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Document 52012AG0001
Position (EU) No 1/2012 of the Council at first reading with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State Adopted by the Council on 24 November 2011
Posición (UE) n ° 1/2012 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro Adoptada por el Consejo el 24 de noviembre de 2011
Posición (UE) n ° 1/2012 del Consejo en primera lectura con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro Adoptada por el Consejo el 24 de noviembre de 2011
DO C 10E de 12.1.2012, p. 1–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2012 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
CE 10/1 |
POSICIÓN (UE) No 1/2012 DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA
con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro
Adoptada por el Consejo el 24 de noviembre de 2011
2012/C 10 E/01
EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 79, apartado 2, letras a) y b),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),
Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),
Considerando lo siguiente:
(1) |
Con vistas a la instauración progresiva de un espacio de libertad, seguridad y justicia, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) prevé la aprobación de medidas en materia de asilo, inmigración y protección de los derechos de los nacionales de terceros países. |
(2) |
El Consejo Europeo reconoció, en su reunión especial de Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, la necesidad de una armonización de las legislaciones nacionales relativas a las condiciones de admisión y residencia de los nacionales de terceros países. En este contexto, el Consejo Europeo afirmó en particular que la Unión Europea debe garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residen legalmente en el territorio de sus Estados miembros y que una política de integración más firme debe encaminarse a concederles derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión. Para ello, el Consejo Europeo pidió al Consejo que adoptara instrumentos jurídicos, basándose en propuestas de la Comisión. La necesidad de alcanzar los objetivos definidos en Tampere se reafirmó en el Programa de Estocolmo, adoptado por el Consejo europeo de los días 10 y 11 de diciembre de 2009. |
(3) |
El establecimiento de un único procedimiento de solicitud que conduzca, en un único acto administrativo, a la expedición de un título combinado de permiso de residencia y de trabajo contribuirá a simplificar y armonizar las normas actualmente aplicables en los Estados miembros. Tal simplificación de los procedimientos ya ha sido establecida por varios Estados miembros, y además de permitir a los migrantes y a sus empleadores disponer de un procedimiento más eficaz, ha facilitado el control de la legalidad de su residencia y empleo. |
(4) |
Con el fin de autorizar la primera entrada en su territorio, los Estados miembros deben poder expedir un permiso único o, si solo expiden permisos únicos tras la entrada, un visado. Los Estados miembros deben expedir dichos permisos únicos o visados en los plazos oportunos. |
(5) |
Conviene establecer un conjunto de normas destinadas a regular el procedimiento de examen de las solicitudes de permiso único. Este procedimiento debe ser eficaz y gestionable habida cuenta de la carga normal de trabajo de las Administraciones de los Estados miembros, así como transparente y equitativo, con el fin de ofrecer la adecuada seguridad jurídica a las personas interesadas. |
(6) |
Las disposiciones de la presente Directiva deben entenderse sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para regular la admisión, incluido su volumen, de nacionales de terceros países con el fin de trabajar. |
(7) |
Los nacionales de terceros países desplazados no deben estar cubiertos por la presente Directiva. Ello no debe impedir que los nacionales de terceros países que residan y trabajen legalmente en el territorio de un Estado miembro y que sean destinados a otro Estado miembro se beneficien del mismo trato que los nacionales del Estado miembro de origen durante su desplazamiento por lo que se refiere a las condiciones de empleo que no se ven afectadas por la aplicación de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios (4). |
(8) |
Los nacionales de terceros países que hayan obtenido el estatuto de residentes de larga duración de conformidad con la Directiva 2003/109/CE del Consejo, de 25 de noviembre de 2003, relativa al estatuto de los nacionales de terceros países residentes de larga duración (5) deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, debido a su estatuto más privilegiado y a la especificidad de su permiso de residencia, que lleva la mención «residente de larga duración – UE». |
(9) |
Los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos en el territorio de un Estado miembro para trabajar como temporeros deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, dado su estatuto temporal. |
(10) |
La obligación de los Estados miembros de determinar si la solicitud de permiso único debe presentarla el nacional del tercer país o el empleador que lo contrata no debe afectar a los regímenes que exijan que ambas partes participen en el procedimiento. Compete a los Estados miembros decidir si la solicitud de permiso único ha de presentarse en el Estado miembro de acogida o desde el tercer país. En caso de que no se permita que el nacional de un tercer país presente la solicitud desde un tercer país, los Estados miembros deben garantizar que el empleador pueda presentar la solicitud en el Estado miembro de destino. |
(11) |
Las disposiciones de la presente Directiva sobre el procedimiento único de solicitud y sobre el permiso único no deben afectar al visado uniforme ni al visado para estancias de larga duración. |
(12) |
La designación de la autoridad competente a efectos de la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la función y las competencias de otras autoridades y, cuando proceda, de los interlocutores sociales, por lo que respecta al examen de la solicitud y la decisión sobre la misma. |
(13) |
El plazo para adoptar la decisión sobre la solicitud no debe incluir el tiempo necesario para reconocer las cualificaciones profesionales ni el tiempo necesario para expedir el visado. La presente Directiva no debe afectar a los procedimientos nacionales sobre el reconocimiento de títulos. |
(14) |
El formato del permiso único debe ajustarse a las disposiciones del Reglamento (CE) no 1030/2002 del Consejo, de 13 de junio de 2002, por el que se establece un modelo uniforme de permiso de residencia para nacionales de terceros países (6), que permite a los Estados miembros añadir información adicional, en particular para indicar si el interesado está autorizado a trabajar. Conviene, también a efectos de un mejor control de la migración, que el Estado miembro haga figurar no solo en el permiso único, sino en todos los permisos de residencia expedidos, la información acerca de la autorización para trabajar, independientemente del tipo de permiso o del título de residencia sobre la base del cual el nacional de un tercer país haya sido admitido en su territorio y haya obtenido el acceso a su mercado de trabajo. |
