16.5.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/73

1.1

El artículo 159 del Tratado establece que, cada tres años, la Comisión presentará un informe que describa la situación de la cohesión en Europa desde el punto de vista socioeconómico.

1.2

Dado que el informe se publicó el año anterior a la actualización de las directrices integradas de la Estrategia de Lisboa, el Comité espera que, tal como pidió, se tomen en cuenta sus reflexiones no solamente en la próxima generación de la política regional, sino también una vez se elaboren estas nuevas directrices integradas (1).

1.3

El nuevo Tratado de Reforma innova al incluir, entre los objetivos generales de la UE (artículo 3), la cohesión territorial, ausente hasta que se añadió en la Convención sobre el Futuro de Europa y se ratificó en la Conferencia Intergubernamental (CIG) de 2007.

2.1

La Comunicación que acompaña al informe abre un debate sobre el futuro de la política estructural, formulando una serie de preguntas. En opinión del CESE, faltan dos cuestiones de interés fundamental que necesitan una respuesta concreta:

2.2

Las cifras que se presentan en el informe pueden confundir a un lector atento, dado que no siempre queda claro si se refieren a la UE de 15, 25 o 27 Estados miembros. Además, cuando se habla de diferentes evoluciones, las fechas de referencia pueden provocar perplejidad, por ejemplo cuando el informe, en varias ocasiones, aborda el tema de la cohesión en la UE-27 tomando como fecha de referencia 1996, época en que los Estados miembros acababan de aumentar su número a quince. Como consecuencia, las tendencias esbozadas no se refieren únicamente a la UE e incluyen a países que, por la orientación de sus relaciones comerciales, estaban poco o nada afectados por las políticas sectoriales europeas (mercado interior, competencia, política regional). En otras palabras, estos datos desdibujan las conclusiones que se pueden sacar en relación con la contribución específica de las políticas estructurales a la realización de una mayor cohesión, a pesar de que el valor de estas políticas es incontestable (3).

2.3

El criterio del 75 % del PIB per cápita que se aplicaba para determinar si una región se hallaba en retraso en su desarrollo perdió claridad cuando, tras la ampliación, el PIB per cápita disminuyó como resultado de la adhesión de países mucho menos ricos que aquellos que les habían precedido (efecto estadístico). Lo mismo ha pasado con la adhesión de Bulgaria y Rumanía. Por consiguiente, no es posible comparar directamente la situación en materia de cohesión antes de 2004 y la situación actual. Los resultados de las doce regiones que han superado este umbral deben relativizarse, ya que nada garantiza que no sean imputables al efecto estadístico.

2.4

El informe anuncia que, al comienzo del próximo período de programación, nueve de los doce Estados miembros que se adhirieron en las ampliaciones de 2004 y 2007 habrán superado el umbral del 75 % del PIB europeo per cápita. Este criterio de referencia dejará entonces de ser pertinente, por lo que convendría reflexionar ya sobre esta cuestión.

2.5

Aun cuando el informe, por la cantidad de información que proporciona, resulta muy rico y denso, cabe lamentar que muchas veces los datos no sean cruzados.

2.6

Asimismo, el CESE hace hincapié en la ausencia de una referencia a la economía social, ámbito en el que son activas un 10 % de las empresas europeas, y a su importancia para la cohesión (en particular, la ayuda prestada a las personas más vulnerables en el mercado de trabajo). Este sector genera empleo de calidad y contribuye al desarrollo sostenible ya que vincula el empleo al territorio, dinamiza las zonas rurales, crea capital social y anticipa los procesos de reestructuración sectorial y territorial. En este sentido, sería deseable disponer de estadísticas comparables en cantidad y calidad entre los Estados miembros a fin de mejorar nuestra comprensión del sector.

2.7

El CESE considera que deberían examinarse o tratarse en mayor detalle varios aspectos de la cohesión económica, social y territorial, como la igualdad de oportunidades en el mercado de trabajo.

2.8

En caso de que todavía fuera necesario convencer sobre la utilidad de la política de cohesión en la UE, el informe aporta nuevos elementos en este sentido:

Por consiguiente, urgía reconocer plenamente la cohesión territorial como uno de los objetivos globales de la UE, ya que parece perfilarse cada vez más como el fundamento mismo de la cohesión económica y social.

