17.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 335/1

(1)

Es preciso introducir una serie de modificaciones importantes en la Primera Directiva 73/239/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (3), en la Directiva 78/473/CEE del Consejo, de 30 de mayo de 1978, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia de coaseguro comunitario (4), en la Directiva 87/344/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1987, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro de defensa jurídica (5), en la Segunda Directiva 88/357/CEE del Consejo, de 22 de junio de 1988, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo, distinto del seguro de vida, por la que se establecen las disposiciones destinadas a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios (6), en la Directiva 92/49/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al seguro directo distinto del seguro de vida (tercera Directiva de seguros distintos del seguro de vida) (7), en la Directiva 98/78/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 1998, relativa a la supervisión adicional de las empresas de seguros que formen parte de un grupo de seguros (8), en la Directiva 2001/17/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, relativa al saneamiento y a la liquidación de las compañías de seguros (9), en la Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida (10), y en la Directiva 2005/68/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2005, sobre el reaseguro (11). Con fines de claridad, resulta oportuno refundir dichas Directivas.

(2)

A fin de facilitar el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio, es necesario eliminar las diferencias más importantes entre las legislaciones de los Estados miembros en lo que respecta a la regulación de las empresas de seguros y de reaseguros. En consecuencia, resulta oportuno establecer un marco legal dentro del cual las empresas de seguros y de reaseguros desarrollen la actividad aseguradora en todo el mercado interior, haciendo así más fácil para las empresas de seguros y de reaseguros con domicilio social en la Comunidad la cobertura de los riesgos y los compromisos localizados en ella.

(3)

Desde la óptica del correcto funcionamiento del mercado interior, es conveniente establecer normas coordinadas referentes a la supervisión de los grupos de seguros y, con vistas a la protección de los acreedores, a los procedimientos de saneamiento y liquidación de las empresas de seguros.

(4)

Es conveniente que algunas empresas que prestan servicios de seguro no estén sujetas al sistema establecido por la presente Directiva en razón de sus dimensiones, su régimen jurídico, su naturaleza — al estar estrechamente vinculadas a regímenes públicos de seguro — o los servicios específicos que ofrecen. Asimismo, resulta oportuno excluir ciertos organismos de diversos Estados miembros cuya actividad se circunscribe a un sector sumamente limitado y queda restringida por ley a un determinado territorio o a determinadas personas.

(5)

Se excluyen del ámbito de aplicación de la presente Directiva las empresas de seguros muy pequeñas que cumplen ciertas condiciones, incluido un nivel de ingresos brutos por primas inferior a 5 000 000 EUR. No obstante, todas las empresas de seguros y de reaseguros que estén ya autorizadas con arreglo a las Directivas actuales continuarán estando autorizadas cuando se aplique la presente Directiva. Las empresas excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva deben poder beneficiarse de las libertades básicas reconocidas en el Tratado. Esas empresas tienen la opción de solicitar autorización con arreglo a la presente Directiva con el fin de beneficiarse de la autorización única prevista en ella.

(6)

Los Estados miembros deben poder exigir la inscripción en el registro de las empresas que desarrollen actividades de seguros o de reaseguros y que estén excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros pueden someter asimismo a estas empresas a una supervisión prudencial y jurídica.

(7)

La Directiva 72/166/CEE del Consejo, de 24 de abril de 1972, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros, sobre el seguro de la responsabilidad civil que resulta de la circulación de vehículos automóviles, así como del control de la obligación de asegurar esta responsabilidad (12), la Séptima Directiva 83/349/CEE del Consejo, de 13 de junio de 1983, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado, relativa a las cuentas consolidadas (13), la Segunda Directiva 84/5/CEE del Consejo, de 30 de diciembre de 1983, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil que resulta de la circulación de los vehículos automóviles (14), la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos financieros (15), y la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio (16), establecen normas generales en los ámbitos de la contabilidad, el seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles, los instrumentos financieros y las entidades de crédito, y contienen definiciones relativas a estas áreas. Es conveniente que algunas de las definiciones establecidas en estas Directivas sean aplicables a efectos de la presente Directiva.

(8)

El acceso a la actividad de seguro o de reaseguro debe estar supeditado a autorización previa. Es, pues, necesario establecer las condiciones y el procedimiento para la concesión de dicha autorización, así como para su eventual denegación.

(9)

Las Directivas derogadas por la presente Directiva no establecen ninguna norma relativa al alcance de las actividades de reaseguros que una empresa puede estar autorizada a realizar. Incumbe a los Estados miembros decidir si establecen normas a este respecto.

(10)

Las referencias que se hacen en la presente Directiva a las empresas de seguros y de reaseguros deben englobar a las empresas de seguros o de reaseguros cautivas, excepto en aquellos casos en que se incluyan disposiciones especiales aplicables a estas empresas.

(11)

Al ser la presente Directiva un instrumento esencial para la plena realización del mercado interior, debe permitirse a las empresas de seguros y de reaseguros autorizadas en sus Estados miembros de origen desarrollar en toda la Comunidad alguna o todas sus actividades, mediante el establecimiento de sucursales o la prestación de servicios. Resulta, por tanto, adecuado proceder a la armonización necesaria y suficiente para lograr el reconocimiento mutuo de las autorizaciones y los sistemas de supervisión, y, por ende, una autorización única válida en toda la Comunidad y que haga posible que la supervisión de la empresa sea realizada por el Estado miembro de origen.

(12)

La Directiva 2000/26/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de mayo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre el seguro de responsabilidad civil derivada de la circulación de vehículos automóviles (Cuarta Directiva sobre el seguro de vehículos automóviles) (17), establece normas sobre la designación de representantes para la tramitación y liquidación de siniestros. Dichas normas deben ser de aplicación a efectos de la presente Directiva.

(13)

Las empresas de reaseguros deben limitar su objeto social a la actividad de reaseguro y a las operaciones conexas. Esta exigencia no debe impedir a una empresa de reaseguros realizar actividades tales como la prestación de servicios de asesoramiento estadístico o actuarial, de análisis de riesgos o de investigación a sus clientes. Asimismo, puede comportar funciones de sociedad de cartera y actividades relacionadas con las actividades del sector financiero en el sentido del artículo 2, punto 8, de la Directiva 2002/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la supervisión adicional de las entidades de crédito, empresas de seguros y empresas de inversión de un conglomerado financiero (18). En cualquier caso, el citado requisito no permite desarrollar actividades bancarias y financieras que no guarden relación alguna.

(14)

La protección de los tomadores de seguros presupone que las empresas de seguros y de reaseguros están sujetas a requisitos de solvencia efectivos de los que se deriva una asignación del capital eficiente en la Unión Europea. A la luz de la evolución del mercado, el sistema actual no resulta ya adecuado. Es, pues, necesario establecer un nuevo marco regulador.

(15)

En consonancia con los últimos avances en materia de gestión de riesgos, en el contexto de la Asociación Internacional de Supervisores de Seguros, el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad y la Asociación Actuarial Internacional, y con la evolución reciente en otros sectores financieros, procede adoptar un enfoque basado en el riesgo económico, que incentive una correcta evaluación y gestión de riesgos por parte de las empresas de seguros y de reaseguros. Es conveniente llevar a cabo una mayor armonización mediante la introducción de normas específicas de valoración de los activos y pasivos, incluidas las provisiones técnicas.

(16)

El principal objetivo de la regulación y supervisión del sector de seguros y de reaseguros es la protección adecuada de los tomadores y los beneficiarios de seguros. El término beneficiario pretende cubrir a cualquier persona física o jurídica que sea titular de derechos con arreglo a un contrato de seguros. La estabilidad financiera y la equidad y estabilidad de los mercados son otros de los objetivos de la regulación y supervisión del sector de seguros y de reaseguros que deben también tenerse en cuenta, si bien no han de menoscabar el objetivo principal.

