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Document 52011DC0125

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Disipación de las incertidumbres en torno a los derechos patrimoniales de las parejas internacionales

/* COM/2011/0125 final */

In force

52011DC0125

/* COM/2011/0125 final */ COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES Disipación de las incertidumbres en torno a los derechos patrimoniales de las parejas internacionales


[pic] | COMISIÓN EUROPEA |

Bruselas, 16.3.2011

COM(2011) 125 final

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Disipación de las incertidumbres en torno a los derechos patrimoniales de las parejas internacionales

{COM(2011) 126 final}{COM(2011) 127 final}{SEC(2011) 327 final}{SEC(2011) 328 final}

COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSEJO, AL COMITÉ ECONÓMICO Y SOCIAL EUROPEO Y AL COMITÉ DE LAS REGIONES

Disipación de las incertidumbres en torno a los derechos patrimoniales de las parejas internacionales

1. INTRODUCCIÓN

La creación de un espacio judicial europeo tiene el objetivo primordial de ofrecer a los ciudadanos europeos seguridad jurídica y un fácil acceso a la justicia en toda situación transfronteriza que les afecte. Con ese fin, la Unión Europea se ha dotado de diversos instrumentos.

No obstante, como bien demuestra el Informe de 2010 sobre la Ciudadanía de la Unión, presentado por la Comisión el 27 de octubre de 2010[1], persisten numerosos obstáculos que dificultan a la ciudadanía de la Unión el pleno ejercicio de sus derechos y, en particular, el de libertad de circulación. Entre los obstáculos detectados por la Unión se hallan las incertidumbres en cuanto a los derechos de propiedad de las parejas internacionales formadas, por ejemplo, por nacionales de distintos Estados miembros o residentes en un Estado miembro distinto del de origen.

De los aproximadamente 122 millones de matrimonios de la Unión, unos 16 millones (el 13 %) presentan esa dimensión transfronteriza. En 2007, de los 2,4 millones de matrimonios que se celebraron en la Unión, 300 000 parejas se inscribían en esa categoría, al igual que 140 000 divorcios (13 %) de los 1 040 000 pronunciados en la UE ese mismo año. Además, 8 500 uniones registradas internacionales se disolvieron por separación y 1 266 por el fallecimiento de uno de sus miembros.

Las divergencias entre los distintos sistemas jurídicos nacionales a menudo ocasionan a las parejas internacionales consecuencias imprevistas -y a veces perjudiciales- para la administración de sus bienes.

Cuando una unión se disuelve como consecuencia de un divorcio, de una separación o del fallecimiento de uno de los miembros de la pareja, los ex componentes de esa pareja o el componente supérstite deben hacer frente a numerosas dificultades, sobre todo en lo que respecta al reparto de los bienes adquiridos durante el periodo de convivencia, como ilustra el ejemplo siguiente:

Una pareja greco-húngara contrae matrimonio en Grecia, país en el que pasa tres años de vida en común. Al término de ese periodo, la pareja decide trasladarse a Hungría. A los dos años de residencia en Hungría, el matrimonio se disuelve. Conforme al Derecho griego, la liquidación del régimen económico matrimonial está sujeta a la ley griega en aplicación de la regla sobre conflicto de leyes (el punto de conexión es la residencia común habitual de los cónyuges en el momento de celebración del matrimonio ). Por el contrario, según la regla de conflicto de leyes aplicable en Hungría, la liquidación del régimen económico matrimonial debe regirse por la ley húngara (habida cuenta de que el punto de conexión es la residencia común habitual de los cónyuges en el momento de declaración del divorcio ).

¿Cómo determinar cuál es el órgano jurisdiccional competente? La pareja ha residido en Grecia, pero también en Hungría. Para la liquidación del régimen económico matrimonial, ¿es preciso acudir a los órganos jurisdiccionales griegos o a los húngaros?

En el ejemplo escogido, si el cónyuge húngaro considera que la ley húngara puede serle más favorable por brindarle una mayor protección de sus intereses, es posible que se anticipe a la otra parte y someta la cuestión al juez húngaro. Se habla en esos casos de «carrera hacia los tribunales». Según las normas actualmente vigentes, el cónyuge mejor informado puede iniciar el procedimiento y situar al otro cónyuge en posición de desventaja.