(15) |
Las disposiciones de la presente Directiva sobre los permisos de residencia para fines distintos de los laborales deben aplicarse solo al formato de esos permisos y entenderse sin perjuicio de las normas de la Unión ni de las normas nacionales sobre los procedimientos de admisión y sobre los procedimientos de expedición de esos permisos. |
(16) |
Las disposiciones de la presente Directiva sobre el permiso único y sobre el permiso de residencia emitidos para fines distintos de los laborales no impedirán que los Estados miembros expidan un documento adicional en formato de papel para poder dar información más precisa sobre la relación laboral, información para la que no deja espacio suficiente el formato del permiso de residencia. Dichos documentos pueden servir para evitar la explotación de nacionales de terceros países y luchar contra el empleo ilegal pero deben ser opcionales para los Estados miembros y no deben servir como sustituto de un permiso de trabajo, lo que comprometería el concepto del permiso único. Para almacenar este tipo de información en formato electrónico también cabe recurrir a las posibilidades técnicas que brindan el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1030/2002 y su anexo, letra a), punto 16. |
(17) |
Las condiciones y criterios sobre la base de los cuales puede denegarse una solicitud de expedición, modificación o renovación del permiso único o sobre la base de los cuales puede retirarse el permiso único, deben ser objetivos y deben estar fijados en el Derecho nacional, incluida la obligación de respetar el principio de preferencia de la Unión, tal como se consagra en particular en las disposiciones pertinentes de las Actas de adhesión de 2003 y de 2005. Las decisiones de denegación o de retirada deben estar debidamente motivadas. |
(18) |
Los nacionales de terceros países que se encuentren en posesión de un documento de viaje válido y de un permiso único expedido por un Estado miembro que aplique íntegramente el acervo de Schengen deben poder entrar y desplazarse libremente por el territorio de los Estados miembros que apliquen íntegramente el acervo de Schengen, durante tres meses como máximo, en cualquier período de seis meses, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se establece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) (7) y de conformidad con el artículo 21 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes (8) (Convenio de Schengen). |
(19) |
En ausencia de legislación horizontal de la Unión, los derechos de los nacionales de terceros países varían en función de su nacionalidad y del Estado miembro en el que trabajen. Con el fin de seguir elaborando una política de inmigración coherente, reducir la desigualdad de derechos existente entre los ciudadanos de la Unión y los nacionales de terceros países que trabajan legalmente en un Estado miembro y completar el acervo existente en materia de inmigración, conviene establecer un conjunto de derechos para especificar, en particular, los ámbitos en los que se contempla la igualdad de trato entre los nacionales de un Estado miembro y tales naciones de terceros países que aún no tienen el estatuto de residentes de larga duración. El objetivo de esas disposiciones es establecer un nivel mínimo de igualdad de condiciones en la Unión, reconocer que dichos nacionales de terceros países contribuyen, mediante su trabajo y los impuestos que pagan, a la economía de la Unión, y actuar de salvaguardia para reducir la competencia desleal entre los nacionales de un Estado miembro y los nacionales de terceros países que derive en la posible explotación de estos últimos. Sin perjuicio de la interpretación del concepto de relación laboral contenida en otras disposiciones del Derecho de la Unión, la presente Directiva debe dar una definición de trabajador de un tercer país, que abarque a todo nacional de un tercer país que haya sido admitido en el territorio de un Estado miembro, resida legalmente en él y al que se haya autorizado, en el contexto de una relación remunerada, a trabajar en dicho Estado miembro en virtud del Derecho o las prácticas nacionales. |
(20) |
Todos los nacionales de terceros países que residan y trabajen legalmente en un Estado miembro deben gozar al menos de un conjunto común de derechos basados en la igualdad de trato con los nacionales del Estado miembro de acogida, independientemente del propósito inicial o del motivo de la admisión en su territorio. El derecho a la igualdad de trato en los ámbitos precisados en la presente Directiva debe garantizarse no solo a los nacionales de terceros países admitidos en un Estado miembro con el fin de trabajar, sino también a los admitidos con otros fines y que posteriormente hayan obtenido acceso al mercado de trabajo en virtud de otras disposiciones del Derecho de la Unión o nacional, ello incluye a los miembros de la familia de un trabajador de un tercer país admitidos de acuerdo con la Directiva 2003/86/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre el derecho a la reagrupación familiar (9), a los nacionales de terceros países admitidos en el territorio de un Estado miembro de conformidad con la Directiva 2004/114/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, relativa a los requisitos de admisión de los nacionales de terceros países a efectos de estudios, intercambio de alumnos, prácticas no remuneradas o servicios de voluntariado (10), y a los investigadores admitidos de conformidad con la Directiva 2005/71/CE del Consejo, de 12 de octubre de 2005, relativa a un procedimiento específico de admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (11). |
(21) |
El derecho a la igualdad de trato en algunos ámbitos específicos debe vincularse estrictamente con el estatuto de residente legal del nacional de un tercer país y con el acceso dado al mercado de trabajo de un Estado miembro, que se consagran en el permiso único que autoriza la residencia y el trabajo y en los permisos de residencia expedidos con otros fines y que contienen la indicación de que se autoriza al interesado a trabajar. |
(22) |
Las condiciones laborales a que se refiere la presente Directiva deben abarcar como mínimo las condiciones relativas al salario y el despido, a la salud y la seguridad en el trabajo, y al tiempo de trabajo y las vacaciones, teniendo en cuenta los convenios colectivos en vigor. |
(23) |
