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COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN AL CONSEJO Y AL PARLAMENTO EUROPEO - Política de Productos Integrada - Desarrollo del concepto del ciclo de vida medioambiental

1. Introducción

Uno de los objetivos fundamentales de la Unión Europea es el desarrollo sostenible. Ello implica satisfacer las necesidades de la actual generación sin poner en peligro las de las generaciones futuras. Este objetivo se vio reforzado en el Consejo Europeo de Gotemburgo, en 2001, en que se añadió una dimensión medioambiental al proceso de Lisboa, en forma de estrategia de desarrollo sostenible [1].

[1] Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Gotemburgo, 15 y 16 de junio de 2001, apartados 19 a 32. Véase la dirección: http://ue.eu.int/pressData/es/ec/ 00200-r1.es1.pdf

La estrategia identificaba varias acciones en el ámbito del medio ambiente, de acuerdo con los temas prioritarios del Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente [2]. En el capítulo dedicado a una gestión más responsable de los recursos naturales, el Consejo Europeo acordó la aplicación, "en colaboración con las empresas, de la Política Integrada de Productos de la UE, destinada a reducir el uso de recursos y el impacto ambiental de los residuos".

[2] Decisión 1600/2002/CE del Parlamento y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente. DO L 242 de 10.9.2002, p. 1-15.

La Comisión ha desarrollado la Política de Productos Integrada (PPI) de la Unión Europea en colaboración con los sectores interesados y basándose en una serie de estudios [3]. La PPI se debatió por primera vez con los sectores interesados en una conferencia celebrada en 1998. Al año siguiente, la cuestión de la PPI se abordó en la reunión informal de Ministros de Medio Ambiente celebrada en Weimar. Las conclusiones de la presidencia de dicha reunión se congratulaban de la intención de la Comisión de adoptar un Libro Verde y ponían de relieve que la mejora de las condiciones de comercialización de los productos ecológicos en el mercado europeo también contribuiría a fortalecer la competitividad de las industrias europeas. La Comisión adoptó el Libro Verde en febrero de 2001 y lanzó un ejercicio de consultas a los sectores interesados acerca de su contenido (para más información, véase el anexo I).

[3] Por ejemplo: http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/ ippsum.pdf

Estas consultas demostraron sin lugar a dudas que la PPI tiene que desempeñar una función importante en favor del desarrollo sostenible. La presente Comunicación reitera las razones por las que es necesaria una dimensión del producto en la política medioambiental. En la sección 2 se explicará el enfoque de la PPI, para a continuación esbozar, en la sección 3, los principios que rigen la estrategia de la PPI en la UE. Las secciones siguientes subrayan las actuaciones futuras de la Comisión para incrementar la aceptación del enfoque de la PPI.

2. ¿Por qué se necesita una "dimensión del producto" en la política medioambiental?

En los últimos años, la Comisión ha comenzado a replantearse políticas relativas a los impactos ambientales de los productos. Todos los productos y servicios [4] tienen un impacto ambiental [5], bien sea durante su producción, su utilización o su eliminación. La naturaleza precisa de dicho impacto es compleja y difícil de cuantificar, pero la magnitud potencial del problema es manifiesta [6]. Al mismo tiempo, la continuidad del crecimiento económico y la prosperidad se ven considerablemente influidos por la producción y el consumo de los productos. El problema es cómo combinar la mejora del bienestar y los estilos de vida (a menudo influidos directamente por los productos) con la protección del medio ambiente. Dicho de otro modo, es necesario encontrar situaciones ventajosas para todas las partes interesadas en las que a las mejoras en materia de medio ambiente se unan las mejoras en el comportamiento de los productos y en las que las mejoras medioambientales respalden la competitividad de la industria a largo plazo. Este es el objetivo que se ha fijado la PPI.

[4] En el resto de la presente Comunicación, para simplificar, se mencionarán exclusivamente los productos, si bien tiene que entenderse que los servicios también están incluidos dentro del ámbito de aplicación general - Véase la Sección 4.

[5] Se considerará que los impactos ambientales incluyen los impactos en la salud humana.

[6] Por ejemplo, un sólo producto, como el automóvil, es responsable en la Unión Europea de aproximadamente el 80% de las emisiones de CO2 procedentes del sector del transporte, el sector cuyas emisiones se han incrementado con mayor rapidez. Al mismo tiempo, el número de automóviles por habitante también está aumentando - en un 14% entre 1990 y 1999 -, consumiendo más recursos en su fabricación, más espacio para aparcamientos y carreteras, y creando más problemas de eliminación de residuos. Todo ello a pesar de las importantes reducciones de las emisiones por automóvil y de los considerables esfuerzos realizados por la industria del sector, como el acuerdo voluntario para reducir las emisiones de CO2 en un 25 % antes de 2008. Además, en las últimas décadas se han realizado reducciones muy importantes de otros contaminantes.

Hasta el momento, las políticas medioambientales en materia de productos habían tendido a concentrarse en las principales fuentes de contaminación puntuales, como las emisiones de las industrias o en las cuestiones relacionadas con la gestión de residuos. En general han tenido éxito. Con todo, hoy en día es cada vez más evidente que necesitan complementarse con una política que considere el ciclo de vida completo del producto, incluyendo la fase de utilización. Esto debería garantizar que los impactos ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida se tratan de forma integrada, y por lo tanto que no se desplazan simplemente de una parte del ciclo de vida a otra. Esto implicará también que los impactos ambientales se tratan en el punto del ciclo de vida que resulta más conveniente y más rentable para reducir los impactos ambientales globales y el uso de los recursos. Para lograr sus objetivos, la política también ha de tener en cuenta varias características de los productos, que los convierten en objetos difusos a la hora de aplicar medidas para la reducción de la contaminación.

En primer lugar, su cantidad global aumenta. El incremento de los ingresos disponibles [7] significa que pueden adquirirse más productos. Por ejemplo, mientras que antes una familia contaba con un único teléfono de línea fija, ahora suele haber varios aparatos en cada casa. El tamaño de la familia también está disminuyendo, lo que puede dar lugar a una creciente duplicación de algunos productos para el hogar [8]. Esto significa que existen mayores cantidades de los mismos productos y que estos se están haciendo más difusos. En consecuencia, cualquier política de productos tendrá que destinarse a reducir los impactos ambientales de cantidades mayores de productos.

[7] Entre 1980 y 1997, el gasto por consumidor se ha incrementado en un 46% en términos reales, pasando de las necesidades básicas, tales como la alimentación y la vivienda, a artículos que dependen más de los gustos personales, como los transportes, los combustibles y las actividades de recreo. (EEA Fact Sheet 2001 - YIR01HH04)

[8] Entre 1980 y 1995, el tamaño medio de las familias en la UE descendió de 2,82 personas a 2,49. Es probable que continúe esta evolución. EEA Fact Sheet 2001 - YIR01HH03.

En segundo lugar, aumenta la variedad de productos y servicios. Los productos básicos existen hoy en día en muchas versiones distintas. Por ejemplo, existen muchos tipos de pantallas de televisor diferentes (catódicas, de cristal líquido o de plasma). Cualquier política de productos, por lo tanto, tendrá que ser flexible para poder ocuparse simultáneamente de muchas variaciones del mismo producto.

En tercer lugar, la innovación crea constantemente nuevos tipos de productos. Por ejemplo, durante los últimos 20 años se ha pasado de los tocadiscos a los reproductores de discos compactos, que ahora podrían verse sustituidos por los de DVD. Muchas veces los ciclos de innovación de los componentes pueden ser incluso más breves. El rápido desarrollo de procesadores de ordenador cada vez más potentes es un ejemplo de ello. Una política de productos tiene que utilizar esta creatividad en beneficio del medio ambiente, así como de la economía.

En cuarto lugar, los productos se comercializan en todo el mundo. Tanto el mercado único como la reducción multilateral de los obstáculos al comercio y a la inversión han contribuido a crear una economía más global, en la que los productos de muchos países se comercializan internacionalmente. La diversidad de los orígenes de los productos disponibles en nuestras tiendas se ha hecho notablemente mayor. Una política de productos tiene que tener en cuenta el carácter global del comercio y conformarse a los acuerdos internacionales correspondientes, como las normas de la Organización Mundial del Comercio.

En quinto lugar, los productos se hacen cada vez más complejos. Esto significa que los conocimientos especializados en materia de productos cada vez están más concentrados en los responsables de su concepción. Es muy difícil para quienes elaboran las normativas, por no hablar del público en general, tener una idea realista de qué cambios técnicos son viables. Por esta razón, es necesario que cualquier política de productos se encargue de que los productores y los diseñadores sean más responsables a la hora de garantizar que sus productos cumplen criterios comunes en materia de salud, seguridad y medio ambiente.

En sexto lugar, el producto puede estar perfectamente diseñado, pero un uso y una eliminación inapropiados causarán importantes impactos ambientales. Aunque los productos pueden diseñarse para causar el mínimo impacto posible en el medio ambiente, el consumidor puede utilizarlos de forma nociva para el medio ambiente. Por ejemplo, el uso de bombillas eléctricas que ahorran energía produce importantes ventajas medioambientales, pero estas ventajas sólo se pueden obtener plenamente si se apagan cuando no se utilizan. Análogamente, si los productos se eliminan de forma inadecuada, por ejemplo si se arrojan a vertederos incontrolados, no puede considerarse responsable al diseño del producto del consiguiente daño medioambiental.

