombres, debido a los
períodos de inactividad relacionados con los cuidados, así como al trabajo a
tiempo parcial (voluntario o involuntario). El
riesgo de pobreza o exclusión social en 2012 fue mucho más elevado
(48,9 %) para los nacionales de terceros países (entre 18 y 64 años) que
para los nacionales (24,3 %); el aumento entre 2012 y 2013 fue de más de 3
puntos porcentuales. Por
término medio, a finales de 2013 en la UE el crecimiento de la renta bruta
disponible de los hogares había mejorado en términos reales,
tras cerca de cuatro años de continuos descensos (véase también el
capítulo 3 para profundizar en la evolución de la renta bruta disponible
de los hogares). Esta mejora se debió a un incremento de los ingresos
procedentes del trabajo y de las rentas (remuneración de los empleados y de los
trabajadores por cuenta propia y rentas de la propiedad), unido a un aumento de
las prestaciones sociales transferidas a los hogares[16].
Queda por ver si se mantiene la mejora de 2013, ya que la creación de empleo
sigue siendo modesta, el impacto de los sistemas de fiscalidad y prestaciones
sigue siendo débil y los últimos datos de 2014 muestran un nuevo descenso
(figura 12). Figura 12: Contribuciones de los componentes al crecimiento de la renta
bruta disponible de los hogares (RBDH)
Fuente: Eurostat, contabilidad sectorial. Las
repercusiones distributivas de los cambios en los sistemas fiscales y de
prestaciones en los últimos años han sido muy diferentes de un país a otro[17].
En función de su diseño, los cambios en los sistemas fiscales y de prestaciones
han repercutido de manera diferente en los hogares con rentas altas y con
rentas bajas. En algunos países, las repercusiones regresivas ejercen una
presión adicional sobre el nivel de vida de los hogares con rentas bajas en
particular. Otros Estados miembros, prestando una atención especial al perfil
distributivo de sus cambios en los sistemas fiscales y de prestaciones, han
conseguido evitar un efecto desproporcionado en los hogares con rentas bajas.
Estas diferencias de las repercusiones distributivas se dieron con
independencia de las diferencias en el tamaño global de los ajustes. En
general, después de un pico en 2009, las tasas de crecimiento del gasto social
han sido negativas desde 2011. En la fase inicial de
la crisis (hasta 2009), el aumento del gasto social se debió, sobre todo, al
desempleo, pero también, en menor medida, a otras funciones (en particular, las
pensiones y la sanidad). El crecimiento del gasto social disminuyó en 2010,
como reflejo de una combinación de medidas de estímulo fiscal que fueron
expirando y la vía normal de reducción progresiva de la estabilización
automática en los países que estaban recuperándose. Desde 2011, el gasto social
ha disminuido, en particular por lo que respecta a las prestaciones en especie
y los servicios, a pesar de que las condiciones económicas y sociales han
seguido deteriorándose (figura 13)[18]. Figura 13:
Contribuciones al crecimiento del gasto social público real en la UE de las
prestaciones en efectivo y en especie (2001-2012)
Fuente: Cuentas nacionales, cálculos de la DG EMPL. La
estructura del gasto de protección social también se ha visto alterada por la
crisis. Entre 2007 y 2011, el gasto (real) de
protección social por habitante aumentó en un 8 % en la EU-27 (figura 14).
Las mayores contribuciones a este aumento han tenido lugar en el ámbito de las
pensiones (el aumento de las prestaciones por vejez y supervivencia representó
un 44 % del aumento total), la sanidad y la discapacidad (32 %). Las
diferencias entre Estados miembros son sustanciales, ya que, entre 2007 y 2011,
el aumento del gasto total de protección social por habitante fue inferior al
5 % en cuatro Estados miembros, mientras que, en otros siete, fue de más
del 15 %. Figura 14: Evolución del gasto de protección social por habitante entre
2007 y 2011; por función de protección social
Nota: Contribuciones por
función al crecimiento global del gasto social (por habitante a precios
constantes de 2005). Fuente: ESSPROS. En algunos Estados miembros, las personas en
situación de vulnerabilidad y con rentas bajas han seguido teniendo
dificultades para acceder a la asistencia sanitaria. Mientras
que, entre 2008 y 2012, para la EU-27 en su conjunto el aumento del porcentaje
de personas de los grupos con rentas más bajas que declararon no haber podido
satisfacer necesidades de asistencia sanitaria solo fue moderado, en países
como Finlandia, Portugal y Grecia se registraron aumentos significativos
(figura 15). El mayor nivel de necesidades de asistencia sanitaria no
satisfechas en 2012 correspondió a Letonia, Bulgaria y Rumanía. Pese a que el
mayor descenso tuvo lugar en Bulgaria (– 11,4 puntos porcentuales entre
2008 y 2012), el porcentaje de personas con necesidades de asistencia sanitaria
no satisfechas en 2012 siguió siendo significativo (16,9 %). Figura 15: Necesidades de asistencia sanitaria no satisfechas,
quintiles de rentas más bajas, 2008‑2012
Fuente: Eurostat EU-SILC 2012. Nota: Necesidades de
asistencia sanitaria no satisfechas: demasiado caras, demasiado lejos para
viajar o lista de espera. * Datos de - 2011 (los datos de 2012 no están
disponibles para BE, IE, LU ni AT; los datos de 2008 no están disponibles para
HR ni para la UE-28). 2. APLICACIÓN
DE LAS ORIENTACIONES PARA EL EMPLEO: REFORMAS DE LAS POLÍTICAS SOCIALES Y DE
EMPLEO En esta sección[19]
se ofrece un resumen de las reformas y medidas introducidas por los Estados
miembros en los últimos doce meses. Las orientaciones para el empleo[20]
imparten directrices políticas estables a los Estados miembros sobre cómo
responder a los retos en materia social y de empleo en el contexto de las
tendencias actuales y con vistas a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa
2020 (tal como se presenta en la sección 1). En el Estudio Prospectivo
Anual sobre el Crecimiento 2014 se establecían las prioridades y orientaciones
políticas para que los Estados miembros presentasen sus programas nacionales de
reforma en el marco del Semestre Europeo 2014. Los programas nacionales de
reforma se revisaron en consecuencia y el Consejo, sobre la base de las
propuestas de la Comisión, presentó recomendaciones específicas por país. Los
comités de empleo y de protección social analizaron los resultados y avances de
los Estados miembros a la hora de responder a los retos planteados, mediante la
aplicación del indicador de resultados en materia de empleo (IRE) y el indicador
de rendimiento de la protección social (IRPS). Las consiguientes reformas
políticas se evaluarán en el contexto del Semestre Europeo 2015. El Fondo Social Europeo (FSE)
financia los esfuerzos destinados a lograr los objetivos de Europa 2020 a
través de acciones para combatir el desempleo, con especial atención a la juventud,
ofreciendo contratos de prácticas y aprendizaje para la actualización y mejora
de los conocimientos y apoyando medidas educativas para combatir la pobreza y
la exclusión social y promover la capacidad administrativa. Para el período de
programación 2014-2020, la fuerte convergencia entre el FSE y otros Fondos
Estructurales y de Inversión Europeos con las prioridades políticas de la
Estrategia Europa 2020, junto con el enfoque del Fondo, orientado a obtener
resultados, reforzarán su papel como pilares financieros de la Estrategia. Se han emprendido reformas en todos
los aspectos descritos en las secciones que figuran a continuación. No
obstante, el grado de avance varía entre los distintos ámbitos políticos y
entre Estados miembros. Por tanto, son necesarios más esfuerzos, aunque en
muchos casos aún no se perciben todos los efectos de las reformas, ya que
normalmente tardan en materializarse. Tampoco el «valor» de las reformas suele
poder evaluarse de forma aislada, ya que pueden realizarse varias reformas al
mismo tiempo. Por consiguiente, los Estados miembros deben tener en cuenta los
compromisos pertinentes a la hora de elaborar políticas y reformas. En el siguiente cuadro se ofrece un
resumen de las diferencias de género que prevalecen en el mercado de trabajo y
algunas reformas que pueden ayudar a avanzar hacia la igualdad y que se
explican de manera más detallada en el epígrafe de la orientación
correspondiente. Igualdad de género: El
mercado laboral sigue caracterizándose por desigualdades significativas[21]
Aunque se han logrado avances, sigue
habiendo diferencias importantes entre ambos sexos. La
tasa de empleo de las mujeres sigue estando muy por debajo de la de los hombres
(el 62,8 %, frente al 74 % a principios de 2014). La diferencia en el
empleo equivalente a tiempo completo es incluso mayor (18,3 puntos porcentuales
en 2013). Por otra parte, las mujeres cobran un 16 % menos por hora de
trabajo. Las diferencias entre hombres y mujeres en el ámbito del empleo, en
número de horas trabajadas y retribución, dan lugar a una amplia brecha en el
total de ingresos (37 % en el conjunto de la UE). Dado que las pensiones
reflejan los ingresos a lo largo de toda la vida, la brecha de género en este
caso también es amplia (39 % por término medio). En todos los Estados
miembros, el riesgo de pobreza o exclusión social para los mayores de 55 años
es mayor en el caso de las mujeres. El acceso a servicios asequibles y de
calidad de guardería, cuidados de larga duración y cuidados extraescolares, así
como a modalidades de trabajo flexibles y políticas de permisos adecuadas,
sigue desempeñando un papel fundamental
a la hora de respaldar el empleo de la mujer y ayudar, tanto a hombres como a
mujeres, a conciliar la vida laboral y privada. Si bien, desde 2005, la mayoría
de los Estados miembros han avanzado en el logro de los objetivos de Barcelona
sobre servicios de guardería, en 2012 solo nueve de ellos habían alcanzado el
objetivo del 33 % en el caso de los niños menores de tres años[22]
y once cumplían el objetivo del 90 % por lo que respecta a los niños de
edades comprendidas entre los tres años y la edad de escolarización
obligatoria. En algunos países, los sistemas fiscales y de prestaciones siguen
disuadiendo a las mujeres de trabajar o de trabajar más, en particular los que
desincentivan a los segundos perceptores de renta de trabajar a tiempo
completo. La
segregación del mercado laboral y los estereotipos de género pueden impedir que
los hombres y las mujeres aprovechen todo su potencial y llevar a una mala adecuación
entre las cualificaciones y el empleo.