Actualmente, las reglas aplicables en materia de relaciones patrimoniales de las parejas internacionales no permiten prevenir este tipo de situación y no ofrecen la seguridad jurídica necesaria para la administración y el reparto de los bienes de las parejas.

2. MARCO JURÍDICO

La Unión está desarrollando una política dirigida a facilitar la vida de los ciudadanos y de las parejas internacionales, en particular, en las situaciones transfronterizas a las que puedan verse expuestos.

Como parte de esa política, se han adoptado distintos instrumentos de Derecho internacional privado en el ámbito del Derecho de familia, concretamente el Reglamento «Bruselas II bis», de 27 de noviembre de 2003[2], y el Reglamento «Roma III», aprobado el 20 de diciembre de 2010[3].

En el supuesto de que una pareja internacional decida divorciarse o separarse, las disposiciones del Reglamento «Bruselas II bis» permiten a los cónyuges saber qué tribunal será competente para pronunciarse sobre su divorcio y cómo la resolución relativa al fin de su unión podrá circular de un Estado miembro a otro, ser reconocida y ejecutarse en un Estado miembro distinto de aquél en el que se haya dictado dicha resolución.

El Reglamento «Roma III» completa esas reglas al contemplar la posibilidad de que los cónyuges escojan la ley aplicable a su proceso de divorcio. Ese Reglamento es el resultado de una cooperación reforzada[4] en el ámbito de la ley aplicable al divorcio, primer ejemplo de ese tipo de cooperación.

Al permitir determinar la ley aplicable y el tribunal competente con arreglo a criterios objetivos, esos instrumentos ofrecen a los cónyuges una mayor seguridad jurídica e incrementan la previsibilidad y la flexibilidad de los procesos de divorcio y de separación.

No obstante, ninguna de las disposiciones de esos instrumentos regula las cuestiones de Derecho internacional privado correspondientes a las relaciones patrimoniales de las parejas internacionales.

Idéntica apreciación cabe realizar en lo que respecta a la propuesta de reglamento sobre sucesiones, en curso de negociación[5]. El objeto de dicha propuesta es permitir a los ciudadanos residentes en la Unión Europea organizar por anticipado su sucesión y proteger con eficacia los derechos de los herederos y de las demás personas vinculadas al difunto, así como de los acreedores de la herencia. No obstante, esa propuesta no regula los aspectos patrimoniales del matrimonio y la unión registrada.

3. ASPECTOS PATRIMONIALES: MOTIVOS PARA ACTUAR DE INMEDIATO

En el Programa de Estocolmo – Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano[6], el Consejo Europeo solicitó recientemente la extensión del régimen de reconocimiento mutuo a ámbitos esenciales para la vida cotidiana de los ciudadanos. Entre esos ámbitos se citan expresamente las cuestiones relacionadas con los regímenes económico matrimoniales y las consecuencias patrimoniales de la separación de las parejas[7].

Además, el Parlamento Europeo[8] ha suscrito una iniciativa de la Comisión sobre los regímenes económico matrimoniales, subrayando además que en el ámbito de la justicia civil, las prioridades deben consistir en satisfacer las necesidades expresadas por los ciudadanos, simplificando los trámites judiciales e implantando procedimientos más simples, claros y asequibles.

Ya en julio de 2006, la Comisión publicó un Libro verde sobre la solución de los conflictos de leyes en materia de regímenes matrimoniales[9], en el que abordaba también las cuestiones de la competencia jurisdiccional y el reconocimiento mutuo. Ese Libro verde permitió abrir una amplia consulta pública cuyos resultados han confirmado la necesidad de disponer de instrumentos europeos tanto para los regímenes económico matrimoniales como para los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

La Comisión considera que ha llegado el momento, para responder plenamente a las expectativas de los ciudadanos, de completar el marco jurídico existente con disposiciones relativas a las relaciones patrimoniales. Por ese motivo y, en cumplimiento del compromiso contraído en el Informe sobre la ciudadanía de 2010, presenta ahora una serie de propuestas con las que pretende ofrecer respuestas europeas a las dudas que se plantean las parejas internacionales sobre estas cuestiones.

