(1)

Cabo Verde es un país que se beneficia del régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible y la gobernanza previsto en el artículo 1, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) n.o 978/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), denominado sistema de preferencias generalizadas (SPG+). Las normas de origen preferencial a efectos del SPG, distintas de las normas procesales, se establecen en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446 de la Comisión (3).

(2)

Mediante carta de 14 de julio de 2023, Cabo Verde presentó una solicitud de prórroga de la excepción temporal a las normas de origen preferencial establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/2446, que había sido concedida en virtud de los Reglamentos de Ejecución (UE) 2019/561 (4), (UE) 2019/620 (5) y (UE) 2021/966 (6) de la Comisión. La excepción afectaba a un volumen anual de 5 000 toneladas de preparaciones o conservas de filetes de atún y lomos de atún (crudo, cocido y congelado), 3 000 toneladas de preparaciones y conservas de filetes de caballa y 1 000 toneladas de preparaciones y conservas de filetes de melva tazard o melva. En virtud de la excepción solicitada, esos productos se considerarían originarios de Cabo Verde, aunque hubieran sido elaborados a partir de pescado no originario de ese país.

(3)

Cabo Verde respaldó su solicitud de prórroga de dichas excepciones invocando los argumentos expuestos en anteriores solicitudes, que siguen siendo pertinentes, a saber, las reducidas cantidades de atún y caballa capturadas en sus aguas territoriales, las escasas posibilidades de pesca fuera de sus aguas territoriales y la duración limitada de la campaña de pesca, lo que reduce las oportunidades de captura de pescado originario. Otro elemento importante es que Cabo Verde ha desarrollado sus infraestructuras portuarias. En consecuencia, grandes cantidades de pescado pueden transformarse y, por lo tanto, la industria pesquera tiene la oportunidad de crecer. Lamentablemente, Cabo Verde no tiene una flota industrial capaz de proveer a su industria pesquera, ni invierte suficientemente en la flota. La actual capacidad extractiva de pescado originario es limitada y no permite a la industria pesquera producir a su máxima capacidad. Por último, la solicitud hacía hincapié en las dificultades a las que se enfrenta Cabo Verde como consecuencia de los retrasos en la entrada en vigor del nuevo Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la Unión y África Occidental. Cabo Verde expone argumentos en los que destaca su necesidad de obtener una excepción a las normas de origen preferencial de SPG a fin de compensar el hecho de que todavía no sea posible recurrir a los contingentes de origen o las normas de acumulación con arreglo al AAE, que aún no se aplica provisionalmente.

(4)

La excepción prevista en el artículo 64, apartado 6, del Reglamento (UE) n.o 952/2013 (el «Código Aduanero de la Unión») es de carácter temporal y está supeditada a un mejor cumplimiento de las normas de origen en el caso de los productos afectados y del requisito relativo a la cooperación administrativa. Para poder gestionar dicha excepción a las normas de origen preferencial, el país solicitante debe cumplir los requisitos en relación con la utilización de la excepción y la gestión de las cantidades para las cuales se concede la excepción.

(5)

Sin embargo, el seguimiento llevado a cabo en los últimos años por la Comisión Europea del cumplimiento por parte de Cabo Verde de las normas de origen preferencial, los procedimientos conexos y la cooperación administrativa con la Unión ha puesto de manifiesto determinadas deficiencias, particularmente en cuanto al requisito de cooperación administrativa con las autoridades aduaneras de los Estados miembros a la hora de verificar las pruebas de origen en la industria pesquera.

(6)

La Comisión Europea tiene el deber de velar por que la concesión de excepciones temporales conduzca, no obstante, a Cabo Verde a satisfacer las condiciones de cumplimiento de la verificación de las pruebas de origen y subsanar las deficiencias de la cooperación administrativa. Las excepciones no son el instrumento más adecuado para proporcionar una solución a largo plazo a los problemas estructurales de la industria pesquera de Cabo Verde.

