1.   La asignación percibida por un diputado en virtud del mandato que ejerza en otro Parlamento, además de su mandato en el Parlamento, se deducirá de la asignación prevista en el artículo 10 del Estatuto.

2.   A los efectos del presente artículo, se entenderá por «otro Parlamento» todo Parlamento establecido en un Estado miembro y dotado de competencia legislativa al que no se aplique el artículo 7, apartado 2, del Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo (3).

3.   El cálculo se efectuará sobre la base del importe de cada una de ambas asignaciones, antes de toda deducción fiscal.

4.   Los diputados tienen la obligación de hacer constar en su declaración de intereses económicos los mandatos que ejercen en el sentido del apartado 1 y cualquier asignación percibida en virtud de dichos mandatos.

1.   En virtud del artículo 18 del Estatuto y en cumplimiento, mutatis mutandis, de la Reglamentación común relativa a la cobertura de los riesgos de enfermedad de los funcionarios de las Comunidades Europeas (4) (en lo sucesivo, «Reglamentación del RCSE») y de sus disposiciones generales de aplicación (5), tendrán derecho al reembolso de las dos terceras partes de los costes en que incurran a raíz de una enfermedad, de un embarazo o del nacimiento de un hijo las siguientes personas:

Las personas comprendidas en las letras a) y b) del presente apartado podrán elegir libremente médico y centro sanitario tal como dispone el artículo 19, apartado 1, de la Reglamentación del RCSE.

2.   En el caso de las personas a que se refiere el apartado 1, letras a) y b), del presente artículo, cuando sea aplicable el artículo 24, apartado 2, de la Reglamentación del RCSE, la referencia a los ingresos mensuales básicos con arreglo al Reglamento (CEE, Euratom, CECA) n.° 259/68 del Consejo (6) (en lo sucesivo, «Estatuto de los funcionarios») se entenderá hecha a la asignación determinada de conformidad con el artículo 10 del Estatuto.

3.   Los reembolsos previstos en el apartado 1 del presente artículo correrán a cargo del presupuesto del Parlamento. Se aplicarán el artículo 72, apartados 3 y 4, del Estatuto de los funcionarios y el artículo 20, apartado 6, de la Reglamentación del RCSE.

4.   Solo podrán abonarse anticipos en el sentido del artículo 30 de la Reglamentación del RCSE mediante una aceptación de cobertura de los gastos de hospitalización. La parte de los gastos médicos que quede a cargo de los beneficiarios a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, previa aplicación del baremo de reembolso, se devolverá al Parlamento en las condiciones previstas en el artículo 30, apartados 2 y 3, de la Reglamentación del RCSE.

5.   Los diputados y antiguos diputados que perciban la indemnización transitoria prevista en el artículo 13 del Estatuto o una pensión de conformidad con los artículos 14 y 15 del Estatuto podrán renunciar a su derecho al reembolso de gastos de enfermedad previsto en el apartado 1 del presente artículo a partir del primer día del mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud. Dicha renuncia tendrá efecto retroactivo a partir de la fecha de inicio del primer mandato del diputado de que se trate si la solicitud correspondiente se presenta en un plazo de tres meses a partir de dicha fecha de inicio, siempre que el diputado de que se trate no haya solicitado ningún reembolso de gastos de enfermedad en ese período.

Cuando un beneficiario renuncie a su derecho al reembolso de los gastos de enfermedad, tendrá derecho al reembolso de las dos terceras partes de la contribución debida en concepto de seguro de enfermedad hasta un reembolso máximo de 400 euros mensuales.

6.   Los diputados o antiguos diputados que, en aplicación del apartado 5, renuncien a su derecho al reembolso de gastos de enfermedad no tendrán derecho a reincorporarse al sistema que rige el derecho al reembolso de gastos de enfermedad previsto en el apartado 1 hasta que hayan transcurrido doce meses a partir de la fecha en que surtió efecto la renuncia. Del mismo modo, todo cambio posterior relativo a la reincorporación al sistema que rige el derecho al reembolso de gastos de enfermedad previsto en el apartado 1 o toda renuncia a dicho sistema solo podrán realizarse tras un período mínimo de doce meses.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, las solicitudes de cambio posteriores surtirán efecto el primer día del mes siguiente a la fecha de su presentación.

7.   El presente artículo se aplicará a los antiguos diputados que perciban la indemnización transitoria contemplada en el artículo 13 del Estatuto para el período comprendido entre el primer día siguiente al cese de sus funciones y el día en que se origine el derecho a la indemnización transitoria.

8.   El presente artículo se aplicará a los antiguos diputados que perciban la pensión de jubilación contemplada en el artículo 52 para el período entre el primer día siguiente al cese de sus funciones y el día en que se origine el derecho a la pensión, siempre y cuando ya hayan cumplido las condiciones establecidas en el artículo 52, apartado 1, antes del cese de sus funciones.

1.   Los diputados tendrán derecho, siempre que se cumplan las condiciones previstas en los contratos de seguros, a:

2.   Dos terceras partes de las primas de seguro correrán a cargo del presupuesto del Parlamento y la tercera parte restante a cargo de los diputados. La contribución de cada diputado se retendrá directamente de la asignación prevista en el artículo 10 del Estatuto.

3.   El presente artículo será aplicable a todos los diputados desde el comienzo de su mandato, salvo que notifiquen por escrito al secretario general la renuncia expresa a su derecho a estar cubiertos por el seguro. En su caso, su derecho a la cobertura por el seguro cesará el último día del mes en que se haya notificado la renuncia.

1.   Las disposiciones de la póliza del seguro de accidentes preverán la cobertura de los accidentes que puedan ocurrir a los diputados en cualquier lugar del mundo, durante su mandato.

2.   Las disposiciones de la póliza del seguro de accidentes preverán:

3.   La Reglamentación común será aplicable, por analogía, a los diputados, a excepción de las disposiciones relativas a las enfermedades profesionales, a la renta vitalicia, así como todas las disposiciones cuya aplicación sea indisociable del Estatuto de los funcionarios.

Se aplicará el procedimiento de reclamación previsto en el artículo 76 de las presentes Medidas de aplicación.

Respecto a los diputados, el presidente del Parlamento ejercerá las competencias de la autoridad facultada para proceder a los nombramientos definidas en la Reglamentación común.

El reconocimiento de una incapacidad permanente total o parcial, en aplicación del presente artículo y de la Reglamentación común, no prejuzgará de ninguna manera la aplicación del artículo 15 del Estatuto. Del mismo modo, la aplicación del artículo 15 del Estatuto no prejuzgará el reconocimiento de una incapacidad permanente total o parcial, en aplicación del presente artículo y de la Reglamentación común.

4.   Además, quedarán cubiertos, en las condiciones fijadas por la Reglamentación común, los gastos médicos, farmacéuticos, de hospitalización, quirúrgicos, de prótesis, radiografías, masajes, ortopedia, clínica y transporte, así como todos los gastos similares a que haya dado lugar el accidente. No obstante, dicho reembolso se producirá solo previo agotamiento y en suplemento de los que el interesado perciba mediante la aplicación de las disposiciones relativas al reembolso de los gastos de enfermedad previstas en el artículo 18 del Estatuto.

1.   Las disposiciones de la póliza de seguro contra el robo y las pérdidas de efectos y objetos personales prevén:

2.   Las pérdidas y los robos que se produzcan fuera de los locales del Parlamento estarán cubiertos únicamente en el caso de que, en el momento de la pérdida o el robo, el diputado en cuestión se encuentre de viaje formando parte de un viaje financiado por el Parlamento o por un grupo político. Si el robo tiene lugar en los locales del Parlamento, estará cubierto únicamente en el caso de que el efecto u objeto robado se hubiera guardado en un lugar seguro.