Un Estado miembro debe reconocer las cualificaciones profesionales adquiridas por nacionales de terceros países en otro Estado miembro igual que aquellas adquiridas por ciudadanos de la Unión, y debe tener en cuanta las cualificaciones adquiridas en un tercer país de acuerdo con la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (12). El derecho a la igualdad de trato para los trabajadores de terceros países en lo que respecta al reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos profesionales, de conformidad con los procedimientos nacionales aplicables, debe entenderse sin perjuicio de la competencia de los Estados miembros para dar acceso a tales trabajadores de terceros países a su mercado de trabajo. |
(24) |
Los trabajadores de terceros países deben gozar de igualdad de trato en lo que respecta a la seguridad social. Las ramas de la seguridad social se definen en el Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (13). Las disposiciones sobre la igualdad de trato en lo que respecta a la seguridad social contempladas en la presente Directiva también deben ser de aplicación a los trabajadores admitidos en un Estado miembro directamente desde un tercer país. No obstante, la presente Directiva no debe otorgar a los trabajadores de terceros países más derechos que los ya contemplados en el Derecho de la Unión vigente en el sector de la seguridad social para los nacionales de terceros países que se encuentran en situaciones transfronterizas. Además, la presente Directiva no debe conceder derechos en aquellas situaciones excluidas del ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, como en el caso de que los miembros de la familia residan en un tercer país. La presente Directiva solo debe conceder derechos en relación con los familiares que se reúnan con un trabajador de un tercer país para residir en un Estado miembro por motivos de reunificación familiar, o con los familiares que ya residan legalmente en ese Estado miembro. |
(25) |
Los Estados miembros deben garantizar al menos el mismo trato a los nacionales de terceros países que tengan un empleo o a aquellos que, tras un período mínimo de empleo, pasen a estar inscritos como desempleados. Toda restricción de la igualdad de trato en materia de seguridad social en virtud de la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de los derechos concedidos conforme al Reglamento (UE) no 1231/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se amplía la aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 y el Reglamento (CE) no 987/2009 a los nacionales de terceros países que, debido únicamente a su nacionalidad, no estén cubiertos por los mismos (14). |
(26) |
El Derecho de la Unión no limita la facultad de los Estados miembros de organizar sus sistemas de seguridad social. A falta de armonización a escala de la Unión, corresponde a cada Estado miembro fijar las condiciones para conceder las prestaciones de seguridad social, así como la cantidad de estos beneficios y el período durante el cual se conceden. Sin embargo, al ejercer esta facultad, los Estados miembros deben cumplir con el Derecho de la Unión. |
(27) |
La igualdad de trato a los trabajadores de terceros países no debe aplicarse a las medidas del ámbito de la formación profesional financiadas por los regímenes de asistencia social. |
(28) |
La presente Directiva debe aplicarse sin perjuicio de las disposiciones más favorables contenidas en el Derecho de la Unión y en los instrumentos internacionales aplicables. |
(29) |
Los Estados miembros deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva sin discriminación por razón de sexo, raza, color, origen étnico o social, características genéticas, lengua, religión o creencias, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, riqueza, nacimiento, minusvalías, edad u orientación sexual, en virtud, en particular, de la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (15), y de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (16). |
(30) |
Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, establecer un procedimiento único de solicitud para la expedición de un permiso único que autorice a los nacionales de terceros países a trabajar en el territorio de un Estado miembro así como un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar esos objetivos. |
(31) |
La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del TUE. |
(32) |
De conformidad con la Declaración política común de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos, de 28 de septiembre de 2011, los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, en aquellos casos en que esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de tales documentos está justificada. |
(33) |
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 21) sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda, anejo al TUE y al TFUE, y sin perjuicio del artículo 4 de dicho Protocolo, dichos Estados miembros no participan en la adopción de la presente Directiva y no quedan vinculados por la misma ni sujetos a su aplicación. |
(34) |
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo (no 22) sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por la misma ni sujeta a su aplicación. |
HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1
Objeto
1. La presente Directiva establece:
a) |
un procedimiento único de solicitud para la expedición de un permiso único que autorice a los nacionales de terceros países a residir con el fin de trabajar en el territorio de un Estado miembro, a fin de simplificar los procedimientos de admisión de estas personas y de facilitar el control de su estatuto; y |
b) |
un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro, con independencia de los fines de su admisión inicial en el territorio de dicho Estado miembro, basado en la igualdad de trato con los nacionales de dicho Estado miembro. |
2. La presente Directiva se entiende sin perjuicio de las competencias de los Estados miembros para regular el acceso de nacionales de terceros países a sus mercados laborales.
Artículo 2
Definiciones
A los efectos de la presente Directiva se aplicarán las siguientes definiciones:
a) «nacional de un tercer país»: toda persona que no es un ciudadano de la Unión en el sentido del artículo 20, apartado 1, del TFUE;
b) «trabajador de un tercer país»: todo nacional de un tercer país que ha sido admitido en el territorio de un Estado miembro, que reside legalmente en él y que está autorizado, en el contexto de una relación remunerada, a trabajar en ese Estado miembro de acuerdo con el Derecho o las prácticas nacionales;
c) «permiso único»: el permiso de residencia expedido por las autoridades de un Estado miembro por el que se autoriza a un nacional de un tercer país a residir legalmente en su territorio con el fin de trabajar;
d) «procedimiento único de solicitud»: todo procedimiento conducente, sobre la base de una solicitud única presentada por un nacional de un tercer país, o por su empleador, con el fin de obtener autorización para residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro, a una decisión sobre tal solicitud de permiso único.