4. UNA PERSPECTIVA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

La administración de los bienes de los cónyuges a lo largo de su convivencia, periodo en el que se incluye el momento de la disolución de la unión, se rige por el Derecho nacional de los Estados miembros.

Si bien el Derecho material de los regímenes económico matrimoniales varía de un Estado miembro a otro, la mayoría de los Estados miembros establecen una distinción entre el régimen económico matrimonial legal, por una parte, y el régimen económico matrimonial convencional, por otra. Por régimen legal se entiende el que entra en aplicación cuando los cónyuges no se inclinan por otras disposiciones. Cuando los cónyuges expresan alguna elección, se habla de régimen matrimonial convencional.

Las reglas del régimen económico matrimonial que se les aplique son las que determinan si los bienes poseídos o adquiridos por los cónyuges pertenecen o no a ambos. En el sistema conocido como sociedad de bienes gananciales, una parte o la totalidad de los bienes poseídos o adquiridos por uno de los miembros de la pareja pasa a formar parte de la propiedad común y pertenece por lo tanto a ambos cónyuges, mientras que, en el de separación de bienes, estos pertenecen a uno u otro cónyuge. Se trata de principios generales que las legislaciones de los Estados miembros aplican de diferentes maneras.

Por unión registrada se entiende la convivencia de dos personas como pareja y el registro de esa situación ante una autoridad pública de su Estado de residencia. Se trata de una institución reciente y recogida hasta la fecha en la legislación de catorce Estados miembros[10]. Al igual que el matrimonio, la unión registrada surte en el patrimonio de los miembros de la pareja efectos que se rigen por el Derecho nacional. Aquí, las divergencias entre los Derechos nacionales son más pronunciadas que las antes señaladas a propósito de los regímenes económico matrimoniales.

Como el Derecho material, las reglas nacionales de Derecho internacional privado aplicables a los derechos de propiedad de las parejas internacionales varían considerablemente de un Estado miembro a otro. Esa situación priva a las parejas que han decidido ejercer su derecho de libre circulación de una seguridad jurídica adecuada.

Ante esas divergencias, pueden plantearse a nivel europeo tres modelos que ofrecerían a los ciudadanos la seguridad jurídica necesaria:

- la primera solución, a la que se recurre ya en la práctica, consiste en dejar en mano de los Estados miembros la búsqueda de soluciones en el marco de acuerdos bilaterales. El acuerdo franco-alemán de febrero de 2010[11] es un ejemplo de ese planteamiento. Pero, incluso cuando se encuentran abiertos a la adhesión de los demás Estados miembros (como es el caso del acuerdo franco-alemán), tales acuerdos no consiguen abarcar la totalidad de problemas prácticos que se plantean ni, por consiguiente, ofrecer una respuesta europea completa;

- la segunda solución consistiría en armonizar el Derecho material que rige los efectos patrimoniales del matrimonio y de las uniones registradas. No obstante, semejante enfoque queda excluido por los Tratados, que no otorgan a la Unión competencias en ese ámbito ni, por otra parte, en cuanto a las formas de unión que dan origen a esas relaciones, a saber, el matrimonio y la unión registrada;

- el tercer enfoque, permitido por los Tratados, consiste en la adopción a nivel europeo de reglas de Derecho internacional privado en cuanto a los efectos patrimoniales del matrimonio y de la unión registrada.

Por ese motivo y, conforme a lo anunciado en su Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo, de 20 de abril de 2010[12], la Comisión propone las iniciativas siguientes:

- una propuesta de Reglamento relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económico matrimoniales;

- una propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de efectos patrimoniales de las uniones registradas;

Si bien ambas propuestas presentan grandes similitudes en cuanto a su estructura y su contenido, la Comisión considera que resultará más fácil tener en cuenta las especificidades de cada tipo de unión con dos instrumentos legislativos que con un único instrumento que regule ambas figuras. En efecto, el matrimonio y la unión registrada son figuras jurídicas diferentes en la UE. El matrimonio es una institución jurídica tradicional en los veintisiete Estados miembros mientras que la unión registrada es una figura más reciente reconocida solamente en catorce de ellos, como ya se ha indicado anteriormente. Por ello, algunas de las soluciones jurídicas propuestas presentan inevitables diferencias para cada uno de esos dos estados.

