INFORME DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO

Cuarto informe sobre la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados

1.           Introducción

El 15 de junio de 2010 se abrió el diálogo UE-República de Moldavia para examinar las condiciones de exención de visado para los ciudadanos de la República de Moldavia (en lo sucesivo ciudadanos moldavos) que viajan a la UE. La Comisión presentó a las autoridades de la República de Moldavia (en lo sucesivo autoridades moldavas) el Plan de Acción para la Liberalización de Visados (en lo sucesivo PALV)[1] el 24 de enero de 2011. El Plan define una serie de criterios de referencia precisos para la República de Moldavia sobre cuatro «bloques»[2] de temas técnicamente pertinentes, con vistas a la adopción de un marco legislativo y político (fase 1) y su aplicación efectiva (fase 2).

La Comisión ha informado periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de la aplicación del PALV. El primer informe sobre el estado de la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados se presentó el 16 de septiembre de 2011[3]. El 7 de octubre de 2011 se celebró una reunión de altos funcionarios en la que se presentó el primer informe sobre el estado de la aplicación y se discutieron las siguientes medidas a adoptar.

En la segunda quincena de octubre y a principios de noviembre de 2011 se organizaron misiones de evaluación de los bloques 2, 3 y 4 del PALV con expertos de los Estados miembros de la UE acompañados por funcionarios de los servicios de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción Exterior (en lo sucesivo SEAE). El objetivo de estas misiones de expertos era evaluar el marco institucional, político y legislativo con arreglo a los criterios de referencia de la primera fase del PALV y su conformidad con las normas internacionales y europeas. Los informes de expertos concluyeron en diciembre de 2011.

El segundo informe sobre el estado de la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados se presentó el 9 de febrero de 2012[4]. El 27 de febrero de 2012 se celebró una reunión de altos funcionarios en la que se presentó el segundo informe sobre el estado de la situación y se discutieron las siguientes medidas a adoptar.

El tercer informe sobre el estado de la aplicación por la República de Moldavia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados se presentó el 22 de junio de 2012[5]. Este fue el tercer y último informe de seguimiento sobre la primera fase del PALV y presentaba una evaluación consolidada de la Comisión de los avances realizados por la República de Moldavia para cumplir los criterios de referencia de la primera fase del Plan, relativos al establecimiento de un marco legislativo, político e institucional.

La Comisión publicó el 3 de agosto de 2012 su evaluación de las posibles repercusiones sobre la migración y la seguridad en la Unión Europea de la futura liberalización de visados para la República de Moldavia[6], en la que participaron las agencias competentes de la UE y partes interesadas.

Sobre la base de estos informes, el Consejo adoptó sus Conclusiones de 19 de noviembre de 2012, en las que coincidía con la Comisión en que la República de Moldavia había cumplido todos los criterios de referencia de la primera fase del Plan de Acción para la Liberalización de Visados. A continuación se inició la evaluación de los criterios de referencia de la segunda fase.

Los siguientes pasos de la segunda fase, así como la preparación de las misiones de evaluación se debatieron en una reunión de altos funcionarios que tuvo lugar el 28 de enero de 2013. Se organizó una nueva serie de misiones de evaluación de los cuatro bloques del PALV del 18 de febrero al 15 de marzo de 2013. El alcance y detalle de la evaluación de estas misiones no tenían precedentes, pues en ellas participarían 12 expertos de los Estados miembros de la UE, acompañados por funcionarios de la Comisión y el SEAE durante cuatro semanas.

Las misiones de los expertos tenían por finalidad examinar tanto el estado de cumplimiento de los criterios de referencia de la segunda fase del PALV como el alcance de la aplicación del marco legislativo, político e institucional, de conformidad con las normas europeas e internacionales. Se prestó especial atención a algunos ámbitos, como la integración y la lucha contra la discriminación de las minorías y la trata de seres humanos, que se mencionan igualmente en las Conclusiones del Consejo de 19 de noviembre de 2012.

Los informes de expertos concluyeron en mayo de 2013. La República de Moldavia se comprometió a aplicar las recomendaciones que se recogen en estos informes a través del Plan Nacional de Acción redactado a finales de mayo de 2013.

El Plan de Acción para la Liberalización de Visados ha demostrado ser un importante incentivo para introducir reformas y ha ayudado a la República de Moldavia a mantener un ritmo sostenido en las reformas estructurales desde 2010. El marco legislativo y político ya se ha establecido, como lo reconoce la conclusión de la primera fase del PALV en noviembre de 2012.

El objetivo del presente informe es presentar el estado de aplicación del marco legislativo e institucional, el funcionamiento de las instituciones y el nivel de coordinación entre organismos. La Comisión elaboró este informe de seguimiento sobre la base de las exhaustivas misiones de evaluación de los meses de febrero y marzo de 2013, incluidos los informes redactados en ese contexto por expertos de los Estados miembros, así como información adicional recibida durante la reunión del Subcomité mixto nº 3 UE-República de Moldavia[7] y el Diálogo sobre derechos humanos entre la UE y la República de Moldavia celebrados ambos en abril de 2013. Se prestó especial atención a la sostenibilidad de las reformas y a los resultados obtenidos, incluso a través de una dotación de personal y una financiación coherentes. El informe examina igualmente el estado del cumplimiento de las recomendaciones dirigidas a la República de Moldavia que se recogen en el informe sobre posibles repercusiones[8] de agosto de 2012.

2.           Evaluación de la aplicación de los cuatro bloques del Plan de Acción para la Liberalización de Visados

Bloque 1: Seguridad de los documentos, incluida la biometría

a) Criterios de referencia del PALV

1. Introducción gradual de pasaportes biométricos conformes con las normas de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), incluso en los consulados moldavos en el extranjero, y retirada progresiva de los pasaportes no conformes con las normas de la OACI.

Desde enero de 2011, la República de Moldavia expide exclusivamente pasaportes biométricos (pasaportes ordinarios, pasaportes diplomáticos, pasaportes de funcionarios y pasaportes para apátridas) aplicando el principio «un solo pasaporte, un solo documento».

A 31 de diciembre de 2012 había en circulación 2 514 335 pasaportes de ciudadanos de la República de Moldavia, de los cuales 487 745 (es decir, el 19,3 %) eran biométricos. La retirada completa de los pasaportes no biométricos se prevé para finales de 2020.

Desde el 1 de enero de 2012, los ciudadanos moldavos que vivan en el extranjero pueden solicitar un pasaporte biométrico en las misiones diplomáticas y oficinas consulares de la República de Moldavia. Todas las embajadas y consulados de la República de Moldavia en el extranjero sin excepción han recibido equipo especial para recoger datos biométricos de los solicitantes. Este nuevo pasaporte biométrico cumple las normas de la OACI y contiene una serie de características de seguridad recomendadas por esta organización[9].

Desde el 2 de enero de 2013, el Centro de Recursos de Información del Estado «Registru» (CSIR Registru, en lo sucesivo «Registru») opera con sus propios certificados básicos y de clave pública. Las autoridades moldavas presentaron el 28 de septiembre de 2012 una solicitud para ingresar al Directorio de Claves Públicas de la OACI (en lo sucesivo DCP de la OACI). El Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones (en lo sucesivo MTIC) elaboró a principios de 2013 la orden de pago por parte de Registru de la cuota única de inscripción al DCP de la OACI. La firma por parte de Registru de un contrato para la compra de libretas con un chip integrado, sobre la base de la licitación de enero de 2012, se suspendió hasta febrero de 2013 debido a un recurso de impugnación, que fue rechazado por el Tribunal Supremo de Justicia de la República de Moldavia. Se prevé que el adjudicatario y Registru signen un contrato durante el verano de 2013.

2. Alto nivel de integridad y seguridad del proceso de solicitud, personalización y distribución de pasaportes, así como de tarjetas de identidad y otros documentos primarios.

«Registru» se encarga de expedir los documentos de viaje e identidad. Todas las oficinas del Registro Civil están informatizadas y conectadas a través de un canal de comunicación protegido a un sistema de información automatizado denominado «Registro Estatal de Población» (en lo sucesivo REP). Las actas de nacimiento, matrimonio, defunción, divorcio y cambio de nombre/apellido tienen el mismo formato y contienen las mismas características de seguridad[10].

Las solicitudes de documentos de viaje y tarjetas nacionales de identidad se presentan en las 49 oficinas territoriales y regionales de Registru. Los controles que se realizan en esas oficinas generalmente se refieren a la exactitud de los datos y la integridad de la solicitud, así como controles no electrónicos con el Ministerio del Interior en relación con infracciones de la ley, asuntos penales y personas que han cometido delitos.

La posibilidad de que una persona utilice varias identidades parece muy remota, en vista de la existencia del REP, que contiene una gran cantidad de datos sobre cada ciudadano moldavo. La inclusión de datos biométricos en el pasaporte «congela» la identidad del titular e impide utilizar una identidad diferente.

«Registru» está adoptando firmes medidas para reducir todo lo posible el riesgo de corrupción a nivel del personal mediante, entre otras cosas: una clara segregación de tareas y funciones de los miembros del personal, la asignación aleatoria de las solicitudes a los funcionarios, la revisión de las solicitudes por al menos tres funcionarios y el pago de tasas a través de cajeros automáticos. La presencia de varios controles en las solicitudes hace que sea muy difícil que el personal introduzca solicitudes fraudulentas en el sistema.

Además, el Registro Civil ha desarrollado una estrategia para evitar y luchar contra la corrupción a nivel de personal. Entre las medidas adoptadas se encuentran inspecciones sin previo aviso, acceso limitado a los datos, vigilancia por vídeo y declaraciones sobre ingresos, propiedades y conflictos de intereses. En cada oficina local de solicitud se muestran anuncios con información sobre corrupción.

Gracias a estas nuevas medidas, se impusieron siete sanciones disciplinarias por infracciones cometidas por funcionarios del Registro Civil, tras investigaciones realizadas en 2012.

Los solicitantes que viven en la región de Transnistria[11] pueden presentar sus solicitudes de documentos en una de las oficinas localizadas cerca de la demarcación administrativa. Desde el 17 de julio de 2003, seis oficinas permanentes en la República de Moldavia y una oficina móvil se ocupan de estas solicitudes y existe la misma organización práctica y principales procedimientos que en el resto de la República de Moldavia. Las personas que solo poseen documentos expedidos por las «autoridades» de Transnistria pueden registrar sus documentos de estado civil ante las autoridades moldavas mediante su transcripción por parte de la oficina del Registro Civil y su inclusión en el REP. A continuación la Oficina del Registro Civil expide un documento a estas personas para que puedan obtener un pasaporte moldavo. La legislación contempla un procedimiento especial para el reconocimiento de los documentos primarios expedidos por las «autoridades» de Transnistria. La identidad puede demostrarse por medio de documentos de identidad o de viaje anteriores de la República de Moldavia o a través de registros familiares. En muchos casos, la verificación de la identidad de la persona resulta relativamente simple, ya que existen registros que se remontan a 1992. En el caso de las personas nacidas en la región de Transnistria después de 1992, para demostrar la identidad y tener derecho a la ciudadanía de la República de Moldavia se requiere una investigación de los registros de los progenitores y hermanos a fin de establecer la relación de parentesco. Por último, se puede obtener un nivel razonable de certeza respecto a la identidad mediante referencias cruzadas entre los datos de miembros de la familia en el REP.

3. Notificación sistemática y sin demora a Interpol / la base de datos de pasaportes perdidos y robados.

Desde octubre de 2011 existen procesos para que los datos de todos los pasaportes perdidos y robados se envíen cada cinco minutos del «Registru» a la Oficina Central Nacional de la Policía, que es el punto de enlace con Interpol. La Oficina Central Nacional envía esta información a Interpol cada día a través de un sistema electrónico en tiempo real. No se hace ninguna distinción entre los pasaportes perdidos y los robados. Los pasos fronterizos están conectados con la base de datos de Interpol sobre pasaportes perdidos y robados. El número de pasaportes perdidos es muy alto en relación con su producción. En 2011, 29 946 pasaportes se declararon perdidos y se expidieron 261 259. En 2012, 32 343 pasaportes se declararon perdidos y se expidieron 260 393. Desde octubre de 2011 se han encontrado y recuperado 15 603 pasaportes declarados perdidos.

4. Intercambio periódico de muestras de pasaportes y cooperación en materia de seguridad de documentos con la UE.

Los Estados miembros de la UE reciben cada año muestras de los nuevos pasaportes de la República de Moldavia a través de un canal de comunicación específico. Por otra parte, la República de Moldavia se adhirió en 2009 al Registro Público de Documentos Auténticos de Identidad y de Viaje en Red (en lo sucesivo PRADO) del Consejo de la Unión Europea. La última actualización del sistema PRADO tuvo lugar el 1 de julio de 2011, durante la cual se introdujeron nuevas muestras con las características de seguridad de los pasaportes biométricos. En diciembre de 2012 se enviaron 65 nuevas muestras con las características de seguridad de los pasaportes biométricos diplomáticos y de servicio moldavos. En 2012, la División Técnica de Documentos del Departamento de la Policía de Fronteras recibió, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores e Integración Europea (en lo sucesivo MAEIE) muestras de documentos de viaje de los Estados miembros de la UE (62 unidades).

b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones

5. Establecer y aplicar sanciones eficaces, proporcionales y disuasorias a las personas condenadas por vender o prestar su pasaporte.

El artículo 361 del Código Penal de la República de Moldavia ya prevé sanciones por la fabricación, posesión, venta o uso de documentos oficiales falsos. En relación con los pasaportes perdidos o robados, las autoridades moldavas estudian actualmente la posibilidad de hacer más estrictas las condiciones para la expedición de pasaportes a personas que han declarado dicha pérdida o robo.

6. Compartir periódicamente con las autoridades de la UE datos sobre pasaportes biométricos perdidos y robados, en particular mediante la utilización de la base de datos de Interpol sobre documentos de viaje perdidos y robados.

Véanse los criterios de referencia del PALV: «Notificación sistemática y sin demora a Interpol / la base de datos de pasaportes perdidos y robados», en la página 5 del presente informe.

7. Reforzar el marco jurídico e institucional del «registro civil» a fin de evitar el abuso de cambio de nombre o identidad para la obtención de un nuevo pasaporte. Hay que establecer y aplicar unas normas claras a los cambios de nombre; el marco jurídico e institucional debe reforzarse e incluir un control efectivo y medidas de trazabilidad.

Cualquier ciudadano puede presentar una solicitud para cambiar su nombre o apellido. La decisión corresponde a la Oficina Central del Registro Civil, previo dictamen de un comité especial. La legislación no limita el número de veces en que una persona puede cambiar su nombre o apellido. El número de identificación personal único (en lo sucesivo NIPU) que figura en el acta de nacimiento no puede modificarse y, en caso de cambio de nombre o apellido, se invalidan todos los documentos de viaje e identidad anteriores. Los controles fronterizos a la salida del país se hacen con el NIPU, mientras que la Policía de Fronteras tiene acceso al REP, en el que figuran todos los nombres y apellidos anteriores de ciudadanos moldavos. El sistema actual reduce significativamente el abuso del cambio de nombre.

Evaluación general del bloque 1: La organización y procesos existentes garantizan un buen nivel de integridad y seguridad de los documentos. Los procedimientos del registro civil y de la expedición de documentos han mejorado considerablemente desde 2010. Los actuales sistemas de solicitud y expedición son seguros, están bien diseñados y prestan un buen servicio a los ciudadanos. Se están distribuyendo pasaportes biométricos conformes a las normas de la OACI y se están retirando rápidamente los tipos anteriores de pasaportes. Asimismo, se ha pedido a la República de Moldavia que facilite información complementaria sobre el gran número de pasaportes perdidos. La Comisión considera que la República de Moldavia cumple, en general, los criterios de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 1. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 8. Introducción del uso de una libreta con chip integrado que aplique tanto el control de acceso ampliado (EAC) como el control de acceso complementario (SAC). 9. Automatización de todos los procesos que sea posible, eliminación del número de procedimientos manuales que aún existen y creación de un enlace electrónico entre «Registru» y el Ministerio del Interior.

Bloque 2: Inmigración irregular, incluida la readmisión

Bloque 2 / Tema 1 - Gestión de las fronteras

a) Criterios de referencia del PALV

10. Aplicación efectiva de la legislación sobre el control de las fronteras mediante inspecciones fronterizas y vigilancia, procedimientos y eficacia operativa en las fronteras, visión de la situación a nivel nacional y local, incluida la aplicación de análisis de riesgos, inteligencia y gestión del flujo de información, así como acceso directo y consulta de las bases de datos nacionales e internacionales pertinentes.

El 1 de julio de 2012 entró en vigor la Ley de la Policía de Fronteras, por la cual el Servicio de Guardia Fronteriza se convierte en el Departamento de Policía de Fronteras del Ministerio del Interior de la República de Moldavia.

La Policía de Fronteras tiene competencias y poderes ejecutivos en el ámbito de la gestión integrada de fronteras, así como de la prevención y lucha contra la delincuencia transfronteriza. La Ley de fronteras del Estado se ajusta a las definiciones y marco del Código de fronteras Schengen[12] y tiene en cuenta igualmente el marco jurídico de la Unión Europea en materia de responsabilidad de los transportistas, en particular la Directiva sobre la obligación de los transportistas de comunicar los datos de las personas transportadas (Directiva 2004/82/CE). La Policía de Fronteras realiza sus actividades con arreglo a normas similares a las guardias de fronteras de los Estados miembros de la UE que forman parte de Schengen. En la zona controlada por la República de Moldavia existen 56 pasos fronterizos, y el tráfico a través de sus fronteras oscila entre 13 y 15 millones de personas por año. Los controles fronterizos se llevan a cabo en líneas generales de acuerdo con el Catálogo de recomendaciones y prácticas más idóneas de Schengen.

Los sistemas de información y análisis de riesgos presentan un muy buen nivel, incluso en comparación con los sistemas de países de Schengen. El sistema de análisis de riesgos sigue el modelo integrado común de análisis de riesgos (CIRAM) de Frontex y los perfiles se encuentran bien elaborados y son de alta calidad. Al formar parte de la red de análisis de riesgos en las fronteras orientales (EBRAN) de Frontex, la Policía de Fronteras intercambia información mensualmente con la Agencia. Por otra parte, con la ayuda de la Misión de asistencia fronteriza de la UE a la República de Moldavia y Ucrania (en lo sucesivo EUBAM), la Policía de Fronteras y el Servicio de Aduanas, y sus homólogas ucranianas redactan informes comunes de evaluación de la seguridad en la frontera.