Por último, en el ciclo de vida de los productos actuales es necesaria la participación de un mayor número de agentes. Su creciente complejidad y los procesos de globalización significan que muchos agentes diferentes tienen relación con un producto a lo largo de su ciclo de vida. Es necesario que la política de productos sea capaz de ocuparse de muchos agentes diferentes. También tiene que tener en cuenta el hecho de que un producto puede ser ensamblado, comercializado o utilizado a muchos kilómetros de distancia, en sociedades con tipos de valores diferentes. Así pues, es difícil para un agente, en una fase dada del ciclo de vida del producto, hacerse una idea clara de los posibles problemas que pueden plantearse en las demás fases. Las condiciones en que se fabrican nuestros productos pueden ser desconocidas. Por lo tanto, la política deberá contribuir a mejorar la circulación de información a lo largo de la cadena de suministro.

Todos estos factores ponen de relieve la necesidad de introducir una dimensión del producto en la política medioambiental. Ésta deberá contemplar los productos de forma globalizada, implicar al mayor número posible de agentes y hacer que se responsabilicen de las decisiones que tomen. Todo ello constituirá un valioso complemento para las medidas existentes en materia de productos. El enfoque de la Política de Productos Integrada (PPI) intenta hacer frente a este reto, al tiempo que apoya objetivos económicos y sociales generales de la Unión Europea, recogidos en la Estrategia de Lisboa, y cumple las obligaciones derivadas de los Tratados internacionales. El enfoque de la PPI se explica en la siguiente sección.

3. El Enfoque de la PPI

El enfoque de la Política de Productos Integrada (PPI), que se ha ido desarrollando a lo largo de los últimos diez años, cuenta hoy en día con un reconocimiento general como un instrumento potencialmente muy eficaz para abordar la dimensión medioambiental de los productos. Este enfoque se basa en cuatro principios clave:

- El concepto del ciclo de vida [9]: analiza el ciclo de vida de un producto con el objetivo de reducir sus impactos ambientales acumulativos (desde su concepción hasta su eliminación). Al mismo tiempo, también intenta evitar que una determinada parte del ciclo de vida sea tratada de tal forma que el resultado sea un simple desplazamiento de la carga medioambiental a otra parte. Al considerar la totalidad del ciclo de vida de un producto de forma integrada, la PPI también fomenta la coherencia del sistema y alienta la adopción de medidas para reducir los impactos ambientales en el punto del ciclo de vida con mayor probabilidad de eficacia en la reducción del impacto ambiental y ahorrar costes a las empresas y a la sociedad.

[9] Por oposición al análisis del ciclo de vida (ACV), que es diferente e implica la cuantificación y evaluación de los impactos ambientales de un producto durante todo su ciclo de vida, aunque, por razones prácticas, dentro de límites estrechamente definidos.

- La colaboración con el mercado: establece incentivos para que el mercado se mueva hacia una mayor sostenibilidad, estimulando la oferta y la demanda de productos más ecológicos. De esta forma se verán recompensadas aquellas empresas que sean innovadoras, avanzadas y comprometidas con el desarrollo sostenible.

- La participación de los sectores interesados: su objetivo es animar a todos aquellos que tienen contacto con el producto (p. ej. industria, consumidores y gobiernos) a actuar en su ámbito de influencia y a fomentar la cooperación entre los diferentes sectores interesados. La industria puede estudiar el modo de integrar mejor los aspectos medioambientales en el diseño de los productos, mientras que los consumidores pueden juzgar cómo adquirir productos más ecológicos [10] y cómo utilizarlos y eliminarlos mejor. Los gobiernos pueden establecer las condiciones del marco jurídico y económico de todo un país y también actuar directamente en los mercados, por ejemplo adquiriendo productos más ecológicos.

[10] En este punto y a lo largo de todo este texto, los productos más ecológicos se definen como aquellos productos que tienen un menor impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida en comparación con productos semejantes que cumplan la misma función.

- La mejora continua: muchas veces pueden realizarse mejoras para reducir los impactos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida, en su diseño, elaboración, utilización o eliminación, teniendo en cuenta los parámetros que establece el mercado. La PPI aspira a lograr una mejora continua en estos aspectos, en vez de establecer un valor mínimo preciso que haya que alcanzar [11]. Como resultado de ello, las empresas pueden establecer su propio ritmo y centrarse en las mejoras que les resulten más rentables.

[11] Esto no quiere decir que los umbrales legislativos no puedan ser útiles para fomentar la mejora continua. Simplemente son menos flexibles, lo cual, en algunos casos, también puede ser conveniente.

- Una serie de instrumentos políticos: el enfoque de la PPI exige una serie de instrumentos diferentes, habida cuenta de la gran variedad de productos disponibles y de sectores interesados. Estos instrumentos van desde las iniciativas voluntarias a los reglamentos y desde la escala local a la internacional. Dentro de la PPI, se tiende claramente a trabajar con planteamientos voluntarios, aunque es posible que también sean precisas medidas obligatorias. El factor determinante será la eficacia del instrumento para lograr el resultado deseado respecto al desarrollo sostenible.

4. La estrategia de la PPI en la Unión Europea

Como se ha expuesto en la sección 1, la Política de Productos Integrada de la Unión Europea forma parte integrante de la Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Unión Europea. Su objetivo principal es reducir los impactos ambientales originados por los productos durante todo su ciclo de vida, aprovechando, cuando sea posible, un enfoque impulsado por el mercado, dentro del cual se integren las cuestiones de competitividad. En efecto, la competitividad de las empresas se verá incrementada por la mayor coherencia política que hará posible la PPI, tanto dentro del ciclo de vida como entre los diferentes instrumentos políticos. La experiencia con algunos instrumentos de gestión medioambiental demuestra que la creciente sensibilización en materia de medio ambiente de las empresas podrá ir acompañada de reducciones de gastos. Además, en un mundo cada vez más competitivo, el comportamiento medioambiental puede ser también un factor que ofrezca a las empresas o a sus productos una posición de fuerza en el mercado. De hecho, algunas empresas utilizan su comportamiento medioambiental como una herramienta de comercialización. La PPI ayudará a estas empresas, entre otras cosas brindando a algunas de ellas una mayor notoriedad.

En la actualidad existen métodos para evaluar los impactos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida. Las experiencias adquiridas a través de la aplicación inicial de la PPI a los aspectos medioambientales de los productos constituirán una valiosa base de conocimientos a partir de la cual comenzar a trabajar en favor de una mayor sostenibilidad de los impactos.

Obviamente, la PPI va a seguirse desarrollando teniendo muy en cuenta otras políticas. Existe ya un corpus legislativo importante y significativo, que regula las características de los productos y el comercio de los mismos, por ejemplo en el marco del mercado interior o la política de competencia. En principio, la PPI complementará la legislación en vigor poniendo en marcha, de forma voluntaria, nuevas mejoras en aquellos productos cuyas características no exigen necesariamente legislación.

Al aplicar la presente Comunicación, deberán tenerse plenamente en cuenta las obligaciones de la Comunidad en virtud del Derecho internacional, en particular en lo relativo al comercio, así como los principios que rigen otras políticas comunitarias. Además, cualquier nueva propuesta jurídica de la Comisión estará sometida también a los reglamentos de la Comisión sobre la evaluación de impacto [12]. De este modo se garantizará que representan un enfoque equilibrado entre los tres pilares del desarrollo sostenible. La evolución de la PPI también se basará en experiencias con los instrumentos medioambientales existentes, como los sistemas de gestión medioambiental y las etiquetas ecológicas.

[12] Tal como figura en la Comunicación de la Comisión sobre la evaluación del impacto, COM(2002) 276 final de 5.6.2002.

Para lograr su objetivo, la política desempeñará tres funciones fundamentales.

En primer lugar, contribuirá a hacer frente a los desafíos medioambientales señalados tanto en la Estrategia de Desarrollo Sostenible como en el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente. Sin una "dimensión del producto", las posibilidades de lograrlo se verían reducidas. La PPI también desempeñará un papel fundamental en las medidas de aplicación para la futura estrategia temática sobre el uso sostenible de los recursos y sobre el reciclado y la prevención de los residuos. También está estrechamente vinculada al futuro Programa de Acción de Tecnologías del Medio Ambiente. En el ámbito internacional, la PPI también constituirá una contribución fundamental al marco de diez años de los programas de producción y consumo sostenibles acordado en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo en septiembre de 2002 [13].

[13] Apartado 14 del Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible y apartado 8 de las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 30.10.2002.

En segundo lugar, complementará las políticas en vigor en materia de productos, proporcionando un marco conceptual más amplio basado en el ciclo de vida, en el que podrán considerarse las ramificaciones para cualquier otro problema medioambiental. Este enfoque tendrá en cuenta el hecho de que no estamos empezando desde cero, ya que algunos ámbitos de la política en materia de productos ya han integrado en cierta medida el concepto de ciclo de vida, como por ejemplo, el concepto de "de la granja a la mesa" en el ámbito de la agricultura y de la seguridad alimentaria.