Artículo 3
Ámbito de aplicación
1. La presente Directiva se aplicará a:
a) |
los nacionales de terceros países que soliciten la residencia en un Estado miembro con el fin de trabajar; |
b) |
los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos en un Estado miembro para fines distintos de trabajo de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional, estén autorizados a trabajar y sean titulares de un permiso de residencia de conformidad con el Reglamento (CE) no 1030/2002; y |
c) |
los trabajadores de terceros países que hayan sido admitidos en un Estado miembro con el fin de trabajar de conformidad con el Derecho de la Unión o nacional. |
2. La presente Directiva no se aplicará a los nacionales de terceros países:
a) |
que sean miembros de la familia de ciudadanos de la Unión que hayan ejercido o estén en el ejercicio de su derecho a la libre circulación dentro de la Unión de conformidad con la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (17); |
b) |
que gocen, junto con los miembros de sus familias e independientemente de su nacionalidad, de derechos de libre circulación equivalentes a los de los ciudadanos de la Unión en virtud de acuerdos entre la Unión y sus Estados miembros o entre la Unión y terceros países; |
c) |
que estén desplazados, mientras estén desplazados; |
d) |
que hayan solicitado la admisión en el territorio de un Estado miembro como trabajadores trasladados dentro de una empresa o hayan sido admitidos como tales; |
e) |
que hayan solicitado la admisión o que hayan sido admitidos en el territorio de un Estado miembro como temporeros o como «au pair»; |
f) |
que hayan sido autorizados a residir en un Estado miembro en virtud de la protección temporal o hayan solicitado la autorización de residencia por el mismo motivo y estén a la espera de una decisión sobre su situación; |
g) |
que gocen de protección internacional de conformidad con la Directiva 2004/83/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (18) o que hayan solicitado protección internacional en virtud de dicha Directiva, sin que se haya adoptado aún una decisión definitiva sobre su solicitud; |
h) |
que gocen de protección de conformidad con el Derecho nacional, las obligaciones internacionales o las prácticas de un Estado miembro, o que la hayan solicitado de conformidad con el Derecho nacional, las obligaciones internacionales o las prácticas de un Estado miembro, sin que se haya adoptado aún una decisión definitiva sobre su solicitud; |
i) |
que sean residentes de larga duración de conformidad con la Directiva 2003/109/CE; |
j) |
cuya expulsión se haya suspendido por motivos de hecho o de derecho; |
k) |
que hayan solicitado la admisión en el territorio de un Estado miembro como trabajadores por cuenta propia o hayan sido admitidos como tales; |
l) |
que hayan solicitado la admisión como gente de mar a efectos de empleo o trabajo en cualquier cometido a bordo de buques matriculados en un Estado miembro o que naveguen bajo bandera de este, o hayan sido admitidos como tales. |
3. Los Estados miembros podrán decidir que queden excluidos de la aplicación del capítulo II los nacionales de terceros países que hayan sido autorizados a trabajar en el territorio de un Estado miembro por un período no superior a seis meses o que hayan sido admitidos en un Estado miembro para cursar estudios.
4. El capítulo II no se aplicará a los nacionales de terceros países habilitados para trabajar en virtud de un visado.
CAPÍTULO II
PROCEDIMIENTO ÚNICO DE SOLICITUD Y PERMISO ÚNICO
Artículo 4
Procedimiento único de solicitud
1. La solicitud de expedición, modificación o renovación del permiso único se presentará mediante un procedimiento único de solicitud. Los Estados miembros determinarán si deberá presentar la solicitud de permiso único el nacional del tercer país o su empleador. Los Estados miembros podrán decidir también si permiten que la solicitud sea presentada por cualquiera de los dos. Si es el nacional del tercer país el que debe presentar la solicitud, los Estados miembros permitirán que la solicitud se presente desde un tercer país o, en caso de que el Derecho nacional así lo prevea, desde el territorio del Estado miembro en el que el nacional del tercer país ya esté presente legalmente.
2. Los Estados miembros examinarán la solicitud presentada según lo dispuesto en el apartado 1 y adoptarán la decisión de expedir, modificar o renovar el permiso único, siempre que el solicitante reúna las condiciones especificadas por el Derecho de la Unión o nacional. La decisión de expedición, modificación o renovación del permiso único constituirá un único acto administrativo que combine permiso de residencia y permiso de trabajo.
3. El procedimiento único de solicitud se entenderá sin perjuicio del procedimiento de expedición de un visado que pueda exigirse para la primera entrada.
4. Cuando se reúnan las condiciones previstas a tal efecto, los Estados miembros expedirán el permiso único a los nacionales de terceros países que soliciten la admisión y a los nacionales de terceros países ya admitidos que soliciten la renovación o la modificación de sus permisos de residencia tras la entrada en vigor de las normas nacionales de desarrollo.
Artículo 5
Autoridad competente
1. Los Estados miembros designarán la autoridad competente encargada de recibir las solicitudes y expedir el permiso único.
2. La autoridad competente adoptará una decisión sobre la solicitud completa lo antes posible y en todo caso en los cuatro meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud.
El plazo contemplado en el párrafo primero podrá ampliarse en circunstancias excepcionales vinculadas a la complejidad del examen de la solicitud.
Las consecuencias en caso de no haberse adoptado ninguna decisión en el plazo establecido en el presente apartado se determinarán en virtud del Derecho nacional.
3. La autoridad competente notificará su decisión por escrito al solicitante, de conformidad con los procedimientos de notificación establecidos en el Derecho nacional aplicable.
4. Si la información o los documentos presentados en apoyo de la solicitud son incompletos según los criterios especificados en el Derecho nacional, la autoridad competente comunicará al solicitante por escrito qué información o documentos complementarios se requieren y fijará un plazo razonable para la presentación de los mismos. Se suspenderá el plazo establecido en el apartado 2 hasta que la autoridad competente u otras autoridades correspondientes hayan recibido la información complementaria que se requiera. Si vencido el plazo otorgado no se han presentado la información o los documentos complementarios requeridos, la autoridad competente podrá rechazar la solicitud.
Artículo 6
Permiso único
1. Los Estados miembros expedirán el permiso único utilizando el modelo uniforme establecido en el Reglamento (CE) no 1030/2002 e incluirán la información sobre el permiso de trabajo de conformidad con su anexo, letra a), punto 7.5-9.
Los Estados miembros podrán incluir en formato de papel datos adicionales relacionados con la relación laboral del nacional de un tercer país (como, por ejemplo, el nombre y la dirección del empleador, el lugar de trabajo, el tipo de trabajo, las horas de trabajo, la remuneración, etc.), o bien almacenar tales datos en el formato electrónico al que se refieren el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1030/2002 y su anexo, letra a), punto 16.
2. Cuando expidan el permiso único, los Estados miembros no expedirán ningún permiso adicional como prueba de autorización de acceso al mercado de trabajo.