2.9

El CESE acoge con satisfacción el nuevo enfoque aplicado a la cohesión en Europa, que confronta la situación europea con la de sus competidores mundiales y hace hincapié en el papel de las capitales, sus implicaciones en cuanto a la sostenibilidad del desarrollo (en particular, desarrollo desequilibrado y presiones medioambientales) y en las repercusiones regionales del cambio climático.

2.10

El CESE apoya el objetivo de la Unión Europea de asumir el liderazgo en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, si los países fuera de la UE no se unen a ella, se pondrá en peligro la competitividad y la política de cohesión de la Unión se verá afectada negativamente. De este modo, el falseamiento de la competencia tendría el efecto de favorecer la deslocalización a países que no cuentan con políticas de lucha contra el cambio climático.

2.11

El CESE acoge positivamente que vuelva a prestarse atención a la dimensión territorial de la cohesión que, a pesar de la aprobación de la Perspectiva europea de ordenación territorial (1999), seguía siendo, hasta el momento, un aspecto marginal: así lo prueban la Estrategia de desarrollo urbano, la Agenda territorial y la Carta de Leipzig, que fijan una serie de grandes principios de desarrollo urbano, así como las áreas metropolitanas objeto de una atención particular por parte del Comité y las agrupaciones en el marco de la política industrial y de innovación.

2.12

El último capítulo, que presenta la relación entre las políticas comunitarias y la cohesión, es el menos convincente: en él se enumera el catálogo de las acciones llevadas a cabo en el marco de la Estrategia de Lisboa, sin dejar verdaderamente claro qué repercusiones concretas y afianzadas han tenido para la cohesión.

3.1

Sin querer adelantarse a su futuro dictamen de propia iniciativa sobre el futuro presupuesto europeo, en respuesta a la consulta pública de la Comisión, el CESE repasa a continuación algunas de sus recomendaciones anteriores.

3.1.1

En la actualidad, los Fondos Estructurales se limitan fundamentalmente a la concesión de subvenciones. En un dictamen anterior (5), el CESE había sugerido que se replanteara su método de ingeniería financiera, a fin de multiplicar su efecto gracias a la aportación del Fondo Europeo de Inversiones y del BEI. Proponía convertir estas subvenciones en productos financieros, para así lograr un efecto palanca: un euro aportado para garantizar un préstamo de capital de riesgo permitiría financiar entre cinco y diez euros de inversión de una PYME, por ejemplo. El modelo del programa JEREMIE debe extenderse a otros ámbitos (6).

3.1.2

Asimismo, podrían liberarse recursos sin aumentar la contribución de los Estados miembros, para asignarlos a proyectos que presenten un valor añadido europeo (en particular, los tramos que faltan en las Redes Transeuropeas (RTE) o el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG)).

3.1.2.1

El CESE ha expresado en reiteradas ocasiones sus críticas al sistema del IVA aplicado en el marco del presupuesto europeo, pues impone costes excesivamente elevados de recaudación, administración y control (7). Estos costes deben reducirse, lo que liberaría recursos para proyectos comunes.

3.1.2.2

Sería necesario abandonar la práctica de devolver a los Estados miembros los créditos no ejecutados del ya limitado presupuesto europeo. Tales créditos representan únicamente un reducido porcentaje del presupuesto anual. Sin embargo, durante el período 2000-2005 ascendieron a 45 millardos de euros, que podrían haberse utilizado de manera productiva (8).

3.1.2.3

En un momento en que todos los Estados miembros afrontan un envejecimiento demográfico que implica un aumento de los gastos sociales, al mismo tiempo que el Pacto de Estabilidad les impone una serie de restricciones presupuestarias, las colaboraciones público-privadas podrían proveer una solución alternativa, siempre y cuando las administraciones públicas (en particular a nivel infranacional) puedan negociar acuerdos equilibrados con el sector privado, para lo que se requiere reforzar su capacidad administrativa.

3.2

Las orientaciones estratégicas que dirigen la política regional se hallan en la línea de la Estrategia de Lisboa. El CESE propone que la política regional tenga en cuenta, de manera más equilibrada, la Estrategia para el Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo principal es la cohesión en todas sus facetas, dado que la Estrategia de Lisboa, que la complementa, se centra en la competitividad (9).