Ahora las mujeres superan en número a los hombres en educación y formación,
pero siguen estando sobrerrepresentadas en campos de estudio que están
vinculados a los roles tradicionales, como la salud y el bienestar o las
humanidades y la enseñanza, mientras que en ámbitos como la ciencia, la
tecnología, la ingeniería o las matemáticas siguen predominando los hombres. Se
han emprendido acciones para impulsar las tasas de empleo femenino y conciliar
la vida laboral y familiar; sin embargo, el alcance y la ambición varían de un
país a otro. Las medidas adoptadas por los Estados
miembros pretenden, por ejemplo, aumentar o seguir aumentando la disponibilidad
de instalaciones para el cuidado de los niños o modificar la normativa sobre
permiso parental o las modalidades de tiempo de trabajo flexible. Se han
registrado pocas iniciativas destinadas a reducir la diferencia de retribución
entre hombres y mujeres o los desincentivos fiscales para que las mujeres
permanezcan en el mercado laboral o se incorporen a él. Algunos Estados
miembros han tomado medidas para combatir la pobreza infantil o adaptar el
sistema de prestaciones para ayudar a las familias o progenitores con rentas
bajas. Si bien en muchos países está prevista la equiparación (progresiva) de
las edades de jubilación entre hombres y mujeres, en algunos casos también se
han tomado medidas para fomentar la participación de las mujeres de más edad en
el mercado laboral o adaptar la acumulación de derechos de pensión. 2.1. Orientación para el empleo 7:
Aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo
estructural En
los Estados miembros prosigue, de formas diversas, el proceso de modernización
de la legislación sobre protección del empleo para impulsar el dinamismo
laboral y combatir la segmentación. Croacia ha
adoptado la segunda etapa de la reforma de su Derecho del trabajo por medio de
una nueva Ley que facilita el recurso a tipos de contratos laborales flexibles,
como el trabajo a tiempo parcial, el estacional o el temporal, flexibiliza la
legislación sobre el tiempo de trabajo y simplifica los procedimientos de
despido. A raíz del acuerdo global de los interlocutores sociales, los Países
Bajos están aplicando la simplificación de los procedimientos de despido,
fijando un límite máximo al importe de la indemnización, que se vincula a la
antigüedad en lugar de a la edad, al tiempo que han endurecido las normas sobre
trabajo temporal, para evitar la segmentación del mercado de trabajo, y han
reformado el sistema de prestaciones por desempleo. España ha simplificado los
modelos de contrato para las empresas, ha aclarado los procedimientos de
despido colectivo y ha promovido el trabajo a tiempo parcial por medio de
incentivos contributivos y una mayor flexibilidad en el uso de las horas
complementarias. Italia ha flexibilizado las condiciones que han de cumplir las
empresas para poder recurrir a contratos de duración determinada y a contratos
de aprendizaje y ha impulsado una reforma más global de la legislación sobre
protección del empleo y las políticas activas del mercado de trabajo que se
encuentra en la fase legislativa en el Parlamento. Eslovaquia ha limitado a un
año la duración del trabajo realizado fuera de una relación de empleo principal,
los llamados «acuerdos de trabajo». La
capacidad de los Estados miembros para aumentar de manera significativa la tasa
de empleo de las mujeres depende en gran medida de la disponibilidad de
servicios de guardería asequibles y de calidad. Los
datos de la OCDE confirman que el cuidado de los niños es un motor clave para
la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Varios países han seguido
aplicando medidas de años anteriores o han asignado fondos adicionales para el
cuidado de niños (Austria, Alemania, Irlanda, Malta y Polonia), mientras que
otros han adoptado medidas recientes para implementar nueva legislación o
nuevos proyectos (Chequia y Eslovaquia). En abril de 2014, Malta puso en marcha
un servicio gratuito y universal de guardería destinado a las familias en las
que ambos progenitores trabajan. El servicio de guardería está disponible
durante las horas de trabajo de los progenitores y una hora al día adicional
para los desplazamientos. Además, en el presupuesto de 2014 se planteaba un
servicio gratuito para los niños, en las guarderías y los colegios públicos de
primaria, que se ofrecerá durante los días lectivos a los progenitores que
trabajen por cuenta ajena y que deseen dejar a sus hijos en el colegio una hora
antes de que este empiece. En Chequia, el
Parlamento ha aprobado la Ley sobre grupos de niños, que ha sufrido un retraso
de varios años y tiene por objeto facilitar la creación de centros para el
cuidado infantil fuera de la red pública de guarderías. En
varios países se han adoptado medidas para flexibilizar las condiciones de
trabajo o modificar la normativa sobre permiso parental (el
Reino Unido, España, Polonia, Alemania y Finlandia). En el Reino Unido, desde
2014, se ha ampliado a todos los empleados el derecho a solicitar un horario de
trabajo flexible. En Polonia, en el contexto de la modificación de la Ley sobre
la promoción del empleo y las instituciones del mercado de trabajo, a partir
del 2 de mayo de 2014 se introdujo una ayuda al teletrabajo —para el empleo de
progenitores desempleados que regresan al mercado laboral (y que tienen a cargo
al menos un hijo menor de 6 años) o a personas que dejaron su trabajo para
dedicarse al cuidado de otros dependientes—. En Italia, en el contexto del
debate actual sobre el «Jobs Act», se han propuesto medidas para modificar el
permiso de maternidad. En Alemania, la reforma de las prestaciones parentales
que entrará en vigor en enero de 2015 incentiva a ambos progenitores a
compartir el cuidado de los niños y el trabajo. En
un número inferior de países se han emprendido iniciativas para reducir las
diferencias de remuneración entre hombres y mujeres.
En Austria, desde 2013, las empresas con más de doscientos cincuenta empleados
están obligadas a presentar informes sobre igualdad salarial y, desde 2014, las
de más de ciento cincuenta empleados tienen la misma obligación. Se
han propuesto medidas fiscales en Italia, en el marco de la «Jobs Act»,
y en Malta, por medio de una ampliación de los créditos fiscales a los
progenitores que envíen a sus hijos a guarderías privadas (entre 1 300 y
2 000 EUR). En el Reino Unido, a partir de 2015, habrá un sistema de
cuidado infantil libre de impuestos para las familias que trabajen, que
sustituirá al actual sistema de vales y cuidado de niños contratado
directamente. Las familias que puedan optar a este sistema recibirán el
20 % del coste anual de las tasas por cuidado de los niños, con un límite
de 10 000 GBP por hijo. Varios
Estados miembros han implantado mecanismos de fijación de salarios para promover
la convergencia de la evolución de los salarios con la productividad. Otros
Estados miembros han tratado de mejorar la renta disponible de los hogares
prestando una atención especial a los salarios mínimos.
En Alemania, a partir del 1 de enero de 2015, se generalizará un salario mínimo
por hora de 8,50 EUR, con un período transitorio que permita algunas
excepciones hasta finales de 2016. Estonia, Rumanía y Eslovaquia han aumentado
el umbral inferior de su salario mínimo nacional para combatir la situación de
pobreza de las personas con empleo, mientras que el Reino Unido ha endurecido
las sanciones para los empresarios que no aplican los requisitos del salario
mínimo nacional. Austria ha ampliado la obligación de indicar en las ofertas de
empleo el salario mínimo establecido por convenio colectivo a todos los
empresarios de los sectores en los que no hay convenios colectivos. Portugal,
por su parte, entre otras reformas de gran alcance, ha introducido reducciones
en la remuneración de los trabajadores con salarios más elevados de la
administración pública. Se
han adoptado algunas medidas para reducir la cuña fiscal de la mano de obra, en
especial para las personas desfavorecidas, y estimular la demanda de mano de
obra y el consumo. Bélgica ha intervenido para
reducir las cotizaciones a la seguridad social a cargo de los trabajadores con
salarios bajos, ha eximido a los empleadores del pago de las cotizaciones
sociales por la retribución de las horas extraordinarias en determinados
sectores y ha ampliado el ámbito de aplicación de la exención de la retención a
cuenta para los empleados. Italia ha reducido el IRPF para los perceptores de
ingresos bajos en 2014 y ha aplicado una reducción permanente del 10 % en
el impuesto sobre actividades económicas regionales para los empleadores. El
Gobierno de España ha aprobado una propuesta de reforma fiscal que incluye una
reducción de siete tipos impositivos a cinco, una ligera reducción de los tipos
marginales y un aumento del mínimo exento, lo que aplicará paulatinamente entre
2015 y 2016. Eslovaquia ha aumentado el umbral de ingresos que exime a los
estudiantes del pago de las cotizaciones a la seguridad social, mientras que
Estonia aumentará la desgravación del impuesto sobre la renta a partir del 1 de
enero de 2015. En el contexto de un paquete de medidas presupuestarias de gran
alcance, Letonia ha atenuado la presión fiscal, especialmente para las familias
con personas dependientes, mediante el aumento de los umbrales para quedar
exento del pago del IRPF y las cotizaciones sociales. Francia ha puesto en
marcha por primera vez un crédito fiscal para las empresas calculado sobre la
masa salarial, que se completará en 2015 con una disminución de las
cotizaciones a la seguridad social a cargo del empleador, y ha adoptado también
medidas para reducir el impuesto sobre la renta de los salarios bajos y
medianos. Algunos
Estados miembros han intensificado sus esfuerzos para combatir el trabajo no
declarado. En Eslovenia, las enmiendas a la Ley
sobre la prevención del trabajo y el empleo no declarados han introducido un
sistema de vales para el trabajo extra personal, han involucrado al servicio de
aduanas en el control de las prácticas de trabajo ilegal y han aumentado las
sanciones, especialmente en el caso de las chapuzas a domicilio. En agosto de
2014, Croacia creó una Comisión para luchar contra el trabajo no declarado,
encargada de evaluar las medidas existentes, hacer un seguimiento de su
aplicación y proponer nuevas medidas o modificaciones necesarias. La
implementación de la Recomendación del Consejo sobre el establecimiento de la
Garantía Juvenil impulsó la adopción de una audaz reforma estructural que
abarcaba diversos aspectos de las políticas activas del mercado de trabajo en
los Estados miembros. En 2014, todos los
Estados miembros presentaron sus planes de ejecución de la Garantía Juvenil y
los debatieron con la Comisión. La ejecución será clave, pero ya se han tomado
unas prometedoras primeras medidas. Algunos
Estados miembros han dedicado esfuerzos a mejorar la ayuda que los servicios
públicos de empleo prestan a los jóvenes. En
Bélgica, los servicios públicos de empleo de la región de Bruselas, Actiris,
han creado un servicio dedicado a la Garantía Juvenil, cuya función es
proporcionar ayuda específica para la búsqueda de trabajo y prácticas a los
jóvenes que se han registrado oficialmente como demandantes de empleo. Rumanía
ha puesto en marcha dos sistemas piloto de Garantía Juvenil, que han dado lugar
a la creación de veintisiete centros (actualmente financiados con cargo al FSE)
cuyo objetivo es identificar a los jóvenes ninis y ofrecerles paquetes
integrados de servicios personalizados. España ha adoptado la Estrategia
Española de Activación para el Empleo 2014-2016, como instrumento principal de
coordinación, para operar un cambio en las políticas activas del mercado de
trabajo y orientarlas a la consecución de resultados. En Italia, la creación de
portales electrónicos integrados permite la inscripción directa en línea y la
conexión a un registro nacional para facilitar la verificación automática del
cumplimiento de los requisitos y la transmisión de ofertas. Los
incentivos a la contratación con destinatarios específicos y las ayudas a las
empresas emergentes son algunos de los medios utilizados para promover la
activación de los demandantes de empleo jóvenes en varios Estados miembros.