Artículo 7
Permisos de residencia expedidos con fines distintos de trabajo
1. Cuando expidan los permisos de residencia de conformidad con el Reglamento (CE) no 1030/2002, los Estados miembros incluirán la información sobre la autorización para trabajar, independientemente del tipo de permiso de que se trate.
Los Estados miembros podrán incluir en formato de papel datos adicionales relacionados con la relación laboral del nacional de un tercer país (como, por ejemplo, el nombre y la dirección del empleador, el lugar de trabajo, el tipo de trabajo, las horas de trabajo, la remuneración, etc.), o bien almacenar tales datos en el formato electrónico al que se refieren el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1030/2002 y su anexo, letra a), punto 16.
2. Cuando expidan los permisos de residencia de conformidad con el Reglamento (CE) no 1030/2002, los Estados miembros no expedirán ningún permiso adicional como prueba de autorización de acceso al mercado de trabajo.
Artículo 8
Garantías procesales
1. Toda decisión por la que se deniegue una solicitud de expedición, modificación o renovación del permiso único o por la que se retire el permiso único de acuerdo con criterios previstos en el Derecho nacional o de la Unión, deberá motivarse debidamente en una notificación escrita.
2. Toda decisión por la que se deniegue una solicitud de expedición, modificación o renovación del permiso único o por la que se retire el permiso único podrá recurrirse en el Estado miembro de que se trate, de conformidad con el Derecho nacional. La notificación escrita, a la que se hace referencia en el apartado 1, indicará el tribunal o la autoridad administrativa ante los que la persona interesada podrá interponer recurso, así como el plazo para interponerlo.
3. La solicitud podrá considerarse inadmisible debido al volumen de admisión de nacionales de terceros países a efectos de empleo y, por lo tanto, no será necesaria su tramitación.
Artículo 9
Acceso a la información
Cuando así se les solicite, los Estados miembros proporcionarán a los nacionales de terceros países y a sus futuros empleadores información adecuada sobre los documentos necesarios para presentar una solicitud completa.
Artículo 10
Tasas
Los Estados miembros podrán exigir a los solicitantes el pago de tasas, cuando proceda, por la tramitación de las solicitudes de conformidad con la presente Directiva. El importe de tales tasas será proporcionado y podrá basarse en los servicios efectivamente prestados para la tramitación de las solicitudes y la expedición de permisos.
Artículo 11
Derechos conferidos por el permiso único
El permiso único expedido de conformidad con el Derecho nacional habilitará a su titular, durante su período de validez, como mínimo a:
a) |
entrar y residir en el territorio del Estado miembro que haya expedido el permiso único, siempre que el titular reúna todos los requisitos de admisión de conformidad con el Derecho nacional; |
b) |
gozar de libre acceso a todo el territorio del Estado miembro de expedición, dentro de los límites previstos por el Derecho nacional; |
c) |
ejercer la actividad laboral específica autorizada en virtud del permiso único de conformidad con el Derecho nacional; |
d) |
estar informado de sus propios derechos asociados al permiso conferidos en virtud de la presente Directiva o del Derecho nacional. |
CAPÍTULO III
DERECHO A LA IGUALDAD DE TRATO
Artículo 12
Derecho a la igualdad de trato
1. Los trabajadores de terceros países a los que se refiere el artículo 3, apartado 1, letras b) y c), gozarán de igualdad de trato con los trabajadores nacionales en el Estado miembro en que residan en lo que se refiere a:
a) |
condiciones laborales, incluso en materia de salario y despido, así como en materia de salud y seguridad en el trabajo; |
b) |
libertad de asociación y de afiliación y participación en una organización de trabajadores o empresarios o en cualquier organización profesional, incluidas las ventajas conferidas por dichas organizaciones, sin perjuicio de las disposiciones nacionales en materia de orden público y seguridad pública; |
c) |
educación y formación profesional; |
d) |
reconocimiento de diplomas, certificados y otros títulos profesionales, de conformidad con los procedimientos nacionales aplicables; |
e) |
ramas de la seguridad social, según lo definido en el Reglamento (CE) no 883/2004; |
f) |
beneficios fiscales, siempre que se considere que el trabajador tiene su residencia fiscal en el Estado miembro de que se trate; |
g) |
acceso a los bienes y servicios y la obtención de bienes y servicios ofrecidos al público, incluidos los procedimientos de acceso a la vivienda contemplados en el Derecho nacional, sin perjuicio de la libertad de contratación de conformidad con el Derecho de la Unión y nacional; |
h) |
servicios de asesoría ofrecidos por las oficinas de empleo. |
2. Los Estados miembros podrán restringir la igualdad de trato:
a) |
en lo que respecta al apartado 1, letra c):
|
b) |
limitando los derechos conferidos en virtud del apartado 1, letra e), a los trabajadores de terceros países, pero sin restringir dichos derechos para los trabajadores de terceros países que tienen un empleo o que lo hayan tenido durante un período mínimo de seis meses y que estén registrados como desempleados. Además, los Estados miembros podrán decidir que el apartado 1, letra e) en lo que se refiere a las prestaciones familiares no se aplique a los nacionales de terceros países que hayan sido autorizados a trabajar en el territorio de un Estado miembro por un período no superior a seis meses, ni a los nacionales de terceros países que hayan sido admitidos para cursar estudios, ni a los nacionales de terceros países que autorizados a trabajar en virtud de un visado; |
c) |
en lo que respecta al apartado 1, letra f), por lo que concierne a los beneficios fiscales, limitando su aplicación a los casos en los que el lugar de residencia registrado o habitual de los miembros de la familia del trabajador de un tercer país para los que este solicita tales beneficios se encuentre en el territorio del Estado miembro de que se trate; |
d) |
en lo que respecta al apartado 1, letra g):
|
3. El derecho a la igualdad de trato establecido en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio del derecho del Estado miembro a retirar o denegar la renovación del permiso de residencia expedido con arreglo a la presente Directiva, el permiso de residencia expedido con fines distintos del trabajo o cualquier otra autorización para trabajar en un Estado miembro.