Además, como el matrimonio y la unión registrada pueden estar, según los Estados miembros, abiertos tanto a parejas de sexo opuesto como a parejas del mismo sexo, ambas propuestas tienen carácter neutro con respecto a la orientación sexual[13]. Con el objetivo común de dar una respuesta jurídica cierta a los problemas encontrados por las parejas internacionales en este ámbito, la presentación de dos instrumentos diferentes permitirá que las reglas aplicables a cada una de las dos figuras resulten más claras e inteligibles para los ciudadanos y para los profesionales.

Habida cuenta de su estrecha vinculación, ambas propuestas se adoptan simultáneamente y en forma de «paquete» para subrayar la determinación de la Comisión a facilitar la vida cotidiana de las parejas internacionales, con independencia de si ha mediado la celebración de un matrimonio o de una unión registrada. La Comisión invita al Consejo a que se ajuste también a ese planteamiento global.

Ambas propuestas son neutras desde el punto de vista fiscal y no supondrán cambio alguno en la legislación tributaria nacional de los Estados miembros.

5. RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Conforme a la Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la Unión Europea[14], la Comisión ha comprobado que ambas propuestas respetan los derechos enunciados en dicha Carta.

Ninguna de ellas atenta contra el derecho al respeto de la vida privada y familiar ni contra el derecho a contraer matrimonio y a fundar una familia con arreglo a las leyes nacionales, consagrados respectivamente en los artículos 7 y 9 de la Carta.

Se refuerza además el derecho a la propiedad contemplado en el artículo 17 de la Carta. En efecto, la previsibilidad de la ley aplicable a la masa de bienes de la pareja permitirá a los cónyuges y a los miembros de la pareja un disfrute más efectivo de su derecho a la propiedad.

La Comisión ha asegurado también que se tenga en cuenta el artículo 21, que prohíbe toda discriminación y, con ese fin, ha velado por que los dos textos propuestos sean neutros con respecto al sexo, por lo que no establece distinción alguna basada en la orientación sexual.

Por último, las disposiciones propuestas allanan el acceso a la justicia en la Unión a los ciudadanos y, en particular, a los cónyuges vinculados por matrimonio y a los miembros de las uniones registradas. En efecto, facilitan la aplicación del artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales, que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial. El establecimiento de criterios objetivos para determinar el tribunal competente descarta todo procedimiento paralelo y el recurso precipitado a los tribunales de la parte más activa.

6. CONTENIDO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas de la Comisión tratan de dar respuesta a las preguntas siguientes:

- ¿Qué tribunal es competente para proceder a la liquidación del régimen económico matrimonial o de los efectos patrimoniales de la unión registrada?

- ¿Qué ley se aplica a esa liquidación?

- ¿Se reconoce y ejecuta fácilmente en otro Estado miembro la resolución de ese tribunal o la decisión de otra autoridad competente de un Estado miembro?

6.1. Determinación del tribunal competente: centralización de los procedimientos y coherencia con el acervo existente

Las propuestas de reglamento determinan el tribunal competente para la liquidación de un régimen económico matrimonial o de los efectos patrimoniales de una unión registrada. La Comisión propone centralizar en un único tribunal los distintos procedimientos: el de divorcio, el de separación y el de liquidación del régimen económico matrimonial.

Se busca además la coherencia con las reglas europeas en materia de competencias de los tribunales que ya están en vigor o que se han propuesto dentro de otros instrumentos legislativos de la Unión.

En caso de divorcio o de separación, los tribunales competentes para conocer de esos procesos conforme al Reglamento Bruselas II bis anteriormente citado pasarán a ser también competentes para la liquidación del régimen económico matrimonial causada por el divorcio o la separación.

Del mismo modo, en caso de fallecimiento de uno de los cónyuges o de uno de los miembros de la pareja, el tribunal competente para conocer de la sucesión[15] adquirirá también competencia para las cuestiones relacionadas con los regímenes económico matrimoniales y los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

Esta concentración ante un solo tribunal representará un importante ahorro que, según las estimaciones, se situará entre 2 000 y 3 000 euros por proceso. Además, evitará a los ciudadanos acudir a órganos jurisdiccionales distintos en función de la materia de que se trate, por ejemplo la liquidación de la sucesión o el reparto de los bienes en caso de disolución de una unión registrada debido al fallecimiento de uno de los miembros de la pareja.