En tercer lugar, y de forma destacada, reforzará la coordinación y la coherencia entre los instrumentos de la política de productos, actuales y futuros, relacionados con el medio ambiente. Esto contribuirá a explotar plenamente las posibles sinergias que existan entre ellos y a fomentar su desarrollo integrado. Además, mediante la integración del enfoque del ciclo de vida, la PPI logrará que las medidas relativas a los productos de las políticas medioambientales sean más eficaces, poniendo de relieve los compromisos necesarios y, una vez que se hayan adoptado las decisiones políticas, coordinando su aplicación. Esta coordinación reforzada será beneficiosa tanto para la competitividad de las empresas como para el medio ambiente.

Lograr este objetivo llevará tiempo. Para llegar hasta él, la Comisión se centrará en dos acciones relacionadas entre sí:

- establecer las condiciones generales para la mejora continua desde el punto de vista medioambiental de todos los productos durante las fases de producción, uso y eliminación de su ciclo de vida;

- hacer hincapié en los productos con el mayor potencial de mejora medioambiental.

La presente Comunicación esboza los pasos que dará la Comisión para poner en práctica estas acciones. No obstante, la cooperación activa de todos los demás sectores interesados, a través del interés en mejorar su comportamiento medioambiental, es esencial para el éxito de la PPI. Por este motivo, la política continuará desarrollándose en cooperación con los sectores interesados. En el anexo II figura una lista indicativa de lo que la Comisión considera deben ser las funciones y responsabilidades de los Estados miembros [14] y los demás sectores interesados.

[14] Cuando se hace referencia a los Estados miembros en este documento, debe considerarse que se incluyen también los países candidatos y en vías de adhesión.

Para poner en marcha la PPI, la Comisión empezará centrándose en productos [15], en vez de en servicios. Esto no significa que los servicios estén excluidos del campo de aplicación de la PPI. Simplemente refleja el hecho de que el concepto del ciclo de vida está más avanzado para los productos que para los servicios y que el corpus de legislación comunitaria está más desarrollado. Por ello, para la Comisión será más fácil poner en marcha la política en este ámbito.

[15] La presente Comunicación no pretende alterar ninguna de las definiciones jurídicas existentes de lo que constituye un producto, un productor, un tipo de producto, etc.

5. Establecer las condiciones generales para la mejora medioambiental continua

Existen ya muchos instrumentos políticos que se están utilizando, sobre todo por la industria, para ecologizar los productos, o que podrían reorientarse para hacerlo. Es evidente que no todos ellos son adecuados para todos los productos. Estos instrumentos se examinarán en la siguiente sección.

5.1. Instrumentos para la creación del marco económico y jurídico adecuado

La mejora medioambiental continua exige incentivos para que los productores logren que las nuevas generaciones de productos sean más ecológicas que sus predecesoras a partir del concepto del ciclo de vida y teniendo en cuenta los parámetros que establece el mercado. También exige incentivos para que los consumidores los compren. Una PPI eficaz implica un marco económico y jurídico que lleve hacia los productos más ecológicos y su adquisición, idealmente con una mínima intervención gubernamental. La función de la Comisión, en este caso, es velar por que los instrumentos para los que es competente fomenten el progreso en esta dirección. Los instrumentos políticos adecuados para este fin se describen en el recuadro 1.

Recuadro 1

a) Impuestos y subvenciones

Conseguir los precios justos [16], a través de la internalización de los costes medioambientales externos en el precio del producto, de forma que los impactos ambientales se reflejen con exactitud en el precio, es el objetivo a largo plazo de la Comisión. Los estímulos de los precios pueden constituir incentivos para la mejora medioambiental continua de los productos durante el ciclo de vida. Facilitan y refuerzan medidas, como la ecologización de la contratación pública y las obligaciones en materia de concepción de productos, mejorando los beneficios económicos para el diseño y la producción ecológicos. También proporcionan informaciones importantes a los consumidores y los animan a comprar productos con menores impactos ambientales. La Comisión ya ha realizado varias propuestas sobre tasas relacionadas con la energía a nivel europeo [17]. La propuesta de 1997 de reestructurar el marco comunitario para la tributación de los productos energéticos cuenta actualmente con un apoyo político unánime en el Consejo. Ampliará los tipos mínimos de imposición de la UE a todos los productos energéticos y de esta forma facilitará a los Estados miembros un marco más coherente para el uso de las tasas de la energía como instrumento para lograr sus objetivos en las políticas medioambientales y de otros tipos. La Comisión continuará fomentando y estimulando el uso de medidas fiscales, como las tasas e incentivos relacionados con el medio ambiente, al nivel adecuado, ya sea local, nacional o comunitario [18].

[16] Esto significa intentar garantizar que el precio pagado por el consumidor por un producto incluya los costes de todos los impactos ambientales que éste provoque.

[17] La propuesta presentada en 2002 por la Comisión para modificar las Directivas 92/81/CEE y 92/82/CEE e introducir unas disposiciones especiales en materia de imposición para el combustible diesel utilizado para fines comerciales y ajustar los impuestos especiales de la gasolina y del combustible diesel todavía se sigue negociando en el Consejo.

[18] Como exige el tercer guión del apartado 4 del artículo 3 de la Decisión nº 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, DO L 242 de 10.9.2002, p. 1-15. Naturalmente, estas tasas deberán respetar la correspondiente legislación del mercado interno.

No obstante, a la luz de las observaciones recibidas de las partes interesadas, en particular de los Estados miembros, la Comisión, por el momento, no va a desarrollar iniciativas para aplicar tipos de IVA reducidos a los productos que llevan la etiqueta ecológica de la Unión Europea [19]. Para otros tipos de impuestos, los Estados miembros, cuando proceda, deberán fomentar y alentar el uso de las medidas fiscales citadas para favorecer a los productos más ecológicos.

[19] Este análisis también tendrá en cuenta los resultados del experimento de aplicar tipos de IVA reducidos a los servicios que exigen gran cantidad de mano de obra.

Por otra parte, en el marco del 6º Programa de Acción en materia de Medio Ambiente, la Comisión trabajará sobre una lista de criterios que permitirán consignar las subvenciones que repercutan negativamente en el medio ambiente [20]. De esa forma se contará con una base fiable para su eliminación. La Comisión también ha elaborado unas Directrices sobre ayudas estatales con fines medioambientales, para apoyar el cambio tecnológico en favor de productos y servicios menos dañinos para el medio ambiente [21].

[20] Se han iniciado trabajos en este sentido en el marco de la Agencia Internacional de la Energía de la OCDE.

[21] Comunicación de la Comisión - Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente, DO C 37 de 3.2.2001, p. 3-15.

b) Acuerdos voluntarios y normalización

Para que la ecologización de los productos sea más eficaz, es preciso considerar, además de la legislación, soluciones no legislativas, como los acuerdos medioambientales y el proceso de normalización. El marco comunitario para los acuerdos medioambientales está siendo estudiado a raíz de una Comunicación de la Comisión sobre dicho asunto [22].

[22] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Acuerdos medioambientales a nivel comunitario en el marco del Plan de Acción "Simplificar y mejorar el marco regulador", COM(2002) 412 final de 17.7.2002.

Por lo que respecta a la normalización, la Comisión continuará utilizando, siempre que sea posible, la normalización internacional. A nivel europeo, la Comisión abordará algunos aspectos clave relativos a la normalización europea y a la protección medioambiental en una Comunicación que publicará en 2003. La Comisión ha firmado también un contrato de servicios con ECOS [23], un consorcio de organizaciones no gubernamentales medioambientales europeas, para contribuir a la integración de los aspectos medioambientales en el proceso de normalización europeo.

[23] Organización Medioambiental de Ciudadanos en favor de la Normalización europea (European Environmental Citizens Organisation for Standardisation)

c) Legislación en materia de contratos públicos

Los contratos públicos constituyen aproximadamente el 16 % del Producto Interior Bruto de la Comunidad. Se trata de una amplia cuota del mercado que las autoridades públicas pueden utilizar para impulsar la ecologización de los productos. Existen normas comunitarias en las que se detallan los procedimientos que se deben seguir en la contratación pública dentro del mercado interior. La Comunicación interpretativa sobre contratos públicos y medio ambiente de la Comisión [24] explica la situación jurídica [25] y demuestra que existen amplias posibilidades para incluir consideraciones medioambientales en la licitación de los contratos cubiertos por estas normas; esta situación no será modificada por la revisión en curso de las Directivas sobre contratación pública. El verdadero trabajo a la hora de introducir la dimensión medioambiental en la contratación pública es garantizar que los responsables de la contratación pública utilizan las posibilidades existentes.