(17)

Se espera que del régimen de solvencia establecido por la presente Directiva se derive una protección aún mejor de los tomadores de seguros. La Directiva exige a los Estados miembros que faciliten a las autoridades de supervisión los recursos para cumplir sus obligaciones, que ella establece. Ello se refiere a todas las capacidades necesarias, incluyendo los recursos económicos y humanos.

(18)

Por consiguiente, las autoridades de supervisión de los Estados miembros deben tener a su disposición todos los medios necesarios para velar por el ejercicio ordenado de la actividad por parte de las empresas de seguros y de reaseguros en toda la Comunidad, ya sea al amparo del derecho de establecimiento o de la libre prestación de servicios. A fin de garantizar la eficacia de la supervisión, todas las medidas adoptadas por las autoridades de supervisión deben ser proporcionadas a la naturaleza y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de una empresa de seguros o de reaseguros, con independencia de la importancia que revista la empresa considerada para la estabilidad financiera global del mercado.

(19)

La presente Directiva no debe resultar demasiado gravosa para las pequeñas y medianas empresas de seguros. Uno de los medios para alcanzar este objetivo es una aplicación adecuada del principio de proporcionalidad. Este principio debe aplicarse tanto a los requisitos impuestos a las empresas de seguros y de reaseguros como al ejercicio de las facultades de supervisión.

(20)

En particular, la presente Directiva no debe suponer una carga excesiva para las empresas de seguros especializadas en ofrecer tipos específicos de seguros o servicios a segmentos específicos de clientes, y debe reconocer que este tipo de especialización puede ser un instrumento valioso para gestionar con eficiencia y eficacia los riesgos. Con el fin de lograr este objetivo, así como para aplicar adecuadamente el principio de proporcionalidad, ha de contemplarse también la posibilidad de permitir expresamente a las empresas que utilicen sus propios datos para calibrar los parámetros en los módulos de riesgo de suscripción de la fórmula estándar del capital de solvencia obligatorio.

(21)

La presente Directiva debe tener también en cuenta la naturaleza específica de las empresas de seguros o de reaseguros cautivas. Toda vez que estas empresas cubren exclusivamente los riesgos asociados con el grupo industrial o comercial al que pertenecen, deben adoptarse planteamientos adecuados en consonancia con el principio de proporcionalidad para reflejar la naturaleza, el volumen y la complejidad de sus actividades comerciales.

(22)

La supervisión de la actividad reaseguradora ha de tener en cuenta las especiales características de las actividades de reaseguros, en especial su carácter global y el hecho de que sus tomadores son empresas de seguros y de reaseguros.

(23)

Las autoridades de supervisión han de poder obtener de las empresas de seguros y de reaseguros la información necesaria para el desempeño de su función supervisora, incluida, cuando proceda, la información divulgada públicamente por una empresa de seguros o de reaseguros sometida a requisitos de información, cotización y otras exigencias legales o reglamentarias.

(24)

Conviene atribuir a las autoridades de supervisión del Estado miembro de origen la responsabilidad de controlar la solidez financiera de las empresas de seguros y de reaseguros. Para ello, deben llevar a cabo con regularidad revisiones y evaluaciones.

(25)

Las autoridades de supervisión deben poder tener en cuenta las repercusiones que tienen sobre los riesgos y la gestión de los activos los códigos de conducta y de transparencia voluntarios adoptados por las correspondientes instituciones que hacen uso de instrumentos de inversión no regulados o alternativos.

(26)

El punto de partida de cara a la adecuación de los requisitos cuantitativos en el sector asegurador es el capital de solvencia obligatorio. Por tanto, las autoridades de supervisión solo deben tener la facultad de imponer una adición sobre el capital de solvencia obligatorio en circunstancias excepcionales en los casos enumerados en la presente Directiva tras el proceso de revisión supervisora. La fórmula estándar para calcular el capital de solvencia obligatorio pretende reflejar el perfil de riesgo de la mayor parte de las empresas de seguros y de reaseguros. Con todo, es posible que, en algunos casos, el enfoque normalizado no refleje adecuadamente el perfil de riesgo muy específico de una empresa.

(27)

La imposición de adiciones de capital es excepcional en el sentido de que debe recurrirse a ella únicamente en última instancia, cuando otras medidas de supervisión resulten ineficaces o inadecuadas. Además, el término excepcional debe entenderse en el contexto de la situación específica de cada empresa en lugar de en relación con el número de adiciones de capital impuestas en un mercado específico.

(28)

La adición de capital debe mantenerse mientras no se ajusten las circunstancias que llevaron a imponer dicha adición. En el supuesto de que el modelo interno completo o parcial presente deficiencias importantes o de que se constaten carencias importantes en el sistema de gobernanza, las autoridades de supervisión deben velar por que la empresa tome cuantas medidas sean necesarias para corregir las deficiencias que hayan llevado a la imposición de la adición de capital. No obstante, cuando el enfoque normalizado no refleje adecuadamente el perfil de riesgo muy específico de una empresa, la adición de capital puede mantenerse durante varios años consecutivos.

(29)

Algunos riesgos solo pueden tenerse debidamente en cuenta a través de exigencias en materia de gobernanza y no a través de los requisitos cuantitativos que se reflejan en el capital de solvencia obligatorio. Resulta, pues, esencial un sistema de gobernanza eficaz para la correcta gestión de la empresa de seguros y para el sistema de control.

(30)

El sistema de gobernanza incluye la función de la gestión del riesgo, la función de verificación del cumplimiento, la función de auditoría interna y la función actuarial.

(31)

Por función se entiende la capacidad administrativa para llevar a cabo determinadas tareas de gobernanza. La definición de una función determinada no obsta para que la empresa decida libremente la manera de organizar dicha función en la práctica, salvo disposición en contrario en la presente Directiva. Dicha definición no debe traducirse en requisitos excesivamente gravosos, pues deben tenerse en cuenta la naturaleza, el volumen y la complejidad de las operaciones de la empresa. Por lo tanto, debe poder encomendarse estas funciones al propio personal de la empresa, o bien realizarse bajo el asesoramiento de expertos externos, o externalizarse a expertos, dentro de los límites fijados en la presente Directiva.

(32)

Por otra parte, excepto en lo que se refiere a la función de auditoría interna, debe ser posible que en empresas de menor entidad o complejidad, una persona o una unidad organizativa desempeñe más de una función.

(33)

Las funciones incluidas en el sistema de gobernanza se consideran funciones clave y, por tanto, son también funciones importantes y críticas.

(34)

Todas las personas que ejerzan funciones clave deben ser aptas y honorables. No obstante, únicamente los titulares de funciones clave deben estar sometidos a los requisitos de notificación a las autoridades de supervisión.

(35)

A efectos de evaluación del nivel de competencia requerido, las cualificaciones profesionales y la experiencia de las personas que dirijan efectivamente la empresa o desempeñen otras funciones clave deben tenerse en cuenta como factores adicionales.

(36)

Todas las empresas de seguros y de reaseguros deben asumir como práctica habitual, integrándola en su estrategia comercial, la evaluación periódica de sus necesidades globales de solvencia, atendiendo a su perfil de riesgo específico (en lo sucesivo, «evaluación interna de los riesgos y de la solvencia»). Esta evaluación no requiere la elaboración de un modelo interno ni sirve para calcular un capital obligatorio distinto del capital de solvencia obligatorio o del capital mínimo obligatorio. Los resultados de cada evaluación deben comunicarse a las autoridades de supervisión dentro de la información a facilitar con fines de supervisión.