3.2.1

Los mapas que figuran a continuación, realizados por el Observatorio en red de la ordenación del territorio europeo (ORATE; en inglés ESPON, European Spatial Planning Observation Network), ilustran la polarización y la metropolización crecientes previstas para 2030 como resultado del desarrollo de la Estrategia de Lisboa según su orientación actual. Un planteamiento más centrado en la cohesión permitiría extender el núcleo económico y, sobre todo, impulsar la aparición de otros polos de desarrollo (regiones del Báltico, cuadrilátero oriental delimitado por Viena, Berlín, Varsovia y Budapest, sur de Francia y Cataluña).

3.2.2

En este sentido, el CESE recuerda (11) que es importante desarrollar y poner en práctica un policentrismo a dos niveles en el marco de un desarrollo armonioso, a fin de evitar los efectos nefastos de la polarización (12): el primer nivel para facilitar la emergencia de polos de desarrollo repartidos por el territorio europeo a fin de diseminar el crecimiento y el empleo fuera del núcleo económico (el pentágono); el segundo nivel para consolidar los vínculos y sinergias entre los grandes centros urbanos y las zonas (peri)rurales a fin de evitar, en especial, las «fracturas territoriales» en el seno mismo de las NUTS (Nomenclatura de Unidades Territoriales Estadísticas).

3.3

Dada la preponderancia creciente de las capitales como lugar de creación de riqueza, actividad y empleo, en particular en algunos de los nuevos Estados miembros (13), así como la fuerte correlación entre las tasas de crecimiento del PIB y la inflación, los gobiernos y la sociedad civil de los países en vías de adhesión a la zona euro deberían prestar especial atención a las repercusiones del paso a la moneda única para la cohesión interna, que puede verse afectada cuando las dinámicas de las diferentes regiones de un país no van a la par. Por consiguiente, aun sin olvidar las ventajas que procura el euro (14), no sólo la política del tipo de interés único podría no responder a las necesidades específicas de su economía nacional, sino que esta política afectará de manera diferente a los grandes centros de actividad (entre ellos la capital) y el resto de las regiones. De manera complementaria, la coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros deberá reforzarse a fin de atenuar este fenómeno (15).

3.4

En el informe se subraya una vez más la importancia de los Servicios de Interés General (SIG). En el contexto del nuevo Protocolo sobre los servicios de interés general establecido por la CIG de 2007, el CESE reitera su petición de que se definan a escala comunitaria «unas normas comunes que se aplicarán a todos los servicios de interés general (económicos y no económicos), incluidos los servicios sociales de interés general, y que quedarán recogidas en una directiva marco, adoptada con arreglo al procedimiento de codecisión, que establezca un marco comunitario adaptado a sus especificidades» (16).

3.5

En opinión del CESE [cuya posición ha sido retomada en varios informes recientes del Parlamento Europeo], «la cohesión no puede medirse con los indicadores del PIB. El CESE desea que se elabore un indicador más representativo de la cohesión […] que, además del PIB, incluirá también el nivel de empleo, el nivel de desempleo, el grado de protección social, el nivel de acceso a los servicios de interés público, etc.» (17). Estos indicadores deberían completarse también con indicadores relativos a la desigualdad salarial (coeficiente de Gini o ratio interquintil) y a las emisiones de CO2 (por habitante o evolución desde 1990). En líneas generales, es imprescindible consolidar las herramientas estadísticas europeas, en particular a nivel de las NUTS, y reforzar los vínculos entre Eurostat y los institutos nacionales de estadística, a fin de disponer lo antes posible de los datos más completos y precisos (18).

3.6

El Comité propone que se considere si, en la próxima fase de atribución de los Fondos Estructurales, no sería más pertinente fijarse en el indicador económico de la Renta Nacional Bruta (RNB), en vez de en el del PIB, como ya hace el Fondo de Cohesión. Este método permitiría tomar en consideración no sólo a los trabajadores transfronterizos, cuyas repercusiones económicas, como se subraya en un cuadro del informe, contribuyen a acentuar las diferencias, mientras que se impulsa la movilidad en todos los niveles, sino también los flujos de inversiones extranjeras directas (IED), parte de cuyos ingresos vuelve al país de origen. La RNB tiene en cuenta estos flujos de entrada y salida, cosa que no hace el PIB. En el caso de algunos países (Luxemburgo, Irlanda, República Checa, Estonia, Chipre, Hungría y, en menor medida, Polonia y Rumanía), esta diferencia puede resultar significativa, lo que, a su vez, puede implicar que la asignación de los Fondos Estructurales dista de ser óptima. Asimismo, cabe señalar que no hay datos de este tipo a nivel de las NUTS, algo que sería necesario remediar en la medida de lo posible.