La vigilancia de las fronteras se planifica y realiza de acuerdo con un sistema de análisis de riesgos. El número de patrullas alcanza un nivel bastante satisfactorio. La gestión integrada de las fronteras incluye planes para crear un amplio sistema fijo de vigilancia a lo largo de las fronteras. Mediante la introducción del sistema fijo de vigilancia con los sistemas complementarios portátiles (sin operador), la Policía de Fronteras puede hacer que el sistema de vigilancia de fronteras alcance un nivel adecuado. La Policía de Fronteras cuenta con un número suficiente de perros entrenados (123 en total, de los cuales 74 son perros rastreadores). Por lo general, los dispositivos para los controles fronterizos de primera línea cumplen las normas europeas. El número de alertas en las bases de datos fue de más de 5 700 en 2012 (5 687 alertas nacionales y 56 alertas a Interpol) y el número total se ha cuadriplicado con respecto a 2011. Los agentes de primera línea tienen acceso al Sistema Integrado de Información de la Policía de Fronteras, al marco jurídico, alertas extranjeras, perfiles de riesgo e Internet (p. ej., PRADO). Todos los pasos fronterizos tienen conexiones en línea con las bases de datos centrales. Debido a la falta de dispositivos suficientes, el nivel de los controles de segunda línea no resulta adecuado en todos los pasos fronterizos.

11. Suministro de un nivel adecuado de infraestructuras, equipos técnicos, sistemas informáticos y recursos financieros y humanos, de conformidad con la estrategia de gestión integrada de las fronteras y el plan de acción que se adopten, y aplicación eficaz de programas de formación y medidas contra la corrupción.

La Policía de Fronteras está modernizando el sistema de vigilancia de fronteras y creará un Centro Nacional de Coordinación. El desarrollo de la visión de la situación forma parte de un plan de tres fases en curso, denominado «Desarrollo de un sistema fijo y móvil de comunicaciones en las fronteras del Estado». Estas fases incluyen la adquisición de equipos y la construcción de un sistema fijo y móvil de telecomunicaciones para todo el país. La creación del Centro Nacional de Coordinación mejorará el conocimiento de la situación y también permitirá cooperar con el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras[13] (en lo sucesivo Eurosur). La Policía de Fronteras tiene un número suficiente de dispositivos de vigilancia fronteriza (por ejemplo, cámaras de visión térmica y prismáticos de visión nocturna, pero actualmente carece de sistemas fijos de vigilancia).

La plantilla prevista para la Policía de Fronteras es de 3 543 agentes, de los cuales un 83 % (2 945) ya ha sido contratado. El motivo de la falta de personal es que ya no se utilizan reclutas para el control de fronteras y todos los puestos vacantes deben cubrirse antes de que finalice 2013. La Academia Nacional de la Policía de Fronteras organiza programas de formación de dos años de duración para suboficiales y cursos básicos de formación de seis meses para nuevos empleados. El programa de dos años para suboficiales aplica el proceso de Copenhague y fue elaborado con la ayuda de EUBAM y de acuerdo con el Plan de estudios común de la UE para formación de guardias de frontera. En general, los programas de formación constituyen un fundamento sólido para preparar a personal profesional para la gestión de fronteras. La Policía de Fronteras ya ha aplicado la mayoría de las recomendaciones y prácticas más idóneas en materia de prevención de la corrupción[14] del Catálogo de Schengen sobre control de las fronteras exteriores[15]. El Código Deontológico de la Policía de Fronteras fue aprobado el 13 de junio de 2008 y los sueldos de este cuerpo tienen un nivel competitivo. Se efectúan controles sin previo aviso y el personal de la Policía de Fronteras tiene que hacer públicos sus intereses personales e ingresos al incorporarse al servicio y cada año a partir de entonces. Existe un sistema de rotación periódica del personal.

12. Mejora de la cooperación entre organismos (incluido el intercambio de datos entre el Servicio de Guardia de Fronteras y los organismos con funciones coercitivas), la cooperación internacional, incluida la cooperación con los países vecinos y la aplicación del acuerdo de trabajo con Frontex a un alto nivel de eficacia.

La cooperación entre organismos encargados de la gestión de fronteras ha alcanzado un nivel satisfactorio. La Policía de Fronteras mantiene una cooperación muy intensa con la Policía, el Servicio de Aduanas y la Oficina de Migración y Asilo (en lo sucesivo OMA). La cooperación entre la Policía de Fronteras y la Oficina del Fiscal General se incrementó de forma estructural después de que la primera obtuviera nuevas competencias en materia de investigación penal. Las principales formas de cooperación entre organismos son el intercambio de información, los equipos conjuntos de investigación, las acciones conjuntas y la formación conjunta. En todos los pasos fronterizos, la Policía de Fronteras y los Servicios de Aduanas han implantado controles únicos. Utilizan un sistema común de registro de vehículos de carga y pueden usar los dispositivos de ambos organismos, por ejemplo, para controlar vehículos.

La Policía de Fronteras ha celebrado un gran número de acuerdos y protocolos de cooperación con Rumanía y Ucrania. En 2012, la Policía de Fronteras prosiguió su cooperación con EUBAM, a fin de garantizar una aplicación eficiente de las actividades de la novena fase anual del Plan de Acción[16]. La Policía de Fronteras cuenta desde 2006 con un funcionario de enlace en el centro conjunto de cooperación transfronteriza de Galati. Existen acuerdos de cooperación con algunos Estados miembros de la UE (Letonia, Lituania, Estonia, Hungría y Polonia). La cooperación con otros países de la Comunidad de Estados Independientes (en lo sucesivo CEI) tiene lugar a través del Consejo Supremo de Servicios de Guardia de Fronteras de esta organización. Por último, existe un protocolo de cooperación entre los guardias de fronteras de la GUAM[17]. La Policía de Fronteras firmó un acuerdo de trabajo con Frontex en agosto de 2008 y ha participado en numerosas actividades coordinadas por esta Agencia. En diciembre de 2012 se creó el punto nacional de contacto con Frontex dentro del Departamento de la Policía de Fronteras, al que se asignaron competencias en materia de coordinación y aplicación de las disposiciones del Plan de Cooperación con Frontex.

b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones

13. Continuar reforzando los controles en las fronteras, incluidos un análisis de riesgos y medidas de vigilancia, así como la prevención y lucha contra la corrupción en la frontera, y seguir potenciando la cooperación con EUBAM en todos los ámbitos de la gestión de fronteras.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 7 y 8 del presente informe.

14. Intensificar la cooperación con los países vecinos. Reforzar la cooperación bilateral e internacional y el intercambio de información sobre datos estadísticos y analíticos y de datos/información tácticos/operativos, a través de medidas como iniciar/participar en operaciones transfronterizas conjuntas, equipos conjuntos de investigación y equipos conjuntos de información, facilitando el intercambio de funcionarios de enlace en esas operaciones y ofreciendo formación para la realización de controles fronterizos y aduaneros conjuntos.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 8, 9 y 10 del presente informe.

15. Mejorar la formación y el desarrollo de capacidades en lo que respecta a la cooperación policial y aduanera internacional y el intercambio de información.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 8, 9 y 10 del presente informe.

16. Coordinar las actividades de control en la frontera común. Compartir información y mejorar la evaluación de la situación común a nivel operativo.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 8, 9 y 10 del presente informe.

17. Intensificar la cooperación con los países vecinos, en particular Ucrania.

La República de Moldavia y las autoridades ucranianas iniciaron en 2007 un proyecto piloto sobre el paso fronterizo operado conjuntamente Rososhany-Briceni (en lo sucesivo PFOC). El proyecto piloto sobre el PFOC fue planificado y puesto en marcha con la ayuda y el apoyo de EUBAM y la Comisión Europea. Ambas partes se han cedido mutuamente la responsabilidad de los controles de salida. Los principios de «ventanilla única», «mano a mano», «bajo un mismo techo» y «hombro con hombro» se han introducido con éxito en el proyecto piloto del PFOC.

18. Seguir manteniendo la cooperación con EUBAM y aplicar las recomendaciones de EUBAM para mejorar e intensificar la utilización de unidades móviles.

El segmento de la frontera entre la República de Moldavia y Ucrania correspondiente a Transnistria no se encuentra bajo control de la Policía de Fronteras y el Servicio de Aduanas de la República de Moldavia. Este segmento incluye 25 pasos fronterizos oficiales hacia Ucrania y los controles fronterizos y funciones de vigilancia reconocidos internacionalmente son llevados a cabo únicamente por la Guardia de Fronteras de Ucrania. A lo largo de la demarcación administrativa entre la región de Transnistria y la República de Moldavia existen 14 puestos internos de control de aduanas (PICA), en los que el Servicio de Aduanas de la República de Moldavia realiza controles de mercancías.

En febrero de 2013, las autoridades moldavas comenzaron a aplicar una nueva estrategia a fin de evitar la inmigración irregular y la delincuencia transfronteriza, así como para facilitar el flujo de pasajeros a través de la región de Transnistria. Esta estrategia contempla medidas como: el registro de los ciudadanos extranjeros que entran y salen de la República de Moldavia a través de la demarcación administrativa, el refuerzo de las capacidades de los PICA por parte de la OMA (en seis de los PICA habrá una oficina de registro de extranjeros abierta sin interrupciones), la elaboración de normas para los PICA (protección de datos, intercambio de información entre autoridades y división de tareas), una campaña de información sobre las nuevas normas de registro para extranjeros, la creación de unidades móviles[18] en todo el país y el refuerzo de la cooperación con las autoridades ucranianas y EUBAM. De acuerdo con esta estrategia, los ciudadanos extranjeros que entran o salen del territorio de la República de Moldavia a través de la región de Transnistria, incluidos los que residen en ella, pueden registrarse voluntariamente en los PICA, los pasos fronterizos o las oficinas específicas para tal fin en Chisináu, Balti o Comrat. Este mecanismo no afectará a la circulación de extranjeros dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente de la República de Moldavia. A fin de hacer frente a la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza, una unidad móvil de 70 agentes realizará controles basados en análisis de riesgos en todo el interior del país. Estas patrullas se realizarán con mayor frecuencia en forma de patrullas conjuntas del Servicio de Aduanas, la Policía, la Policía de Fronteras y la OMA. Se prevé que la aplicación de esta política, incluido su marco jurídico, tendrá lugar en el primer semestre de 2013. Por otra parte, la República de Moldavia tiene la intención de extender la práctica de los controles y patrullas conjuntos con guardias de fronteras ucranianos del segmento central (correspondiente a Transnistria) de su frontera común. Esta práctica se inició en 2012 en el segmento norte de la frontera, en el paso fronterizo operado conjuntamente de Rososhany-Briceni, y pronto se extenderá al paso fronterizo de Palanca / Mayaki, situado en el segmento sur de la frontera.

Evaluación del bloque 2 / Tema 1 – Gestión de fronteras La Policía de Fronteras de la República de Moldavia está organizada de acuerdo con las recomendaciones del Catálogo de Schengen, los controles fronterizos y la vigilancia de la frontera se realizan de conformidad con las normas de la UE y el sistema de análisis de riesgos está organizado de acuerdo con las prácticas idóneas de Schengen. Todavía es necesario introducir algunas mejoras técnicas. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 19. Introducir sistemas técnicos fijos de vigilancia a lo largo de la frontera terrestre. Aplicar las prácticas idóneas de la UE para la creación del Centro Nacional de Coordinación y los Centros Regionales de Coordinación. 20. Intensificar los controles de vehículos para detectar personas ocultas y mejorar el análisis de riesgos y la elaboración de perfiles de trata de seres humanos. Mejorar la formación y disponibilidad de agentes de primera y segunda líneas para la detección de documentos falsificados. Continuar la adquisición de equipos para los controles de segunda línea y de vehículos. Hacer un seguimiento y grabar los controles fronterizos mediante cámaras en cada puesto. Intensificar la prevención de la corrupción en el Servicio de Aduanas y aplicar las prácticas más idóneas de la UE. 21. Seguir aplicando un concepto basado en unidades móviles para la región de Transnistria integradas por fuerzas de seguridad competentes que estén formadas para hacer frente a la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza. Debe establecerse un intercambio automático de información y datos personales en tiempo real entre todas las autoridades con funciones coercitivas.

Bloque 2 / Tema 2 - Gestión de la migración

a) Criterios de referencia del PALV

22. Aplicación constante y eficaz del Acuerdo de readmisión entre la UE y la República de Moldavia y medidas para la reintegración de ciudadanos moldavos (que regresen de forma voluntaria o readmitidos).

La Oficina de Migración y Asilo (OMA) del Ministerio del Interior es la autoridad competente para la aplicación de los acuerdos de readmisión de la República de Moldavia. La República de Moldavia ha celebrado acuerdos de readmisión con los siguientes Estados: la UE (firmado el 10 de octubre de 2007 en Bruselas), Noruega (9 de agosto de 2006), la Confederación Suiza (1 de junio de 2004, 19 de mayo de 2010) y Turquía (1 de noviembre de 2012). Las negociaciones prosiguen con Albania, Azerbaiyán, la Federación de Rusia y el Líbano. En la última reunión del Comité Mixto de Readmisión UE-República de Moldavia[19] se expuso que el número de solicitudes de readmisión de nacionales moldavos de Estados miembros de la UE ha disminuido de 242 en 2011 a 142 en 2012 y a 57 durante los 5 primeros meses de 2013. En 2012, el mayor número de solicitudes provino de Francia (54), Alemania (34) y Austria (26).

El Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia ha adoptado medidas sostenibles para la reintegración de los ciudadanos moldavos a través de las oficinas de la Agencia Nacional de Empleo. Se organizan periódicamente ferias de empleo, se ha creado una línea telefónica de asistencia y en todas las oficinas locales se ofrece información clara (folletos, tablones de información, guías) sobre puestos vacantes y prestaciones de desempleo. El programa PARE 1+1 sigue prestando apoyo a las inversiones locales de los ciudadanos moldavos retornados con un complemento del Gobierno.

23. Aplicación efectiva del marco jurídico para la gestión de la migración, incluida la creación de estructuras administrativas con los recursos humanos necesarios y competencias claras y pertinentes para todos los aspectos de dicha gestión, así como una cooperación eficaz entre los organismos competentes.

La gestión de la migración en la República de Moldavia se rige por la Ley nº 200/16.07.2010 de extranjería de la República de Moldavia. La legislación nacional anterior (es decir, la Ley nº 275/1994 y la Ley nº 180/2008) se sigue aplicando a la estancia legal de extranjeros, no ha sido abolida ni se ha integrado en la nueva Ley. Aún no se han adoptado procedimientos exhaustivos para determinar los plazos, ni sanciones por contravención del mecanismo de retorno voluntario, ni disposiciones de protección para familias y niños[20].

La Oficina de Migración y Asilo (OMA) del Ministerio del Interior es la principal autoridad competente para la gestión de la migración en la República de Moldavia. La Comisión para la coordinación de determinadas actividades relacionadas con la migración (creada por la Decisión gubernamental 133/23.02.2010) se encarga de la aplicación de todas las políticas y estrategias estatales en el ámbito de la migración, de la prevención y lucha contra la inmigración ilegal, así como de la coordinación de las actividades de todas las autoridades públicas competentes en el ámbito de la gestión de la migración. En el marco de la reestructuración interna del Ministerio del Interior, la OMA fue dotada de recursos humanos suficientes (22 empleados) para la coordinación de varias tareas que figuran en la Estrategia de migración. El Departamento de Inmigración de la OMA cuenta con competencias adicionales, como el registro o cancelación del domicilio o residencia de extranjeros, el registro de la residencia temporal de extranjeros destinados a la República de Moldavia hasta un máximo de 90 días[21], así como la coordinación de la expedición de visados de larga duración y la lucha contra la permanencia irregular de extranjeros. Se imparte formación continua al personal de la OMA en el marco de diversos proyectos de la UE, con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Centro Internacional para el Desarrollo de Políticas Migratorias (CIDPM) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En el marco del proyecto ReVis se celebran amplios talleres sobre el Sistema de Información de Visados y visitas de estudios a varios Estados miembros de la UE.

En la última reunión del Comité mixto de facilitación de visados UE-República de Moldavia[22] se llegó a la conclusión de que el porcentaje de visados denegados para ciudadanos moldavos ha disminuido considerablemente del 11,43 % en 2010 al 6,53 % en 2012. Las estadísticas correspondientes a 2010 y 2012 muestran que el porcentaje de visados denegados de todos los Estados de Schengen ha disminuido en las embajadas y consulados de la UE en Chisináu. Así es en el caso de la República Checa (del 22,72 % al 9,55 %), Lituania (del 15,86 % al 2,9 %), Francia (del 14,11 % al 9,9 %), Polonia (del 11,64 % al 6,42 %), Italia (del 15,23 % al 8,0 %), Hungría (Centro Común de Solicitud de Visados) (del 7,75 % al 5,9 %) y Alemania (del 5,33 % en 2010 al 2,4 % en 2012). La media ponderada de visados denegados en 2010 fue del 11,43 %, mientras que en 2012 fue del 4,8 %. El porcentaje de visados para múltiples estancias en Estados de Schengen expedidos en la República de Moldavia también aumenta de forma constante (un 25,2 % en 2010 y un 26,7 % en 2012).

24. Establecimiento de un perfil de migración actualizado periódicamente y análisis eficaz de los datos sobre números y flujos de inmigrantes.

Según las estadísticas oficiales (pasos fronterizos) a 1 de enero de 2013: 899 500 ciudadanos moldavos se encontraban en el extranjero, de los cuales 274 500 permanecían fuera del país menos de 3 meses, 289 500 más de 3 meses, 100 700 hasta 1 año, 55 600 hasta 3 años y 179 100 más de 3 años. El perfil migratorio ampliado (PMA) fue establecido por la Decisión gubernamental nº 634/24.08.2012 sobre la aprobación de la lista de indicadores y la plantilla del PMA. El primer PMA se publicó en abril de 2013. El PMA servirá como instrumento para desarrollar políticas migratorias más eficientes y coherentes en la República de Moldavia, que complementarán la Estrategia Nacional de Migración y su mecanismo de coordinación. Dentro de la OMA se ha creado una unidad especializada responsable de producir y actualizar el perfil migratorio ampliado (Unidad de desarrollo de información, gestión de datos y análisis de riesgos, integrada por cinco personas).

25. Aplicación coherente de una metodología eficaz para detectar inmigrantes irregulares en el interior del país, análisis de riesgos (incluida la información a organismos competentes y análisis a cada nivel administrativo, por ejemplo, local, central) e investigación de casos de facilitación de la inmigración irregular organizada, incluida una cooperación eficaz entre los organismos competentes.

La detección de los extranjeros en situación irregular se realiza mediante verificaciones y controles específicos de la OMA. Las pruebas se cotejan con el Sistema Automatizado de Información Integrada sobre Migración y Asilo (Siiama) de la OMA, los registros de la Policía de Fronteras, el Registro de Población del Estado (Access), la Oficina Nacional Central de Interpol en Moldavia y las pruebas informatizadas de personas enjuiciadas, «Search». La OMA lleva a cabo redadas en todo el país en cooperación con la Inspección de Trabajo, la Inspección Tributaria del Estado y el Centro Nacional de Salud Pública. Mediante ellas, en 2011 fueron condenados 107 extranjeros por violación de las normas de residencia y trabajo no declarado y otros 123 en 2012. Se han asignado otros 34 empleados para garantizar la cobertura de todas las regiones del país y establecer tres servicios regionales de la OMA para luchar contra la estancia irregular de extranjeros. La OMA ha creado recientemente una Unidad de desarrollo de información, gestión de datos y análisis de riesgos (integrada por cinco empleados) y la Policía de Fronteras también ha creado una Unidad de Análisis de Riesgos especializada en inmigración irregular. La difusión y uso de esta información en todos los puestos fronterizos se lleva a cabo por medio de una base de datos en línea a la que pueden acceder todos ellos. A fin de garantizar una aplicación exhaustiva de la Ley de extranjería y sus reglamentos, la OMA coopera con los siguientes departamentos especializados del Ministerio del Interior: Departamento de Policía, Departamento de Instituciones Penitenciarias, Servicio de Información y Seguridad, Departamento de Policía de Fronteras y Departamento de Carabineros. El 20 de diciembre de 2012 se firmó un acuerdo de cooperación entre la OMA y el Departamento de Policía de Fronteras para prevenir y luchar contra la inmigración irregular de extranjeros en las fronteras y dentro del territorio de la República de Moldavia.