(37)

A fin de garantizar una supervisión eficaz de las actividades o funciones externalizadas, es fundamental que las autoridades de supervisión de la empresa de seguros o de reaseguros que externalice las actividades tengan acceso a toda la información pertinente que obre en poder del proveedor del servicio de externalización, con independencia de que este sea una entidad regulada o no regulada, y que tengan derecho, asimismo, a realizar inspecciones in situ. Con vistas a tener en cuenta la evolución del mercado y cerciorarse de que siguen verificándose las condiciones para la externalización, las autoridades de supervisión deben ser informadas antes de la externalización de actividades o funciones críticas o importantes. Estas exigencias deben tomar en consideración los trabajos del Foro Conjunto y ser coherentes con las normas y prácticas actuales en el sector bancario y con la Directiva 2004/39/CE y su aplicación a las entidades de crédito.

(38)

Con fines de transparencia, las empresas de seguros y de reaseguros deben hacer pública, es decir, poner a disposición del público, de forma gratuita, ya sea en formato impreso o electrónico, al menos una vez al año, la información esencial sobre su situación financiera y de solvencia. Las empresas deben tener la posibilidad de hacer pública información adicional con carácter voluntario.

(39)

Conviene prever el intercambio de información entre las autoridades de supervisión y las autoridades o los organismos que, por su función, contribuyen a reforzar la estabilidad del sistema financiero. Es, por tanto, necesario especificar las condiciones en las que han de ser posibles tales intercambios de información. Por otra parte, cuando solo sea posible divulgar información con el consentimiento expreso de las autoridades de supervisión, debe permitirse a estas supeditar, cuando proceda, su consentimiento al cumplimiento de condiciones estrictas.

(40)

Es necesario fomentar la convergencia de la actividad supervisora, no solo en lo que respecta a los instrumentos de supervisión, sino también a las prácticas de supervisión. El Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación (CESSPJ) establecido por la Decisión 2009/79/CE de la Comisión (19), debe desempeñar un papel importante en este sentido e informar periódicamente al Parlamento Europeo y a la Comisión sobre los progresos realizados.

(41)

El objetivo de la información y la elaboración de informes que ha de presentar el CESSPJ con respecto a las adiciones de capital no es inhibir el uso permitido con arreglo a la presente Directiva, sino contribuir a un grado cada vez mayor de convergencia entre las autoridades de supervisión de los diferentes Estados miembros en la imposición de adiciones de capital.

(42)

Con objeto de limitar la carga administrativa y de evitar la duplicación de tareas, resulta oportuno que las autoridades de supervisión y las autoridades nacionales del ámbito estadístico colaboren e intercambien información.

(43)

A fin de reforzar la supervisión de las empresas de seguros y de reaseguros y la protección de los tomadores de seguros, los auditores legales, según se definen en la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas (20), deben estar obligados a informar de inmediato sobre cualquier hecho que pueda incidir seriamente en la situación financiera o la organización administrativa de una empresa de seguros o de reaseguros.

(44)

Es conveniente que las empresas de seguros y de reaseguros que ejerzan actividades tanto de seguro de vida como de seguro distinto del seguro de vida gestionen dichas actividades por separado, a fin de proteger los intereses de los tomadores seguros de vida. En particular, dichas empresas deben quedar sujetas a los mismos requisitos de capital que los aplicables a un grupo de seguros equivalente, integrado por una empresa de seguros de vida y otra de seguros distintos del seguro de vida, teniendo en cuenta la mayor transferibilidad del capital en el caso de las empresas de seguros multirramo.

(45)

La evaluación de la situación financiera de las empresas de seguros y de reaseguros ha de basarse en sólidos principios económicos y hacer un uso óptimo de la información proporcionada por los mercados financieros, así como de los datos generalmente disponibles sobre los riesgos técnicos de seguros. En particular, los requisitos de solvencia deben basarse en una valoración económica de la totalidad del balance.

(46)

Las normas de valoración a efectos de supervisión deben ser, en la medida de lo posible, compatibles con la evolución contable internacional de forma que se limite la carga administrativa impuesta a las empresas de seguros o de reaseguros.

(47)

Con arreglo a ese enfoque, los requisitos de capital deben estar cubiertos por fondos propios, ya sean estos elementos consignados o no en el balance. Dado que no todos los recursos financieros permiten una total absorción de pérdidas ni en caso de liquidación ni en caso de continuidad de la explotación, los elementos de los fondos propios deben clasificarse con arreglo a criterios de calidad en tres niveles, y el importe de fondos propios admisible como cobertura de los requisitos de capital debe limitarse en consecuencia. Los límites aplicables a los elementos de los fondos propios solo deben servir para determinar la situación de solvencia de las empresas de seguros y de reaseguros, sin restringir más allá la libertad de dichas empresas en lo que respecta a su gestión interna del capital.

(48)

En general, los activos libres de todo compromiso previsible están disponibles para absorber pérdidas derivadas de fluctuaciones adversas de las actividades comerciales, tanto en caso de continuidad de la explotación como en caso de liquidación. Por tanto, la mayor parte del excedente de los activos con respecto a los pasivos, valorados de conformidad con los principios establecidos en la presente Directiva, debe tratarse como capital de alta calidad (nivel 1).

(49)

No todos los activos en una empresa carecen de restricciones. En algunos Estados miembros, productos específicos dan lugar a estructuras de fondos afectos que otorgan a una categoría de tomadores de seguros más derechos a los activos dentro de su propio fondo. Aunque estos activos están incluidos en el cálculo del excedente de los activos respecto de los pasivos a efectos de fondos propios, no están, de hecho, disponibles para hacer frente a riesgos fuera del fondo afecto. Para mantener la coherencia con el enfoque económico, la evaluación de los fondos propios debe ajustarse con el fin de reflejar la naturaleza específica de los activos que forman parte de un mecanismo de afección. De forma similar, el cálculo del capital de solvencia obligatorio debe reflejar la reducción debida a la puesta en común o la diversificación de activos vinculada a esos fondos afectos.

(50)

Es práctica actual en determinados Estados miembros que las empresas de seguros vendan productos de seguro de vida en los que los tomadores y los beneficiarios de una póliza de seguros contribuyen al capital de riesgo de la compañía a cambio de una devolución total o parcial de las contribuciones. Los beneficios acumulados son fondos excedentarios, propiedad de la entidad jurídica en que han sido generados.

(51)

Los fondos excedentarios deben valorarse en consonancia con el enfoque económico establecido en la presente Directiva. A este respecto, no debiera ser suficiente una simple referencia a la evaluación de los fondos excedentarios en cuentas legales anuales. De conformidad con los requisitos relativos a los fondos propios, los fondos excedentarios deben quedar sujetos a los criterios recogidos en la presente Directiva en materia de clasificación por niveles. Esto significa, entre otras cosas, que solo los fondos excedentarios que cumplan los requisitos para su clasificación en el nivel 1 deben ser considerados como capital del nivel 1.

(52)

Las mutuas y las sociedades mutuas con contribuciones variables pueden requerir contribuciones adicionales procedentes de sus miembros (derramas pasivas), con el fin de incrementar la cantidad de recursos financieros que poseen para absorber pérdidas. Estas derramas pasivas pueden representar una fuente importante de financiación para las mutuas y las sociedades mutuas, incluso cuando dichas asociaciones se enfrenten a fluctuaciones adversas de las actividades comerciales. Por tanto, las derramas pasivas deben reconocerse como fondos propios complementarios y tratarse en consecuencia a efectos de solvencia. En particular, en el caso de las mutuas y las sociedades mutuas de navieros con cuotas variables que aseguren exclusivamente los riesgos marítimos, el recurso a las derramas pasivas ha sido una práctica habitual desde hace mucho tiempo, sometida a disposiciones específicas de recuperación, por lo que el importe aprobado de estas derramas pasivas debe tratarse como capital de buena calidad (nivel 2). De forma similar, en el caso de otras mutuas y sociedades mutuas en las que las derramas pasivas son de calidad parecida, el importe aprobado de dichas derramas debe tratarse asimismo como capital de buena calidad (nivel 2).