[24] Comisión de las Comunidades Europeas (2001) - Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública, COM (2001) 274 final de 4.7.2001. Este documento puede consultarse en la siguiente dirección de Internet: http://simap.eu.int/ES/pub/src/ welcome.htm

[25] Véase la dirección de Internet en la nota a pie de página nº 24 .

d) Otros instrumentos legislativos

Podrá ser necesario contar, respecto a cualquier medida relacionada con los productos, con legislación comunitaria para resolver los problemas medioambientales, en particular si no se corrigen las deficiencias del mercado o si el mercado único puede verse afectado en caso de que no intervenga la Comunidad. Éste es el caso, por ejemplo, de la Directiva sobre restricciones a la utilización a determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos [26] y lo mismo sucederá con el seguimiento del Libro Blanco de la Comisión sobre sustancias y preparados químicos [27]. Lo mismo sucede con la futura propuesta de Directiva de la Comisión por la que se establece un marco para el diseño ecológico de los productos que utilizan energía, que, además, consagrará los principios de la PPI, como el concepto del ciclo de vida, la participación de los sectores interesados y la mejora continua, en un marco legislativo. La legislación es también necesaria cuando se considera que la ampliación que las medidas de responsabilidad del productor o los sistemas de depósito son la forma más eficaz de reducir los impactos ambientales del ciclo de vida. Dichas iniciativas revisten también un valor particular a escala comunitaria en caso de que los Estados miembros hayan desarrollado o estén desarrollando sus propias iniciativas en este ámbito. La Comisión desarrollará estos puntos más adelante en la estrategia temática sobre reciclado y prevención de los residuos.

[26] Directiva 2002/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, DO L 37 de 13.2.2003, p. 19-23.

[27] Libro Blanco - Estrategia para la futura política en materia de sustancias y preparados químicos, COM(2001) 88 final.

5.2. Fomentar la aplicación del concepto de ciclo de vida

Para que la PPI sea eficaz, es necesario que pensar en el concepto del ciclo de vida sea un hábito para todos los que tienen contacto con los productos. Las medidas educativas y de concienciación son mucho más eficaces cuando se adoptan en el nivel más cercano al ciudadano, es decir, a nivel nacional o regional. A escala comunitaria, son necesarios tres tipos de acciones diferentes (recuadro 2).

Recuadro 2

a) Hacer accesible la información sobre el ciclo de vida y los instrumentos de interpretación

Es necesario recabar de forma sistemática datos sobre el ciclo de vida para fundamentar los análisis, tanto para fines de diseño como de etiquetado. Varios Estados miembros y sectores industriales han desarrollado bases de datos para facilitar esta tarea. La Comisión proporcionará una plataforma para facilitar la comunicación y los intercambios. Cabe destacar las reuniones periódicas con apoyo de la Comisión y un directorio de bases de datos de los ACV que se actualizará con regularidad.

Los datos sobre el ciclo de vida también tienen que ser más accesibles. Para tal fin, la Comisión lanzará una iniciativa de coordinación en la que se incluirán los actuales esfuerzos de recogida de datos de la UE y las iniciativas de armonización existentes. Esta iniciativa funcionará como vínculo europeo con la actual Iniciativa Ciclo de Vida del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). La Comisión comenzará lanzando un estudio para examinar la situación existente y las posibles direcciones futuras.

Los análisis del ciclo de vida (ACV) constituyen el mejor marco para evaluar los posibles impactos ambientales de los productos de que disponemos actualmente. Por consiguiente, constituyen una importante herramienta de apoyo para la PPI. Sin embargo, sigue abierto el debate acerca de las prácticas correctas en el uso e interpretación de los ACV. A través de una serie de estudios y talleres, la Comisión proseguirá con este debate, con el fin de elaborar, dentro de dos años, un manual sobre las mejores prácticas, basado en el máximo consenso que se pueda obtener entre los sectores interesados.

La Comisión también continuará apoyando la investigación y el desarrollo en favor de la aplicación de esta parte del enfoque de la PPI. El Quinto [28] y el Sexto [29] Programas Marco de Investigación Comunitarios contribuirán a ello, incrementando el conocimiento de los procesos medioambientales, proporcionando datos de base y sistemas de medición y desarrollando soluciones viables para la concepción de productos más ecológicos. Los proyectos de PPI constituyen ya una parte importante del campo de aplicación del Programa LIFE de la Comisión [30].

[28] Decisión nº 182/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de diciembre de 1998 relativa al Quinto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, demostración y desarrollo tecnológicos (1998 - 2002), DO L 26 de 1.2.1999, p. 1-31.

[29] Decisión n° 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de Investigación y a la innovación (2002-2006), DO L 232, p. 1-33.

[30] Reglamento (CE) 1655/2000 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE), DO L 192 de 27.7.2000, p. 1-9.

b) Sistemas de gestión medioambiental

Los sistemas de gestión medioambiental constituyen un buen marco para integrar el concepto de ciclo de vida dentro de las actividades de una organización y para lograr la mejora continua. La revisión del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) en 2001 puso en marcha la nueva orientación, de los procesos hacia los productos. Los productos están ahora, claramente, dentro del campo de aplicación del EMAS, al igual que las actividades y los servicios, es decir, que sus impactos ambientales significativos han de ser incluidos en el sistema de revisión, gestión y auditoría medioambientales; sus impactos también han de ser comprobados por un verificador del EMAS, ha de incluirse información relativa a ellos en la declaración medioambiental y su comportamiento ecológico ha de mejorarse continuamente. Como el EMAS se centraba anteriormente sobre todo en actividades industriales, la Comisión elaborará antes de finales de 2004 unas directrices sobre la forma de abordar las cuestiones relativas a los productos dentro del EMAS. Los sistemas de gestión medioambiental son pertinentes para todos los tipos de organizaciones - públicas o privadas - y pueden servir como marco para todo tipo de instrumentos, desde la ecologización de la contratación de las organizaciones hasta la verificación de las informaciones ecológicas. Un certificado de un sistema de gestión medioambiental por si sólo no garantiza un comportamiento ecológico específico del producto, pero en el caso del EMAS proporciona un marco para poder validar la información sobre dicho comportamiento por medio del verificador del EMAS.

La Comisión también vigilará y evaluará la aplicación de la "dimensión del producto" en el EMAS, de forma que sus conclusiones puedan utilizarse en la nueva revisión del Reglamento, prevista para 2006. La Comisión decidirá en 2004 si desea llegar hasta el registro EMAS II; ya ha comenzado un ejercicio piloto en el que participan tres Direcciones Generales.

c) Obligaciones del diseño de los productos

Los dos elementos subrayados arriba deberían motivar a las empresas situadas más en cabeza a desarrollar productos más ecológicos. Además, la Comisión presentará en 2005 un documento de debate en el que se estudiará la forma de mejorar la aplicación del enfoque de la PPI en las empresas, incluyendo, si es necesario, obligaciones generales para productos concretos. Este documento se basará en los debates sobre la aplicación del nuevo enfoque en el ámbito medioambiental iniciados a raíz de la publicación del Libro Verde sobre la PPI [31]. También se tendrán en cuenta las reacciones a la publicación del proyecto de Directiva sobre el diseño ecológico de los equipos de consumo y del proyecto de Directiva sobre el diseño ecológico de los aparatos eléctricos y electrónicos. Asimismo, se considerarán las experiencias extraídas de las negociaciones sobre la futura propuesta de Directiva por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía (PUE). Entre los puntos que se abordarán destacan, entre otros: la base jurídica adecuada; las consideraciones relativas al mercado interior; las obligaciones derivadas de los tratados internacionales; el campo de aplicación de las actuaciones previstas; los productos o grupo de productos más adecuados; el nivel de detalle requerido de las exigencias del diseño; la función de las normas mínimas para los productos; los medios adecuados de control de la aplicación y de elaboración de informes; los costes y beneficios de este tipo de enfoque; sus efectos probables sobre el medio ambiente; y la forma en que deberá integrarse con las políticas y medidas que afectan a las dimensiones medioambientales de los productos, incluidos los instrumentos de la PPI.

[31] Véase www.europa.eu.int/comm/environment/ipp/standard.pdf y Godenman, G., Hart, J. W., Sanz Levia, L. (2002) The New Approach in Setting Product Standards for Safety, Environmental Protection and Human Health: Directions for the Future, Environmental News No. 66, Danish Environmental Protection Agency.

En el caso de los productos consumidores de energía, se disponía de experiencia suficiente, y el creciente impacto ambiental era lo suficientemente claro como para que la Comisión se plantease la creación de un marco específico para estos productos. Este marco, que permitirá la adopción de medidas legislativas específicas para determinados productos en casos justificados, también dejará un margen para la autorregulación por parte de la industria, siempre y cuando ésta reduzca los impactos ambientales con mayor rapidez o de forma más rentable que la legislación.

Además, la Comisión estudiará la mejor manera de garantizar que el público recibe información sobre el comportamiento medioambiental y el diseño de un producto. Dicha información podría reforzar considerablemente los documentos publicados por las empresas, como las declaraciones medioambientales.

5.3. Proporcionar a los consumidores la información necesaria para decidir

Los consumidores, sean privados, públicos o individuales, son quienes deciden si van a adquirir o noproductos más ecológicos, y una vez adquiridos, la forma en que van a utilizarlos. El papel de la Comunidad en este caso es proporcionar y fomentar instrumentos y marcos a escala de la UE para ofrecer a los consumidores información sobre los productos. Los Estados miembros son quienes decidirán qué necesitan para lograr el nivel de sensibilización del consumidor necesario para poder desempeñar plenamente su función en la ecologización de los productos. En el recuadro 3 se analizan una serie de instrumentos políticos adecuados. No obstante, otros factores pertinentes a la hora de adquirir productos, como los aspectos relativos a la seguridad y la salud, los costes y la eficacia, sin duda tienen también una función que desempeñar.