3.   El robo o la pérdida de dinero que se produzca fuera de los locales del Parlamento y sea objeto de una denuncia ante la policía estará cubierto hasta un importe máximo de 250 euros siempre que el dinero robado o perdido forme parte de otros efectos u objetos personales perdidos o robados. No estará cubierto el robo o la pérdida de dinero que se produzca dentro de los locales del Parlamento.

4.   En caso de extravío o pérdida de equipaje por un transportista, durante un período superior a doce horas cuando el diputado se encuentre de viaje formando parte de un viaje financiado por el Parlamento o por un grupo político cuyo destino no sea su lugar de residencia, los gastos de compra o alquiler de efectos u objetos personales en que deba incurrir el diputado estarán cubiertos hasta un importe de 500 euros.

5.   El robo o la pérdida de objetos personales que se produzca fuera de los locales del Parlamento Europeo será denunciado por el diputado ante las autoridades de policía. Si el robo o la pérdida se produce en los locales del Parlamento, se denunciará ante el servicio del Parlamento responsable de la seguridad.

6.   Los robos y las pérdidas serán objeto de una declaración dirigida al secretario general en un plazo de ocho días. El formulario de declaración irá acompañado de la factura del objeto perdido o robado o, en su defecto, de un objeto que lo sustituya si el importe excede de 700 euros.

7.   El seguro no cubrirá los robos ni las pérdidas cubiertos por un seguro privado del diputado.

1.   Los diputados tendrán derecho a recibir la asistencia de colaboradores personales libremente seleccionados por ellos. El Parlamento asumirá los gastos reales en que se haya incurrido y derivados entera y exclusivamente de la contratación de uno o varios asistentes o de la utilización de una prestación de servicios, de conformidad con las presentes Medidas de aplicación y en las condiciones establecidas por la Mesa.

2.   Solo se cubrirán los gastos correspondientes a la asistencia necesaria y directamente vinculada al ejercicio del mandato parlamentario de los diputados. Estos gastos no cubrirán en ningún caso gastos vinculados al ámbito privado de los diputados.

3.   Los gastos estarán cubiertos durante todo el mandato de los diputados. Los gastos solo podrán cubrirse si no se ha incurrido en ellos antes de:

4.   El importe mensual máximo de los gastos cubiertos para todos los colaboradores a que se refiere el artículo 30 se fija en 28 696 EUR con efectos a partir del 1 de julio de 2023.

5.   Cuando el mandato del diputado no empiece el primer día del mes o no se termine el último día del mes, la cobertura de los gastos de asistencia parlamentaria para dicho mes se calculará a prorrata.

6.   Todo saldo no utilizado del importe mensual previsto en el apartado 4 acumulado al final del ejercicio presupuestario se transferirá al ejercicio siguiente con un límite máximo equivalente al importe mensual mencionado en dicho apartado.

1.   Los diputados podrán recurrir a:

2.   Dos o más diputados podrán formar una agrupación de diputados a fin de contratar conjuntamente un mismo asistente o varios asistentes o de utilizar conjuntamente los servicios de uno o de varios asistentes como los que se mencionan en el apartado 1, o de uno o varios becarios, siempre que lo hagan por escrito utilizando el modelo de acuerdo aprobado por el ordenador competente. En estos casos, los diputados interesados designarán entre ellos a uno o varios representantes habilitados para firmar el contrato o presentar una solicitud de contratación por cuenta de esa agrupación de diputados. El nombre dado a la agrupación no contendrá ninguna referencia a partidos, fundaciones o movimientos de naturaleza política.

Los diputados facilitarán al servicio competente del Parlamento una declaración escrita en la que se fije la parte que asume cada uno de ellos y que se deducirá del importe previsto en el artículo 29, apartado 4. La parte de un solo diputado dentro de una agrupación no podrá ser superior al 80 %.

Para calcular el número de contratos por diputado, cada asistente o becario contratado por una agrupación de diputados se asignará a uno de los diputados participantes designado por el diputado responsable.

3.   Los artículos 32 a 40 no se aplicarán a los asistentes parlamentarios acreditados.

4.   También se podrán cubrir los gastos resultantes de los acuerdos de períodos de prácticas, concluidos en las condiciones establecidas por la Mesa.

5.   Para la prestación de servicios especializados y claramente identificados, los diputados podrán recurrir asimismo a personas físicas establecidas en un Estado miembro o personas jurídicas constituidas en un Estado miembro con las que hayan celebrado un contrato de prestación de servicios de conformidad con el Derecho nacional aplicable y las condiciones establecidas en el presente capítulo. Dichos prestadores de servicios deberán tener las cualificaciones o la experiencia adecuadas para la prestación de los servicios en cuestión.

Las personas jurídicas que presten servicios por un importe superior a 60 000 euros, IVA incluido, deberán haberse constituido en un Estado miembro y haber estado activas en el ámbito de que se trate durante al menos un año antes de la fecha de inicio del contrato celebrado con el diputado.

Salvo en el caso de servicios prestados por asistentes locales de conformidad con el apartado 1, letra b), cuando el coste de los servicios supere el umbral de 60 000 euros, IVA incluido, el prestador de servicios será seleccionado mediante un procedimiento de adjudicación. Este umbral se aplicará sobre una base acumulada en el caso de contratos para servicios similares con un mismo prestador de servicios. En el procedimiento de adjudicación participarán un mínimo de cinco candidatos totalmente independientes. La decisión sobre la adjudicación del contrato solo podrá adoptarse si se han presentado al menos tres ofertas válidas. El contrato se adjudicará a la oferta con la mejor relación calidad/precio.

6.   Los servicios prestados no podrán incluir la puesta a disposición de personal, excepto en el caso de los servicios temporales de prestadores de servicios que ponen a disposición personal de forma profesional y regular y están autorizados para ello por el Derecho nacional.

Los servicios que se presten en virtud del apartado 1, letra b), no se subcontratarán. Los servicios que se presten en virtud del apartado 5 solo podrán subcontratarse por razones debidamente justificadas, previa información al servicio pertinente del Parlamento y, en cualquier caso, únicamente por un máximo del 20 % del valor total del contrato de que se trate.

7.   La Mesa aprobará una lista de los gastos que podrán cubrirse a efectos de asistencia parlamentaria (9).

8.   Los nombres de los asistentes y de los becarios, así como los nombres o las razones sociales de los prestadores de servicios y de los agentes pagadores se publicarán, durante el período de vigencia de su contrato, en el sitio web del Parlamento, junto con el nombre del diputado o de los diputados a los que asistan.

Los asistentes, becarios, prestadores de servicios y agentes pagadores y el diputado de que se trate podrán, por razones debidamente justificadas, como la protección de su seguridad o por el hecho de que, aun estando activo, el contrato de que se trate haya sido suspendido o rescindido, solicitar por escrito al secretario general que no se publique su nombre o razón social en el sitio web del Parlamento. El secretario general decidirá si se da un curso favorable a dicha solicitud. Se informará de dicha decisión a todas las partes interesadas.

9.   Con independencia de sus horarios de trabajo, el número de asistentes asignados a un diputado en un momento dado no podrá ser superior a, en el caso de los asistentes parlamentarios acreditados, cuatro, y en el caso de los asistentes locales, diez. Excepcionalmente y durante un período máximo de un mes, el número máximo de asistentes parlamentarios acreditados podrá aumentarse a cinco cuando sea necesario para facilitar la transición entre los contratos de trabajo de dos asistentes.

Los asistentes parlamentarios acreditados contratados para compensar la ausencia debidamente justificada de un asistente parlamentario acreditado de conformidad con el artículo 18, apartado 6, de las Medidas de aplicación del título VII del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea (10) no se contabilizarán a efectos del número máximo establecido en el párrafo 1.

