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La DAA prestará apoyo técnico nacional en un máximo de tres casos, en particular iniciando o apoyando procesos interministeriales para llevar a cabo las obligaciones de asistencia a las víctimas en contextos nacionales, a los Estados Parte en la Convención que o bien a) hayan hecho pocos esfuerzos por aplicar los elementos de asistencia a las víctimas del Plan de Acción de Cartagena y, por ello, puedan acogerse a un incentivo para hacerlo, o bien b) hayan establecido un plan nacional o lo vayan a establecer, y por ello tengan alguna experiencia en ejecución que evaluar, lo que les hace con más probabilidad candidatos a una valoración global nacional intermedia de los esfuerzos por aplicar el Plan de Acción de Cartagena.

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Se realizarán valoraciones intermedias globales nacionales, en un máximo de tres casos. Dichas valoraciones contarán con la participación de la DAA, en colaboración con actores clave como la CIPM, que asisten a los Estados beneficiaros en la elaboración de un documento sobre la situación de partida de cara a un taller nacional, en la organización de un taller nacional, y en la redacción de un documento detallado de resultados que constituirá la«valoración» y en el cual se reflejarán los desafíos pendientes, se fijarán los objetivos y se harán recomendaciones.

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Se llevarán a cabo acciones de seguimiento, en un máximo de tres casos, en respuesta a las recomendaciones que figuran en las valoraciones intermedias. Dichas acciones conllevarán la prestación por parte de la DAA de apoyo técnico adicional (por ejemplo para la revisión de los planes nacionales, el desarrollo de una o varias propuestas de proyectos, etc.).

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La DAA organiza una conferencia mundial de alto nivel sobre la ayuda a las víctimas de las minas antipersonal y demás residuos explosivos de guerra, en colaboración con actores clave como la CIPM, con objeto de basarse en la experiencia de asistencia a las víctimas en el contexto de la Convención para aprovechar la sinergia o eficacia potenciales con respecto a la aplicación de los instrumentos internacionales [por ejemplo la Convención sobre Municiones en Racimo (CMR), el Protocolo V de la Convención sobre prohibiciones o restricciones del empleo de ciertas armas convencionales que puedan considerarse excesivamente nocivas o de efectos indiscriminados (CAC) y la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD)] que se refieren al mismo tema y los mismos Estados afectados.

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Los Estados beneficiarios de apoyo técnico que se hayan esforzado poco en aplicar los aspectos de asistencia a las víctimas del Plan de Acción de Cartagena se centrarán en un aspecto al que darán mayor impulso en la aplicación de las obligaciones de asistencia a las víctimas y participarán en las posteriores actividades de la Convención.

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A cada Estado beneficiario de apoyo técnico se le facilitará en todos los casos un informe con recomendaciones sobre los siguientes pasos lógicos que pueda dar el Estado beneficiario en la aplicación de los aspectos del Plan de Acción de Cartagena relativos a la asistencia a las víctimas.

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Los Estados beneficiarios de apoyo técnico en cinco casos habrán desarrollado un documento conceptual y habrán propuesto una lista de participantes para la realización de talleres nacionales como parte de la valoración intermedia.

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Los Estados beneficiarios de valoraciones intermedias recibirán un documento detallado de resultados que haga constar los desafíos pendientes y que incluya los objetivos y recomendaciones para futuras medidas.

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Los Estados beneficiarios de apoyo para acciones de seguimiento estarán mejor capacitados para expresar su intención de cumplir los compromisos del Plan de Acción de Cartagena y sus necesidades de apoyo (por ejemplo, para la revisión de planes nacionales, el desarrollo de una o varias propuestas de proyectos, etc.).

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Se determinarán formas de aprovechar las sinergias o efectos potenciales de la aplicación de instrumentos internacionales (por ejemplo la CMR, el Protocolo V de la CAC y la CDPD) que tienen el mismo objeto y Estados afectados.

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Se sensibilizará más sobre el esfuerzo mundial necesario para abordar las necesidades y garantizar el derecho de los supervivientes a través de una conferencia mundial de alto nivel que cuente con una amplia participación.

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Los Estados Parte en la Convención que hayan comunicado su responsabilidad sobre un número considerable de supervivientes de minas terrestres.

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Mujeres, hombres, niñas y niños que hayan sido víctimas de minas terrestres y otros residuos explosivos de guerra, así como sus familias y comunidades.

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Se llevarán a cabo valoraciones intermedias globales nacionales en un máximo de cinco casos. Dichas valoraciones contarán con la participación de la DAA, en colaboración con actores clave como la CIPM, y con el apoyo del CIDHG, en apoyo a los Estados beneficiaros en la elaboración de un documento detallado sobre la situación de partida de cara a un taller nacional, en la organización de un taller nacional, y en la redacción de un documento detallado de resultados que constituirá la «valoración», en el que se reflejarán los desafíos pendientes, se fijarán los objetivos y se harán recomendaciones.

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Se realizarán acciones de seguimiento en un máximo de tres casos, en respuesta a las recomendaciones de las valoraciones intermedias. Dichas acciones conllevarán la prestación por parte de la DAA de apoyo técnico adicional (por ejemplo para la revisión de los planes nacionales, el desarrollo de una o varias propuestas de proyectos, etc.) o la organización de visitas de intercambio sur-sur para que los Estados beneficiarios aprovechen mutuamente las lecciones aprendidas y mejoren la aplicación futura.

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Los Estados beneficiarios de valoraciones intermedias recibirán un documento detallado de resultados que haga constar los desafíos pendientes e incluya los objetivos y las recomendaciones para futuras medidas.