Se lleva a cabo un Plan de Acción para la aplicación de medidas destinadas a controlar los flujos migratorios a través de la región de Transnistria. Se pretende tener un mejor registro de los extranjeros en los puestos internos de control de aduanas y un control de los flujos migratorios en la demarcación administrativa por el Ministerio del Interior. Dentro de la OMA se ha creado una unidad responsable de la gestión de las actividades de los puestos internos de control para la obtención de pruebas y el registro de extranjeros. Únicamente los extranjeros tendrán la obligación de registrarse y no se impondrá la verificación de todos los viajeros que atraviesen la región de Transnistria. Aparte del procedimiento propuesto para los puestos internos de control, los extranjeros pueden registrarse en: i) cualquier oficina territorial de verificación y documentación de la población del Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones, ii) los servicios regionales de cualquier subdivisión territorial de la OMA (en Chisináu, Balti y Cahul) y iii) las subdivisiones del Departamento de Policía de Fronteras, a más tardar 72 horas después de cruzar la frontera.

26. Creación de infraestructuras adecuadas (como por ejemplo centros de detención) y refuerzo de los órganos competentes para expulsar de forma eficaz a los nacionales de terceros países en situación de residencia o tránsito irregular del territorio de la República de Moldavia.

La OMA ejecuta la medida de expulsión y escolta al extranjero a la frontera nacional o al país de origen. Los extranjeros detenidos son enviados al Centro de Detención Temporal de Extranjeros, una subdivisión de la OMA, donde la ley les garantiza el acceso a asistencia jurídica y el goce de derechos sociales, culturales y humanos. En el contexto de la reestructuración interna de la OMA y el Ministerio del Interior se asignaron recursos humanos adicionales a este Centro, que ahora cuenta con 5 servicios y 40 empleados. En el período 2009-2013 se detuvo a 360 extranjeros, 71 en 2009, 80 en 2010, 103 en 2011, 97 en 2012 y 9 (hasta ahora) en 2013. De los 115 casos de identificación iniciados por la OMA, 85 extranjeros fueron detenidos sin llegar a conocer su identidad.

b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones

27. Organizar campañas permanentes y específicas de información para aclarar los derechos y obligaciones de los viajes sin visado que incluyan información sobre las normas que regulan el acceso al mercado laboral de la UE (inclusive a través del Portal de Inmigración de la UE) y la responsabilidad por cualquier abuso de derechos en virtud del régimen de exención de visado.

Se han organizado extensas reuniones del Grupo de acción de visados con asesores de alto nivel de la UE, la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales. Se celebran periódicamente sesiones públicas de información como parte de las sesiones de integración organizadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores e Integración Europea en diversos medios de comunicación, entornos sociales y universidades. Estas sesiones públicas también pretenden aclarar los derechos y obligaciones de los viajes sin visado que incluyan información sobre las normas que regulan el acceso al mercado laboral de la UE y la responsabilidad por cualquier abuso de derechos en virtud del régimen de exención de visado. Se ha establecido un centro de información muy activo en Balti, en las instalaciones de la Universidad Nacional. Por otra parte, muchas actividades de comunicación e información se llevan a cabo en el marco de diferentes proyectos de la Asociación de Movilidad entre la UE y la República de Moldavia (por ejemplo, Legal in EU, Nexus, etc.). En relación con las condiciones precisas para viajar a la UE, es decir, la política de visados de la UE, las disposiciones del Acuerdo de facilitación de visados entre la UE y la República de Moldavia se presentan y actualizan permanentemente en el sitio web del MAEIE (sección de información consular), así como en el Centro de Llamadas de este Ministerio, una línea telefónica de atención gratuita.

Evaluación del Bloque 2 / Tema 2 - Gestión de la migración Los procedimientos operativos para aplicar la Ley de extranjería funcionan correctamente y la OMA se ha convertido en la entidad coordinadora para gestionar los flujos migratorios. Se ha creado el perfil migratorio ampliado, junto con un informe de evaluación de datos. Se está respetando la aplicación efectiva de los acuerdos de readmisión y facilitación de visados entre la UE y la República de Moldavia. Existen infraestructuras adecuadas, como son los centros de detención. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 28. Seguir aplicando la Ley nº 200/2010 de extranjería y abolir la legislación nacional anterior. 29. Reforzar los recursos humanos para que la OMA cuente con cobertura regional en el ámbito de la inmigración y la lucha contra la estancia irregular de extranjeros. Establecer un mecanismo de información y análisis en cada nivel administrativo mediante el refuerzo de la Unidad de Análisis de Riesgos. 30. Continuar con la apertura de unidades de registro de la OMA en la línea de demarcación con Transnistria. Cooperar con otras autoridades con funciones coercitivas y garantizar el intercambio automático de información.

Bloque 2 / Tema 3 - Política de asilo

a) Criterios de referencia del PALV

31. Aplicación efectiva de la legislación en materia de asilo, incluidos la creación de infraestructuras adecuadas y el refuerzo de los organismos competentes (personal, financiación), en particular en el ámbito de los procedimientos de asilo, la acogida de solicitantes de asilo y la protección de sus derechos, así como la integración de refugiados; garantizar que los beneficiarios de protección internacional tengan acceso a los documentos de viaje contemplados en la legislación.

La legislación de la República de Moldavia en el ámbito de la protección de refugiados concuerda en gran medida con las normas internacionales y europeas. La legislación sobre asilo establece el marco institucional, los procedimientos legales y los principios jurídicos necesarios. La legislación se aplica de forma satisfactoria. La calidad del procedimiento para determinar la condición de refugiado es satisfactoria y sigue mejorando. El acceso a este proceso está garantizado por la ley y se aplica en la práctica. El ACNUR tiene pleno acceso a las personas que son motivo de preocupación y mantiene buenas relaciones de trabajo con las autoridades competentes en materia de asilo y la Policía de Fronteras. El principio de no devolución se respeta en la práctica. Se considera que el procedimiento para determinar la condición de refugiado es de buena calidad y sigue mejorando. En 2012, se concedió la condición de refugiado a 19 personas y protección humanitaria a otras 45. En total se adoptaron 119 decisiones, lo que implica que más de la mitad de las solicitudes dieron lugar a la concesión de alguna forma de protección. Otros países que figuran entre los cinco principales en lo que se refiere a la concesión de alguna forma de protección son Armenia, Afganistán, Kirguistán y Rusia. Estas cifras podrían ser un indicio de que las decisiones se basan en información sobre el país de origen (IPO) objetiva y actualizada, y que la protección se concede a aquellas personas que necesitan protección internacional. Sin embargo, es necesario reforzar el sistema de IPO y contratar más personal. Muy pocas decisiones en primera instancia[23] han sido revocadas en recurso, pues en 2012 se mantuvieron todas las decisiones en el procedimiento judicial.

En el Departamento de Asilo e Integración, cinco personas trabajan en la Unidad de Procedimiento de Asilo y Protección Internacional. Esta cifra se considera suficiente por el momento, pues el número de solicitudes de asilo sigue siendo relativamente reducido (177 en 2012, 72 en 2011), lo que garantiza tiempo suficiente para realizar entrevistas y adoptar decisiones de calidad. Existe una sala de entrevistas en las instalaciones del Departamento de Asilo e Integración, que se encuentra bien equipada y ofrece suficiente privacidad a los solicitantes de asilo. Se ha señalado que se presta especial atención a las personas más vulnerables, como menores, víctimas de torturas, personas traumatizadas, víctimas de violencia o personas con trastornos psicológicos. Estas personas generalmente reciben asistencia de un representante de la organización no gubernamental (ONG) «Memoria». En la nueva estructura de la OMA se ha creado una nueva unidad: la Unidad de Apátridas e Información, integrada por cuatro personas. Esta unidad se ocupa de las solicitudes de apatridia[24], pero también del registro de solicitantes de asilo. Se elaboraron un cuestionario, una plantilla para la entrevista y una guía para garantizar que se pongan en práctica las disposiciones legales. Desde febrero de 2012 se han recibido 160 solicitudes y se ha concedido la condición de apátrida a 16 personas.

La «Ley de integración de extranjeros en la República de Moldavia» entró en vigor el 1 de julio de 2012. Se han desarrollado métodos para llevar a cabo sesiones de adaptación sociocultural y cursos de la lengua nacional. Se han aprobado el Reglamento relativo al procedimiento y condiciones para el alquiler de viviendas a extranjeros beneficiarios de programas de integración y a los extranjeros que han obtenido una forma de protección y el Reglamento relativo al Centro de Alojamiento. La ley garantiza el pleno acceso al mercado laboral de los beneficiarios de una forma de protección y de los solicitantes de asilo, al subsidio de desempleo y a las medidas para prevenir este último. Se han observado varios proyectos piloto de éxito. En el momento de realizar esta evaluación, los refugiados aún no podían obtener documentos para viajar fuera del territorio de la República de Moldavia. Debido a problemas relacionados con la licitación para la expedición de tarjetas de identidad y pasaportes biométricos, estos documentos estarán disponibles en septiembre de 2013. El Gobierno aprobó el Reglamento relativo al Centro de Alojamiento para Solicitantes de Asilo el 28 de diciembre de 2012. Este Centro existe desde septiembre de 2010 y su mantenimiento y personal corren a cargo del presupuesto del Estado. El 15 de febrero de 2013, en el centro de acogida vivían 18 solicitantes de asilo, 2 beneficiarios de protección humanitaria y 1 persona con la condición de refugiado. Los trabajadores sociales, asesores jurídicos y el ACNUR tienen acceso al centro en todo momento. Las condiciones y la calidad del Centro en general son buenas, a pesar de la falta de personal y fondos.

Evaluación del Bloque 2 / Tema 3 - Política de asilo La Ley de asilo se aplica correctamente y la calidad del procedimiento para determinar la condición de refugiado es satisfactoria y sigue mejorando. La República de Moldavia ha elaborado un procedimiento ejemplar para determinar la apatridia. Se han logrado avances considerables en el ámbito de la integración. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 32. Incluir las ventanillas únicas como una de las autoridades competentes para recibir solicitudes de asilo en el artículo 52 de la Ley de asilo. 33. Impartir formación continua en materia de asilo a la policía y la Policía de Fronteras. Lograr que el poder judicial cuente con los conocimientos especializados necesarios para los casos de asilo, por ejemplo, mediante la creación de tribunales o jueces especializados. 34. Seguir desarrollando la metodología para la gestión de la IPO y obtener acceso a sesiones informativas sobre IPO. 35. Aumentar los fondos para las medidas de integración patrocinadas por el Estado y elaborar un código de conducta para el personal de los centros de acogida.

Evaluación general del Bloque 2 La Comisión considera que la República de Moldavia cumple ampliamente los criterios de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 2. Aún deben aplicarse algunas recomendaciones, como se señala más arriba.

Bloque 3: Orden público y seguridad

Bloque 3 / Tema 1 – Prevención y lucha contra la delincuencia organizada, el terrorismo y la corrupción

a) Criterios de referencia del PALV

36. Aplicación de la Estrategia y el Plan de Acción para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada, incluida una coordinación eficaz entre las autoridades competentes, y la investigación, el procesamiento y la confiscación de los productos del delito.

Desde 2011 se han llevado a cabo varias actividades para aplicar la Estrategia nacional para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada. El 4 de mayo de 2012 se creó el Consejo Nacional para la coordinación de las actividades destinadas a prevenir y luchar contra la delincuencia organizada. Este Consejo es un órgano colegial interdepartamental creado para garantizar una cooperación eficiente entre las autoridades de la administración pública central, y la coordinación de sus actividades para prevenir y luchar contra la delincuencia organizada. El 8 de junio de 2012 se aprobó una hoja de ruta para la aplicación de las recomendaciones de las misiones de evaluación de la UE de los meses de octubre y noviembre de 2011 relativas a las medidas especiales de investigación y la lucha contra la delincuencia organizada. La Oficina del Fiscal General creó el Consejo Nacional de Coordinación de las actividades de prevención y lucha contra la delincuencia organizada. En 2012, 70 delitos fueron cometidos por 49 grupos delictivos integrados por 229 miembros activos (de los cuales 6 grupos tenían actividades delictivas a nivel internacional). Se observó en la práctica una mejora de la denuncia de actos ilegales por parte de la sociedad civil, un registro más estricto y una mayor disciplina para evitar la ocultación de delitos y otras faltas.

Junto con la aplicación de la Estrategia y el Plan de Acción, una importante reforma del Ministerio del Interior entró en vigor el 5 de marzo de 2013. Los principales principios y objetivos de la reforma son: la despolitización de las actividades de los órganos con funciones coercitivas; la desmilitarización del Departamento de Carabineros; aumentar la presencia de los órganos con funciones coercitivas en todo el país, por medio de un despliegue más coordinado de las unidades de policía; una mayor armonización y coordinación de los distintos departamentos de policía para evitar solapes y la duplicación de funciones; y una respuesta más eficiente a los delitos importantes y graves por medio de actividades de investigación penal especializadas y servicios de procesamiento paralelos. Con la reforma del Ministerio del Interior se introdujeron dos nuevos conceptos que están siendo aplicados: la especialización de las unidades de policía encargadas de los expedientes de delitos graves y delincuencia organizada, y un enfoque policial basado en la información. Se creó la Unidad de Análisis del Departamento de Policía con cinco analistas de información que utilizan I2 y la herramienta informática de análisis Letizia. Todos consideran que la reforma constituye un excelente medio para segregar la formulación de políticas de la aplicación de políticas. Las nuevas competencias del Ministro en materia de actividades policiales ya no incluyen su antigua función de investigación penal, de acuerdo con las mejores normas internacionales y de la UE. Un primer resultado positivo de la reforma ha sido la designación del Jefe de Policía por el Gobierno a propuesta del Ministro del Interior. Los Carabineros han sido reorganizados, desmilitarizados e integrados en la estructura de la Inspección General de Policía, en el marco de la reforma del Ministerio del Interior.

Asimismo se han emprendido actividades para reforzar los laboratorios forenses. Mediante la orden nº 399 de 29 de noviembre de 2012 se creó un grupo de trabajo interdepartamental con el fin de elaborar el marco legislativo y reglamentario necesario para crear y gestionar una base de datos y un laboratorio de ADN. En junio de 2013, expertos austríacos prestarán asistencia al Ministerio del Interior para redactar una ley sobre el ADN. Se asignarán 2 millones de euros para equipo y formación del personal que trabaja en los ámbitos técnico y forense.

Se han adoptado todos los convenios internacionales pertinentes y, en general, puede considerarse que el marco legislativo y el sistema institucional de observancia de la legislación vigente concuerdan con el acervo y las mejores normas de la UE, y que su aplicación se encuentra en una fase avanzada. No obstante, la legislación en materia de confiscación todavía presenta algunas lagunas respecto a las normas internacionales y el acervo de la UE. Estas lagunas se refieren ante todo a las facultades para congelar fondos y la confiscación de bienes de terceros.

La República de Moldavia debe reforzar las normas vigentes para el registro de sociedades y las disposiciones en materia de responsabilidad penal de las empresas con objeto de limitar el uso de sociedades «tapadera» para lavar el producto del delito y ocultar activos de origen delictivo. De acuerdo con las estadísticas sobre confiscaciones, las cantidades confiscadas son reducidas en comparación con el número de condenas. Las autoridades moldavas deben hacer un mayor uso de sus competencias de confiscación. La República de Moldavia debe establecer una oficina centralizada de recuperación de activos a fin de reforzar la identificación y el seguimiento de los productos del delito resultantes de actividades delictivas tanto nacionales como transfronterizas, e intercambiar información de forma expeditiva con las oficinas de recuperación de activos de los Estados miembros.

Evaluación del Bloque 3 / Tema 1a – Prevención y lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo La aplicación de la reforma del Ministerio del Interior ha sido planificada y puesta en marcha correctamente. Las autoridades con funciones coercitivas encargadas de la lucha contra los delitos graves y la delincuencia organizada están bien coordinadas, se aproximan a las normas europeas y obtienen resultados. Se requieren nuevos ajustes e inversiones en medios técnicos para que la reforma resulte sostenible y se aproveche plenamente. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 37. Un mayor desarrollo del modelo de análisis de información estratégica para la Policía de acuerdo con la actividad policial basada en la información. Redoblar esfuerzos para mejorar la coordinación de las actividades de las patrullas de todos los departamentos dependientes de la Inspección Nacional de Patrullas. Eliminar el papel de intermediario técnico del Servicio de Seguridad e Inteligencia en la intercepción de comunicaciones, ya que las actividades con fines de investigación penal solo deben ser realizadas por las autoridades con funciones coercitivas. 38. Reforzar el marco jurídico en materia de confiscación, crear una oficina de recuperación de activos, aumentar la transparencia de las personas jurídicas y utilizar de forma sistemática las competencias de confiscación.

39. Aplicación de la legislación para prevenir la trata de seres humanos y el correspondiente Plan Nacional, incluidas la coordinación eficaz entre los organismos estatales y la protección eficaz de las víctimas de la trata, en particular los niños.

La República de Moldavia dio un importante paso adelante en el ámbito de la lucha contra la trata durante los últimos dos años en lo que se refiere a la modernización del marco jurídico e institucional. Resulta evidente que las políticas contra la trata han sido prioritarias en el programa político. El Plan Nacional de Acción 2010-2011 y el Plan Nacional de Acción 2012-2013 (en lo relativo a las acciones previstas para 2012) se ejecutaron plenamente en un 75 % y parcialmente en un 11 %. Asimismo, muchas actividades del plan se realizaron gracias al apoyo prestado por organizaciones internaciones y ONG en el marco de diversos programas internacionales. En el segundo semestre de 2013 se elaborará el Sexto Plan de Acción contra la trata de seres humanos. Según las estadísticas[25], en 2012 se detectaron en las fronteras 18 casos de trata de seres humanos que afectaban a 35 personas, mientras que esta cifra fue de 10 casos (15 personas) en 2010 y de 13 casos (29 personas) en 2011. Más de la mitad de los casos se detectaron en el aeropuerto de Chisináu. Por lo general, las víctimas eran chicas jóvenes que eran trasladadas ilegalmente a los Emiratos Árabes Unidos, Turquía, el Norte de Chipre y Arabia Saudí, y en muy contados casos, a Estados miembros de la UE.

