19.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/6

1-2

3-6

7-10

1.

La Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, antiguamente Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia (en lo sucesivo, «la Agencia»), se creó en virtud del Reglamento (CE) no 1035/97 del Consejo, de 2 de junio de 1997 (1), que fue modificado por el Reglamento (CE) no 168/2007 del Consejo, del 15 de febrero de 2007 (2), modificación que se tradujo en una ampliación de competencias. Su misión consiste principalmente en proporcionar a la Unión y a los Estados miembros datos fiables sobre los fenómenos del racismo, de la xenofobia y del antisemitismo en la Unión y cooperar en estos ámbitos con el Consejo de Europa.

2.

El cuadro 1 presenta de forma sintética las competencias y actividades de la Agencia, mientras que los cuadros 2, 3 y 4 muestran, con fines de información, el resumen de los datos clave obtenidos a partir de los estados financieros elaborados por dicho organismo en relación con el ejercicio.

3.

La presente declaración está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (3), y fue formulada a raíz del examen de las cuentas de la Agencia, conforme al artículo 248 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

4.

De conformidad con el artículo 12 del Reglamento (CE) no 1035/97, las cuentas de la Agencia correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2006 (4), fueron elaboradas por su director, tras lo cual se transmitieron al Tribunal para que emitiera su declaración sobre la fiabilidad de dichas cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

5.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y códigos deontológicos de IFAC y de INTOSAI, en la medida en que son aplicables al ámbito comunitario. La fiscalización fue planeada y llevada a la práctica con el fin de obtener garantías razonables de que las cuentas son fiables y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares.

6.

El Tribunal ha obtenido de este modo una base razonable para emitir la declaración siguiente:

Fiabilidad de las cuentasLas cuentas del Centro correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2006 son fiables en todos los aspectos importantes.Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentesLas operaciones subyacentes a las cuentas anuales del Centro son en conjunto legales y regulares.El contenido de las observaciones que se exponen a continuación no cuestiona la declaración emitida por el Tribunal.

7.

La Agencia transfirió 235 000 euros del Título III (Actividades operativas) al Título I (Personal) para cubrir el aumento de los gastos de personal temporal. La transferencia no fue acompañada de los justificantes que exige el artículo 23, apartado 3, del Reglamento financiero de la Agencia.

8.

En 2006, la Agencia decidió que corrieran a su cargo todos los gastos escolares de los hijos de su personal, sin tener en cuenta el artículo 3 del anexo VII del Estatuto de los funcionarios. Los pagos se efectuaron en 2006, pese a que la decisión no había sido aprobada por el Consejo de Administración ni se habían firmado acuerdos formales con centros escolares locales que resultaran adecuados (5).

9.

En mayo de 2006, el director aprobó los procedimientos de contratación del personal de la Agencia. En algunos aspectos, estos procedimientos no eran conformes a las normas y objetivos del Estatuto de los funcionarios: incumplimiento del principio de paridad en la composición del comité de selección, establecimiento de la lista de reserva por orden alfabético, imposibilidad efectiva de recurso para los candidatos rechazados durante la fase de evaluación preliminar.

10.

En un procedimiento de adjudicación de un contrato marco (6), la Agencia recibió dos licitaciones. Una fue rechazada por el comité de apertura con el argumento de que había sido recibida con retraso, sin que ello hubiera sido así. El contrato fue concedido al segundo licitador, aun cuando este había obtenido una puntuación muy baja en la evaluación de la calidad.