4. Los trabajadores de terceros países que se trasladen a un tercer país, o sus supérstites que residan en terceros países y sean titulares de derechos generados por esos trabajadores recibirán las pensiones legales por vejez, invalidez o fallecimiento derivadas del empleo anterior de tales trabajadores y adquiridas con arreglo a la legislación mencionada en el artículo 3 del Reglamento (CE) no 883/2004, en las mismas condiciones y en las mismas cuantías que los nacionales de los Estados miembros de que se trate cuando se trasladan a un tercer país.
CAPÍTULO IV
DISPOSICIONES FINALES
Artículo 13
Disposiciones más favorables
1. La presente Directiva se aplicará sin perjuicio de las disposiciones más favorables:
a) |
del Derecho de la Unión, incluidos los acuerdos bilaterales o multilaterales celebrados entre la Unión, o la Unión y sus Estados miembros, por una parte, y uno o varios terceros países, por otra parte; y |
b) |
de los acuerdos bilaterales o multilaterales concluidos entre uno o varios Estados miembros y uno o varios terceros países. |
2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros a adoptar o conservar disposiciones más favorables para las personas a las que se aplica.
Artículo 14
Información al público
Los Estados miembros pondrán a disposición del público en general información actualizada periódicamente sobre las condiciones de admisión y residencia de los nacionales de terceros países en su territorio con el fin de trabajar.
Artículo 15
Informes
1. Con carácter periódico, y por primera vez a más tardar el … (19), la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva en los Estados miembros y propondrá las modificaciones que considere necesarias.
2. Cada año, y por primera vez a más tardar el … (20), los Estados miembros presentarán a la Comisión estadísticas sobre el número de nacionales de terceros países a los que hayan concedido el permiso único durante el año natural transcurrido, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 862/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (21).
Artículo 16
Incorporación al Derecho nacional
1. Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el … (22). Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.
Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.
2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales disposiciones de Derecho nacional que adopten en el ámbito regulado por la presente Directiva.
Artículo 17
Entrada en vigor
La presente Directiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Artículo 18
Destinatarios
Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros de conformidad con los Tratados.
Hecho en …
Por el Parlamento Europeo
El Presidente
…
Por el Consejo
El Presidente
…
(1) DO C 27 de 3.2.2009, p. 114.
(2) DO C 257 de 9.10.2008, p. 20.
(3) Posición del Parlamento Europeo de 24 de marzo de 2011 (no publicada aún en el Diario Oficial) y Posición del Consejo en primera lectura de 24 de noviembre de 2011. Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial).
(4) DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.
(5) DO L 16 de 23.1.2004, p. 44.
(6) DO L 157 de 15.6.2002, p. 1.
(7) DO L 105 de 13.4.2006, p. 1.
(8) DO L 239 de 22.9.2000, p. 19.
(9) DO L 251 de 3.10.2003, p. 12.
(10) DO L 375 de 23.12.2004, p. 12.
(11) DO L 289 de 3.11.2005, p. 15.
(12) DO L 255 de 30.9.2005, p. 22.
(13) DO L 166 de 30.4.2004, p. 1.
(14) DO L 344 de 29.12.2010, p. 1.
(15) DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.
(16) DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.
(17) DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.
(18) DO L 304 de 30.9.2004, p. 12.
(19) Cinco años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
(20) Tres años después de la entrada en vigor de la presente Directiva.
(21) DO L 199 de 31.7.2007, p. 23.
(22) Dos años después de la fecha de la entrada en vigor de la presente Directiva.
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO
I. INTRODUCCIÓN
El 23 de octubre de 2007, la Comisión presentó al Consejo la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y el Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro.
El Comité Económico y Social y el Comité de las Regiones dictaminaron sobre la propuesta el 9 de julio de 2008 y el 18 de junio de 2008, respectivamente.
El 24 de marzo de 2011, el Parlamento Europeo adoptó su posición en primera lectura, con vistas a la adopción de la Directiva. El Consejo no pudo aprobar la posición del Parlamento y adoptó su posición en primera lectura el 24 de noviembre de 2011, de conformidad con el artículo 294 del Tratado.
II. OBJETIVO DE LA PROPUESTA
El objetivo de la propuesta consiste en introducir un procedimiento de solicitud único para los nacionales de terceros países que deseen residir en un Estado miembro para trabajar en él, junto con un permiso único de residencia o trabajo, así como establecer una serie común de derechos para todos los trabajadores de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro.
III. ANÁLISIS DE LA POSICIÓN DEL CONSEJO EN PRIMERA LECTURA
Generalidades
Las negociaciones se desarrollaron en un contexto político vinculado al programa de La Haya, que establece los objetivos y los instrumentos para el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia para el período 2005-2010 y, posteriormente, al programa de Estocolmo, que abarca el período 2010-2014. EN el programa de Estocolmo, el Consejo Europeo reconoció la importancia de los trabajadores migrantes a la hora de contribuir al aumento de la competitividad y de la vitalidad económica de la Unión, y para ello alentó la creación de sistemas de admisión flexibles que respondan a las prioridades, necesidades, números y volúmenes determinados por cada Estado miembro. Más concretamente, invitó a la Comisión y al Consejo a seguir aplicando el plan de política en materia de migración legal de 2005 que, entre otras cosas, establece un instrumento horizontal para determinar el marco de derechos de todos los trabajadores de terceros países que residan legalmente en un Estado miembro e introduce un procedimiento único de solicitud junto con un permiso único de residencia o trabajo.
El Consejo empezó a debatir la propuesta a principios de 2008, pero no consiguió alcanzar un acuerdo unánime al respecto. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la propuesta corresponde al procedimiento legislativo ordinario con mayoría cualificada requerido por el Consejo.
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición del Reino Unido e Irlanda respecto del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los Estados miembros que no participen en la adopción de la Directiva relativa al permiso no estarán vinculados ni sujetos a la aplicación de la misma.