Los Países Bajos han adoptado una bonificación fiscal para los empleadores que
contraten a jóvenes beneficiarios de prestaciones por desempleo o asistencia
social durante un período de hasta dos años, mientras que Polonia ha
introducido exenciones de las cotizaciones a la seguridad social para los
menores de 30 años. Otros Estados miembros han introducido nuevos incentivos
a la contratación para estimular la creación de empleo para otros grupos, entre
ellos los parados de larga duración. En Portugal, Malta, Grecia, España y
Chipre se han introducido o reforzado incentivos generales a la contratación.
Por ejemplo, Malta ofrece una ayuda salarial a los empleadores, para nuevas
contrataciones, de hasta la mitad del salario de base y de las cotizaciones
sociales durante un período de hasta un año, mientras que España ha aprobado un
tipo de contribución social fijo para las empresas que contraten a nuevos
trabajadores con contratos indefinidos, incluidos los contratos a tiempo
parcial, durante un período de hasta dos años (tres para las pequeñas
empresas), así como asignaciones especiales para beneficiarios de la Garantía
Juvenil con contratos indefinidos. Malta, a su vez, destina una ayuda
específica a los trabajadores de más edad, que incluye una desgravación fiscal
de los gastos de formación. También
en relación con la implementación de la Garantía Juvenil, varios Estados
miembros han seguido con la reforma de los servicios públicos de empleo para
mejorar el nivel de la prestación y la coordinación entre los distintos niveles
regionales. En el marco de una estrategia de
activación global para el período 2014-2016, España ha elaborado un catálogo
común de servicios de empleo, consistente en un conjunto de medidas homogéneas
para ser aplicadas en todas las regiones españolas, con los objetivos de
garantizar los mismos derechos de acceso a los demandantes de empleo, un
tratamiento individualizado, eficiencia, transparencia, orientación a los
resultados e integración entre los distintos niveles de la Administración. Finlandia
ampliará la obligación de aceptar las ofertas de empleo procedentes de los
centros de servicio municipales del mercado de trabajo hasta tres horas de
desplazamiento diarias y mejorará los planes de empleo de los parados de larga
duración, ofreciéndoles medidas activas desde los tres meses en situación de
desempleo. Los planes para incentivar a las
empresas emergentes se han generalizado por toda Europa,
como muestra el hecho de que hasta nueve Estados miembros (Malta, Croacia,
España, Lituania, Grecia, Polonia, Francia, Portugal e Irlanda) hayan
introducido incentivos para ayudar a los desempleados a iniciar una actividad
empresarial. Irlanda, en su plan de acción global para el empleo, ha previsto
la creación de oficinas de empresa locales en colaboración con el centro de
excelencia empresarial, un nuevo Fondo destinado a los jóvenes empresarios para
impulsar y expandir la actividad empresarial; y ha simplificado las ayudas
fiscales destinadas a los empresarios. En Portugal, «Investe Jovem» es un nuevo
programa que ofrece ayuda financiera a los jóvenes para que se conviertan en
trabajadores por cuenta propia o creen su propia microempresa. 2.2. Orientación para
el empleo 8: Conseguir una población cualificada que responda a las necesidades
del mercado laboral y promover el aprendizaje permanente La necesidad de mejorar la oferta de cualificaciones y fomentar el
aprendizaje de adultos ha llevado a tomar medidas políticas en varios Estados
miembros[23]. Los Estados
miembros han introducido medidas destinadas a mejorar la oferta de
cualificaciones y fomentar el aprendizaje de adultos, medidas combinadas
frecuentemente con la reforma de la formación profesional. En Dinamarca, en el marco de un
amplio acuerdo político sobre un «paquete de crecimiento», las iniciativas
resultantes de un acuerdo tripartito entre el Gobierno y los interlocutores
sociales impulsarán el desarrollo de las capacidades de la mano de obra no
cualificada y permitirán a un número mayor de trabajadores cualificados recibir
formación de nivel superior. El acuerdo para mejorar las oportunidades de los
trabajadores cualificados y no cualificados de participar en la formación
profesional llegará a ciento sesenta mil personas más durante el período
2014-2020. En Grecia, en el marco del memorando de entendimiento del programa
de ajuste económico, se ha previsto una hoja de ruta sobre educación y
formación profesionales destinada a aumentar la cantidad y la calidad de los
contratos de aprendizaje y la impartición de formación profesional. En Lituania
se ha modificado la legislación sobre la educación no formal para adultos y la
formación continua, y la nueva versión (adoptada el 10 de julio de 2014)
entrará en vigor el 1 de enero de 2015. Esta legislación establece (entre otras
cosas) la mejora de la coordinación de la educación para adultos a nivel
nacional y local, la implantación de nuevos modelos de financiación de la
educación para adultos y la concesión de permisos a los empleados para seguir
la educación no formal. Durante el período cubierto por este informe, el
Gobierno también firmó acuerdos con organizaciones de empresarios que
representaban a distintos sectores, con el fin de mejorar el equilibrio entre
la oferta y la demanda de mano de obra cualificada. En Chipre, las
universidades públicas han llegado a un acuerdo para ampliar el alcance y la
cobertura de los programas que se ofrecen a través de la educación a distancia.
Se ha introducido el nuevo programa de aprendizaje moderno, que consta de dos
niveles: preparatorio (para jóvenes que no han finalizado la educación
secundaria) y principal (por medio del cual se adquiere un título de «artesano
cualificado»). En Malta, el Gobierno ha puesto en marcha una estrategia para
2014-2019 destinada a combatir el problema del analfabetismo. En Polonia, una nueva Ley que entró
en vigor el 1 de octubre de 2014 permite realizar estudios intercolegiales, es
decir, estudios duales con los empleadores y un contrato de aprendizaje de tres
meses en centros con un perfil práctico, regula el control de los itinerarios
de los titulados e impulsa, además, la calidad de la enseñanza superior. Las
universidades podrán reconocer los conocimientos y las capacidades adquiridos
en actividades de formación o trabajo profesional y tenerlos en cuenta para la
graduación. De este modo, el nuevo marco legislativo abre la senda del estudio
a las personas que trabajan, que desean cambiar de trayectoria profesional o
que quieren completar su educación. En Francia se ha promulgado una Ley para la
reforma del sistema de formación profesional, que introduce una cuenta personal
de formación y modifica la financiación de dicho sistema, con el fin de
permitir una mayor adecuación, así como el acceso de los empleados y los
demandantes de empleo a la formación profesional. Un número bastante elevado de Estados miembros han introducido
medidas que facilitan la transición de los estudios al trabajo, lo que también contribuirá a establecer una Garantía Juvenil
global. En Francia, se ha decidido adoptar
un programa para relanzar el sistema de aprendizaje. Este sistema estará más
orientado a las carencias en materia de capacidades, incluye incentivos para
los empresarios que contratan a aprendices y ofrece a los jóvenes la
posibilidad de suscribir contratos de duración indefinida tras un período de
aprendizaje. La reforma decretada entrará en vigor a partir de 2015. En
Irlanda, la campaña «Skills to Work» ofrece a los demandantes de empleo
información en línea sobre las opciones de educación, actualización de
conocimientos o experiencia laboral disponibles para ellos en ámbitos que
ofrecen oportunidades de empleo nuevas y emergentes. En Letonia, un nuevo
programa de empleo de verano para estudiantes, consistente en un mes de trabajo
remunerado en empresas y organismos locales y destinado a estudiantes de
secundaria, proporciona una primera experiencia laboral y aporta varias
capacidades necesarias para el empleo. Las
mujeres superan a los hombres en educación y formación, pero siguen estando
sobrerrepresentadas en campos de estudio que están vinculados a los roles
tradicionales, como la sanidad y el bienestar o
las humanidades y la enseñanza, mientras que en ámbitos como la ciencia, la
tecnología, la ingeniería o las matemáticas siguen predominando los hombres. En
Alemania, por ejemplo, hay un programa cofinanciado por el FSE que tiene como
objetivo conseguir que más personas, principalmente hombres, se dediquen al
cuidado infantil. 2.3. Orientación para
el empleo 9: Mejorar la calidad y los resultados de los sistemas educativos y
de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la
enseñanza superior Todos los Estados miembros han
presentado planes de ejecución de la Garantía Juvenil dentro de los plazos establecidos por el Consejo Europeo. La mayoría de los Estados miembros han
adoptado medidas para mejorar sus sistemas de educación y formación
profesionales (EFP), a fin de
reflejar mejor las necesidades del mercado de trabajo (Bélgica, Chequia,
Dinamarca, Estonia, Irlanda, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia,
Lituania, los Países Bajos, Polonia, Portugal Rumanía, Eslovaquia, Suecia y el
Reino Unido), en general vinculadas a sus programas de Garantía Juvenil y a los
compromisos contraídos en el marco de la Alianza Europea para la Formación de
Aprendices. Varios países han llevado a cabo revisiones de sus sistemas de EFP
(Dinamarca, Irlanda, Grecia, España, Francia, Hungría, Portugal, Eslovaquia y
las regiones belgas). Las regiones belgas han reforzado la cooperación entre las
políticas y los responsables de la educación y formación y el empleo para que
la EFP responda más adecuadamente a las necesidades del mercado. España ha
puesto en marcha una reforma para introducir un sistema dual de formación
profesional adaptado a las necesidades del mercado de trabajo. En Francia, la
nueva Ley sobre aprendizaje permanente y EFP ofrece más ayuda para contratos de
aprendizaje de quienes están menos cualificados. Rumanía ha puesto en marcha
nueva legislación para ofrecer prácticas profesionales subvencionadas a los
titulados de la educación superior. Suecia ha adoptado medidas destinadas a
facilitar la transición de los estudios al trabajo mediante contratos de
aprendizaje y ayudar a los jóvenes a adquirir experiencia laboral. En Estonia
se ha asignado financiación adicional para cursos de EFP destinados a adultos.