Recuadro 3

a) Introducción de la dimensión medioambiental en la contratación pública

Es necesaria una acción positiva para instar a las autoridades públicas a utilizar las posibilidades en la legislación en vigor en materia de contratos públicos. Por este motivo la Comisión iniciará varias acciones.

La Comisión intentará determinar hasta dónde se puede introducir la dimensión medioambiental en la contratación pública porque, en la actualidad, sólo se dispone de información limitada sobre el alcance de la ecologización de la contratación pública de productos en los Estados miembros. Antes de finales de 2003, la Comisión habrá iniciado una investigación para evaluar hasta qué punto las autoridades públicas aplican criterios ecológicos en la contratación pública. También está cofinanciando un programa de investigación para evaluar el posible impacto en el medio ambiente y en los mercados de la introducción de la dimensión medioambiental en la contratación pública.

Por consiguiente, anima a los Estados miembros a que elaboren y pongan a disposición del público planes de acción para la ecologización de su contratación pública. Éstos deberán incluir una evaluación de la situación actual y fijar objetivos ambiciosos para un plazo de tres años. Los planes de acción deberán definir claramente las medidas que van a adoptarse para lograr este punto. Deberán elaborarse por primera vez antes de finales de 2006 y después se revisarán cada tres años. Los planes de acción no serán jurídicamente vinculantes, pero proporcionarán un impulso político al proceso de aplicación y sensibilización en materia de ecologización de la contratación pública. Permitirán a los Estados miembros elegir las opciones que se adapten mejor a su marco político y al nivel que hayan alcanzado, y al mismo tiempo harán posible un intercambio de las mejores prácticas relativas a la ecologización de la contratación pública. La Comisión, por su parte, también elaborará un plan de acción antes de final de 2006, que reunirá los objetivos y acciones previstos para su propia contratación. La Comisión invita a las demás instituciones y órganos comunitarios a que hagan lo mismo y está dispuesta a compartir con ellos sus conocimientos en la materia para facilitarles la tarea.

Por otra parte, la Comisión también está elaborando medidas de información para las autoridades públicas para ayudarles a hacer más ecológicas sus políticas de adquisición. Entre ellas destacan:

- un manual práctico para las autoridades públicas que explicará las posibilidades que ofrece la contratación más ecológica en un idioma claro, sencillo y no jurídico. El primer borrador está previsto para mediados de 2003. Se revisará, si es necesario, a la vista de los nuevos acontecimientos y de la experiencia práctica adquirida con el uso;

- una base de datos de grupos de productos. En ella se reunirá, en un sitio web, la información sobre los criterios existentes para los productos, como los utilizados para las etiquetas ecológicas y los regímenes de declaración de los productos medioambientales, con el fin de facilitar información de base a los responsables de las adquisiciones en empresas y organismos públicos sobre los criterios relevantes para un producto dado. El primer prototipo está previsto para 2003;

- un sitio web sobre "ecologización de la contratación pública", donde se encontrarán el manual, la base de datos de los productos y la legislación pertinente. Su instalación está prevista a finales de 2004.

b) Ecologización de la política general de compras de las empresas

El sector privado puede solicitar productos más ecológicos y procesos de producción más ecológicos a sus suministradores Si deciden hacerlo, cuentan con considerables posibilidades de influencia en el mercado de los productos más ecológicos, por ejemplo, exigiendo a sus suministradores el registro en un sistema de gestión medioambiental certificado, como el EMAS.

Los instrumentos que se están desarrollando para introducir la dimensión medioambiental en la contratación pública, citados más arriba, deberán también facilitar la adquisición de productos más ecológicos por parte de las empresas. Resultarán de utilidad también los diferentes tipos de etiquetado que figuran más adelante. La Comisión ha empezado a trabajar también para estimular el amplio mercado de las adquisiciones realizadas por las empresas haciendo presión para que la política general de compras de las empresas sea más transparente por medio de la elaboración de informes [32].

[32] La Comisión ha invitado a todas las empresas que cotizan en bolsa, con una plantilla de al menos 500 empleados, a publicar un "triple balance" en sus informes anuales a los accionistas que mida sus resultados en materia económica, medioambiental y social (Comunicación de la Comisión: Desarrollo sostenible en Europa para un mundo mejor: Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible, COM (2001) 264 de 15.5.2001). Para contribuir a este proceso, la Comisión ha elaborado una recomendación sobre la publicación de las cuestiones medioambientales (Recomendación de la Comisión, de 30 de mayo de 2001, relativa al reconocimiento, la medición y la publicación de las cuestiones medioambientales en las cuentas anuales y los informes anuales de las empresas (2001/453/CE), DO L 156 de 13.6.2001, p. 33.). También ha pedido que se desarrollen directrices y criterios comunes para la medición, la elaboración de informes y la garantía antes de mediados de 2004 (Comunicación de la Comisión relativa a la responsabilidad social de las empresas: Una contribución empresarial al desarrollo sostenible, COM (2002) 347 de 2.7.2002, p. 15).

c) Etiquetas ecológicas

En el ámbito del etiquetado, la Comisión cuenta ya con varios sistemas de etiquetado importantes que proporcionan a los consumidores una información fiable y de fácil comprensión a la hora de elegir sus productos. Estos sistemas se adaptan bien al marco de la PPI.

La presencia de la etiqueta ecológica de la Unión Europea [33] en un producto informa al consumidor de que dicho producto está certificado como más ecológico que la mayoría de los demás productos durante el conjunto de su ciclo vital. Como hoy en día no hay ninguna etiqueta comparable que cubra todo el mercado de la UE, resulta la mejor etiqueta disponible desde el punto de vista de una PPI de la Unión Europea [34]. La etiqueta energética de la UE [35] figura ya en muchos productos, en particular en el sector de los electrodomésticos de línea blanca, donde el consumo energético suele representar el impacto ambiental más importante durante el ciclo de vida del producto. Cuenta con un reconocimiento especialmente amplio, en gran medida debido a la obligatoriedad de su presencia en los productos. El sistema europeo de etiquetado de automóviles [36] también brinda al consumidor informaciones importantes sobre las emisiones de CO2 de los nuevos vehículos.

[33] Esta etiqueta, al igual que las etiquetas nacionales de la UE, es también una etiqueta ISO de tipo I.

[34] Esto no excluye, sin embargo, que en el futuro otras etiquetas, a través de acuerdos de equivalencia o de nuevas circunstancias, puedan desempeñar un papel importante facilitando esta información al consumidor.

[35] Directiva 92/75/CEE del Consejo, de 22 de septiembre de 1992, relativa a la indicación del consumo de energía y de otros recursos de los aparatos domésticos, por medio del etiquetado y de una información uniforme sobre los productos, DO L 297 de 13.10.1992, p. 16.

[36] Directiva 1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 1999, relativa a la información sobre el consumo de combustible y sobre las emisiones de CO 2 facilitada al consumidor al comercializar turismos nuevos, DO L 12 de 18.1.2000, pp. 16-19.

El campo de aplicación de todas estas etiquetas se irá ampliando gradualmente para ofrecer a los consumidores una mayor gama de elección. Al mismo tiempo, la Comisión seguirá trabajando en la aplicación por parte de los Estados miembros de la Directiva relativa a la publicidad engañosa [37] y concluirá su trabajo sobre las directrices en materia de autodeclaraciones ambientales [38]. Ello debería contribuir en cierta medida a evitar que las autodeclaraciones engañosas sobre el carácter ecológico de un producto reduzcan el nivel global de confianza en la información medioambiental de los productos. La Comisión investigará las posibilidades de que dichas autodeclaraciones sean verificadas independientemente a través del sistema de los EMAS. Además, en el marco de la actual estrategia en materia de política de los consumidores [39], se evaluará la eficacia de las medidas de etiquetado por iniciativa privada y la necesidad de nuevas medidas.

[37] Directiva 84/450/CEE del Consejo, de 10 de septiembre de 1984, relativa a la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de publicidad engañosa, DO L 250 de 19.9.1984, pp. 17-20. La Comisión adoptará, en el transcurso del año 2003, una propuesta de Directiva marco sobre prácticas comerciales injustas. Si es aprobada por el Consejo y por el Parlamento, reemplazará parcialmente algunas de las disposiciones de esta Directiva.

[38] Las autodeclaraciones ambientales (green claims) a veces se mencionan como ISO del tipo II. Son declaraciones acerca de las características medioambientales de un producto que por lo general no son objeto de ningún tipo de verificación por parte de terceras instancias.