4.1.1

Por lo que se refiere a la subida de categoría de las empresas europeas, se constata que tanto el 7o Programa Marco de Investigación y Desarrollo (PMID) como el Programa Interuniversitario de Cooperación (PIC), destinados a incentivar a las PYME y las regiones del conocimiento, siguen utilizando un enfoque de arriba abajo excesivo. Conviene fomentar la inserción en redes de centros de excelencia científica y tecnológica, los parques industriales y las pasarelas estructuradas entre el mundo académico, la industria y el gobierno. No obstante, se corre el riesgo de que se generen «nuevas […] fragmentaciones [… si no se procede] a la creación de nuevas competencias que puedan orientar a los ciudadanos hacia el cambio» (19). Ello requiere examinar con mayor seriedad la dimensión cualitativa del empleo, ya que «además del aumento de las inversiones en I+D, así como de las inversiones en general y de las inversiones en educación y formación permanente, la mejora de la calidad de la vida profesional —con vistas a las exigencias de la sociedad del conocimiento y la información— es una de las claves para aumentar la productividad y la capacidad de innovación de las empresas. Así lo ponen de manifiesto estudios científicos sobre la relación entre calidad de trabajo y productividad y el significado que tiene el término de “buen trabajo”, desde el punto de vista de los trabajadores en cuestión, para la motivación en el trabajo y la disposición al rendimiento» (20).

4.1.2

Por lo que se refiere a la política industrial, «la creación de sinergias y la participación de todas las partes interesadas para que las transformaciones estructurales se realicen con éxito […] posibilitan una gestión socialmente aceptable de las transformaciones industriales si se garantiza la integración sistemática de todos los agentes sociales en la anticipación y gestión de las transformaciones y se persigue de modo consecuente el doble objetivo de la competitividad de las empresas y la minimización de las consecuencias sociales negativas» (21).

4.1.3

En las regiones transfronterizas, las transformaciones industriales podrían facilitarse «mediante la concreción del marco optativo para la negociación colectiva transnacional anunciado en la Agenda Social 2005-2010» (22).

4.1.4

El Comité apoya la petición formulada por el Parlamento Europeo en cuanto a una evaluación de las deslocalizaciones y su seguimiento a nivel territorial (empleos destruidos/creados, tipo de empleo, impacto en la cohesión económica, social y territorial) y a que se hagan propuestas concretas por medio de informes periódicos (23).

4.1.5

Una parte de los créditos no ejecutados podría pasar a engrosar la dotación del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG), un nuevo instrumento que ofrece una ayuda rápida y temporal a los trabajadores despedidos «víctimas de la globalización». Paralelamente, convendría revisar los criterios de selección reduciendo el número de trabajadores despedidos necesario para que actúe este Fondo, ya que las PYME representan el 99,8 % de las empresas (el 91,5 % son microempresas) y el 67,1 % del empleo total.

4.1.6

Como establecen las disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales, debe mantenerse el plazo de siete años durante el cual una empresa que haya recibido ayudas debe continuar en el lugar donde haya hecho la inversión.

4.1.7

Por lo que se refiere al programa JEREMIE, una primera evaluación muestra que se concentra demasiado en los sectores de vanguardia y no beneficia suficientemente a las PYME que no son activas en dichos sectores.

4.1.8

No todas las regiones europeas están capacitadas para situarse a la vanguardia de la economía del conocimiento, ya sea por falta de infraestructuras o capital humano, ya sea debido a su tamaño, que no permite realizar economías de escala. Por ello necesitarán crear una posición propia respecto de las áreas metropolitanas, desarrollando la economía residencial o especializándose en ámbitos en los que los efectos de la aglomeración sean menores o en los que se requiera una masa crítica menor. El CESE rechaza que las zonas rurales se equiparen a zonas agrícolas, sin otras perspectivas.

