12.6.2014   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 173/190

(1)

La crisis financiera ha puesto de manifiesto la falta de instrumentos adecuados que existe en la Unión para hacer frente de manera eficaz a los problemas de solidez o el peligro de inviabilidad de las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión («entidades»). Dichos instrumentos son particularmente necesarios para evitar llegar a una situación de insolvencia, o para que cuando, si esta se produce, puedan minimizarse las repercusiones negativas manteniendo las funciones de importancia sistémica de la entidad en cuestión. Durante la crisis, estos trastornos constituyeron un factor trascendental que obligó a los Estados miembros a rescatar a entidades con dinero de los contribuyentes. El objetivo de un marco creíble de reestructuración y resolución es obviar, no obstante, la necesidad de una acción de ese tipo en la mayor medida de lo posible.

(2)

La crisis financiera ha tenido una dimensión sistémica, en el sentido de que ha afectado al acceso de un gran número de entidades de crédito a la financiación. Con el fin de evitar una inviabilidad, con consecuencias para la economía en general, para hacer frente a esta crisis se necesitan medidas destinadas a asegurar el acceso a la financiación en condiciones equivalentes para todas las entidades de crédito que, por lo demás, sean solventes. Dichas medidas requiere un apoyo general a la liquidez por parte de los bancos centrales y garantías de los Estados miembros a los valores emitidos por las entidades de crédito solventes.

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Los mercados financieros de la Unión se caracterizan por un elevado grado de integración e interconexión, con muchas entidades que operan, en gran medida, fuera de las fronteras nacionales. Es probable que la inviabilidad de una entidad transfronteriza afecte a la estabilidad de los mercados financieros en los distintos Estados miembros en los que opere. La incapacidad de los Estados miembros de hacerse con el control de una entidad inviable y resolver la crisis evitando eficazmente un daño sistémico más general puede socavar la confianza mutua de los Estados miembros y la credibilidad del mercado interior de servicios financieros. La estabilidad de los mercados financieros es, por lo tanto, una condición esencial para el establecimiento y el funcionamiento del mercado interior.

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Actualmente, en la Unión Europea no están armonizados los procedimientos para resolver las crisis de entidades. Algunos Estados miembros aplican a las entidades los mismos procedimientos que aplican a otras empresas insolventes, adaptándolos en algunos casos. Existen considerables diferencias de fondo y de procedimiento entre las leyes, normas y disposiciones administrativas que regulan la insolvencia de las entidades en los Estados miembros. Asimismo, la crisis financiera ha puesto de manifiesto que los procedimientos generales en materia de insolvencia no son siempre apropiados para las entidades, dado que no siempre garantizan una celeridad suficiente en la intervención, ni una continuidad de las funciones esenciales de las entidades, ni la preservación de la estabilidad financiera.

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Por lo tanto, se necesita un marco que dote a las autoridades de una serie de instrumentos creíbles para intervenir con suficiente antelación y rapidez en una entidad con problemas de solidez o inviable, a fin de garantizar la continuidad de las funciones financieras y económicas esenciales de la entidad, al tiempo que se minimiza el impacto de su inviabilidad en el sistema económico y financiero. El régimen debe garantizar que los accionistas soporten en primer lugar las pérdidas y que los acreedores asuman las pérdidas después de los accionistas, siempre que ningún acreedor haya incurrido en pérdidas mayores de las que habría sufrido si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios de conformidad con el principio de evitar perjuicios superiores a los acreedores especificado en la presente Directiva. Las nuevas competencias deben permitir a las autoridades, por ejemplo, mantener un acceso ininterrumpido a los depósitos y a las operaciones de pago, así como vender partes viables de una entidad, cuando proceda, y asignar pérdidas de manera justa y previsible. Estos objetivos deben ayudar a evitar la desestabilización de los mercados financieros y minimizar los costes para el contribuyente.

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La revisión en curso del marco regulador, en particular el refuerzo de los colchones de capital y liquidez y unas mejores herramientas para las políticas macroprudenciales, reducirá la probabilidad de futuras crisis y reforzará la resistencia de las entidades y las empresas de servicios de inversión a las tensiones, ya estén causadas por perturbaciones sistémicas o por acontecimientos específicos de la entidad o la empresa de servicios de inversión en concreto. No es posible, no obstante, tratar de diseñar un marco de regulación y supervisión que pueda evitar que estas entidades vuelvan a encontrarse en una situación difícil. Los Estados miembros, por tanto, han de estar preparados y han de disponer de los instrumentos de reestructuración y resolución adecuados para hacer frente tanto a crisis sistémicas como a inviabilidades de entidades individuales. Dichos instrumentos deben incluir mecanismos que permitan a las autoridades hacer frente de manera eficaz a las entidades inviables o exista la probabilidad de que lo vayan a ser.

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El ejercicio de tales competencias y las medidas adoptadas han de tener en cuenta las circunstancias en que se produce la inviabilidad. Si el problema surge en una entidad o empresa de servicios de inversión concreta y el resto del sistema financiero no resulta afectado, las autoridades deben poder ejercer sus competencias de resolución sin que ello suscite gran preocupación por sus efectos de contagio. En un medio frágil, por otra parte, se ha de prestar una mayor atención a evitar la desestabilización de los mercados financieros.

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La resolución de una entidad o una empresa de servicios de inversión a la que se ha mantenido en funcionamiento puede entrañar, en última instancia, instrumentos gubernamentales de estabilización financiera, incluyendo el capital público temporal. Por tanto, resulta esencial estructurar las competencias de resolución y los dispositivos de financiación para la resolución de forma que los contribuyentes sean los beneficiarios de cualquier superávit que pueda derivarse de la reestructuración de una entidad o una empresa de servicios de inversión a la que las autoridades devuelvan a una situación de seguridad. La responsabilidad y la asunción de riesgos deben ir acompañadas de una recompensa.

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Algunos Estados miembros ya han promulgado cambios legislativos que introducen mecanismos para la resolución de entidades inviables; otros han indicado su intención de introducir estos mecanismos si no se adoptan a nivel de la Unión. La falta de condiciones, competencias y procesos comunes de resolución de entidades puede constituir una barrera para el buen funcionamiento del mercado interior y obstaculizar la cooperación entre las autoridades nacionales a la hora de hacer frente al problema que plantean los grupos de entidades transfronterizos inviables, especialmente cuando existen enfoques diferentes que delatan que las autoridades nacionales no tienen el mismo nivel de control o la misma capacidad para resolver las crisis de las entidades. Estas diferencias en los sistemas de resolución también pueden incidir de modo diferente en los costes de la financiación de las entidades de crédito dependiendo del Estado miembro del que se trate, y llevar a un falseamiento de la competencia entre entidades. Además, se necesitan sistemas de resolución eficaces en todos los Estados miembros para garantizar que las entidades no vean restringido el ejercicio de los derechos de establecimiento inherentes al mercado interior debido a la capacidad financiera de su Estado miembro de origen para gestionar su inviabilidad.

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Estos obstáculos han de ser eliminados; asimismo, deben adoptarse normas para que no se vean afectadas las disposiciones del mercado interior. A tal efecto, las normas para la resolución de entidades deben someterse a unas normas mínimas de armonización.

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A fin de garantizar la coherencia con la legislación vigente de la Unión en materia de servicios financieros y el máximo nivel posible de estabilidad financiera en todo el espectro de entidades, el sistema de resolución no solo debe aplicarse a las entidades, y sujetas a los requisitos prudenciales establecidos por el Reglamento (UE) no 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (5). El sistema también debe aplicarse a las sociedades financieras de cartera, a las sociedades financieras mixtas de cartera contempladas en la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y a las sociedades mixtas de cartera y a entidades financieras, cuando estas últimas sean filiales de una entidad de crédito o de una empresa de servicios de inversión. La crisis ha puesto de manifiesto que la insolvencia de una entidad vinculada a un grupo puede repercutir rápidamente en la solvencia de todo el grupo, por lo que puede incluso tener sus propias consecuencias sistémicas. Por ello, las autoridades deben disponer de medios eficaces de acción con respecto a dichas entidades para evitar el contagio y preparar un mecanismo de resolución coherente para el grupo en su conjunto, dado que la insolvencia de una entidad vinculada a un grupo puede repercutir rápidamente en la solvencia de todo el grupo.

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Para garantizar la coherencia en el marco regulador, las contrapartes centrales tal como se definen en el Reglamento (UE) no 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) y los depositarios centrales de valores tal y como se definen en el futuro reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la mejora de la liquidación de valores en la Unión Europea y los depositarios centrales de valores (DCV), pueden estar cubiertos por una iniciativa legislativa que establezca un marco de reestructuración y resolución para estas entidades.

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El uso de los instrumentos y competencias de resolución establecidos por la presente Directiva podría afectar a los derechos de los accionistas y los acreedores. En particular, la competencia de las autoridades para transmitir las acciones o los activos, en parte o en su totalidad, de una entidad a un comprador privado sin el consentimiento de los accionistas, afecta a los derechos de propiedad de los accionistas. Asimismo, la competencia de decidir qué pasivos se transmiten de una entidad inviable para garantizar la continuidad de los servicios y evitar efectos perjudiciales sobre la estabilidad financiera podría implicar un trato desigual de los acreedores. En consecuencia, solo debe adoptarse una medida de resolución cuando resulte necesaria en aras del interés público, y toda interferencia con los derechos de los accionistas y acreedores que se derive de la medida de resolución debe ser compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la Carta). En particular, en caso de que acreedores de la misma categoría reciban un trato diferente en el contexto de la medida de resolución, tales diferencias de trato deben estar justificadas por razones de interés público y ser proporcionadas a los riesgos que se han de afrontar, y no deberán ser directa ni indirectamente discriminatorias por motivos de nacionalidad.

(14)

Las autoridades nacionales deben tener en cuenta la naturaleza de la empresa, la estructura accionarial, la forma jurídica, el perfil de riesgo, el tamaño y el régimen jurídico y la interconexión con otras entidades o sistemas financieros en general de una entidad, el ámbito y la complejidad de sus actividades, su pertenencia a un sistema institucional de protección u otros sistemas de solidaridad mutua de cooperación y cualquier ejercicio de servicios o actividades de inversión y si su inviabilidad y posterior disolución con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios podría tener importantes efectos negativos en los mercados financieros, en otras entidades, en las condiciones de financiación o en la economía en general en el contexto de los planes de reestructuración y resolución y cuando hagan uso de los distintos poderes o instrumentos a su disposición, así como velar por que el régimen se aplique de forma adecuada y proporcionada y por que se reduzca al mínimo la carga administrativa relacionada con las obligaciones que tienen que ver con la preparación del plan de reestructuración y resolución. Habida cuenta de que los contenidos y la información especificados en la presente Directiva y en sus anexos establecen una norma mínima para las entidades que tienen una relevancia sistémica evidente, se permite a las autoridades que apliquen unos requisitos de planificación de la reestructuración o de la resolución y de información diferentes o significativamente reducidos específicos a una institución, y con una frecuencia para las adaptaciones inferior a un año. En el caso de una entidad pequeña o de una empresa de servicios de inversión con poca interconexión y complejidad, el plan de reestructuración podría limitarse a algunas informaciones básicas sobre su estructura, los desencadenantes de la reestructuración y las opciones de reestructuración. En caso de que se permitiera a una entidad declararse insolvente, el plan de resolución podría ser reducido. Además, el régimen debe aplicarse de modo que no se ponga en peligro la estabilidad de los mercados financieros. En particular, en situaciones que se caracterizan por problemas o incluso dudas de mayor amplitud acerca de la resistencia de muchas entidades, resulta esencial que las autoridades examinen el riesgo de contagio derivado de las acciones emprendidas respecto de cualquier entidad.

(15)

A fin de garantizar la celeridad necesaria en la intervención, asegurar la independencia de los agentes económicos y evitar conflictos de intereses, los Estados miembros deben nombrar autoridades administrativas públicas o autoridades a las que se hayan encomendado competencias de administración pública para realizar las funciones y tareas relacionadas con la resolución conforme a la presente Directiva. Los Estados miembros deben garantizar que estas autoridades de resolución cuenten con los recursos necesarios. La designación de estas autoridades públicas no debe impedir la delegación de funciones, bajo responsabilidad de una autoridad de resolución. Sin embargo, no es necesario prescribir la autoridad o autoridades concretas que los Estados miembros deben nombrar como autoridad de resolución. Aunque la armonización de este aspecto podría facilitar la coordinación, también interferiría considerablemente con los sistemas constitucionales y administrativos de los Estados miembros. Se puede conseguir un grado de coordinación suficiente con un requisito menos intrusivo: todas las autoridades nacionales implicadas en la resolución de entidades deben estar representadas en colegios de autoridades de resolución, en los que tendrá lugar la coordinación a escala transfronteriza o de la Unión. Por lo tanto, los Estados miembros deben tener libertad para elegir qué autoridades deben encargarse de aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias previstas en la presente Directiva. Cuando un Estado miembro designe a la autoridad responsable de la supervisión prudencial de las entidades (autoridad competente) como autoridad de resolución, deben establecerse los acuerdos estructurales necesarios para separar las funciones de supervisión y resolución. Tal separación no debe impedir que la función de resolución tenga acceso a toda la información que esté a disposición de la función de supervisión.

(16)

A la luz de las consecuencias que la inviabilidad de una entidad o una empresa de servicios de inversión puede tener en el sistema financiero y en la economía de un Estado miembro, así como de la posible necesidad de usar fondos públicos para resolver una crisis, los ministros de finanzas o cualquier otro ministro relevante en los Estados miembros deben participar activamente, desde un primer momento, en el proceso de gestión y de resolución de la crisis.

(17)

Para una resolución eficaz de entidades o entidades de grupo que operan en toda la Unión es necesaria la cooperación entre las autoridades competentes y las autoridades de resolución en el marco de colegios de autoridades de supervisión y de resolución, y ello en todas las fases cubiertas por la presente Directiva, desde la elaboración de los planes de reestructuración y resolución hasta la resolución efectiva de la entidad. En caso de desacuerdo entre las autoridades nacionales en torno a las decisiones que hayan de adoptarse en relación con entidades en aplicación de la presente Directiva, Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) («ABE») establecida por el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) debe desempeñar, cuando así se especifique en la presente Directiva, en última instancia, un papel de mediación. En determinados casos, la presente Directiva establece la mediación vinculante de la ABE en relación con lo dispuesto en el artículo 19 del Reglamento (UE) no 1093/2010. Dicha mediación vinculante no impide el ejercicio de la mediación no vinculante de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (UE) no 1093/2010 en otros casos.

(18)

Durante la resolución de entidades o grupos que realizan actividades en la Unión, las decisiones que se tomen deben tener también como objetivo mantener la estabilidad financiera y minimizar los efectos económicos y sociales en los Estados miembros en los que la entidad o el grupo realiza actividades.

(19)

Al objeto de tratar de manera eficaz a las entidades inviables, las autoridades deben tener competencias para imponer medidas preparatorias y de prevención.

(20)

Habida cuenta de la extensión de las responsabilidades y tareas de la ABE dispuesta en la presente Directiva, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deben velar por facilitarle sin demora los recursos humanos y financieros necesarios. A tal efecto, el procedimiento de elaboración, ejecución y control de su presupuesto a que se refieren los artículos 63 y 64 del Reglamento (UE) no 1093/2010 debe tener debidamente en cuenta estas tareas. El Parlamento Europeo y el Consejo deben velar por que se alcancen los mayores niveles de eficiencia.

(21)

Es esencial que las entidades preparen y actualicen regularmente planes de reestructuración que establezcan medidas que las entidades en cuestión deben adoptar con miras al restablecimiento de su situación financiera tras un deterioro importante. Los planes deben ser minuciosos y estar basados en hipótesis realistas aplicables a una serie de escenarios sólidos y estrictos. No obstante, la exigencia de preparar un plan de reestructuración debe aplicarse de manera proporcionada, de forma que refleje la importancia sistémica de la entidad y su interconexión, también mediante sistemas de garantía mutua, o del grupo. En ese sentido, el contenido necesario debe tener en cuenta la naturaleza de las fuentes de financiación de la entidad, incluidos los pasivos o fondos de garantía mutua, y el grado en que podría contarse, de forma convincente, con el apoyo del grupo. Las entidades deben presentar sus planes a las autoridades competentes, que realizarán una evaluación completa para determinar si son exhaustivos y permitirían restaurar la viabilidad de una entidad, en el momento oportuno, incluso en períodos de tensión financiera grave.

(22)

Los planes de reestructuración deben incluir las posibles medidas que deba adoptar la dirección de la entidad cuando se cumplan las condiciones que determinan la actuación temprana.

(23)

A la hora de determinar si una acción del sector privado podría impedir en un plazo de tiempo razonable la inviabilidad de una entidad, la autoridad de que se trate debe tener en cuenta la eficacia de las medidas de actuación temprana adoptadas en el margen de tiempo preestablecido por la autoridad competente. En caso de planes de reestructuración de grupo, a la hora de elaborarlos deben tenerse en cuenta las posibles repercusiones de las medidas de reestructuración en todos los Estados miembros en los que opere el grupo.

(24)

Cuando una entidad no presente un plan de reestructuración adecuado, las autoridades competentes deben estar facultados para exigirle que adopte las medidas necesarias a fin de corregir las deficiencias concretas del plan. Este requisito podría afectar a la libertad de empresa, garantizado por el artículo 16 de la Carta. La limitación de este derecho fundamental es, sin embargo, necesaria para cumplir los objetivos de estabilidad financiera. Más específicamente, dicha limitación es necesaria para impulsar la actividad económica de las entidades y evitar que crezcan en demasía o asuman riesgos excesivos sin poder hacer frente a eventuales reveses o pérdidas y restaurar su base de capital. La limitación es proporcionada, pues permite una acción preventiva en la medida en que ello resulte necesario para remediar las deficiencias y cumple, por lo tanto, lo dispuesto en el artículo 52 de la Carta.

(25)

La planificación es un componente esencial de una resolución eficaz. Las autoridades deben disponer de toda la información necesaria para determinar las funciones esenciales y garantizar la continuidad de dichas funciones. No obstante, el contenido de un plan de resolución debe ser proporcional a la importancia sistémica de la entidad o el grupo.

(26)

Debido al conocimiento privilegiado que tiene la entidad de su propio funcionamiento y de cualquier problema derivado del mismo, los planes de resolución deben elaborarlos las autoridades de resolución basándose, entre otras cosas, en la información facilitada por la entidad en cuestión.

(27)

A fin de cumplir el principio de proporcionalidad y de evitar cargas administrativas excesivas, debe permitirse individualmente, en los casos limitados especificados en la presente Directiva, la posibilidad de que las autoridades competentes y, cuando proceda, las autoridades de resolución eximan, según el caso concreto de que se trate, de los requisitos relativos a la elaboración de los planes de reestructuración y resolución. Estos casos incluyen a las entidades afiliadas a un organismo central y que estén exentas total o parcialmente de los requisitos prudenciales previstos en la legislación nacional de conformidad con el artículo 21 de la Directiva 2013/36/UE y a las entidades que pertenezcan a un sistema institucional de protección de conformidad con el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) no 575/2013. En cada caso, la concesión de la exención estará supeditada a las condiciones que se especifican en la presente Directiva.

(28)

Vista la estructura de capital de las entidades afiliadas a un organismo central, y para los fines de la presente Directiva, dichas entidades no estarán obligadas a elaborar cada una de ellas un plan de reestructuración o resolución separado por el simple hecho de que el organismo central al que están afiliadas esté sujeto a la supervisión directa del Banco Central Europeo.

(29)

Las autoridades competentes, sobre la base de la evaluación de la viabilidad de la resolución que realicen las autoridades de resolución pertinentes, deben tener la facultad de exigir cambios en la estructura y la organización de entidades directa o indirectamente a través de la autoridad competente, adoptar las medidas que sean necesarias y proporcionadas para reducir o eliminar los impedimentos prácticos e importantes para la aplicación de los instrumentos de resolución y garantizar la viabilidad de la resolución de las entidades de que se trate. Dada la naturaleza potencialmente sistémica de todas las entidades, es fundamental para mantener la estabilidad financiera que las autoridades puedan proceder a la resolución de cualquiera de ellas. Con el fin de respetar el derecho de libertad de empresa, reconocido por el artículo 16 de la Carta de Derechos Fundamentales, el margen de apreciación de las autoridades debe limitarse a lo que resulte necesario para simplificar la estructura y las operaciones de la entidad con el único objetivo de mejorar la viabilidad de la resolución. Además, cualquier medida impuesta con ese fin debe ser coherente con la legislación de la Unión. Las medidas no deben ser discriminatorias, ni directa ni indirectamente, por motivos de nacionalidad, y deben estar justificadas por la razón imperiosa de responder a motivos de estabilidad financiera en bien del interés público. Asimismo, las medidas adoptadas no deben sobrepasar el mínimo necesario para alcanzar los objetivos deseados. A la hora de determinar las medidas que se han de adoptar, las autoridades responsables de la resolución deben tener en cuenta las alertas y recomendaciones de la Junta Europea de Riesgo Sistémico creada por el Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (9).

(30)

Las medidas propuestas para abordar o eliminar obstáculos a la viabilidad de la resolución de una entidad o un grupo no deben impedir que las entidades ejerzan el derecho de establecimiento reconocido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(31)

Los planes de reestructuración y resolución no deben presuponer un acceso a ayuda financiera pública extraordinaria ni exponer a los contribuyentes al riesgo de sufrir pérdidas.