En Portugal se ha adaptado el modelo de los planes de estudio de la EFP y se ha
creado una red de centros, así como de nuevos cursos, de formación profesional
básica (14 años) y secundaria (de 15 a 17). En
Dinamarca, en junio de 2014, se adoptó la reforma de la EFP, que entrará en
vigor a partir del curso escolar 2015/16. Dicha reforma contribuirá a
garantizar que más jóvenes completen un programa de EFP y que, en Dinamarca,
todos los jóvenes que quieran recibir EFP puedan acceder a ella. Los Estados miembros hacen menos
hincapié en la implementación de marcos de cualificaciones. Austria ha establecido un punto de contacto para el reconocimiento
de las cualificaciones extranjeras, mejorando las oportunidades para los
inmigrantes y evitando la inadecuación profesional. Croacia ha creado el marco
de cualificaciones croatas para regular el sistema de cualificaciones y mejorar
los programas educativos mediante su armonización con las necesidades del
mercado de trabajo. Algunos Estados miembros han introducido
reformas en sus sistemas de enseñanza superior. Se han llevado a cabo reformas del sistema de educación superior
en Austria, Alemania, Estonia, Grecia, Lituania, Luxemburgo, Polonia y el Reino
Unido. Algunas reformas incluyen más ayuda financiera para los grupos con
necesidades especiales (Austria, Alemania, Estonia, Luxemburgo y el Reino
Unido). Austria aumentará la ayuda financiera para los estudiantes con
hijos o que estén empleados o casados. Alemania subirá los umbrales y
proporcionará ayuda financiera adicional, especialmente para los jóvenes cuyos
padres tengan un nivel de renta bajo (a partir de 2016). Luxemburgo ha
modificado los criterios para poder optar a la ayuda financiera, a fin de tener
en cuenta aspectos sociales. En el Reino Unido se están destinando fondos
especiales al aumento de la oferta de ingenieros y a animar a las mujeres a incorporarse
al sector. Varios Estados miembros han tomado
medidas para mejorar sus sistemas de educación primaria y secundaria (Austria, Estonia, Grecia,
España, Hungría, Irlanda, Malta, Eslovaquia y el Reino Unido), mientras que
otros se han ocupado de toda su estrategia educativa (Croacia y Lituania). Unos cuantos Estados miembros (Austria, los Países Bajos, Estonia,
Irlanda y Suecia) han mejorado las condiciones de trabajo y salariales de los
profesores o han aumentado el número de profesores disponibles. Estonia ha
aumentado el salario mínimo de los profesores para hacer más atractiva la
profesión docente y está emprendiendo una reforma de la enseñanza secundaria
superior general y de la EFP. Irlanda ha previsto fondos para mil cuatrocientos
profesores adicionales y para el mantenimiento de los niveles existentes de
recursos docentes para niños con necesidades especiales. España ha adelantado
la elección de los itinerarios de enseñanza a los grados tercero y cuarto de la
educación secundaria (15 y 16 años) y ha introducido nuevas evaluaciones en los
niveles tercero y sexto de la educación primaria (9 y 12 años). El Gobierno de
Dinamarca ha llegado a un acuerdo sobre la reforma de la enseñanza pública
obligatoria (primaria y ciclo inferior de secundaria), que entrará en vigor en
el año escolar 2014/15. El Gobierno portugués está aplicando un programa de
formación de profesores, y permite una mayor flexibilidad en los planes de
estudio a los centros de enseñanza que han suscrito acuerdos de autonomía. 2.4. Orientación para
el empleo 10: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza Muchas
reformas políticas en este ámbito se han centrado en garantizar que los sistemas
de protección social puedan:
activar
y habilitar con eficacia a quienes pueden participar en el mercado de
trabajo,
proteger
a quienes se han visto (temporalmente) excluidos de los mercados de
trabajo o no pueden formar parte de ellos,
preparar
a las personas para los posibles riesgos que tengan que afrontar a lo
largo de su vida, invirtiendo en capital humano.
A.
Los Estados miembros están redoblando esfuerzos para reforzar las políticas
activas del mercado de trabajo y reformando la asistencia social o los sistemas
de desempleo, al tiempo que introducen medidas destinadas a quienes están más
expuestos al riesgo de pobreza. Varios Estados miembros
están introduciendo o reforzando medidas de activación como parte de su
política para abordar más adecuadamente la pobreza de los adultos (Bélgica,
Bulgaria, Dinamarca, Irlanda, España, Italia, Chipre, Letonia, los Países
Bajos, Austria y Eslovaquia). Una serie de Estados miembros han emprendido
reformas de la asistencia social o del sistema de desempleo (Bélgica, Irlanda,
Grecia, Croacia, Italia, Chipre, Lituania, Luxemburgo, Polonia, Portugal,
Rumanía y el Reino Unido). En Bélgica, la reforma del sistema de prestaciones
por desempleo tiene por objeto garantizar un equilibrio adecuado entre la
prestación y la ayuda eficaz en la búsqueda de empleo y de oportunidades de
formación. Chipre, por su parte, en el marco de su reforma del sistema de
bienestar, ha introducido un programa de renta mínima garantizada (que
sustituye al antiguo régimen de ayuda pública). Algunos Estados miembros
(Bélgica, Estonia, España, Malta y el Reino Unido) han adoptado medidas
específicas dirigidas a la población con mayor riesgo de pobreza, en particular
los jóvenes, las familias con niños y las personas con discapacidad (Bélgica,
Irlanda, Chipre, Letonia, Austria, Finlandia, Suecia y el Reino Unido). Dos
Estados miembros (Francia y Suecia) también han notificado medidas destinadas a
garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. B.
Paralelamente, los Estados miembros han introducido reformas destinadas a
proteger a quienes temporalmente no forman parte o no pueden formar parte de
los mercados de trabajo. A tal fin, algunos han mejorado sus políticas sociales
destinadas a salvaguardar el bienestar de los niños y de las personas mayores y
han aumentado las prestaciones, mientras que otros han implementado políticas
específicas para combatir la pobreza infantil. En
respuesta a la creciente preocupación por los efectos del número cada vez mayor
de niños afectados por la pobreza, algunos Estados miembros han reforzado las
medidas para combatir la pobreza infantil (Bulgaria, Estonia, Irlanda, España,
Italia, Letonia, Lituania y Rumanía). En Bulgaria,
entre las medidas más significativas notificadas en relación con la
implementación de la estrategia nacional para la reducción de la pobreza y la
promoción de la inclusión social 2020, están: el aumento de las prestaciones
mensuales por segundo hijo, por gemelos y por hijos con discapacidades
permanentes y la introducción de una ayuda financiera para cubrir los gastos de
calefacción de los niños y las personas mayores. Irlanda ha puesto en marcha un
nuevo programa, basado en datos y en zonas, destinado a combatir la pobreza
infantil a través de la expansión de los servicios de prevención e intervención
temprana, que ha dado buenos resultados durante su fase piloto. Italia ha
introducido un sistema de ayuda para las familias con hijos que consiste en una
combinación de medidas pasivas y medidas y servicios de activación. En Letonia
se han logrado avances significativos en la lucha contra la pobreza infantil,
como el aumento de las prestaciones relacionadas con la infancia y la ayuda a
las familias monoparentales desde el 1 de enero de 2014. Por su parte, el
Gobierno letón ha aumentado el umbral de exención del IRPF para las personas
dependientes. En Estonia, en junio de 2014, el Gobierno decidió aumentar sustancialmente
la asignación universal por hijo y, a partir de enero de 2015, el nivel de la
prestación por hijo basada en las necesidades y de la subsistencia infantil.