Las disposiciones legales y reglamentarias en materia de trata de seres humanos concuerdan con las normas internacionales y europeas en este ámbito. Se han ratificado y se aplican el Protocolo de Palermo, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 y el Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos, firmado en Varsovia en 2005. La estructura del sistema nacional de lucha contra la trata se basa en la cooperación entre las instituciones más importantes, incluidas las de la sociedad civil. Se centra igualmente en un enfoque basado en los derechos humanos que pretende dar prioridad a las necesidades de las víctimas. Se han redoblado los esfuerzos en el ámbito de la cooperación policial y judicial internacional, como las negociaciones de acuerdos bilaterales con algunos países de destino de las personas objeto de trata. En el marco de la reforma del Ministerio del Interior, el Centro de Lucha contra la Trata de Personas se ha integrado plenamente en la Inspección General de Policía y se ha designado a un civil con amplia experiencia en la lucha contra la trata para ocupar el puesto de Director de este Centro.

En lo que respecta a la aplicación en la práctica de las políticas de lucha contra la trata, a pesar de esfuerzos considerables, la dotación presupuestaria (de recursos financieros y humanos) parece seguir siendo insuficiente en la perspectiva de una plena responsabilización por parte del Gobierno y de la sostenibilidad de las acciones a largo plazo. El Gobierno redobla constantemente sus esfuerzos en este aspecto. Actualmente, el Estado no puede financiar ONG (debido al marco jurídico vigente), lo que impide hasta cierto punto la plena cooperación con la sociedad civil. Sin embargo, hace poco se aprobó un proyecto de ley sobre financiación pública de proveedores privados de servicios sociales. En cuanto a la recopilación de datos, se sigue trabajando en la creación de una base de datos estadísticos a nivel nacional sobre la trata de seres humanos. Las autoridades con funciones coercitivas tienen su propia base de datos sobre investigaciones y procesos penales, y el Ministerio de Trabajo y Protección Social tiene su propia base de datos sobre personas asistidas. Hace poco, la Secretaría Permanente del Comité Nacional de Lucha contra la Trata puso en marcha un proyecto piloto para armonizar la recopilación de datos, en colaboración con la OIM.

El Gobierno es consciente de este problema y se ha comprometido a prevenirlo, y el sistema nacional de remisión de la trata presta asistencia a las posibles víctimas y grupos vulnerables. No obstante, al parecer, la prevención es interpretada hasta cierto punto de forma limitada y debería incluir actividades para luchar contra las causas fundamentales de la trata de seres humanos. A este respecto, el Gobierno hace esfuerzos, con el apoyo de ONG especializadas, para mejorar la protección de los niños vulnerables, y actualmente se examina un proyecto de ley sobre la protección de menores. Se han creado salas de entrevistas especiales para niños y también se crearán salas de entrevistas especiales para víctimas y testigos en las regiones. Se han elaborado directrices para la policía, los trabajadores de la sanidad y los trabajadores sociales para ayudarlos a resolver casos de violencia doméstica. Por otra parte, el Ministerio de Finanzas concederá fondos para campañas de sensibilización entre el público en 2013. Las campañas dirigidas a la opinión pública sobre los peligros y la gravedad de los delitos cometidos en Internet continuarán hasta agosto de 2013, tras lo que vendrá una semana de campañas sobre trata de seres humanos en octubre de 2013, para coincidir con el Día Europeo contra la Trata de Seres Humanos.

El Gobierno parece haber asumido el firme compromiso de hacer frente a la corrupción de funcionarios públicos y su participación en los casos de trata. En 2012 se iniciaron investigaciones penales contra 11 personas que responden a la definición de funcionarios públicos; de estos casos, 7 acabaron ante los tribunales, 1 fue sobreseído y en 3 casos continúa la investigación penal.

Evaluación del Bloque 3 / Tema 1b – Prevención del tráfico de seres humanos Se han logrado mejoras sustanciales gracias a la aplicación del Plan Nacional de Acción. La estructura del sistema nacional de lucha contra la trata se basa en la cooperación entre organismos, incluidos los de la sociedad civil. Se requieren fondos y personal adicionales para que el Gobierno se responsabilice de la aplicación de las políticas para luchar contra la trata de seres humanos. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 40. Consolidar la base de datos nacional sobre trata con datos procedentes de todas las autoridades con funciones coercitivas y de los organismos públicos y privados encargados de prestar asistencia a las víctimas. Asignar suficientes recursos humanos y financieros a la aplicación del Plan Nacional de Acción. 41. Establecer un vínculo entre el sistema nacional para la protección de las víctimas reales y potenciales de la trata con el sistema nacional de protección de menores. Crear un fondo nacional para la asistencia, protección e indemnización de las víctimas. 42. Seguir desarrollando normas mínimas de calidad para la asistencia y el tratamiento de las víctimas reales y potenciales de la trata, y reconocer la condición de los trabajadores sociales. Aplicar las normas legales y reglamentarias en materia de acreditación de proveedores privados de servicios sociales.

43. Aplicación de la legislación para prevenir y luchar contra la corrupción, garantizando un funcionamiento eficiente del órgano independiente de lucha contra la corrupción; elaboración de códigos de conducta y formación sobre lucha contra la corrupción, dirigidos en particular a funcionarios públicos policiales y judiciales.

En los últimos cuatro años, la República de Moldavia ha dado importantes pasos en la lucha contra la corrupción y recientemente han surgido varios casos de abuso de poder de alto nivel. Algunos acontecimientos ocurridos recientemente en la República de Moldavia señalan que la dependencia política indirecta de las instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción representa una amenaza para que las investigaciones contra funcionarios de alto nivel se desarrollen de forma profesional y no partidista. Las investigaciones no deben utilizarse como arma política. Deben establecerse garantías adecuadas para asegurar el funcionamiento independiente y eficiente de las instituciones dedicadas a la lucha contra la corrupción. Los nombramientos de más alto nivel deben basarse en criterios objetivos y transparentes.

En julio de 2011, la República de Moldavia adoptó la Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción 2011-2015, mediante una decisión del Parlamento. Se trata de un documento programático complejo y muy elaborado. En febrero de 2012, el Parlamento adoptó el Plan de Acción para la aplicación de la Estrategia para el período 2012-2013[26]. Muchas de las medidas se han retrasado o no se han aplicado en absoluto, y el efecto de las medidas aplicadas está aún por ver. No existen indicios de los plazos estimados para la aplicación de las medidas que todavía no se han aplicado.

En el ámbito de la prevención de la corrupción, la República de Moldavia ha adoptado medidas para hacer que el sector público sea más transparente en un intento de aumentar la confianza del público en las instituciones públicas, acercar el proceso decisorio gubernamental a los ciudadanos y limitar las vulnerabilidades ante la corrupción. Parte de este esfuerzo se refiere a un programa a gran escala de datos abiertos mediante el cual el Gobierno moldavo pone a disposición del público diversos conjuntos de información pública en un formato de datos abiertos, incluida la información presupuestaria. La República de Moldavia introdujo también en 2008 la obligación de que los iniciadores de un proyecto legislativo lo publiquen en línea y permitan que los ciudadanos expongan sus comentarios.

El Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción (en lo sucesivo CNLC) posee importantes competencias en el ámbito de la prevención de la corrupción y las instituciones moldavas han comenzado a aplicar planes de integridad basados en la evaluación de los riesgos de corrupción en cada institución[27]. El CNLC ofrece además conocimientos especializados en lucha contra la corrupción para los proyectos de ley, a petición del Gobierno o del Parlamento.

En el ámbito de la represión de la corrupción, las competencias están divididas entre el CNLC y la Fiscalía Anticorrupción. El personal del CNLC realiza la mayoría de las labores de investigación, y la Fiscalía Anticorrupción realiza y supervisa las actividades, expide diversas autorizaciones o solicita diferentes órdenes judiciales durante la fase de investigación. El CNLC fue reorganizado en 2012 y pasó de ser supervisado por el Gobierno a ser supervisado[28] por el Parlamento, para volver a estar bajo el control del Gobierno desde mayo de 2013.

La legislación del CNLC contempla controles del estilo de vida[29] y pruebas de integridad, y las autoridades moldavas consideran la posibilidad de aplicarlos al resto de la administración pública. Las discrepancias podrían señalar problemas y dar lugar a la imposición de sanciones, incluido el despido. Actualmente se redactan los procedimientos detallados para los controles del estilo de vida. En estos momentos, solo el Servicio de Información y Seguridad puede realizar técnicamente grabaciones de conversaciones telefónicas. El CNLC puede escuchar las conversaciones interceptadas en tiempo real y hacer transcripciones y grabaciones de sonido para los fiscales. Las investigaciones financieras son un punto débil de las autoridades con funciones coercitivas de la República de Moldavia. La falta de especialización de los investigadores financieros tiene graves efectos negativos, en vista de la complejidad de las investigaciones, en última instancia en la recuperación de activos de los condenados.

La eliminación de la inmunidad de los jueces encargados de investigaciones penales de corrupción (artículos 324 y 326) es un avance en la dirección correcta. Habría que estudiar avances similares respecto a todas las demás categorías de funcionarios que gozan de inmunidad.

En 2011 se adoptaron 314 decisiones en casos de corrupción, pero muy pocas de ellas de alto nivel: 213 condenas, 18 absoluciones y 83 casos sobreseídos. En 2012 se adoptaron 293 decisiones: 197 condenas, 27 absoluciones y 69 casos sobreseídos. En 2012 solo se dictaron 17 sentencias privativas de libertad; el resto de las condenas dieron lugar a multas o libertad condicional, o bien a la prohibición de ocupar un cargo público. Esta no es una práctica satisfactoria, ya que los tribunales se muestran clementes con los infractores. El CNLC ha encargado un estudio para evaluar con la ayuda del Miapac[30] la severidad de las condenas en todos los casos de corrupción que llegan a los tribunales. También sería conveniente organizar debates dentro de la judicatura moldava sobre las prácticas en materia de sanciones (directrices de condena) para garantizar que se impongan sanciones disuasorias en los casos de corrupción.

La Comisión Nacional de Integridad (CNI) es una autoridad pública autónoma independiente de otros organismos gubernamentales, entidades o personas. Sus miembros son designados por el Parlamento para un mandato de cinco años. La CNI se encarga de las declaraciones de patrimonio, intereses e incompatibilidades. La Ley por la que se establece la CNI entró en vigor el 1 de marzo de 2012, pero la Comisión no entró en funciones hasta el 1 de marzo de 2013. La CNI prevé una plantilla de 21 plazas, de las cuales 12 ya están ocupadas. La CNI supervisa a todos los dignatarios, fiscales, jueces, funcionarios públicos y otros puestos de dirección, en total unos 25 000 funcionarios públicos. Los recursos de software y capacidades técnicas de la CNI son escasos. La CNI recién nombrada aún no ha desarrollado un historial en materia de control de declaraciones de patrimonio, intereses e incompatibilidades.

Recientemente se adoptó una ley por la que se duplica el sueldo del personal del CNLC (500 EUR para un puesto inicial, lo que equivale al sueldo de un juez del Tribunal Supremo o del Fiscal General Adjunto), lo que, sin embargo, podría hacer necesario dar el mismo trato a los fiscales anticorrupción a fin de no desequilibrar el sistema.

La República de Moldavia fue evaluada por el Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) y recibió 17 recomendaciones, 9 de ellas en el ámbito de la financiación de partidos y 8 relacionadas con las inculpaciones. El informe del GRECO reconoce que se han hecho grandes esfuerzos para aplicar todas las recomendaciones. Hasta ahora no se ha adoptado la legislación relativa a estas recomendaciones, pero la Comisión Electoral Central (CEC)[31] ha creado un grupo de trabajo que ha elaborado y debatido públicamente un proyecto de ley, que ahora debe adoptarse. La eliminación de la inmunidad de los jueces encargados de investigaciones penales de corrupción (artículos 324 y 326) es un avance en la dirección correcta. Habría que estudiar avances similares respecto a las demás categorías que gozan de inmunidad.

Evaluación del Bloque 3 / Tema 1c – Prevención y lucha contra la corrupción Se adoptaron medidas decididas para reforzar el CNLC y la Fiscalía Anticorrupción, y el inicio de las actividades de la Comisión Nacional de Integridad. Se requieren garantías sólidas, una financiación adecuada y medidas adicionales de desarrollo de la capacidad para asegurar la plena independencia política de todas las autoridades encargadas de la lucha contra la corrupción. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 44. Establecer un sistema sólido de nombramientos basado exclusivamente en criterios profesionales y objetivos para puestos clave en las instituciones de lucha contra la corrupción, en la fiscalía y en el Tribunal Supremo, que garanticen una actuación no partidista e independiente. Fusionar la Fiscalía Anticorrupción con el CNLC y limitar sus actividades a la corrupción de alto nivel. Mejorar las condiciones salariales y aumentar el número de empleados de todas las instituciones de lucha contra la corrupción (CNLC, Fiscalía Anticorrupción, CNI). 45. Continuar el desarrollo de la legislación y las prácticas en materia de control de las declaraciones de patrimonio / patrimonio injustificado y conflictos de intereses, y desarrollar capacidades de investigación financiera en las autoridades con funciones coercitivas. Aplicar normas para los controles del estilo de vida del CNLC basadas en buenas prácticas europeas y concebir un mecanismo de cooperación para los controles conjuntos del estilo de vida con la CNI. Revisar las inmunidades de las que aún gozan los funcionarios desde una óptica basada en las mejores prácticas internacionales. Formar a los jueces, fiscales y personal con funciones coercitivas en las prácticas europeas de intercepción de comunicaciones.

46. Aplicación de la legislación y la Estrategia para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, aplicación de la legislación pertinente en materia de confiscación de activos de delincuentes (incluidas las disposiciones que abordan aspectos transfronterizos).

El marco jurídico de la República de Moldavia en materia de blanqueo de capitales y lucha contra la financiación del terrorismo es muy amplio y completo. Numerosas autoridades participan en el régimen contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de Moldavia, que cumplen diferentes papeles y funciones, y todas ellas dominan sus competencias. El nivel de coordinación y cooperación institucionales entre las diferentes autoridades es bueno, como lo exigen las normas internacionales.

En 2012, la República de Moldavia aprobó y aplicó varias leyes (Ley del mercado de capitales, Ley del sistema de pagos y dinero electrónico, Ley de actividades especiales de investigación), reglamentos (Decisión relativa a la regulación de las medidas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para el mercado financiero no bancario) e instrucciones y recomendaciones para eliminar algunas de las deficiencias identificadas en el tercer Informe mutuo de evaluación del Comité de expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (Moneyval) del Consejo de Europa. Es necesario eliminar unas cuantas deficiencias menores en la tipificación del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y las autoridades moldavas han elaborado cambios legislativos a este respecto que siguen su curso. No obstante, la tipificación vigente de los delitos concuerda con las normas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), la UE y los convenios internacionales. En 2011, de los 151 casos abiertos por la Unidad de Investigación Financiera, se formularon cargos en 4 casos y se dictaron sentencias en otros 2.

Todas las instituciones han sido incluidas como miembros activos de la Estrategia nacional contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 2013-2017 que el Parlamento moldavo está a punto de aprobar. En el Plan de Acción se asignan tareas, actividades y plazos específicos a cada una de estas instituciones, bajo la coordinación de la Oficina para la Prevención y Lucha contra el Blanqueo de Capitales[32] (OPLBC) y la supervisión de una comisión especial del Parlamento moldavo. La supervisión y orientación de las entidades financieras pertenecientes al régimen contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de Moldavia que llevan a cabo el Banco Nacional de Moldavia, la Comisión Nacional de los Mercados Financieros y la OPLBC parecen apropiadas y coherentes con las normas internacionales. Las entidades financieras cumplen en general las medidas preventivas contempladas en las normas del GAFI y la UE: diligencia debida con respecto al cliente; medidas ampliadas de identificación; relaciones comerciales en curso; personas del medio político; beneficiario efectivo; transferencias electrónicas; teneduría de registros; formación; procedimientos y políticas internos; unidades de cumplimiento; e informes sobre operaciones sospechosas.

El informe de diciembre de 2012 del Comité Moneyval del Consejo de Europa reconoció los constantes avances de la República de Moldavia en los ámbitos de la diligencia con respecto al cliente y la presentación de informes. Sobre la base de este informe, la República de Moldavia es objeto de un régimen simplificado de seguimiento desde diciembre de 2012.

Evaluación del Bloque 3 / Tema 1d – Prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo El marco jurídico contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo es exhaustivo y se aplica correctamente. El nivel de coordinación y cooperación institucionales entre las autoridades competentes es bueno y cumple las normas europeas e internacionales. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 47. Reforzar aún más el régimen de sanciones por blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, incrementar las sanciones y mejorar el régimen de confiscación, congelación y embargo de fondos procedentes del blanqueo de capitales o destinados a financiar el terrorismo. Aplicar las medidas de supervisión para determinadas profesiones y empresas no financieras. Armonizar las operaciones fronterizas de dinero en efectivo con la legislación vigente de la UE y las normas del GAFI. 48. Continuar la aplicación sistemática y oportuna de la Estrategia Nacional de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo para el período 2013‑2017 y el Plan de Acción recomendado elaborado por el Comité Moneyval.

49. Aplicación de la Estrategia nacional de lucha contra las drogas y su Plan de Acción, poniendo a disposición de los pasos fronterizos la información sobre incautaciones de droga y personas implicadas; continuar intensificando la cooperación y el intercambio de información con los órganos internacionales competentes en el ámbito de las drogas.

La Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2011-2018 y el Plan Nacional de Acción contra las Drogas 2011-2013 se aplican de acuerdo con las normas europeas. Actualmente se elabora el nuevo Plan Nacional de Acción contra las Drogas 2014-2018, en el que se concede la misma importancia a la lucha contra el consumo de drogas y a la lucha contra el tráfico.

Como prevé el Plan de Acción, la República de Moldavia se adhirió en abril de 2012 al Grupo Pompidou del Consejo de Europa. Tras la firma del memorando de entendimiento con el Observatorio Europeo de la Droga y las Toxicomanías (OEDT) en 2012 se ha establecido un buen nivel de cooperación.

La Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas, creada en 2011, coordina la cooperación entre las instituciones gubernamentales y sirve de enlace con las instituciones no gubernamentales y la sociedad civil en todas las cuestiones relacionadas con la política de drogas. Se ha establecido un muy buen nivel de cooperación y coordinación entre los órganos competentes. La Comisión aplica un enfoque equilibrado entre los servicios de reducción de la demanda y los servicios de reducción de la oferta.

Existe muy buena cooperación entre la Dirección de Lucha contra la Droga de la Inspección General de la Policía del Ministerio del Interior y las instituciones encargadas de la prevención y la atención. La cooperación con las ONG que prestan asistencia a los consumidores de drogas es satisfactoria, pero parece más desarrollada en las intervenciones relacionadas con el VIH que en la prevención del consumo de drogas y la reducción de los daños. En 2004 se introdujeron tratamientos de sustitución y comenzó a distribuirse metadona en los centros de salud y atención.