[39] Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones - Estrategia en materia de política de los consumidores 2002-2006, COM(2002)208 final de 7.5.2002

El instrumento relativamente nuevo de las declaraciones medioambientales sobre productos (DMP) [40] podría necesitar ser desarrollado dentro de un marco europeo. Las DMP son un medio de presentar de forma normalizada una información cuantificada sobre un producto (como en las emisiones de CO2o NOx) basada en su ciclo de vida. No se emite ningún juicio sobre el carácter "ecológico" o no del propio producto, pero la información cuantificada puede ser utilizada por un posible comprador para formarse su propio juicio o para incluirla en un ACV. La Comisión financió un estudio [41] para examinar los regímenes existentes de tipo DMP (y los que tengan características semejantes) y analizar las posibles opciones de desarrollo [42]. Se invitó a los sectores interesados a presentar observaciones sobre estos resultados [43] y, a finales de 2005, la Comisión adoptará una decisión sobre la necesidad de adoptar medidas a escala comunitaria para estimular el desarrollo de este instrumento potencialmente importante. Se tendrá en cuenta la elaboración en curso de una Norma Internacional para Regímenes de DMP.

[40] También a menudo se denominan ISO de tipo III.

[41] El informe final de este estudio puede consultarse en:

[42] La Comisión ha financiado también un estudio paralelo centrado en instrumentos de ACV/DMP en el sector de la construcción. Este estudio puede consultarse en:

[43] Estas pueden consultarse también en el sitio web que figura en la nota a pie de página nº 4..

6. Especial atención a productos concretos

6.1. Proyectos piloto voluntarios

El concepto del ciclo de vida viene siendo una práctica extendida en muchas empresas desde hace algún tiempo. No obstante, para otras queda bastante por hacer antes de que el concepto del ciclo de vida pueda ser operativo. Habida cuenta de la importancia del concepto del ciclo de vida para que tenga éxito la política del producto, este problema ha de ser abordado como un tema prioritario. La mejor forma de demostrar la ventaja de este concepto es demostrando su aplicación práctica. La Comisión considera, por lo tanto, que la mejor manera de materializar el concepto es aplicarlo a una serie de productos individualmente en un ejercicio de proyectos piloto. Para ello la Comisión llevará a cabo una serie de proyectos piloto para demostrar las ventajas potenciales de la PPI de forma práctica. Los sectores interesados podrán aplicar a continuación este concepto a sus actividades cotidianas y a los productos con los que tengan contacto.

La participación de los sectores interesados en dichos proyectos piloto es crucial para su éxito y se anima a todas las partes interesadas por un producto concreto - a lo largo del ciclo de vida - a participar con carácter voluntario. Los sectores interesados que deseen tomar la iniciativa se beneficiarán de la mayor visibilidad que se les brindará en toda Europa. La Comisión invita a todos los sectores interesados a presentar sus sugerencias para estos productos piloto. Éstas deberán recibirse antes del final de octubre de 2003. La Comisión analizará a continuación dichas sugerencias basándose en factores prácticos, como su viabilidad y la voluntad de participar de todos los sectores interesados. Habida cuenta del carácter demostrativo de estos proyectos, aspectos tales como el que un producto tenga un elevado impacto ambiental o el máximo potencial de mejora no serán el factor determinante. Como consecuencia de ello, la elección del producto o productos para un ejercicio piloto no constituirá en modo alguno un juicio de cualquiera de estos atributos.

La Comisión prevé que un proyecto piloto durará aproximadamente 12 meses. Comenzará a partir de una forma común de entender el trabajo que se va a emprender por parte de todos los sectores interesados. La Comisión prevé que cada producto piloto podría seguir el mismo camino de base hasta llegar a una solución, a saber:

(1) documentar y analizar todos los impactos ambientales del producto durante su ciclo de vida;

(2) analizar los posibles efectos medioambientales, sociales y económicos de todas las opciones posibles para reducir los impactos ambientales, incluyendo el examen de la eficacia de los instrumentos políticos existentes;

(3) identificar, junto con los sectores interesados, las opciones de mejora medioambiental más viables;

(4) acordar planes de ejecución, donde se identifiquen las responsabilidades de los diferentes grupos interesados;

(5) ejecutar los planes.

En el recuadro que figura a continuación se da un ejemplo indicativo.

Ejemplo del neumático de automóvil

(1) En primer lugar, se recogerán y analizarán los datos existentes en el inventario del ciclo de vida y el ACV, idealmente facilitados por el sector, para obtener una imagen de todo el ciclo de vida del neumático. Cualquier evaluación seguirá las reglas y normas pertinentes.

(2) En el caso de los neumáticos es evidente que existen impactos en todas las fases del ciclo de vida. A los fines de este ejemplo, sin embargo, se asumirá que éstas se producen fundamentalmente en la fase de utilización. En esta fase, la resistencia al avance del neumático da lugar a emisiones de CO2 a través del consumo de combustible y a la contaminación del suelo, el agua y el aire a través de las partículas de caucho raídas y de los productos químicos que éstas contienen. Como es probable que, a escala de la UE, las emisiones de CO2 sean más importantes, el resto de este ejemplo va a concentrarse en ellas.

(3) A continuación es posible intentar identificar las medidas necesarias para reducir el CO2. En esta fase es preciso considerar todos los instrumentos que pueden estar disponibles, incluyendo cualquier instrumento o medida que ya se haya aplicado en virtud de las políticas comunitarias existentes. Reducir la resistencia al avance mediante innovaciones en el diseño de los neumáticos podría ser una opción. Por ejemplo, podrían resultar útiles nuevos materiales, como se ha demostrado en el caso de los compuestos de sílice. El recauchutado puede ser otra cuestión que se puede tratar. Estos son, por supuesto, únicamente ejemplos y existen otras muchas posibilidades. Antes de tomar una decisión sobre cualquier medida particular, habría que evaluar su posible impacto a lo largo de todo el ciclo de vida, de forma que cualquier efecto adverso no contrarrestara la mejora buscada. Claramente, en un enfoque integrado, será conveniente evaluar cualquier opción para comprobar su coherencia con las medidas de otras políticas comunitarias. También tendrán que tener en cuenta el coste y la funcionalidad y, en el ejemplo que nos ocupa, la política de transportes y la seguridad vial.

(4) La siguiente fase será ponerse de acuerdo sobre quién va a llevar a cabo las diferentes medidas - y la forma en que las va a aplicar. Por ejemplo, si se va a abordar el diseño del neumático, la industria necesitará llevar la iniciativa en el diseño de nuevos neumáticos. Las autoridades públicas, por ejemplo, podrían tener que ocuparse de cuestiones como la certificación armonizada.

(5) La fase final será la aplicación de las medidas, así como el seguimiento y la elaboración de informes sobre los progresos.

Aunque es evidente que algunas de las lecciones extraídas del ejercicio de los productos piloto probablemente serán específicas para un producto, la Comisión piensa que, puesto que se trata prácticamente de la primera vez en que se intenta un ejercicio de este tipo a escala europea, podrán aprenderse muchas cosas sobre su dinámica y organización. En caso de que este ejercicio, a partir de los proyectos piloto y de unas pruebas adicionales suficientes, revelase incoherencias importantes en la política que impidiesen una integración equilibrada de objetivos económicos, sociales y medioambientales, la Comisión examinará qué acciones podrían ser necesarias para incrementar la coherencia de los instrumentos jurídicos y de otro tipo en vigor.

6.2. Identificación de los productos que tienen las mayores posibilidades de mejora medioambiental

Al mismo tiempo en que se incrementa la sensibilización del público en materia de PPI a través de los proyectos piloto, la Comisión intentará también identificar y fomentar acciones en aquellos productos que tengan el máximo potencial para la mejora medioambiental. En la evaluación de este potencial de mejora se tendrán en cuenta los probables efectos socioeconómicos de cualquier cambio de este tipo. No obstante, aún no existe un consenso basado en análisis sobre cuáles son los productos con mayor impacto ambiental, ni tampoco, en consecuencia, sobre cuáles tienen las mayores posibilidades de mejora desde el punto de vista medioambiental.

Por consiguiente, la Comisión comenzará la elaboración de una metodología para la identificación de estos productos a nivel europeo. Ésta se basará en experiencias existentes, como las realizadas en Bélgica [44]. La metodología se debatirá a continuación con los sectores interesados con el fin de lograr un amplio consenso. Posteriormente se realizará un nuevo estudio que aplicará esta metodología e identificará los productos con el mayor impacto ambiental. Una vez hecho esto, con los productos que se hallen en cabeza de la lista, se llevará a cabo un nuevo análisis para identificar todas las formas posibles de reducir los impactos ambientales. Para cada uno de estas formas posibles, se evaluarán los impactos socioeconómicos potenciales de cada medida. Se calcula que todo el ejercicio llevará entre 3 y 4 años.

[44] Institut Wallon de Développement Économique et Social et d'Aménagement du Territoire y Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (2002) Identifying Key Products for the Federal Product and Environment Policy, Proyecto de informe final, noviembre de 2002

Una vez completado este ejercicio, la Comisión intentará tratar individualmente alguno de los productos con el máximo potencial para la mejora desde el punto de vista medioambiental con el mínimo coste socioeconómico.Las experiencias extraídas del ejercicio del proyecto piloto constituirán una aportación valiosa a este proceso.

7. Coordinación e integración

El enfoque de la PPI exige que se exploten las sinergias entre los diferentes instrumentos. Para ello, es necesario garantizar que el "concepto de la PPI" impregna todos los aspectos de la gestión de dichos instrumentos. Al mismo tiempo, es necesario que el concepto de la PPI se integre todavía más en otros ámbitos políticos distintos del medio ambiente. Con tal fin, la Comisión instará a determinados sectores a ser más explícitos, en los informes que elaborarán en virtud del proceso de Cardiff [45], sobre la forma en que pretenden integrar el enfoque de la PPI en su trabajo.