Los
Estados miembros han adoptado un enfoque de inversión de cara a las políticas
sociales, mejorando el acceso a la educación y los cuidados de la primera
infancia. Algunos Estados miembros (Bulgaria,
Chequia, Alemania, Estonia, Francia, Letonia, Lituania, Hungría, Austria,
Polonia y el Reino Unido) han adoptado iniciativas destinadas a ampliar el
número de niños inscritos en instalaciones de atención y educación de la
primera infancia en el marco de sus estrategias para mejorar las oportunidades
para los niños. Alemania ha seguido progresando en el
aumento de las instalaciones de guardería a tiempo completo disponibles, pero
el progreso ha sido limitado en el aumento de centros escolares de jornada
completa. En Francia, el plan plurianual contra la pobreza y la exclusión
social también contiene medidas centradas en las familias con hijos a cargo,
como la mejora del acceso a los comedores escolares y el aumento de las plazas
de guardería (con el 10 % reservado para los niños de familias con bajos
ingresos). Irlanda ha introducido plazas subvencionadas para el cuidado
infantil después del horario escolar, con el fin de ayudar a las personas con
bajos ingresos o desempleadas a reincorporarse al mercado de trabajo, y ha
creado plazas de guardería para las personas desempleadas que participan en
programas locales de empleo que proporcionan formación y experiencia para
apoyar la incorporación al mercado laboral. En Malta, un nuevo programa ofrece
asistencia y educación gratuitas durante la primera infancia, en instalaciones
privadas y públicas, a los hogares en los que los progenitores estudian o trabajan. Reequilibrar
el tiempo de trabajo y la jubilación es un tema clave en las iniciativas
relacionadas con las pensiones, ya que en casi todas partes se está retrasando
la edad de jubilación y se está igualando entre ambos sexos. Como
respuesta a los problemas demográficos para el pago de las pensiones, cada vez
más Estados miembros reconocen que es necesario garantizar una vida laboral más
larga, para equilibrar la repercusión del aumento de la longevidad y permitir
que las personas compensen el descenso de las tasas de sustitución con carreras
contributivas más largas. En los últimos años, varios Estados miembros han
adoptado (Irlanda, España, Francia, Chipre, Letonia y Hungría, entre otros) o
ya han implementado (como Dinamarca o el Reino Unido) el retraso de la edad de
jubilación tanto de hombres como de mujeres. En total, veinticinco de los
veintiocho Estados miembros ya han legislado o tienen previsto legislar
retrasos de la edad de jubilación. En muchos casos, este retraso va acompañado
de una equiparación (gradual) de las edades de jubilación de hombres y mujeres
(Chequia, Estonia, Grecia, Croacia, Italia, Lituania, Malta, Polonia, Rumanía,
Eslovenia, Eslovaquia y el Reino Unido). Alemania, con la ampliación de los
derechos de pensión («Mütterrente») a los progenitores que tuvieron hijos antes
de 1992, pretendía abordar algunas de las repercusiones de las interrupciones
de la carrera profesional y el trabajo a tiempo parcial. Sin embargo, en muchos
Estados miembros son necesarios más esfuerzos para abordar otros factores clave
de la brecha de género en los derechos de pensión. Otros
países están vinculando la edad de jubilación al aumento de la longevidad. El
Reino Unido y Portugal se han unido ahora al creciente número de países (Dinamarca,
Grecia, Italia, Chipre, los Países Bajos y Eslovaquia) que, tras un primer
retraso de la edad de jubilación para compensar los primeros aumentos de la
longevidad, han optado por introducir un nexo explícito entre la edad de
jubilación y los futuros aumentos de la esperanza de vida. Sin embargo, varios
Estados miembros todavía tienen serias reservas con respecto a esta idea. Con
el fin de hacer efectivo el retraso de la edad de jubilación, algunos Estados
miembros han tomado medidas para restringir el acceso a la jubilación
anticipada. Las principales medidas de reforma
implican unas condiciones de elegibilidad más estrictas (retraso de la edad
mínima, largo historial de cotizaciones y reducción del nivel de prestaciones)
y una mayor atención a las medidas de activación (Bélgica, España, Croacia,
Chipre, Portugal y Eslovenia). Algunos países también están restringiendo el
acceso a vías alternativas generalizadas hacia la jubilación anticipada, como
las prestaciones por desempleo de larga duración (por ejemplo, España) o las
prestaciones de invalidez (por ejemplo, Dinamarca o Austria). Sin embargo, en
varios países (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Luxemburgo, Malta, Austria y Rumanía,
entre otros), incluidos algunos de los que han emprendido reformas recientes,
las opciones de jubilación anticipada aún tienden a socavar la adecuación y la
sostenibilidad de las pensiones. Otros países han facilitado el acceso a
opciones de jubilación anticipada a personas con carreras contributivas largas
y trabajos duros. En Letonia y Portugal se han aplicado estas medidas en
respuesta a los problemas de empleo de determinados grupos de trabajadores de
más edad. En Dinamarca, el objetivo ha sido compensar los desequilibrios de
reformas anteriores que redujeron las opciones de jubilación anticipada. En
Alemania se ha hecho para ser más equitativos con las personas que empezaron a
trabajar a una edad temprana, mientras que en Bulgaria estas facilidades se han
dirigido sobre todo a las personas que han realizado tareas arduas. Otros
Estados miembros están abriendo vías para que las personas prolonguen su vida
laboral y mejoren sus derechos de pensión retrasando la jubilación.
En Francia, la edad a la que los empleadores privados pueden jubilar a un
trabajador sin su consentimiento ha aumentado de 65 a 70 años. Muchos sistemas
de pensiones incluyen incentivos para trabajar más allá de la edad de
jubilación, como el aumento de las tasas de acumulación de la pensión o la
bonificación de la pensión en caso de retraso de la edad de jubilación
(Dinamarca, Francia y Finlandia, entre otros). Varios países están
flexibilizando las normas para permitir combinar las prestaciones de jubilación
con ingresos derivados del trabajo (Bélgica, España, los Países Bajos y
Eslovenia). Es importante señalar que algunos países están sustentando cada vez
más las reformas de las pensiones con medidas de envejecimiento activo en los
lugares de trabajo y los mercados laborales (por ejemplo, Bélgica, Francia y
Eslovenia). Sin embargo, los esfuerzos en este ámbito todavía son demasiado
limitados y están poco coordinados. Como
parte de los esfuerzos de consolidación presupuestaria, en una serie de Estados
miembros se ha modificado o congelado temporalmente la indización de las
pensiones en el pago. Así ha ocurrido, por ejemplo, en Chipre, Francia,
Italia y Portugal. En otros países, se está restableciendo la indización,
posiblemente en una versión revisada, tras un período en el que no se ha
aplicado (por ejemplo, Bulgaria, Chequia y Letonia). C.
En respuesta a las presiones presupuestarias, los países están revisando los
gastos sanitarios y buscando medios para mejorar la rentabilidad y lograr
resultados eficaces, a la vez que se introducen mejores instrumentos para
contener los costes. Varios Estados miembros
se han comprometido a llevar a cabo o han puesto en marcha reformas
estructurales de sus sistemas sanitarios (Bulgaria, Irlanda, Grecia, España,
Croacia, Chipre, Austria, Rumanía, Eslovaquia, Finlandia y el Reino Unido).
Finlandia ha acordado una reforma de los servicios sociales y de asistencia
sanitaria para que la responsabilidad de prestar el servicio se asigne a cinco
regiones. La nueva Ley de asistencia sanitaria aportará importantes cambios al
servicio nacional de salud del Reino Unido (Inglaterra) y creará el marco jurídico
para el «Better Care Fund», que proporcionará importantes incentivos
financieros a las autoridades locales para que integren los servicios de
asistencia sanitaria y social. Algunos Estados miembros han introducido medidas
para contener el aumento de los costes derivados del gasto sanitario (Bélgica,
Bulgaria, Alemania, Irlanda, España, Francia, Croacia, Chipre, los Países
Bajos, Austria, Portugal, Eslovenia y el Reino Unido). Bélgica, Francia y Austria
se han centrado en limitar el nivel general de crecimiento del gasto sanitario.
Francia ha introducido nuevas medidas para contener el gasto farmacéutico,
mejorando la fijación de los precios y fomentando el uso de genéricos. Se han
adoptado varias medidas para mejorar la prestación de los servicios sanitarios,
muchas de ellas consistentes en seguir desarrollando la sanidad electrónica (Bélgica,
Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Malta,
Austria, Polonia, Portugal, Eslovenia, Eslovaquia, Suecia y el Reino Unido).
Chipre está realizando las principales reformas relacionadas con la
implantación del nuevo servicio nacional de salud y su infraestructura
informática, así como reformas relacionadas con los hospitales públicos y otras
instalaciones sanitarias y la organización y gestión del Ministerio de Sanidad.
Bélgica ha aprobado un plan de acción de sanidad electrónica con el objetivo de
generalizar el intercambio electrónico de la información sobre los pacientes y
los historiales médicos de aquí a 2018. Sigue
siendo necesario encontrar nuevas formas de hacer frente a la escasez de
personal; además, la garantía de acceso a la asistencia sanitaria para todos
exige medidas adicionales. Algunos Estados
miembros están invirtiendo considerablemente en mano de obra sanitaria (Alemania,
Letonia, Hungría, Malta y Eslovaquia). Letonia ha decidido aumentar la
remuneración mínima de los profesionales sanitarios entre un 10 y un
12,5 %. La mejora del acceso a los servicios de asistencia sanitaria ha
seguido siendo una prioridad para varios Estados miembros (Bulgaria, Dinamarca,
Irlanda, Grecia, Francia, Letonia, Luxemburgo, Portugal y Finlandia). En
Grecia, todas las personas que no están aseguradas están ahora formalmente
habilitadas para recibir cuidados médicos y hospitalarios siempre que su salud
lo requiera. En
el contexto del envejecimiento de la población, muchos Estados miembros están
adoptando medidas para responder al rápido aumento de la demanda de cuidados de
larga duración eficaces, adecuados y de calidad. Bulgaria ha adoptado
una estrategia nacional basada en un enfoque integrado que refuerza la
prestación de servicios sociales de calidad, incluidos los cuidados a largo
plazo. A partir de enero de 2015, los Países Bajos llevarán a cabo una
importante reforma estructural de su sistema de cuidados a largo plazo
consistente en la transferencia de algunas competencias desde el sistema actual
a los ayuntamientos y compañías de seguro médico. En varios Estados miembros,
la falta de servicios formales de cuidados a largo plazo sigue siendo un
obstáculo importante para la protección adecuada contra los riesgos financieros
relacionados con las necesidades de atención a largo plazo y el empleo
femenino. Los
Estados miembros han introducido programas especiales de inclusión para las
personas en situación de desventaja particular y para las personas sin hogar o
afectadas por la exclusión de la vivienda.
En Bulgaria hay ejemplos positivos de medidas específicas de apoyo para
facilitar el acceso de la población gitana al empleo. No obstante, en general,
sigue habiendo pocas medidas sistemáticas a nivel nacional. También en Bulgaria
se ha introducido la enseñanza preescolar obligatoria de dos años de duración y
en Hungría la educación preescolar obligatoria a partir de los 3 años de edad,
medidas prometedoras para la educación primaria de los niños gitanos. Algunos
países (Irlanda, Letonia y Finlandia) han adoptado medidas estratégicas sobre
ayudas para la vivienda (y la situación de falta de vivienda), mientras que
otros (Chequia, Lituania, los Países Bajos y Eslovenia) están introduciendo
políticas o legislación en materia de vivienda social. Varios Estados miembros
(España y Letonia) han adoptado medidas relacionadas con el mercado de la
vivienda para aliviar la presión del endeudamiento de los hogares. En Bélgica,
cinco autoridades locales han puesto en marcha el proyecto piloto «Housing
First», cuyo principio rector es proporcionar un techo a sus destinatarios. 3. CUADRO
DE INDICADORES SOCIALES Y DE EMPLEO CLAVE Configuración institucional del cuadro
de indicadores sociales y de empleo clave El
objetivo del cuadro de indicadores, que se propuso en la Comunicación «Reforzar
la dimensión social de la Unión Económica y Monetaria»[24]
y se presentó en el proyecto de Informe Conjunto sobre el Empleo de 2014[25],
era anticipar mejor los principales problemas o cambios sociales y de empleo en
una fase temprana. El cuadro de indicadores, como instrumento analítico, se
centra en las tendencias sociales y del empleo que estarían amenazando la
estabilidad y el buen funcionamiento de la UE y de la Unión Económica y
Monetaria (UEM) al socavar el empleo, la cohesión social y el capital humano y,
por tanto, la competitividad y el crecimiento sostenible, y tiene el propósito
de mejorar la comprensión de la evolución en el ámbito social[26].