(32)

El tratamiento de grupo para la planificación de la reestructuración y la resolución previsto en la presente Directiva debe aplicarse a todos los grupos de entidades supervisados sobre una base consolidada, incluidos los grupos cuyas empresas estén vinculadas por una relación prevista en el artículo 22, apartado 7, de la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (10). Los planes de reestructuración y resolución deben tener en cuenta la estructura financiera, técnica y empresarial del grupo correspondiente. Cuando se elaboren planes de reestructuración y resolución individuales para entidades que formen parte de un grupo, el objetivo de las autoridades implicadas debe ser, en la medida de lo posible, la coherencia con los planes de reestructuración y resolución para el resto del grupo.

(33)

Por norma general se elaborarán planes de reestructuración y de resolución de grupo para la totalidad del grupo de que se trate y se determinarán medidas en relación con la empresa matriz y con todas las filiales que formen parte de un grupo. Las autoridades de que se trate que actúen en el seno del colegio de autoridades de resolución deben realizar todos los esfuerzos necesarios para alcanzar una decisión conjunta sobre la evaluación y la adopción de dichos planes. No obstante, en aquellos casos específicos en los que se haya elaborado un plan individual de reestructuración o resolución respectivamente, el ámbito del plan de reestructuración del grupo evaluado por el supervisor en base consolidada o el plan de reestructuración del grupo decidido por la autoridad de resolución a nivel de grupo no deberán incluir a las entidades de grupo para las que las autoridades de que se trate hayan evaluado o preparado planes individuales.

(34)

En el caso de planes de resolución de grupo, a la hora de elaborarlos deben tenerse específicamente en cuenta las posibles repercusiones de las medidas de resolución en todos los Estados miembros en los que opere el grupo. Las autoridades de resolución de los Estados miembros en los que el grupo tenga filiales deben participar en la elaboración del plan.

(35)

Los planes de reestructuración y resolución deben incluir procedimientos de información y consulta con los representantes de los empleados a lo largo de los procesos de reestructuración y resolución cuando ello resulte adecuado. En ese sentido, cuando proceda, deben respetarse los convenios colectivos o demás acuerdos suscritos por los interlocutores sociales, así como la legislación nacional y de la Unión sobre la participación de los sindicatos y los representantes de los trabajadores en los procesos de reestructuración empresarial.

(36)

Habida cuenta de la sensibilidad de la información contenida en ellos, las informaciones confidenciales contenidas en los planes de reestructuración y resolución deben estar sujetos a las disposiciones en materia de confidencialidad establecidas en la presente Directiva.

(37)

Las autoridades competentes deben transmitir los planes de reestructuración y cualquier modificación de los mismos a las autoridades de resolución pertinentes, quienes transmitirán los planes de resolución y cualquier modificación de los mismos a las primeras, con el fin de que todas las autoridades de resolución pertinentes estén siempre plenamente informadas.

(38)

En la actualidad existen diversas normas en las legislaciones nacionales de algunos Estados miembros que prohíben que una entidad de un grupo transfronterizo preste apoyo financiero a otra entidad del mismo grupo. Estas disposiciones están diseñadas para proteger a los acreedores y accionistas de cada entidad. Sin embargo, no tienen en cuenta la interdependencia de las entidades del mismo grupo. Por lo tanto, conviene establecer en qué condiciones pueden transmitirse ayudas financieras entre entidades de un grupo de entidades transfronterizo con el fin de garantizar la estabilidad financiera del grupo en su conjunto sin poner en peligro la liquidez ni la solvencia de la entidad de grupo que presta la ayuda. La ayuda financiera entre entidades de un grupo debe ser voluntaria y debe someterse a unas salvaguardas adecuadas. Conviene que los Estados miembros no hagan depender el ejercicio del derecho de establecimiento, ni directa ni indirectamente, de la existencia de un acuerdo de concesión de ayuda financiera. Las disposiciones relativas a la ayuda financiera dentro del grupo que figuran en la presente Directiva no afectarán a los acuerdos de responsabilidad contractual o legal entre entidades que protegen a las entidades participantes mediante garantías cruzadas y acuerdos equivalentes. Cuando una autoridad competente restrinja o prohíba la ayuda financiera dentro del grupo y cuando el plan de reestructuración del grupo haga referencia a una ayuda financiera dentro del mismo, dicha prohibición o restricción deberá considerarse un cambio material para los fines de revisión del plan de reestructuración.

(39)

Durante las fases de reestructuración e actuación temprana previstas en la presente Directiva los accionistas deben mantener en su totalidad la responsabilidad y el control de la entidad, salvo cuando la autoridad competente haya nombrado a un administrador provisional. Dejarán de asumir esta responsabilidad cuando la entidad se someta a resolución.

(40)

Con el fin de preservar la estabilidad financiera, es importante que las autoridades competentes puedan corregir el deterioro de la situación financiera y económica de una entidad antes de que llegue a un punto en el que las autoridades no tengan más alternativa que la resolución. Para ello, las autoridades competentes deben contar con competencias de intervención desde el primer momento, incluida la competencia de nombrar a un administrador provisional, ya sea para sustituir o colaborar temporalmente con el órgano de dirección y la alta dirección de una entidad. El cometido del administrador provisional debe ser el de ejercer todas las competencias que se le confieran con miras a promover soluciones para restablecer la situación financiera de la entidad. La designación del administrador provisional no debe, sin embargo, interferir indebidamente en los derechos de los accionistas o propietarios, ni tampoco en los requisitos de procedimiento establecidos por el Derecho de sociedades nacional o de la Unión, y debe respetar las obligaciones internacionales de la Unión o de los Estados miembros en materia de protección de las inversiones. Las facultades de actuación temprana deben incluir las ya especificadas en la Directiva 2013/36/UE para circunstancias distintas a las consideradas actuación temprana, así como otras situaciones consideradas necesarias para restaurar la solvencia financiera de una entidad.

(41)

El marco de resolución debe disponer que la incoación de la resolución tenga lugar antes de que la entidad financiera sea insolvente de acuerdo con su balance y antes de que todo su patrimonio haya desaparecido. La resolución debe iniciarse cuando una autoridad competente, previa consulta a una autoridad de resolución, determine que una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser, y que las medidas alternativas especificadas en la presente Directiva impedirían dicha inviabilidad en un plazo razonable. Con carácter excepcional, los Estados miembros pueden prever que, además de la autoridad competente, la determinación de si una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser pueda realizarla también la autoridad de resolución, previa consulta a la autoridad competente. El hecho de que una entidad no cumpla los requisitos de autorización no debe justificar en sí mismo el inicio de una resolución, especialmente si la entidad es o podría resultar aún viable. Debe considerarse que una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser, cuando incumpla o resulte probable que en el futuro próximo incumpla los requisitos necesarios para conservar su autorización, cuando el activo de la entidad sea o vaya a ser probablemente en el futuro próximo inferior a su pasivo, cuando la entidad no pueda o no resulte probable que vaya a poder en el futuro próximo hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de estas, o cuando la entidad necesite una ayuda financiera pública extraordinaria, excepto en las circunstancias particulares mencionadas en la presente Directiva. La necesidad de ayudas de urgencia de un banco central para crisis de liquidez no debe ser, por sí sola, una condición que evidencie de forma suficiente que una determinada entidad no puede o no podrá, en el futuro próximo, hacer frente al pago de sus deudas al vencimiento de estas.

Si dicho instrumento estuviera garantizado por un Estado, la entidad que acceda a él estaría sujeta a las normas en materia de ayudas de estado. A fin de preservar la estabilidad financiera, en particular en caso de escasez sistémica de liquidez, las garantías estatales sobre instrumentos de liquidez facilitados por los bancos centrales o las garantías estatales sobre los pasivos de nueva emisión para solventar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro no deben poner en marcha el marco de resolución siempre que se cumplan una serie de condiciones. En particular, las garantías estatales deben ser aprobadas con arreglo a lo dispuesto en el marco en materia de ayudas de estado y no deben formar parte de un paquete de ayuda más amplio, y además el uso de las garantías debe estar estrictamente limitado en el tiempo. Deben prohibirse las garantías de los Estados miembros para los valores de renta variable. Cuando ofrezcan una garantía, los Estados miembros deberán velar por que la garantía esté suficientemente remunerada por la entidad o la empresa de servicios de inversión. Además, la concesión de ayuda financiera pública extraordinaria no debe poner en marcha la resolución cuando un Estado miembro adquiera, como medida cautelar, una participación en el capital de una entidad, incluida una entidad de capital público, que cumpla sus requisitos de capital. Este puede ser el caso, por ejemplo, cuando se exija a una entidad que amplíe su capital debido al resultado de una prueba de resistencia («stress test») basada en hipótesis o de un ejercicio equivalente efectuado por autoridades macroprudenciales que incluya un requisito cuyo objetivo sea mantener la estabilidad financiera en el marco de una crisis sistémica, pero la entidad sea incapaz de obtener capital privadamente en los mercados. No se considerará que una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser basándose únicamente en que se le haya proporcionado ayuda financiera pública extraordinaria antes de la entrada en vigor de la presente Directiva. Finalmente, el acceso a los instrumentos de liquidez, incluida la ayuda de emergencia en forma de liquidez de los bancos centrales, puede constituir una ayuda pública de conformidad con el marco de ayudas de estado.

(42)

En caso de resolución de un grupo con actividades transfronterizas, toda medida de resolución debe tener en cuenta el posible impacto de la resolución en todos los Estados miembros en los que opera la entidad o el grupo.

(43)

Las competencias de las autoridades de resolución deben ser también aplicables a las sociedades de cartera cuando la sociedad y una de sus entidades filiales sean inviables o exista la probabilidad de que lo vayan a ser, ya sea en la Unión o en un tercer país. Además, incluso si una sociedad de cartera no es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser, podrán aplicársele las competencias de las autoridades de resolución si una o más entidades cumplen las condiciones de resolución o que una entidad de un tercer país cumple las condiciones de resolución en ese país tercero y si la aplicación de las competencias de resolución respecto a la sociedad de cartera es necesaria para la resolución de una o más de sus filiales o para la resolución del grupo en su conjunto.

(44)

Si una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser, las autoridades nacionales deben tener a su disposición un conjunto mínimo armonizado de instrumentos y competencias de resolución. Su utilización debe estar sujeta a condiciones, objetivos y principios generales comunes. Una vez la autoridad de resolución haya tomado la decisión de iniciar la resolución de la entidad, debe prescindirse de los procedimientos de insolvencia ordinarios salvo si este procedimiento debe combinarse con la aplicación de instrumentos de resolución y ello a iniciativa de la autoridad de resolución. Los Estados miembros deben otorgar a las autoridades de resolución competencias e instrumentos que se añadirían a los otorgados por la presente Directiva. El uso de estos instrumentos y competencias debe ser coherente, sin embargo, con los principios y objetivos recogidos en ella. En particular, dicho uso no tiene que obstaculizar la resolución efectiva de grupos transfronterizos.

(45)

A fin de evitar riesgos morales, una entidad inviable debe poder salir del mercado sin perturbar el sistema, independientemente de su tamaño y su interconexión. En principio, una entidad inviable debe ser liquidada conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Sin embargo, una liquidación realizada conforme a estos procedimientos puede poner en peligro la estabilidad financiera, interrumpir la prestación de funciones esenciales y afectar a la protección de los depositantes. En este caso, es muy probable que exista un interés público a poner una entidad en procedimiento de resolución y a aplicar instrumentos de resolución en lugar de recurrir a un procedimiento ordinario de insolvencia. Los objetivos de la resolución deben ser, por tanto, garantizar la continuidad de las funciones esenciales, evitar los efectos negativos para la estabilidad financiera, proteger los fondos públicos, minimizando la dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias destinadas a entidades inviables y proteger a los depositantes cubiertos, a los inversores, los fondos de los clientes y los activos de los clientes.

(46)

Antes de aplicar los instrumentos de resolución, debe considerarse siempre la posibilidad de liquidar la entidad inviable con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Para mantener en funcionamiento las actividades de una entidad inviable recurriendo a los instrumentos de resolución deben utilizarse, en la medida de lo posible, fondos privados. Esto puede conseguirse bien mediante la venta a un comprador del sector privado (o la fusión con el mismo) o, una vez efectuada la amortización («write down») de los pasivos de la entidad o la conversión de su deuda en capital, mediante una recapitalización interna.

(47)

Al aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución, las autoridades responsables deben adoptar todas las medidas adecuadas para asegurarse de que la medida de resolución se adopte de conformidad con determinados principios, incluidos los de que los accionistas y acreedores asuman una parte adecuada de las pérdidas, que la dirección sea, en principio, sustituida, que los costes de la resolución de la entidad se minimicen y que los acreedores de la misma categoría reciban un trato equitativo. En particular, en caso de que acreedores de la misma categoría reciban un trato diferente en el contexto de la medida de resolución, tales diferencias de trato deben estar justificadas por razones de interés público y no deben ser directa ni indirectamente discriminatorias por motivos de nacionalidad. Cuando el uso de los instrumentos de resolución implique conceder ayudas de estado, las intervenciones deben ser evaluadas conforme a las disposiciones pertinentes en materia de ayudas de estado. Puede existir ayuda estatal, entre otras cosas, cuando los fondos de resolución o los fondos de garantía de depósitos intervienen para respaldar la resolución de las entidades inviables.

(48)

Al aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución, las autoridades de resolución deben informar y consultar, cuando proceda, a los representantes de los empleados. En ese sentido, deben respetarse en su totalidad, cuando ello sea aplicable, los convenios colectivos o de otro tipo adoptados por los interlocutores sociales.

(49)

Las limitaciones de los derechos de los accionistas y acreedores deben ser coherentes con el artículo 52 de la Carta. Por lo tanto, los instrumentos de resolución deben aplicarse únicamente a las entidades inviables o exista la probabilidad de que lo vayan a ser, y solo cuando sea necesario para perseguir el objetivo de la estabilidad financiera en aras del interés general. En particular, deben aplicarse cuando no sea posible liquidar la entidad en el marco de un procedimiento concursal ordinario sin desestabilizar el sistema financiero, las medidas sean necesarias para garantizar la transmisión rápida y la continuidad de las funciones de importancia sistémica y no existan perspectivas razonables de otras soluciones alternativas de origen privado, por ejemplo una ampliación de capital efectuada por los accionistas existentes o por terceros que permita restablecer totalmente la viabilidad de la entidad. Además, al aplicar los instrumentos de resolución y ejercer las competencias de resolución, deben tenerse en cuenta el principio de proporcionalidad y las especificidades de la forma jurídica de una entidad.

(50)

La interferencia con los derechos de propiedad no debe ser desproporcionada. Los accionistas y los acreedores afectados no deben incurrir en pérdidas más importantes que las que hubieran sufrido si la entidad hubiera sido liquidada en el momento en que se adopta la decisión de proceder a la resolución. En caso de transmisión parcial de los activos de una entidad objeto de resolución a un comprador privado o a un banco puente, la parte residual de la entidad objeto de resolución debe ser liquidada con arreglo a unos procedimientos de insolvencia ordinarios. Con objeto de proteger a los accionistas y acreedores restantes en el procedimiento de liquidación de la entidad, los mismos han de tener derecho a recibir, como pago o compensación de sus créditos en el proceso de liquidación, no menos de lo que se estima que habrían recuperado si toda la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

(51)

Para proteger el derecho de los accionistas y acreedores, deben establecerse unas obligaciones claras en materia de valoración de los activos y pasivos de la entidad objeto de resolución y, en los casos en que así lo exija la presente Directiva, de valoración del trato que habrían recibido los accionistas y acreedores si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios. Debería ser posible comenzar una valoración ya en la fase de actuación temprana. Antes de emprender una medida de resolución, debe llevarse a cabo una valoración razonable y realista de los activos y pasivos de la entidad. Tal valoración debe poder ser objeto de recurso únicamente junto a la decisión de resolución. Además, cuando así lo exija la presente Directiva, debe llevarse a cabo, una vez aplicados los instrumentos de resolución, una comparación a posteriori entre el trato que se ha dado a accionistas y acreedores y el trato que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios. Si se determina que los accionistas y los acreedores han recibido, como pago o compensación de sus créditos, menos de lo que habrían recibido con arreglo a procedimientos de insolvencia ordinarios, deben tener derecho al pago de la diferencia, en los casos en que así lo exija la presente Directiva. Contrariamente a la valoración previa a la medida de resolución, debe disponerse de la posibilidad de oponerse a esta comparación de forma independiente a la decisión de resolución. Los Estados miembros deben ser libres de decidir las modalidades de pago de la eventual diferencia de trato a accionistas y acreedores. Caso de existir, la diferencia debe ser abonada a través de los mecanismos de financiación establecidos de conformidad con la presente Directiva.

(52)

Es importante que se reconozcan las pérdidas en caso de inviabilidad de una entidad. La valoración de los activos y pasivos de entidades inviables debe basarse en unos supuestos razonables, prudentes y realistas en el momento en que se aplican los instrumentos de resolución. El valor de las obligaciones no debe, no obstante, verse afectado en la valoración del estado financiero de la entidad. Por motivos de urgencia, las autoridades de resolución deben poder realizar una valoración rápida de los activos o de los pasivos de una entidad inviable. Esta valoración debe ser provisional y aplicarse hasta el momento en que se lleve a cabo una valoración independiente. Las normas técnicas vinculantes de la ABE relativas a la metodología de valoración deben establecer un marco de principios que se utilizará a la hora de realizar dichas valoraciones, y permitir que las autoridades de resolución y los valoradores independientes apliquen, cuando proceda, metodologías específicas diferentes.

(53)

Es necesario actuar con rapidez y coordinación para mantener la confianza de los mercados y minimizar el contagio. Una vez que se ha estimado que una entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser y que no existe perspectiva razonable de que ninguna acción alternativa del sector privado ni ninguna acción de supervisión puedan impedir la inviabilidad de la entidad dentro de un plazo razonable, las autoridades de resolución no deben demorarse en adoptar medidas adecuadas y coordinadas de resolución. La diversidad de circunstancias en las que puede tener lugar una inviabilidad y, en particular, la posible urgencia que presente la situación, deben poder justificar que las autoridades de resolución emprendan la medida de resolución sin imponer la obligación de recurrir primero a las competencias de actuación temprana.

(54)

A la hora de emprender acciones de resolución, las autoridades de resolución deben tener en cuenta y seguir las medidas previstas en los planes de resolución, salvo que estas consideren, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, que los objetivos de la resolución podrán conseguirse más fácilmente mediante acciones no previstas en los planes de resolución.

(55)

Salvo que la presente Directiva establezca expresamente otra cosa, los instrumentos de resolución deben aplicarse antes de que se produzca una inyección de capital del sector público, o cualquier ayuda financiera pública extraordinaria equivalente. Esto, sin embargo, no debe impedir la utilización de fondos de los sistemas de garantía de depósitos o de fondos de resolución para absorber las pérdidas que, de no ser así, habrían sufrido los depositantes garantizados o los acreedores discrecionalmente excluidos. A este respecto, la concesión de ayuda financiera pública extraordinaria o de fondos de resolución, incluidos los sistemas de garantía de depósitos, al objeto de respaldar la resolución de entidades en peligro de inviabilidad, debe respetar la normativa en materia de ayudas de estado.

(56)

Cuando los problemas en los mercados financieros en la Unión tienen su origen en acontecimientos que afectan al sistema, ello puede tener un efecto adverso en la economía y en los ciudadanos en toda la Unión. Por consiguiente, los instrumentos de resolución deben diseñarse y ser adecuados para hacer frente a una amplia serie de situaciones en gran parte imprevisibles, teniendo en cuenta que puede haber una diferencia entre una única entidad en crisis y una crisis del sistema bancario más amplia.

(57)

Cuando la Comisión proceda a la evaluación de la ayuda pública, de conformidad con el artículo 107 del TFUE, de los instrumentos de estabilización a que se hace referencia en la presente Directiva, debe evaluar separadamente si los instrumentos gubernamentales de estabilización financiera no incumplen ninguna disposición de la legislación de la Unión intrínsecamente vinculada, incluidas las relacionadas con el requisito mínimo de absorción de pérdidas del 8 % incluido en la presente Directiva, así como si existe una situación de crisis sistémica realmente extraordinaria que justifica el recurso a dichos instrumentos de conformidad con la presente Directiva, garantizando al mismo tiempo un nivel de igualdad en el mercado interior. De conformidad con los artículos 107 y 108 del TFUE, dicha evaluación debe realizarse antes de que se utilice un instrumento gubernamental de estabilización.

(58)

La aplicación de los instrumentos gubernamentales de estabilización debe ser neutra a medio plazo desde un punto de vista económico.

(59)

Entre los instrumentos de resolución debe estar la venta de las actividades o acciones de la entidad objeto de resolución, la constitución de una entidad puente, la segregación de los activos productivos y los activos cuyo valor se haya deteriorado o que sean improductivos de la entidad inviable, y la recapitalización interna por parte de los accionistas y los acreedores de la entidad inviable.

(60)

Cuando se hayan utilizado los instrumentos de resolución para transmitir los servicios de importancia sistémica o las actividades viables de una entidad en graves dificultades a una entidad sana, como un comprador del sector privado o una entidad puente, la parte residual de la entidad debe liquidarse en un período de tiempo razonable, teniendo en cuenta la necesidad de que la entidad inviable preste servicios o apoyo que permitan al comprador, o a la entidad puente, ejercer las actividades o servicios adquiridos en virtud de dicha transmisión.

(61)

El instrumento de venta del negocio debe permitir a las autoridades efectuar una venta de la entidad o partes de sus actividades a uno o más compradores sin el consentimiento de los accionistas. Al aplicar este instrumento, las autoridades deben dar los pasos necesarios para poner a la venta la mencionada entidad o parte de sus actividades en el marco de un proceso abierto, transparente y no discriminatorio, intentando a la vez maximizar en lo posible el precio de venta. Cuando este procedimiento sea imposible por razones de urgencia, las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para hacer frente a los efectos adversos en la competencia y el mercado interior.