De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo sobre la posición de Dinamarca anexo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y, por lo tanto, no está vinculada ni sujeta a la aplicación de la misma.
Cuestiones clave
De acuerdo con las disposiciones de la Declaración común sobre las modalidades prácticas del nuevo procedimiento de codecisión (1), representantes del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión mantuvieron contactos informales para llegar a un acuerdo sobre la posición del Consejo en primera lectura. Con objeto de conciliar la posición de ambas instituciones y tener en cuenta el acuerdo alcanzado en estos contactos, el Consejo adopta respecto de la propuesta de Directiva sobre el permiso único, su posición en primera lectura que incluyen las siguientes modificaciones clave en la propuesta de la Comisión:
Ámbito de aplicación (artículo 3)
El Consejo modifica la propuesta de la Comisión para especificar el ámbito de aplicación de la Directiva. Por claridad, el Consejo hace una distinción entre dos tipos de trabajadores de terceros países: los nacionales de terceros países que son titulares de un permiso de residencia con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) 1030/2002 y los que han sido admitidos a efectos distintos del de trabajar pero que están autorizados a ello, y los que se han admitido a efectos de trabajar. Mientras que esta última categoría tiene derecho, a tenor de la presente Directiva, a un permiso único y a la igualdad de trato, se concede a la primera el derecho a la igualdad de trato pero no queda sujeta al procedimiento de solicitud única. En la oración introductoria del artículo 12 sobre el derecho a la igualdad de trato se ha hecho una referencia subsiguiente a ambas categorías.
En relación con la propuesta de la Comisión, el Consejo añade categorías para los nacionales de terceros países que quedan excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. Puesto que los derechos de aquellas personas que se benefician de protección internacional, protección provisional o protección a tenor de la legislación nacional están regulados por otros instrumentos de la Unión, por claridad jurídica deben quedar explícitamente excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva. Por motivos similares, el Consejo excluye a los marinos del ámbito de aplicación de la Directiva. Aunque también se desprende de la definición de trabajador de un tercer país en la presente Directiva, el Consejo prefiere excluir explícitamente a los trabajadores por cuenta propia del ámbito de aplicación de la Directiva.
El Consejo estima asimismo necesario ofrecer a los Estados miembros la posibilidad de no conceder permisos únicos a los estudiante ni a los nacionales de terceros países no autorizados a trabajar en un Estado miembro durante períodos inferiores a seis meses, así como a los que están autorizados a trabajar sobre la base de un visado. Sin embargo, el derecho a la igualdad de trato es de aplicación a estas categorías de nacionales de terceros países.
Procedimiento de solicitud (artículos 4, 5, 8 y 10)
Respecto de la presentación de solicitudes de permiso único, el resultado de los contactos informales entre el Consejo y el Parlamento Europeo ha consistido en determinar más detalladamente a quién debe presentarse la solicitud y cuándo. Como regla general, los Estados miembros están obligados a determinar si la solicitud debe efectuarla el nacional del tercer país o su empresario. Pese a ello, y excepcionalmente, pueden presentarse determinadas situaciones en las que se autorice a la otra parte a presentar la solicitud.
Para atender a los trabajadores de terceros países que han sido admitidos en el territorio del Estado miembro con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva, la posición del Consejo establece que también se conceda a estos trabajadores el permiso único cuando soliciten la renovación o la modificación de sus permisos de residencia y siempre que reúnan las condiciones que contempla la Directiva.
El Consejo considera necesario especificar que el procedimiento de visado que los Estados miembros hayan podido establecer para la entrada inicial no se verá afectado por el procedimiento de solicitud única que contempla la presente Directiva. También se dispone específicamente que los Estados miembros tendrán la posibilidad de declarar inadmisible una solicitud debido a los volúmenes de admisión, en cuyo caso no habrá que dar curso a la solicitud.
Con el fin de garantizar la claridad y la transparencia del procedimiento, la posición del Consejo añade el requisito de que los Estados miembros plasmen en sus legislaciones nacionales las consecuencias de no haber adoptado una decisión dentro del plazo que fija la presente Directiva. De igual modo, se han añadido normas de procedimiento más detalladas para las situaciones en las que la información o los documentos en apoyo de la solicitud estén incompletos. Se pide a los Estados miembros que informen por escrito al solicitante de la información o documentos adicionales que deba presentar, y se disponen que puedan fijar un plazo razonable para que el solicitante lo haga. Para evitar posibles abusos del sistema, se ofrece a los Estados miembros la posibilidad de rechazar las solicitudes cuando no se haya facilitado dentro del plazo fijado la información necesaria. Simultáneamente, para garantizar la posibilidad de recurrir, la posición del Consejo obliga a los Estados miembros a especificar el tribunal o autoridad administrativa ante los que el solicitante en cuestión puede interponer un recurso contra las decisiones negativas.
Respecto a la percepción de tasas, se podrá pedir a los solicitantes el pago de la tramitación del expediente, aunque la posición del Consejo, pese a ajustarse al principio de proporcionalidad, permite que los Estados miembros basen el nivel de esas tasas en los distintos servicios realmente prestados a la hora de tramitar las solicitudes y de conceder los permisos.
Permisos únicos y permisos de residencia expedidos con fines distintos al del empleo (artículos 6 y 7)
A raíz de los contactos informales mantenidos entre el Consejo y el Parlamento, la posición del Consejo ofrece a los Estados miembros la posibilidad de complementar los permisos únicos y los permisos de residencia expedidos con fines distintos al del empleo con información adicional, para la que el formato de la tarjeta del permiso de residencia deja espacio suficiente. La información relativa a la relación laboral del nacional del tercer país de que se trate debe incluirse por separado en soporte de papel o bien almacenarse electrónicamente en el permiso. Esa información tiene por objeto impedir la explotación de los nacionales de terceros países y luchar contra el empleo ilegal.