4.1.9

Una de las alternativas se encuentra en el sector turístico y sus derivados. Así, pueden crearse «nuevas profesiones rurales [como] las siguientes: comercio especializado en productos locales, artesanía alimentaria y tradicional, servicios deportivos y de ocio medioambiental, aulas audiovisuales y virtuales, promoción cultural, guarderías, campamentos y albergues, medicina natural, estética corporal, construcción tradicional y recuperación de oficios, ciberlocales, promoción inmobiliaria local, asesoramiento a las nuevas actividades, producción de bienes y servicios de consumo habitual en los alojamientos, atención especializada a las personas mayores» (24). Conviene prestar suma atención y ayuda al turismo ecológico, que se basa en una gestión biológica. El turismo ecológico tiene por misión educar a los ciudadanos al desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, que no perturbe el equilibrio natural. El Fondo Social Europeo y el FEADER pueden contribuir en este sentido.

4.1.10

El turismo cultural puede ofrecer oportunidades interesantes a un gran número de regiones. En este sentido, «la Unión Europea podría promover las mejores prácticas en la gestión de los servicios turístico-culturales recurriendo a sistemas competitivos y gratificantes en sus propios programas, comenzando por el de “Capitales europeas de la cultura” y por el futuro programa “Destinos europeos de excelencia”. Asimismo, la UE podría asesorar a las ciudades y regiones que decidieran presentarse como candidatas a estos dos programas, así como ofrecerles una contribución financiera más cuantiosa que en la actualidad y, quizás, un trato preferencial en el uso de los Fondos Estructurales» (25).

4.2.1

El CESE comparte la tesis del ORATE (26), que considera que las consecuencias del cambio climático variarán según las regiones y necesitarán respuestas adaptadas. El informe señala que, en el núcleo económico, el objetivo sería mantener la productividad económica al mismo tiempo que se reducen las economías de aglomeración negativas (contaminación atmosférica y emisiones de CO2), gracias a sistemas de transporte colectivo innovadores y eficaces y a una mejor administración del territorio. En las regiones del Sur de Europa, así como en las zonas montañosas, el principal reto será limitar el uso caótico del territorio y la construcción. Las zonas más retrasadas necesitarán soluciones innovadoras para mejorar su accesibilidad, con la adopción de medidas que no tengan efectos negativos a largo plazo.

4.2.2

El CESE propone que se refuerce desde un punto de vista presupuestario y se complete el Fondo de Solidaridad, que en la actualidad está destinado a proporcionar ayuda urgente en caso de catástrofe natural. Para mostrar que la UE se preocupa por el cambio climático, que requiere medidas a más largo plazo, el CESE propone que en adelante el Fondo de Solidaridad también cofinancie proyectos destinados a gestionar riesgos de manera preventiva.

4.2.3

Conviene apoyarse en criterios de elegibilidad que sean claros y transparentes para la financiación de los proyectos correspondientes a los distintos programas y partidas presupuestarias. En particular, estos criterios deberían referirse al desarrollo sostenible y tener en cuenta las consecuencias del proyecto para el medio ambiente, la salud, el empleo y la competitividad europea (27).

4.4

El CESE ha reiterado en varias ocasiones su apoyo a la puesta en práctica del policentrismo en el territorio europeo. El 4o informe hace hincapié en la preponderancia del núcleo económico («pentágono») y la importancia creciente de las capitales, así como en los costes sociales y medioambientales correspondientes. También destaca el impulso de polos de desarrollo secundarios, de áreas metropolitanas con una consolidación de las sinergias y de la complementariedad entre los centros urbanos y las regiones más retrasadas. Se podría hacer un balance periódico sobre la situación socioeconómica de las áreas metropolitanas mediante un informe, para lo que se necesitaría desarrollar un instrumento estadístico de seguimiento (28). Por otra parte, el CESE considera que, a tal fin, podría resultar útil establecer pactos territoriales para el desarrollo en el marco de la globalización, sobre todo en la medida en que se inscriban en un enfoque prospectivo a fin de contribuir a un desarrollo cultural de la sociedad y a la participación de todos los ciudadanos (29).

4.4.1

El CESE considera que, especialmente en el contexto del medio ambiente urbano, conviene aplicar el modelo del «territorio socialmente responsable», es decir, un territorio que, como establece el Acuerdo de Bristol (30) (diciembre de 2005), centre su desarrollo en los principios de sostenibilidad al integrar en su dinámica las dimensiones económica, social y medioambiental, así como el impacto socioeconómico del envejecimiento de la población. En este contexto, debe imperativamente mantenerse y respaldarse la participación de los agentes de la sociedad civil en la definición común de las orientaciones que deban seguirse, tal como recomienda el 6o Programa Marco de Investigación y Desarrollo (PMID). El 7o PMID prevé actividades específicas en los ámbitos del desarrollo humano y el envejecimiento (31).