Todos los delitos y otras categorías de infracciones relacionados con las drogas se notifican y registran como delitos en el Sistema Automático Integrado de Información creado por el Ministerio del Interior para registrar infracciones, asuntos penales y autores de delitos. Se han llevado a cabo con éxito varias operaciones especiales contra las drogas. En 2012 se registraron 1 457 infracciones relacionadas con las drogas y se documentaron 8 grupos delictivos dedicados al tráfico ilícito de drogas. En 2012, las incautaciones se elevaron a 304 890 kg de drogas. Existen capacidades forenses básicas a nivel de distrito, pero no pueden efectuarse pruebas preliminares de las sustancias incautadas. Por consiguiente, el análisis se basa en laboratorios forenses externos, lo que lleva mucho tiempo y resulta ineficiente.

La República de Moldavia no es un país importante en el tráfico de drogas ni tampoco un gran productor de drogas, pero sirve de lugar de tránsito para drogas con destino a Europa Occidental. Las actividades contra el narcotráfico se han visto obstaculizadas hasta ahora por la falta de agentes de policía y equipos especializados. El Gobierno ha adoptado medidas importantes para subsanar esta situación en el contexto de la reforma de la policía en curso, y ha aumentado el personal y reorganizado las unidades antidroga especializadas de la Dirección de Lucha contra las Drogas del Ministerio del Interior.

La lucha contra el cultivo de marihuana en el país fue uno de los retos más importantes a los que se ha enfrentado la Dirección de Lucha contra las Drogas en los últimos años. Sin embargo, los cannabinoides y catinonas sintéticos se convirtieron en un creciente problema en 2012.

Se estima que las drogas sintéticas se encuentran muy extendidas (anfetaminas, metanfetaminas, cannabinol sintético y algunos analgésicos sintéticos, como el Tramadol, que al parecer son baratos y relativamente fáciles de conseguir). En respuesta a esta tendencia, el Ministerio del Interior ha pedido al Gobierno que introduzca muchas de estas sustancias sintéticas en la lista oficial de sustancias prohibidas. El policonsumo de drogas (diferentes drogas o drogas con alcohol y otras sustancias) también se ha extendido con rapidez.

Evaluación del Bloque 3 / Tema 1e – Aplicación de la política de lucha contra las drogas El Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Lucha contra las Drogas 2011-2013 y el marco institucional se han aplicado bien y existe una buena cooperación entre organismos. La Comisión Nacional de Lucha contra las Drogas funciona correctamente y la Dirección de Lucha contra las Drogas del Ministerio del Interior está bien organizada y hace poco ha aumentado considerablemente sus capacidades de análisis a nivel operativo. Es necesaria una mayor participación de las ONG en actividades destinadas a reducir la demanda y los daños. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 50. Seguir redoblando esfuerzos para dotar a la policía de medios técnicos para identificar las sustancias que descubre en sus operaciones. 51. Lograr una mayor participación de las ONG dedicadas a actividades de lucha contra las drogas y tratamientos.

52. Aplicación de los convenios de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa en la materia, así como de las recomendaciones del GRECO en los ámbitos antes mencionados.

La Ley y la Estrategia para la prevención y lucha contra la delincuencia organizada son plenamente conformes con las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y sus Protocolos facultativos.

b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones

53. Prevenir y luchar contra la corrupción a todos los niveles y en todos los ámbitos.

Aplicada parcialmente (véase el criterio de referencia del PALV). Asimismo, con la ayuda del Proyecto contra la corrupción, el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la República de Moldavia (Molico) se elaboró una guía práctica para la investigación de la corrupción y delitos relacionados con la corrupción. Esta guía va dirigida a los fiscales e investigadores de la Oficina de la Fiscalía Anticorrupción, el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción, el Ministerio del Interior y el Servicio de Seguridad e Inteligencia.

54. Mejorar la recogida de datos sobre los delincuentes y GDO a nivel nacional, entre otras cosas creando y/o mejorando las bases de datos nacionales.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 17, 18 y 24 del presente informe.

55. Continuar los esfuerzos para mejorar los indicadores de datos y la recopilación de datos sobre delincuencia en todos los ámbitos de esta.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 17, 18 y 24 del presente informe.

56. Aplicar medidas de lucha contra la corrupción con carácter prioritario en todos los ámbitos, así como en lo que se refiere al Estado de Derecho en sentido amplio. Las autoridades nacionales deben tener capacidad para luchar contra la corrupción a todos los niveles (central, regional, local y sectorial), prestando una atención especial a las autoridades policiales y aduaneras.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 19 a 22 del presente informe.

57. Garantizar la protección efectiva de los testigos de tráfico de seres humanos y mejorar la protección, la asistencia y el apoyo a las víctimas de ese tráfico.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 18 y 19 del presente informe.

58. Es necesario acordar procedimientos de incautación de activos con las autoridades moldavas, a fin de recuperar los bienes robados o su beneficio y de reducir el poder financiero de los GDO, facilitando así su desmantelamiento.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 17, 22 y 23 del presente informe.

Bloque 3 / Tema 2 - Cooperación judicial en materia penal

a) Criterios de referencia del PALV

59. Aplicación de los convenios internacionales sobre cooperación judicial en materia penal (en particular los convenios del Consejo de Europa).

La República de Moldavia cuenta con un amplio marco jurídico actualizado para la cooperación judicial internacional en materia penal. La Ley de ratificación del segundo Protocolo adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre asistencia judicial en materia penal se adoptó el 26 de diciembre de 2012. Este marco, formado por varios instrumentos internacionales, regionales y nacionales, le permite solicitar y ofrecer cooperación internacional en materia penal de forma adecuada, de conformidad con las normas europeas. El marco jurídico abarca los ámbitos tradicionales de la cooperación, como la extradición, las comisiones rogatorias, la transferencia y asunción de procedimientos penales, las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias penales extranjeras y la solicitud de transferencia de reos. Este marco incluye algunas disposiciones sobre el uso de medios muy eficaces de investigación, como las vistas por videoconferencia, las observaciones transfronterizas, las entregas controladas, las operaciones encubiertas y los equipos conjuntos de investigación. Por ello, el marco jurídico es lo suficientemente sólido como para hacer frente a la creciente demanda de cooperación en la lucha contra los delitos más graves, como el terrorismo, la delincuencia organizada, el tráfico de drogas, la trata de seres humanos, la corrupción, el ciberdelito y el blanqueo de capitales.

Desde 2012, el representante de la Fiscalía de la República de Moldavia asiste a las reuniones plenarias del Comité de Expertos sobre el Funcionamiento de los Convenios Europeos en el Campo Penal (PC-OC) del Consejo de Europa.

Las solicitudes entrantes y salientes de cooperación internacional se canalizan a través de las autoridades centrales, la Oficina del Fiscal General y el Ministerio de Justicia, de conformidad con las normas establecidas en la Ley de enjuiciamiento criminal de acuerdo con la fase del procedimiento, ya sea la investigación penal o la condena después del juicio.

Ambas autoridades realizan sus tareas en coordinación con otros órganos e instituciones nacionales e internacionales. Cuentan con una dotación de personal adecuada, en particular los tribunales a raíz de varias decisiones adoptadas a principios de 2013 por el Alto Consejo de la Magistratura para aumentar el número de jueces de instrucción. Se presta una creciente atención a impartir la formación necesaria y prosiguen los esfuerzos para aumentar los recursos presupuestarios necesarios para ello.

Los datos estadísticos disponibles muestran que a los servicios de la Oficina del Fiscal General y del Ministerio de Justicia se les pide que tramiten un importante número de solicitudes de cooperación judicial internacional. En cuanto a la extradición, la asunción de procedimientos penales y las transferencias de procedimientos penales, la República de Moldavia formula al parecer más solicitudes de las que recibe. Durante el período 2009-2012 se pidió a la Oficina del Fiscal General que tramitara un promedio anual de 227 solicitudes salientes de extradición, pero tan solo un promedio de 27 solicitudes entrantes. La Oficina del Fiscal General tramitó en promedio 31 casos de asunción de procedimientos penales (solicitudes entrantes) y 11 solicitudes de transferencia de asuntos penales (solicitudes salientes). En cambio, en el apartado de las comisiones rogatorias, la República de Moldavia recibe más solicitudes de las que formula, ya que en el mismo período la Oficina del Fiscal General tramitó cada año una media de 494 solicitudes entrantes y 388 solicitudes salientes.

Asimismo, al Ministerio de Justicia se le pide permanentemente que tramite solicitudes, pero a una escala muy inferior con respecto a la Oficina del Fiscal General. En el período 2012-2013, el Ministerio de Justicia tramitó 71 solicitudes salientes de extradición y 12 solicitudes entrantes. El Ministerio de Justicia tramitó 14 casos de asunción de procedimientos penales (solicitudes entrantes) y ninguna solicitud de transferencia de asuntos penales (solicitudes salientes). En cuanto a las comisiones rogatorias, solo existen cifras totales en el caso del Ministerio de Justicia, a saber, 1 068 casos de solicitudes tanto entrantes como salientes en materia penal y civil, aunque los asuntos penales fueron ligeramente menos numerosos que los civiles.

Por otra parte, el Ministerio de Justicia es la única autoridad responsable de las solicitudes de reconocimiento y ejecución de sentencias penales y solicitudes de transferencia de reos. En el período 2012-2013, el Ministerio de Justicia tramitó 16 solicitudes entrantes y 12 solicitudes salientes de reconocimiento y ejecución de sentencias penales. Este Ministerio tramitó 390 solicitudes de transferencia de reos a la República de Moldavia y 21 solicitudes de transferencia de reos a países extranjeros.

Las estadísticas sobre extradición muestran que la Oficina del Fiscal General tramita un mayor número de solicitudes que el Ministerio de Justicia. Esta diferencia simplemente refleja el hecho de que las solicitudes relacionadas con asuntos que se encuentran en fase de investigación son mucho más numerosas que las relacionadas con los asuntos en fase de juicio (en relación con las competencias, véase más arriba).

En relación con la extradición, tanto la Oficina del Fiscal General como el Ministerio de Justicia denegaron un reducido número de solicitudes entrantes. En el período 2009-2012, la Oficina del Fiscal General denegó tan solo 15 solicitudes por motivos jurídicos, en su mayoría porque las personas buscadas eran nacionales de la República de Moldavia o debido a limitaciones legales. En el período 2012-2013, el Ministerio de Justicia solo denegó una solicitud por motivos jurídicos, ya que la persona buscada había recibido asilo. El reducido número de denegaciones puede considerarse un indicio de la disposición de la República de Moldavia a cooperar con terceros países.

El plazo medio constituye un importante indicador de resultado para evaluar la eficacia de la cooperación judicial internacional. El plazo de tramitación de la Oficina del Fiscal General y del Ministerio de Justicia[33] parece razonable y no supera la media de la UE.

60. Un alto nivel de eficacia en la cooperación judicial en materia penal de los jueces y fiscales con los Estados miembros de la UE.

La mayoría (aproximadamente dos terceras partes) de las solicitudes antes mencionadas estaban relacionadas con la CEI y tan solo menos de una tercera parte con los Estados miembros de la UE. Las autoridades de la República de Moldavia han garantizado una cooperación eficaz con las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE.

61. Celebración de un acuerdo de cooperación operativa con Eurojust.

Eurojust ultimó el Informe de evaluación de la República de Moldavia sobre protección de datos en el otoño de 2012 y comunicó al Consejo en noviembre de ese año la propuesta de iniciar negociaciones formales el 1 de febrero de 2013 para la celebración de un acuerdo de cooperación operativa. La primera ronda de negociaciones tuvo lugar el 10 de junio de 2013 y fue muy positiva, por consiguiente, se espera que las negociaciones finalicen pronto.

b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones

62. Reforzar el sistema judicial, incluida la cooperación judicial en materia penal, en particular, la asistencia jurídica recíproca.

La República de Moldavia realiza actualmente una amplia reforma de su sistema judicial, basada en la Estrategia y Plan de Acción 2011-2016, que incluye importantes cambios legislativos e institucionales. En septiembre de 2012 se creó un departamento para la ejecución de la reforma de la Oficina del Fiscal General, y el Consejo Superior de Fiscales aprobó en diciembre de 2012 el Programa de Desarrollo Estratégico de las Fiscalías para 2012-2014.

Evaluación del Bloque 3 / Tema 2 - Cooperación judicial en materia penal La República de Moldavia es un socio fiable y activo en el ámbito de la cooperación judicial internacional y su historial demuestra una gran disposición a cooperar con los Estados miembros de la UE y otros países. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 63. Continuar la mejora de la formación de jueces y fiscales en temas internacionales, incluido el necesario aumento de la financiación. 64. Seguir mejorando las estadísticas y registrarlas utilizando una lista de parámetros aplicables definidos de común acuerdo, si procede, entre la Oficina del Fiscal General y el Ministerio de Justicia.

Bloque 3 / Tema 3 - Cooperación entre órganos con funciones coercitivas

a) Criterios de referencia del PALV

65. Alto nivel de capacidades operativas y de investigación especial de los servicios con funciones coercitivas, y su uso coherente y eficiente para hacer frente a la delincuencia transfronteriza.

Desde la reforma del Ministerio del Interior de marzo de 2013, la Inspección Nacional de Investigación de la Policía está formada por direcciones especializadas (delitos graves, delincuencia organizada, fraude, drogas, unidad de intervención) y dos centros (trata de seres humanos y tecnologías de la información) que se ocupan, bajo un mismo techo, de todo el espectro de las actividades delictivas graves y organizadas. Tres subdivisiones regionales se encargan de cubrir toda la República de Moldavia. Estas informan a las direcciones centrales y realizan investigaciones de forma independiente.

La reforma impulsó una mejor cooperación entre los servicios policiales y los fiscales desde un punto de vista jurídico y técnico. En la Oficina del Fiscal General se creó una unidad especializada, la División de Control e Investigación de la Delincuencia Organizada, que tiene competencias en el ejercicio y gestión del procesamiento en casos de delincuencia organizada, en la representación de la acusación en los tribunales y en el control y coordinación de las actividades de las subdivisiones especiales encargadas de prevenir y luchar contra la delincuencia organizada. Por otra parte, la Oficina del Fiscal General cuenta con una división dedicada a la lucha contra la trata de seres humanos y otra para luchar contra el ciberdelito.

En diciembre de 2012 entró en vigor una nueva ley sobre actividades especiales de investigación, y en abril de 2012 se adoptaron algunas enmiendas a la Ley de enjuiciamiento penal. Estas dos leyes armonizan la legislación existente con las nuevas disposiciones relativas a la lucha contra la delincuencia transfronteriza y los equipos conjuntos internacionales de investigación, revisan la legislación nacional sobre intercepción de conversaciones telefónicas y la legislación aplicable en el marco del Convenio de cooperación policial con Europa Sudoriental.

El marco legal vigente prevé un sistema más adecuado y legítimo para utilizar medidas especiales de investigación, reguladas en la ley y bajo el control del fiscal y la autoridad judicial. Las disposiciones jurídicas coinciden con las normas jurídicas internacionales y de la UE y ponen una amplia gama de instrumentos de investigación a disposición de los servicios de investigación. Varios asuntos penales se han resuelto gracias a estas medidas, y los investigadores y fiscales parecen tener una visión e idea claras de cuándo es práctica y legalmente adecuado utilizar dichos instrumentos.

El equipo de intercepción y grabación de conversaciones, ya sea de conversaciones telefónicas o de conversaciones personales, está situado en las instalaciones del Servicio de Inteligencia y Seguridad y bajo su custodia. Este Servicio se encarga de recibir las señales de la empresa telefónica o de los dispositivos de escucha y transfiere las señales a los servicios de investigación para que realicen sus actividades. El sistema actual crea una situación en la cual los agentes que realizan otras funciones (como las de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad del Estado) tienen a su disposición y controlan datos que pertenecen a una investigación penal regulada por la Ley de enjuiciamiento penal.

La falta de control en Transnistria menoscaba hasta cierto punto los esfuerzos de la República de Moldavia encaminados a garantizar el orden y la seguridad públicos. El contrabando de mercancías es la actividad ilegal más frecuente y sus efectos se han limitado gracias a la presencia de EUBAM. En estos momentos no existe una cooperación policial de carácter oficial entre Chisináu y Tiraspol.

66. Alto nivel de eficacia de la cooperación entre los órganos nacionales con funciones coercitivas —en particular guardias de fronteras, policía, funcionarios de aduanas— así como de la cooperación con las autoridades judiciales.

En 2012, la República de Moldavia introdujo un instrumento para la cooperación judicial y policial internacional: los equipos conjuntos de investigación (ECI). Su base jurídica es el artículo 19 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional [34], denominada igualmente Convención de Palermo, que entró en vigor tras su ratificación en la República de Moldavia el 16 de septiembre de 2005. La legislación moldava, de conformidad con las disposiciones de la UE, establece las condiciones generales para la creación de estos equipos. El modelo que utilizan las autoridades moldavas se basa en la Decisión marco del Consejo de la UE y la Resolución del Consejo de la UE sobre los ECI.

No se han observado obstáculos o deficiencias importantes de comunicación en las relaciones entre la policía y la fiscalía. La cooperación existente es buena y existe una clara división de competencias entre la policía y la fiscalía. Los casos estudiados ponen de manifiesto un conocimiento amplio y efectivo de los procedimientos penales y técnicas de investigación por ambas partes. Habrá que aplicar y aprovechar el sistema recién establecido con la reforma del Ministerio del Interior. Otra medida para intensificar la cooperación entre organismos fue la creación en febrero de 2013 de una unidad de control[35] e investigación en la Oficina del Fiscal General, especializada en delincuencia organizada, formada por diez fiscales con al menos diez años de experiencia.

Un tema delicado son las competencias del Fiscal General. El Fiscal General, aparte de dirigir el principal servicio de acusación y de encargarse de los casos delictivos más graves, tiene la facultad de «atraer», es decir, de asumir la responsabilidad de un caso encargado a un fiscal de rango inferior. Esta facultad, contemplada en todos los marcos legislativos con fines de coordinación y sustitución en caso de «pasividad», puede limitar en gran medida la independencia y autonomía de los fiscales, y debe ejercerse con gran cautela y restricción. Se han expresado algunas objeciones que piden que esa facultad se limite o se regule mejor.

Otras formas de cooperación interinstitucional entre los órganos con funciones coercitivas, incluso en el ámbito de la prevención y lucha contra la corrupción, se basan en sistemas de intercambio de información. Desde julio de 2008 la Oficina del Fiscal General, el Servicio de Aduanas y el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción comparten un Sistema Automático Integrado de Información sobre pruebas de los delitos, asuntos penales y autores de delitos.

67. Refuerzo de los acuerdos operativos bilaterales y multilaterales entre órganos con funciones coercitivas, incluso compartiendo puntualmente información con las autoridades competentes de los Estados miembros de la UE.

Como consecuencia de la reforma en curso en el Ministerio del Interior, a principios de 2013 se creó un nuevo Centro de Cooperación Policial Internacional (CCPI). El CCPI reúne tres subdivisiones del Ministerio del Interior que tienen competencias en materia de cooperación policial internacional: el punto nacional de contacto con Interpol, el Centro virtual nacional SELEC/GUAM y el punto nacional de contacto con Europol. Ahora todas las oficinas y unidades encargadas de la cooperación policial internacional están unificadas en una sola estructura y situadas en las mismas instalaciones.