(62)

Cualquier ingreso neto procedente de la transmisión de activos o pasivos de la entidad en resolución debe beneficiar a la entidad objeto de resolución al aplicar el instrumento de venta del negocio debe beneficiar a la entidad restante en el procedimiento de liquidación. Todo ingreso neto procedente de la transmisión de acciones u otros instrumentos de capital emitidos por la entidad objeto de resolución al aplicar el instrumento de venta del negocio debe beneficiar a los propietarios de dichas acciones u otros instrumentos de capital. Los ingresos deben calcularse deduciendo los costes derivados de la inviabilidad de la entidad y del proceso de resolución.

(63)

Para llevar a cabo sin demora la venta de las actividades y para proteger la estabilidad financiera, la evaluación del comprador de una participación cualificada debe realizarse oportunamente, de manera que no se demore la aplicación del instrumento de venta del negocio de conformidad con la presente Directiva, por lo que es necesaria una excepción respecto a los plazos y procedimientos establecidos en la Directiva 2013/36/UE y en la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11).

(64)

Es probable que la información relativa a la venta de una entidad inviable y a las negociaciones con los posibles adquirentes antes de aplicar el instrumento de venta del negocio sea de importancia sistémica. A fin de garantizar la estabilidad financiera, es importante que la divulgación de esta información, requerida por el Reglamento (UE) no 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) pueda retrasarse durante el período de tiempo necesario para planificar y estructurar la resolución de la entidad, conforme a los retrasos permitidos en virtud del régimen de abuso del mercado.

(65)

Al tratarse de una entidad total o parcialmente perteneciente a una o varias autoridades públicas o controlada por ellas, una entidad puente debe tener como principal objetivo garantizar la continuidad de los servicios financieros básicos para los clientes de la entidad inviable y el mantenimiento de las actividades financieras esenciales. La entidad puente debe volver a funcionar como una empresa viable y volver al mercado cuando las condiciones sean adecuadas y dentro del plazo especificado en la presente Directiva, o liquidarse si no es viable.

(66)

La segregación de activos debe permitir a las autoridades transmitir activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución a otra entidad distinta. Dicho instrumento solo se debe usar en combinación con otros instrumentos, a fin de evitar una ventaja competitiva indebida para la entidad inviable.

(67)

Un mecanismo de resolución eficaz debe reducir al mínimo la posibilidad de que los costes de la resolución de una entidad inviable sean asumidos por los contribuyentes. Debe también garantizar que las entidades de envergadura sistémica sean objeto de resolución sin poner en peligro la estabilidad financiera. El instrumento de recapitalización interna (bail-in) persigue este objetivo garantizando que los accionistas y los acreedores de la entidad inviable sufran las pérdidas pertinentes y asuman la parte correspondiente de los costes que se deriven de la inviabilidad de la entidad. El instrumento de recapitalización interna supondrá por tanto un importante incentivo para que los accionistas y los acreedores de las entidades controlen la salud de una entidad en circunstancias normales y cumple la recomendación del Consejo de Estabilidad Financiera de que en el marco de resolución se incluyan competencias estatutarias de reducción y conversión del valor de la deuda como una opción adicional junto con otros instrumentos de resolución.

(68)

A fin de garantizar que las autoridades de resolución tengan la flexibilidad necesaria para asignar las pérdidas a los acreedores en diversas circunstancias, es conveniente que puedan utilizar el instrumento de recapitalización interna, tanto cuando el objetivo sea aplicar el procedimiento de resolución a la entidad inviable a la vez que se mantienen sus actividades, si existen perspectivas realistas de restablecimiento de la viabilidad, como cuando se transmitan los servicios de importancia sistémica a una entidad puente y la parte residual de la entidad deje de operar y sea objeto de liquidación.

(69)

Cuando se aplique el instrumento de recapitalización interna con el objetivo de restaurar el capital de la entidad inviable y permitir que la misma siga operando, la resolución a través de este instrumento debe ir acompañada de la sustitución de la dirección, salvo en aquellos casos en que mantenerla se considere adecuado y necesario para el logro de los objetivos de la resolución, y la consiguiente reestructuración de la entidad y de sus actividades de tal forma que se aborden los motivos de su inviabilidad. Dicha reestructuración se debe conseguir mediante la aplicación de un plan de reorganización de las actividades. Cuando proceda, estos planes deben ser compatibles con el plan de reestructuración que la entidad debe presentar a la Comisión de conformidad con el marco de ayudas de estado. En particular, además de las medidas tendentes a restablecer la viabilidad a largo plazo de la entidad, el plan debe incluir medidas que limiten las ayudas al reparto mínimo de la carga, y medidas que reduzcan el falseamiento de la competencia.

(70)

No es adecuado recurrir al instrumento de recapitalización interna cuando se trate de reclamar créditos, en la medida en que estos estén asegurados, respaldados por activos o por otro tipo de garantía. Sin embargo, a fin de que el instrumento sea eficaz y consiga sus objetivos, resulta deseable que se pueda aplicar al mayor número posible de pasivos no garantizados de una entidad inviable. No obstante, conviene excluir determinados tipos de pasivos no garantizados del ámbito de aplicación de este instrumento. A fin de proteger a los titulares de depósitos garantizados, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse a los depósitos que estén protegidos en virtud de la Directiva 2014/49/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (13). A fin de garantizar la continuidad de las funciones esenciales, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse a las deudas con empleados de la entidad inviable, o las demandas de índole comercial en referencia a productos y servicios esenciales para el funcionamiento diario de la entidad. A fin de satisfacer los derechos de pensión y los importes de las pensiones adeudados a fondos de pensiones o a miembros de un fondo de pensiones, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse al pasivo de una institución inviable con respecto a un sistema de pensiones, salvo en el caso de los pasivos de las pensiones atribuibles a la remuneración variable que no se derivan de un convenio colectivo. A fin de reducir el riesgo de contagio sistémico, el instrumento de recapitalización interna no debe aplicarse a los pasivos surgidos de la participación en sistemas de pago cuyo plazo de vencimiento restante sea inferior a siete días, ni a los pasivos de entidades, excluidas las entidades que formen parte del mismo grupo, cuyo plazo de vencimiento inicial sea inferior a siete días.

(71)

Toda vez que la protección de los depositantes es uno de los objetivos más importantes de la resolución, los depósitos garantizados no deben someterse al instrumento de capitalización. El sistema de garantía de depósitos, sin embargo, debe contribuir a la financiación del proceso de resolución absorbiendo pérdidas en función de las pérdidas netas que hubiera tenido que sufrir tras indemnizar a los depositantes en los procedimientos de insolvencia ordinarios. El ejercicio de la competencia de recapitalización interna garantizaría que los depositantes continúen teniendo acceso a sus depósitos, lo que constituye la principal razón de ser de los sistemas de garantía de depósitos. No contemplar la participación de esos regímenes en tales circunstancias constituiría una ventaja injustificada frente al resto de los acreedores que estarían sujetos al ejercicio de las competencias de la autoridad de resolución.

(72)

Las autoridades de resolución deben poder excluir total o parcialmente los pasivos, en una serie de circunstancias, entre ellas cuando no sea posible recapitalizar dichos pasivos dentro de un plazo razonable, cuando la exclusión sea estrictamente necesaria y proporcionada con la consecución de la continuidad de las funciones esenciales y las ramas de actividad principales, o en caso de que la aplicación del instrumento de recapitalización interna a los pasivos pudiera originar una destrucción de valor tal que las pérdidas sufridas por otros acreedores serían más elevadas que si dichos pasivos no se hubieran excluido de la recapitalización interna. Las autoridades de resolución deben poder excluir o excluir parcialmente los pasivos cuando ello sea necesario para evitar una extensión del contagio y de la inestabilidad financiera que pudiera dar lugar a serias perturbaciones en la economía de un Estado miembro. Al llevar a cabo dichas evaluaciones, las autoridades de resolución deben tener en cuenta las consecuencias de una posible recapitalización interna de los pasivos procedente de depósitos admisibles de personas físicas y de microempresas, pequeñas y medianas empresas por encima del límite garantizado establecido en la Directiva 2014/49/UE.

(73)

Cuando se apliquen dichas exclusiones, podrá incrementarse el nivel de amortización o conversión de otros pasivos admisibles con objeto de tener en cuenta las exclusiones, supeditadas al respeto del principio de evitar a los acreedores perjuicios superiores a los de los procedimientos ordinarios de insolvencia. En caso de que las pérdidas no puedan transmitirse a otros acreedores, el mecanismo de financiación de la resolución podrá aportar a la entidad objeto de resolución una contribución supeditada a una serie de condiciones estrictas, que incluirán la exigencia de que ya se hayan recapitalizado las pérdidas que totalicen más del 8 % de los pasivos totales incluidos los fondos propios, y que la financiación aportada por el fondo de resolución se limite al 5 % de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, o a los medios disponibles para el fondo de resolución y el importe que pueda obtenerse mediante contribuciones ex post dentro de un plazo de tres años.

(74)

En circunstancias extraordinarias, en caso de que se hayan excluido los pasivos y el fondo de resolución se haya utilizado para contribuir a la recapitalización interna en lugar de dichos pasivos hasta el límite permisible, la autoridad de resolución debe poder tratar de obtener financiación procedente de mecanismos de fuentes de financiación.

(75)

El importe mínimo de la contribución tendente a la absorción de las pérdidas y a la recapitalización interna del 8 % del total de los pasivos, incluidos los fondos propios o, en su caso, el 20 % de los activos ponderados por riesgo debe calcularse basándose en la valoración efectuada para la resolución de conformidad con la presente Directiva. Las pérdidas históricas que ya hayan absorbido los accionistas mediante una reducción de los fondos propios antes de efectuar dicha valoración no deben incluirse en los mencionados porcentajes.

(76)

Ninguna de las disposiciones de la presente Directiva debe obligar a los Estados miembros a financiar mecanismos de financiación de la resolución con recursos procedentes de su presupuesto general.

(77)

Salvo que se especifique otra cosa en la presente Directiva, las autoridades de resolución deben aplicar el instrumento de recapitalización interna de manera que se trate de forma similar a los acreedores y se respete el rango estatutario de las reclamaciones conforme a la legislación aplicable en casos de insolvencia. Las pérdidas deben ser absorbidas en primer lugar por los instrumentos de capital regulador y ser asignadas a los accionistas, bien mediante la cancelación o transmisión de acciones o a través de una fuerte dilución. Si estos instrumentos no son suficientes, debe procederse a una conversión o amortización de la deuda subordinada. Si las categorías subordinadas se han convertido o amortizado ya totalmente, debe procederse a una conversión o liquidación de créditos preferentes.

(78)

En los casos en los que haya excepciones con respecto a los pasivos, como en el caso de los sistemas de pago y resolución, empleados o acreedores comerciales, o a un nivel preferencial como para los depósitos de personas físicas y de microempresas, pequeñas y medianas empresas, estas deben aplicarse en terceros países así como en el seno de la Unión. A fin de garantizar la capacidad de amortizar o convertir pasivos, cuando proceda, en terceros países, el reconocimiento de tal posibilidad debe figurar por escrito en los contratos a los que se aplique la legislación de la jurisdicción del tercer país, en particular en el caso de los pasivos que vayan a ser rescatados antes dentro de la jerarquía. No debe exigirse dicha cláusula contractual en el caso de los pasivos excluidos de la recapitalización interna, los depósitos de las personas físicas y de las microempresas, pequeñas y medianas empresas, o cuando la legislación del tercer país o un acuerdo vinculante celebrado con un tercer país permita que la autoridad de resolución del Estado miembro ejerza sus competencias de amortización y de conversión.

(79)

Para evitar que las entidades estructuren sus pasivos de forma tal que se atente contra la eficacia del instrumento de recapitalización interna, es conveniente establecer que las entidades dispongan en todo momento de un importe agregado de fondos propios y pasivos subordinados y de rango superior sometidos al instrumento de recapitalización interna, que sea superior a un determinado porcentaje de los pasivos totales de la entidad. Las autoridades de resolución deben también tener la facultad de exigir, según el caso, que dicho porcentaje se componga total o parcialmente de fondos propios o de un tipo específico de pasivos.

(80)

La presente Directiva adopta un planteamiento descendente por lo que respecta a la determinación del requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles dentro de un grupo. Este planteamiento reconoce además que la medida de resolución se aplica en el nivel de la persona jurídica individual, y que es imperativo que la capacidad de absorción de las pérdidas se sitúe en la entidad del grupo en que se produzcan tales pérdidas, o resulte accesible para dicha entidad. Con tal finalidad, las autoridades de resolución deben garantizar que la capacidad de absorción de pérdidas dentro de un grupo se distribuya por todo el grupo de conformidad con el nivel de riesgo de las personas jurídicas que lo constituyan. El requisito mínimo necesario para cada filial individual debe evaluarse por separado. Además, las autoridades de resolución deben garantizar que todo el capital y todos los pasivos que se contabilicen con miras al requisito mínimo consolidado se sitúen en entidades en las que puedan registrarse pérdidas, o que, de no ser así, estén disponibles para absorber pérdidas. La presente Directiva debe permitir una resolución con una activación múltiple o una activación única. El requisito mínimo de pasivos admisibles debe reflejar la estrategia de resolución que resulta adecuada para un grupo de conformidad con el plan de resolución. En particular, este requisito debe exigirse al nivel adecuado dentro del grupo con objeto de reflejar un enfoque de activación múltiple o un enfoque de activación única incluido en la resolución, teniendo en cuenta que podría haber circunstancias en las que se utilice un enfoque diferente del incluido en el plan, ya que ello permitiría, por ejemplo, alcanzar más fácilmente los objetivos de la resolución. Ante dicho panorama, e independientemente de si un grupo ha elegido el enfoque de activación única o el enfoque de activación múltiple, todas las personas jurídicas del grupo deben contar en todo momento con un requisito mínimo de pasivos admisibles fuertes con el fin de evitar el riesgo de contagio o el pánico bancario.

(81)

Los Estados miembros deben garantizar que los instrumentos de capital adicionales de nivel 1 y nivel 2 absorban plenamente las pérdidas al llegarse al punto de no viabilidad de la entidad emisora. Por lo tanto, las autoridades de resolución deben reducir el valor de estos instrumentos en su totalidad, o convertirlos en instrumentos de capital ordinario de nivel 1, al llegarse al punto de no viabilidad y antes de que se adopte cualquier otra medida de resolución. Para ello, por punto de no viabilidad se entenderá el momento en el que la autoridad de que se trate determine que la entidad cumple las condiciones para ser sometida a resolución o el momento en el que la autoridad decida que la entidad deja de ser viable si no se amortiza el valor de estos instrumentos de capital. El hecho de que los instrumentos vean amortizado su valor o sean convertidos por las autoridades en las circunstancias requeridas por la presente Directiva deberá reconocerse conforme a las condiciones que rigen el instrumento, y en cualquier folleto o documento de oferta publicado o suministrado en relación con los instrumentos.

(82)

Para permitir un resultado positivo de la resolución, debe ser posible que el instrumento se aplique antes del 1 de enero de 2016.

(83)

Las autoridades de resolución deben tener la posibilidad de utilizar solo parcialmente el instrumento de recapitalización interna cuando una evaluación de las posibles repercusiones para la estabilidad del sistema financiero de los Estados miembros afectados y del resto de la Unión demuestre que su aplicación total sería contraria a los intereses públicos generales de los Estados miembros o de la Unión en su conjunto.

(84)

Las autoridades de resolución deben tener todas las competencias legales necesarias que, en combinaciones diferentes, puedan ejercer al aplicar los instrumentos de resolución. Se trata de las competencias necesarias para transmitir acciones, activos, derechos o pasivos de una entidad inviable a otro ente, que puede ser otra entidad o una entidad puente; las competencias para amortizar o cancelar acciones, o amortizar o convertir los pasivos de una entidad inviable o convertirla en acciones; y las competencias para sustituir a la dirección e imponer una moratoria temporal al pago de créditos. Serán necesarias otras competencias adicionales, como la de exigir la continuidad de los servicios básicos de otras partes del grupo.

(85)

No es necesario imponer a las autoridades encargadas de la resolución las modalidades concretas de su intervención en la entidad inviable. Las autoridades encargadas de la resolución deben poder elegir entre asumir el control mediante la intervención directa en la entidad o a través de una orden ejecutiva, según las circunstancias del caso. Por el momento no parece que sea preciso imponer un único modelo para lograr una cooperación eficiente entre los Estados miembros.

(86)

El marco de resolución debe incluir requisitos de procedimiento para que las medidas de resolución sean notificadas y, con sujeción a las excepciones limitadas recogidas en la presente Directiva, publicadas debidamente. Sin embargo, dado que es probable que la información obtenida por las autoridades de resolución y sus asesores profesionales durante el proceso de resolución sea reservada, esta información debe someterse a un régimen de confidencialidad eficaz antes de hacer pública la decisión sobre la resolución. Se ha de tener en cuenta que la información sobre los contenidos y detalles de los planes de reestructuración y resolución y los resultados de cualquier evaluación de estos planes podría tener efectos de gran alcance, en particular para la empresa interesada. Toda información facilitada sobre una decisión antes de que se tome, ya sea sobre si se cumplen las condiciones de la resolución, sobre el uso de un instrumento específico o cualquier acción durante los procedimientos, puede tener presuntamente efectos en los intereses públicos y privados a los que afecte la acción. No obstante, la información de que la autoridad de resolución está examinando a una entidad específica puede ser suficiente para que existan efectos negativos para dicha entidad. Por consiguiente, se ha de velar por que existan los mecanismos adecuados para mantener la confidencialidad de esta información, por ejemplo el contenido y los detalles de los planes de reestructuración y los resultados de cualquier evaluación llevada a cabo en ese contexto.

(87)

Las autoridades de resolución deben disponer de competencias auxiliares para garantizar la eficacia de la transmisión de acciones o instrumentos de deuda y de activos, derechos y pasivos. Con sujeción a las salvaguardas previstas en la presente Directiva, estas competencias deben incluir la facultad de eliminar los derechos de terceros en relación con los instrumentos o activos transmitidos, de ejecutar contratos y de asegurar la continuidad de los mecanismos respecto del beneficiario de los activos y acciones transmitidas. Sin embargo, no deben verse afectados los derechos de los empleados a rescindir un contrato de trabajo. Tampoco debe verse afectado el derecho de una parte a rescindir un contrato con una entidad objeto de resolución o, con una filial de esta, por motivos distintos a la resolución de la entidad inviable. Las autoridades encargadas de la resolución también deben tener la competencia adicional de exigir a la entidad residual que está siendo objeto de liquidación conforme a los procedimientos de insolvencia ordinarios que preste los servicios necesarios para que pueda proseguir sus actividades la entidad a la que se han transmitido activos o acciones en virtud de la aplicación del instrumento de venta del negocio o de constitución de una entidad puente.

(88)

De conformidad con el artículo 47 de la Carta, las partes afectadas tienen el derecho a un procedimiento legal y a un recurso contra las medidas que les afecten. Por lo tanto, las decisiones adoptadas por las autoridades encargadas de la resolución deben someterse a un derecho de recurso.

(89)

Las medidas de gestión de crisis tomadas por las autoridades nacionales de resolución pueden requerir unas evaluaciones económicas complejas y un amplio margen de discreción. Las autoridades nacionales de resolución disponen específicamente de la experiencia necesaria para la realización de estas evaluaciones y para la determinación del uso apropiado del margen de discreción. Conviene, por lo tanto, que, a la hora de revisar las medidas de gestión de crisis en cuestión, los tribunales utilicen las complejas evaluaciones económicas realizadas por dichas autoridades en este contexto. No obstante, la complejidad de estas evaluaciones no debe impedir que los tribunales nacionales examinen si las pruebas en las que se basa la autoridad de resolución son precisas, fiables y coherentes en cuanto a los hechos, si contienen toda la información pertinente que se ha de tener en cuenta para evaluar una situación compleja y si sirven para justificar las conclusiones extraídas.

(90)

Puesto que esta Directiva se propone dar soluciones a situaciones de máxima urgencia, y como la suspensión de cualquier decisión de las autoridades de resolución podría obstaculizar la continuidad de las funciones esenciales, es necesario disponer que la presentación de una solicitud de revisión no dé lugar a la suspensión automática de los efectos de la decisión impugnada y que la decisión de la autoridad de resolución sea ejecutable de forma inmediata con la presunción de que su suspensión iría en contra del interés público.

(91)

Además, cuando resulte necesario para proteger a terceros que hayan adquirido de buena fe activos, derechos o pasivos de la entidad objeto de resolución en el marco del ejercicio de las competencias de resolución por parte de las autoridades, y para lograr la estabilidad de los mercados financieros, el derecho de recurso no debe afectar a los actos administrativos subsiguientes ni a las transacciones celebradas en virtud de una decisión anulada. En tales casos, las medidas de corrección correspondientes a una decisión o acción incorrecta deben limitarse a una indemnización por el daño sufrido por las personas afectadas.

(92)

Habida cuenta de que puede ser necesario adoptar las medidas de gestión de crisis urgentemente debido a la existencia de graves riesgos para la estabilidad en los Estados miembros y la Unión, todo procedimiento del Derecho nacional relativo a la solicitud de aprobación judicial ex ante de una medida de gestión de crisis y al estudio de la misma por el tribunal debe llevarse a cabo con rapidez. Teniendo en cuenta la urgencia con que se ha de adoptar una medida de gestión de crisis, el tribunal debe adoptar una decisión en un plazo de 24 horas y el Estado miembro debe garantizar que la autoridad de que se trate pueda adoptar una decisión inmediatamente después de que el tribunal haya dado su aprobación. Ello se debe hacer sin perjuicio del derecho que las partes interesadas puedan tener a presentar una solicitud al tribunal para que retire la decisión, durante un período de tiempo limitado después de que la autoridad de resolución haya tomado la medida de gestión de crisis.