6.2. Determinación de la ley aplicable: posibilidad de elección de los cónyuges

Se proponen para el matrimonio y para la unión registrada dos enfoques diferentes en razón de las especificidades de cada institución.

Se ofrece a los cónyuges la posibilidad de escoger la ley aplicable. Se trata, no obstante, de una posibilidad de elección limitada a fin de evitar que los cónyuges escojan una ley con la que su matrimonio no presente vínculo alguno. Pueden optar entre la ley del lugar de residencia habitual común y la del país de nacionalidad. En caso de que los cónyuges renuncien a escoger la ley aplicable, la propuesta incluye una lista de puntos objetivos de conexión que permiten determinarla.

Esas soluciones permitirán tener en cuenta la movilidad de los ciudadanos y respetar la autonomía de la voluntad de los cónyuges, ofreciendo al mismo tiempo seguridad jurídica a cada uno de ellos. En caso de cambio de residencia habitual de un Estado miembro a otro, los cónyuges podrán, por ejemplo, cambiar sin dificultad la ley aplicable a su régimen económico matrimonial. Tal es además el enfoque adoptado en el reciente Reglamento Roma III, antes citado, sobre la ley aplicable al divorcio y a la separación.

El grado de autonomía es más reducido en el caso de las uniones registradas. En efecto, la propuesta determina de manera precisa la ley aplicable a los efectos patrimoniales de las uniones registradas: la ley del Estado de registro de la unión. Habida cuenta de que la unión registrada es una institución que no existe todos los Estados miembros de la Unión y de que se observa una gran diversidad entre las legislaciones de los Estados miembros cuyos ordenamientos jurídicos la contemplan, la propuesta ha optado por la ley del país de registro.

Esa regla tendrá las ventajas de aportar una mayor transparencia a la determinación de la ley aplicable cuando una pareja se halle vinculada por una unión registrada y de permitir prever los posibles efectos patrimoniales en caso de procedimiento de separación.

Como regla general, la Comisión pondrá a disposición de los ciudadanos la información pertinente sobre las normativas y los procedimientos nacionales relativos tanto a los regímenes económico matrimoniales como a los efectos patrimoniales de las uniones registradas, para lo que se valdrá de los medios apropiados y, concretamente, de la red judicial europea en materia civil y mercantil. De igual manera se procederá con las disposiciones nacionales sobre oponibilidad a terceros.

6.3. Reconocimiento y ejecución de las resoluciones: rapidez de su circulación y ejecución en la Unión

Las disposiciones relativas al reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y de los actos auténticos son similares a las ya existentes en la propuesta de Reglamento sobre sucesiones[16]. Estas se ajustan a las vigentes en materia civil y mercantil[17].

Su finalidad es asegurar la libre circulación de las resoluciones dentro la Unión y su ejecución efectiva, modificando con ello la situación actual, en la que cada Estado miembro aplica sus propias reglas nacionales en materia de reconocimiento y ejecución de las resoluciones dictadas en este ámbito.

Las propuestas constituyen las primeras medidas propuestas al nivel de la Unión en el ámbito de las relaciones patrimoniales de las parejas internacionales, correspondientes al sector del Derecho de familia. Conforme al Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea, las medidas que afectan al ámbito del Derecho de familia requieren la unanimidad del Consejo. Por ese motivo, la Comisión ha considerado apropiado mantener un control de las resoluciones en esta materia en el Estado miembro donde se soliciten el reconocimiento y la ejecución. Por consiguiente, las resoluciones dictadas en un Estado miembro se reconocerán mediante un procedimiento de exequátur ante los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que se solicite la ejecución. Se trata de un procedimiento que puede reducirse a una comprobación formal de los documentos presentados por la parte demandante, similar a la ya existente en materia civil y mercantil.

Estas nuevas disposiciones representan un avance considerable en relación con la situación actual, donde cada Estado miembro aplica sus propias normas de procedimiento y sus propias causas de denegación de la ejecución de resoluciones extranjeras, lo que supone un grave obstáculo a la circulación de las resoluciones judiciales en esta materia.