10.   Los diputados, en el momento de dar indicaciones sobre la clasificación de sus asistentes parlamentarios acreditados, deberán tener en cuenta sus cualificaciones y experiencia, las tareas que se les encomendarán, la posibilidad de progresión profesional y la necesidad de velar por la buena gestión financiera.

11.   El 40 % como mínimo del importe previsto en el artículo 29, apartado 4, de las presentes Medidas de aplicación, se reservará para el pago de los gastos derivados del título VII del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea. Por consiguiente, todos los gastos en concepto de asistencia parlamentaria que no sean los gastos derivados del título VII del Régimen aplicable a los otros agentes de la Unión Europea no podrán sobrepasar en total el 60 % del importe previsto en el artículo 29, apartado 4, de las presentes Medidas de aplicación.

Por otra parte, los gastos relativos a la prestación de servicios a que se refiere el presente artículo no podrán sobrepasar el 20 % del importe previsto en el artículo 29, apartado 4.

Dichos límites se calcularán para cada ejercicio agregando los derechos mensuales previstos en el artículo 29, apartado 4, y añadiendo la posible transferencia al ejercicio siguiente del saldo no utilizado, tal como se contempla en el apartado 6 de ese mismo artículo, a prorrata.

12.   El Parlamento cubrirá los gastos mensuales de las personas físicas contratadas por los diputados como asistentes locales o para la prestación de servicios especializados hasta el límite máximo de la remuneración bruta o los honorarios sin IVA. La Mesa fijará dichos límites máximos de conformidad con el apartado 13, y podrá adaptarlos anualmente. Los límites máximos aplicables se publicarán en el sitio web del Parlamento.

13.   Los límites máximos corresponderán a tres veces y media el importe de referencia. El importe de referencia equivaldrá a la doceava parte del importe publicado por Eurostat como remuneración bruta anual media de los empleados a tiempo completo en el Estado miembro en que haya sido elegido el diputado.

Sin embargo, los límites máximos obtenidos mediante ese cálculo no serán inferiores al sueldo base de los asistentes acreditados de grado 6, ni superiores al sueldo base de los asistentes acreditados de grado 19.

Las posibles primas se cubrirán tan solo hasta los límites máximos anteriormente mencionados, calculados cada año y se limitarán a una sexta parte de los ingresos brutos anuales del asistente.

Los límites máximos se reducirán proporcionalmente cuando el asistente local trabaje a tiempo parcial o no trabaje un mes completo.

14.   Los ingresos brutos de los asistentes locales encargados principalmente de funciones de apoyo administrativo y de secretaría, pero también de funciones de redacción y asesoramiento, no superarán el 60 % de los límites máximos mensuales establecidos por la Mesa de conformidad con el apartado 13.

Los ingresos brutos de los asistentes locales encargados principalmente de funciones de redacción y asesoramiento, pero también de apoyo administrativo y de secretaría, no superarán el 70 % de los límites máximos mensuales establecidos por la Mesa de conformidad con el apartado 13, a menos que el asistente local posea un título que acredite la superación de estudios universitarios de una duración mínima de tres años o una experiencia profesional de nivel equivalente.

15.   El Parlamento cubrirá los gastos de viaje realmente efectuados por los asistentes locales al realizar, a petición del diputado, viajes ocasionales de servicio relacionados con el ejercicio de sus funciones. Los desplazamientos relacionados con las sesiones plenarias del Parlamento se considerarán ocasionales.

Dichos gastos se cubrirán previa presentación de los justificantes.

Se seleccionarán las formas de transporte y alojamiento más económicas y eficientes, en función de su disponibilidad y accesibilidad en cada momento. Los desplazamientos en tren o en avión se efectuarán en segunda clase o en clase económica, respectivamente. El alojamiento se realizará en habitaciones de tipo estándar. El uso de taxis será excepcional y se limitará a distancias cortas cuando no exista el correspondiente transporte público.

La cobertura se limitará al mínimo previsto por el Derecho nacional aplicable y, en el caso de los gastos de alojamiento, hasta los límites máximos aplicables a los funcionarios y otros agentes del Parlamento.

1.   Todo contrato de trabajo y de prestación de servicios, así como todo acuerdo relativo a períodos de prácticas de becarios radicados en el Estado miembro de elección, que sean celebrados por un diputado o una agrupación de diputados serán gestionados obligatoriamente por un agente pagador establecido en un Estado miembro.

2.   Los servicios de dicho agente pagador serán prestados por una persona física o jurídica habilitada en un Estado miembro para el ejercicio de una actividad profesional de tratamiento de los aspectos fiscales y de seguridad social de los contratos de trabajo o de los contratos de prestación de servicios en aplicación del Derecho nacional.

La persona física o jurídica que preste servicios de agente pagador no se hallará en ninguna de las situaciones de exclusión a que se refiere el artículo 136, apartado 1, del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de julio de 2018 (11) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero»).

El agente pagador utilizará un sistema de nóminas profesional informatizado.

3.   El diputado celebrará un contrato individual con un agente pagador de su elección que cumpla las condiciones a que se refiere el apartado 2.

Los gastos ocasionados por el recurso a los servicios de un agente pagador con arreglo al apartado 1 del presente artículo estarán cubiertos por el importe previsto en el artículo 29, apartado 4, y no estarán sujetos a los límites para los gastos de prestación de servicios del artículo 30, apartado 11, párrafo segundo.

Los honorarios sin IVA del agente pagador no podrán ser superiores al 4 % del importe previsto en el artículo 29, apartado 4.

Se verificará el límite máximo de los honorarios sobre una base acumulada por año civil a prorrata de la duración del contrato del agente pagador.

4.   El contrato celebrado entre el diputado y el agente pagador se basará en un contrato tipo aprobado por el ordenador competente.

Toda nueva versión del contrato tipo será obligatoria una vez comunicada a los diputados. No tendrá efectos retroactivos para los contratos existentes.

El contrato tipo definirá las modalidades de pago para los contratos a que se refiere el apartado 1, de conformidad con el presente capítulo, así como la remuneración y la responsabilidad del agente pagador.

1.   El agente pagador asegurará la correcta aplicación del Derecho nacional y de la Unión, en particular por lo que se refiere a las obligaciones sociales y fiscales de los contratos que gestione.

2.   Los honorarios del agente pagador se pagarán contra presentación de las facturas o notas de honorario correspondientes.

3.   Los diputados presentarán al agente pagador todos los documentos y la información que necesite para asegurar la legalidad y la gestión regular de los contratos que se le hayan confiado y, en particular, los documentos y la información contemplados en el artículo 34, apartado 2, el artículo 35, apartado 1, letra a), el artículo 38, el artículo 39, apartado 1, letra a), y el artículo 40.

4.   El Parlamento abonará al agente pagador los pagos debidos por la ejecución de los contratos confiados a este agente pagador, incluidos los acuerdos de períodos de prácticas, contra presentación de los justificantes necesarios.

5.   En el marco de un contrato de trabajo o de un acuerdo relativo a períodos de prácticas, el Parlamento abonará al agente pagador anticipos en relación con los gastos en que se incurra en concepto de remuneración, cotizaciones a la seguridad social e impuestos.

La regularización de dichos anticipos será responsabilidad de los diputados y de sus agentes pagadores y se efectuará de conformidad con las presentes Medidas de aplicación y el Derecho nacional aplicable.

1.   El diputado o su agente pagador presentarán al servicio competente del Parlamento una solicitud de cobertura de los gastos de asistencia parlamentaria a que se refiere el artículo 30, apartado 1, letra b), y apartados 2, 4 y 5, en la que consten los beneficiarios y las cantidades que habrán de abonarse, que será refrendada por todos los diputados interesados y por el agente pagador. La solicitud irá acompañada de los justificantes mencionados en el artículo 35 para los contratos de trabajo y en el artículo 39 para los contratos de prestación de servicios.