(53)

A fin de permitir a las empresas de seguros y de reaseguros cumplir sus compromisos frente a los tomadores y los beneficiarios de seguros, resulta oportuno que los Estados miembros exijan a dichas empresas la constitución de provisiones técnicas adecuadas. Los principios y las metodologías actuariales y estadísticas correspondientes al cálculo de las citadas provisiones técnicas deben armonizarse en toda la Comunidad, con objeto de lograr una mayor comparabilidad y transparencia.

(54)

El cálculo de las provisiones técnicas debe ser acorde con la valoración de los activos y de los demás pasivos, ser coherente con el mercado y ajustarse a la evolución internacional en materia de contabilidad y supervisión.

(55)

El valor de las provisiones técnicas debe corresponder por tanto al importe que una empresa de seguros o de reaseguros tendría que pagar si transfiriera de manera inmediata todas sus obligaciones y derechos contractuales a otra entidad. Por consiguiente, el valor de las provisiones técnicas debe corresponder al importe que otra empresa de seguros o de reaseguros (la empresa de referencia) previsiblemente necesitaría para poder asumir y cumplir las obligaciones subyacentes de seguro y reaseguro. La cuantía de las provisiones técnicas ha de reflejar las características de la cartera de seguros subyacente. En consecuencia, en su cálculo únicamente conviene utilizar información específica de la empresa, como la información respecto de la gestión de siniestros y los gastos correspondientes, en la medida en que esa información permita a las empresas de seguros y de reaseguros reflejar mejor las características de la cartera de seguros subyacente.

(56)

Las hipótesis relativas a la empresa de referencia de la que se espera que asuma y cumpla las obligaciones subyacentes de seguros y reaseguros deben armonizarse en toda la Comunidad. En particular, las hipótesis relativas a la empresa de referencia que determinan si se deben tener en cuenta o no, y en qué medida, los efectos de diversificación en el cálculo del margen de riesgo deben analizarse como parte de la evaluación de impacto de las medidas de ejecución y han de armonizarse a escala comunitaria.

(57)

A efectos del cálculo de las provisiones técnicas, se debe permitir aplicar interpolaciones y extrapolaciones razonables a partir de valores de mercado directamente observables.

(58)

Es necesario que el valor actual esperado de los compromisos contraídos en virtud de los seguros se calcule a partir de información actual y fiable y de hipótesis realistas, teniendo en cuenta las garantías financieras y las opciones de los contratos de seguro o reaseguro, para obtener una valoración económica de las obligaciones de seguro o de reaseguro. Resulta oportuno exigir la utilización de metodologías actuariales eficaces y armonizadas.

(59)

Atendiendo a la situación específica de las pequeñas y medianas empresas, procede prever métodos simplificados para el cálculo de las provisiones técnicas.

(60)

El régimen de supervisión debe comportar un requisito variable en función del riesgo, basado en un cálculo prospectivo, para garantizar la intervención precisa y oportuna de las autoridades de supervisión (el capital de solvencia obligatorio), y un nivel mínimo de seguridad por debajo del cual no deberían descender los recursos financieros (el capital mínimo obligatorio). Ambos requisitos de capital deben estar armonizados en la Comunidad, a fin de alcanzar un nivel uniforme de protección de los tomadores de seguros. En aras del buen funcionamiento de la presente Directiva, debe establecerse una escala adecuada de intervención entre el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio.

(61)

Con el fin de mitigar los posibles efectos procíclicos del sistema financiero y evitar situaciones en que las empresas de seguros y de reaseguros se vean indebidamente obligadas a conseguir capital adicional o a vender sus inversiones a raíz de movimientos discontinuos adversos en los mercados financieros, el módulo de riesgo de mercado de la fórmula estándar para el capital de solvencia obligatorio debe incluir un mecanismo de ajuste simétrico con respecto a las variaciones en el nivel de los precios de las acciones. Además, en el caso de caídas excepcionales de los mercados financieros, y cuando el mecanismo de ajuste simétrico no sea suficiente para permitir a las empresas de seguros y de reaseguros cubrir el capital de solvencia obligatorio, se ha de contemplar la posibilidad de permitir a las autoridades de supervisión prorrogar el plazo en el que las empresas de seguros y de reaseguros han de restablecer el nivel de fondos propios admisibles que cubren el capital de solvencia obligatorio.

(62)

El capital de solvencia obligatorio debe reflejar un nivel de fondos propios admisibles tal que permita a las empresas de seguros y de reaseguros absorber pérdidas significativas y que ofrezca a los tomadores y beneficiarios de seguros una garantía razonable de que se efectuarán los pagos al vencimiento.

(63)

Con el fin de garantizar que las empresas de seguros y de reaseguros mantienen fondos propios admisibles que cubren el capital de solvencia obligatorio de manera permanente, teniendo en cuenta cualquier cambio en su perfil de riesgo, dichas empresas deben calcular el capital de solvencia obligatorio al menos una vez al año, hacer un seguimiento continuo del mismo y volverlo a calcular si su perfil de riesgo se altera significativamente.

(64)

Con vistas a promover una buena gestión de riesgos y adaptar los requisitos reglamentarios de capital a las prácticas del sector, el capital de solvencia obligatorio debe corresponderse con el capital económico que han de poseer las empresas de seguros y de reaseguros para limitar la probabilidad de ruina a un caso por cada 200 o, de forma alternativa, que las empresas todavía estén en situación, con una probabilidad del 99,5 % como mínimo, de cumplir sus obligaciones frente a los tomadores y beneficiarios de seguros en los doce meses siguientes. Ese capital económico debe calcularse sobre la base del verdadero perfil de riesgo de dichas empresas, teniendo en cuenta la incidencia de las posibles técnicas de reducción del riesgo, así como los efectos de diversificación.

(65)

Resulta oportuno prever el establecimiento de una fórmula estándar para calcular el capital de solvencia obligatorio, a fin de permitir a todas las empresas de seguros y de reaseguros evaluar su capital económico. A efectos de la estructura de la fórmula estándar, conviene adoptar un enfoque modular, es decir, evaluar, en una primera fase, la exposición individual a cada categoría de riesgo y proceder, en una segunda fase, a su agregación. Cuando el recurso a parámetros específicos de la empresa permita reflejar mejor su verdadero perfil de riesgo de suscripción, conviene establecer esta posibilidad, siempre y cuando dichos parámetros se deriven por medio de una metodología normalizada.

(66)

Atendiendo a la situación específica de las pequeñas y medianas empresas, procede prever métodos simplificados para el cálculo del capital de solvencia obligatorio de conformidad con la fórmula estándar.

(67)

Por norma general, el nuevo planteamiento basado en el riesgo no contempla los conceptos de límites cuantitativos de inversión y de criterios de admisibilidad de los activos. No obstante, conviene establecer la posibilidad de introducir límites de inversión y criterios de admisibilidad de los activos para atender a riesgos que no estén adecuadamente cubiertos por un submódulo de la fórmula estándar.

(68)

Con arreglo al enfoque orientado al riesgo del capital de solvencia obligatorio, resulta oportuno prever la posibilidad de utilizar, en circunstancias específicas, modelos internos completos o parciales para el cálculo de dicho capital, en lugar de la fórmula estándar. A fin de ofrecer a los tomadores y beneficiarios de seguros un nivel de protección equivalente, los citados modelos internos deben estar sujetos a la aprobación previa de las autoridades de supervisión con arreglo a procesos y normas armonizados.

(69)

Cuando el importe de los fondos propios básicos admisibles descienda por debajo del capital mínimo obligatorio, y en el supuesto de que las empresas de seguros y de reaseguros no puedan volver a nivelar el citado importe de fondos propios con el capital mínimo obligatorio en un breve plazo, debe revocarse la autorización de dichas empresas.

(70)

El capital mínimo obligatorio debe garantizar un nivel mínimo por debajo del cual no deben descender los recursos financieros. Es preciso que se calcule este nivel según una fórmula sencilla, que esté sometida a unos valores mínimo y máximo sustentados en el capital de solvencia obligatorio basado en el riesgo, con el fin de posibilitar una intervención gradual de la supervisión sobre la base de datos que se puedan auditar.

(71)

Las empresas de seguros y de reaseguros deben contar con activos de calidad suficiente para cubrir sus necesidades financieras globales. Todas las inversiones que mantengan las empresas de seguros y de reaseguros deben gestionarse con arreglo al principio de prudencia.

(72)

Los Estados miembros no deben exigir a las empresas de seguros o de reaseguros que inviertan en determinadas categorías de activos, puesto que esta exigencia podría ser contraria a la liberalización de los movimientos de capital establecida en el artículo 56 del Tratado.

(73)

Es preciso prohibir cualquier disposición que permita a los Estados miembros exigir la pignoración de los activos que cubran las provisiones técnicas de una empresa de seguros o de reaseguros, independientemente de la forma que adopte esta exigencia, cuando el asegurador esté reasegurado por una empresa de seguros o de reaseguros autorizada de conformidad con la presente Directiva, o por una empresa de un tercer país cuyo régimen de supervisión se considere equivalente.

(74)

Hasta la fecha el marco jurídico no establecía criterios precisos para la evaluación prudencial de una propuesta de adquisición ni procedimiento alguno para la aplicación de los mismos. Resulta, por tanto, necesario aclarar los criterios y el proceso de evaluación prudencial, a fin de ofrecer la seguridad jurídica, la claridad y la previsibilidad precisas con respecto al proceso de evaluación, así como a su resultado. Estos criterios y procedimientos fueron instaurados por disposiciones de la Directiva 2007/44/CE. En relación con el seguro y el reaseguro, conviene, por consiguiente, codificar dichas disposiciones e integrarlas en la presente Directiva.

(75)

Es, pues, de vital importancia que se lleve a cabo la mayor armonización posible en toda la Comunidad de estos procedimientos y evaluaciones prudenciales. No obstante, las disposiciones en materia de participaciones cualificadas no deben impedir a los Estados miembros exigir que se informe a las autoridades de supervisión de las adquisiciones de participaciones inferiores a los umbrales previstos en dichas disposiciones, siempre que ningún Estado miembro imponga a tal efecto más de un umbral adicional que se sitúe por debajo del 10 %. Las citadas disposiciones tampoco deben impedir a las autoridades de supervisión ofrecer orientaciones generales sobre el momento en que se considera que tales participaciones confieren una influencia notable.

(76)

Dada la creciente movilidad de los ciudadanos de la Unión, el seguro de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles es cada vez más objeto de oferta transfronteriza. A fin de garantizar que sigan funcionando correctamente el sistema de la carta verde y los acuerdos entre oficinas nacionales de aseguradores de automóviles, conviene que los Estados miembros puedan exigir a las empresas de seguros que ofrezcan, en su territorio, seguros de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles en régimen de prestación de servicios que se afilien a la oficina nacional y participen en su financiación, así como en la del fondo de garantía creado en ese Estado miembro. El Estado miembro de prestación del servicio debe exigir a las empresas que ofrezcan seguros de responsabilidad civil resultante de la circulación de vehículos automóviles el nombramiento de un representante en su territorio para que recoja toda la información necesaria en relación con los siniestros y represente a la empresa considerada.

(77)

En el contexto de un mercado interior, la posibilidad de acceder a la mayor gama de productos de seguro disponibles en la Comunidad redunda en beneficio de los tomadores. Por consiguiente, el Estado miembro en el que se localice el riesgo o el Estado miembro del compromiso deben velar por que nada impida la comercialización en su territorio de todos los productos de seguro que se ofrezcan a la venta en la Comunidad, siempre que dichos productos no sean contrarios a las disposiciones legales de interés general vigentes en ese Estado miembro y en la medida en que las normas del Estado miembro de origen no preserven el interés general.

(78)

Resulta oportuno prever un sistema de sanciones para el caso en que una empresa de seguros no se atenga a las disposiciones de interés general vigentes, en su caso, en el Estado miembro en el que se localice el riesgo o en el Estado miembro del compromiso.

(79)

En un mercado interior de seguros, los consumidores pueden elegir entre una gama mucho más amplia y variada de contratos. Al objeto de poder aprovechar plenamente esta diversidad y la intensificación de la competencia, deben recibir toda la información que precisen antes de la celebración del contrato y durante todo el período de vigencia del mismo, de forma que puedan elegir el contrato que mejor se adapte a sus necesidades.

(80)

Toda empresa de seguros que ofrezca contratos de asistencia debe poseer los medios necesarios para hacer efectivas las prestaciones en especie que propone en un plazo adecuado. Procede establecer disposiciones especiales para calcular el capital de solvencia obligatorio y el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio que tales empresas deben poseer.

(81)

Resulta oportuno facilitar el ejercicio del coaseguro comunitario en relación con las actividades que, por su naturaleza o volumen, vayan a ser probablemente objeto de coaseguro internacional, mediante un mínimo de armonización, a fin de evitar el falseamiento de la competencia y las diferencias de trato. En este contexto, la empresa de seguros abridora debe evaluar los compromisos y fijar la cuantía de las provisiones técnicas. Además, en el ámbito del coaseguro comunitario conviene instaurar una especial colaboración tanto entre las autoridades de supervisión de los Estados miembros, como entre estas y la Comisión.

(82)

En aras de la protección de los asegurados, resulta oportuno armonizar las legislaciones nacionales relativas al seguro de defensa jurídica. En la medida de lo posible, es conveniente prevenir o resolver cualquier conflicto de intereses derivado, en particular, del hecho de que la empresa de seguros cubra a otra persona o esté ofreciendo simultáneamente a una persona cobertura de defensa jurídica y de cualquier otro ramo. Para ello, es posible alcanzar, de distintas maneras, un nivel adecuado de protección de los tomadores de seguros. Sea cual sea la opción elegida, debe protegerse el interés de las personas que disfruten de una cobertura de defensa jurídica mediante garantías equivalentes.

(83)

Los conflictos entre las empresas y los asegurados relativos a la cobertura de defensa jurídica deben resolverse de la forma más rápida y justa posible. Conviene, por tanto, que los Estados miembros prevean un procedimiento de arbitraje u otro procedimiento que ofrezca garantías comparables.

(84)

En algunos Estados miembros, los seguros de enfermedad privados o voluntarios pueden sustituir total o parcialmente a la cobertura de enfermedad que proporcionan los sistemas de seguridad social. La particular naturaleza de ese seguro de enfermedad lo diferencia de otros ramos de seguro de daños y de vida, en el sentido de que resulta necesario garantizar a los tomadores el acceso efectivo a la cobertura de enfermedad privada o suscrita con carácter voluntario, con independencia de su edad o de su perfil de riesgo. Habida cuenta de la naturaleza y de las consecuencias sociales de los contratos de seguro de enfermedad, las autoridades de supervisión del Estado miembro en el que se localice el riesgo deben, en el caso del seguro de enfermedad privado o voluntario, tener la posibilidad de exigir la notificación sistemática de las condiciones generales y particulares de las pólizas, a fin de comprobar que dichos contratos son una alternativa parcial o completa a la cobertura de enfermedad proporcionada por el sistema de seguridad social. Dicha comprobación no debe constituir una condición previa para la comercialización de los productos.

(85)

A tal fin, algunos Estados miembros han adoptado disposiciones legales específicas. Para proteger el interés general, es conveniente que exista la posibilidad de adoptar o mantener tales disposiciones legales, en la medida en que no restrinjan indebidamente el derecho de establecimiento o la libre prestación de servicios, y siempre y cuando se apliquen por igual. La naturaleza de las citadas disposiciones legales puede variar dependiendo de las circunstancias de cada Estado miembro. El objetivo de protección del interés general también puede alcanzarse exigiendo a aquellas empresas que ofrezcan cobertura de enfermedad privada o suscrita con carácter voluntario que ofrezcan pólizas estándar acordes con la cobertura proporcionada por los regímenes legales de seguridad social a cambio de una prima que sea igual o inferior a un determinado límite máximo, y que participen en los sistemas de compensación de pérdidas. Otra posibilidad es exigir que las bases técnicas de la cobertura de enfermedad privada o suscrita con carácter voluntario sean similares a las del seguro de vida.

(86)

Los Estados miembros de acogida deben tener la posibilidad de requerir que toda empresa de seguros que ofrezca por cuenta propia, en su territorio, cobertura obligatoria frente a accidentes laborales se atenga a las disposiciones específicas al respecto establecidas en su legislación nacional. No obstante, este requisito no debe aplicarse a las disposiciones relativas a la supervisión financiera, que ha de seguir siendo competencia exclusiva del Estado miembro de origen.

(87)

Algunos Estados miembros no someten las operaciones de seguros a ningún tipo de imposición indirecta, mientras que la mayoría de ellos les aplican impuestos especiales y otras formas de contribución, incluidos recargos destinados a los organismos de compensación. En los Estados miembros en los que se perciben tales impuestos y contribuciones, la estructura de los mismos y los tipos aplicados varían considerablemente. Es conveniente impedir que las diferencias existentes originen distorsiones de la competencia en los servicios de seguros prestados entre los Estados miembros. Sin perjuicio de una posterior armonización, la aplicación del régimen fiscal y otras formas de contribución previstas en el Estado miembro en el que se localice el riesgo o en el Estado miembro del compromiso pueden poner remedio a tal inconveniente y corresponde a los Estados miembros establecer las modalidades que garanticen la percepción de los mencionados impuestos y contribuciones.

(88)

Resulta oportuno que aquellos Estados miembros que no estén sujetos a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales [Roma I] (21) apliquen, de conformidad con la presente Directiva, las disposiciones contenidas en dicho Reglamento a fin de determinar la legislación aplicable a los contratos de seguros que entren en el ámbito de aplicación del artículo 7 de dicho Reglamento.

(89)

A fin de tener en cuenta los aspectos internacionales del reaseguro, conviene prever la posibilidad de celebrar acuerdos internacionales con terceros países en los que se definan las modalidades de supervisión de las empresas de reaseguros que ejerzan actividades en el territorio de cada una de las partes contratantes. Además, resulta oportuno prever un procedimiento flexible que permita evaluar sobre una base comunitaria la equivalencia del régimen prudencial de terceros países, con vistas a propiciar la liberalización de los servicios de reaseguro en terceros países, ya sea mediante el establecimiento o la prestación transfronteriza de servicios.

(90)

Atendiendo a la especial naturaleza de las actividades de reaseguro limitado, los Estados miembros deben velar por que las empresas de seguros y de reaseguros que celebren contratos o ejerzan actividades de reaseguro limitado puedan determinar, medir y controlar debidamente los riesgos derivados de dichos contratos o actividades.

(91)

Conviene establecer las oportunas normas en relación con las entidades con cometido especial que asumen los riesgos de las empresas de seguros y de reaseguros sin ser empresas de seguros o de reaseguros. Los importes recuperables procedentes de las entidades con cometido especial deben considerarse deducibles en el marco de contratos de reaseguro o retrocesión.

(92)

Las entidades con cometido especial autorizadas antes del 31 de octubre de 2012 han de someterse a la legislación del Estado miembro que haya autorizado a dichas entidades. No obstante, con el fin de evitar el arbitraje regulador, toda nueva actividad iniciada por este tipo de entidad con cometido especial después del 31 de octubre de 2012 ha de someterse a las disposiciones de la presente Directiva.

(93)

Dado el carácter cada vez más transfronterizo de las actividades de seguros, las divergencias entre los regímenes de los Estados miembros respecto de las entidades con cometido especial, que estén sometidas a las disposiciones de la presente Directiva, deben reducirse en la mayor medida posible, teniendo en cuenta sus estructuras de supervisión.

(94)

Se debe proseguir la labor respecto de las entidades con cometido especial teniendo en cuenta el trabajo realizado en otros sectores financieros.

(95)

Las medidas relativas a la supervisión de empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben permitir a las autoridades que supervisan a una empresa de seguros o de reaseguros formarse un juicio más fundamentado sobre su situación financiera.

(96)

Esta supervisión de grupo debe abarcar a las sociedades de cartera de seguros y a las sociedades mixtas de cartera de seguros en la medida de lo necesario. No obstante, la presente Directiva no debe implicar, en modo alguno, que los Estados miembros estén obligados a someter a supervisión a dichas empresas individualmente.

(97)

Si bien el principio fundamental de la supervisión del sector asegurador sigue siendo la supervisión de cada una de las empresas de seguros y de reaseguros, es necesario determinar qué empresas están sujetas a supervisión a nivel de grupo.

(98)

Con arreglo a la legislación comunitaria y nacional, las empresas, en particular las mutuas y sociedades mutuas, deben poder constituir concentraciones o grupos, no mediante vínculos de capital, sino mediante relaciones oficiales, fuertes y estables, basadas en un reconocimiento contractual o de otro tipo que garantice una solidaridad financiera entre dichas empresas. Cuando se ejerza una influencia dominante mediante una coordinación centralizada, las empresas deben ser supervisadas de conformidad con las mismas normas que se aplican a los grupos constituidos sobre la base de vínculos de capital a fin de alcanzar un nivel de protección adecuado de los tomadores de seguros y la igualdad de oportunidades entre los grupos.

(99)

Conviene, en cualquier caso, someter a supervisión de grupo a la empresa matriz última que tenga su domicilio social en la Comunidad. No obstante, los Estados miembros deben tener la posibilidad de permitir a sus autoridades de supervisión que sometan a supervisión de grupo a un número limitado de niveles inferiores, si lo consideran necesario.

(100)

En el caso de las empresas de seguros y de reaseguros que formen parte de un grupo, es preciso evaluar la solvencia a nivel de grupo.

(101)

El capital de solvencia obligatorio de un grupo consolidado debe tener en cuenta la diversificación general de los riesgos existente en todas las empresas aseguradoras y reaseguradoras del grupo, de modo que refleje adecuadamente la exposición a los riesgos de ese grupo.

(102)

Las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben tener la posibilidad de solicitar la aprobación de un modelo interno destinado a calcular la solvencia tanto a nivel de grupo como individual.

(103)

Si bien algunas disposiciones de la presente Directiva estipulan explícitamente una función de mediación o de consulta para el CESSPJ, ello no debe excluir que el CESSPJ desempeñe un cometido de mediación o de consulta también con respecto a otras disposiciones.

(104)

La presente Directiva refleja un modelo de supervisión innovador en el que se asigna un papel clave a un supervisor de grupo, al mismo tiempo que se reconoce y mantiene un papel importante para el supervisor individual. Las facultades y responsabilidades de los supervisores van emparejadas con sus responsabilidades respectivas.

(105)

Todos los tomadores y beneficiarios de seguros deben recibir el mismo trato independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia. A este fin, los Estados miembros han de velar por que todas las medidas adoptadas por una autoridad de supervisión sobre la base del mandato nacional de dicha autoridad no sean contrarias a los intereses de ese Estado miembro o de los tomadores y beneficiarios de seguros en dicho Estado miembro. En todas las situaciones de resolución de reclamaciones y de liquidación, los activos deben distribuirse de forma equitativa entre todos los tomadores de seguros pertinentes, independientemente de su nacionalidad o de su lugar de residencia.