Interpol es el centro de cooperación policial internacional dentro del Ministerio del Interior y está conectado con el Ministerio de Justicia, el Servicio de Aduanas, el Servicio de Seguridad e Inteligencia, la Oficina del Fiscal General, la Policía de Fronteras y el Centro Nacional de Lucha contra la Corrupción. La oficina de Interpol recibe y envía todas las solicitudes internacionales de información relacionadas con las bases de datos de Interpol y está conectada a diversas bases de datos y registros de la República de Moldavia. El flujo de información entrante es estable y el volumen de la información saliente va en aumento. Los funcionarios y especialistas de la unidad son muy conscientes de su mandato y misión.

Parte de este sistema más amplio de cooperación policial internacional es la unidad GUAM, que se encarga del intercambio diario de información entre Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y la República de Moldavia. La República de Moldavia intercambia una notable cantidad de información con estos países a través de esta unidad. Las autoridades moldavas participan en los trabajos del SELEC (Centro de Aplicación de la Ley de Europa Sudoriental) y han enviado a dos funcionarios de enlace a dicho centro; aparte del intercambio de información, muchas operaciones conjuntas se planifican y ejecutan con países del SELEC. La República de Moldavia ha enviado a un funcionario de enlace a la Oficina de Coordinación de la Lucha contra la Delincuencia Organizada dentro de la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

La Oficina del Fiscal General de la República de Moldavia ha firmado acuerdos de cooperación con instituciones similares de Rumanía, Ucrania, China, Turquía, Irlanda, Hungría, Italia y Corea del Sur. En 2012, la Oficina del Fiscal General de la República de Moldavia firmó acuerdos y memorandos de cooperación con: la Dirección de Investigación del Crimen Organizado y el Terrorismo (Diicot) de Rumanía, la Oficina del Fiscal Federal del Reino de Bélgica, la Oficina del Fiscal General de Armenia y el Ministerio de Justicia de Georgia. Actualmente se negocian acuerdos bilaterales con Azerbaiyán, la Federación de Rusia, Belarús, los países bálticos y Bulgaria.

Dos ejemplos de éxito de la reciente cooperación policial internacional son la detención de un peligroso delincuente moldavo en Verona (Italia) con el apoyo de la Oficina Nacional Central de Interpol en Roma y los Carabineros de Verona, y una importante entrevista en vídeo de una víctima de trata.

El Servicio de Aduanas de la República de Moldavia firmó en mayo de 2013 un memorando de entendimiento mutuo con la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Este memorando contempla el fomento de la cooperación, el intercambio mutuo de información y operaciones conjuntas contra delitos transfronterizos.

68. Celebración de un acuerdo de cooperación operativa con Europol.

Tras firmar un acuerdo estratégico con Europol en 2007 se creó un punto nacional de contacto con Europol para intercambiar información estratégica y técnica con esta Agencia de la UE. Un funcionario de enlace moldavo será destinado a Europol en La Haya a finales de julio de 2013, a raíz de la firma del acuerdo de enlace a principios de 2013. La fase de preparación para la firma de un Acuerdo de cooperación operativa con Europol ya está en curso y la República de Moldavia está a la espera de una visita de estudio de Europol para evaluar su régimen de protección de datos.

b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones

69. Hay que mejorar la cooperación entre las autoridades moldavas y de los Estados miembros, compartiendo también información con Europol.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 29 y 30 del presente informe.

70. La cooperación entre las autoridades moldavas y sus homólogos de los Estados miembros de la UE para la protección y asistencia debe consolidarse, incluida la identificación y orientación de víctimas del tráfico de seres humanos y su retorno seguro.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 18, 29 y 30 del presente informe.

71. Hay que desarrollar de forma periódica las evaluaciones de amenazas y el intercambio de información sobre formas graves de delincuencia, bajo la égida de Europol, y, cuando proceda, con el apoyo de los canales de Interpol. Se deben recopilar datos comparativos sobre delincuencia con arreglo a indicadores definidos en común.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 29 y 30 del presente informe.

72. Es necesario reforzar el intercambio de mejores prácticas y de formación de los servicios con funciones coercitivas.

Véanse los criterios de referencia del PALV en las páginas 29 y 30 del presente informe.

Evaluación del Bloque 3 / Tema 3 - Cooperación entre órganos con funciones coercitivas Las disposiciones jurídicas, que son conformes a las normas europeas, ponen un amplio espectro de instrumentos especiales de investigación a disposición de los servicios de investigación. Todas las autoridades con funciones coercitivas están equipadas para mejorar la cooperación internacional y se dedican a ello, y un acuerdo operativo con Europol mejorará en gran medida estas perspectivas. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 73. Seguir desarrollando vínculos sólidos entre la unidad de lucha contra la delincuencia organizada regional y transnacional de la Policía con sus entidades homólogas en la UE, en la región y con Europol. 74. Seguir realizando la planificación conjunta de medidas e investigaciones coordinadas entre la Inspección Nacional de Patrullas y la Policía de Fronteras, en particular para la ejecución de medidas especiales de investigación, como las entregas controladas. 75. Intensificar la cooperación con las autoridades fronterizas y con funciones coercitivas de Ucrania, con el apoyo de EUBAM. Estimular vínculos operativos e intercambios de información entre Chisináu y Tiraspol, sin prejuicio del proceso 5+2.

Bloque 3 / Tema 4 - Protección de datos

a) Criterios de referencia del PALV

76. Aplicación de la legislación en materia de protección de datos personales; garantizar el funcionamiento eficiente de la autoridad independiente de supervisión de la protección de datos, incluso a través de la asignación de los recursos financieros y humanos necesarios.

El marco legislativo de protección de datos, revisado en abril de 2012, concuerda con las normas europeas, incluido el acervo de la UE, en particular la Directiva 96/46/CE. La ley establece los derechos de las personas cuyos datos personales son procesados y se aplica, entre otras cosas, al tratamiento de datos por parte de empresas, administraciones públicas y el sector policial (excepto los datos clasificados como «secreto de Estado»).

La ley encomienda la importante responsabilidad de supervisar el cumplimiento de las normas en materia de protección de datos personales a una autoridad independiente: el Centro Nacional de Protección de Datos Personales (CNPDP). El Informe del CNPDP de 2012, publicado en su sitio web multilingüe de fácil uso, demuestra la gran variedad de sus actividades, presenta el excelente historial de la aplicación de la legislación sobre protección de datos e indica que el Centro cumple la tarea de realizar controles sobre la legalidad del tratamiento de datos personales y de educar a los controladores de datos de otras instituciones. Los procedimientos para la notificación del tratamiento de datos se encuentran bien establecidos.

La estructura del Centro, aprobada por ley en 2008, impone un personal máximo de 21 personas. El Centro cuenta actualmente con 16 empleados y recibe recursos financieros suficientes. En 2012, el Centro realizó 82 controles y, como consecuencia de estos, emitió 6 decisiones de suspensión de operaciones de tratamiento de datos personales, 1 decisión de cese de operaciones de tratamiento de datos personales e inició 4 procedimientos de infracción por la negativa de las autoridades a revelar información considerada indebidamente clasificada. Al tener competencias legales para investigar las denuncias presentadas por titulares de datos personales, el personal del Centro examinó 214 peticiones y otras reclamaciones en 2012 (casi 3 veces más en comparación con 2011 y 10 veces más respecto a 2010), de las cuales aceptó 98 y rechazó 5; se dieron explicaciones en 111 casos y en otros 6 se incoaron acciones legales en tribunales administrativos por la negativa de las autoridades a revelar información considerada indebidamente clasificada. Asimismo, en 2012, el Centró revisó 41 proyectos de actos jurídicos y normativos adoptados por otras autoridades para comprobar que cumplían los principios de la protección de datos personales.

Evaluación del Bloque 3 / Tema 4 - Protección de datos La legislación se aplica de conformidad con las normas europeas, incluido el acervo de la UE sobre protección de datos. El Centro Nacional de Protección de Datos Personales es independiente y funciona correctamente. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 77. En caso de llevarse a cabo una nueva revisión legislativa, habría que contemplar la posibilidad de modificar la legislación para incluir formalmente la función de consulta previa entre las tareas del Centro. 78. Continuar activamente el seguimiento de los asuntos pendientes ante los tribunales a fin de clarificar la aplicación de la ley cuando el tratamiento de los datos personales es realizado por un órgano con funciones coercitivas. Redoblar esfuerzos para dar a conocer al público las normas aplicables a la protección de datos en las comunicaciones electrónicas.

Evaluación general del Bloque 3

La Comisión considera que la República de Moldavia cumple ampliamente los criterios de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 3. Es necesario aplicar plenamente varias recomendaciones a fin de cumplir todos los criterios de referencia.

Bloque 4: Relaciones exteriores y derechos fundamentales

a) Criterios de referencia del PALV

79. Garantizar que la libertad de circulación dentro de la República de Moldavia de sus ciudadanos y de los extranjeros o apátridas que residan legalmente en ella no sea objeto de restricciones injustificadas, incluidas las medidas discriminatorias por cualquier motivo, como el sexo, la raza, el color, el origen étnico o social, las características genéticas, el estado de salud (incluido el VIH/sida), la lengua, la religión o las creencias, las opiniones políticas o de otro tipo, la pertenencia a una minoridad nacional, la propiedad, el nacimiento, la discapacidad, la edad o la orientación sexual.

Como se refleja en los criterios de referencia del PALV, las restricciones a la libertad de circulación dentro de la República de Moldavia de sus ciudadanos y de extranjeros o apátridas que residan legalmente en ella hacen referencia al procedimiento de registro y eliminación del registro. En aplicación de la Ley de extranjería de 2010 se estableció un nuevo marco institucional para gestionar a los inmigrantes extranjeros que residen legalmente en el país. En el Ministerio del Interior se creó una Oficina de Migración y Asilo (OMA), con lo que se introdujo una «ventanilla única» para recibir, tramitar y expedir rápidamente los permisos de residencia y documentos de identidad a extranjeros residentes legalmente en el país, así como para ocuparse de los procedimientos de invitación, autorización de repatriación y prórroga de visados. El 10 de diciembre de 2012, el servicio de entrega de documentación a ciudadanos extranjeros abrió dos oficinas regionales: una en Balti (Servicio Regional del Norte), que previsiblemente prestará servicio a un 13 % de los extranjeros que viven en el país, y otra en Comrat (Servicio Regional del Sur), que prestará servicio a un 11 % de ellos. La sede de la OMA en Chisináu sigue prestando servicio a los extranjeros que viven en la capital y la parte central del país.

De manera similar, el Plan de Acción aprobado por el Gobierno el 9 de noviembre de 2011 para simplificar las condiciones para la inmigración de extranjeros por motivos de trabajo y para facilitar la solicitud de residencia de inversores extranjeros (Decreto nº 106) se tradujo en 2012 en importantes enmiendas legislativas a la Ley de extranjería de 2010, la Ley de migración laboral de 2008 y la Ley del VIH de 2007. Estas enmiendas eliminaron disposiciones discriminatorias anteriores y abolieron de forma efectiva las restricciones de viaje y residencia permanente para extranjeros con el VIH/sida. Asimismo, las enmiendas a la Ley del VIH se concentran en medidas preventivas destinadas a reducir la vulnerabilidad de las mujeres a la infección por VIH, en particular mediante la promoción de programas a nivel nacional y medidas en apoyo de la educación y la igualdad de género. Se introdujeron igualmente medidas para garantizar la confidencialidad de los datos médicos por parte de las instituciones de atención sanitaria, y la protección de los datos personales de las personas infectadas por el VIH por parte de la administración pública.

80. Acceso pleno y efectivo a documentos de viaje e identidad para todos los ciudadanos moldavos, incluidas las mujeres, niños, personas con discapacidad, personas pertenecientes a minorías y otros grupos vulnerables.

Se han adoptado medidas concretas para facilitar la expedición de documentos de identidad a jóvenes y grupos sociales vulnerables. En 2009, el Gobierno decidió que la primera solicitud de tarjeta de identidad sería gratuita (Decisión nº 844 de 18 de diciembre de 2009). Cada año, en los meses de abril y mayo, tiene lugar una campaña de información («Tarjetas de identidad para los ciudadanos jóvenes»). En 2011, 6 699 personas recibieron sus primeros documentos de identidad. Desde ese año, el Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones lleva un registro y realiza análisis de los casos de denegación de documentos de identidad; esta evaluación, que se utiliza como orientación para aplicar medidas destinadas a facilitar el acceso a documentos de identidad para todos los ciudadanos moldavos, se realiza cada tres meses.

Entre las categorías de personas que se benefician de un acceso facilitado a documentos de identidad se encuentran las personas con discapacidades graves, acentuadas o de grado medio, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial y personas asimiladas, los liquidadores del accidente de Chernóbil y personas asimiladas, y las personas heridas durante el conflicto militar de Transnistria. La primera documentación de identidad para estas categorías puede expedirse gratuitamente; este beneficio es permanente para las personas con discapacidad. La primera tarjeta de identidad y pasaporte también se expiden gratuitamente a las víctimas de las inundaciones del verano de 2010 (beneficio por una sola vez), los donantes de sangre o componentes sanguíneos (beneficio por una sola vez) y los bebés de hasta un año que deban recibir tratamiento médico en el extranjero, previa autorización del Ministerio de Salud (se prevé un procedimiento acelerado para estos casos).

En enero de 2012 se crearon oficinas móviles de documentación y se estableció la entrega a domicilio de documentos de identidad para personas con discapacidad. Los servicios móviles son gratuitos para los niños menores de un año que necesiten recibir tratamiento médico en el extranjero (mediante recomendación del Ministerio de Salud) y para personas con discapacidad grave (mediante recomendación del Ministerio de Salud o el Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia). En 2012, las oficinas móviles de documentación expidieron 155 documentos de identidad, y se entregaron a domicilio 108 documentos.

En relación con los apátridas, los obstáculos restantes para la obtención de la nacionalidad (basados en el encarcelamiento previo por delitos premeditados o procesamiento penal durante el examen de la solicitud) fueron suprimidos mediante enmiendas a la Ley de ciudadanía de 2000, adoptadas el 9 de junio de 2011. Del 1 de mayo de 2011 al 31 de marzo de 2013, 52 apátridas obtuvieron la nacionalidad moldava.

En cuanto a las minorías étnicas, las autoridades moldavas han logrado adoptar a lo largo del tiempo una serie de medidas relativamente eficaces para poner en práctica la política de integración de la sociedad multiétnica moldava. Desde 2009, los Programas de actividades del Gobierno para los períodos 2011-2014 y 2013-2015, intitulados «Integración europea: libertad, democracia, bienestar», incluyen un capítulo específico sobre «Minorías nacionales», en el que el Gobierno se compromete a alcanzar los siguientes objetivos: mantener y desarrollar el patrimonio cultural y lingüístico de todas las personas pertenecientes a minorías nacionales, aplicar una política estatal coherente y multidimensional respecto a las personas pertenecientes a minorías nacionales, y revisar el marco jurídico a fin de facilitar la integración de las personas pertenecientes a minorías nacionales en la vida social, administrativa, cultural, política y económica del país.

Los recientes avances hacia estos objetivos, como los primeros pasos del sistema educativo hacia la educación multilingüe (por ejemplo, en la Región autónoma de Gagauzia) a menudo se han logrado en cooperación con organismos internacionales de supervisión (como el Comité consultivo del Convenio marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa) y a pesar de un marco jurídico relativamente desfasado (la Ley del uso de las lenguas en el territorio de la República de Moldavia data de 1989 y la Ley de derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales de 2001). La República de Moldavia ratificó en 1996 el Convenio marco para la protección de las minorías nacionales del Consejo de Europa, y hasta ahora se ha limitado a firmar, en 2002, la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias (en lo sucesivo «la Carta»). No obstante, en febrero de 2012 se impuso una nueva dinámica, cuando el Gobierno creó un Grupo de Trabajo sobre la ratificación de la Carta, con el fin de iniciar la redacción del instrumento de ratificación correspondiente. Desde entonces, las autoridades, representadas por la Oficina de Relaciones Interétnicas, han hecho una estimación preliminar del coste de la ratificación y trabajan activamente a favor de esta última.

En lo que respecta en particular a la minoría romaní (que representa un 0,4 % de la población según el censo de 2004), el Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones ha llevado a cabo un programa de trabajo sistemático para identificar las zonas de residencia y refinar la información estadística sobre la población romaní en el Registro Estatal de Población (en lo sucesivo el «Registro»). El término «romaní» fue introducido en el Registro como opción para la «pertenencia étnica», facilitando así a los miembros de esta minoría identificarse y declararse (anteriormente, la única propuesta de identificación era la de «gitano», que para muchos tiene un significado peyorativo).

Por otra parte, como la falta de documentos tiene un efecto negativo en el goce de los derechos sociales y económicos, las autoridades moldavas tienen la intención de resolver este problema mediante la expedición de documentos de identidad a todos los romaníes residentes en la República de Moldavia. En 2012, el Gobierno exentó a los ciudadanos de etnia romaní de las tasas de expedición durante un período de seis meses a partir del 1 de octubre de 2012 (Decisión nº 497 de 6 de julio de 2012). Posteriormente se celebraron cuatro campañas de información a través de administraciones públicas locales, instituciones educativas, ONG romaníes y medios electrónicos de comunicación para alentar a la población romaní a solicitar documentos de identificación y prestaciones sociales. Gracias a estas medidas se entregaron tarjetas de identidad nuevas a 959 personas. En total se expidieron 2 521 documentos de identidad a personas de etnia romaní en 2012; en aplicación del Plan de Acción de Apoyo a la Población Romaní, el proceso de expedición de documentos de identidad a esta población (pruebas y documentaciones) es supervisado en permanencia por las subdivisiones territoriales del Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones.

En relación con el registro de recién nacidos, el Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones (Orden Común nº 114/476 de 12 de diciembre de 2008) ha establecido un mecanismo para expedir actas de nacimiento en los establecimientos médicos, y creó oficinas para el posterior registro de niños en maternidades, en particular para evitar que se dejara de registrar a los recién nacidos de etnia romaní.

81. Aplicación efectiva de la legislación y las políticas contra la discriminación, aplicación de los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas y el Consejo de Europa.

La Ley de garantía de la igualdad de 25 de mayo de 2012 entró en vigor el 1 de enero de 2013. Esta Ley, acompañada por un paquete de actos legislativos, entre ellos la Ley de inclusión social de las personas con discapacidad y enmiendas al Código Penal, adoptadas oportunamente por el Parlamento, y sus actos de ejecución, constituye la piedra angular del marco de lucha contra la discriminación de la República de Moldavia. No obstante, pudo observarse que las autoridades moldavas aplicaron sin demora un sólido programa de acciones e iniciativas para promover y explicar el contenido del nuevo marco jurídico a magistrados, abogados, funcionarios policiales y judiciales, y el público en general. Los resultados de estos esfuerzos ya pueden observarse, en buena parte gracias a la participación desde una fase temprana de instituciones relevantes y competentes, como los Defensores del Pueblo / Centro de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Justicia, algunas de ellas en asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y la ayuda de varias ONG y socios internacionales. En noviembre de 2012, el Instituto Nacional de Justicia impartió cursos regionales de formación a 255 jueces y 42 fiscales sobre «Interpretación y aplicación de la Ley de garantía de la igualdad». Se han programado nuevos cursos de formación para el año en curso.