2.   El diputado comunicará sin demora al agente pagador y al servicio competente del Parlamento cualquier modificación en las relaciones contractuales y las instrucciones relativas a los pagos, avisándole de las modificaciones introducidas en el contrato.

El agente pagador transmitirá sin demora, y sin esperar a la regularización contable, dicha información, así como los correspondientes justificantes, al servicio competente del Parlamento.

1.   El agente pagador remitirá al servicio competente del Parlamento, a más tardar el 31 de marzo del año siguiente al ejercicio de que se trate, concretamente a efectos de regularización de los pagos anticipados abonados, las declaraciones de los gastos efectuados en concepto de sueldos, retenciones fiscales y cotizaciones a la seguridad social de empleadores y empleados, y de todo gasto reembolsable en que haya incurrido para cada uno de los asistentes locales contratados y para cada uno de los becarios radicados en el Estado miembro de elección. Con este motivo, presentará asimismo un documento que demuestre que los asistentes locales en cuestión están afiliados a un régimen de seguridad social y que mencione al diputado en calidad de empleador, un certificado de seguro de accidentes laborales, cuando así lo disponga el Derecho nacional aplicable, y una cuenta de resultados anual. Certificará que se han cumplido todas las obligaciones derivadas del Derecho nacional aplicable y, a petición del servicio competente del Parlamento, presentará todas las nóminas emitidas para el período de referencia, así como la prueba del pago del salario, las cotizaciones sociales y los impuestos.

En caso de resolución del contrato entre el tercero pagador y el diputado y al término del mandato del diputado, se cumplirá con esas obligaciones en un plazo máximo de tres meses.

Las declaraciones a que se refiere el párrafo primero se elaborarán de conformidad con las especificaciones definidas por el Parlamento.

2.   A falta de presentación de las declaraciones a que se refiere el apartado 1 en el plazo establecido, se considerará que todos los pagos correspondientes son irregulares. Previa verificación de las declaraciones mencionadas en el apartado 1 o en ausencia de estas, el servicio competente del Parlamento remitirá una notificación al agente pagador, con copia al diputado, constatando la regularidad o irregularidad de los pagos efectuados e indicando, en su caso, los documentos que aún no se han remitido.

Cuando la notificación a que se refiere el párrafo primero del presente apartado constate la irregularidad de los pagos, los documentos necesarios para establecer su regularidad se entregarán al servicio competente del Parlamento en el plazo de un mes a partir de la fecha de la notificación. En caso de que dichos documentos no se presenten en plazo el Parlamento aplicará el artículo 71 o el artículo 72, o ambos, según proceda.

1.   Durante el período fijado por el Derecho nacional y como mínimo durante cinco años después de finalizado el mandato parlamentario en cuestión, el agente pagador llevará un libro de registro de nóminas en el que se recojan los importes abonados en concepto de salarios, las retenciones fiscales y, en su caso las cotizaciones sociales tanto de los trabajadores como de las empresas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo primero, al término del contrato del agente pagador deberá transmitirse sin demora una copia certificada de todos los documentos relativos a las nóminas al diputado, así como a cualquier profesional cualificado de su elección.

2.   El asistente se abstendrá de todo comportamiento que represente un conflicto con los intereses del diputado al que asiste y con el Parlamento. Informará sin demora al diputado de su voluntad de ejercer una actividad ajena al servicio, incluso con carácter gratuito, y de su voluntad de presentarse como candidato en unas elecciones.

Residirá a una distancia del lugar de ejecución del trabajo que no obstaculice el ejercicio de sus funciones.

3.   El diputado informará sin demora al servicio competente del Parlamento de cualquier modificación de la relación laboral que repercuta en los gastos de asistencia parlamentaria, así como de la voluntad de sus asistentes de ejercer actividades ajenas al servicio, distintas de las ya declaradas conforme al artículo 35, letra g), o de presentarse como candidatos en unas elecciones. El diputado deberá garantizar que las actividades ajenas al servicio o las candidaturas a elecciones no interfieran con el ejercicio de las funciones del asistente o sean incompatibles con los intereses financieros de la Unión, adoptando las disposiciones adecuadas, que podrán incluir la adaptación del tiempo de trabajo del asistente o el disfrute por parte de este de su vacación anual o de un permiso sin retribución. El servicio competente del Parlamento podrá solicitar que se acrediten las medidas tomadas a tal fin con el asistente de que se trate.

4.   Los asistentes locales que tengan la intención de presentarse como candidatos a elecciones deberán actuar con arreglo al Derecho nacional en materia de campañas electorales. Si el asistente resulta elegido, cesará la cobertura de sus gastos, salvo que el diputado acredite que el mandato es compatible con las funciones de asistente parlamentario.

5.   En el contrato celebrado entre el diputado y el asistente deberán figurar expresamente las condiciones establecidas en los apartados 2 y 4.

6.   Los gastos derivados de los contratos de trabajo celebrados con los asistentes locales podrán cubrirse siempre que el tiempo mínimo de trabajo sea de cinco horas semanales y el tiempo total de trabajo, incluido el tiempo dedicado a actividades externas, no supere las cuarenta y ocho horas semanales. A efectos del presente apartado, las actividades no retribuidas a que se refiere el artículo 35 solo se tendrán en cuenta si, en el caso de que se trate, tales actividades suelen ser remuneradas.

1.   Los gastos derivados de la extinción de los contratos de trabajo celebrados por los diputados con sus asistentes locales podrán cubrirse cuando:

2.   Los gastos a que se refiere el apartado 1 del presente artículo podrán cubrirse hasta el mínimo legal y dentro de los límites establecidos en el artículo 29, apartado 4.

3.   Los gastos suplementarios que son consecuencia de un acuerdo privado entre las partes por encima de las obligaciones legales o convencionales solo podrán cubrirse, dentro de los límites del artículo 29, apartado 4, hasta un importe equivalente al del salario base mensual bruto medio del asistente local durante el último año de empleo.

4.   No se aplicará el apartado 3 cuando:

5.   Cuando los diputados estén legalmente obligados, en virtud del Derecho laboral nacional aplicable, a pagar a un asistente por los gastos de extinción de contrato un importe más de tres veces superior a su salario mensual bruto medio estos gastos podrán ser cubiertos previa presentación de los justificantes correspondientes, que deberán estar certificados obligatoriamente por las autoridades nacionales competentes.

1.   A excepción de las prestaciones especializadas cuyo coste no supere los 500 euros, IVA incluido, la solicitud para la cobertura de gastos por contratos de prestación de servicios incluirá:

2.   Las prestaciones de servicios se cubrirán contra presentación por el diputado al servicio competente del Parlamento de una factura o nota de honorarios detallada de la prestación efectivamente realizada, así como de una copia del contrato celebrado con su prestador de servicios. La factura o nota de honorarios irá acompañada por una confirmación por el diputado de que el servicio se ha prestado efectivamente. El diputado deberá presentar también, a petición del servicio competente del Parlamento, los justificantes principales.

Cuando los servicios estén exentos parcial o totalmente del pago del IVA, el servicio competente del Parlamento podrá solicitar al agente pagador que confirme la base jurídica de dicha exoneración.

1.   La Mesa aprobará las normas relativas al acceso de los diputados a los servicios internos ofrecidos por el Parlamento y a la dotación de bienes materiales para los diputados, en particular:

2.   La Mesa también podrá aprobar disposiciones que prevean facilidades para los antiguos presidentes del Parlamento durante su mandato parlamentario, así como para los antiguos diputados, por lo que respecta al acceso de estos últimos a las infraestructuras del Parlamento.

1.   Los diputados tendrán derecho a una dieta para gastos generales para sufragar los gastos derivados de sus actividades parlamentarias.

2.   De conformidad con el considerando 17 y el artículo 20, apartado 3, del Estatuto, las dietas para gastos generales se abonan a tanto alzado.

3.   Los diputados tendrán derecho a la dieta para gastos generales a partir del mes en que se reciba su solicitud de pago.

4.   Los diputados podrán optar por recibir la totalidad o parte del importe de la dieta para gastos generales.

1.   Las dietas para gastos generales se abonarán durante todo el mandato del diputado.

2.   El importe mensual de las dietas para gastos generales será de 4 950 euros.

3.   Para los diputados cuyo mandato comience el decimosexto día del mes o después de esa fecha solo se abonará la mitad de las dietas para gastos generales previstas para ese mes.

4.   Asimismo, se abonará la mitad de las dietas para gastos generales durante el período de tres meses consecutivo al mes durante el cual el diputado cese en su mandato, siempre que haya ejercido su actividad durante un período de seis meses como mínimo y no haya sido reelegido.

1.   Todos los importes con cargo a las dietas para gastos generales se abonarán directamente al diputado.

2.   Los diputados cuya ausencia se hubiere registrado durante la mitad o más de los días de las sesiones plenarias a lo largo de un año parlamentario (del 1 de septiembre al 31 de agosto) deberán reembolsar al Parlamento el 50 % de las dietas para gastos generales correspondientes a ese año.

3.   Los períodos de ausencia mencionados en el apartado 2 podrán ser excusados por el presidente si están causados por motivos de salud o circunstancias familiares graves o por encontrarse el diputado en una misión autorizada por el presidente, la Mesa o la Conferencia de Presidentes. Los justificantes se enviarán a los Cuestores en un plazo máximo de dos meses a partir del comienzo de la ausencia.

4.   Se dispensará a la diputada que estuviere embarazada de asistir a las reuniones oficiales del Parlamento durante un período de tres meses antes de la fecha del parto. La diputada presentará un certificado médico en el que conste la fecha prevista para el parto. Tras el parto, se dispensará a la diputada de asistir a las reuniones oficiales del Parlamento durante un período de seis meses. La diputada presentará una copia de la partida de nacimiento del niño.

1.   Las dietas para gastos generales se destinan a cubrir, entre otros, los gastos de gestión y mantenimiento de oficina, el material de oficina y la documentación, los gastos de equipo ofimático, las actividades de representación o los gastos administrativos.

2.   Si los diputados consideran que se han agotado los importes previstos en concepto de otras dietas en virtud de las presentes Medidas de aplicación o de otras normas del Parlamento, también podrán utilizar las dietas para gastos generales para pagar directamente las actividades cubiertas por dichas dietas.

1.   Con el fin de facilitar la gestión y el seguimiento de sus gastos por parte de los diputados, el Parlamento abonará los fondos destinados a las dietas para gastos generales a una cuenta dedicada a dichas dietas y a la que, por lo tanto, no transfiere ningún otro fondo. Dicha cuenta gozará de las garantías habituales inherentes al mandato.

2.   Los diputados serán los únicos responsables de la utilización de los importes abonados en virtud del presente capítulo.

3.   Los diputados podrán documentar libremente la utilización de estos importes, de forma detallada o por tipo de gastos conforme a la enumeración del apartado 4 del presente artículo, por sí mismos o con la asistencia de un auditor externo, y publicar total o parcialmente esta información en su página en línea del sitio web del Parlamento, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento interno del Parlamento.

4.   Se establecen los siguientes tipos de gastos en el sentido del apartado 3:

5.   La Mesa adoptará las medidas adicionales que considere necesarias a fin de facilitar la aplicación de las decisiones de los diputados en relación con el apartado 3.

1.   Cuando los antiguos diputados que tengan derecho a una indemnización transitoria ostenten un mandato en otro parlamento o cualquier otra función pública, la remuneración a que tengan derecho se deducirá de la indemnización transitoria.

2.   Lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, se aplicará mutatis mutandis a la indemnización transitoria.

3.   A efectos del presente artículo, se entenderá por «otro parlamento» todo Parlamento dotado de competencia legislativa establecido en un Estado miembro.

4.   A efectos del presente artículo, se entenderá por «función pública» el ejercicio de cualquiera de las funciones siguientes:

1.   Cuando tenga derecho simultáneamente al abono de la indemnización transitoria contemplada en el artículo 13 del Estatuto y al abono de una pensión de jubilación contemplada en el artículo 14 del Estatuto o a una pensión contemplada en el artículo 15 del Estatuto, al antiguo diputado se le aplicará el régimen por el que se decida. Notificará su decisión al secretario general a más tardar tres meses después del fin de su mandato. Esta decisión será irrevocable.

2.   Si el antiguo diputado opta por que se le abone la indemnización transitoria, el pago de la pensión de jubilación o de la pensión de invalidez se suspenderá durante el período en que tenga derecho a la indemnización transitoria.

1.   A fin de poder beneficiarse de la indemnización transitoria, el antiguo diputado la solicitará en el plazo de tres meses después del fin de su mandato y adjuntará una declaración escrita precisando si ejerce o no alguna de las funciones contempladas en el artículo 49 de las presentes Medidas de aplicación. Pasado este plazo, la fecha en que empezará a percibirse el importe de la indemnización transitoria será el primer día del mes en que se reciba la solicitud en los servicios competentes del Parlamento. El período en que se tenga derecho a la indemnización transitoria se determinará con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, apartado 2, del Estatuto.

2.   La declaración escrita a que se refiere el apartado 1 del presente artículo irá acompañada, si procede, de la decisión del diputado contemplada en el artículo 50, apartado 1.

3.   Todo cambio de las condiciones que hayan dado lugar a la concesión de la indemnización transitoria y que puedan causar una modificación del derecho del antiguo diputado a dicha indemnización se notificará sin demora al servicio competente del Parlamento. En caso de duda, el secretario general podrá solicitar al antiguo diputado que presente sus observaciones.

4.   Si, sobre la base de hechos comprobables a partir de fuentes accesibles al público, el secretario general tiene conocimiento de que el antiguo diputado ejerce cualquiera de las funciones contempladas en el artículo 49, suspenderá el pago de la indemnización transitoria e informará de ello al antiguo diputado.

5.   El antiguo diputado podrá renunciar en cualquier momento a su derecho a la indemnización transitoria y comunicará su decisión al secretario general.

1.   Los diputados que hayan ejercido su mandato durante al menos un año completo tendrán derecho, después del cese del mandato, a una pensión de jubilación vitalicia pagadera a partir del primer día del mes siguiente a aquel en que cumplan 63 años de edad, según lo previsto en el artículo 14 del Estatuto.

El antiguo diputado o su representante legal presentará, salvo en caso de fuerza mayor, la solicitud de liquidación de la pensión de jubilación en un plazo de seis meses a partir del día en que se origine el derecho. Pasado este plazo, la fecha en que empezará a percibirse el importe de la pensión de jubilación será el primer día del mes en que se reciba la solicitud.

2.   El pago de la pensión de jubilación se suspenderá para todo beneficiario de la pensión que sea reelegido al Parlamento. Los derechos a pensión de jubilación que adquiera de conformidad con el nuevo mandato se añadirán a los derechos a pensión de jubilación adquiridos antes de su reelección. El pago de la pensión de jubilación se reanudará en cuanto el diputado cese su mandato en el Parlamento.

3.   Cuando los diferentes mandatos ejercidos por un mismo diputado queden separados por un período de interrupción, los períodos de todos los mandatos se sumarán para el cálculo de la pensión de jubilación.

1.   La pensión de jubilación que un antiguo diputado perciba en virtud de un mandato que ejerció en otro Parlamento, acumulado con el mandato en el Parlamento Europeo, se deducirá de la pensión de jubilación contemplada en el artículo 14 del Estatuto.