(106)

Es preciso velar por que los fondos propios se distribuyan adecuadamente dentro del grupo y estén disponibles para proteger a los tomadores y beneficiarios de seguros cuando sea necesario. A tal fin, las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben disponer de fondos propios suficientes para cubrir su capital de solvencia obligatorio.

(107)

Todos los supervisores que participen en la supervisión de grupo deben poder comprender las decisiones adoptadas, en especial cuando es el supervisor de grupo quien adopta dichas decisiones. Por tanto, tan pronto como esté disponible la información pertinente para uno de los supervisores, ha de compartirse con los demás supervisores, para que todos puedan emitir un dictamen basado en la misma información. En caso de que los supervisores en cuestión no puedan alcanzar un acuerdo, debe solicitarse al CESSPJ un dictamen cualificado para resolver la situación.

(108)

La solvencia de una empresa de seguros o de reaseguros filial de una sociedad de cartera de seguros o de una empresa de seguros o de reaseguros de un tercer país puede verse afectada por los recursos financieros del grupo del que forme parte y por la distribución de esos recursos dentro del grupo. Por consiguiente, debe ofrecerse a las autoridades de supervisión los medios para ejercer la supervisión de grupo y adoptar las medidas pertinentes a nivel de la empresa de seguros o de reaseguros cuando su solvencia esté o pueda estar amenazada.

(109)

Las concentraciones de riesgo y las operaciones intragrupo pueden afectar a la situación financiera de las empresas de seguros o de reaseguros. Por consiguiente, las autoridades de supervisión deben estar facultadas para someter a supervisión tales concentraciones de riesgo y operaciones intragrupo, teniendo en cuenta el carácter de las relaciones entre entidades reguladas y entre entidades no reguladas, incluidas las sociedades de cartera de seguros y las sociedades mixtas de cartera de seguros, y para adoptar las medidas pertinentes a nivel de la empresa de seguros o de reaseguros cuando su solvencia esté o pueda estar amenazada.

(110)

Las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes a un grupo deben contar con un sistema de gobernanza adecuado, que ha de estar sujeto a revisión supervisora.

(111)

Todos los grupos de seguros y de reaseguros sujetos a supervisión de grupo deben tener un supervisor de grupo designado entre las autoridades de supervisión implicadas. Los derechos y obligaciones del supervisor de grupo deben incluir las oportunas facultades de coordinación y decisión. Las autoridades que intervengan en la supervisión de las empresas de seguros y de reaseguros pertenecientes al mismo grupo deben establecer mecanismos de coordinación.

(112)

A la vista del incremento en las competencias del supervisor de grupo, se ha de velar por que los criterios destinados a elegir al supervisor de grupo no puedan eludirse de forma arbitraria. En particular, en los casos en que el supervisor de grupo se nombre teniendo en cuenta la estructura del grupo y la importancia relativa de las actividades de seguro y de reaseguro en diferentes mercados, no se deben contabilizar dos veces las transacciones intragrupo ni el reaseguro de grupo cuando se evalúe su importancia relativa en el mercado.

(113)

Los supervisores de todos los Estados miembros en los que está establecida una empresa del grupo deben participar en la supervisión de grupo mediante un colegio de supervisores. Todos ellos deben tener acceso a la información disponible con las demás autoridades de supervisión en el colegio de supervisores y participar activamente y de forma continuada en la toma de decisiones. Resulta oportuno establecer una cooperación entre las autoridades responsables de la supervisión de las empresas de seguros y de reaseguros y entre dichas autoridades y las encargadas de la supervisión de empresas que operan en otros sectores financieros.

(114)

Las actividades del colegio de supervisores deben ser proporcionales a la naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos inherentes a la actividad de todas las empresas que forman parte del grupo y a la dimensión transfronteriza. El colegio de supervisores debe establecerse para velar por que los procesos de cooperación, intercambio de información y consulta entre las autoridades de supervisión del colegio se apliquen con arreglo a la presente Directiva. Las autoridades de supervisión han de utilizar el colegio de supervisores para promover la convergencia de sus respectivas decisiones y para cooperar estrechamente a la hora de llevar a cabo sus actividades de supervisión en el grupo con arreglo a criterios armonizados.

(115)

La presente Directiva debe conferir un papel consultivo al CESSPJ. El dictamen emitido por el CESSPJ a la atención del supervisor correspondiente no debe ser vinculante para el supervisor a la hora de adoptar su decisión. Sin embargo, cuando adopte una decisión, el supervisor correspondiente ha de tener plenamente en cuenta dicho dictamen y explicar toda desviación importante con respecto al mismo.

(116)

Las empresas de seguros y de reaseguros que formen parte de un grupo encabezado por una empresa situada fuera de la Comunidad deben estar sujetas a mecanismos de supervisión de grupo equivalentes y adecuados. Por tanto, es preciso velar por la transparencia de las normas y el intercambio de información con las autoridades de terceros países siempre que sea pertinente. Con el fin de garantizar un enfoque armonizado respecto de la determinación y evaluación de la equivalencia de la supervisión de los seguros y reaseguros en terceros países, deben adoptarse las disposiciones necesarias para que la Comisión elabore una decisión vinculante respecto a la equivalencia de los regímenes de solvencia de terceros países. Respecto de los terceros países para los que la Comisión no haya adoptado ninguna decisión, la evaluación de la equivalencia la efectuará el supervisor de grupo tras consultar con las demás autoridades de supervisión pertinentes.

(117)

Dado que las legislaciones nacionales relativas a las medidas de saneamiento y a los procedimientos de liquidación no están armonizadas, resulta oportuno garantizar, en el contexto del mercado interior, el reconocimiento mutuo de las medidas de saneamiento y la normativa en materia de liquidación de los Estados miembros referidas a empresas de seguros, así como la cooperación necesaria, habida cuenta de las exigencias de unidad, universalidad, coordinación y publicidad de tales medidas y de igualdad de trato y protección de los acreedores de seguros.

(118)

Es conveniente velar por que las medidas de saneamiento que hayan sido adoptadas por las autoridades competentes de un Estado miembro, a fin de preservar o restablecer la solidez financiera de una empresa de seguros y de evitar, en la medida de lo posible, una situación de liquidación, surtan plenamente efecto en toda la Comunidad. No obstante, los efectos de dichas medidas de saneamiento, así como de los procedimientos de liquidación, frente a terceros países no deben verse alterados.

(119)

Resulta oportuno establecer una distinción entre las autoridades competentes a efectos de las medidas de saneamiento y los procedimientos de liquidación y las autoridades de supervisión de las empresas de seguros.

(120)

La definición de «sucursal» a efectos de insolvencia debe tener en cuenta, de conformidad con los principios vigentes en la materia, la personalidad jurídica única de la empresa de seguros. No obstante, la legislación del Estado miembro de origen debe determinar la consideración que cabe otorgar, en la liquidación de una empresa de seguros, a los activos y pasivos en manos de personas independientes que disponen de un mandato permanente para actuar como agentes de esa empresa de seguros.

(121)

Conviene establecer las condiciones en las que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva los procedimientos de liquidación que, sin estar fundamentados en la insolvencia, conllevan un orden de prelación en el pago de los créditos de seguro. Los regímenes nacionales de garantía de salarios han de poder subrogarse en los créditos a favor de los asalariados de una empresa de seguros en razón de su contrato o de su relación de trabajo. Estos créditos subrogados deben tener la consideración que determine la legislación del Estado miembro de origen (lex concursus).