Derecho a la igualdad de trato (Artículo 12)
Habida cuenta de la amplia definición de los trabajadores de terceros países en la presente Directiva, y con arreglo a su finalidad principal, que es la igualdad de trato a los trabajadores de terceros países que estén realmente empleados, y no necesariamente a aquellos que están autorizados a trabajar pero que nunca lo hayan hecho, el Consejo modifica la propuesta de la Comisión para ampliar en mayor medida las posibilidades de los Estados miembros de limitar el derecho de los trabajadores a la igualdad de trato con los nacionales.
Simultáneamente, la posición del Consejo modifica la propuesta de la Comisión al garantizar la igualdad de trato a los trabajadores de terceros países, con independencia de si están trabajando o no, respecto de las condiciones de trabajo, la libertad de asociación y los beneficios fiscales (siempre y cuando los trabajadores de terceros países sean considerados como residentes a efectos fiscales en el Estado miembro de que se trate).
El Consejo estima importante aclarar, mediante un principio general que el derecho de los nacionales de terceros países a la igualdad de trato no afecta por sí mismo el derecho de los Estados miembros a retirar o denegar el permiso de residencia expedido a tenor de la presente Directiva.
En relación con la educación y la formación profesional, el Consejo y el Parlamento Europeo acordaron que se permitiese a los Estados miembros restringir el acceso a la educación y a la formación profesional a aquellos trabajadores de terceros países que tengan un empleo y a los que, habiendo tenido un empleo, estén registrados como desempleados. La posición del Consejo permite asimismo a los Estados miembros excluir a los trabajadores de terceros países que hayan sido admitidos en virtud de la Directiva 2004/114/CE, ya que esta Directiva trata específicamente de los nacionales de terceros países que han sido admitidos a efectos de cursar estudios. Además de la exclusión que contempla la propuesta de la Comisión en cuanto a las becas de estudio, la posición del Consejo permite a los Estados miembros excluir, por motivos presupuestarios, las becas y préstamos de mantenimiento u otras becas y préstamos. Se permite que los Estados miembros exijan que concurran requisitos previos específicos antes de conceder a los trabajadores de terceros países acceso a la universidad y a la enseñanza postsecundaria o a la formación profesional. Estos requisitos previos no son solo de índole educativa, y pueden incluir el dominio de la lengua y el pago de matrículas. Sin embargo, los requisitos previos no serán aplicables a la formación profesional vinculada a una actividad laboral concreta.
EL Consejo modifica la propuesta de la Comisión al obligar a los Estados miembros a conceder la igualdad de trato en el ámbito de la seguridad social no solo a los que tienen un empleo, sino también a los que, habiendo estado empleados durante un período mínimo de seis meses, se hallan registrados como desempleados. Se ofrece con todo a los Estados miembros la posibilidad de denegar los subsidios familiares a los nacionales de terceros países que estén autorizados a trabajar en un Estado miembro durante un período máximo de seis meses, que hayan sido admitidos a efectos de cursar estudios y a los que estén autorizados a trabajar sobre la base de un visado. Esta limitación deriva de que varios Estados miembros consideran que los subsidios familiares son medidas con repercusiones demográficas a largo plazo, destinadas a las personas que residan en un país determinado durante un período más largo.
El Consejo modifica la propuesta de la Comisión al permitir que los Estados miembros concedan acceso a los bienes y servicios solamente a los trabajadores de terceros países que tengan un empleo. Además, la posición del Consejo dispone por motivos presupuestarios que los Estados miembros podrán aplicar una restricción general al acceso a la vivienda. Simultáneamente, se deberá garantizar a todos los trabajadores de terceros países la igualdad de trato con los nacionales respecto de los servicios de asesoría prestados por las oficinas de empleo.
La posición del Consejo especifica que se concederá la igualdad de trato respecto de los beneficios fiscales siempre que se considere que el trabajador de un tercer país reside a efectos fiscales en el Estado miembro de que se trate. En relación con los beneficios fiscales reclamados para los miembros de la familia, los Estados miembros podrán exigir que el lugar de residencia registrado o habitual de los miembros de la familia se halle en el Estado miembro en cuestión.
La posición del Consejo aclara aún más la propuesta de la Comisión en cuanto a las pensiones legales de los trabajadores de terceros países que se trasladen a un tercer país, o a los miembros supervivientes de la familia que residan en un tercer país.
Informes (Artículo 15)
La posición del Consejo estipula que se faciliten las estadísticas sobre los volúmenes de nacionales de terceros países a los que se haya concedido el permiso único, de conformidad con el Reglamento (CE) no 862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional.
Incorporación a la legislación nacional (Considerando 32 y artículo 16)
A raíz de la aprobación de las Declaraciones políticas conjuntas sobre documentos explicativos por parte del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo, la Comisión envió una carta al Consejo en la que justificaba la necesidad de proporcionar documentos explicativos en el caso de la Directiva sobre el permiso único (2). Posteriormente, el Consejo insertó un nuevo considerando 32 y modificó el correspondiente artículo de la Directiva.
IV. CONCLUSIÓN
La posición del Consejo en primera lectura plasma la fórmula transaccional lograda en las negociaciones entre el Consejo y el Parlamento Europeo, facilitada por la Comisión. El Coreper aprobó esa fórmula en su reunión de 20 de julio de 2011. Anteriormente, la Presidencia de la Comisión de Libertades y Derechos de los Ciudadanos, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, por carta con fecha de 15 de julio de 2011 al Presidente del Coreper, había indicado que, de transmitirse el fórmula transaccional al Parlamento como posición del Consejo en primera lectura, recomendaría a los miembros de la Comisión LIBE, y después al pleno, que se aceptase la posición del Consejo sin enmiendas en la segunda lectura en el Parlamento, sin perjuicio de su supervisión por los juristas/lingüistas de ambas instituciones. Debido a su naturaleza horizontal, la adopción de la Directiva sobre el permiso único será de importancia crucial en el ámbito de la migración legal a escala de la UE.
(1) DO C 148 de 28.5.1999, p. 1.
(2) 16058/11 EDUC 164 SOC 917 CULT 1815 (http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/11/st16/st16058.en11.pdf).