[45] En el Consejo Europeo de 1998 reunido en Cardiff, se pidió a varios sectores que desarrollaran estrategias de integración, que incluyeran indicadores (transporte, energía, agricultura), con vistas a intentar resolver el problema del cambio climático y dar más prioridad a las preocupaciones medioambientales en el proceso de la Agenda 2000. Este proceso se ha ampliado posteriormente a otros sectores.

Además, la Comisión iniciará una serie de procesos para facilitar la coordinación y supervisar los progresos.

Desarrollará indicadores adecuados, en cooperación con los Estados miembros y con la Agencia Europea para el Medio Ambiente, para medir las mejoras medioambientales inducidas por el enfoque de la PPI.

También redactará un informe sobre los progresos realizados en la aplicación de la PPI y lo presentará al Parlamento Europeo y al Consejo. Éste se basará en los informes que los Estados miembros deberán presentar a la Comisión cada tres años, a partir de finales de 2006, donde se detallarán las medidas adoptadas y los progresos realizados en la aplicación del enfoque de la PPI. También se pedirá a los sectores industriales y a las organizaciones de consumidores que hagan lo mismo.

Asimismo, presidirá reuniones periódicas a las que asistirán representantes de los Estados miembros y de los sectores interesados. Éstos ayudarán a la Comisión en el desarrollo y aplicación de la PPI, así como en la supervisión del progreso en los Estados miembros. Cuando algunos ámbitos concretos merezcan una atención más detenida, como los formatos de los informes, la Comisión podrá crear grupos de trabajo o utilizar las estructuras existentes. La Comisión sugiere que la red informal de la PPI, establecida por los Estados miembros por propia iniciativa [46], continúe con su tarea paralela de intercambio de información bajo la autoridad de la Presidencia del Consejo. También propone que se abra a la participación de los países en vías de adhesión y candidatos.

[46] Y a la que asiste la Comisión en calidad de observador.

La Comisión intentará promocionar internacionalmente el enfoque de la PPI explicando las posibles ventajas del enfoque de la PPI para el medio ambiente y el desarrollo sostenible. La misma forma de entender el enfoque de la PPI, teniendo en cuenta las necesidades específicas de los países en desarrollo, incrementará el desarrollo de la Política de Productos Integrada y ayudará a responder a los desafíos medioambientales mundiales.

La Comisión informará a los sectores interesados de la evolución de la situación, incluidos los ejercicios de consulta, a través de su página web - www.europa.eu.int/comm/environment/ipp - y de su servicio de información mediante listas de difusión.

Anexo I: Consultas a los sectores interesados tras la adopción del Libro Verde sobre la PPI

El Libro Verde incluía varias preguntas sobre la forma en que debía desarrollarse la PPI, tanto en relación con el enfoque general como de los distintos instrumentos. Se pidió a los sectores interesados que presentasen por escrito a la Comisión sus observaciones antes de finales de junio de 2001.Respondieron 133 grupos de sectores interesados. Muchas de estas observaciones pueden consultarse a través de las páginas web de la Comisión sobre la PPI [47].

[47] http://europa.eu.int/comm/environment/ipp/ tablelisting.htm

De las 133 aportaciones, 78 procedían de la industria, 30 de organizaciones gubernamentales (incluidas otras instituciones europeas), 10 de particulares, 6 de asociaciones de consumidores, 4 del sector universitario, 3 de ONG medioambientales y 2 de organismos de normalización.

La mayoría de los sectores interesados se congratulaban del Libro Verde y respaldaban los razonamientos de la nueva política propuesta en la PPI. Las opiniones sobre los méritos de los diferentes instrumentos, sin embargo, eran ya más divergentes. Mientras que muchos sectores interesados eran partidarios de un enfoque orientado hacia el mercado, en general su entusiasmo no era extensible al uso de la tributación diferenciada. La idea de aplicar un tipo de IVA reducido a los productos que llevaran una etiqueta ecológica de la Unión Europea se topó con la oposición de la mayoría de los sectores interesados industriales y gubernamentales, mientras que las ONG medioambientales eran más partidarias. El equilibrio entre instrumentos voluntarios y obligatorios también dio lugar a divergencia de opiniones. Por lo general, la industria era partidaria de un enfoque más voluntario, mientras que otros sectores interesados subrayaban la importancia de la legislación como un instrumento necesario.

Al abordar el asunto de la evaluación del ciclo de vida, varios sectores interesados señalaron las limitaciones de la metodología, mientras que otros manifestaron su apoyo al desarrollo de bases de datos con información sobre el ciclo de vida y medidas de sensibilización para apoyar las prácticas correctas. Por lo que respecta al uso del Nuevo Enfoque, todos los sectores interesados manifestaron una inquietud notable acerca de su uso para fines medioambientales. En el caso de la introducción de la dimensión medioambiental en la contratación pública, el apoyo a las medidas de sensibilización fue general. Se consideraba importante el etiquetado ecológico, aunque los distintos sectores interesados respaldaban diferentes tipos. Hubo un acuerdo general en que los sistemas de gestión medioambiental (EMAS, ISO 14001 o incluso POEMS (Product-Oriented Environmental Management Systems)) podrían constituir un instrumento útil. Se encontró interesante la idea de los paneles de productos, si bien algunos sectores interesados mantenían reservas acerca de su probable éxito a nivel europeo.

Además de las observaciones por escrito de los sectores interesados, el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros también elaboraron dictámenes sobre el Libro Verde. El Consejo de Ministro apoyaba el enfoque en sus líneas generales, pero el Parlamento Europeo era prudente en su acogida y pedía una clarificación sobre el modo en que la PPI se aplicaría en la práctica. La decisión de organizar un ejercicio de proyectos piloto se adoptó en parte como respuesta a esta petición.

Además de las observaciones por escrito y de los dictámenes, los servicios de la Comisión también organizaron varias reuniones de expertos y una conferencia de los sectores interesados para debatir el documento. Asimismo se celebraron numerosas reuniones bilaterales con los sectores interesados.

La presente Comunicación se basa en estas consultas e intenta lograr un compromiso entre las diferentes opiniones expresadas en ellas.

Anexo II: Posibles funciones y responsabilidades de los sectores interesados [48]

[48] La Comisión no está incluida en esta lista, porque en la parte principal del texto ya se define lo que considera que debe hacer.

1. Estados miembros

Establecimiento de un marco para acuerdos nacionales voluntarios

Fomento de la integración de las consideraciones medioambientales en organismos de normalización nacionales

Eliminación en la legislación nacional de los obstáculos para la introducción de la dimensión medioambiental en la contratación pública

Fomento e estímulo, si procede, del uso de medidas fiscales, como las tasas e incentivos medioambientales, para promocionar los productos más ecológicos

Eliminación de subvenciones negativas para el medio ambiente

Apoyo con fondos públicos al cambio tecnológico en favor de productos y servicios más respetuosos del medio ambiente

Medidas de educación, formación y sensibilización sobre el concepto del ciclo de vida

Contribución a los esfuerzos de la Comunidad en materia de bases de datos sobre el ciclo de vida

Promoción de la adopción del diseño ecológico y el ACV

Dirección de los programas de investigación nacional hacia la investigación relacionada con la PPI

Fomento de la adopción de los sistemas de gestión medioambiental, incluso dentro de las administraciones nacionales

Elaboración de planes para la introducción de la dimensión medioambiental en la contratación pública, accesibles a la opinión pública

Fomento de la adopción de medidas para informar a las autoridades públicas acerca los contratos públicos

Fomento del desarrollo y utilización de la etiqueta ecológica europea

Garantías sobre la aplicación de la Directiva sobre publicidad engañosa

Supervisión de la integración del concepto de la PPI en ámbitos políticos distintos del medio ambiente

Contribución al desarrollo de indicadores

Elaboración de informes sobre la puesta en práctica de la PPI

Intercambio de información sobre la puesta en práctica de la PPI con los Estados miembros

Promoción de la PPI a escala internacional

2. Sector industrial (incluidas industrias extractivas, diseño, fabricación, distribución, venta minorista y reciclado) [49]

[49] Esto es aplicable también a las industrias de fuera de la UE, en su caso.