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Los Estados beneficiarios de apoyo para acciones de seguimiento estarán mejor capacitados para expresar su intención de cumplir los compromisos del Plan de Acción de Cartagena y sus necesidades de apoyo (por ejemplo para la revisión de planes nacionales, el desarrollo de una o varias propuestas de proyectos, etc.) y los Estados beneficiarios tendrán una mejor comprensión de los aspectos particulares de la aplicación de la retirada de minas.

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Los Estados Parte en la Convención, distintos de los Estados miembros, que están en proceso de aplicar las obligaciones de retirada de minas dimanantes de la Convención.

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Mujeres, hombres, niñas y niños cuyas vidas se ven afectadas por la presencia o supuesta presencia de minas antipersonal, así como sus familias y comunidades.

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Un Grupo especial de alto nivel sobre la universalización de la Convención recibirá apoyo de la DAA, incluido apoyo para que personalidades de alto nivel aborden a dirigentes de hasta seis Estados que no sean Parte en la Convención; los miembros del Grupo especial participarán en un máximo de dos actos, para atraer la atención sobre los esfuerzos en curso por universalizar y aplicar la Convención.

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La DAA realizará un análisis sobre la seguridad fronteriza sin minas antipersonal, en colaboración con expertos en este ámbito y sobre la base del trabajo realizado por la CIPM a mediados de los años noventa. Sobre el análisis se hará un informe que se pondrá a disposición de varias formas, entre otras mediante traducción, elaboración de resúmenes, de materiales en formatos accesibles, etc.

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La DAA organizará hasta talleres sobre universalización, en un máximo de tres casos, en colaboración con actores clave como la CIPM y el coordinador del Grupo de contacto informal de universalización de la Convención. Dichos talleres tendrán lugar a escala nacional, subregional o regional para promover la Convención entre Estados y ayudar a los Estados que no son Parte en la Convención a abordar los obstáculos reales o supuestos para la adhesión, en particular utilizando el informe sobre el análisis de seguridad fronteriza sin minas antipersonal.

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Hasta seis Estados que no son Parte en la Convención se habrán comprometido a escala ministerial o a un nivel superior por lo que respecta al respaldo a la Convención.

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Se obtendrá conocimiento actualizado sobre las políticas en materia de minas antipersonal de los Estados que no son Parte en la Convención. Dicha información servirá para la elaboración de documentos fundamentales para la tercera conferencia de revisión, lo que incluirá un informe global relativo a los progresos realizados para alcanzar los objetivos de universalizar la Convención, y sobre el alcance de los futuros avances.

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Se revitalizará el amparo de los Estados Parte en la Convención y de las organizaciones no gubernamentales sobre la base de acciones de seguimiento derivadas de las visitas del Grupo especial de alto nivel.

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Se acumularán y compilarán nuevos conocimientos en una publicación que aborde los obstáculos a la adhesión a la Convención que se perciben con mayor frecuencia y que podrá utilizarse para apoyar el esfuerzo de universalización.

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Los Estados que no son Parte en el Convención a los que se haya abordado habrán avanzado hacia la adhesión a la Convención y/o el respaldo a sus disposiciones.

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Los Estados, distintos de los Estados miembros, que aún no hayan ratificado, aprobado o aceptado o no se hayan adherido a la Convención.

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Los Estados Parte en la Convención y las organizaciones no gubernamentales e internacionales que participen en los esfuerzos por promover la universalización de la Convención y sus normas.

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Dar prueba del compromiso actual con la Convención por parte de la Unión y sus Estados miembros, así como de su resolución de cooperar con aquellos Estados que necesiten ayuda para cumplir lo dispuesto en la Convención y ampliar la asistencia a los mismos, así como mejorar el liderazgo de la Unión en perseguir la finalidad de la Convención de poner fin al sufrimiento y a las víctimas causadas por las minas antipersonal.

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Se organizará un acto de lanzamiento para promover la presente Decisión y un acto de clausura para dar publicidad a las actividades contempladas en la presente Decisión, subrayando así la contribución de la Unión.

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Teniendo en cuenta la importancia de difundir los compromisos contraídos por los Estados Parte en la Convención en la Conferencia de Cartagena y los medios y vías de aplicarlos, así como la necesidad de que se haga un esfuerzo por tener en cuenta la variedad de públicos (por ejemplo, públicos de distintas lenguas, personas con discapacidad), se hará una auditoría del sitio web de la Convención para garantizar que dispone de acceso de alta calidad, además la publicación existente de la DAA que documenta los compromisos de asistencia a las víctimas contraídos por los Estados Parte en la Convención se traducirá y se publicará en el sitio web de la Convención para ampliar la disponibilidad de dichos compromisos en diferentes lenguas.

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Se organizará una visita de prensa a un país afectado por las minas antes de la tercera conferencia de revisión de la Convención en 2014.

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Se adquirirá material de comunicación (por ejemplo carteles, anuncios, vídeos, material publicitario, etc.) para aprovechar las ocasiones de comunicación que surjan.

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Los funcionarios de la Unión y de sus Estados miembros estarán plenamente informados de la presente Decisión y de cómo puede estar relacionada con su trabajo.

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Se ampliará el conocimiento de los Estados Parte en la Convención sobre la asistencia a las víctimas, en particular en los países francófonos afectados por las minas.

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La información sobre la Convención será más accesible.

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Se hará más notorio el compromiso de la Unión con la Convención y se propiciará y mantendrá el interés por la presente Decisión y la valoración de la misma, quedando demostrado en informes de prensa que reconozcan el compromiso de la Unión y den cuenta de las muestras de valoración que hagan los Estados Parte en la Convención en sus reuniones.

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Se mejorará la toma de conciencia sobre los esfuerzos continuos por promover la universalización de la Convención.