4.4.2

Como las zonas que aportan empleo y crean actividad pueden desbordar el marco nacional, convendría dotar de más recursos a Interreg, a fin de fomentar las cooperaciones transfronterizas (32).

4.4.3

Por lo que se refiere a las regiones ultraperiféricas, «el CESE acoge favorablemente la intención de la Comisión de establecer, en el marco de la convergencia, un mecanismo específico que compense a todas las regiones ultraperiféricas, así como a las regiones que tengan debilidades estructurales permanentes» (33). Al comprobar que más del 50 % de los fondos destinados a investigación y desarrollo se concentran en sólo algunas regiones, el CESE insta a un «refuerzo de los incentivos a la transferencia de tecnología entre las regiones». El CESE considera que una «política europea de las regiones con obstáculos permanentes deberá basarse en tres grandes principios», que son 1) la «permanencia» (el concepto de «recuperación» no es pertinente para estas regiones); 2) la «discriminación positiva», a fin de instaurar una verdadera paridad con las otras regiones, y 3) la «proporcionalidad», a fin de tener en cuenta la diversidad de las características geográficas, demográficas, y medioambientales de las regiones y los obstáculos a que deben hacer frente. Para superar estas desigualdades es posible recurrir a medidas intervencionistas de carácter social como: «las ayudas directas a algunos comercios o prestadores de servicios», «las tarifas preferentes para los residentes en los transportes marítimos o aéreos», «la existencia de servicios públicos de calidad» (34), etc.

4.4.3.1

La Comisión tiene razón cuando dice que las restricciones de accesibilidad padecidas por las islas pueden implicar en la práctica que el tiempo de desplazamiento en coche o en tren aumente a causa de la travesía marítima. La accesibilidad es «un problema particular» al que tienen que hacer frente las islas. La Comisión también tiene razón cuando insiste en el problema que constituye el volumen reducido de su población. De hecho, la mayoría de las islas no pueden contar sólo con su mercado interior. No obstante, hay otros problemas que determinan igualmente sus «perspectivas de desarrollo a largo plazo», como, por ejemplo, la limitación de los recursos, los peligros naturales y el frágil entorno.

4.4.3.2

El artículo 16 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea establece que «… los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación del presente Tratado, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido».

4.4.3.3

Entre otros instrumentos, cabe mencionar un modelo unificado de servicio universal (SU) para los sectores de los servicios públicos: su aplicación en estos ámbitos está prevista en los documentos de política y los textos reglamentarios de la Unión Europea. En el Libro Verde sobre los servicios de interés general se destaca tal instrumento (35).

4.4.4

El CESE recuerda que es importante sancionar a las empresas que se benefician de ayudas europeas pero se trasladan antes de transcurridos siete años. Los fondos públicos no pueden malversarse concediendo ayudas a la destrucción de empleo.

4.5.1

Los reglamentos relativos a los Fondos Estructurales recogen expresamente la igualdad de hombres y mujeres como dimensión transversal. No obstante, parece que este principio se ha tenido en cuenta casi exclusivamente en el ámbito de las cuestiones laborales. Es necesario animar a los Estados miembros a adoptar un enfoque integrado (eventualmente a través de las directrices integradas de Lisboa, acompañadas, cuando proceda, de recomendaciones individuales). Para hacer posible la evaluación de los programas operativos, es indispensable disponer de datos desglosados por sexo.