A petición del Ministerio de Justicia, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos celebró el 6 de diciembre de 2012, en colaboración con el Instituto Nacional de Justicia, un curso piloto de formación para 30 jueces y fiscales. Para 2013 se prevén seis seminarios de formación, de los cuales tres ya se han celebrado (90 jueces y fiscales). Por otra parte, el Centro de Juristas, en colaboración con el Colegio de Abogados, organizó en 2013 una serie de cursos de formación para 200 abogados (de todas las regiones de la República de Moldavia) sobre las disposiciones nacionales e internacionales en materia de no discriminación, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en este ámbito y la prestación de asistencia jurídica a las víctimas de discriminación. Esta iniciativa tuvo lugar en el marco de un proyecto («Consolidar el conocimiento de los juristas sobre casos de discriminación») financiado por la Fundación Soros, que concluyó con una conferencia a nivel nacional sobre «El papel de los abogados en la lucha contra la discriminación: la experiencia práctica europea» (19 de abril de 2013).

Las autoridades moldavas también han realizado esfuerzos significativos para poner en funcionamiento un elemento importante para la aplicación de la Ley de garantía de la igualdad, a saber, el Consejo de Igualdad. El funcionamiento eficaz del Consejo y su capacidad para llevar a cabo sus funciones de forma independiente e imparcial constituyen componentes claves del proceso de aplicación. Dos de sus miembros fueron designados el 7 de marzo y los tres restantes lo fueron el 10 de junio. En el diálogo sobre derechos humanos entre la UE y la República de Moldavia celebrado el 16 de abril de 2013, las autoridades moldavas confirmaron su compromiso de poner en funcionamiento el Consejo de Igualdad a más tardar en el otoño de 2013. El Ministerio de Justicia prevé que el presupuesto del Consejo de Igualdad permitirá contratar a 20 empleados a tiempo completo en la fase inicial.

En 2012, la República de Moldavia reconoció la competencia del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Racial para recibir comunicaciones de personas o grupos de personas en virtud del artículo 14 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial. A raíz de la adopción de la Ley de garantía de la igualdad, las autoridades moldavas estudian la posibilidad de ratificar igualmente el Protocolo nº 12 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.

Aparte de la Ley de garantía de la igualad, en 2012 se adoptaron otras reformas importantes para garantizar que el marco legislativo relativo a la no discriminación sea conforme a las normas internacionales y europeas. Se modificó la Ley del VIH de 2007 con un doble objetivo: a) eliminar las disposiciones discriminatorias contra las personas afectadas por el VIH en diversos ámbitos, incluida la abolición de las restricciones de viaje y residencia permanente para extranjeros, y b) reforzar la protección de la vida privada y la confidencialidad. Estas enmiendas se aplican de forma efectiva.

Asimismo, entró en vigor la Ley de inclusión social de las personas con discapacidad (Ley nº 60 de 30 de marzo de 2012), con lo que el marco jurídico moldavo se ajustó a las obligaciones resultantes de la ratificación de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad. Esta nueva ley de gran alcance se aplica no solo a los ciudadanos moldavos, sino también a los ciudadanos extranjeros con discapacidad que tengan su residencia legal en la República de Moldavia. La ley prevé la cooperación entre el Estado y la sociedad civil. Según esta última, las autoridades moldavas trabajan activamente en la aplicación de medidas encaminadas a pasar de un modelo «médico» a un modelo «social» para determinar y ocuparse de las discapacidades y derechos de estas personas, y en la asignación de los recursos presupuestarios necesarios.

No obstante, ya se han adoptado varias medidas para aplicar las disposiciones de la Ley nº 60 relativas a la integración en el ámbito del empleo (capítulo V) y en particular la disposición consistente en establecer la obligación de que las empresas medianas y grandes (con más de 20 trabajadores) contraten a un 5 % de asalariados con discapacidad provistos de una recomendación de empleo del Consejo Nacional para determinar la Discapacidad y la Capacidad Laboral. El Ministerio de Trabajo, Protección Social y Familia puso en marcha la selección de 43 funcionarios para todas las oficinas locales de la Agencia Nacional de Empleo con el fin de prestar asistencia personalizada a personas con discapacidad en el proceso de búsqueda de empleo, con la participación de asociaciones ad hoc, sindicatos y empresarios.

El Parlamento adoptó el 26 de diciembre de 2012 la Ley nº 306 por la que se enmiendan y completan algunos actos jurídicos, que introduce en el Código de infracciones las nuevas faltas administrativas de discriminación laboral, discriminación educativa y discriminación en el acceso a los bienes y servicios públicos.

Además se revisó la legislación penal relativa a los «delitos de intolerancia». El artículo 176 del Código Penal («violación de la igualdad») se reformuló para definir mejor los elementos que constituyen este delito («distinción, exclusión, restricción o preferencia» en lugar del término poco preciso «violación»). No obstante, algunos aspectos deben ajustarse a las normas de especificidad y previsibilidad. Por otra parte, los órganos con funciones coercitivas y las autoridades judiciales aplican en muy pocas ocasiones la legislación penal relativa a los «delitos de intolerancia». En cambio, los litigios judiciales en asuntos civiles reflejan una activa dinámica en la sociedad moldava, lo que refleja la política proactiva del Gobierno, con la aparición de una serie de litigios iniciados por la sociedad civil e instituciones estatales en casos de discriminación, que han dado lugar a resoluciones de los tribunales nacionales que han sentado precedente y han sensibilizado al público en general acerca de esta cuestión.

Asimismo, tras la resolución de junio de 2012 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el asunto Genderdoc-M (solicitud nº 9106/06), las autoridades centrales y el ayuntamiento de Chisináu se mostraron dispuestas a garantizar el derecho a la libertad de reunión de la comunidad LGBTI, como quedó patente durante las manifestaciones de dicha comunidad celebradas el 14 de febrero y el 19 de mayo de 2013. Estas manifestaciones fueron las primeras de la historia de la República de Moldavia que tuvieron lugar en condiciones de seguridad, bajo la protección efectiva de la policía.

Cabe mencionar igualmente una medida positiva relacionada con la condición de las personas transexuales y de su derecho al reconocimiento legal del cambio de nombre y sexo. El 2 de noviembre de 2012, el Tribunal Supremo de Justicia dictó sus «Recomendaciones nº 16» sobre el procedimiento de examen de reclamaciones relativas a la rectificación de las actas del Registro Civil tras una cirugía de cambio de sexo. Estas recomendaciones reflejan correcta y expresamente la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que establece que la negativa a reconocer el sexo postoperatorio en el registro civil constituye una violación del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (derecho al respeto de la vida privada y familiar). Aunque loable, este esfuerzo no parece resolver la totalidad del problema, ya que otras disposiciones jurídicas siguen dando motivos a las oficinas del Registro Civil para negarse a modificar el estado civil de una persona tras su cambio de sexo, por lo que esta debe impugnar dicha decisión en los tribunales.

En el ámbito judicial, como consecuencia del acalorado debate público que tuvo lugar en 2011 y 2012, y como indicio de una sociedad moldava más activa y dinámica en cuestiones de discriminación, en 2012 se produjo un considerable aumento de los litigios en esta materia. Algunos asuntos vinieron a clarificar los límites de la libertad de expresión en el caso de la «incitación al odio», entre otros, en casos de difamación y declaraciones incendiarias contra la población romaní y la comunidad LGBTI o la publicación en sitios web de «listas negras» de personalidades públicas «promotoras de la homosexualidad». Es importante destacar que los tribunales resolvieron estos casos de conformidad con las normas internacionales y europeas en lo que se refiere a los límites legítimos de la libertad de expresión en casos de difusión de expresiones de odio contra comunidades étnicas, religiosas o sociales («incitación al odio»); en algunos casos, también decidieron conceder una compensación moral a los demandantes.

Asimismo, el Tribunal de Apelación de Chisináu rechazó una demanda presentada por una organización religiosa contra la decisión de Teleradio Moldova de emitir un documental sobre los derechos humanos de la comunidad LGBTI, en la que el demandante intentaba «imponer una limitación a la libertad de expresión y opinión en un tema relacionado con los derechos de las minorías sexuales». También resulta elocuente la reacción provocada por organizaciones civiles y autoridades públicas, así como por las medidas discriminatorias contra miembros de la comunidad LGBTI y de minorías religiosas, adoptadas por algunos consejos locales, incluido el Ayuntamiento de Balti. El 28 de febrero de 2013, el Tribunal de Apelación de Balti dictaminó que la creación por este último de una «zona de apoyo especial de la Iglesia Ortodoxa Moldava» y la prohibición de la «propaganda agresiva de orientación sexual no tradicional» constituían una violación de los derechos humanos. En lo que se refiere a las decisiones discriminatorias adoptadas por otros consejos locales, la Cancillería del Estado notificó a las autoridades interesadas que sus decisiones eran ilegales e inició las acciones legales correspondientes. Como consecuencia, todas las decisiones de los ayuntamientos fueron anuladas por las autoridades que las habían dictado o fueron declaradas ilegales por los tribunales competentes. Los Defensores del Pueblo siguen el mismo enfoque en el caso de la Ley «de garantía de los principios de igualdad, equidad y objetividad», adoptada el 30 de abril de 2013, por la Asamblea Popular de la Región autónoma de Gagauzia, que cuestiona algunos de los derechos consagrados en la Ley de garantía de la igualdad, en particular los derechos de empleo de los miembros de la comunidad LGBTI.

82. Aplicación efectiva del Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos para luchar contra la discriminación (incluida la asignación de recursos adecuados); campañas generales de sensibilización contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y otras formas de discriminación; fortalecimiento de los órganos responsables de la política contra la discriminación y la lucha contra el racismo, la xenofobia y el antisemitismo.

El 27 de diciembre de 2012, el Parlamento adoptó varias enmiendas al Plan Nacional de Acción sobre Derechos Humanos (en lo sucesivo «el Plan de Acción»), elaboradas junto con las autoridades y la sociedad civil, a fin de tener en cuenta nuevos acontecimientos, como el resultado del examen periódico universal (informe final de marzo de 2012) y otras recomendaciones internacionales. A raíz de este ejercicio se incluyeron nuevos capítulos, como la prevención y lucha contra la discriminación; la libertad de pensamiento, conciencia y religión; y los derechos de los apátridas, migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. En el diálogo sobre derechos humanos entre la UE y la República de Moldavia celebrado el 16 de abril de 2013, las autoridades moldavas confirmaron la prioridad que conceden a seguir aplicando el Plan de Acción —con una financiación adecuada— y a su seguimiento.

Este último es coordinado por un órgano ad hoc, la Comisión Nacional para la Aplicación del Plan de Acción para los Derechos Humanos (en lo sucesivo «la comisión nacional»), con el apoyo técnico del Ministerio de Justicia, así como por el Comité Parlamentario Permanente de Derechos Humanos. Se basa en una serie de indicadores de resultados e incluye una evaluación cualitativa y un mecanismo para recibir observaciones; se observó que el 85 % de las acciones previstas para 2012 se habían completado o estaban en curso al final del año. La comisión nacional solicitó una mayor participación de los 35 consejos de distrito del país. Asimismo añadió un capítulo financiero por separado al Plan de Acción, en el que se pide a las autoridades nacionales y locales que indiquen las fuentes de financiación, ya sean internas o externas, asignadas o necesarias para garantizar su plena aplicación. La cooperación con socios nacionales e internacionales sigue siendo un factor importante para la aplicación del Plan de Acción. Hace poco, las autoridades moldavas decidieron invitar a representantes del Consejo de Europa, las Naciones Unidas, la UE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y ONG nacionales e internacionales a participar en la comisión nacional.

El Plan Nacional de Acción en Apoyo de la Población Romaní 2011-2015, revisado en 2012 en consulta con socios internacionales, representa un avance decisivo en las políticas de la República de Moldavia dirigidas a la población romaní, pues se centra en la inclusión social, en lugar de limitarse a promover la cultura romaní. La institucionalización de los mediadores de la comunidad romaní es un paso importante hacia una mayor integración de esta población. La labor de la red de mediadores de la comunidad romaní, que ahora figuran en la nómina del presupuesto de la República de Moldavia, debe ser determinante para la estrategia elegida de inclusión social, que se basa en la combinación de esfuerzos de las autoridades centrales y locales, la participación activa de la sociedad civil y organizaciones internacionales (como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)) y una dotación financiera adecuada. Se han designado 15 mediadores de la comunidad romaní, que son financiados con cargo al presupuesto del Estado. Se prevé que este número alcance el nivel óptimo de 47 mediadores en 2015. Como apoyo a una estrategia de promoción de las mujeres romaníes, 13 de estos 15 mediadores iniciales son mujeres. Un acontecimiento positivo para aumentar la capacidad y los conocimientos de las autoridades moldavas para abordar el tema de la inclusión social de la población romaní fue la creación en noviembre de 2012 del puesto de asesor especial del Primer Ministro sobre cuestiones romaníes.

Desde el punto de vista institucional, se reiteró que garantizar los derechos humanos en el sector de la justicia constituye uno de los pilares de la amplia Estrategia a gran escala para reformar el sistema de justicia 2011-2016 y su Plan de Acción. Un primer paquete de enmiendas legislativas, adoptado en julio de 2012, vino a reforzar el Consejo Superior de la Magistratura y, en particular, sus competencias disciplinarias, y también alcanzó la meta de asignar los jueces de una forma más eficiente y flexible de acuerdo con su carga de trabajo y número de asuntos en determinados tribunales y distritos, y de reducir la presión de trabajo que soportan los jueces mediante la creación del puesto de asistente de juez. También ha mejorado el sistema de asistencia jurídica gratuita, creado en 2008 y organizado en torno al Consejo Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita. La Guía de asistencia jurídica gratuita garantizada por el Estado, publicada en 2010 con el apoyo del Consejo de Europa y la Comisión Europea, se sigue difundiendo entre las instituciones competentes y especialistas que prestan dicha asistencia, mientras que se ha puesto a disposición del público en general un folleto resumido en el que se explican los tipos de asistencia jurídica gratuita y los procedimientos para solicitarla y recibirla.

Por otra parte, la prestación de asistencia jurídica gratuita se ha diversificado mediante la institucionalización de los defensores públicos, junto con los abogados privados que están dispuestos a prestar asistencia jurídica gratuita en el marco de un contrato con las cinco oficinas territoriales del Consejo Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita. Asimismo se permitirá que ONG acreditadas presten asistencia jurídica gratuita en asuntos civiles; los asistentes de abogado y las ONG prestarán asistencia jurídica gratuita primaria (información básica sobre la legislación y asistencia para redactar diversos documentos, excepto para procedimientos judiciales). Desde el 1 de enero de 2012, los demandantes pueden solicitar asistencia jurídica gratuita incluso en asuntos civiles, y esta asistencia está a disposición de las personas carentes de medios para contratar a un abogado y cuyos casos presentan una cierta complejidad legal o procesal.

La estrategia para la reforma del sector de la justicia presta la debida importancia a la reforma de la institución de los Defensores del Pueblo, el Centro de Derechos Humanos (en lo sucesivo «el Centro») con el fin de reforzar su independencia y eficacia, así como las del Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura (en noviembre de 2009, el Centro de Derechos Humanos recibió del Comité Internacional de Coordinación de las Instituciones Nacionales para la Promoción y la Protección de los Derechos Humanos la calidad de miembro «B», lo que indica que cumple parcialmente los Principios de París). Un grupo de trabajo ad hoc llevó a cabo un estudio detallado de las actividades del Centro, que incluía la evaluación de sus resultados, necesidades financieras y posibles medidas para optimizar sus actividades. Sobre la base de sus conclusiones y con la participación de socios internacionales (como el asesor local de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y el antiguo Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la tortura) y ONG locales, el Ministerio de Justicia elaboró un proyecto de ley sobre la reorganización del Centro, la selección y nombramiento del Defensor o Defensores del Pueblo, y el grado de autonomía de estos últimos para seleccionar y designar al personal del Centro, establecer la organización interna de la estructura y hacer frente a problemas presupuestarios. En la actualidad, el proyecto de ley ha sido sometido a consulta pública.

Al mismo tiempo, el Centro ha hecho sus propios esfuerzos para mejorar su eficacia y la credibilidad de su función. Comenzó a hacer uso de su prerrogativa de impugnar la constitucionalidad de determinadas leyes ante el Tribunal Constitucional y de iniciar acciones judiciales ante el Tribunal, y de intervenir en procedimientos judiciales en calidad de amicus curiae, incluso en procedimientos contra la discriminación. Abrió un centro regional en Varnita, un barrio residencial de Bender controlado por la República de Moldavia, en la denominada Zona de Seguridad, a fin de satisfacer las solicitudes de la población local y mejorar la cooperación con la institución del Defensor del Pueblo existente en Transnistria.

b) Recomendaciones de la Evaluación de las Repercusiones

83. Seguir aplicando el Plan de Acción para los Derechos Humanos 2011-2014 y continuar buscando la participación de la comunidad internacional para hacer frente a los problemas relacionados con las minorías.

Las autoridades moldavas han mostrado un compromiso constante con el Plan de Acción para los Derechos Humanos 2011-2014 y han mejorado los resultados de la aplicación de este. En marzo de 2013 se elaboraban enmiendas al Decreto gubernamental por el que se crea la Comisión Nacional para la Aplicación del Plan de Acción para los Derechos Humanos con el fin de invitar a organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa, las Naciones Unidas, la UE, la OSCE y ONG internacionales, a participar en los trabajos de seguimiento y evaluación de la comisión. La intención de las autoridades moldavas era realizar rápidamente dicha invitación, una vez designado un nuevo Gobierno.

84. Garantizar la aplicación efectiva de la legislación contra la discriminación, en consonancia con los estándares internacionales y europeos, en particular estableciendo directrices exhaustivas y disponiendo de un Consejo de Igualdad.

Como ya se ha expuesto ampliamente en la sección anterior, las autoridades, instituciones judiciales, sociedad civil y población moldavas muestran una gran sensibilidad respecto a la lucha contra la discriminación, que es un tema que sigue siendo polémico en la sociedad. Tras la adopción de la Ley de garantía de la igualdad se adoptaron varias medidas de ejecución, en particular un programa de educación y formación para brindar directrices de aplicación a los juristas e informar al público en general. Las decisiones administrativas o actos legislativos regionales que se oponen a la Ley de garantía de la igualdad son abolidos por medios legales y ha surgido una jurisprudencia nacional que concuerda con las resoluciones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

85. Mantener sus esfuerzos financieros para ejecutar de forma eficaz y coherente el Plan de Apoyo a la Comunidad Romaní 2011-2015.