El cuadro de indicadores fue aprobado en diciembre de 2013 y adoptado en marzo
de 2014 (dentro del Informe Conjunto sobre el Empleo) por el Consejo EPSCO[27].
Siguiendo el mandato del Consejo Europeo[28], se utilizó
por primera vez en el Semestre Europeo de 2014. Posteriormente, la Comisión se
basó en sus resultados al elaborar sus documentos de trabajo de 2014 y
reflexionar sobre el proyecto de recomendaciones específicas por país con la
finalidad de cimentar mejor los retos y el asesoramiento estratégico. La
lectura del cuadro de indicadores se completó con la información adicional
derivada del indicador de resultados en materia de empleo (IRE), del indicador
de rendimiento de la protección social (IRPS) y de la evaluación de las medidas
adoptadas por los Estados miembros. El cuadro de indicadores ha logrado poner
de relieve los principales desafíos en materia social y de empleo en el
contexto del Semestre Europeo y contribuir a los debates a nivel institucional. Paralelamente,
el Comité de Empleo (EMCO) y el Comité de Protección Social (CPS) han iniciado
un debate sobre el funcionamiento del cuadro de indicadores después del
Semestre Europeo de 2014[29].
Estos Comités abordaron en particular la elección de los indicadores, la
lectura del cuadro en relación con el IRE y el IRPS y la metodología para
definir cuáles son los cambios más problemáticos en materia social y de empleo.
La actual edición del Informe Conjunto sobre el Empleo incluye varias
propuestas presentadas destinadas, en particular, a reforzar las perspectivas
de género y edad en el análisis de los datos y a tener en cuenta las
variaciones en los niveles de un indicador más allá del período más reciente. 3.1. Resultados de una lectura completa
del cuadro de indicadores a escala de la UE y de la zona del euro A
continuación se presenta una visión de conjunto de las recientes tendencias
socioeconómicas divergentes, que recoge las evoluciones más destacadas en la UE
y en distintos países, en todos los ámbitos del marcador y para cada uno de los
cinco indicadores. Por último, se presentan cuadros en anexo con una visión de
conjunto de la situación por indicador en todos los Estados miembros de la UE,
así como una visión general de los retos clave en materia de empleo tal como se
identifican en el IRE y las tendencias sociales que se desprenden del IRPS. Pueden
detectarse evoluciones sociales y del empleo potencialmente preocupantes y
niveles que llevan a divergencias en la UE y que justifican un análisis más
profundo y posiblemente respuestas políticas más sólidas[30]
en las tres dimensiones siguientes: ·
para cada Estado miembro, la evolución
del indicador en un determinado año en comparación con periodos anteriores
(tendencia histórica); ·
para cada Estado miembro, la diferencia
respecto de las tasas medias de la UE y de la zona del euro en el mismo año
(que proporciona una visión puntual de las disparidades sociales y de empleo
existentes); ·
la variación en el indicador entre dos
años consecutivos en cada Estado miembro relacionada con la variación en los
niveles de la UE y la zona del euro (que indica la dinámica de la
convergencia/divergencia socioeconómica). En
un análisis general, las constataciones del cuadro indican persistentes
divergencias socioeconómicas, si bien no similares en amplitud a las del año
pasado. Las divergencias siguen siendo visibles en las tasas de desempleo, de
desempleo juvenil y de jóvenes que no estudian ni trabajan ni siguen ninguna
formación (ninis); el descenso de la renta de los hogares y el aumento de las
desigualdades y la pobreza son evidentes en la mayoría de los Estados miembros
meridionales de la zona del euro. En esta fase, en particular por lo que se
refiere a los indicadores relacionados con el desempleo, las divergencias no se
están agravando, si bien está por ver la magnitud de la inversión de las
tendencias anteriores. Los
datos derivados del cuadro de indicadores se analizan también con un desglose
por sexos (en los indicadores para los que esto es posible). En varios Estados
miembros, la carga del aumento del desempleo, tanto para la población en edad
laboral como para la más joven, fue desproporcionadamente pesada para las
mujeres, si bien en otros países fueron los trabajadores de sexo masculino los
más afectados por la crisis. Analizado
a nivel de países, el cuadro de indicadores señala problemas en varios Estados
miembros que afrontan duros retos sociales y de empleo, a la vez que observa la
evolución histórica y los valores que se apartan de la media de la UE. La
situación más problemática, teniendo en cuenta todos los indicadores sociales y
de empleo, puede observarse en Italia y Rumanía. Estos son los Estados miembros
que han tenido una evolución negativa en general, partiendo ya de situaciones
problemáticas. Los indicadores de empleo de Grecia, España y Portugal muestran
mejoras o una situación estable, mientras que los indicadores sociales siguen
señalando índices de pobreza y desigualdades en aumento y ya bastante elevados
y un descenso de la renta de los hogares en términos reales. En Chipre y Croacia,
las tasas de desempleo (juvenil) muestran alguna mejora o no siguen empeorando,
mientras que sigue creciendo el porcentaje de ninis, que ya era elevado. En el
primer Estado miembro, la evolución negativa del mercado laboral ha hecho que
sigan empeorando las condiciones sociales. En cuanto a Lituania, si bien ha
seguido mejorando su situación en el mercado de trabajo (por segundo período de
informe consecutivo), los indicadores sociales señalan preocupantes aumentos de
la pobreza y la desigualdad, partiendo ya de niveles superiores a la media de
la UE. Por último, hay dos Estados miembros que hasta ahora han conseguido
proteger a su población de los efectos de la crisis, si bien el cuadro de
indicadores recoge signos preocupantes: en los Países Bajos han aumentado el
desempleo (juvenil), el porcentaje de ninis y la tasa de pobreza, y Finlandia
muestra una evolución inquietante de las cifras de desempleo y ninis. Niveles || Variaciones || Indicadores sobre el empleo || Indicadores sociales Desempleo || Desempleo juvenil || ninis || RBDH || AROP || Desigualdad L || L || Italia || Bélgica, Italia y Rumanía || Croacia, Italia, Chipre, Hungría y Rumanía || El mayor descenso: Grecia, España, Italia, Chipre, Hungría y Eslovenia || Grecia, Lituania, Portugal y Rumanía || Grecia, Bulgaria, Italia, Lituania, Rumanía y Portugal - || Grecia, Croacia y Chipre || - || Bulgaria, Grecia y España || Italia || J || España, Portugal y Eslovaquia || España, Grecia, Croacia, Chipre, Portugal y Eslovaquia || - || Letonia || Letonia J || L || Luxemburgo, Países Bajos y Finlandia || Países Bajos y Austria || Bélgica, Países Bajos, Austria y Finlandia || Dinamarca, Luxemburgo, Chipre, Malta, Países Bajos, Eslovenia y Suecia || Chipre, Alemania, Hungría, Malta y Eslovenia Cuadro: Resumen de los datos del cuadro
de indicadores sociales y de empleo clave[31].
Los
problemas detectados a través del cuadro de indicadores sociales y de empleo
clave deben tomarse en consideración en el contexto del Semestre Europeo, en
particular el trabajo llevado a cabo por la Comisión en los documentos de
trabajo que sirven de base al proyecto de recomendaciones específicas por país
y la vigilancia multilateral realizada por el EMCO y el CPS. La batería de
indicadores incluidos en el IRE y el IRPS se integrará plenamente para
completar el análisis específico por países. 3.2.
Constataciones a partir de la lectura del cuadro por indicadores 3.2.1. Tasa de
desempleo: variación y nivel En
general, en toda la Unión Europea, se ha detenido el tremendo aumento de la
tasa de desempleo recogido en la anterior edición del cuadro de indicadores. En
los países de la EU-28, el desempleo ha descendido en medio punto porcentual,
lo cual indica una ligera recuperación del mercado de trabajo. Las mejoras en
la zona del euro han sido más limitadas (descenso de 0,3 puntos porcentuales). Aun
así, las divergencias entre países, que crecieron durante los años de la
crisis, siguen siendo elevadas y no muestran signos de mejora. La diferencia
entre los dos mejores y los dos peores países sigue siendo superior a veinte
puntos porcentuales. La tasa de desempleo de la mujer sigue superando la de
desempleo masculino (con una diferencia de 0,2 puntos porcentuales en la EU-28
y de 0,4, en la zona del euro en el primer semestre de 2014). Figura I: Tasas de desempleo en el primer semestre de 2014 y variaciones
entre los primeros semestres de 2012 y 2013 y de 2013 y 2014 por países (grupo
de edad 15-74)
Fuente: Eurostat (EPA), cálculos de la DG EMPL, ordenados por
niveles en la primera mitad de 2014. Como
se desprende de las cifras del cuadro de indicadores, hay siete Estados
miembros (Grecia, España, Croacia, Chipre, Portugal, Eslovaquia a Italia) en
los que las tasas de desempleo siguen siendo alarmantes (en comparación con la
media de la UE). Mientras que tres de esos Estados (España, Portugal y Eslovaquia)
han experimentado variaciones positivas, la situación en Italia se está
volviendo todavía más preocupante, pues la tasa de desempleo ha seguido
deteriorándose (con un aumento de 0,5 puntos porcentuales en un año). Además de
los Estados miembros del sur de Europa, está surgiendo un nuevo grupo de países
que se enfrentan a un desempleo creciente. Luxemburgo, los Países Bajos y
Finlandia tienen niveles de desempleo bastante bajos; sin embargo, del cuadro
se desprende que, aunque hasta ahora han conseguido hacer que sus trabajadores
solventaran relativamente bien la crisis, la evolución de sus tasas de
desempleo empieza a ser problemática. La comparación con la primera edición del
cuadro de indicadores pone de manifiesto que el fenómeno no es completamente
nuevo, sino que puede convertirse en tendencias a más largo plazo que necesiten
atención. En cuanto a la dimensión de género del fenómeno del desempleo,
mientras que en los países del sur (España, Grecia e Italia) la tasa de
desempleo femenino sigue siendo superior a la de desempleo masculino, esta
situación se invierte en Suecia, Finlandia, Irlanda y los Estados bálticos. 3.2.2. Tasa de
desempleo juvenil y porcentaje de ninis En
el período objeto del presente informe se registra cierta evolución positiva de
la tasa de desempleo juvenil, con medias en descenso tanto en la UE
(disminución de 1,2 puntos porcentuales) como en la zona del euro (0,5 puntos
porcentuales). Si bien la situación ha mejorado en los países con peores
resultados, las diferencias entre los resultados de los Estados miembros siguen
siendo importantes. En cuanto al porcentaje de ninis, las medias de la UE y de
la zona del euro han retrocedido solo ligeramente, dejando a la Unión dividida
con los altos niveles de jóvenes que ni estudian ni trabajan (sobre todo en los
países del sur de Europa) acumulados en los años de crisis. Figura IIa: Tasas de desempleo juvenil en el primer semestre de
2014 y variaciones entre los primeros semestres de 2012 y 2013 y de 2013 y 2014
por países (grupo de edad 15-24)
Fuente: Eurostat (EPA), cálculos de la DG EMPL, ordenados por
niveles en la primera mitad de 2014. Figura IIb: Porcentaje de ninis. Nivel en 2013 y variaciones entre
2011 y 2012 y entre 2012 y 2013 (grupo de edad 15-24) Fuente: Eurostat (EPA),
cálculos de la DG EMPL, ordenados por niveles en la primera mitad de 2014.