4.5.2

Asimismo, a fin de permitir a las parejas tener el número de niños que desean, los Estados miembros deberían recurrir a diferentes tipos de medidas, como «prestaciones financieras directas, adaptaciones fiscales y ofertas de equipamientos públicos o privados (como distintos tipos de guarderías, incluidas las de empresa o las compartidas por varias empresas, por ejemplo), escuelas con horario continuado y servicios viables económicamente; por tanto, lo importante no es garantizar sólo la cantidad, sino también la calidad de los equipamientos» (36). Además, el CESE recuerda que, a raíz del Consejo Europeo de Barcelona (junio de 2002), los Estados miembros decidieron «prestar para 2010 servicios de cuidado de niños al menos al 90 % de los niños de edad comprendida entre los tres años y la edad de escolarización obligatoria, y al menos al 33 % de los niños de menos de tres años». Asimismo, convendría establecer «presupuestos públicos mínimos destinados a los hijos y a la familia, es decir, a inversiones de futuro, para evitar que con el tiempo queden absorbidas por los costes colectivos del “gerontocrecimiento”, que pueden ser considerados prioritarios por electorados condicionados por el envejecimiento» (37). En este contexto, sería interesante reflexionar sobre la creación de un Fondo Demográfico destinado a respaldar los esfuerzos nacionales de fomento de la natalidad y la participación de las mujeres en el mercado laboral, gracias al incremento de la financiación europea de las estructuras de acogida de niños y personas mayores y el aumento de las inversiones de renovación o modernización de las escuelas, en particular en las zonas rurales.

4.5.3

Paralelamente al respaldo de la demografía, «es preciso preservar y mejorar la salud y la seguridad de los niños, procurar a todos una educación de alta calidad, proponer a los padres unos sistemas de ayuda y asistencia para que hagan frente a sus necesidades y dificultades. Debería prestarse atención muy especial a las familias y a los niños que viven en situación de gran pobreza, necesitan ayuda específica y proceden de la inmigración. El CESE, no obstante tomar nota del envejecimiento de la población europea y estimar que la renovación de las generaciones es indispensable para la supervivencia del continente, recuerda que la supresión del desempleo masivo, el acceso al empleo duradero para la franja de edad de 25-35 años y el aseguramiento real de las carreras profesionales en general deberían facilitar la financiación del tiempo de la jubilación, sea activo o no» (38). El Fondo Social europeo debe contribuir de manera importante a esta empresa.

4.5.4

El CESE considera que debería fijarse a nivel europeo «una serie de objetivos comunes sobre el acceso a la vivienda y de normas mínimas sobre la calidad de la vivienda que permitan definir la noción de vivienda digna» (39).

4.5.5

«A este respecto, (…) las instituciones financieras europeas (…) [deberían poder] conceder créditos, con un tipo de interés muy bajo, a programas de viviendas integradas para jóvenes, familias con hijos, inmigrantes, personas de edad avanzada o con discapacidad, grupos sociales vulnerables, etc., favoreciendo la movilidad profesional, la amalgama social y un coste soportable para los ocupantes. El CESE indica que la utilización del instrumento “Jessica” proporcionará los elementos para crear un fondo de garantía para los proyectos de vivienda social de mayor alcance y pide que esta cuestión se analice con motivo de la evaluación intermedia de los Fondos Estructurales» (40).

4.6.1

Los pactos territoriales para el desarrollo a que se hace referencia en la respuesta 2.1 ofrecen un enfoque interesante para contestar a esta cuestión, en la medida en que la diversidad de las situaciones y retos particulares impone la movilización de instrumentos y competencias diferentes (cf. 1.1). Deberá contarse con la participación activa de los interlocutores sociales, que desde 2002 presentan al Consejo Europeo de primavera un informe sobre su contribución en el ámbito del aprendizaje permanente.

4.6.2

El CESE desea recordar que, en las zonas rurales y las pequeñas ciudades europeas, en particular, la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación al aprendizaje permanente depende, sobre todo, del respaldo de la UE y los gobiernos de los Estados miembros para establecer conexiones de banda ancha a Internet (41), que permitan acceder a los sistemas de aprendizaje por vía electrónica. (…) En este contexto, el CESE pide a la Comisión Europea que la cuestión del acceso a la conexión de banda ancha se reconozca como un elemento de una estrategia más amplia, que permita reconocer como un servicio de utilidad pública el acceso a los servicios electrónicos. (…) Es necesario tener especialmente en cuenta el riesgo de que se produzca una brecha generacional (42).

4.7.1

El CESE considera importante reiterar su oposición a toda tentativa de renacionalización de la política de cohesión que, indudablemente, aporta un valor añadido europeo en términos de solidaridad, crecimiento y empleo, y cuyos resultados resultan visibles para los ciudadanos europeos.

