(1)

El Tratado entre la República Francesa y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la construcción y la explotación por concesionarios privados de una conexión fija a través del canal de la Mancha, firmado en Canterbury el 12 de febrero de 1986 (en lo sucesivo, «Tratado de Canterbury»), estableció una Comisión Intergubernamental para la supervisión de todas las cuestiones relativas a la construcción y la explotación de dicha conexión fija (en lo sucesivo, «Comisión Intergubernamental»).

(2)

Desde el final del período transitorio previsto en el Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (3), el administrador de infraestructuras de la conexión fija a través del canal de la Mancha y las empresas ferroviarias que operan en la conexión fija a través del canal de la Mancha han estado sujetos a dos marcos jurídicos distintos en lo que respecta a la seguridad y la interoperabilidad ferroviarias.

(3)

Mediante carta de 16 de julio de 2020, la República Francesa solicitó a la Unión que se le facultase para negociar y celebrar con el Reino Unido un acuerdo internacional relativo a los requisitos de seguridad e interoperabilidad en la conexión fija a través del canal de la Mancha. De conformidad con dicha solicitud, la Decisión (UE) 2020/1531 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) otorgó poderes a la República Francesa para negociar un acuerdo con el fin de garantizar la aplicación unificada y dinámica del Derecho de la Unión, en particular el Reglamento (UE) 2016/796 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y las Directivas (UE) 2016/797 (6) y (UE) 2016/798 (7) del Parlamento Europeo y del Consejo, en toda la conexión fija a través del canal de la Mancha. Asimismo, la Decisión (UE) 2020/1531 estableció las condiciones en las que la Comisión Intergubernamental podría seguir desempeñando la función de autoridad nacional de seguridad responsable de la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción de la República Francesa.

(4)

De las negociaciones entre la República Francesa y el Reino Unido se desprende claramente que un acuerdo según las condiciones establecidas en dicha Decisión no podrá conducir a un acuerdo que sea satisfactorio para ambas Partes. Por consiguiente, mediante carta de 23 de marzo de 2023, la República Francesa manifestó su intención de negociar y celebrar un acuerdo diferente. Por consiguiente, se está proponiendo una concesión de facultades alternativa.

(5)

Un acuerdo internacional con un tercer país sobre la seguridad e interoperabilidad ferroviarias en situaciones transfronterizas puede afectar a un ámbito sujeto en gran medida al Derecho de la Unión, y en particular al Reglamento (UE) 2016/796 y a las Directivas (UE) 2016/798 y (UE) 2016/797. Por lo tanto, todo acuerdo de este tipo entra en el ámbito de la competencia externa exclusiva de la Unión. De conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), los Estados miembros únicamente pueden negociar o celebrar tales acuerdos si son facultados por la Unión para hacerlo. Dado que el acuerdo concierne a ámbitos sujetos al Derecho de la Unión vigente en materia de transporte, es también necesario que el legislador de la Unión conceda esas facultades, de conformidad con el procedimiento legislativo contemplado en el artículo 91 del TFUE.

(6)

Teniendo en cuenta la situación especial de la conexión fija a través del canal de la Mancha como enlace ferroviario único que implica una estructura de ingeniería única y compleja situada en parte en el territorio de la República Francesa y en parte en un tercer país, procede facultar a la República Francesa para que negocie, firme y celebre un acuerdo internacional con el Reino Unido relativo a la aplicación de normas coherentes en materia de seguridad e interoperabilidad en la conexión fija a través del canal de la Mancha (en lo sucesivo, «acuerdo»), así como para garantizar la cooperación entre la autoridad nacional de seguridad francesa, a saber, el Établissement Public de Sécurité Ferroviaire (EPSF), y la autoridad nacional de seguridad del Reino Unido, a saber, la Office of Rail and Road (ORR).

(7)

La parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción de la República Francesa debe seguir estando sujeta al Derecho de la Unión. Deben salvaguardarse el principio de primacía y, en su caso, el principio de efecto directo del Derecho de la Unión, así como las competencias respectivas de las instituciones y los organismos de la Unión.

(8)

Los litigios entre la República Francesa y el Reino Unido relativos a la aplicación del acuerdo no deben someterse al tribunal de arbitraje creado en virtud del artículo 19 del Tratado de Canterbury ni a ningún otro medio de resolución de litigios jurídicamente vinculante.

(9)

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) 2016/796, la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea debe seguir teniendo competencias exclusivas en el marco de las funciones y facultades que se le hayan atribuido y, de conformidad con el artículo 16 de la Directiva (UE) 2016/798, el EPSF debe seguir siendo independiente en su capacidad decisoria. Por consiguiente, en lo que respecta a las cuestiones abordadas en el acuerdo, la función de la Comisión Intergubernamental y de la Autoridad de Seguridad creadas por el Tratado de Canterbury debe limitarse a coordinar las actividades del EPSF y la ORR. Los actos normativos de la Comisión Intergubernamental y de la Autoridad de Seguridad o sus efectos no deben afectar a la autonomía decisoria del EPSF, de conformidad con el Derecho de la Unión.

(10)

A fin de garantizar que el Derecho de la Unión se aplique correctamente en todo momento en la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo jurisdicción de la República Francesa, y para garantizar que la Comisión pueda supervisar su aplicación bajo el control del Tribunal de Justicia, también en circunstancias de urgencia, la República Francesa debe conservar el derecho a suspender o denunciar unilateralmente el acuerdo.

(11)

A fin de tener en cuenta posibles cambios futuros del Derecho de la Unión, en particular del Reglamento (UE) 2016/796 y de las Directivas (UE) 2016/797 y (UE) 2016/798, el acuerdo también debe establecer normas para su modificación. Debe facultarse a la Comisión para autorizar a la República Francesa a modificar el acuerdo con arreglo al procedimiento de modificación que se establezca en él, siempre que los cambios se limiten a adaptaciones para reflejar los cambios que se hagan en el Derecho de la Unión.

(12)

En interés de la Unión, también debe facultarse a la República Francesa para negociar nuevas modificaciones del acuerdo que celebre en virtud de la concesión de facultades de la presente Decisión, que reflejen las condiciones establecidas en la Decisión (UE) 2020/1531. Por lo tanto, los poderes otorgados por la Unión mediante la Decisión (UE) 2020/1531 deben seguir siendo válidos en la medida en que el acuerdo que se celebre en virtud de la presente concesión de facultades pueda modificarse para reflejar las condiciones establecidas en dicha Decisión.

a)

El acuerdo será compatible con el Derecho de la Unión en todos los aspectos. Se garantizará el cumplimiento del principio de primacía y, en su caso, del principio de efecto directo del Derecho de la Unión.

b)

Los litigios entre la República Francesa y el Reino Unido relativos a la aplicación del acuerdo no se someterán al tribunal de arbitraje creado en virtud del artículo 19 del Tratado de Canterbury ni a ninguna otra vía de resolución de litigios jurídicamente vinculante.

c)

La República Francesa conservará el derecho a suspender o denunciar unilateralmente el acuerdo, con vistas a garantizar la aplicación plena, correcta y expeditiva del Derecho de la Unión en la parte de la conexión fija a través del canal de la Mancha bajo su jurisdicción.

d)

El acuerdo establecerá un mecanismo para su modificación, con el fin de adaptarlo a los cambios del Derecho de la Unión.

e)

Se garantizarán la independencia y las respectivas facultades atribuidas por el Derecho de la Unión a la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea y al EPSF, como autoridad nacional de seguridad en el sentido de la Directiva (UE) 2016/798, y en particular: