(1)

La Directiva 2011/16/UE fue modificada mediante la Directiva (UE) 2021/514 (2) del Consejo con el fin de mejorar las disposiciones relativas a todas las modalidades de intercambio de información y cooperación administrativa mediante el establecimiento de un intercambio automático obligatorio de la información comunicada por los operadores de plataformas.

(2)

Habida cuenta de la naturaleza de las plataformas digitales y de su flexibilidad, la obligación de comunicación de información se amplía a aquellos operadores de plataformas, tal como se definen en la sección I, apartado A, punto 4, letra b), del anexo V de la Directiva 2011/16/UE, que lleven a cabo actividades comerciales en la Unión pero no sean residentes a efectos fiscales, ni se hayan constituido ni estén administrados, ni tengan su establecimiento permanente en un Estado miembro («operadores de plataformas extranjeros»). De este modo se garantiza la igualdad de condiciones para todos los operadores de plataformas digitales, independientemente de su lugar de establecimiento, y se evita la competencia desleal dentro de la Unión.

(3)

La Directiva 2011/16/UE establece medidas destinadas a reducir la carga administrativa para los operadores de plataforma extranjeros y las autoridades tributarias de los Estados miembros en los casos en los que existan acuerdos adecuados que garanticen la equivalencia de la información intercambiada entre un territorio no perteneciente a la Unión y un Estado miembro.

(4)

El artículo 8 bis quater, apartado 7, párrafo primero, de la Directiva 2011/16/UE establece que la Comisión, previa solicitud motivada de un Estado miembro o por propia iniciativa, determinará si la información que debe ser recibida automáticamente por un Estado miembro es equivalente a la especificada en la sección III, apartado B, del anexo V de dicha Directiva. Dispone igualmente que se aplicará el mismo procedimiento cuando sea necesario determinar que la información ya no es equivalente.

(5)

El presente Reglamento establece los criterios para evaluar y determinar en qué medida la legislación nacional de un territorio no perteneciente a la Unión y un acuerdo entre las autoridades competentes de un Estado miembro y un territorio no perteneciente a la Unión garantizan que la información que debe ser recibida automáticamente por dicho Estado miembro se refiere a las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/16/UE y es equivalente a la información exigida en virtud de las normas de comunicación de información establecidas en dicha Directiva.

(6)

A nivel internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) publicó el 3 de julio de 2020 las «normas tipo para la comunicación de información por parte de los operadores de plataformas con respecto a los vendedores de la economía colaborativa y la economía de bolos (3)» (en lo sucesivo, las «normas tipo»), y el 22 de junio de 2021 un módulo facultativo que amplía las normas tipo a la venta de bienes y el alquiler de medios de transporte (4) (en lo sucesivo, el «módulo facultativo»). Las normas tipo y el módulo facultativo no son una norma mínima y, en consecuencia, los distintos territorios pueden aplicarlas de manera diferente. Por consiguiente, es necesario que la Comisión evalúe la legislación nacional por la que se transponen las normas tipo y el módulo facultativo del territorio no perteneciente a la Unión caso por caso, para determinar en qué medida las actividades incluidas en el ámbito de aplicación y la información exigida en virtud de las normas de notificación de dicha legislación nacional son equivalentes a las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de la Directiva 2011/16/UE y a la información exigida en virtud de esta. También debe seguir siendo posible determinar la equivalencia, cuando proceda, de un instrumento bilateral o de la relación de intercambio con una jurisdicción individual no perteneciente a la Unión y su legislación nacional.

(7)

La evaluación y la determinación de dicha equivalencia deben adoptar un enfoque que garantice que los Estados miembros reciban la información necesaria y evite una carga excesiva para los operadores de plataformas que ya hayan notificado la información pertinente en un territorio no perteneciente a la Unión. Por consiguiente, la Comisión debe llevar a cabo la evaluación de conformidad con los criterios correspondientes, tal como se definen en el artículo 8 bis quater, apartado 7, y teniendo debidamente en cuenta las exclusiones opcionales ofrecidas en virtud de las normas tipo y el módulo facultativo.

(8)

Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos sobre las medidas previstas en el Reglamento, de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(9)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de cooperación administrativa en materia tributaria.