4.7.2

El CESE recuerda que, según el Tratado (artículos 2, 158 y 159), todas las políticas —comunitarias, nacionales, transversales y sectoriales— deben orientarse hacia el objetivo de la cohesión. Por consiguiente, es importante tener en cuenta la cohesión, en particular en su dimensión territorial, tanto en las directrices integradas como en los análisis de impacto (43).

4.7.3

El CESE acoge positivamente que la CIG haya incluido la cohesión territorial entre los objetivos de la UE, así como el proyecto de la Comisión de dotar a la DG REGIO de una nueva unidad de cohesión territorial, encargada de velar por que las políticas sectoriales se orienten hacia el objetivo de cohesión. En particular, es conveniente reflexionar sobre los límites presupuestarios definidos por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento y sus consecuencias para la financiación de las redes transeuropeas y, más concretamente, sobre los tramos que faltan, en la medida en que los proyectos que pueden optar a las ayudas europeas exigen la cofinanciación de las instancias nacionales.

Se debe recordar una serie de orientaciones generales. Algunas ya figuran en los Tratados, mientras que otras se han incorporado a raíz de la Conferencia Intergubernamental de 2007. Con arreglo a ellas, en la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión:

Asimismo, se deben tener en cuenta las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales reconocida en el Tratado UE (artículo 6) a la hora de definir las políticas estructurales y de aplicarlas.

4.7.4

El CESE deplora profundamente que la presente consulta no aborde el papel de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada en la concepción, la elaboración y la puesta en práctica de los Fondos Estructurales. En efecto, su implicación resulta indispensable para adaptar los proyectos cofinanciados a la realidad y las necesidades del terreno, en la medida en que estos se inscriben en las orientaciones estratégicas. «El Comité desea que en el futuro se elaboren indicadores para el proceso de consulta sobre los documentos de estrategia y de programación que preparan los Estados miembros. (…) Los Estados miembros deberían explicar su modo de organizar la comunicación de información sobre la forma de aplicar el principio de colaboración respecto de los comités de seguimiento. El CESE está convencido de que los Estados miembros, al igual que los entes regionales, deberían aprovechar mejor el potencial de las organizaciones de la sociedad civil e incorporarlas a la elaboración de los planes de promoción, además de respaldar las iniciativas que surgen de la base, asignando a este fin recursos financieros adecuados, destinados a las acciones de promoción e información relativas a los Fondos Estructurales. Asimismo, sería conveniente impulsar, en el caso de los programas transfronterizos o interregionales, consultas conjuntas y colaboraciones socioprofesionales también transfronterizas o interregionales» (44).

4.7.5

En la línea de los Open Days y la iniciativa «Regiones en pro del cambio económico», el CESE respalda firmemente:

Debería prestarse especial atención a la difusión de las experiencias y las mejores prácticas.

4.8.1

El CESE considera que un foro de reunión de las áreas metropolitanas y la Comisión podría servir par fomentar el policentrismo y mejorar el conocimiento de dichas áreas. Podría crearse un grupo de trabajo para identificar y difundir las buenas prácticas (48).

4.8.2

Las personas jurídicas creadas tanto en el marco de la AECT como de otros Fondos Estructurales deben ser responsables de coordinar las distintas fuentes de financiación que posibilitan la preparación y realización de proyectos de financiación en apoyo a la política industrial en la región de que se trate. Tendrían acceso a esta financiación los representantes de las distintas partes interesadas de las regiones. La creación de estas entidades jurídicas supondrá un incentivo para la cooperación transfronteriza y proporcionará a las regiones interesadas un mayor sentimiento de identidad y el deseo de armonizar sus reglamentaciones (49).

4.8.3

En este contexto, conviene impulsar consultas conjuntas y asociaciones socioprofesionales transfronterizas o interregionales y fomentar las iniciativas de diálogo social en estos niveles, en especial mediante la concreción del marco transnacional optativo para la negociación colectiva anunciado en la Agenda Social 2005-2010 (50).

4.8.4

Otro ámbito de colaboración entre las regiones para fomentar la cohesión podría ser el sector energético, dadas sus repercusiones en los costes de producción, las familias y el desarrollo económico. Esta colaboración podría adoptar la forma de intercambios de energía entre las regiones que disponen de una mayor cantidad de energía con unos costes más bajos y las regiones más pobres. Esta posibilidad existe actualmente gracias a un sistema de redes regulado pero más libre, y a la activación de un sistema de «bolsa» eléctrica.