Como se expone en la sección anterior, el Plan de Apoyo a la Comunidad Romaní 2011‑2015 se ha aplicado de forma coherente. Aunque con algunos retrasos, su compromiso anterior de institucionalizar los mediadores de la comunidad romaní se tradujo en compromisos presupuestarios firmes en 2013. En este tema como en el tema de los derechos humanos en general, la cooperación con la comunidad internacional y el apoyo de esta constituyen un factor importante para garantizar el éxito de las acciones previstas.

86. Proseguir la buena cooperación con las autoridades de facto de Tiraspol, lo que permitirá el intercambio de información sobre la expedición de documentos así como sobre aspectos relativos a la aplicación de la ley.

Como se describe en el criterio de referencia del PALV, la expedición de documentos de identidad a los residentes de la región de Transnistria por parte de las autoridades constitucionales de la República de Moldavia se lleva a cabo sobre la base de la información facilitada con arreglo a la legislación moldava y cotejada con la información en poder de las autoridades constitucionales.

La cooperación entre Chisináu y Tiraspol en cuestiones policiales y judiciales tiene lugar de forma ad hoc sobre la base de un acuerdo de 1994. Sin embargo, este acuerdo no puede aplicarse como tal en el contexto de los avances de la República de Moldavia en el ámbito de los derechos humanos debido a que no ofrece garantías suficientes en materia de protección de los datos personales y respeto de los derechos humanos de los sospechosos requeridos para investigación por las autoridades de facto de la región de Transnistria, por lo que es necesario revisar esta forma de proceder. Los trabajos sobre este tema se reanudaron tras la reunión del Grupo «5+2» en Odesa, sobre la base de una propuesta de la Misión de la OSCE a la República de Moldavia.

87. Aumentar los esfuerzos para superar los retos en materia de seguridad y migración y encontrar soluciones posibles para mejorar el control sin perjuicio del proceso de negociación «5+2».

En marzo de 2013, el Viceprimer Ministro moldavo encargado de la reintegración (que es el representante político de la República de Moldavia en el proceso «5+2») comunicó mediante carta a la administración de facto de la región de Transnistria, a los otros participantes en el proceso y a la Comisión Mixta de Control creada por el acuerdo de alto el fuego entre Rusia y la República de Moldavia de 1992, que la República de Moldavia tenía la intención de crear seis puntos de registro de la Oficina de Migración y Asilo moldava en la demarcación administrativa con la región de Transnistria, en la denominada zona de seguridad del conflicto de esta región para el seguimiento y control de los flujos migratorios a través del segmento central (correspondiente a Transnistria) de la frontera entre la República de Moldavia y Ucrania. La información facilitada a Tiraspol incluía datos básicos sobre la ubicación, procedimientos, instituciones competentes y otros aspectos pertinentes.

En abril, tras la reacción negativa de la administración de Transnistria, el Viceprimer Ministro encargado de la reintegración facilitó aclaraciones complementarias a Tiraspol tanto por escrito como a través de declaraciones públicas, incluidas las emitidas por la Oficina de Migración y Asilo. La cuestión se planteó durante la reunión del proceso «5+2» en Odesa (23 y 24 de mayo de 2013), en la que la República de Moldavia rebatió las acusaciones de Transnistria según las cuales esta iniciativa impediría la libre circulación para los residentes rusos y ucranianos en Transnistria que no estuvieran en posesión de un pasaporte moldavo. Transnistria pareció satisfecha con las explicaciones recibidas. La República de Moldavia acordó igualmente celebrar consultas consulares tripartitas con Rusia y Ucrania sobre el reconocimiento de la residencia moldava de los residentes rusos y ucranianos en Transnistria que se nieguen a registrarse ante las autoridades moldavas.

Según la Oficina Nacional de Estadística, la población de la República de Moldavia en 2012 era de 3 559 541 personas (sin incluir la región de Transnistria). Por otra parte, la población de la región de Transnistria se estimó en unas 509 400 personas (sin deducir el considerable número de inmigrantes procedentes de esta región), de los cuales 280 239 (55 %) eran ciudadanos moldavos inscritos en el Registro Estatal de Población. En 2012, el Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones expidió 15 531 pasaportes a ciudadanos de la República de Moldavia residentes en la región de Transnistria.

La República de Moldavia lleva a cabo una política de inclusión general respecto a sus ciudadanos residentes en Transnistria, que les permite obtener gratuitamente la nacionalidad moldava de forma voluntaria (o la expedición gratuita de su primer documento de identidad). En vista de que la República de Moldavia no reconoce los documentos del Registro Civil de Transnistria, el Ministerio de Información, Tecnología y Comunicaciones aplica medidas concretas para confirmar la nacionalidad de los solicitantes, de conformidad con las enmiendas a la Ley de ciudadanía de 2004 y las Decisiones gubernamentales nº 959 de 9 de septiembre de 2005 y nº 337 de 10 de mayo de 2011. Desde mayo de 2012 se celebran conversaciones entre Chisináu y Tiraspol para aplicar un mecanismo de intercambio de información, permitir el registro preliminar de los documentos expedidos por las autoridades de facto de Transnistria y, en particular, introducir elementos de identificación a escala de todo el país (un número generado por el Registro Civil moldavo) en los documentos del registro civil expedidos por las autoridades de facto de Transnistria, con lo que se simplificaría el proceso de solicitud de documentos de identidad moldavos por parte de los residentes de Transnistria.

Por el momento, la Decisión gubernamental nº 125 de 18 de febrero de 2013 por la que se aprueba el «Reglamento sobre la expedición de los documentos de identidad y comprobantes de la población de la República de Moldavia» (que remplaza la Decisión gubernamental nº 376 de 6 de junio de 1995 en su versión modificada) establece que «la identificación de las personas que han alcanzado la mayoría de edad y no se hayan documentado anteriormente, o de aquellas cuya identidad no pueda demostrarse mediante documentos expedidos con anterioridad, se llevará a cabo por medio de una declaración a cargo de sus progenitores, representantes legales u otros parientes de primer a tercer grado». En el último caso, el solicitante debe presentar documentos explicativos complementarios expedidos por la autoridad pública local u otras instituciones del Estado que posean información sobre dicha persona. Por consiguiente, los descendientes o parientes de residentes de Transnistria que no puedan ser identificados y reconocidos por medio del sistema de pasaportes de modelo soviético (que ha heredado el «Registro» moldavo) pueden recurrir a las declaraciones de sus parientes para solicitar la nacionalidad moldava. El Código Penal moldavo establece multas y penas de prisión de hasta un año por realizar declaraciones falsas frente a un funcionario público con el fin de producir consecuencias jurídicas para un tercero.

Evaluación general del Bloque 4 La República de Moldavia ha avanzado en la aplicación efectiva de los criterios de referencia requeridos para la segunda fase. Se han suprimido las restricciones que aún subsistían en relación con la permanencia legal de extranjeros y apátridas, se ha mejorado continuamente el acceso de todos los ciudadanos a los documentos de identidad y se han realizado mejoras considerables en la aplicación del marco jurídico de lucha contra la discriminación. Por otra parte, la situación de la región de Transnistria se ha abordado con diligencia al establecer un sistema de seguimiento de los flujos migratorios y crear procedimientos especiales de confirmación para los residentes en Transnistria que soliciten documentos de identidad moldavos. Asimismo, la República de Moldavia cuenta con un historial de aplicación coherente de todas las recomendaciones transmitidas en la Evaluación de las Repercusiones. La Comisión considera que la República de Moldavia cumple, en general, los criterios de referencia de la segunda fase fijados en el Bloque 4. Se requieren medidas adicionales en los siguientes ámbitos: 88. Confirmar la aplicación sostenible de la Ley de garantía de la igualdad, en particular mediante la creación de un Consejo de Igualdad operativo y seguir avanzando hacia la plena aplicación de la legislación relativa a la inclusión social de personas con discapacidad. 89. Confirmar el apoyo financiero del Plan Nacional de Acción sobre los Derechos Humanos. 90. Continuar la aplicación de la reforma del sector de la justicia, incluido el refuerzo de la institución del Defensor del Pueblo. 91. Crear los puestos de registro anunciados a lo largo de la demarcación administrativa con Transnistria. 92. Seguir avanzando con Transnistria para facilitar la documentación y demostración de los residentes en esta región.

3.           conclusiones

Desde la apertura en junio de 2010 del diálogo sobre visados UE-República de Moldavia y la presentación del Plan de Acción para la Liberalización de Visados (PALV) a las autoridades moldavas en enero de 2011, la Comisión ha informado periódicamente al Parlamento Europeo y al Consejo de los progresos realizados por la República de Moldavia en la adopción de las medidas necesarias para cumplir los criterios de referencia definidos en el marco de los cuatro bloques de la primera fase y ahora en la segunda fase del PALV a través de este cuarto informe de seguimiento.

Junto a este intenso proceso de información sobre el PALV, la Comisión ha seguido supervisando los progresos realizados por la República de Moldavia en los ámbitos pertinentes del PALV a través de:

93. el Comité mixto de facilitación de visados UE-República de Moldavia;

94. el Comité mixto de readmisión UE-República de Moldavia;

95. el Subcomité mixto nº 3 UE-República de Moldavia;

96. la reunión de altos funcionarios de la Asociación de Movilidad entre la UE y la República de Moldavia;

97. el diálogo sobre derechos humanos entre la UE y la República de Moldavia.

En cada uno de estos comités y marcos ha progresado el estado del diálogo y la cooperación entre la UE y la República de Moldavia, que funcionan correctamente. En las reuniones más recientes de los Comités mixtos de readmisión y de facilitación de visados, que se celebraron el 12 de junio de 2013 en Bruselas, con la participación de los Estados miembros de la UE, la Comisión comprobó la aplicación generalmente satisfactoria de ambos acuerdos.

El diálogo sobre visados entre la UE y la República de Moldavia ha demostrado ser un instrumento importante para hacer avanzar las reformas, no solo en el ámbito de la Justicia y Asuntos de Interior, sino también en ámbitos como el Estado de Derecho y las cuestiones constitucionales, incluidas la financiación de los partidos políticos y las inmunidades de los políticos. Los progresos realizados por la República de Moldavia en los diversos ámbitos correspondientes a los cuatro bloques del PALV han sido constantes y efectivos en los tres últimos años, y han mostrado el compromiso y los importantes esfuerzos realizados por las autoridades moldavas para que la aplicación del PALV sea una prioridad en la agenda legislativa, política y administrativa.

No obstante, es importante reiterar que las reformas emprendidas en varios ámbitos incluidos en el PALV y, en particular, las destinadas a alcanzar la buena gobernanza de la administración pública requieren que las autoridades moldavas muestren una voluntad política estable a fin de que dichas reformas se consoliden plenamente en la sociedad moldava.

Esta evaluación muestra que la República de Moldavia cumple en líneas generales todos los criterios de referencia de los cuatro bloques del PALV. El funcionamiento del marco legislativo y político y los principios y procedimientos institucionales y organizativos de los cuatro bloques se ajusta a las normas europeas e internacionales. La Comisión considera que la República de Moldavia ha realizado avances muy notables en la aplicación efectiva y sostenible de los criterios de referencia de la segunda fase del PALV. La realización de las acciones indicadas en el presente informe llevará a la República de Moldavia a finalizar la aplicación de todos los criterios de referencia de la segunda fase del PALV.

La Comisión seguirá prestando especial atención a que la República de Moldavia asigne recursos financieros y humanos adecuados para la aplicación sostenible del marco legislativo y político. A este respecto se pide a la República de Moldavia que establezca un plan plurianual a largo plazo para garantizar los recursos financieros y humanos necesarios para un cumplimiento duradero de los criterios de referencia por medio de la integración sistemática de las partidas de gasto necesarias en el presupuesto del Estado. Asimismo es indispensable seguir organizando campañas de información específicas para clarificar los derechos y obligaciones de los viajes libres de visado y sobre las normas que regulan el acceso al mercado laboral de la UE.

La Comisión seguirá supervisando activamente el cumplimiento de las acciones exigidas en el presente informe en el marco de los cuatro bloques del PALV con el fin de informar en otoño sobre la aplicación efectiva de todos los criterios de referencia del Plan de Acción para la Liberalización de Visados.

[1]               Documento 18078/10 del Consejo.

[2]               i) seguridad de los documentos, incluida la biometría; ii) migración irregular, incluida la readmisión; iii) orden público y seguridad; y iv) relaciones exteriores y derechos fundamentales.

[3]               SEC (2011) 1075 final.

[4]               SWD (2012) 12 final.

[5]               COM (2012) 348 final.

[6]               COM (2012) 443 final.

[7]               Subcomité nº 3: aduanas, cooperación transfronteriza, blanqueo de dinero, drogas e inmigración ilegal.

[8]               COM(2012) 443 final.

[9]               Marca de agua bitono, fibras fluorescentes bajo luz ultravioleta, hilo de seguridad fluorescente, numeración del pasaporte con perforaciones de rayo láser, contempladas en el punto 5 del Apéndice informativo 1 de la Sección III, «Normas de seguridad para documentos de viaje de lectura mecánica» del Doc 9303, Parte 1, de la OACI.

[10]             Marca de agua, microimpresión, emblema y número de serie del documento que presentan fluorescencias bajo luz ultravioleta.

[11]             Según las autoridades moldavas, en la región de Transnistria viven 509 400 personas, de las cuales un 55 % son ciudadanos de la República de Moldavia y 33 128 poseen pasaportes biométricos.

[12]             Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras.

[13]             SEC(2011) 145 final.

[14]             En 2012 se investigaron 87 casos de corrupción, se cerraron 92 investigaciones, se aplicaron 102 sanciones disciplinarias, de las cuales 34 resultaron en despidos. Durante el período 2010-2012 se iniciaron cuatro procesos penales por graves delitos de corrupción.

[15]             Catálogo de Schengen sobre control de las fronteras exteriores, retorno y readmisión: recomendaciones y prácticas más idóneas, documento del Consejo 7864/09.

[16]             http://www.eubam.org/files/20121206142708402683P9AP_ENG_Second_Year.pdf

[17]             Organización para la Democracia y el Desarrollo Económico de Georgia, Ucrania, Azerbaiyán y la República de Moldavia (GUAM)

[18]             El Departamento de Policía de Fronteras recibió en abril de 2013 todo el equipo necesario y 30 coches patrulla para que las unidades móviles estén operativas.

[19]             La última reunión del Comité Mixto de Readmisión tuvo lugar el 12 de junio de 2013.

[20]             De conformidad con las normas mínimas de la Directiva 2008/115/CE para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular.

[21]             De conformidad con la Directiva 96/71/CE del Consejo sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.

[22]             La última reunión del Comité mixto de facilitación de visados tuvo lugar el 12 de junio de 2013.

[23]             En 2012, la duración media de tramitación de las decisiones de primera instancia fue de 107 días, muy por debajo del plazo de seis meses. Si se incluye la segunda instancia, este período es considerablemente mayor: 401 días. Actualmente están pendientes de decisión en primera instancia o recurso 82 asuntos (85 personas).

[24]             Desde el inicio del procedimiento se han adoptado 17 decisiones. A 1 de enero de 2013, 1 998 personas apátridas vivían en el territorio de la República de Moldavia (reconocidas o con derecho a residencia permanente).

[25]             Cifras anuales de casos de trata de seres humanos: delitos registrados (140 en 2010, 111 en 2011, 151 en 2012) y víctimas asistidas por el Centro de Asistencia y Protección (CAP) (355 en 2010, 339 en 2011, 424 en 2012). Víctimas identificadas según el Ministerio del Interior: 131 en 2011 y 266 en 2012. Condenas: 7 en 2011 y 13 en 2012. Víctimas de trata de menores que recibieron asistencia: el 9,6 % en 2010, el 14 % en 2011 y el 13 % en 2012.

[26]             Los fondos necesarios para la ejecución de las acciones incluidas en el plan figurarán en las asignaciones para el período 2012–2013 correspondientes a las autoridades públicas financiadas por el presupuesto estatal y los presupuestos locales, así como la asistencia externa que las autoridades públicas recibirán para la ejecución de determinados proyectos: Apoyo para del Proyecto del Consejo de Europa para la buena gobernanza y la lucha contra la corrupción en la Asociación Oriental, apoyo de la Comisión Europea para el proyecto «Apoyo al Gobierno de la República de Moldavia para mantener las actividades de lucha contra la corrupción, reformar el Ministerio del Interior, incluida la policía, y la protección de datos personales».

[27]             Hasta ahora, este sistema no ha tenido los efectos previstos y no ha modificado significativamente el enfoque de la integridad en el sector público. En la mayoría de los casos, la autoevaluación de los riesgos de corrupción era un ejercicio formal y la inestabilidad política afectaba la capacidad de gestión de las instituciones públicas. Los planes de integridad resultantes de este proceso no presentaban una calidad satisfactoria. Al CNLC se le ha concedido recientemente la competencia para participar en la labor de los grupos de trabajo encargados del análisis de riesgos de corrupción, y para presentar sus observaciones al respecto; anteriormente el CNLC sólo tenía un papel general de supervisión que no permitía una participación sustancial en el proceso.

[28]             La independencia funcional se garantiza mediante el procedimiento de nombramiento del director del CNLC, de modo que su mandato no coincida con el del Gobierno, el Parlamento y el Presidente; la designación del director y los directores adjuntos del CNLC se basa en criterios de profesionalidad y no afiliación política establecidos en la ley; en el procedimiento de nombramiento/destitución participan varias autoridades; existen condiciones estrictas para la destitución antes del final del mandado, definidas exhaustivamente en la ley.

[29]             Los controles del estilo de vida se refieren a la verificación del estilo de vida de una persona respecto a sus ingresos legales.

[30]             Proyecto de «Apoyo al Gobierno de la República de Moldavia para mantener las actividades de lucha contra la corrupción, reformar el Ministerio del Interior, incluida la policía, y la protección de datos personales».

[31]             La CEC está integrada por representantes de varios partidos políticos, con 3 plazas a tiempo completo y 20 agentes, y opera sobre todo durante la campaña electoral. La CEC debe contar con los recursos necesarios para llevar a cabo una amplia supervisión proactiva de la financiación de las campañas electorales y los partidos políticos en general.

[32]             La OPLBC es miembro observador de la Red Interinstitucional de Recuperación de Activos de Camden (Red CARIN).

[33]             i) Solicitudes de extradición entrantes: el Ministerio de Justicia las tramita en tres a cuatro meses, y la Oficina del Fiscal General en dos a tres meses; ii) Comisiones rogatorias entrantes: el Ministerio de Justicia las tramita en dos a tres meses, y la Oficina del Fiscal General en un máximo de seis meses; iii) el Ministerio de Justicia tramita las solicitudes entrantes de reconocimiento y ejecución de sentencias penales en aproximadamente tres meses, y las salientes en cuatro a cinco meses; iv) el Ministerio de Justicia tramita las solicitudes de transferencia de reos a países extranjeros en cinco a seis meses.

[34]             Con arreglo a la Convención, las autoridades competentes de dos o más Estados parte pueden crear, de mutuo acuerdo, un ECI para un fin determinado y por un período limitado para realizar investigaciones penales en uno o varios de estos países.

[35]             El objetivo de control se refiere a la manera en que los órganos con funciones coercitivas remiten, registran y notifican casos de delincuencia organizada.