2.   A efectos del presente artículo, se entenderá por «otro Parlamento» un Parlamento tal como se define en el artículo 2, apartado 2.

3.   El cálculo se efectuará sobre la base del importe de cada una de ambas pensiones antes de toda deducción fiscal.

4.   Los antiguos diputados que hayan ejercido un mandato en otro Parlamento, acumulado al mandato en el Parlamento Europeo, declararán la pensión de jubilación a la cual tienen derecho en virtud del mandato en el otro Parlamento.

1.   El diputado que, según el procedimiento previsto en el artículo 59, sea declarado afectado por una invalidez considerada total y que le incapacite para ejercer sus funciones durante el resto de su mandato, y que, por este motivo, presente su dimisión, tendrá derecho a una pensión de invalidez pagadera a partir del día en que tenga efecto dicha dimisión, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 3 del presente artículo.

2.   El derecho a la pensión de invalidez cesará si el diputado no notifica su dimisión en un plazo de tres meses a partir de la fecha en que se le comunique oficialmente la decisión en la que se constata su invalidez.

3.   El derecho del diputado a la pensión de invalidez se origina al final de la legislatura durante la que se produzca la invalidez, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.   El importe de la pensión de invalidez ascenderá por cada año completo de ejercicio del mandato a un 3,5 % de la asignación contemplada en el artículo 10 del Estatuto y por cada mes completo suplementario a una duodécima parte, pero, como mínimo, a un 35 % de dicha asignación, sin sobrepasar no obstante en total el 70 %.

2.   Las normas relativas al cálculo de la pensión de jubilación se aplicarán mutatis mutandis al cálculo de la pensión de invalidez.

1.   La pensión de invalidez que perciba un antiguo diputado en virtud de un mandato que haya ejercido en otro Parlamento, además del mandato en el Parlamento Europeo, se descontará de la pensión de invalidez contemplada en el artículo 55.

2.   A efectos del presente artículo, se entenderá por «otro Parlamento» un Parlamento tal como se define en el artículo 2, apartado 2.

3.   Los antiguos diputados que ejerzan un mandato en otro Parlamento acumulándolo al mandato de diputado al Parlamento Europeo declararán la pensión de invalidez a la que tengan derecho en virtud del mandato ejercido en el otro Parlamento.

1.   El diputado o su representante legal presentarán la solicitud de declaración de invalidez al presidente del Parlamento, adjuntando un certificado médico e indicando el nombre del médico encargado de representar al diputado en el seno de la Comisión de invalidez prevista en el artículo 60.

2.   En un plazo de tres meses a partir de la fecha en que haya sido convocada por el secretario general, la Comisión de invalidez prevista en el artículo 60 presentará, con arreglo al mandato establecido por el Parlamento, un informe médico motivado en el que se determinará si se cumplen las condiciones que dan derecho a percibir una pensión de invalidez establecidas en el artículo 55, apartado 1. En casos excepcionales, el secretario general podrá prorrogar este plazo.

3.   Si el informe médico concluye que el diputado cumple las condiciones para la declaración de invalidez, el presidente del Parlamento confirmará el derecho del diputado afectado a percibir la pensión de invalidez y le notificará esta decisión, invitándole a presentar su dimisión. Si el informe médico concluye que el diputado no reúne los condiciones para la declaración de invalidez, el presidente informará al diputado de las vías de recurso disponibles.

1.   La Comisión de invalidez estará compuesta por tres médicos designados:

Si en un plazo de dos meses a partir de la designación del segundo médico no se ha llegado a un acuerdo sobre la designación del tercero, este será designado de oficio por el presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a instancia del Parlamento.

2.   Los gastos de los trabajos de la Comisión de invalidez, incluidos los gastos de viaje, serán sufragados por el Parlamento.

3.   El diputado podrá presentar a la Comisión de invalidez todos los informes o certificados de su médico o de los especialistas a quienes haya considerado conveniente consultar.

4.   Los trabajos de la Comisión de invalidez serán secretos.

1.   Los antiguos diputados que dejen de cumplir las condiciones que dan derecho a percibir una pensión de invalidez previstas en el artículo 55, apartado 1 perderán su derecho a dicha pensión.

2.   Mientras el antiguo diputado no haya cumplido los sesenta y tres años de edad, el Parlamento podrá disponer que, cada cinco años, un médico designado al efecto lo examine para verificar que sigue cumpliendo las condiciones que dan derecho a percibir la pensión de invalidez previstas en el artículo 55, apartado 1.

3.   Dicho examen también podrá ser efectuado antes del plazo indicado en el apartado 2, en particular cuando el Parlamento tenga noticia de que el antiguo diputado ejerce una función remunerada. Cuando proceda, esta circunstancia se apreciará sobre la base de hechos verificables a partir de fuentes accesibles al público, en función de las circunstancias de cada caso y después de una investigación contradictoria.

4.   A propuesta del médico que efectúe el examen, la Comisión de invalidez podrá constatar que el estado de salud del antiguo diputado ha experimentado una mejora tal, que el diputado ya no cumple las condiciones que dan derecho a percibir una pensión de invalidez previstas en el artículo 55, apartado 1.

5.   La decisión de poner fin al pago de la pensión de invalidez será adoptada por el presidente del Parlamento sobre la base de las conclusiones de la Comisión de invalidez. Se aplicarán por analogía los artículos 59 y 60. Si el antiguo diputado no ha designado un médico encargado de representarle en el seno de la Comisión de invalidez, se aplicará el artículo 60, apartado 1, párrafo segundo.

1.   El cónyuge supérstite y los hijos a cargo de un diputado o antiguo diputado que, en el momento de fallecer, estuviera percibiendo una pensión de jubilación o de invalidez o hubiera tenido en un futuro el derecho de percibirla, tendrán derecho, respectivamente, a una pensión de supervivencia y a una pensión de orfandad.

2.   Para la aplicación de las disposiciones del presente capítulo, los miembros de parejas estables sin vínculo matrimonial recibirán el mismo trato que los cónyuges, a condición de que la pareja presente un documento oficial expedido por una autoridad competente de un Estado miembro en el que se dé constancia de su situación de pareja no casada.

3.   Se entenderá por «hijo a cargo» el hijo legítimo, natural o adoptivo del diputado o antiguo diputado, o del cónyuge del diputado o antiguo diputado, cuando sea efectivamente mantenido por el diputado o antiguo diputado. Asimismo se entenderá por «hijo a cargo» al hijo en gestación y al menor para el cual el diputado o antiguo diputado haya iniciado un procedimiento de adopción y cuya adopción sea efectiva después del fallecimiento del diputado.

1.   El importe máximo de las pensiones de supervivencia y de orfandad no podrá ser superior al importe de la pensión de jubilación a la que el diputado habría tenido derecho al final de la legislatura, tomando en consideración el período transcurrido entre la fecha del fallecimiento y la fecha del final de dicha legislatura.

2.   Cuando el fallecido sea un antiguo diputado, el importe máximo de la pensión de supervivencia y de la pensión de orfandad no podrá ser superior a la pensión de jubilación que haya percibido el diputado o a la que habría tenido derecho.

3.   El importe de la pensión de supervivencia para el cónyuge supérstite ascenderá al 60 % del importe previsto en el apartado 1 o 2 del presente artículo y, como mínimo, al 30 % de la asignación prevista en el artículo 10 del Estatuto, aunque este último importe sea superior a los importes previstos en los apartados 1 y 2 del presente artículo.

El derecho a la pensión de supervivencia para el cónyuge supérstite no resultará afectado en caso de nuevo matrimonio de dicho cónyuge. El cónyuge supérstite no tendrá derecho a la pensión de supervivencia cuando las circunstancias del caso impidan albergar cualquier duda razonable en cuanto al hecho de que el matrimonio haya sido contraído con el solo fin de obtener la pensión. Cuando proceda, dicha circunstancia se apreciará sobre la base de hechos verificables a partir de fuentes accesibles al público, en función de las circunstancias de cada caso y después de una investigación contradictoria.

4.   El importe de la pensión de orfandad para un hijo a cargo ascenderá al 20 % del importe previsto en el apartado 1 o 2.

5.   No obstante lo dispuesto en el apartado 4, cuando el número de hijos a cargo sea superior a dos, la pensión por cada hijo a cargo se determinará dividiendo la cantidad correspondiente al 40 % del importe máximo contemplado en los apartados 1 o 2, según proceda, por el número de hijos a cargo.

6.   Si procede, el importe máximo de la pensión que deba pagarse se dividirá entre el cónyuge y los hijos a cargo con arreglo a los porcentajes previstos en los apartados 3, 4 y 5.

7.   Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados 4 y 5, cuando no haya cónyuge supérstite, la pensión por cada hijo a cargo será igual al 20 % del importe máximo mencionado en el apartado 1 o 2, según proceda. Cuando el número de hijos a cargo sea superior a cinco, el importe máximo de las pensiones de orfandad a que se refieren los apartados 1 y 2, según proceda, se dividirá a partes iguales entre los hijos a cargo con derecho a percibir la pensión de orfandad.

1.   La pensión de supervivencia o de orfandad se concederá a partir del primer día del mes natural siguiente a la fecha del fallecimiento del diputado o antiguo diputado.

2.   En caso de fallecimiento del beneficiario, el derecho a la pensión de supervivencia expirará el último día del mes en que haya tenido lugar el fallecimiento.

3.   El derecho a la pensión de orfandad expirará el último día del mes en que el hijo a cargo cumpla los 21 años de edad.

No obstante, el derecho a la pensión de orfandad se prorrogará por toda la duración del período de formación escolar o profesional del hijo a cargo y, como máximo, hasta el último día del mes en que este cumpla los 25 años de edad.

Se mantendrá el pago de la pensión al hijo a cargo que, por enfermedad o incapacidad, se halle imposibilitado de subvenir a sus necesidades. La enfermedad o incapacidad deberá ser reconocida por el médico del Parlamento. El hijo a cargo podrá impugnar la decisión del servicio médico solicitando que se reúna una comisión constituida con arreglo a las disposiciones de aplicación relativas a la Comisión de invalidez prevista en el anexo II, sección tres, del Estatuto de los funcionarios.

Este derecho expirará si el hijo a cargo vuelve a ser capaz de subvenir a sus necesidades. El Parlamento podrá decidir que, cada cinco años, el hijo a cargo sea sometido a una revisión por un médico designado a este fin, con objeto de verificar que reúne todas las condiciones requeridas para beneficiarse de la pensión de orfandad.

4.   Los cónyuges supérstites y los hijos a cargo que tengan derecho a pensión presentarán su solicitud de pago de la pensión en un plazo de seis meses a partir del inicio de su derecho a la pensión. Pasado este plazo, la fecha en que empezará a percibirse el importe de la pensión será el primer día del mes en que se reciba la solicitud del servicio competente del Parlamento.

1.   La aplicación de las presentes Medidas de aplicación y toda solicitud de pago presentada con arreglo a ellas se ajustarán a lo dispuesto en el Reglamento Financiero.

2.   Cuando las presentes Medidas de aplicación prevean la celebración de contratos entre el Parlamento y terceros, se habilitará para la firma al ordenador competente.

1.   Los importes abonados en virtud del título I, capítulos 4, 5 y 6 se utilizarán exclusivamente para financiar actividades relacionadas con el ejercicio del mandato de los diputados y no cubrirán gastos personales ni financiarán subvenciones o donaciones con carácter político.

2.   En el contexto del uso de los fondos puestos a disposición en virtud de las presentes Medidas de aplicación, los diputados velarán por que no exista un conflicto entre sus propios intereses y los intereses de la Unión.

Existirá conflicto de intereses cuando el ejercicio de las funciones de un diputado se vea influido por razones familiares, afectivas, de interés económico o por cualquier otro motivo directo o indirecto de interés personal.

3.   Los diputados reembolsarán al Parlamento los importes no utilizados excepto en los casos en que se hayan abonado importes a tanto alzado.

1.   Los pagos en virtud de las presentes Medidas de aplicación se efectuarán mediante transferencia bancaria de conformidad con la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). El Parlamento asumirá los gastos a cargo del ordenante. Otros posibles gastos correrán a cargo del beneficiario.

2.   Los pagos se efectuarán en euros, salvo en caso de que el diputado haya sido elegido o tenga su lugar de residencia en un Estado miembro cuya moneda no sea el euro y solicite que el pago se efectúe total o parcialmente en la moneda de dicho Estado miembro.

3.   La conversión entre el euro y otra moneda se efectuará sobre la base del tipo contable mensual del euro fijado de conformidad con el artículo 19, apartado 3, del Reglamento Financiero.

4.   Para el reembolso de los gastos de asistencia parlamentaria, no obstante lo dispuesto en el apartado 3, la conversión entre el euro y otra moneda se efectuará sobre la base del tipo contable mensual del euro del mes de diciembre del año anterior. Sin embargo, durante una legislatura, el importe mensual máximo de la cobertura a disposición del diputado en moneda distinta del euro, una vez tenida en cuenta la indexación anual y cualquier aumento eventual decidido por la Mesa, no puede ser inferior al importe mensual máximo fijado el año anterior.

1.   El diputado, al entrar en funciones, comunicará al servicio competente del Parlamento los datos bancarios [por ejemplo, el número IBAN, el código BIC (SWIFT) y la dirección del banco de que se trate] de una o varias cuentas abiertas a su nombre en un Estado miembro de la Unión, para el ingreso de la asignación prevista en el artículo 10 del Estatuto, otras indemnizaciones y el reembolso de otros gastos.

Salvo en caso de que el diputado, el antiguo diputado o sus derechohabientes cursen otras instrucciones, la cuenta abierta para el ingreso de la asignación prevista en el artículo 10 del Estatuto se utilizará asimismo para el pago de la indemnización transitoria y de las pensiones.

2.   Cualquier pago abonado a una persona que no sea el diputado estará supeditado a la presentación previa de un documento emitido por el banco del beneficiario que confirme que este es el titular de la cuenta en la que debe efectuarse el pago y que indique el número IBAN, el código BIC y la dirección del banco.

3.   Por lo que respecta a los pagos relacionados con la asistencia parlamentaria, el diputado comunicará los datos bancarios de la cuenta bancaria de su colaborador al agente pagador o, en su caso, al servicio competente del Parlamento. La cuenta bancaria del colaborador se abrirá en un Estado miembro de la Unión. Los pagos se expresarán en la moneda en que se hayan fijado el sueldo o los honorarios del colaborador.

El agente pagador comunicará los datos bancarios de su cuenta al servicio competente del Parlamento.

1.   La asignación prevista en el artículo 10 del Estatuto, la indemnización transitoria y las posibles pensiones se abonarán el día 15 del mes corriente. Las dietas para gastos generales se abonarán el primer día del mes corriente.

2.   Los pagos efectuados al agente pagador en concepto de gastos de asistencia parlamentaria se abonarán el día 15 del mes en curso.

A la hora de efectuar dichos pagos, se tendrán en cuenta las instrucciones del diputado transmitidas hasta el día 25 del mes anterior.

3.   Los demás reembolsos de gastos se efectuarán previa presentación de los justificantes exigidos por las presentes Medidas de aplicación.

A petición del servicio competente del Parlamento, los beneficiarios de una pensión presentarán la fe de vida mediante un certificado expedido por un médico o una autoridad pública competente.

