28.6.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 187/1

(1)

La protección activa de las víctimas de delitos tiene alta prioridad para la Unión Europea y sus Estados miembros. En la Unión Europea, la Carta de los Derechos Fundamentales (la «Carta») y el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales («el Convenio»), en el que son parte todos los Estados miembros, instan a los Estados a que protejan de modo activo a las víctimas de delitos.

(2)

La Unión Europea ha establecido con éxito un espacio de libre circulación y residencia, del cual los ciudadanos se benefician al viajar, estudiar y trabajar cada vez más en países distintos de su país de residencia. Sin embargo, la supresión de fronteras interiores y el creciente ejercicio del derecho a la libre circulación y residencia han producido como consecuencia inevitable el aumento del número de personas que se han convertido en víctimas de un delito penal y se encuentran involucradas en procesos penales en un Estado miembro distinto del de residencia.

(3)

Esta situación requiere actuaciones específicas a fin de establecer una norma mínima común de protección de las víctimas de delitos y de sus derechos en los procesos penales que tengan lugar en toda la Unión. Tales actuaciones, que pueden incluir la legislación u otras medidas, harán que los ciudadanos confíen más en que la Unión Europea y sus Estados miembros protegerán y garantizarán sus derechos.

(4)

En el «Programa de Estocolmo — Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» (1), el Consejo Europeo destacó la importancia de prestar un apoyo especial y protección jurídica a las personas más vulnerables o que se encuentran en situaciones particularmente expuestas como las que están sometidas a una violencia repetida en las relaciones personales, las víctimas de violencia de género o las de otros tipos de delitos en un Estado miembro del cual no son nacionales o residentes. Con arreglo a las Conclusiones del Consejo sobre una Estrategia de la Unión Europea para garantizar el ejercicio de los derechos y un mayor apoyo a las personas víctimas de un delito (2), el Consejo Europeo ha apremiado a que aplique un planteamiento integrado y coordinado a las víctimas. Como medida de respuesta al Programa de Estocolmo, la Comisión Europea ha propuesto un conjunto de medidas relacionadas con las víctimas de delitos, entre las que se encuentran una Directiva sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos (3) al igual que un Reglamento relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil (4).

(5)

A la luz de los considerables progresos realizados de conformidad con el plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales (5), el Consejo considera que debe adoptarse un planteamiento similar en el ámbito de la protección de las víctimas de delitos.

(6)

Las medidas de este ámbito se contemplan de modo específico en el marco de la aplicación del principio de reconocimiento mutuo como principio de base para la creación de un auténtico espacio libertad, seguridad y justicia. En efecto, el artículo 82, apartado 2, letra c), del Tratado FUE dispone que la Unión puede, mediante directivas, establecer normas mínimas sobre los derechos de las víctimas de los delitos en la medida en que sea necesario para facilitar el reconocimiento mutuo de las sentencias y resoluciones judiciales y la cooperación policial y judicial en asuntos penales con dimensión transfronteriza.

(7)

La cuestión del papel de las víctimas en los procedimientos penales ya fue abordada a escala de la Unión mediante la Decisión Marco del Consejo 2001/220/JAI, de 15 de marzo de 2001, relativa al estatuto de la víctima en el proceso penal. No obstante, han pasado más de diez años desde la aprobación de dicho instrumento y los avances obtenidos en la creación del espacio de libertad, seguridad y justicia, así como las cuestiones pendientes de aplicación en el ámbito de los derechos de las víctimas, requieren que la Unión revise y refuerce el contenido de la Decisión Marco, también a la luz de las conclusiones de la Comisión respecto de la puesta en práctica y la aplicación del citado instrumento (6).

(8)

Los mecanismos existentes para que las víctimas de delitos puedan recibir una indemnización justa y adecuada a los daños sufridos, como la prevista en la Directiva 2004/80/CE del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre indemnización a las víctimas de delitos, también han de ser revisados y, en caso necesario, mejorados, a fin de mejorar su funcionamiento y de contribuir a complementar los instrumentos destinados a la protección de las víctimas.

(9)

Además, debe crearse un mecanismo encaminado a asegurar el reconocimiento mutuo entre los Estados miembros de las decisiones en relación con las medidas de protección, que se atenga a lo previsto por la Comisión en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil. Dicho mecanismo debería complementar el que se prevé en la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la orden europea de protección, que se está debatiendo en la actualidad, en lo relativo al reconocimiento mutuo de las medidas de protección adoptadas en asuntos penales. Las disposiciones de ambas propuestas no deben establecer obligaciones de modificación de los regímenes nacionales de medidas de protección, sino que han de dejar a los Estados miembros la capacidad de decidir el régimen que van a seguir para dictar o ejecutar medidas de protección.

(10)

Teniendo en cuenta la importancia y la complejidad de estas cuestiones, parece conveniente abordarlas de manera gradual, manteniendo una coherencia de conjunto. Al plantear actuaciones futuras por ámbitos separados se puede prestar atención concreta a cada medida específica, de manera que puedan detectarse los problemas y abordarse de forma tal que se dé a cada medida un valor añadido.

(11)

Se debe prestar atención particular a la aplicación de los instrumentos legislativos en este ámbito. Podrían recogerse las medidas prácticas y las mejores prácticas en un instrumento jurídico no vinculante, como una recomendación, a fin de ayudar e inspirar a los Estados miembros en la aplicación.

(12)

Al abordar las medidas necesarias para reforzar la protección de las víctimas, se deberán tener debidamente en cuenta principios como los contenidos en la Recomendación Rec(2006) 8 del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre asistencia a las víctimas de delitos. La Unión debe tener especialmente en cuenta las normas establecidas en el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica adoptado por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 7 de abril de 2011.

(13)

La lista de medidas que figura en el anexo del presente documento debe considerarse indicativa, pues aborda solo un primer grupo de medidas que se han de tratar con carácter prioritario. En el futuro se podrán proponer, si se estima adecuado, otras, tanto legislativas como de otro tipo, al igual que medidas prácticas también a la luz del proceso actual de aprobación y ejecución de los actos jurídicos contemplados en el presente plan de trabajo.

1.

Debe llevarse a cabo una actuación a escala de la Unión Europea para reforzar los derechos y la protección de las víctimas de delitos, en particular en el curso de procesos penales. Esta actuación puede incluir medidas tanto legislativas como de otra índole.

2.

El Consejo acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de un conjunto de medidas relativas a las víctimas de delitos, e invita a la Comisión que presente propuestas relacionadas con las medidas expuestas en el Plan de Trabajo.

3.

El Consejo suscribe el «Plan de Trabajo para Reforzar los Derechos y la Protección de las Víctimas de Delitos» (en lo sucesivo «el Plan de Trabajo»), que figura en el anexo de la presente Resolución, como base de la futura actuación. Se ha de otorgar prioridad a las medidas contenidas en el Plan de Trabajo, que pueden ser complementadas con otras medidas.

4.

El Consejo estudiará toda propuesta que se presente en el contexto del Plan y se propone tratarla con carácter prioritario.

5.

El Consejo actuará en plena cooperación con el Parlamento Europeo, de conformidad con las normas vigentes.