(93)

Para garantizar la eficacia de la resolución, y con el fin de evitar conflictos de jurisdicción, no deben iniciarse o proseguirse los procedimientos de insolvencia ordinarios contra la entidad inviable mientras la autoridad encargada de la resolución esté ejerciendo sus competencias de resolución o aplicando instrumentos de resolución para este fin, salvo por iniciativa de la autoridad de resolución o con su consentimiento. También resultaría útil y necesario suspender durante un período limitado determinadas obligaciones contractuales para que la autoridad tenga tiempo de poner en práctica los instrumentos de resolución. Esto no debe aplicarse, no obstante, a los pasivos en el caso de sistemas mencionados en la Directiva 98/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (14), las contrapartes centrales y los bancos centrales. La Directiva 98/26/CE reduce el riesgo asociado a la participación en sistemas de pagos y de liquidación de valores, en particular limitando la perturbación en caso de insolvencia de un participante en dicho sistema. Para garantizar que estas protecciones se apliquen adecuadamente en tiempos de crisis, manteniendo al mismo tiempo un grado adecuado de seguridad para los operadores de sistemas de pagos y de liquidación y otros participantes en el mercado, la presente Directiva prevé que una medida de prevención o de gestión de crisis no debe considerarse en sí misma como procedimiento de insolvencia según lo dispuesto en la Directiva 98/26/CE, siempre que sigan ejerciéndose las obligaciones sustantivas con arreglo al contrato. Sin embargo, ningún elemento de esta Directiva prejuzga el funcionamiento de un sistema designado de conformidad con la Directiva 98/26/CE o el derecho a una garantía constituida garantizada por el artículo 9 de la Directiva 98/28/CE.

(94)

A fin de que las autoridades de resolución, al transmitir activos y pasivos a un comprador del sector privado o a una entidad puente, tengan un período de tiempo suficiente para identificar los contratos que hay que transmitir, podría ser conveniente imponer restricciones proporcionadas a los derechos de las contrapartes de rescindir, vencer anticipadamente o finalizar de otro modo los contratos financieros antes de que se realice la transmisión. Esa restricción sería necesaria para que las autoridades puedan hacerse una imagen fidedigna del balance de la entidad inviable, sin los cambios de valor y objeto que conllevaría un ejercicio de derechos de rescisión a gran escala. A fin de interferir lo menos posible con los derechos contractuales de las contrapartes, la restricción de los derechos de rescisión debe aplicarse únicamente en relación con la medida de prevención o de gestión de crisis, incluido el acaecimiento de un hecho directamente relacionado con la aplicación de dicha medida, y se deben mantener los derechos de rescisión derivados de cualquier otro incumplimiento, incluida la inviabilidad de pago o la incapacidad de generar un margen.

(95)

A fin de respetar las disposiciones legítimas acordadas en los mercados de capital, en caso de que se transmita una parte, pero no la totalidad, de los activos, los derechos y los pasivos de una entidad inviable, conviene incluir mecanismos de salvaguardia para evitar la división de los pasivos, los derechos y los contratos vinculados, cuando proceda. Esta restricción impuesta sobre la selección de contratos vinculados debe hacerse extensiva a los contratos con la misma contraparte cubiertos por acuerdos de garantía, acuerdos de garantía financiera mediante transmisión de títulos, acuerdos de compensación, acuerdos de liquidación por compensación y acuerdos de financiación estructurada. Cuando se aplique el mecanismo de salvaguardia, las autoridades de resolución deben estar obligados a transmitir todos los contratos vinculados dentro de un sistema protegido, o dejarlos todos a la entidad residual inviable. Estas salvaguardas deben garantizar que no se vea afectado el tratamiento de los requisitos de capital en relación con los riesgos cubiertos por un acuerdo de compensación a efectos de la Directiva 2013/36/CE.

(96)

Aunque garantizar que las autoridades de resolución cuenten con los mismos instrumentos y competencias facilitará la coordinación de las acciones en caso de inviabilidad de un grupo transfronterizo, parece necesario adoptar más acciones para promover la cooperación y evitar respuestas nacionales fragmentadas. Se debe exigir a las autoridades de resolución que se consulten entre sí y cooperen en la resolución de entidades de grupo vinculadas, en colegios de autoridades de resolución, de cara a acordar un mecanismo de resolución de grupo. Se deben crear colegios de autoridades de resolución integrados en torno al núcleo de los colegios de autoridades de supervisión existentes mediante la inclusión de autoridades de resolución, con la participación de los ministerios competentes, los bancos centrales, la ABE y, cuando proceda, de las autoridades responsables de la supervisión de los sistemas de garantía de depósitos. En caso de crisis, el colegio de autoridades de resolución debe servir de foro para el intercambio de información y la coordinación de las medidas de resolución.

(97)

La resolución de los grupos transfronterizos debe encontrar un equilibrio entre, por un lado, la necesidad de procedimientos que tengan en cuenta la urgencia de la situación y encuentren soluciones eficaces, justas y rápidas para el grupo en su conjunto y, por otro, la necesidad de proteger la estabilidad financiera en todos los Estados miembros en los que opera el grupo. Las diferentes autoridades de resolución deben intercambiar sus puntos de vista en el colegio de autoridades de resolución. Las acciones de resolución propuestas por la autoridad de resolución a nivel de grupo deben ser preparadas y debatidas por las diferentes autoridades de resolución en el contexto de los planes de resolución de grupo. Los colegios de autoridades de resolución deben integrar las posiciones de las autoridades de resolución de todos los Estados miembros en los que opera el grupo con el fin de facilitar, siempre que sea posible, unas decisiones conjuntas rápidas. Las acciones de resolución emprendidas por la autoridad de resolución a nivel de grupo han de tener siempre en cuenta el impacto en la estabilidad financiera de los Estados miembros en los que opera el grupo. Para garantizar esta última, las autoridades de resolución del Estado miembro en el que está establecida una filial deben tener la posibilidad de oponerse a las decisiones de la autoridad de resolución a nivel de grupo, no sólo en cuanto a la oportunidad de las acciones y las medidas de resolución, sino también a la necesidad de proteger la estabilidad financiera en dicho Estado miembro.

(98)

El colegio de autoridades de resolución no debe ser un órgano decisorio, sino una plataforma que facilite la toma de decisiones por parte de las autoridades nacionales. Las decisiones conjuntas deben ser adoptadas por las diferentes autoridades de que se trate.

(99)

El hecho de crear un plan de resolución de grupo facilitaría una resolución coordinada, lo que probablemente redundaría en los mejores resultados para todas las entidades de un grupo. La autoridad de resolución a nivel de grupo debe proponer el dispositivo de resolución de grupo y presentarlo al colegio de autoridades de resolución. Las autoridades nacionales de resolución que no estén de acuerdo con el plan o decidan emprender una medida de resolución independiente deben explicar las razones de su desacuerdo y notificarlas, junto con los pormenores de toda medida de resolución que tengan intención de emprender, a la autoridad de resolución a nivel de grupo y a las demás autoridades de resolución que estén cubiertas por el plan de resolución de grupo. Toda autoridad nacional que decida apartarse del plan de resolución de grupo debe prestar la debida consideración a la posible repercusión en la estabilidad financiera de los Estados miembros en que estén situadas las otras autoridades de resolución, así como a los efectos potenciales en otras partes del grupo.

(100)

Como parte de un plan de resolución de grupo, se recomienda a las autoridades que apliquen el mismo instrumento a todas las personas jurídicas que cumplan las condiciones de resolución. Las autoridades responsables de la resolución a nivel de grupo deben tener la facultad de aplicar el instrumento del banco puente a nivel de grupo (lo que podría suponer, cuando proceda, medidas para el reparto de la carga) a fin de estabilizar un grupo en su conjunto. Se podría transmitir la titularidad de las filiales al banco puente de cara a una venta posterior, bien globalmente o por separado, cuando las condiciones del mercado sean adecuadas. Asimismo, la autoridad responsable de la resolución a nivel de grupo debe tener la facultad de recurrir a la recapitalización interna a nivel de la entidad matriz.

(101)

Para llevar a cabo una resolución eficaz de entidades y grupos que operen a nivel internacional es necesaria la cooperación entre la Unión, los Estados miembros y las autoridades de resolución de terceros países. La cooperación resultará más fácil si los sistemas de resolución de terceros países se basan en los principios y enfoques comunes que están desarrollando el Consejo de Estabilidad Financiera y el G-20. En este sentido, la ABE debe estar facultada para impulsar y emprender, de conformidad con el artículo 33 del Reglamento (UE) no 1093/2010, acuerdos marco de cooperación no vinculantes con autoridades de terceros países, y debe permitirse que las autoridades nacionales celebren acuerdos bilaterales que concuerden con los acuerdos marco de la ABE. El desarrollo de tales acuerdos de cooperación celebrados entre las autoridades nacionales responsables de gestionar las inviabilidades de empresas multinacionales debe ser un medio para garantizar que la planificación, la toma de decisiones y la coordinación resulten eficaces en lo que atañe a los grupos internacionales. En general, debe haber reciprocidad en tales acuerdos. Las autoridades nacionales de resolución, como parte del colegio de autoridades de resolución europeo, deben reconocer y aplicar, cuando proceda, los procedimientos de resolución de un tercer país en las circunstancias establecidas en la presente Directiva.

(102)

La cooperación debe producirse tanto entre las filiales de grupos de la Unión o de terceros países como entre las sucursales de entidades de la Unión o de terceros países. Las filiales de grupos de terceros países son empresas establecidas en la Unión, por lo que están plenamente sometidas al Derecho de la Unión, incluidos los instrumentos de resolución contemplados en la presente Directiva. Sin embargo, es necesario que los Estados miembros mantengan también el derecho de actuar en relación con sucursales de entidades que tengan su sede principal en terceros países, si el reconocimiento y la aplicación a una sucursal de procedimientos de resolución de terceros países pudiera poner en peligro la estabilidad financiera de la Unión, o cuando los depositantes de la Unión no recibieran un trato igualitario en comparación con los depositantes de terceros países. En estas circunstancias, y en las demás circunstancias establecidas en la presente Directiva, los Estados miembros deben tener la facultad de rechazar, previa consulta de las autoridades nacionales de resolución, el reconocimiento de los procedimientos de resolución de terceros países con respecto a sucursales de entidades de terceros países en la Unión.

(103)

En algunas circunstancias, la eficacia de los instrumentos de resolución aplicados puede depender de la disponibilidad de financiación a corto plazo para la entidad o la entidad puente, del hecho de que se ofrezcan garantías a los posibles compradores o de que se proporcione capital a la entidad puente. A pesar del papel que desempeñan los bancos centrales a la hora de proporcionar liquidez al sistema financiero, incluso en períodos de tensión, es importante que los Estados miembros establezcan mecanismos de financiación para evitar que los fondos necesarios para estos fines provengan de los presupuestos nacionales. Debe ser el sector financiero, en su conjunto, el que financie la estabilización del sistema financiero.

(104)

Como norma general, los Estados miembros deben crear su mecanismo de financiación nacional mediante fondos controlados por sus autoridades de resolución, que deberá utilizarse para los fines establecidos en la presente Directiva. No obstante, se debe prever una excepción estrictamente enmarcada que permita a los Estados miembros crear sus mecanismo de financiación nacional mediante contribuciones obligatorias de las entidades autorizadas en su territorio y que no se efectúen a través de un fondo controlado por su autoridad de resolución, siempre que se cumplan determinadas condiciones.

(105)

Como norma general, las contribuciones se deben recaudar del sector antes de la aplicación de cualquier operación de resolución y con independencia de ella. Cuando estos fondos recaudados con anterioridad no sean suficientes para cubrir las pérdidas o los costes incurridos para ejecutar los mecanismos de financiación, se deberán recaudar más contribuciones para asumir costes o pérdidas adicionales.

(106)

Para alcanzar una masa crítica y evitar los efectos procíclicos que surgirían si, en un contexto de crisis sistémica, los mecanismos de financiación tuvieran que basarse únicamente en contribuciones ex post, es indispensable que se prevea al menos un determinado nivel mínimo de recursos financieros ex ante a disposición de dichos mecanismos.

(107)

Con el fin de garantizar un cálculo equitativo de las contribuciones y proporcionar incentivos para operar con arreglo a modelos menos arriesgados, las contribuciones a los mecanismos nacionales de financiación deben tener en cuenta el grado de riesgo de crédito, liquidez y mercado asumido por las entidades.

(108)

Garantizar la resolución efectiva de entidades inviables es para la Unión un componente fundamental de la realización del mercado interior. La inviabilidad de tales entidades tiene repercusiones, no sólo en la estabilidad financiera de los mercados en los que operen directamente, sino también en la de todo el mercado financiero de la Unión. Con la realización del mercado interior en el sector de los servicios financieros ha quedado reforzada la interacción de los diversos sistemas financieros nacionales. Las entidades pasan a operar fuera de su Estado miembro de establecimiento y entran en relaciones de interdependencia a través de los mercados interbancarios o de otros que, por su naturaleza, tienen carácter paneuropeo. Garantizar una financiación efectiva de la resolución de estas entidades para todos los Estados miembros es algo que redunda en interés, no solo de los Estados miembros en los que actúan, sino también de todos los Estados miembros en general, porque constituye un medio para garantizar unas condiciones de competencia en pie de igualdad y para mejorar el funcionamiento del mercado financiero interior. Con el establecimiento de un sistema europeo de mecanismos de financiación se garantiza que todas las entidades que operan en la Unión puedan acogerse a mecanismos de financiación de resoluciones igualmente eficaces y que se preserve la estabilidad del mercado interior.

(109)

Con el fin de aumentar la resistencia del sistema europeo de mecanismos de financiación, y de conformidad con el principio que requiere que la financiación corra a cargo fundamentalmente de los accionistas y acreedores de la entidad objeto de resolución y, por lo tanto, de los operadores económicos y no de los presupuestos públicos, los mecanismos de financiación pueden efectuar una petición de préstamo a otros mecanismos de financiación en caso de necesidad. De manera similar, deben tener la posibilidad de conceder préstamos a otros mecanismos que lo necesiten. Este préstamo debe ser estrictamente voluntario. La decisión de otorgar un préstamo a otros mecanismos debe adoptarla el mecanismo de financiación prestamista, aunque, debido a las implicaciones presupuestarias potenciales, los Estados miembros deben poder exigir que se consulte al ministerio correspondiente o que este dé su consentimiento.

(110)

Si bien los mecanismos financieros se instituyen a nivel nacional, en el contexto de una resolución de grupo deben ser mutualizados, siempre que se alcance un acuerdo entre las autoridades nacionales sobre la resolución de la entidad. Los depósitos cubiertos por sistemas de garantía de depósitos no deben sufrir pérdida alguna en el proceso de resolución. Cuando una medida de resolución garantice que los depositantes vayan a seguir teniendo acceso continuo a sus depósitos, debe exigirse a los sistemas de garantía de depósitos a los que está afiliada una entidad objeto de resolución que aporten una contribución que no será superior al importe de las pérdidas que hubieran tenido que soportar si la entidad hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios.

(111)

Si bien los depósitos cubiertos están protegidos contra las pérdidas en la resolución, otros depósitos admisibles están potencialmente disponibles a efectos de absorción de pérdidas. A fin de proporcionar cierto nivel de protección a las personas físicas y a las microempresas y pequeñas y medianas empresas que sean titulares de depósitos admisibles que rebasen el nivel de los depósitos cubiertos, tales depósitos deben tener un rango de prelación superior al de los derechos de los acreedores ordinarios, no garantizados y no preferentes en virtud de la legislación nacional que rige los procedimientos de insolvencia ordinarios. El derecho del sistema de garantía de depósitos debe tener, en virtud de dicha legislación nacional, un rango de prelación aún más elevado que las categorías de depósitos admisibles antes mencionadas. La armonización de la legislación nacional de insolvencia en dicho ámbito resulta asimismo necesaria para reducir al mínimo la exposición de los fondos de resolución de los Estados miembros de conformidad con el principio de evitar perjuicios suplementarios para los acreedores previsto en la presente Directiva.

(112)

En caso de que los depósitos se transmitan a otra entidad en el contexto de la resolución de una entidad, los depositantes no deben estar asegurados más allá del nivel de cobertura previsto en la Directiva 2014/49/UE. Por lo tanto, las reclamaciones relativas a los depósitos remanentes en la entidad objeto de la resolución deben limitarse a la diferencia entre los fondos transferidos y el nivel de cobertura establecido en la Directiva 2014/49/UE. En caso de que los depósitos transmitidos sean superiores al nivel de cobertura, el depositante no podrá reclamar al sistema de garantía los depósitos que queden en la entidad de crédito objeto de resolución.

(113)

La constitución de los mecanismos de financiación integrantes del sistema europeo de mecanismos de financiación establecido en la presente Directiva debe garantizar la coordinación del uso de los fondos disponibles a nivel nacional para resoluciones.

(114)

Deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la especificación de los criterios para definir las funciones esenciales y las ramas de actividad principales a efectos de la presente Directiva; las circunstancias en las cuales sea necesaria la exclusión de pasivos de las competencias de amortización o conversión contempladas en la presente Directiva; los tipos de acuerdos que deben estar convenientemente protegidos por los Estados miembros cuando hay transmisiones parciales; la forma en que las contribuciones de las entidades deban ajustarse a los dispositivos de financiación para la resolución en función de su perfil de riesgo; las obligaciones en materia de registro, de contabilización, de suministro de información y cualquier otra obligación destinada a garantizar que las contribuciones ex ante son efectivamente pagadas y las circunstancias y condiciones para que una entidad pueda estar eximida temporalmente de efectuar las contribuciones ex post. Reviste particular importancia que la Comisión celebre las oportunas consultas durante sus trabajos preparatorios, en particular a expertos. Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los documentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera simultánea, oportuna y adecuada.

(115)

Cuando así lo disponga la presente Directiva, es conveniente que la ABE promueva la convergencia de la prácticas de las autoridades nacionales a través de directrices de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) no 1093/2010. En los ámbitos que no estén cubiertos por normas técnicas de regulación o de ejecución, la ABE debe tener la facultad de emitir directrices y recomendaciones sobre la aplicación del Derecho de la Unión por propia iniciativa.

(116)

El Parlamento Europeo y el Consejo deben tener un plazo de tres meses a partir de la fecha de notificación para presentar objeciones al acto delegado. Conviene prever que el Parlamento Europeo y el Consejo puedan informar a las otras instituciones de que no tienen la intención de formular objeciones.

(117)

Las normas técnicas de los servicios financieros deben facilitar una armonización coherente y una protección adecuada de los depositantes, inversores y consumidores de la Unión. Como organismo con conocimientos muy especializados, sería eficiente y adecuado, en los casos especificados en la presente Directiva, confiar a la ABE la elaboración de proyectos de normas técnicas de regulación y de ejecución que no impliquen decisiones políticas para su presentación a la Comisión.

(118)

La Comisión debe, cuando así lo disponga la presente Directiva, adoptar proyectos de normas técnicas de regulación desarrollados por la ABE, mediante actos delegados, de conformidad con el artículo 290 del TFUE y con los artículos 10 a 14 del Reglamento (UE) no 1093/2010. La Comisión debe, cuando así lo disponga la presente Directiva, adoptar proyectos de normas técnicas de regulación desarrollados por la ABE, mediante actos de ejecución, de conformidad con el artículo 291 del TFUE y con el artículo 15 del Reglamento (UE) no 1093/2010.

(119)

La Directiva 2001/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (15) contempla el reconocimiento mutuo y la ejecución en todos los Estados miembros de decisiones relativas al saneamiento o la liquidación de entidades de crédito con sucursales en Estados miembros distintos de aquel en el que tienen su sede. La Directiva garantiza que todos los activos y pasivos de la entidad de crédito, independientemente del país en que se encuentren, sean tratados en un proceso único en el Estado miembro de origen y que los acreedores de los Estados miembros de acogida recibirán el mismo trato que los acreedores del Estado miembro de origen. A fin de lograr una resolución eficaz, la Directiva 2001/24/CE debe aplicarse en caso de que se apliquen instrumentos de resolución, tanto a las entidades de crédito como a otras entidades cubiertas por el mecanismo de resolución. Por consiguiente, la Directiva 2001/24/CE debe modificarse en consecuencia.

(120)

Las directivas de la Unión sobre Derecho de sociedades contienen normas obligatorias para la protección de los accionistas y acreedores de las entidades que entran en su ámbito de aplicación. En una situación en la que las autoridades de resolución tengan que actuar con rapidez, estas normas pueden suponer un obstáculo para una actuación eficaz, por lo que se debe incluir en la presente Directiva la utilización, por parte de las autoridades de resolución, de competencias e instrumentos de resolución y de excepciones adecuadas. A fin de garantizar la máxima seguridad jurídica para los interesados, las excepciones deben definirse de manera clara y precisa, y solo se deben aplicar en aras del interés público y cuando se den las condiciones para poner en marcha un proceso de resolución. La utilización de los instrumentos de resolución presupone el cumplimiento de los objetivos y las condiciones de resolución recogidos en la presente Directiva.

(121)

La Directiva 2012/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) contiene normas sobre los derechos de los accionistas a decidir sobre las ampliaciones o las reducciones de capital, sobre su derecho a participar en cualquier nueva emisión de acciones en contrapartida a aportaciones en efectivo, sobre la protección del acreedor en caso de reducción del capital y la convocatoria de una junta de accionistas en caso de pérdida importante de capital. Estas normas pueden obstaculizar la actuación rápida de las autoridades responsables de la resolución y hay que contemplar excepciones adecuadas a las mismas.