Proposición de acuerdos medioambientales

Fomento de la integración de las consideraciones medioambientales en organismos de normalización nacionales

Medidas de educación, formación y sensibilización sobre el concepto del ciclo de vida

Contribución a los trabajos de la Comunidad en las bases de datos sobre el ciclo de vida

Promoción de la adopción del diseño ecológico y el ACV

Integración del concepto de PPI en los programas de I+DT de la empresa

Uso de sistemas de gestión medioambiental que incluyan la dimensión del producto

Práctica de una política ecológica de adquisición en la empresa

Solicitud y contribución al desarrollo de la etiqueta ecológica europea

Cumplimiento de las directrices sobre declaraciones ecológicas

Educación y formación e información de los consumidores y suministradores acerca del concepto del ciclo de vida

Participación en proyectos piloto de productos

Elaboración de informes sobre la puesta en práctica de la PPI, incluidos informes medioambientales de la empresa

Intercambio de información sobre la puesta en práctica de la PPI con otras empresas y sectores interesados

3. Organizaciones de consumidores

Fomento de la integración de las consideraciones medioambientales en organismos de normalización nacionales

Medidas de educación y sensibilización sobre el concepto del ciclo de vida y sobre las fuentes de información medioambientales

Fomento del desarrollo y utilización de la etiqueta ecológica europea

Adquisición de productos más ecológicos

Elaboración de informes sobre la puesta en práctica de la PPI

Intercambio de información sobre la puesta en práctica de la PPI con los Estados miembros

4. Organizaciones medioambientales

Fomento de la integración de las consideraciones medioambientales en organismos de normalización nacionales

Medidas de educación y sensibilización sobre el concepto de ciclo de vida

Fomento de la adopción de los sistemas de gestión medioambiental, incluso dentro de las administraciones nacionales

Presentación de observaciones sobre planes para la introducción de la dimensión medioambiental en la contribución pública, accesibles al público

Fomento de la adopción de medidas para informar a las autoridades públicas acerca los contratos públicos

Promoción de una política ecológica de adquisición en la empresa

Fomento del desarrollo y utilización de la etiqueta ecológica europea

Supervisión de la integración del concepto de la PPI en ámbitos políticos distintos del medio ambiente

Contribución al desarrollo de indicadores

Elaboración de informes sobre la puesta en práctica de la PPI

5. Consumidores

Adquisición de productos más ecológicos

Utilización y mantenimiento de los productos de forma que se minimicen los impactos ambientales

Eliminación correcta de los productos

FICHA DE FINANCIACIÓN LEGISLATIVA

Ámbito(s) político(s): Medio ambiente

Actividad(es): Desarrollo de política

Denominación de la medida: Comunicación "Política de Productos Integrada"

1. LÍNEA(S) PRESUPUESTARIA(S) + DENOMINACIÓN

B4-3040 A

2. DATOS GLOBALES EN CIFRAS

2.1 Dotación total de la medida (Parte B):1,605 millones de EUR en CC

2.2 Período de aplicación: 2003 - 2007

2.3 Estimación global plurianual de los gastos:

a) Calendario de créditos de compromiso/créditos de pago (intervención financiera) (véase el punto 6.1.1)

En millones de EUR (cifra aproximada al 3er decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

b) Asistencia técnica y administrativa (ATA) y gastos de apoyo (GA) (véase el punto 6.1.2)

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

c) Incidencia financiera global de los recursos humanos y otros gastos de funcionamiento (véanse los puntos 7.2 y 7.3)

>SITIO PARA UN CUADRO>

>SITIO PARA UN CUADRO>

Los créditos estimados previstos en este plan deberán cubrirse con las dotaciones de los créditos de la línea B4-3040A concedidos a las DG encargadas de la gestión (DG de Medio Ambiente y otras) en el marco del procedimiento presupuestario anual.

2.4 Compatibilidad con la programación financiera y las perspectivas financieras

[X] Propuesta compatible con la programación financiera existente.

[...] Esta propuesta requiere una reprogramación de la rúbrica correspondiente de las perspectivas financieras,

[...] incluido, en su caso, un recurso a las disposiciones del acuerdo interinstitucional.

2.5 Incidencia financiera en los ingresos

[X] Ninguna implicación financiera (se refiere a aspectos técnicos relacionados con la aplicación de una medida)

O bien,

[...] Incidencia financiera. El efecto en los ingresos es el siguiente:

(Nota: todas las precisiones y observaciones relativas al método de cálculo del efecto en los ingresos deben consignarse en una hoja separada adjunta a la presente ficha de financiación.)

Millones de EUR (cifra aproximada al primer decimal)

>SITIO PARA UN CUADRO>

(Describir cada línea presupuestaria afectada, añadiendo el número pertinente de líneas al cuadro si el efecto incide en varias líneas presupuestarias)

3. CARACTERÍSTICAS PRESUPUESTARIAS

>SITIO PARA UN CUADRO>

4. FUNDAMENTO JURÍDICO

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (en particular sus artículos 95 ó 174 según proceda) y Decisión n° 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente, DO L 242 de 10.9.2002, p. 1-15.

5. DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN

5.1 Necesidad de una intervención comunitaria

5.1.1 Objetivos perseguidos

Reducir los impactos medioambientales globales de los productos durante su ciclo de vida.

5.1.2 Disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación ex ante

En febrero de 2001 se aprobó un Libro Verde para evaluar la pertinencia de un enfoque comunitario para la Política de Productos Integrada. En las respuestas de los sectores interesados a dicho documento quedó patente que el desarrollo de un enfoque de este tipo a escala europea sería muy bien acogido.

5.1.3 Disposiciones adoptadas a raíz de la evaluación ex post

Se cubrirán mediante los informes periódicos mencionados en el apartado 8.2.

5.2 Acciones previstas y modalidades de intervención presupuestaria

Tras su aprobación, la Comunicación se remitirá al Consejo y al Parlamento Europeo para ser debatida. Asimismo, serán bien recibidas las observaciones de los sectores interesados. Podría ser que en el futuro fuera necesario legislar sobre aspectos concretos de la PPI. Obsérvese que estas disposiciones financieras no incluyen ninguna acción relacionada con la adopción y aplicación del proyecto de Directiva sobre el diseño ecológico de los productos consumidores de energía. Este aspecto será abordado en una propuesta independiente de los servicios responsables.

La política afecta a todos aquellos que entran en contacto con productos y servicios a lo largo de su ciclo de vida(es decir, productores, consumidores y gobiernos, especialmente). Se les pedirá que apliquen el concepto del ciclo de vida en sus actividades relacionadas con los productos. Las ONG medioambientales también tendrán una función subsidiaria a la hora de utilizar su independencia para fomentar una toma de decisiones de adquisición más ecológicas y estimular la elaboración de informes medioambientales.

5.3 Modalidades de ejecución

La promoción de la propia estrategia será en gran medida un ejercicio guiado por la información. El nuevo desarrollo de los instrumentos particulares del "Arsenal de la PPI" hará necesario combinar legislación, estímulo (nombre y reputación), cooperación e información. Estos cálculos financieros se basan en el supuesto de que los "productos piloto" se investigarán en un momento dado. En caso de que se trabaje sobre varios productos en paralelo o si son necesarias medidas específicas tras la aplicación del enfoque de la PPI a los "productos piloto", habrá que volver a evaluar los recursos necesarios. No obstante, las dotaciones existentes cubrirán cualquier recurso adicional.

6. INCIDENCIA FINANCIERA

6.1 Incidencia financiera total en la Parte B (para todo el período de programación)

(El método de cálculo de los importes totales presentados en el siguiente cuadro debe aparecer explicitado en el desglose que figura en el cuadro 6.2. )

6.1.1 Intervención financiera

CC en millones de EUR (cifra aproximada al 3er decimal)

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6.2 Cálculo de los costes por medida prevista en la Parte B (para todo el período de programación)

CC en millones de EUR (cifra aproximada al 3er decimal)

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La asignación de estudios a las tres acciones es indicativa. Según los diferentes grados de complejidad que aparezcan en la segunda acción, es posible que haya que destinar más estudios a los productos piloto y menos a las otras dos acciones. Dependiendo del tema exacto de los estudios y también en función de los resultados logrados en los primeros años es posible que haya que combinar varios estudios para cubrir las dos primeras acciones.

7. INCIDENCIA EN LOS EFECTIVOS Y EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS

Las necesidades en materia de recursos humanos y gastos de funcionamiento se cubrirán mediante la dotación concedida a las DG responsables de la gestión (DG de Medio Ambiente y otras) en el marco del procedimiento presupuestario anual.

7.1 Incidencia en los recursos humanos

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7.2 Incidencia financiera global de los recursos humanos

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Los importes corresponden a los gastos totales durante 12 meses.

7.3 Otros gastos de funcionamiento que se derivan de la acción

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Los importes corresponden a los gastos totales de la acción durante 12 meses.

(1) Precisar el tipo de comité, así como el grupo al que pertenece.

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8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

8.1 Sistema de seguimiento

La Comisión propone revisar la eficacia del enfoque de la PPI con una periodicidad de tres años a partir de la publicación de la Comunicación. Para ello, la Comisión preparará un informe que publicará y presentará a las instituciones.

8.2 Modalidades y periodicidad de la evaluación prevista

Deberán establecerse las modalidades precisas de la aplicación, pero se basarán en la información presentada por los Estados miembros y demás sectores interesados a la Comisión. La Comisión convocará reuniones con los Estados miembros y demás sectores interesados para coordinar los formatos de los informes para que la elaboración de los mismos resulte más útil y sencilla. La Comisión, en colaboración con la Agencia Europea del Medio Ambiente, intentará desarrollar también indicadores que permitan evaluar los avances realizados en la aplicación de la política.

9. MEDIDAS ANTIFRAUDE

Las actividades propuestas consisten únicamente en gastos para personal, reuniones de expertos y contratos de estudio. Estos últimos serán objeto de los habituales mecanismos de control de la Comisión y por consiguiente no serán necesarias medidas antifraude adicionales.