Nota: FR 2013 interrupción en la serie, por lo que no hay variaciones
disponibles. La
situación de los jóvenes en el mercado de trabajo sigue siendo dramática en
muchos Estados miembros; en no menos de siete países (Grecia, España, Croacia,
Italia, Portugal, Chipre y Eslovaquia), la tasa de desempleo permanece nueve
puntos porcentuales por encima de la media de la UE. Desde una perspectiva más
positiva, la mayoría de estos países han logrado mejorar la situación de la
juventud, con la notable excepción de Italia, donde la tasa siguió creciendo
(en 4,1 puntos porcentuales). Además, Bélgica y Rumanía han registrado aumentos
en la tasa de desempleo de los jóvenes, partiendo ya de niveles relativamente
elevados. A semejanza de la evolución de la tasa de desempleo, también en el
caso de este indicador hay un grupo de países (Países Bajos, Austria y
Finlandia) que muestran signos de deterioro con respecto a un punto de partida
comparativamente bueno. Si
bien la tasa de desempleo juvenil no ha tenido, en general, una subida
dramática, la proporción de los ninis ha aumentado considerablemente en casi la
mitad de los Estados miembros. Partiendo de valores ya elevados, Croacia, Italia,
Chipre, Hungría y Rumanía registraron un aumento del porcentaje de ninis de
entre 2,7 y 0,4 puntos porcentuales. Por otra parte, la situación de los ninis
en Italia es muy preocupante, ya que el país, que registra los niveles más
elevados de ninis, ha experimentado el tercer incremento más importante de esta
cifra. Como nota más positiva, se han logrado detener las tendencias negativas
en Grecia (al menos en el período del presente informe): si bien los niveles de
ninis siguen siendo elevados, no han seguido aumentando. En comparación con
otros indicadores relacionados con el empleo, varios Estados miembros de la
zona del euro (Bélgica, Países Bajos, Austria y Finlandia) han sufrido reveses
en sus mercados de trabajo con los recientes aumentos de los niveles de ninis,
que, no obstante, siguen estando por debajo de la media de la UE. Los
porcentajes de ninis entre las mujeres jóvenes son especialmente preocupantes
en Chequia, Croacia, Chipre, Lituania y Hungría, mientras que se observan altos
porcentajes de ninis varones en Grecia, Croacia, Italia, Chipre y Finlandia. 3.2.3. Variación real en la renta bruta
disponible de los hogares La
renta de los hogares ha seguido estancada en términos reales o retrocedió
fuertemente después de 2011 en los países más afectados por la agravación del
deterioro de las condiciones económicas. La renta de los hogares se vio
afectada principalmente por la reducción de los ingresos procedentes del
trabajo y de las rentas y el debilitamiento del efecto de las transferencias sociales
a lo largo del tiempo. Además, el endurecimiento de la política presupuestaria
en algunos Estados miembros ha afectado al empleo, y los cambios en los
regímenes fiscales y de prestaciones y la reducción de los salarios del sector
público han dado lugar a importantes reducciones del nivel de las rentas reales
de los hogares. Esto puede haber contribuido a la creciente divergencia en la
zona del euro. Figura III: Variación real en la renta
bruta disponible de los hogares (BDH). Crecimiento en 2012 y 2011
Fuente: Eurostat, cuentas
nacionales, cálculos de la DG EMPL, ordenados por crecimiento total en 2012. Existe
tanto una gran dispersión como una creciente divergencia entre Estados miembros
en la evolución de la renta bruta disponible de los hogares en términos reales.
En comparación con la situación en 2012, no menos de dieciséis Estados miembros
han experimentado importantes evoluciones negativas en la renta bruta
disponible de los hogares: Grecia ha registrado un descenso interanual de casi
el 10 % y Chipre, del 9 %. Los descensos en el primero de estos
países, además de los de España e Italia, vinieron a añadirse al ya perceptible
deterioro en el período de informe anterior. Por otra parte, está surgiendo un
grupo de países en los que los salarios siguieron creciendo hasta 2011, y no
fue hasta 2012 cuando se produjo una evolución negativa: se trata de Chipre,
Hungría, Eslovenia, Estonia y Bulgaria. 3.2.4.
Tasa de riesgo de pobreza de la población en edad laboral: variación y nivel Las tasas de riesgo de pobreza de
la población en edad laboral están aumentando en muchos Estados miembros (véase
la figura IV). En muchos países, este aumento se añade a niveles de riesgo de
pobreza ya elevados, a menudo combinados con caídas del umbral de pobreza a lo
largo del período. Figura IV: Porcentaje de población en edad laboral con riesgo de
pobreza. Nivel en 2013 y variaciones entre 2011 y 2012 y entre 2012 y 2013
(grupo de edad 18-64)
Eurostat, EU-SILC (cálculos de la DG EMPL), referido al ejercicio
fiscal 2012; Nota: ES 2013 interrupción en la serie,
por lo que no hay variaciones disponibles; AT, UK 2012 interrupción en la
serie, por lo que no hay variaciones entre 2011 y 2012 disponibles; 2012
(variación entre 2011 y 2012 y entre 2010 y 2011) para IE. Entre
los Estados miembros con el mayor aumento de la tasa de riesgo de pobreza de la
población en edad laboral entre 2012 y 2013 están Grecia, Chipre, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Portugal y Rumanía, mientras que los mayores aumentos entre
2011 y 2012 se observaron en Grecia, Portugal, Croacia y España. En la mayoría
de estos países, el prolongado período de crecimiento del PIB negativo o
cercano a cero, el creciente desempleo de larga duración y el debilitamiento a
lo largo del tiempo del efecto de las transferencias sociales han generado un
mayor riesgo de pobreza. 3.2.5. Desigualdades (ratio S80/S20[32]):
variación y nivel La
desigualdad de la renta está creciendo entre los Estados miembros y dentro de
ellos, especialmente en aquellos que han registrado los mayores aumentos del
desempleo (figura V). En muchos países, la crisis ha intensificado las
tendencias a largo plazo de polarización salarial y segmentación del mercado
laboral, lo que, junto con unos sistemas fiscales y de prestaciones menos
redistributivos, han impulsado el aumento de las desigualdades. Los grandes
aumentos de las desigualdades pueden estar relacionados con unas tasas de
desempleo elevadas, ya que los mayores aumentos se registran en los escalones
inferiores del mercado de trabajo. En algunos casos, las repercusiones del
saneamiento presupuestario han influido también en este proceso[33].
Figura V: Desigualdad (medida S80/S20). Nivel de 2013 (*2012) y variaciones entre 2011 y 2012 y entre 2012
y 2013
Fuente: Eurostat, EU-SILC (cálculos de la DG EMPL). Nota: ES 2013
interrupción en la serie, por lo que no hay variaciones disponibles. AT, y UK,
interrupción en la serie de 2012, por lo que no hay variaciones entre 2011 y
2012 disponibles; 2012 (variación entre 2011 y 2012 y entre 2010 y 2011) para IE.