(122)

La Directiva 2011/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (17) establece normas sobre, entre otros aspectos, la aprobación de fusiones por parte de la junta general de cada una de las empresas implicadas en la fusión, sobre las condiciones relativas al proyecto de fusión, el informe de la dirección y de los expertos, y sobre la protección de los acreedores. La Directiva 82/891/CEE del Consejo (18) contiene normas similares sobre la escisión de sociedades anónimas. La Directiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) prevé normas similares sobre las fusiones transfronterizas de sociedades de capital. Hay que contemplar excepciones adecuadas a estas Directivas para permitir a las autoridades encargadas de la resolución actuar con rapidez.

(123)

La Directiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (20) contiene una disposición que obliga a poner en marcha una oferta pública de adquisición para todas la acciones de la empresa a un precio equitativo, según se define en dicha Directiva, si un accionista adquiere, directa o indirectamente, por sí solo o de manera concertada con otros, un determinado porcentaje de acciones de dicha empresa, definido por la legislación nacional, que le confiere el control de la misma. La finalidad de la oferta pública de adquisición obligatoria es proteger a los accionistas minoritarios en caso de cambio de control de la entidad. Sin embargo, la perspectiva de una obligación tan costosa puede disuadir a los posibles inversores de la entidad afectada, lo que complicaría a las autoridades de resolución el ejercicio de todos sus poderes de resolución. Se deben contemplar excepciones adecuadas a la norma relativa a la oferta pública de adquisición obligatoria, en la medida en que sea necesario para la aplicación de las competencias de resolución, mientras que después del período de resolución esta norma debe aplicarse a cualquier accionista que adquiera el control en la entidad afectada.

(124)

La Directiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (21) trata de los derechos de procedimiento de los accionistas en relación con las juntas generales. La Directiva 2007/36/CE determina, entre otras cosas, el período mínimo de preaviso para las juntas generales y el contenido de la convocatoria de junta general. Estas normas pueden obstaculizar la actuación rápida de las autoridades responsables de la resolución y conviene contemplar excepciones adecuadas a lo dispuesto en dicha Directiva. Antes de la resolución, puede ser necesario aumentar con rapidez el capital cuando la entidad no cumpla o exista la posibilidad de que no cumpla los requisitos del Reglamento (UE) no 575/2013 y de la Directiva 2013/36/UE. Además, un aumento de capital puede restaurar la situación financiera y evitar que se alcancen las condiciones correspondientes al umbral para la resolución. En estas situaciones debe permitirse la posibilidad de convocar una junta general en breve plazo. Sin embargo, los accionistas deben conservar el poder decisorio en cuanto a acortar o alargar el plazo de notificación de las juntas generales. Se deben contemplar excepciones adecuadas a lo dispuesto en la Directiva 2007/36/CE para el establecimiento de este mecanismo.

(125)

Con el fin de asegurar que las autoridades de resolución estén representadas en el Sistema Europeo de Supervisión Financiera establecido por el Reglamento (UE) no 1092/2010, Reglamento (UE) no 1093/2010, Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (22) y el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (23) y que la ABE cuente con los conocimientos necesarios para desarrollar las tareas que le encomienda la presente Directiva, debe modificarse el Reglamento (UE) no 1093/2010 para incluir a las autoridades nacionales de resolución, definidas en la presente Directiva, en el concepto de autoridades competentes, determinado en dicho Reglamento. Esta asimilación entre las autoridades de resolución y las autoridades competentes de acuerdo con el Reglamento (UE) no 1093/2010 está en consonancia con las funciones encomendadas a la ABE de conformidad con el artículo 25 del Reglamento (UE) no 1093/2010 de contribuir y participar activamente en el desarrollo y la coordinación de los planes de reestructuración y resolución y de facilitar la resolución de entidades inviables y, en particular, de los grupos transfronterizos.

(126)

A fin de velar por que las entidades, aquellos que controlan de manera efectiva su actividad y su órgano de dirección cumplan las obligaciones que se derivan de la presente Directiva y por que todos ellos sean objeto de un trato similar en toda la Unión, procede obligar a los Estados miembros a prever sanciones administrativas y otras medidas que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias. Así pues, las sanciones administrativas y otras medidas administrativas establecidas por los Estados miembros deben satisfacer determinados requisitos esenciales en relación con los destinatarios, los criterios a tener en cuenta a la hora de aplicar una sanción u otras medidas, la publicación de las sanciones u otras medidas, las principales facultades sancionadoras y los niveles de las sanciones pecuniarias administrativas. Con sujeción a condiciones rigurosas de secreto profesional, la ABE debe mantener una base de datos central en la que constarán todas las sanciones administrativas y la información sobre los recursos que le comuniquen las autoridades competentes y las autoridades de resolución.

(127)

La presente Directiva debe abordar tanto las sanciones administrativas como las otras medidas administrativas, a fin de abarcar todas las acciones aplicadas tras la comisión de una infracción al objeto de evitar futuras infracciones, con independencia de que sean calificadas de sanción u otra medida administrativa con arreglo al Derecho nacional.

(128)

Aunque nada impide a los Estados miembros establecer normas tanto sobre sanciones administrativas como sobre sanciones penales respecto de las mismas infracciones, no debe exigirse a los Estados miembros que establezcan normas sobre sanciones administrativas aplicables a las infracciones de la presente Directiva que ya estén sancionadas por el Derecho penal nacional. De conformidad con la legislación nacional, los Estados miembros no están obligados a imponer sanciones administrativas y penales por el mismo delito, pero lo pueden hacer si se lo permite su legislación nacional. No obstante, el mantenimiento de sanciones penales, en lugar de sanciones administrativas u otras medidas administrativas, para las infracciones de la presente Directiva no debe reducir ni afectar de otro modo a la capacidad de las autoridades de resolución y de las autoridades competentes para cooperar, acceder a la información e intercambiarla con tiempo suficiente con las autoridades de resolución y las autoridades competentes de otros Estados miembros a efectos de la presente Directiva, en particular cuando las infracciones pertinentes se hayan puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes para su enjuiciamiento.

(129)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (24), en casos justificados, los Estados miembros se comprometen a adjuntar a la notificación de las medidas de transposición uno o varios documentos que expliquen la relación entre los componentes de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Tratándose de la presente Directiva, el legislador considera justificada la transmisión de dichos documentos.

(130)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los derechos, libertades y principios reconocidos, en particular, en la Carta, y especialmente el derecho a la propiedad, el derecho a una tutela judicial efectiva y a un juez imparcial y los derechos de la defensa.

(131)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, la armonización de las normas y los procesos para la resolución de entidades, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, habida cuenta del alcance y los efectos que supone la inviabilidad de una entidad para toda la Unión, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(132)

Al adoptar decisiones o medidas en virtud de la presente Directiva, las autoridades competentes y las autoridades de resolución deben tener siempre en cuenta debidamente la incidencia de las decisiones y medidas que tomen en la estabilidad financiera de otros Estados miembros y en la situación económica de otros Estados miembros, y deben considerar la importancia de cualquier filial o sucursal para el sector financiero y para la economía del Estado miembro en el que dicha filial o sucursal esté establecida, incluso en aquellos casos en que la filial o sucursal de que se trate sea de menor importancia para el grupo consolidado.

(133)

La Comisión revisará la aplicación general de la presente Directiva y, en particular, considerará, a la luz de los acuerdos adoptados en virtud de cualquier acto del Derecho de la Unión por el que se establezca un mecanismo de resolución que abarque a más de un Estado miembro, el ejercicio con arreglo a la presente Directiva de las competencias de la ABE para desempeñar el papel de mediador con carácter vinculante entre una autoridad de resolución de un Estado miembro que participe en el mecanismo y una autoridad de resolución de un Estado miembro que no participe en el mecanismo.

a)

las entidades que estén establecidas en la Unión;

b)

las entidades financieras que estén establecidas en la Unión y que sean filiales de una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión, o de una empresa contemplada en las letras c) o d), y estén reguladas por la supervisión consolidada de la empresa matriz, de conformidad con los artículos 6 a 17 del Reglamento (UE) no 575/2013;

c)

las sociedades financieras de cartera, las sociedades financieras mixtas de cartera y las sociedades mixtas de cartera que estén establecidas en la Unión;

d)

las sociedades financieras de cartera matrices de un Estado miembro, las sociedades financieras de cartera matrices de la Unión, las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de un Estado miembro y las sociedades financieras mixtas de cartera matrices de la Unión;

e)

las sucursales de entidades que estén establecidas o situadas fuera de la Unión, conforme a las condiciones específicas establecidas en la presente Directiva.

1)

«resolución»: la aplicación de un instrumento de resolución o de un instrumento mencionado en el artículo 37, apartado 9, al objeto de alcanzar uno o varios de los objetivos de resolución definidos en el artículo 31, apartado 2;

2)

«entidad de crédito»: una entidad de crédito según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) no 575/2013, sin incluir las entidades contempladas en el artículo 2, apartado 5, de la Directiva 2013/36/UE;

3)

«empresa de servicios de inversión»: una empresa de servicios de inversión según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 2, del Reglamento (UE) no 575/2013, sometida al requisito de capital inicial establecido en el artículo 28, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE;

4)

«entidad financiera»: una entidad financiera según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 26, del Reglamento (UE) n 575/2013;

5)

«filial»: una filial según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 16, del Reglamento (UE) no 575/2013;

6)

«empresa matriz»: una empresa matriz según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 15, letra a), del Reglamento (UE) no 575/2013;

7)

«base consolidada»: supervisión efectuada sobre la base de la situación consolidada de conformidad con el artículo 4, apartado 1, punto 47, del Reglamento (UE) no 575/2013;

8)

«sistema institucional de protección» o «SIP»: todo mecanismo que cumpla los requisitos establecidos en el artículo 113, apartado 7, del Reglamento (UE) no 575/2013;

9)

«sociedad financiera de cartera»: una sociedad financiera de cartera según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 20, del Reglamento (UE) no 575/2013;

10)

«sociedad financiera mixta de cartera»: una sociedad financiera mixta de cartera según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 21, del Reglamento (UE) no 575/2013;

11)

«sociedad mixta de cartera»: una sociedad mixta de cartera conforme a la definición recogida en el artículo 4, apartado 1, punto 22, del Reglamento (UE) no 575/2013;

12)

«sociedad financiera de cartera matriz en un Estado miembro»: una sociedad financiera de cartera matriz en un Estado miembro según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 30, del Reglamento (UE) no 575/2013;

13)

«sociedad financiera de cartera matriz de la Unión»: una sociedad financiera de cartera matriz de la UE según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 31, del Reglamento (UE) no 575/2013;

14)

«sociedad financiera mixta de cartera matriz en un Estado miembro»: una sociedad financiera mixta de cartera matriz en un Estado miembro según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 32, del Reglamento (UE) no 575/2013;

15)

«sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión»: una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la UE según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 33, del Reglamento (UE) no 575/2013;

16)

«objetivos de resolución»: los objetivos de resolución mencionados en el artículo 31, apartado 2;

17)

«sucursal»: una sucursal según la definición del artículo 4, apartado 1, punto 17, del Reglamento (UE) no 575/2013;

18)

«autoridad de resolución»: una autoridad designada por un Estado miembro de conformidad con el artículo 3;

19)

«instrumento de resolución»: un instrumento de resolución mencionado en el artículo 37, apartado 3;

20)

«competencia de resolución»: una competencia contemplada en los artículos 63 a 72;

21)

«autoridad competente»: una autoridad competente según la definición recogida en el artículo 4, apartado 1, punto 40, del Reglamento (UE) no 575/2013, incluido el Banco Central Europeo en el caso de determinadas tareas específicas que le son conferidas por el Reglamento (UE) no 1024/2013 del Consejo (25);

22)

«ministerios competentes»: los ministerios de hacienda u otros ministerios de los Estados miembros que sean responsables de las decisiones económicas, financieras y presupuestarias a escala nacional, según las competencias nacionales, y que hayan sido designados de conformidad con el artículo 3, apartado 5;

23)

«entidad»: una entidad de crédito o una empresa de servicios de inversión;

24)

«órgano de dirección»: órgano de dirección según la definición del artículo 3, apartado 1, punto 7, de la Directiva 2013/36/UE;

25)

«alta dirección»: alta dirección según la definición del artículo 3, apartado 1, punto 9, de la Directiva 2013/36/UE;

26)

«grupo»: una empresa matriz y sus filiales;

27)

«grupo transfronterizo»: grupo compuesto por entidades de grupo establecidas en más de un Estado miembro;

28)

«ayuda financiera pública extraordinaria»: ayudas de estado según el sentido del artículo 107, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea o cualquier otra ayuda pública a escala supranacional que, proporcionada a nivel nacional, constituya una ayuda estatal, proporcionada con el fin de preservar o restablecer la viabilidad, la liquidez o la solvencia de alguna de las entidades o sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), o del grupo del que la entidad o la sociedad en cuestión forme parte;

29)

«ayudas en forma de provisión urgente de liquidez»: provisión, por parte de un banco central, de fondos de banco central o de cualquier otra ayuda que pueda suponer un incremento de los fondos de banco central, a una entidad financiera solvente, o a un grupo de ellas, que esté atravesando problemas de liquidez temporal, sin que dicha operación constituya parte de la política monetaria;

30)

«crisis sistémica»: una perturbación del sistema financiero que puede tener repercusiones negativas graves sobre el mercado interior y la economía real. Todos los tipos de intermediarios, mercados e infraestructuras financieros pueden tener importancia sistémica en cierto grado;

31)

«entidad de grupo»: una persona jurídica que forma parte de un grupo;

32)

«plan de reestructuración»: un plan de reestructuración elaborado y seguido por una entidad de conformidad con el artículo 5;

33)

«plan de reestructuración de grupo»: un plan de reestructuración de grupo elaborado y mantenido de conformidad con el artículo 7;

34)

«sucursal significativa»: una sucursal que se considere significativa en el Estado miembro de acogida de conformidad con el artículo 51, apartado 1, de la Directiva 2013/36/UE;

35)

«funciones esenciales»: actividades, servicios u operaciones cuyo cese podría, en uno o más Estados miembros, dar lugar a una perturbación de servicios esenciales para la economía real o de la estabilidad financiera, debido al tamaño, cuota de mercado, conexiones internas o externas, complejidad o actividad transfronteriza de la entidad o grupo, atendiendo especialmente a la sustituibilidad de dichas actividades, servicios u operaciones;

36)

«ramas de actividad principales»: ramas de actividad y servicios asociados que representan importantes fuentes de ingresos, beneficios o valor de franquicia para una entidad o para el grupo del que la entidad forme parte;

37)

«supervisor en base consolidada»: supervisor en base consolidada según la definición recogida en el artículo 4, apartado 1, punto 41, del Reglamento (UE) no 575/2013;

38)

«fondos propios»: fondos propios tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 118, del Reglamento (UE) no 575/2013;

39)

«condiciones de resolución»: las condiciones a las que se refiere el artículo 32, apartado 1;

40)

«medida de resolución»: la decisión de proceder a la resolución de una entidad o de una sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), objeto de resolución de conformidad con los artículos 32 o 33, la aplicación de un instrumento de resolución o el ejercicio de una o más competencias de resolución;

41)

«plan de resolución»: un plan de resolución para una entidad elaborado de conformidad con el artículo 10;

42)

«resolución de grupo»:

43)

«plan de resolución de grupo»: un plan de resolución de grupo elaborado de conformidad con los artículos 12 y 13;

44)

«autoridad de resolución a nivel de grupo»: la autoridad de resolución en el Estado miembro en el que se encuentra el supervisor en base consolidada;

45)

«dispositivo de resolución de grupo»: un plan, destinado a la resolución de un grupo, preparado con arreglo al artículo 91;

46)

«colegio de autoridades de resolución»: un colegio establecido de conformidad con el artículo 88 para desempeñar las tareas contempladas en el artículo 88, apartado 1;

47)

«procedimiento de insolvencia ordinario»: un procedimiento de insolvencia colectivo que conlleva el desapoderamiento total o parcial de un deudor y el nombramiento de un liquidador o un administrador, es normalmente aplicable a entidades conforme a la legislación nacional y puede aplicarse específicamente a tales entidades o en general a cualquier persona física o jurídica;

48)

«instrumentos de deuda» contemplados en el artículo 63, apartado 1, letras g) y j): obligaciones y bonos y otras formas de deuda transmitible, instrumentos que crean o reconocen una deuda e instrumentos que dan derecho a adquirir instrumentos de deuda;

49)

«entidad matriz de un Estado miembro»: una entidad matriz de un Estado miembro tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 28, del Reglamento (UE) no 575/2013;

50)

«entidad matriz de la Unión»: una entidad matriz de la Unión tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 29, del Reglamento (UE) no 575/2013;

51)

«requisitos de fondos propios»: los requisitos que se establecen en los artículos 92 a 98 del Reglamento (UE) no 575/2013;

52)

«colegio de supervisión»: un colegio de supervisores establecido conforme al artículo 116 de la Directiva 2013/36/CE;

53)

«marco de ayudas de estado de la Unión»: el marco establecido por los artículos 107, 108 y 109 del TFUE y los reglamentos y todos los actos de la Unión, incluidos orientaciones, comunicaciones y anuncios, desarrollados o adoptados conforme al artículo 108, apartado 4, o al artículo 109 del TFUE;

54)

«liquidación»: la realización de los activos de una entidad o una sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);

55)

«instrumento de segregación de activos»: el mecanismo mediante el cual una autoridad de resolución efectúa una transmisión de activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución a una entidad de gestión de activos de conformidad con el artículo 42;

56)

«entidad de gestión de activos»: una persona jurídica que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 42, apartado 2;

57)

«instrumento de recapitalización interna (bail-in)»: el mecanismo mediante el cual una autoridad de resolución ejerce las competencias de amortización y conversión de los pasivos de una entidad objeto de resolución de conformidad con el artículo 43;

58)

«instrumento de venta del negocio»: el mecanismo mediante el cual una autoridad de resolución efectúa, la transmisión de acciones u otros instrumentos de capital emitidos por una entidad objeto de resolución, o de activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución, a un comprador que no sea una entidad puente, de conformidad con el artículo 38;

59)

«entidad puente»: una persona jurídica que cumple todos los requisitos establecidos en el artículo 40, apartado 2;

60)

«instrumento de la entidad puente»: el mecanismo mediante el cual se efectúa la transmisión de acciones u otros instrumentos de capital emitidos por una entidad objeto de resolución o de activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución a una entidad puente, de conformidad con el artículo 40;

61)

«instrumentos de capital»: acciones, otros instrumentos que confieren capital, instrumentos que son convertibles en acciones o en instrumentos de capital o que dan derecho a adquirir acciones u otros instrumentos de capital, e instrumentos que representan intereses en acciones u otros instrumentos de capital;

62)

«accionistas»: accionistas o titulares de otros instrumentos de capital;

63)

«competencias de transmisión»: las competencias especificadas en el artículo 63, apartado 1, letras c) o d), para transmitir acciones, otros instrumentos de capital, instrumentos de deuda, activos, derechos o pasivos, o una combinación de estos instrumentos, de una entidad objeto de resolución a uno o varios adquirentes;

64)

«entidad de contrapartida central»: una ECC como se define en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) no 648/2012;

65)

«derivado»: un derivado tal como se define en el artículo 2, punto 5, del Reglamento (UE) no 648/2012;

66)

«competencias de amortización («write-down») y conversión»: las competencias previstas en el artículo 59, apartado 2, y en el artículo 63, apartado 1, letras e) a i);

67)

«pasivo garantizado»: un pasivo en el que el derecho a cobro u otra forma de contraprestación del acreedor está garantizado por un derecho, pignoración o prenda o gravamen o por acuerdos de garantía, incluidos los pasivos derivados de operaciones con pacto de recompra y otros acuerdos de garantía mediante transmisión de títulos;

68)

«instrumentos de capital ordinario de nivel 1»: los instrumentos de capital que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 28, apartados 1 a 4, artículo 29, apartados 1 a 5 o artículo 31, apartado 1, del Reglamento (UE) no 575/2013;

69)

«instrumentos de capital adicional de nivel 1»: los instrumentos de capital que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 52, apartado 1, del Reglamento (UE) no 575/2013;

70)

«importe agregado»: el importe global por el que la autoridad de resolución ha calculado que deben amortizarse o convertirse los pasivos admisibles, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46, apartado 1;

71)

«pasivos admisibles»: pasivos e instrumentos de capital no calificados como instrumentos de capital ordinario de nivel 1, de capital adicional de nivel 1 o de nivel 2 de una entidad o de una sociedad de las contempladas en el artículo 1, letras b, c) o d), que no están excluidos del ámbito de aplicación del instrumento de recapitalización interna de conformidad con el artículo 44, apartado 2;

72)

«sistema de garantía de depósitos»: un sistema de garantía de depósitos instituido y oficialmente reconocido por un Estado miembro de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2014/49/UE;

73)

«instrumentos de nivel 2»: los instrumentos de capital o los préstamos subordinados que cumplen las condiciones establecidas en el artículo 63 del Reglamento (UE) no 575/2013;

74)

«instrumentos de capital pertinentes», a efectos de lo dispuesto en la sección 5 del capítulo IV del título IV y en el capítulo V del título IV: los instrumentos de capital adicional de nivel 1 y los instrumentos de nivel 2;

75)

«coeficiente de conversión»: el factor que determina el número de acciones u otros instrumentos de capital en el que se convierten los pasivos de una categoría dada, tomando como referencia un instrumento de forma unitaria de la categoría en cuestión o una unidad de valor específica de un derecho de crédito;