En una etapa posterior y, en función de la evaluación de la ejecución de las medidas propuestas y de las disposiciones equivalentes del Reglamento Bruselas II bis antes citado, la Comisión estudiará la posibilidad de adoptar un procedimiento más sencillo y automático.

7. CONCLUSIONES

Los dos reglamentos propuestos por la Comisión tienen la finalidad de simplificar la vida de los ciudadanos en momentos a menudo difíciles de su existencia. Responden con ello a los compromisos que la Comisión adquirió en el informe sobre la ciudadanía europea.

Ambos instrumentos ofrecerán una mayor seguridad jurídica a las parejas internacionales, ya se trate de matrimonios o de uniones registradas. En el momento de la disolución de una unión, permitirán determinar la ley aplicable al reparto de los bienes y el órgano jurisdiccional competente. La libre circulación de las resoluciones quedará asegurada por el reconocimiento automático de éstas en toda la Unión y su ejecución se someterá a un procedimiento uniforme simplificado.

Ambas propuestas, consideradas de forma conjunta con el acervo vigente y con las disposiciones en curso de negociación, completan el actual marco jurídico y garantizan la coherencia necesaria en materia de cooperación judicial civil y, en particular, en el ámbito del Derecho de familia. Al igual que el resto de las medidas adoptadas en este ámbito, no afectan al Derecho sustancial de los Estados miembros sobre regímenes económico matrimoniales y efectos patrimoniales de las uniones registradas. De conformidad con los Tratados, el Derecho sustancial sigue siendo competencia nacional.

[1] Informe de 2010 sobre la ciudadanía de la Unión: la eliminación de los obstáculos a los derechos de los ciudadanos de la Unión - COM(2010) 603.

[2] Reglamento (CE) n° 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n° 1347/2000 (DO L 338 de 23.12.2003).

[3] Reglamento (UE) nº 1259/2010 del Consejo, de 20 de diciembre de 2010, por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la ley aplicable al divorcio y a la separación judicial (DO L 343 de 29.10.2010, p. 10).

[4] 14 Estados miembros participan en esta cooperación reforzada: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Hungría, Italia, Letonia, Luxemburgo, Malta, Portugal y Rumanía.

[5] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo – COM(2009) 154.

[6] DO C 115 de 4.5.2010.

[7] Se trata de cuestiones que ya se mencionaron en 1998 en el Plan de Acción de Viena (DO C 19 de 23.1.1999) y, dos años más tarde, en el Programa de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia civil y mercantil (DO C 12 de 15.1.2001).

[8] Resolución del Parlamento Europeo de 25 de noviembre de 2009 sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos - Programa de Estocolmo», y Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de noviembre de 2010, sobre los aspectos de Derecho civil, mercantil, de familia e internacional privado del plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo.

[9] COM(2006) 400 - Libro Verde sobre el conflicto de leyes en materia de régimen matrimonial, con especial referencia a las cuestiones de competencia jurisdiccional y reconocimiento mutuo {SEC(2006) 952}.

[10] Bélgica, Dinamarca, Alemania, Finlandia, Francia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Austria, Países Bajos, Chequia, Reino Unido, Eslovenia y Suecia.

[11] Acuerdo bilateral entre Alemania y Francia por el que se establece un régimen matrimonial facultativo de participación, firmado en febrero de 2010.

[12] COM (2010) 171 final.

[13] Por ejemplo: un matrimonio entre personas del mismo sexo celebrado conforme al Derecho portugués recibirá, en virtud de la propuesta relativa a los regímenes económico matrimoniales, la misma consideración que un matrimonio entre personas de sexo opuesto. Habida cuenta de que en Francia las uniones registradas pueden ser tanto de personas de sexo opuesto como de personas del mismo sexo, ambos tipos de unión se considerarán cubiertos por la propuesta relativa a los efectos patrimoniales de las uniones registradas.

[14] Comunicación de la Comisión, COM(2010) 573 de 19.10.2010.

[15] Conforme al futuro instrumento en fase de negociación.

[16] Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo - COM(2009) 154.

[17] Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.01.2001, p.1). El 14 de diciembre de 2010 se aprobó una propuesta de refundición del Reglamento Bruselas I - COM(2010)748.

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