Existe
una amplia dispersión y una creciente divergencia de la desigualdad (ratio
S80/S20) entre los Estados miembros. Los datos recientes para el ejercicio
fiscal de 2012 (que están disponibles para varios Estados miembros) muestran
aumentos de la desigualdad de rentas (medidos con el indicador S80/S20) de 0,5
puntos porcentuales o más entre 2012 y 2013 en Lituania y Bulgaria, y algunas
subidas perceptibles en Italia, Rumanía, Portugal, Chipre, Alemania, Hungría,
Malta y Eslovenia. La desigualdad de rentas siguió a un nivel particularmente
alto en Bulgaria, Grecia, España, Lituania, Letonia, Portugal y Rumanía en
2013, donde la participación en la renta del 20 % con renta más alta es al
menos seis veces mayor que la del 20 % de renta más baja. [1] Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de
octubre de 2010, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de
los Estados miembros (DO L 308 de 24.11.2010, p. 46). [2] Lo mismo ocurre con los nacionales de
terceros países y las personas con discapacidad. En 2013, la tasa de desempleo
de los nacionales de terceros países era del 21,7 % (14,3 % en 2008),
mientras que la tasa de desempleo de las personas con discapacidad
prácticamente duplicaba la de las personas sin discapacidad. [3] Para profundizar en este análisis, véase «Key Features», de la
Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG EMPL)
(próximamente). [4] Véase el documento de trabajo de los
servicios de la Comisión «Exploiting the employment potential of ICTs»
(Aprovechamiento del potencial de empleo de las TIC), de 18 de abril de 2012,
SWD(2012) 96; el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre un
plan de acción para el personal sanitario de la UE, de 18 de abril de 2012,
SWD(2012) 93; y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión
«Exploiting the employment potential of green growth» (Aprovechamiento del
potencial de empleo del crecimiento ecológico), de 18 de abril de 2012,
SWD(2012) 92. [5] Véase también la Comunicación de la
Comisión «Iniciativa de empleo verde: Aprovechar el potencial de creación de
empleo de la economía verde», de 2 de julio de 2014, COM(2014) 446. [6] Por ejemplo, en 2013, el trabajo a
tiempo parcial involuntario (como porcentaje del trabajo a tiempo parcial
total) en la EU-28 se situó en el 29,6 %, frente al 25,3 % de 2008. [7] La curva de Beveridge o curva UV es
una representación gráfica de la relación entre el desempleo y la tasa de
oferta de empleo (el número de puestos de trabajo vacantes expresados en
proporción de la mano de obra). Se inclina hacia abajo, puesto que, con una
menor tasa de vacantes, normalmente se produce una mayor tasa de desempleo. Si,
con el paso del tiempo, se mueve hacia el exterior, significa que para un nivel
determinado de vacantes habrá niveles cada vez más altos de desempleo, lo que
supondría la disminución de la adecuación al mercado de trabajo. [8] «Labour Market Developments in Europe, 2013»
(Evolución del mercado de trabajo en Europa, 2013), Comisión Europea. [9] Para profundizar en este análisis, véase «Key
Features», de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (DG
EMPL). [10] Por ejemplo, «Future Skills Supply and Demand
in Europe» (Oferta y demanda de cualificaciones en Europa en el futuro),
Cedefop. [11] En octubre de 2013, la OCDE y la Comisión publicaron
el resultado de una nueva Encuesta sobre las cualificaciones de los adultos
(PIAAC), Comisión Europea y OCDE. [12] Véase, por ejemplo, «Is Aggregate Demand
Wage-Led or Profit-Led? National
and Global Effects» (¿Depende la demanda agregada de los salarios o de los
beneficios? Efectos nacionales y mundiales), Oficina Internacional del Trabajo,
Condiciones de trabajo y empleo nº 40, Ginebra, 2012. [13] Véase el Informe trimestral sobre la zona del euro,
Comisión Europea, volumen 12, nº 3, 2013. [14] Véase,
por ejemplo, «Tackling Undeclared Work in 27 EU Member States and Norway:
Approaches and measures since 2008» (Lucha contra el trabajo no declarado en
veintisiete Estados miembros de la UE y en Noruega: Planteamientos y medidas
desde 2008), Eurofound (2013), Dublín; y Hazans, M.: Informal Workers across
Europe (Trabajadores informales en Europa), Research Paper 5912, Banco
Mundial, Washington DC. [15] La ratio de distribución de la renta por quintiles o
ratio S80/S20 es una medida de la desigualdad de la distribución de la renta.
Se calcula como la ratio entre la renta total percibida por el 20 % de la
población con las rentas más altas (el quintil superior) y la percibida por el
20 % de la población con las rentas más bajas (el quintil inferior). Todos
los ingresos se compilan como renta disponible equivalente. [16] Véanse más detalles en «EU
Employment and Social Situation Quarterly Review» (Estudio trimestral de la
situación social y del empleo en la UE), junio de 2014. [17] Situación social y del empleo en la UE, estudio
trimestral, marzo de 2014; suplemento sobre las tendencias del gasto social
(2014). [18] Véase «EU Employment and Social Situation
Quarterly Review» (Estudio trimestral de la situación social y del empleo en la
UE), marzo de 2013. Este análisis pone de manifiesto que la revisión a la baja
del gasto social observada desde 2011 parece más pronunciada que en episodios
similares de recesión durante las tres últimas décadas. [19] Se ofrece aquí una actualización de la
situación tal como se presenta en el anterior Informe Conjunto sobre el Empleo,
pero, por limitaciones de espacio, no es exhaustiva ni pretende informar sobre
todas las reformas y medidas políticas. En principio, las medidas que solo se
habían anunciado, pero no se han sometido a un proceso legislativo o no han
sido objeto de un proceso de negociación con los interlocutores sociales no se
incluyen en este Informe. [20] Decisión 2010/707/UE del Consejo, de 21 de octubre de
2012, relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados
miembros. [21] En el informe anual de la Comisión sobre los
progresos en materia de igualdad entre hombres y mujeres se ofrece un análisis
detallado. [22] Últimos datos disponibles; publicados en la
primavera de 2014. [23] Para obtener una visión más completa de la evolución de las
orientaciones 8 y 9, véase el informe de 2014 sobre educación y formación. [24] COM(2013)
690, de 2 de octubre de 2013. Véanse
en particular las pp. 7 y 8: «La Comisión propone la creación de un cuadro de
indicadores clave que se utilizarán en su proyecto de informe conjunto sobre
empleo para el seguimiento de la evolución del empleo y la situación social.
Este cuadro debería servir de herramienta analítica que permita una
identificación mejor y más temprana de los principales problemas sociales y en
materia de empleo, especialmente los que pudieran generar efectos más allá de
las fronteras nacionales. [...] Se incorporaría al proyecto de informe conjunto
sobre empleo con el fin de proporcionar una base con un foco más específico
para una vigilancia multilateral reforzada de las políticas sociales y de
empleo, contribuyendo a determinar los cambios que precisan unas respuestas más
fuertes de las políticas sociales y de empleo. [...] Los indicadores sociales y
de empleo para el cuadro de indicadores deberían reflejar los fenómenos clave
para cada país y determinar los problemas y los cambios más graves desde una
fase temprana y antes de que el país se aparte excesivamente de sus resultados
anteriores o del resto de la UE». [25] COM(2013)
801 final, de 13 de noviembre de 2013. [26] Conclusiones del Consejo Europeo de 19 y 20
de diciembre de 2013, apartado 39. [27] 7476/14,
Bruselas, 12 de marzo de 2014. [28] Conclusiones
del Consejo Europeo de 19 y 20 de diciembre de 2013. «38. El Consejo Europeo
reitera la importancia de la evolución del empleo y de la situación social en
el marco del Semestre Europeo. Basándose en los trabajos realizados por el
Consejo, el Consejo Europeo confirma la pertinencia del uso de un cuadro de
indicadores sociales y de empleo clave, tal como se describe en el Informe
Conjunto sobre el Empleo». [29] Dictamen
conjunto del CPS y el EMCO sobre el cuadro de indicadores sociales y de empleo
clave para el Consejo EPSCO de junio. Además, el CPS presentó un informe sobre
el funcionamiento del cuadro de indicadores sociales y de empleo clave,
elaborado por su subgrupo de indicadores. [30] Este análisis en tres dimensiones sigue el
informe conjunto sobre el empleo de 2014, según lo acordado entre la Comisión y
el Consejo. Como señalan los mensajes clave del Informe Conjunto sobre el
Empleo de 2014: «Los efectos de la crisis también se han traducido en una
creciente divergencia en la situación social y del empleo en los distintos
Estados miembros, sobre todo en los de la zona del euro, como ponen de
manifiesto el presente informe sobre el empleo y su cuadro de indicadores
sociales y de empleo clave. Esta divergencia puede observarse en los cinco
indicadores clave del cuadro de indicadores.» 7476/14, Bruselas, 12 de marzo de
2014, p. 3. Además, como se acordó en el Informe Conjunto sobre el Empleo de
2014, el cuadro de indicadores incluye a todos los Estados miembros de la UE y,
por tanto, las comparaciones se hacen con la media de la UE. En algunos casos,
también pueden ser pertinentes las desviaciones estadísticas de la media de la
zona del euro. 7476/14, Bruselas, 12 de marzo de 2014, p. 49. [31] Este cuadro presenta una visión de
conjunto de la evolución social y del empleo en todos los Estados miembros en
los que los niveles o las tendencias de los indicadores clave pueden
considerarse problemáticos. [32] Relación entre las rentas del 20 % de
la población con las mayores rentas y las del 20 % de la población con
menores rentas. [33] Véase el
documento de trabajo EUROMOD 2/13. Anexo 1. Cuadro de indicadores
sociales y de empleo clave, con las medias de la UE y de la zona del euro (ZE)
como puntos de referencia* * Para
cada indicador (excepto el crecimiento real de la RBDH, que se representa como
valor monetario), las tres columnas se refieren a: i) variación anual en
términos absolutos; ii) diferencia entre los tipos medios de la UE (o de
la zona del euro, ZE) en el mismo año; iii) variación anual de un país en
relación con la variación anual en la UE o en la zona del euro (lo que indica
si la situación del país empeora o mejora más rápidamente que el resto de la UE
o la zona del euro, reflejando la dinámica de la divergencia o convergencia
socioeconómica). S1 significa primer semestre, y se basa en datos trimestrales.
Fuente: Eurostat, encuesta de población activa de la UE, cuentas nacionales y
EU-SILC (cálculos de la DG EMPL). Ninis: variación 2011-2012 para FR (interrupción
en la serie en 2013); tasa de riesgo de pobreza y S80/S20: 2012 en lugar de
2013 (variación 2011-2012) para IE; variación 2011-2012 para ES (interrupción
en la serie en 2013).
Anexo 2. Resumen de los retos clave
en materia de empleo y resultados del mercado
de trabajo especialmente buenos según el indicador de resultados en materia de
empleo (R = reto; BR = buenos resultados en lo que respecta al mercado
laboral), adoptado
en junio de 2014[1] Anexo 3. Resumen de las «tendencias sociales que
deben observarse» y de los Estados miembros con empeoramientos o mejoras
estadísticamente significativos para el período 2011-2012, señalados por el
indicador de rendimiento de la protección social
(adoptado el 19 de febrero de 2014) Fuente: Social Europe: Many ways, one objective.
Annual Report of the Social Protection Committee on the social situation in the
European Union (2013). Nota: Las tendencias sociales
observadas para 2011-2012, adoptadas por el Comité de Protección Social el 19
de febrero de 2014, sobre la base de los datos disponibles en ese momento,
indican el empeoramiento en más de un tercio de los Estados miembros, que se
han señalado en rojo en el cuadro anterior (fuente: Social Europe: Many
ways, one objective. Annual Report of the
Social Protection Committee on the social situation in the European Union
(2013). [1] http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=ST%2010763%202014%20INIT