76)

«acreedor afectado»: un acreedor cuyo derecho de crédito se refiere a deudas que han sido reducidas o convertidas en acciones u otros instrumentos de capital mediante el ejercicio de las competencias de amortización o de conversión como consecuencia de la utilización del instrumento de recapitalización interna;

77)

«titular afectado»: un titular de instrumentos de capital cuyos instrumentos de capital han sido amortizados mediante el ejercicio de la competencia a que se refiere el artículo 63, apartado 1, letra h);

78)

«autoridad apropiada»: la autoridad del Estado miembro, contemplada en el artículo 61, responsable de efectuar, conforme a la normativa nacional, las comprobaciones contempladas en el artículo 59, apartado 3;

79)

«entidad matriz pertinente»: una entidad matriz en un Estado miembro, una entidad matriz en la Unión, una sociedad financiera de cartera, una sociedad financiera mixta de cartera, una sociedad mixta de cartera, una sociedad financiera de cartera matriz en un Estado miembro, una sociedad financiera de cartera matriz en la Unión, una sociedad financiera mixta de cartera matriz en un Estado miembro o una sociedad financiera mixta de cartera matriz en la Unión a la que se aplica el instrumento de recapitalización interna;

80)

«adquirente»: la entidad a que se transmiten las acciones, otros instrumentos de capital, instrumentos de deuda, activos, derechos o pasivos, o cualquier combinación de los mencionados elementos, a partir de una entidad objeto de resolución;

81)

«día hábil»: cualquier día distinto del sábado, domingo o cualquier día que sea festivo en el Estado miembro concernido;

82)

«derecho de resolución»: derecho a resolver o rescindir un contrato, derecho de vencimiento anticipado, liquidación o compensación de obligaciones o cualquier otra disposición similar que suspenda, modifique o extinga una obligación de una parte en el contrato, o disposición que impida que se materialice una obligación derivada del contrato que, de otro modo, se habría materializado;

83)

«entidad objeto de resolución»: una entidad, una entidad financiera, una sociedad financiera de cartera, una sociedad financiera mixta de cartera, una sociedad mixta de cartera, una sociedad financiera de cartera matriz en un Estado miembro, una sociedad financiera de cartera matriz de la Unión, una sociedad financiera mixta de cartera matriz en un Estado miembro o una sociedad financiera mixta de cartera matriz de la Unión a la que se aplica la medida de resolución;

84)

«filial de la Unión»: una entidad establecida en un Estado miembro y que es filial de una entidad de un tercer país o de una sociedad financiera de cartera de un tercer país;

85)

«empresa matriz de la Unión»: una entidad matriz en la Unión, una sociedad financiera de cartera matriz en la Unión o una sociedad financiera mixta de cartera matriz en la Unión;

86)

«entidad de un tercer país», una entidad cuya sede social está establecida en un tercer país, que en el caso de estar establecida en la Unión estaría regulada por la definición de una entidad;

87)

«empresa matriz de un tercer país»: una empresa matriz, una matriz de una sociedad de cartera o una matriz de una sociedad financiera mixta de cartera, establecida en un tercer país;

88)

«procedimiento de resolución de un tercer país»: una acción conforme a la normativa de un tercer país que está encaminada a gestionar la inviabilidad de una entidad de un tercer país y que es comparable, en cuanto a sus objetivos y resultados estimados, a las acciones de resolución reguladas por la presente Directiva;

89)

«sucursal de la Unión»: la sucursal de una entidad de un tercer país situada en un Estado miembro;

90)

«autoridad pertinente de un tercer país»: la autoridad de un tercer país responsable de desarrollar funciones comparables a las de las autoridades de resolución o las autoridades competentes contempladas en la presente Directiva;

91)

«mecanismo de financiación de grupo»: el mecanismo o mecanismos de financiación del Estado miembro de la autoridad de resolución a nivel de grupo;

92)

«transacción vinculada o espejo»: una transacción realizada entre dos entidades de un grupo con el fin de transmitir, en su totalidad o en parte, el riesgo generado por otra transacción realizada entre una de estas entidades del grupo y un tercero;

93)

«garantía dentro de un grupo»: un contrato por el que una entidad de grupo garantiza las obligaciones de otra entidad del grupo ante un tercero;

94)

«depósitos garantizados»: depósitos garantizados según la definición del artículo 2, apartado 1, punto 5, de la Directiva 2014/49/UE;

95)

«depósitos admisibles»: depósitos admisibles según la definición del artículo 2, apartado 1, punto 4, de la Directiva 2014/49/UE;

96)

«bono u obligación garantizados»: un instrumento de los contemplados en el artículo 52, apartado 4, de la Directiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (26);

97)

«acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad»: un acuerdo de garantía financiera con cambio de titularidad según la definición del artículo 2, apartado 1, letra b), de la Directiva 2002/47/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (27);

98)

«acuerdo de compensación por netting»: un acuerdo en virtud del cual una serie de derechos u obligaciones pueden convertirse en una deuda única neta; quedan incluidos aquí los acuerdos de liquidación por compensación exigible anticipadamente, en los cuales, si se produce un supuesto de ejecución (independientemente de cómo o dónde se defina), se adelanta el vencimiento de las obligaciones de las partes de modo que sean inmediatamente ejecutables o se extingan, convirtiéndose o quedando sustituidas las obligaciones en ambos casos por una única deuda neta, incluidas las «cláusulas de liquidación por compensación exigible anticipadamente» definidas en el artículo 2, apartado 1, letra n), inciso i), de la Directiva 2002/47/CE y la «compensación» tal como se define en el artículo 2, letra k), de la Directiva 98/26/CE;

99)

«acuerdo de compensación recíproca»: un acuerdo en virtud del cual dos o más derechos u obligaciones adeudados entre una entidad objeto de la resolución y una contraparte pueden liquidarse mutuamente;

100)

«contratos financieros»: los siguientes contratos y acuerdos:

101)

«medida de prevención de crisis»: el ejercicio de competencias para dirigir la supresión de deficiencias u obstáculos que dificulten la reestructuración con arreglo al artículo 6, apartado 6, el ejercicio de competencias para abordar o eliminar obstáculos que impidan la resolución de conformidad con los artículos 17 o 18, la aplicación de cualquier medida de actuación temprana de conformidad con el artículo 27, el nombramiento de un administrador provisional al amparo del artículo 29 o el ejercicio de las competencias de amortización o de conversión al amparo del artículo 59;

102)

«medida de gestión de crisis»: una medida de resolución o el nombramiento de un administrador especial al amparo del artículo 35 o de una persona al amparo o del artículo 51, apartado 2, o del artículo 72, apartado 1;

103)

«capacidad de reestructuración»: la capacidad de una entidad de restablecer su posición financiera tras un deterioro significativo;

104)

«depositante»: un depositante según la definición del artículo 2, apartado 1, punto 6, de la Directiva 2014/49/UE;

105)

«inversor»: un inversor tal como se define en el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (28);

106)

«autoridad macroprudencial nacional designada»: la autoridad a la que se ha encomendado la dirección de la política macroprudencial, con arreglo a la Recomendación B1 de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), de 22 de diciembre de 2011, sobre el mandato macroprudencial de las autoridades nacionales (JERS/2011/3);

107)

«microempresas, pequeñas y medianas empresas»: microempresas, pequeñas y medianas empresas definidas en función del criterio de volumen de negocios anual al que se refiere el artículo 2, apartado 1, del anexo a la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (29);

108)

«mercado regulado»: el mercado regulado tal como se define en el artículo 4, apartado 1, punto 21, de la Directiva 2014/65/UE.

a)

el contenido y los pormenores de los planes de reestructuración y resolución previstos en los artículos 5 a 12;

b)

la fecha límite en que deberán estar listos los primeros planes de reestructuración y resolución y la frecuencia de actualización de los mismos, que deberá ser inferior a la prevista en el artículo 5, apartado 2, artículo 7, apartado 5, artículo 10, apartado 6 y artículo 13, apartado 3;

c)

el contenido y los pormenores de la información exigida de las entidades de conformidad con el artículo 5, apartado 5, artículo 11, apartado 1, y artículo 12, apartado 2, y en las secciones A y B del anexo;

d)

el nivel de detalle de la evaluación de la pertinencia de la resolución contemplada en los artículos 15 y 16 en la sección C del anexo.

a)

los requisitos enumerados en las secciones 2 y 3 del presente capítulo, a las entidades afiliadas a un organismo central que estén total o parcialmente exentas de los requisitos prudenciales en virtud del derecho nacional de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) no 575/2013;

b)

los requisitos enumerados en la sección 2, a las entidades pertenecientes a un SIP.

a)

aplicar los requisitos enumerados en las secciones 2 y 3 del presente capítulo en base consolidada al organismo central y a las entidades afiliadas al mismo en el sentido dado por el artículo 10 del Reglamento (UE) no 575/2013;

b)

exigir al SIP que cumpla los requisitos del capítulo 2, en colaboración con cada uno de sus miembros exentos.

a)

cuando el valor total de sus activos supere 30 000 000 000 EUR, o

b)

cuando la ratio entre sus activos totales y el PIB del Estado miembro de establecimiento supere el 20 %, a menos que el valor total de sus activos sea inferior a 5 000 000 000 EUR.

a)

que la aplicación de las disposiciones propuestas en el plan ofrezca posibilidades razonables de mantener o restaurar la viabilidad y la posición financiera de la entidad o del grupo, teniendo en cuenta las medidas preparatorias que la entidad haya adoptado o tenga previsto adoptar;

b)

que haya posibilidades razonables de que la aplicación del plan y de las opciones específicas puedan aplicarse de forma rápida y efectiva en caso de tensiones financieras y evitando en la medida de lo posibles todo efecto adverso significativo en el sistema financiero, incluso en escenarios que llevasen a otras entidades a aplicar planes de reestructuración en el mismo período.

a)

reduzca su perfil de riesgo, incluido el riesgo de liquidez;

b)

permita la adopción puntual de medidas de recapitalización interna;

c)

revise su estrategia y estructura;

d)

modifique la estrategia de financiación para mejorar la solidez de las ramas de actividad principales y de las funciones esenciales;

e)

realice cambios en la estructura de gobernanza de la entidad.

a)

las autoridades competentes pertinentes a que se refieren los artículos 115 y 116 de la Directiva 2013/36/UE;

b)

las autoridades competentes de los Estados miembros en los que estén establecidas sucursales significativas, respecto de las cuestiones que afecten a dichas sucursales;

c)

la autoridad de resolución a nivel de grupo, y

d)

las autoridades de resolución de las filiales.

a)

el examen y la evaluación del plan de reestructuración de grupo;

b)

la necesidad de que se elabore un plan de reestructuración individualizado para las entidades que formen parte del grupo, y

c)

la aplicación de las medidas mencionadas en el artículo 6, apartados 5 y 6.

a)

la necesidad de que se elabore un plan de reestructuración individualizado para las entidades que estén bajo su jurisdicción, y

b)

la aplicación a las filiales de las medidas contempladas en el artículo 6, apartados 5 y 6,

a)

emprender las acciones previstas en su plan de reestructuración cuando, sin haberse alcanzado el valor del indicador pertinente, el órgano de dirección de la entidad considere adecuado actuar dadas las circunstancias, o

b)

abstenerse de emprender tal acción cuando el órgano de dirección de la entidad no la considere adecuada dadas las circunstancias.

a)

ayuda financiera pública extraordinaria al margen de los mecanismos de financiación establecidos con arreglo al artículo 100;

b)

ayudas en forma de provisión urgente de liquidez del banco central, o

c)

ayudas en forma de provisión de liquidez del banco central atendiendo a criterios no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento y tipos de interés.

a)

un resumen de los elementos fundamentales del plan;

b)

un resumen de los cambios más importantes acaecidos en la entidad desde el archivo del último expediente de información;

c)

una demostración de cómo las funciones esenciales y las ramas de actividad principales podrían separarse jurídica y económicamente de otras funciones, en la medida en que sea necesario, para asegurar la continuidad en caso de inviabilidad de la entidad;

d)

una estimación del plazo de ejecución de cada aspecto importante del plan;

e)

una descripción detallada de la evaluación de la pertinencia de la resolución llevada a cabo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo y en el artículo 15;

f)

una descripción de las medidas necesarias, en virtud del artículo 14, para abordar o eliminar obstáculos a la viabilidad de la resolución que se hayan detectado en la evaluación llevada a cabo con arreglo al artículo 15;

g)

una descripción de los procesos para determinar el valor y la posibilidad de comercialización de las funciones esenciales, de las ramas de actividad principales y de los activos de la entidad;

h)

una descripción detallada de las disposiciones establecidas para asegurar que la información requerida, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 11, esté actualizada y a disposición de las autoridades de resolución en cualquier momento;

i)

una explicación, por parte de la autoridad de resolución, de la forma en que se financiarán las opciones de resolución sin contar con:

j)

una descripción detallada de las diferentes estrategias de resolución que puedan aplicarse en función de los diferentes escenarios posibles y de los plazos de tiempo aplicables;

k)

una descripción de las interdependencias esenciales;

l)

una descripción de las opciones para proteger los derechos de acceso a los sistemas de pago, compensación y otras infraestructuras y, cuando sea posible, indicar la portabilidad de las posiciones de los clientes;

m)

un análisis de las repercusiones del plan en los empleados de la entidad, incluyendo una evaluación de los costes asociadas y una descripción de las medidas previstas para establecer procedimientos de consulta con el personal durante el proceso de resolución, teniendo en cuenta, en su caso, los sistemas nacionales para el diálogo con los interlocutores sociales;

n)

un plan de comunicación con los medios de comunicación y con el público;

o)

los requisitos mínimos de fondos propios y de pasivos admisibles exigidos de conformidad con el artículo 45, apartado 1, y un calendario para alcanzarlos, si ha lugar;

p)

si ha lugar, los requisitos mínimos de fondos propios y los instrumentos contractuales de recapitalización interna de conformidad con el artículo 45, apartado 1, y un calendario para alcanzarlos, si ha lugar;

q)

una descripción de las operaciones y sistemas esenciales para mantener el funcionamiento continuado de los procesos operativos de la entidad;

r)

cuando proceda, cualquier opinión que haya expresado la entidad en relación con el plan de resolución.

a)

cooperen cuanto sea necesario en la elaboración de planes de resolución;

b)

les faciliten, directamente o a través de la autoridad competente, toda la información necesaria para elaborar y poner en práctica los planes de resolución.

a)

la empresa matriz en la Unión;

b)

las filiales miembros del grupo y ubicadas en la Unión;

c)

las sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras c) y d), y

d)

a reserva de lo dispuesto en el título VI, las filiales miembros del grupo y ubicadas fuera de la Unión.

a)

establecer las acciones de resolución que han de emprenderse en relación con las entidades del grupo, y ello tanto mediante acciones de resolución que afecten a las sociedades contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras c) y d), a la empresa matriz y a las entidades filiales, como a través de acciones de resolución coordinadas respecto a las entidades filiales, en los escenarios hipotéticos contemplados en el artículo 10, apartado 3;

b)

examinar en qué medida los instrumentos y las competencias de resolución pueden aplicarse y ejercerse de forma coordinada en entidades del grupo situadas dentro de la Unión, incluidas las medidas para facilitar la compra del grupo en su conjunto por un tercero, o de ramas de actividad específicos o actividades gestionadas por varias entidades del grupo o entidades particulares del grupo, así como identificar cualquier obstáculo potencial a una resolución coordinada;

c)

cuando un grupo incluya entidades constituidas en terceros países, establecer acuerdos adecuados para la cooperación y coordinación con las autoridades correspondientes de dichos terceros países y las consecuencias para la resolución en el seno de la Unión;

d)

determinar medidas, incluida la separación jurídica y económica de las funciones particulares o de las ramas de actividad necesarios para facilitar la resolución de grupo cuando se cumplan las condiciones de resolución;

e)

establecer cualquier otra medida adicional, no prevista en la presente Directiva, que la autoridad de resolución de grupo tenga intención de adoptar en relación con la resolución del grupo;

f)

determinar la forma de financiar las acciones de resolución de grupo y, cuando se precise el mecanismo de financiación, establecer principios para compartir responsabilidades en dicha financiación entre fuentes de financiación radicadas en diferentes Estados miembros. El plan no presupondrá ninguno de los siguientes elementos:

a)

la ABE;

b)

las autoridades de resolución de las filiales;

c)

las autoridades de resolución de las jurisdicciones en las que estén establecidas sucursales significativas, respecto de las cuestiones que afecten a dichas sucursales;

d)

las autoridades competentes pertinentes contempladas en los artículos 115 y 116 de la Directiva 2013/36/UE, y

e)

las autoridades de resolución de los Estados miembros donde estén establecidas las sociedades a que se refiere el artículo 1, apartado 1, letras c) y d).

a)

ayuda financiera pública extraordinaria al margen de los mecanismos de financiación establecidos con arreglo al artículo 100;

b)

ayudas en forma de provisión urgente de liquidez del banco central;

c)

ayudas en forma de provisión de liquidez del banco central atendiendo a criterios no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento y tipos de interés.

a)

ayuda financiera pública extraordinaria al margen de los mecanismos de financiación establecidos con arreglo al artículo 100;

b)

ayudas en forma de provisión urgente de liquidez del banco central;

c)

ayudas en forma de provisión de liquidez del banco central atendiendo a criterios no convencionales en cuanto a garantías, vencimiento y tipos de interés.

a)

exigir a la entidad que revise los mecanismos de financiación dentro del grupo o su ausencia o que elabore acuerdos de servicios (ya sea entre entidades dentro del grupo o con terceros) para garantizar las funciones esenciales;

b)

exigir a la entidad que limite sus riesgos individuales y globales máximos;

c)

imponer obligaciones adicionales de información específica o regular relevante para llevar a cabo la resolución;

d)

exigir a la entidad que se deshaga de activos específicos;

e)

exigir a la entidad que limite o que cese determinadas actividades existentes o propuestas;

f)

restringir o evitar el desarrollo de ramas de actividad nuevos o ya existentes o la venta de productos nuevos o existentes;

g)

exigir cambios en las estructuras jurídicas u operativas de la entidad o de cualquier entidad del grupo que esté directa o indirectamente bajo su control, con el fin de reducir su complejidad y de garantizar que las funciones esenciales puedan separarse jurídica y operativamente de otras funciones mediante la aplicación de los instrumentos de resolución;

h)

exigir a una entidad o una empresa matriz la constitución de una sociedad financiera de cartera matriz en un Estado miembro o una sociedad financiera de cartera matriz en la Unión;

i)

exigir a una entidad o a una sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), la emisión de pasivos admisibles para dar cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 45;

j)

exigir a una entidad o a una sociedad de las contempladas en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), que adopte otras medidas para cumplir el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles establecido en el artículo 45, lo que incluiría en particular los intentos de renegociar cualquier pasivo admisible, instrumento de capital adicional de nivel 1 o instrumento de nivel 2 que haya emitido, con el fin de garantizar que las decisiones de amortización o conversión de ese pasivo o instrumento que pudiera adoptar la autoridad de resolución se apliquen con arreglo a la legislación por la que se rija el pasivo o instrumento en cuestión, y

k)

cuando una entidad sea la filial de una sociedad mixta de cartera, exigir que la sociedad mixta de cartera constituya una sociedad financiera de cartera separada para controlar la entidad, si ello fuera necesario para facilitar la resolución de la entidad y evitar la aplicación de los instrumentos y competencias de resolución establecidos en el título IV con un efecto adverso en la parte no financiera del grupo.

a)

justificar los motivos para la evaluación o decisión de que se trate;

b)

indicar de qué forma la evaluación o determinación respeta el requisito de aplicación proporcionada establecido en el apartado 4, y

c)

ser susceptibles de recurso.

a)

para proporcionar ayuda financiera de grupo a cualquier entidad del grupo que experimente dificultades financieras si la entidad decide hacerlo, analizando individualmente cada caso y respetando las políticas del grupo si ello no supone un riesgo para el grupo en su conjunto, o

b)

para operar en un Estado miembro.

a)

cubrir a una o varias filiales del grupo y contemplar una ayuda financiera de la empresa matriz a sus filiales, de las filiales a la empresa matriz, entre filiales del grupo que sean parte del acuerdo, o una combinación de las mismas;

b)

contemplar una ayuda financiera en forma de préstamo, concesión de garantías, suministro de activos para uso como garantía, o cualquier combinación de estas formas de ayuda financiera, en una o varias transacciones entre el beneficiario del apoyo financiero y un tercero.

a)

cada una de las partes en el acuerdo debe suscribirlo libremente;

b)

al suscribir el acuerdo y al determinar la contrapartida de la prestación de ayuda financiera, cada parte debe defender sus propios intereses, que pueden incluir la consideración de los beneficios, directos o indirectos, que pueda reportar a una parte la prestación de ayuda financiera;

c)

la parte que reciba ayuda financiera debe haber facilitado a la parte que preste la ayuda toda la información pertinente antes de que se determine la contrapartida de la prestación de ayuda financiera y antes de que se tome decisión alguna de prestar efectivamente tal ayuda;

d)

al determinar la contrapartida de la prestación de ayuda financiera se puede tener en cuenta información que obre en poder de la parte que preste la ayuda por su pertenencia al mismo grupo que la parte receptora de la ayuda pero que no esté disponible en el mercado, y además

e)

no existe obligación de que los principios de cálculo de la contrapartida de la prestación de ayuda financiera tengan en cuenta las repercusiones temporales previstas de sucesos ajenos al grupo en los precios de mercado.