(7)

Sin embargo, dadas sus reiteradas dificultades económicas y la falta de soluciones alternativas, debe concederse a Cabo Verde, bajo condiciones estrictas, una excepción temporal al requisito establecido en las normas de origen preferencial de que los productos se consideran originarios del país beneficiario únicamente cuando incorporan materias que han sido enteramente obtenidas en dicho país. De conformidad con los volúmenes enteramente utilizados durante la exención previa de 2020 a 2023, la excepción debe concederse para un volumen anual de 3 000 toneladas de preparaciones o conservas de filetes de atún y lomos de atún (crudo, cocido y congelado), 2 700 toneladas de preparaciones y conservas de filetes de caballa y 600 toneladas de preparaciones y conservas de filetes de melva tazard o melva. La duración de la excepción debe limitarse a un período de dos años, con el fin de permitir a Cabo Verde esforzarse por completar los ajustes estructurales necesarios en el sector de la pesca a fin de cumplir las normas de origen en el caso de los productos afectados. No obstante, la excepción debe concederse a condición de que las autoridades aduaneras de Cabo Verde tomen las medidas necesarias para llevar a cabo controles cuantitativos de las exportaciones de los productos sujetos a la excepción, y que comuniquen a la Comisión una declaración de las cantidades por las cuales se hayan expedido comunicaciones sobre el origen en aplicación del presente Reglamento, así como los números de serie de tales declaraciones.

(8)

Por otra parte, Cabo Verde debe beneficiarse de una excepción a las normas de origen preferenciales para el atún y la caballa, a condición de que comunique periódicamente a los servicios competentes de la Comisión las medidas que haya adoptado para garantizar el cumplimiento de las normas de origen de los productos afectados y los procedimientos conexos, y que proporcione la cooperación administrativa necesaria para la aplicación de los regímenes preferenciales en el marco del SPG a que se refiere el artículo 1, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 978/2012. Dichos informes deben presentarse con arreglo a un calendario preciso. Cualquier retraso en el cumplimiento del plazo fijado debe dar lugar a la suspensión de la excepción que debe notificarse a las autoridades competentes de Cabo Verde tras un recordatorio y una invitación a presentar los informes en un plazo de diez días hábiles. Los elementos que deben incluirse en dichos informes deben enumerarse en un anexo del presente Reglamento. La aplicación de la excepción está condicionada al cumplimiento de las condiciones previstas en el artículo 43 del Reglamento Delegado (UE) 2015/2446.

(9)

Las cantidades indicadas en los anexos del presente Reglamento deben gestionarse de conformidad con los artículos 49 a 54 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (7), que regulan la gestión de los contingentes arancelarios.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento deben entrar en vigor el día siguiente al de su publicación y aplicarse retroactivamente desde 1 de enero de 2024, con el fin de tener en cuenta la situación de Cabo Verde y de permitir a este país aplicar la excepción desde esa fecha.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité del Código Aduanero.

1)

Las autoridades aduaneras de Cabo Verde adoptarán las medidas necesarias para que se lleven a cabo verificaciones cuantitativas de las exportaciones de los productos indicados en el artículo 1.

2)

En las comunicaciones sobre el origen efectuadas por los exportadores registrados se hará constar la mención siguiente: «Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1288 de la Comisión».

3)

Las autoridades competentes de Cabo Verde comunicarán a la Comisión cada trimestre una relación de las cantidades en relación con las cuales se hayan expedido comunicaciones sobre el origen en virtud del artículo 92 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447, así como las copias de dichas comunicaciones. Dichos informes deben ser comunicados a la Comisión en relación con tres períodos, a saber, seis meses, doce meses y veinte meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y a más tardar dos meses a partir del final de cada período.

En consecuencia, el primer informe debe ser comunicado entre el 1 de julio y el 1 de septiembre de 2024. El segundo informe debe ser comunicado entre el 1 de enero y el 1 de marzo de 2025. El tercer informe, entre el 1 de agosto y el 1 de octubre de 2025. El período restante entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2025 será objeto de un informe adicional que deberá enviarse en un plazo de dos meses tras el fin del período de aplicación establecido en el artículo 2, apartado 1.

4)

Las autoridades competentes de Cabo Verde remitirán a la Comisión, al mismo tiempo que los informes a que se refiere el apartado 3, un informe con información detallada sobre las medidas adoptadas por ellas con el fin de:

La información requerida que las autoridades competentes de Cabo Verde deben comunicar figura en el anexo III.