4.   Las fechas límite de presentación de los justificantes exigidos por las presentes Medidas de aplicación serán:

5.   El secretario general podrá tomar disposiciones específicas para los pagos en concepto de anticipos sobre los gastos de viaje ordinarios y los gastos de estancia.

1.   En caso de que un diputado, un antiguo diputado, uno de sus derechohabientes o los agentes pagadores no cumplan con las presentes Medidas de aplicación o con la Reglamentación GDD, el ordenador competente podrá poner fin, total o parcialmente, a los pagos de que se trate.

2.   El ordenador competente notificará previamente por escrito a la persona interesada su intención de poner fin a los pagos en cuestión y le dará la oportunidad de presentar observaciones por escrito, junto con cualquier justificante. Se remitirá una copia de la notificación si procede, a todo tercero interesado.

3.   Si la persona interesada no aporta pruebas suficientes del cumplimiento de estas Medidas de aplicación o de la Reglamentación GDD, el ordenador competente adoptará una decisión sobre el fin de los pagos correspondientes. Cualquiera de estas decisiones se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de las presentes Medidas de aplicación.

1.   Todo importe abonado indebidamente en aplicación de las presentes Medidas de aplicación o de la Reglamentación GDD deberá ser restituido por el diputado o antiguo diputado interesado o por sus derechohabientes. Corresponderá al secretario general adoptar la decisión en materia de restitución.

2.   Antes de adoptar la decisión en materia de restitución, el secretario general informará por escrito a la persona interesada de la apertura de un procedimiento de restitución y le dará la oportunidad de presentar observaciones por escrito, junto con cualquier justificante.

3.   Tras la adopción de la decisión en materia de restitución, el secretario general procederá a la recuperación de conformidad con el Reglamento Financiero. Las modalidades de restitución no impedirán a los diputados ejercer eficazmente su mandato.

4.   El secretario general podrá delegar las competencias que le atribuyen los apartados 1 y 2, o 3 en el director general competente.

5.   El presente artículo se aplicará por analogía a terceros.

1.   Los importes mencionados en el artículo 3, apartado 5, el artículo 15, apartado 2, letra d), el artículo 20, el artículo 22, apartados 1 y 3, el artículo 24, apartado 2, y en el artículo 44, apartado 2, podrán ser indexados anualmente por la Mesa hasta alcanzar un máximo igual a la tasa de inflación anual de la Unión correspondiente al mes de octubre anterior y publicado por Eurostat.

2.   En su caso, la Mesa indexará anualmente el importe mencionado de las presentes Medidas de aplicación en el artículo 29, apartado 4, sobre la base del índice común establecido por la Oficina Estadística de la Unión Europea de común acuerdo con los servicios estadísticos nacionales de los Estados miembros, en aplicación del artículo 65 del Estatuto de los funcionarios. Dicha indexación se aplicará con efecto retroactivo a partir del mes de julio del año a que se refiere el índice.

1.   La asignación prevista en el artículo 10 del Estatuto, la indemnización transitoria, la pensión de jubilación conforme a las presentes Medidas de aplicación o la pensión de jubilación en virtud del anexo III de la Reglamentación GDD podrán ser embargadas, dentro del límite de un tercio de su valor, tras una resolución judicial o una decisión de la autoridad administrativa competente.

2.   El secretario general cursará instrucciones con vistas a la ejecución de dicha medida, teniendo debidamente en cuenta el último umbral de riesgo de pobreza disponible determinado por Eurostat, cuando proceda, para el Estado de residencia permanente del diputado o antiguo diputado de que se trate y, en su caso, velando por el ejercicio efectivo del mandato del diputado, previa entrevista con el diputado interesado.

1.   Cuando un diputado o antiguo diputado considere que, en su caso, el servicio competente no ha aplicado correctamente las presentes Medidas de aplicación, podrá dirigir una reclamación por escrito al secretario general.

2.   Si el diputado o antiguo diputado no está de acuerdo con la decisión del secretario general, podrá presentar una reclamación ante los Cuestores, que se pronunciarán previa consulta al secretario general. La reclamación se dirigirá al presidente en ejercicio de los Cuestores.

3.   Si una de las partes del procedimiento de reclamación no está de acuerdo con la decisión de los Cuestores, podrá presentar una reclamación ante la Mesa para que esta adopte una decisión definitiva. Dicha reclamación se basará en los mismos documentos justificativos ya presentados junto con las reclamaciones con arreglo a los apartados 1 y 2 y se dirigirá al presidente.

4.   Las reclamaciones presentadas con arreglo a los apartados 1, 2 o 3 deberán motivarse y presentarse por escrito, junto con los documentos justificativos, en un plazo de dos meses a partir de la notificación de la decisión impugnada.

5.   El Parlamento velará por que los reclamantes reciban un acuse de recibo por cada reclamación que presenten.

6.   Si, una vez presentada una reclamación sobre la base de los apartados 1, 2 o 3 del presente artículo y antes de que el órgano de recurso competente haya adoptado su decisión, el diputado impugna la decisión objeto de la reclamación mediante un recurso de anulación basado en el artículo 263 del TFUE, se declarará la reclamación carente de objeto y se dará por concluido el procedimiento.

Si, tras haber interpuesto un recurso de anulación sobre la base del artículo 263 del TFUE, el diputado presenta una reclamación basada en los apartados 1, 2 o 3 del presente artículo, esta se declarará inadmisible.

7.   El presente artículo se aplicará asimismo a los derechohabientes de los diputados y de los antiguos diputados.

1.   Cuando las presentes Medidas de aplicación se refieran a la presentación de solicitudes de reembolso o de cobertura de gastos, estas podrán presentarse en formato electrónico con una firma digitalizada.

2.   Cuando las presentes Medidas de aplicación exijan la presentación de justificantes, estos podrán presentarse mediante copias digitalizadas, a condición de que el diputado certifique mediante una declaración jurada que las copias digitalizadas de los justificantes presentados coinciden con los originales.

3.   Con objeto de permitir la realización de controles para comprobar que las copias digitalizadas de los justificantes coinciden con los originales, los diputados deberán conservar los originales hasta el 31 de diciembre del año civil siguiente al de la presentación de la solicitud de reembolso o de cobertura.

Los servicios competentes del Parlamento aplicarán un sistema de controles aleatorios para comprobar que las copias digitalizadas de los justificantes coinciden con los originales.

1.   Las notificaciones realizadas por los servicios del Parlamento en virtud de las presentes Medidas de aplicación y de la Reglamentación GDD podrán practicarse por cualquier medio disponible que garantice la eficacia de la transmisión, también por correo electrónico u otros medios electrónicos. En el caso de los diputados, las notificaciones por correo electrónico se considerarán válidamente practicadas tras la recepción de la confirmación de lectura o, a más tardar, cinco días hábiles después de la recepción de la confirmación de entrega del correo electrónico a su dirección de correo electrónico oficial del Parlamento.

2.   A efectos de las notificaciones, los diputados informarán al Parlamento de su dirección de correo electrónico y de su dirección de residencia permanente al final de su mandato y, posteriormente, toda vez que se produzca un cambio, en el plazo de un mes. Esto mismo es aplicable a los derechohabientes de los diputados y antiguos diputados, que informarán al Parlamento de su dirección de correo electrónico y de su dirección de residencia permanente en el momento de la sucesión y, posteriormente, toda vez que se produzca un cambio, en el plazo de un mes.

3.   A efectos del artículo 98, apartado 2, párrafo segundo, del Reglamento Financiero, cualquier retraso del Parlamento en el envío de una nota de adeudo a un deudor se considerará causado por la conducta del deudor si dicho deudor estaba sujeto al apartado 2 del presente artículo y lo ha incumplido.