a)

que exista una probabilidad razonable de que la ayuda prestada contribuya significativamente a resolver las dificultades financieras de la entidad de grupo receptora de la ayuda;

b)

que la prestación de la ayuda financiera tenga el objetivo de preservar o restaurar la estabilidad financiera del grupo en su conjunto o una de las entidades de grupo y atienda a los intereses de la entidad de grupo que presta la ayuda;

c)

que la ayuda financiera se proporcione en condiciones, incluida la contrapartida, conformes con el artículo 19, apartado 7;

d)

que, a juzgar por la información que obre en poder del órgano de dirección de la entidad de grupo que presta la ayuda financiera en el momento en que se adopte la decisión de conceder la ayuda, existan probabilidades razonables de que la entidad de grupo receptora abone la contrapartida de la ayuda y, si esta se proporciona en forma de préstamo, de que reembolse el préstamo. Si la ayuda se proporciona en forma de garantía o de cualquier forma de aval, la misma condición se aplicará a la deuda que se derive para el receptor de la ayuda de la ejecución de la garantía o aval;

e)

que la prestación de ayuda financiera no ponga en peligro la liquidez ni la solvencia de la entidad de grupo que la presta;

f)

que la prestación de ayuda financiera no genere una amenaza para la estabilidad financiera en el Estado miembro de la entidad de grupo que preste la ayuda;

g)

que la entidad de grupo que facilita la ayuda cumpla, en el momento de facilitarla con los requisitos de la Directiva 2013/36/UE en materia de capital o liquidez y cualquier requisito impuesto en virtud del artículo 104, apartado 2, de la Directiva 2013/36/UE, y que la prestación de la ayuda financiera no dé lugar a que la entidad de grupo infrinja esos requisitos, a menos que lo autorice la autoridad competente responsable de la supervisión individualizada de la entidad que presta la ayuda;

h)

que la entidad de grupo que facilita la ayuda cumpla, en el momento de facilitarla, con los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) no 575/2013 y en la Directiva 2013/36/UE en materia de grandes riesgos, incluida toda normativa nacional que se acoja a las opciones previstas en dicha Directiva, y que la prestación de la ayuda financiera no dé lugar a que la entidad de grupo infrinja esos requisitos, a menos que lo autorice la autoridad competente responsable de la supervisión individualizada de la entidad de grupo que presta la ayuda;

i)

que la prestación de ayuda financiera no ponga en peligro la viabilidad de la resolución de la entidad de grupo que la presta.

a)

a sus autoridades competentes;

b)

en caso de autoridades diferentes a las indicadas en las letras a) y c), cuando proceda, al supervisor en base consolidada;

c)

en caso de autoridades diferentes a las indicadas en las letras a) y b), a la autoridad competente de la entidad de grupo que reciba la ayuda financiera; y además

d)

a la ABE.

a)

al supervisor en base consolidada;

b)

a la autoridad competente de la entidad de grupo que recibe la ayuda, y además

c)

a la ABE.

a)

a la autoridad competente;

b)

en caso de autoridades diferentes a las indicadas en las letras a) y c), y cuando proceda, al supervisor en base consolidada;

c)

en caso de autoridades diferentes a las indicadas en las letras a) y b), a la autoridad competente de la entidad de grupo que reciba la ayuda financiera, y

d)

a la ABE.

a)

exigir al órgano de dirección de la entidad que aplique uno o varios de los procedimientos o medidas establecidos en el plan de reestructuración o, de conformidad con el artículo 5, apartado 2, actualizar dicho plan cuando las circunstancias que hayan desencadenado la actuación temprana difieran de los supuestos del plan de reestructuración original y aplicar uno o más de los mecanismos o medidas previstos para ello dentro de un plazo determinado a fin de que dejen de aplicarse las condiciones a que se refiere la frase introductoria;

b)

exigir al órgano de dirección de la entidad que examine la situación, determine las medidas necesarias para superar los problemas encontrados y elabore un programa de actuación para resolver dichos problemas y un calendario de ejecución;

c)

exigir al órgano de dirección de la entidad que convoque o, si el órgano de dirección no cumpliera con este requisito, convocar directamente una junta de accionistas de la entidad, y en ambos casos fijar el orden del día y exigir que los accionistas consideren la posibilidad de adoptar determinadas decisiones;

d)

exigir a la entidad que destituya o sustituya a uno o varios miembros del órgano de dirección o alta dirección, si se determina que dichas personas no son aptas para cumplir sus obligaciones de conformidad con el artículo 13 de la Directiva 2013/36/CE o con el artículo 9 de la Directiva 2014/65/UE;

e)

exigir al órgano de dirección de la entidad que elabore un plan para la negociación de la reestructuración de la deuda con una parte o con la totalidad de sus acreedores, de acuerdo, cuando proceda, con el plan de reestructuración;

f)

exigir cambios en la estrategia empresarial de las entidades;

g)

exigir cambios en las estructuras jurídicas u operativas de la entidad; y además

h)

recabar, también mediante inspecciones in situ, y facilitar a la autoridad de resolución toda la información necesaria para actualizar el plan de resolución y preparar la posible resolución de la entidad y la realización de una evaluación de sus activos y pasivos, de conformidad con el artículo 36.

a)

mantener la continuidad de las funciones esenciales;

b)

evitar repercusiones negativas importantes sobre la estabilidad financiera, especialmente previniendo el contagio, incluidas las infraestructuras de mercado, y manteniendo la disciplina de mercado;

c)

proteger los fondos públicos minimizando la dependencia de ayudas financieras públicas extraordinarias;

d)

proteger a los depositantes cubiertos por la Directiva 2014/49/UE y a los inversores cubiertos por la Directiva 97/9/CE;

e)

proteger los fondos y los activos de los clientes.

a)

que la autoridad competente, previa consulta a la autoridad de resolución o, a reserva de las condiciones establecidas en el apartado 2, la autoridad de resolución previa consulta a la autoridad competente, haya determinado que la entidad es inviable o exista la probabilidad de que lo vaya a ser;

b)

teniendo en cuenta el calendario y otras circunstancias pertinentes, que no existan perspectivas razonables de que ninguna medida alternativa del sector privado, incluidas medidas por parte de un IPS, o de supervisión, incluidas medidas de actuación temprana, así como la amortización o conversión de instrumentos de capital de conformidad con el artículo 59, apartado 2, adoptada en relación con la entidad, pueda impedir la inviabilidad de la entidad en un plazo de tiempo razonable;

c)

que la medida de resolución sea necesaria para el interés público de conformidad con el apartado 5.

a)

que la entidad haya infringido o existan elementos objetivos que indiquen que infringirá, en un futuro cercano, los requisitos para conservar su autorización, de forma tal que resulte justificada la retirada de la autorización por la autoridad competente, incluso, pero sin limitarse a ello, por haber incurrido la entidad, o ser probable que incurra, en pérdidas que agotarían o mermarían sustancialmente todos sus fondos propios o una parte importante de ellos;

b)

que el activo de la entidad sea inferior a su pasivo, o existan elementos objetivos que indiquen que lo será en un futuro cercano;

c)

que la entidad no pueda hacer frente al pago de sus deudas o demás pasivos a su vencimiento, o existan elementos objetivos que indican que no podrá en un futuro cercano;

d)

que necesite ayuda financiera pública extraordinaria, excepto cuando, a fin de evitar o solventar perturbaciones graves de la economía de un Estado miembro y preservar la estabilidad financiera, la ayuda financiera pública extraordinaria adopte alguna de las siguientes formas:

a)

que los accionistas de la entidad objeto de resolución asuman las primeras pérdidas;

b)

que los acreedores de la entidad objeto de resolución asuman pérdidas después de los accionistas de acuerdo con el orden de prelación de sus créditos en virtud de los procedimientos de insolvencia ordinarios, salvo que la presente Directiva establezca expresamente otra cosa;

c)

que sean sustituidos el órgano de dirección y la alta dirección de la entidad objeto de resolución, salvo en aquellos casos en que se considere necesario para el logro de los objetivos de la resolución mantener a los directivos, en su totalidad o a una parte de ellos, según resulte adecuado en función de las circunstancias;

d)

que el órgano de dirección y la alta dirección de la entidad objeto de la resolución presten toda la asistencia necesaria para el logro de los objetivos de la resolución;

e)

que las personas físicas y jurídicas estén obligadas a responder, con arreglo a la legislación del Estado miembro y de acuerdo con el Derecho civil o penal, por la responsabilidad en que incurran por la inviabilidad de la entidad;

f)

excepto cuando la presente Directiva ordene otra cosa, que los acreedores de la misma categoría sean tratados de una forma equitativa;

g)

que los acreedores no incurran en más pérdidas que aquellas que habrían sufrido si la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), hubiera sido liquidada con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios de conformidad con las salvaguardas previstas en los artículos 73 a 75;

h)

que los depósitos cubiertos estén plenamente protegidos, y

i)

que la medida de resolución se adopte de conformidad con la cláusula de salvaguarda que figura en la presente Directiva.

a)

informar la determinación de si se cumplen las condiciones para la resolución o las condiciones para la amortización o conversión de instrumentos de capital;

b)

si se cumplen las condiciones para la resolución, informar la decisión sobre la medida de resolución adecuada que ha de adoptarse respecto de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);

c)

si se aplica la facultad de amortizar o convertir instrumentos de capital, informar la decisión sobre el alcance de la cancelación o reajuste a la baja de las acciones u otros instrumentos de capital, y el alcance de la amortización o conversión de instrumentos de capital correspondientes;

d)

cuando se aplique el instrumento de capitalización, informar la decisión sobre el alcance de la amortización o conversión de los pasivos admisibles;

e)

cuando se aplique el instrumento de entidad puente o el instrumento de segregación de activos, informar la decisión sobre los activos, derechos, pasivos o acciones u otros instrumentos de capital que habrán de transmitirse, así como la decisión sobre el valor de todo contravalor que haya de abonarse a la entidad objeto de la resolución o, en su caso, a los propietarios de las acciones u otros instrumentos de capital;

f)

cuando se aplique el instrumento de venta del negocio, informar la decisión sobre los activos, derechos, pasivos o acciones u otros instrumentos de capital que habrán de transmitirse, e informar el concepto que la autoridad de resolución tenga sobre lo que constituyen condiciones comerciales a efectos de lo dispuesto en el artículo 38;

g)

en todos los casos, garantizar que cualquier pérdida que afecte a los activos de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), sea plenamente constatada en el momento en que se aplican los instrumentos de resolución o se ejerce la competencia para amortizar o convertir los instrumentos de capital en cuestión.

a)

la autoridad de resolución y cualquier mecanismo de financiación en virtud del artículo 101 podrá recuperar todo gasto razonable en que se haya incurrido correctamente por parte de la entidad objeto de resolución, de conformidad con el artículo 37, apartado 7);

b)

el mecanismo de financiación de la resolución podrá cobrar intereses o tasas con respecto a todo préstamo o garantía proporcionado a la entidad objeto de resolución, de conformidad con el artículo 101.

a)

un balance actualizado y un informe de la situación financiera de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);

b)

un análisis y una estimación del valor contable de los activos;

c)

la lista de pasivos pendientes en el balance y fuera de balance que figura en la contabilidad y los registros de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), indicando los créditos correspondientes y los niveles de prioridad con arreglo a la normativa vigente en materia de insolvencia;

a)

garantizar que toda pérdida que afecte a los activos de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), sea constatada en la contabilidad de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);

b)

informar la decisión de modificar los derechos de los acreedores o de incrementar el valor del contravalor abonado, de conformidad con el apartado 11.

a)

ejercer su competencia de incrementar el valor de los derechos de los acreedores o de los titulares de los instrumentos de capital pertinentes que hayan sido amortizados con arreglo al instrumento de capitalización;

b)

encargar a una entidad puente o a una entidad de gestión de activos que realice un bono ulterior de contravalor, con respecto a los activos, derechos o pasivos, a la entidad objeto de resolución, o, según los casos, con respecto a las acciones o instrumentos de capital, a los propietarios de las acciones y otros instrumentos de capital.

a)

la metodología para evaluar el valor de los activos y pasivos de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);

b)

la separación de las valoraciones con arreglo a los artículos 36 y 74;

c)

la metodología para calcular e incluir en la valoración provisional un colchón para las pérdidas adicionales.

a)

el instrumento de venta del negocio;

b)

el instrumento de la entidad puente;

c)

el instrumento de segregación de activos;

d)

el instrumento de recapitalización interna.

a)

como deducción con cargo a todo contravalor abonado por un adquirente a la entidad objeto de resolución o, según los casos, a los propietarios de acciones u otros instrumentos de capital;

b)

con cargo a la entidad objeto de resolución, en calidad de acreedor preferente, o

c)

con cargo a los eventuales ingresos generados como consecuencia del cese de las actividades de la entidad puente o de la entidad de gestión de activos, en calidad de acreedor preferente.

a)

aplicadas a un grupo transfronterizo, tales competencias adicionales no obstaculicen efectivamente la resolución de grupo, y

b)

sean compatibles con los objetivos de resolución y los principios generales que rigen la resolución, recogidos en los artículos 31 y 34.

a)

que los accionistas y los tenedores de otros instrumentos de capital, los titulares de instrumentos de capital pertinentes y otros pasivos admisibles hayan realizado, mediante amortización, conversión o de algún otro modo, una contribución a la absorción de pérdidas y a la recapitalización interna por un importe no inferior al 8 % del total del pasivo, incluidos los fondos propios de la entidad objeto de resolución, medidos en el momento de la medida de resolución según lo establecido en el artículo 36;

b)

que quede supeditado a aprobación previa y final con arreglo a las normas sobre ayudas de estado.

a)

acciones u otros instrumentos de capital emitidos por una entidad objeto de resolución;

b)

todos los activos, derechos o pasivos de una entidad objeto de resolución, o cualesquiera de ellos.

a)

de los propietarios de las acciones u otros instrumentos de capital, en caso de que la venta del negocio se haya efectuado transmitiendo acciones o instrumentos de capital emitidos por la entidad objeto de resolución, desde los tenedores de dichas acciones o instrumentos al comprador;

b)

de la entidad objeto de resolución, en caso de que la venta del negocio se haya efectuado transmitiendo al comprador una parte o la totalidad del activo o del pasivo de la entidad objeto de resolución.

a)

tal transmisión de acciones u otros instrumentos de capital al comprador tendrá eficacia jurídica inmediata;

b)

durante el período de evaluación y durante todo período de desinversión previsto en la letra f), el derecho de voto del comprador sobre tales acciones u otros instrumentos de capital se suspenderá y se conferirá únicamente a la autoridad de resolución, que no tendrá la obligación de ejercer ninguno de esos derechos de voto y que no tendrá responsabilidad alguna de ejercer o abstenerse de ejercer esos derechos de voto;

c)

durante el período de evaluación y durante todo período de desinversiónprevisto en la letra f), las sanciones y otras medidas por infracción de los requisitos para las adquisiciones o enajenaciones de las participaciones cualificadas contempladas en los artículos 66, 67 y 68 de la Directiva 2013/36/UE no se aplicarán a tales transmisiones de acciones u otros instrumentos de capital;

d)

la autoridad competente, con prontitud después de haber llevado a cabo la evaluación, notificará por escrito a la autoridad de resolución y al comprador si aprueba tal transmisión de acciones u otros instrumentos de capital al comprador o si, de conformidad con el artículo 22, apartado 5 de la Directiva 2013/36/UE, se opone a dicha transmisión;

e)

si la autoridad competente aprueba dicha transmisión de acciones u otros instrumentos de capital al comprador, se considerará que el derecho de voto sobre tales acciones u otros instrumentos de capital queda plenamente conferido al comprador a partir del momento en que la autoridad de resolución y el comprador reciben la notificación de aprobación de la autoridad competente;

f)

si la autoridad competente se opone a dicha transmisión de acciones u otros instrumentos de capital al comprador:

a)

no se deniegue el acceso por razón de que el comprador carezca de calificación de una agencia de calificación crediticia, o de que dicha calificación no sea proporcional a los niveles de calificación requeridos para conceder acceso a los sistemas a que hace referencia el párrafo primero;

b)

cuando el comprador no satisfaga los criterios de participación o acceso a un sistema pertinente de pago, compensación o liquidación, cotización en Bolsa, sistema de indemnización de los inversores o sistema de garantía de depósitos, los derechos a que hace referencia el párrafo primero se ejercerán durante un período de tiempo que podrá especificar la autoridad de resolución, no superior a 24 meses, renovable previa solicitud del comprador a la autoridad de resolución.

a)

será tan transparente como sea posible y no falsearán materialmente los activos, derechos, pasivos, acciones u otros instrumentos de capital de dicha entidad que la autoridad se proponga transmitir, habida cuenta de las circunstancias y, en particular, de la necesidad de mantener la estabilidad financiera;

b)

no favorecerá o discriminará indebidamente a ninguno de los posibles compradores;

c)

estará libre de todo conflicto de intereses;

d)

no concederá ventaja indebida alguna a ningún posible comprador;

e)

tendrá en cuenta la necesidad de aplicar rápidamente la medida de resolución;

f)

se propondrá maximizar, en la medida de lo posible, el precio de venta de las acciones u otros instrumentos de capital, así como de los activos, derechos o pasivos considerados.

a)

que la autoridad de resolución considere que existe un peligro real para la estabilidad financiera provocado o agravado por la inviabilidad o por la futura posible inviabilidad de la entidad objeto de la resolución, y

b)

que considere que el cumplimiento de los citados requisitos pueda disminuir la eficacia de dicha venta a la hora de hacer frente a dicho peligro o perseguir el objetivo de resolución mencionado en el artículo 31, apartado 2, letra b).

a)

acciones u otros instrumentos de capital emitidos por una o varias entidades objeto de resolución;

b)

todos los activos, derechos o pasivos de una o varias entidades objeto de resolución, o cualesquiera de ellos.

a)

que pertenezca total o parcialmente a una o más autoridades públicas (entre las que pueden estar la autoridad de resolución o el mecanismo de financiación de la resolución) y esté controlada por la autoridad de resolución;

b)

que se constituya con el propósito de recibir y mantener todas o parte de las acciones u otros instrumentos de capital emitidos por una entidad objeto de resolución o todos o parte de los activos, derechos y pasivos de una o varias entidades objeto de resolución con miras a continuar algunas o parte de las funciones, servicios y actividades de dicha entidad o entidades.

a)

de los propietarios de las acciones o instrumentos de capital, en caso de que la transmisión a la entidad puente se haya efectuado transmitiendo acciones o instrumentos de capital emitidos por la entidad objeto de resolución, desde los tenedores de dichas acciones o instrumentos a la entidad puente;

b)

de la entidad objeto de resolución, en caso de que la transmisión a la entidad puente se haya efectuado transmitiendo a la entidad puente una parte o totalidad del activo o del pasivo de la entidad objeto de resolución.

a)

devolver los derechos, activos o pasivos de la entidad puente a la entidad objeto de resolución, o devolver las acciones u otros instrumentos de capital a su propietario inicial, y la entidad objeto de resolución o el propietario inicial estarán obligados a aceptar la devolución de dichos, activos derechos o pasivos, o de dichas acciones u otros instrumentos de capital, siempre que se den las condiciones que se establecen en el apartado 7;

b)

transmitir acciones u otros instrumentos de capital, o activos, derechos o pasivos desde la entidad puente a un tercero.

a)

cuando la posibilidad de devolver las acciones u otros instrumentos de capital, derechos, activos o pasivos conste expresamente en la orden mediante la cual se haya realizado la transmisión;

b)

cuando las acciones u otros instrumentos de capital, derechos, activos o pasivos no formen parte (o no se ajusten a las condiciones para la transmisión) de las acciones u otros instrumentos de capital, derechos, activos o pasivos que se especifican en la orden mediante la cual se haya realizado la transmisión.

a)

no pueda denegarse el acceso por razón de que la entidad puente carezca de calificación de una agencia de calificación crediticia, o de que dicha calificación no sea proporcional a los niveles de calificación requeridos para conceder acceso a los sistemas referidos en el párrafo primero;

b)

cuando la entidad puente no satisfaga los criterios de participación o acceso a un sistema pertinente de pago, compensación o liquidación, cotización en Bolsa, sistema de indemnización de los inversores o sistema de garantía de depósitos, los derechos a que hace referencia el párrafo primero se ejercerán durante un período de tiempo que podrá especificar la autoridad de resolución, no superior a 24 meses, renovable previa solicitud de la entidad puente a la autoridad de resolución.

a)

que el contenido de los documentos constitutivos de la entidad puente sea aprobado por la autoridad de resolución;

b)

que, con sujeción a la estructura de capital de la entidad puente, dicha autoridad nombre o apruebe el órgano de dirección de la entidad puente;

c)

que la autoridad de resolución apruebe las remuneraciones de los miembros del órgano de dirección y determine sus correspondientes responsabilidades;

d)

que la autoridad de resolución apruebe la estrategia y el perfil de riesgo de la entidad puente;

e)

que la entidad puente sea habilitada, conforme a lo previsto en la Directiva 2013/36/UE o la Directiva 2014/65/UE, según proceda, y haya obtenido la autorización que exige la normativa nacional aplicable para ejercer las actividades o servicios que ha adquirido merced a la aplicación del artículo 63 de la presente Directiva;

f)

que dicha entidad puente cumpla los requisitos y esté sometida a la supervisión que disponen el Reglamento (UE) no 575/2013, la Directiva 2013/36/UE y la Directiva 2014/65/UE, según proceda.

g)

que el funcionamiento de la entidad puente se ajuste al marco de ayudas de estado de la Unión y que la autoridad de resolución pueda precisar restricciones sobre su funcionamiento en consecuencia.

a)

la fusión de la entidad puente con otra entidad;

b)

el incumplimiento por la entidad puente de los requisitos del artículo 40, apartado 2;

c)

la venta a un tercero de la totalidad o la mayor parte de los activos, derechos o pasivos de la entidad puente;

d)

la expiración del período especificado en el apartado 5 o, en su caso, en el apartado 6;

e)

la plena liquidación de los activos y de los pasivos de la entidad puente.

a)

favorezca las circunstancias mencionadas en el apartado 3, letras a), b), c) y e), o

b)

sea necesaria para garantizar la continuidad de los servicios bancarios o financieros esenciales.

a)

que pertenezca total o parcialmente a una o más autoridades públicas (entre las que pueden estar la autoridad de resolución o el mecanismo de financiación de la resolución) y esté controlada por la autoridad de resolución;

b)

que se haya constituido con el propósito de recibir la totalidad o parte de los activos, derechos y pasivos de una o varias entidades objeto de resolución o de una entidad puente.

a)

que el contenido de los documentos constitutivos de la entidad de gestión de activos sea aprobado por la autoridad de resolución;

b)

que, con sujeción a la estructura de capital de la entidad puente, la autoridad de resolución nombre o apruebe el órgano de dirección de la entidad puente;

c)

que la autoridad de resolución apruebe las remuneraciones de los miembros del órgano de dirección y determine sus correspondientes responsabilidades;

d)

que la autoridad de resolución apruebe la estrategia y el perfil de riesgo de la entidad de gestión de activos.

a)

si el mercado de tales activos es de naturaleza tal que su liquidación con arreglo a los procedimientos de insolvencia ordinarios podría influir negativamente en uno o varios mercados financieros;

b)

si la transmisión es necesaria para garantizar el buen funcionamiento de la entidad objeto de resolución o de la entidad puente, o

c)

si es necesaria una transmisión para maximizar los ingresos procedentes de la liquidación.

a)

cuando la posibilidad de devolver los derechos, activos o pasivos conste expresamente en el instrumento mediante el cual se haya realizado la trasferencia;

b)

cuando los derechos, activos o pasivos no formen parte (o no se ajusten a las condiciones para la transmisión) de las categorías de derechos, activos o pasivos que se especifican en el instrumento mediante el cual se haya realizado la transmisión.

a)

recapitalizar una entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de la presente Directiva que se ajuste a las condiciones de resolución en un grado tal que le permita de nuevo responder a las condiciones a que está supeditada su autorización (en la medida en que dichas condiciones se apliquen a la sociedad), así como continuar las actividades a las que le autoriza la Directiva 2013/36/UE o la Directiva 2014/65/UE, si la sociedad está autorizada con arreglo a dichas Directivas, y para que se mantenga la suficiente confianza del mercado en la entidad o sociedad;

b)

convertir en capital o reducir el principal de los débitos o los instrumentos de deuda transmitidos:

a)

depósitos cubiertos;

b)

pasivos garantizados, incluidas las obligaciones garantizadas y los pasivos en forma de instrumentos financieros utilizados para fines de cobertura, que formen parte integrante del conjunto de cobertura y que, con arreglo a la normativa nacional, estén garantizados de un modo similar al de las obligaciones garantizadas;

c)

pasivos resultantes de la tenencia por la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), de activos o dinero de clientes, incluidos activos o dinero de clientes depositados en nombre de OICVM con arreglo a la definición contemplada en el artículo 1, apartado 2, de la Directiva 2009/65/CE, o de FIA con arreglo a la definición contemplada en el artículo 4, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (31), a condición de que dicho cliente esté protegido con arreglo a la normativa de insolvencia aplicable;

d)

pasivos resultantes de una relación fiduciaria entre la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d) (como fideicomisario) y otra persona (como beneficiario), a condición de que dicho cliente esté protegido con arreglo a la normativa de insolvencia aplicable;

e)

pasivos de entidades, excluidas las sociedades que formen parte del mismo grupo, cuyo plazo de vencimiento inicial sea inferior a siete días;

f)

pasivos que tengan un plazo de vencimiento restante inferior a siete días, respecto de sistemas u operadores de sistemas designados de conformidad con la Directiva 98/26/CE o de sus participantes y resultantes de la participación en uno de estos sistemas;

g)

pasivos contraídos con:

a)

no sea posible recapitalizar dicho pasivo dentro de un plazo razonable no obstante los esfuerzos hechos de buena fe por la autoridad de resolución;

b)

a exclusión sea estrictamente necesaria y proporcionada respecto de la consecución de la continuidad de las funciones esenciales y las ramas de actividad principales de manera tal que se mantenga la capacidad de la entidad objeto de resolución de continuar las operaciones, los servicios y las transacciones principales;

c)

la exclusión sea estrictamente necesaria y proporcionada para evitar que se origine un contagio extendido, en particular respecto de los depósitos admisibles en poder de personas físicas, microempresas y pequeñas y medianas empresas, que perturbase gravemente el funcionamiento de los mercados financieros, incluidas sus infraestructuras, de modo tal que pudiera causarse un trastorno grave a la economía de un Estado miembro o a la de la Unión, o

d)

la aplicación del instrumento de recapitalización interna a dichos pasivos originaría una destrucción del valor tal que las pérdidas sufridas por otros acreedores serían más elevadas que si dichos pasivos se hubieran excluido de la recapitalización interna.

a)

cubrir cualquier pérdida que no haya sido absorbida por pasivos admisibles y restaurar el valor neto de los activos de la entidad objeto de resolución igualándolo a cero de conformidad con el artículo 46, apartado 1, letra a);

b)

adquirir acciones u otros instrumentos de capital o de capital de la entidad objeto de resolución, con el fin de recapitalizarla de conformidad con el artículo 46, apartado 1, letra b).

a)

una contribución a la absorción de pérdidas y recapitalización interna por un importe equivalente a no menos del 8 % del total del pasivo, incluyendo los fondos propios de la entidad determinados en el momento de la resolución según la valoración prevista en el artículo 36 se haya realizado por los accionistas y los tenedores de otros instrumentos de capital pertinentes y otros pasivos admisibles mediante la reducción de capital, conversión o de cualquier otro modo, y

b)

la contribución del mecanismo de financiación de la resolución no exceda del 5 % de los pasivos totales, incluidos los fondos propios, de la entidad objeto de resolución, medidos en el momento de la medida de resolución de conformidad con la valoración prevista en el artículo 36.

a)

el importe disponible para el mecanismo de financiación de la resolución que se haya obtenido mediante contribuciones de entidades y sucursales de la Unión de conformidad con el artículo 100, apartado 6, y el artículo 103;

b)

el importe que pueda obtenerse mediante contribuciones ex post de conformidad con el artículo 104 en un plazo de tres años, y

c)

en caso de que los importes contemplados en las letras a) y b) del presente apartado sean insuficientes, los importes obtenidos de fuentes alternativas de financiación de conformidad con el artículo 105.

a)

se haya alcanzado el límite del 5 % establecido en el apartado 5, letra b), y

b)

se hayan amortizado o convertido en su totalidad todos los pasivos no garantizados, no preferentes, distintos de los depósitos admisibles.

a)

la contribución a la absorción de pérdidas y la recapitalización interna contemplada en el apartado 5, letra a), sea igual a un importe no inferior al 20 % de los activos ponderados por riesgo de la entidad de que se trate;

b)

el mecanismo de financiación de la resolución del Estado miembro de que se trate tenga a su disposición, mediante contribuciones ex ante (no incluidas las contribuciones a un sistema de garantía de depósitos) obtenidas de conformidad con el artículo 100, apartado 6, y el artículo 103, un importe que sea como mínimo igual al 3 % de los depósitos garantizados de todas las entidades autorizadas en el territorio de dicho Estado miembro, y

c)

la entidad de que se trate posea activos inferiores a 900 000 millones de euros en base consolidada.

a)

el principio de que las pérdidas deben ser asumidas en primer lugar por los accionistas y después, en general, por los acreedores de la entidad objeto de resolución por orden de preferencia;

b)

el nivel de la capacidad de absorción de pérdidas que seguiría teniendo la entidad objeto de resolución si se excluyera el pasivo o la categoría de pasivos, y

c)

la necesidad de mantener unos recursos suficientes para la financiación de la resolución.

a)

la resolución de dichas entidades se efectuará a través de procedimientos nacionales de insolvencia u otro tipo de procedimientos aplicados de conformidad con los artículos 38, 40 o 42 de la presente Directiva previstos especialmente para dichas entidades, y

b)

tales procedimientos nacionales de insolvencia, u otros tipos de procedimientos, garantizarán que los acreedores de dichas entidades, incluidos los titulares de obligaciones garantizadas en su caso, asuman las pérdidas de forma que se cumplan los objetivos de resolución.

a)

que el instrumento haya sido emitido y plenamente desembolsado;

b)

que el pasivo no se le adeude a la propia entidad, ni esté respaldado o garantizado por ella;

c)

que la adquisición del instrumento no haya sido financiada directa o indirectamente por la entidad;

d)

que el pasivo tenga un período de vencimiento restante de al menos un año;

e)

que el pasivo no surja de un derivado;

f)

que el pasivo no surja de un depósito que se beneficia de preferencia en la jerarquía nacional de insolvencia de conformidad con el artículo 108.

a)

la necesidad de garantizar la resolución de la entidad mediante la aplicación de los instrumentos de resolución, incluida, cuando proceda, la recapitalización interna, de forma que se cumplan los objetivos de resolución;

b)

la necesidad de garantizar que, cuando proceda, la entidad cuente con los pasivos admisibles suficientes para que, si se aplica el instrumento de recapitalización interna, puedan absorberse las pérdidas y pueda restablecerse el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de la entidad a un nivel suficiente para permitir que la entidad siga cumpliendo las condiciones para su autorización y prosiga las actividades a las que le autoriza la Directiva 2013/36/UE o la Directiva 2014/65/UE, y para que se mantenga una confianza suficiente del mercado en la entidad o sociedad;

c)

la necesidad de garantizar que, si el plan de resolución anticipa que determinadas categorías de pasivos admisibles podrían quedar excluidas de la recapitalización interna contemplada en el artículo 44, apartados 3, o que determinadas categorías de pasivos admisibles podrían ser transmitidas totalmente a un adquirente en virtud de una transmisión parcial, la entidad cuente con otros pasivos admisibles suficientes para garantizar que puedan absorberse las pérdidas y que pueda restablecerse el coeficiente de capital ordinario de nivel 1 de la entidad a un nivel suficiente para permitir que la entidad siga cumpliendo las condiciones para su autorización y prosiga las actividades a las que le autoriza la Directiva 2013/36/UE o la Directiva 2014/65/UE;

d)

el tamaño, tipo de empresa, modelo de financiación y perfil de riesgo de la entidad;

e)

la medida en que el sistema de garantía de depósitos puede contribuir a la financiación de la resolución de conformidad con el artículo 109;

f)

la medida en que la inviabilidad de la entidad tendría un efecto adverso en la estabilidad financiera debido, por ejemplo, al fenómeno de contagio como consecuencia de su interconexión con otras entidades o con el resto del sistema financiero.

a)

los criterios enumerados en el apartado 6, en particular el tamaño, el tipo de empresa y el perfil de riesgo de la filial, incluidos sus fondos propios, y

b)

el requisito consolidado que se haya fijado para el grupo con arreglo al apartado 9.

a)

la entidad matriz de la UE cumpla en base consolidada el requisito mínimo fijado con arreglo al apartado 8, y

b)

la autoridad competente respecto de la entidad matriz de la Unión haya eximido totalmente a la entidad de la aplicación de los requisitos individuales de capital con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento (UE) no 575/2013.

a)

tanto la filial como su empresa matriz estén sujetas a la autorización y la supervisión del mismo Estado miembro;

b)

la filial esté incluida en la supervisión en base consolidada de la entidad que sea su empresa matriz;

c)

la entidad de grupo de más alto nivel en el Estado miembro de la filial, si es distinta de la entidad matriz de la Unión, cumpla en base subconsolidada el requisito mínimo fijado con arreglo al apartado 7;

d)

no existan impedimentos importantes, actuales o previstos, de tipo práctico o jurídico, para la inmediata transmisión de fondos propios o el reembolso de pasivos a la filial por parte de su empresa matriz;

e)

o bien la empresa matriz demuestre, a satisfacción de la autoridad competente, que efectúa una gestión prudente de la filial y se ha declarado, con el consentimiento de la autoridad competente, garante de los compromisos suscritos por la filial, o bien los riesgos en la filial sean poco significativos;

f)

los procedimientos de evaluación, medición y control de riesgos de la empresa matriz incluyan a la filial;

g)

la empresa matriz posea más del 50 % de los derechos de voto vinculados a las acciones del capital de la filial o tenga derecho a designar o cesar a la mayoría de los miembros del órgano de dirección de la filial, y

h)

la autoridad competente respecto de la filial haya eximido totalmente a la filial de la aplicación de los requisitos individuales de capital, de conformidad con el artículo 7, apartado 1, del Reglamento (UE) no 575/2013.

a)

contiene una cláusula contractual que estipule que, cuando una autoridad de resolución decida aplicar a esa entidad el instrumento de recapitalización interna, este se amortice o convierta en la medida necesaria antes de que se amorticen o conviertan otros pasivos admisibles, y

b)

está supeditado a un acuerdo, compromiso o disposición de subordinación vinculante, en virtud del cual, si tienen lugar procedimientos concursales ordinarios, el instrumento se clasifique en un rango inferior a otros pasivos admisibles y no pueda reembolsarse hasta que no se hayan liquidado otros pasivos admisibles que estén pendientes en ese momento.

a)

el modo en que se haya aplicado a nivel nacional el requisito mínimo de fondos propios y pasivos admisibles, y, en particular, si se han registrado divergencias entre los Estados miembros en los niveles establecidos para entidades comparables;

b)

el modo en que se haya aplicado en los Estados miembros la facultad de exigir a las entidades el cumplimiento del requisito mínimo mediante instrumentos contractuales de recapitalización interna, y si se han registrado divergencias en los distintos enfoques al respecto;

c)

la identificación de modelos empresariales que reflejen los perfiles de riesgo globales de la entidad;

d)

el nivel adecuado del requisito mínimo para cada uno de los modelos empresariales determinados en virtud de la letra c);

e)

si debería establecerse o no una horquilla para el requisito mínimo de cada modelo empresarial;

f)

el período de transición adecuado, dentro del cual las entidades deben lograr el cumplimiento de todos los niveles mínimos armonizados prescritos;

g)

si los requisitos establecidos en el artículo 45 bastan para garantizar que cada entidad tenga una capacidad adecuada de absorción de pérdidas y, de no ser así, qué nuevas mejoras se precisan para garantizar dicho objetivo;

h)

si los cambios en la metodología del cálculo establecida en el presente artículo resultan necesarios para garantizar que pueda utilizarse el requisito mínimo como indicador adecuado de la capacidad de absorción de pérdidas de una entidad;

i)

si resulta adecuado basar el requisito en el total de pasivos y fondos propios, excluidos los pasivos surgidos de derivados, y, en particular, si resulta más adecuado utilizar los activos ponderados por riesgo de la entidad como denominador para el requisito;

j)

si resulta adecuado el enfoque del presente artículo sobre la aplicación del requisito mínimo a los grupos, y, en particular, si este enfoque garantiza adecuadamente que la capacidad de absorción de pérdidas del grupo se sitúe en las entidades en las que pudieran registrarse pérdidas o que dichas entidades puedan acceder a esa capacidad;

k)

si resultan adecuadas las condiciones en relación con las exenciones del requisito mínimo, y, en particular, si las filiales deben poder beneficiarse de dichas exenciones a escala transfronteriza;

l)

si resulta adecuado que las autoridades de resolución puedan exigir el cumplimiento del requisito mínimo mediante instrumentos contractuales de recapitalización interna, y si resulta conveniente una mayor armonización del enfoque de los instrumentos contractuales de recapitalización interna;

m)

si resultan adecuados los requisitos para los instrumentos contractuales de recapitalización interna establecida en el apartado 14, y

n)

si es conveniente exigir a las entidades y grupos que mencionen sus requisitos mínimos de fondos propios y de pasivos admisibles, o su nivel de fondos propios y de pasivos admisibles, y, de ser así, la frecuencia y el formato de dicha mención.

a)

la incidencia del requisito mínimo, y de todo posible nivel armonizado propuesto, sobre:

b)

la interacción de los requisitos mínimos con los requisitos de fondos propios, el ratio de apalancamiento y los requisitos de liquidez establecidos en el Reglamento (UE) no 575/2013 y en la Directiva 2013/36/UE;

c)

la capacidad de las entidades de obtener capital o financiación en los mercados con el fin de cumplir todos los requisitos mínimos armonizados propuestos;

d)

la coherencia con los requisitos mínimos relativos a las normas internacionales desarrolladas por los foros internacionales.

a)

cuando proceda, el importe por el cual deben amortizarse los pasivos admisibles con objeto de garantizar que el valor neto de los activos de la entidad objeto de resolución sea igual a cero, y

b)

cuando proceda, el importe en el cual los activos admisibles deben convertirse en acciones u otros tipos de instrumentos de capital con objeto de restablecer el coeficiente de capital ordinario de nivel 1:

a)

amortizar las acciones u otros instrumentos de capital existentes o transmitirlos a los acreedores objeto de recapitalización interna;

b)

siempre y cuando, de acuerdo con la valoración realizada de conformidad con el artículo 36, la entidad objeto de resolución tenga un valor neto positivo, diluir la participación de los accionistas y titulares de otros instrumentos de capital existentes como consecuencia de la conversión en acciones u otros instrumentos de capital de:

a)

con motivo de la conversión de instrumentos de deuda en acciones u otros instrumentos de capital, de acuerdo con las cláusulas contractuales de los instrumentos de deuda originales, al producirse un hecho anterior o simultáneo a cuando la autoridad de resolución juzgó que la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), cumplía las condiciones de resolución;

b)

con motivo de la conversión de los instrumentos de capital pertinentes en instrumentos de capital ordinario de nivel 1 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 60.

a)

la valoración efectuada con arreglo al artículo 36;

b)

el importe según el cual la autoridad de resolución ha evaluado que los instrumentos de fondos propios de base de categoría 1 deben ser reducidos y los instrumentos de capital pertinentes deben ser amortizados o convertidos en virtud del artículo 60, apartado 1, y

c)

el importe agregado evaluado por la autoridad de resolución de conformidad con el artículo 46.

a)

los elementos del capital ordinario de nivel 1 se reducirán de acuerdo con el artículo 60, apartado 1, letra a);

b)

únicamente en el caso de que la reducción total efectuada de conformidad con la letra a) sea inferior a la suma de los importes a que se refiere el artículo 47, apartado 3, letras b) y c), las autoridades reducirán el importe principal de los instrumentos de capital adicional de nivel 1 en la medida necesaria y hasta el límite de su capacidad;

c)

únicamente en el caso de que la reducción total efectuada de conformidad con las letras a) y b) sea inferior a la suma de los importes a que se refiere el artículo 42, apartado 3, letras b) y c), las autoridades reducirán el importe principal de los instrumentos de capital de nivel 2 en la medida necesaria y hasta el límite de su capacidad;

d)

únicamente en el caso de que la reducción total de las acciones u otros instrumentos de capital y de los instrumentos de capital pertinentes de conformidad con las letras a), b) y c), sea inferior a la suma de los importes a que se refiere el artículo 47, apartado 3, letras b) y c), las autoridades reducirán en la medida necesaria el importe principal de la deuda subordinada que no es capital adicional de nivel 1 o 2 de acuerdo con la jerarquía de los derechos de crédito en los procedimientos de insolvencia ordinarios, en combinación con la amortización contemplada en las letras a), b) y c), para obtener la suma de los importes a que se refiere el artículo 47, apartado 3, letras b) y c);

e)

únicamente en el caso de que la reducción total de las acciones u otros instrumentos de capital, de los instrumentos de capital pertinentes y de los pasivos admisibles de conformidad con las letras a) a d) del presente apartado sea inferior a la suma de los importes a que se refiere el artículo 47, apartado 3, letras b) y d), las autoridades reducirán en la medida necesaria el importe principal o el importe pendiente de los pasivos admisibles de acuerdo con la jerarquía de los derechos de crédito en los procedimientos de insolvencia ordinarios, incluida la clasificación del rango de los depósitos establecida en el artículo 108 de conformidad con el artículo 44, en combinación con la amortización a que se refieren las letras a), b), c) y d) del presente apartado, para obtener la suma de los importes a que se refiere el artículo 47, apartado 3, letras b) y c).

a)

cláusulas que estipulen que el importe principal del instrumento debe reducirse al producirse cualquier circunstancia referente a la situación financiera, la solvencia o los niveles de fondos propios de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);

b)

cláusulas que estipulen la conversión de los instrumentos en acciones u otros instrumentos de capital por los motivos anteriormente citados.

a)

unos métodos apropiados para determinar el valor de las distintas categorías de derivados, incluidas las operaciones efectuadas en el marco de acuerdos de compensación;

b)

unos principios para establecer el momento exacto en que debe establecerse el valor de una posición de derivados, y

c)

métodos apropiados para comparar la pérdida de valor que surgiría de la liquidación y de la recapitalización interna de derivados con el importe de las pérdidas que sufrirían los derivados en una recapitalización interna.

a)

un diagnóstico pormenorizado de los factores y problemas que hayan causado la inviabilidad o la futura posible inviabilidad de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d), y de las circunstancias que hayan propiciado esta situación;

b)

una descripción de las medidas que vayan a adoptarse para restablecer la viabilidad a largo plazo de la entidad o sociedad contemplada en el artículo 1, apartado 1, letras b), c) o d);

c)

un calendario para la ejecución de tales medidas.