(122)

Las medidas de saneamiento no son obstáculo para la apertura de un procedimiento de liquidación. Por consiguiente, ha de ser posible abrir un procedimiento de liquidación en ausencia de medidas de saneamiento o con posterioridad a la adopción de tales medidas, y cerrar dicho procedimiento mediante un convenio u otra medida análoga, incluidas las medidas de saneamiento.

(123)

Es conveniente que únicamente las autoridades competentes del Estado miembro de origen estén facultadas para adoptar decisiones en relación con los procedimientos de liquidación que afecten a empresas de seguros. Las decisiones deben surtir efectos en toda la Comunidad y ser reconocidas por todos los Estados miembros. Las decisiones deben publicarse con arreglo a los procedimientos del Estado miembro de origen, así como en el Diario Oficial de la Unión Europea. Asimismo, conviene poner la información a disposición de los acreedores conocidos que residan en la Comunidad, los cuales deben tener derecho a reclamar créditos y a formular observaciones.

(124)

En el procedimiento de liquidación deben tenerse en cuenta todos los activos y pasivos de la empresa de seguros.

(125)

Todas las condiciones relativas a la apertura, el desarrollo y el cierre de los procedimientos de liquidación han de regirse por la legislación del Estado miembro de origen.

(126)

A fin de velar por que los Estados miembros actúen de forma coordinada, las autoridades de supervisión del Estado miembro de origen y las autoridades de supervisión de los demás Estados miembros deben ser informadas con carácter urgente de la apertura de los procedimientos de liquidación.

(127)

Resulta de suma importancia que los asegurados, los tomadores de seguros, los beneficiarios y los terceros perjudicados con derecho de acción directa contra la empresa de seguros por un crédito originado por operaciones de seguro estén protegidos en los procedimientos de liquidación, si bien tal protección no se extenderá a los créditos que no tengan su origen en obligaciones derivadas de contratos u operaciones de seguro, sino en la responsabilidad civil en que incurra un agente en el curso de negociaciones por las que, de conformidad con la legislación aplicable al contrato u operación de seguro, el agente no sea responsable con arreglo al contrato u operación de seguro. De cara al logro de este objetivo, los Estados miembros deben poder elegir entre métodos equivalentes que garanticen un trato especial a los acreedores de seguros, sin que ninguno de esos métodos impida a un Estado miembro establecer un orden de prelación entre las diferentes categorías de créditos de seguro. Además, debe garantizarse un equilibrio adecuado entre la protección de los acreedores de seguros y otros acreedores privilegiados protegidos en virtud de la legislación del Estado miembro considerado.

(128)

La apertura de procedimientos de liquidación debe conllevar la retirada de la autorización concedida a la empresa de seguros para ejercer la actividad, salvo cuando dicha retirada ya se haya producido.

(129)

Los acreedores deben tener derecho a presentar sus créditos o a formular observaciones por escrito en los procedimientos de liquidación. Deben tratarse de igual manera los créditos de los acreedores residentes en un Estado miembro que no sea el de origen y los créditos equivalentes en el Estado miembro de origen, sin discriminación alguna por motivos de nacionalidad o residencia.

(130)

Con el fin de proteger las expectativas legítimas y la seguridad de determinadas transacciones en los Estados miembros distintos del Estado miembro de origen, es preciso definir la legislación aplicable en lo que respecta a los efectos de las medidas de saneamiento y de los procedimientos de liquidación sobre las causas pendientes y sobre las acciones individuales de ejecución a que den lugar estas causas.

(131)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución de la presente Directiva con arreglo a lo dispuesto en la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (22).

(132)

Conviene, en particular, conferir competencias a la Comisión para que adopte disposiciones para la adaptación de los anexos y disposiciones en las que se especifiquen concretamente las facultades de supervisión y las medidas que deban adoptarse, y en las que se desarrollen las normas aplicables a aspectos tales como el sistema de gobernanza, la publicación de información, los criterios de evaluación relativos a las participaciones cualificadas, el cálculo de las provisiones técnicas y del capital obligatorio, las normas de inversión y la supervisión de grupo. Conviene asimismo conferir competencias a la Comisión para que adopte medidas de ejecución en virtud de las cuales se conceda a terceros países la situación de equivalencia con las disposiciones de la presente Directiva. Dado que estas medidas son de alcance general y están destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, incluso completándola con nuevos elementos no esenciales, deben adoptarse con arreglo al procedimiento de reglamentación con control previsto en el artículo 5 bis de la Decisión 1999/468/CE.

(133)

Dado que los objetivos de la presente Directiva no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión y efectos de la acción, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

(134)

La Directiva 64/225/CEE del Consejo, de 25 de febrero de 1964, relativa a la supresión, en materia de reaseguro y de retrocesión, de las restricciones a la libertad de establecimiento y a la libre prestación de servicios (23), la Directiva 73/240/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1973, por la que se suprimen, en materia del seguro directo distinto del seguro de vida, las restricciones a la libertad de establecimiento (24), la Directiva 76/580/CEE del Consejo, de 29 de junio de 1976, por la que se modifica la Directiva 73/239/CEE sobre coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad del seguro directo distinto del seguro de vida, y a su ejercicio (25), y la Directiva 84/641/CEE del Consejo, de10 de diciembre de 1984, por la que se modifica, en lo que se refiere en particular a la asistencia turística, la primera Directiva (73/239/CEE) por la que se establece una coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas al acceso a la actividad de seguro directo distinto del seguro de vida y a su ejercicio (26), han quedado desfasadas, por lo que deben derogarse.

(135)

La obligación de incorporar la presente Directiva al Derecho nacional debe limitarse a las disposiciones que constituyen una modificación de fondo respecto de las Directivas anteriores. La obligación de incorporar las disposiciones inalteradas se deriva de las Directivas anteriores.

(136)

La presente Directiva no debe afectar a los plazos dentro de los cuales los Estados miembros vienen obligados a incorporar al Derecho nacional las Directivas y que se indican en el anexo VI, parte B.

(137)

La Comisión verificará la pertinencia de los sistemas de garantía existentes en el sector de los seguros y presentará la propuesta legislativa adecuada.

(138)

El artículo 17, apartado 2, de la Directiva 2003/41/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de junio de 2003, relativa a las actividades y la supervisión de fondos de pensiones de empleo (27), se refiere a las disposiciones legislativas existentes sobre los márgenes de solvencia. Estas referencias deben conservarse con el fin de mantener el status quo. La Comisión debe revisar lo antes posible la Directiva 2003/41/CE con arreglo al artículo 21, apartado 4, de la misma. La Comisión, con el apoyo del CESSPJ, debe desarrollar un sistema propio de normas de solvencia relativo a las instituciones para los fondos de pensiones de empleo, reflejando al mismo tiempo la diferencia esencial de las empresas de seguros y, por tanto, no debe prejuzgar la aplicación de las normas de la presente Directiva que se han de imponer a dichas instituciones.

(139)

La adopción de la presente Directiva modifica el perfil de riesgo de la empresa de seguros frente al tomador del seguro. La Comisión debe presentar lo antes posible, y a más tardar a finales de 2010, una propuesta de revisión de la Directiva 2002/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de diciembre de 2002, sobre la mediación en los seguros (28), teniendo en cuenta las consecuencias que la presente Directiva tiene para los tomadores de seguros.

(140)

Son muy necesarias otras reformas de gran alcance respecto del modelo de regulación y supervisión del sector financiero comunitario. La Comisión ha de presentar rápidamente dichas reformas teniendo en cuenta debidamente las conclusiones de 25 de febrero de 2009, elaboradas por el grupo de expertos presidido por Jacques de Larosière. La Comisión debe proponer la legislación necesaria para colmar las lagunas que se han identificado en las disposiciones relativas a la forma de coordinar y cooperar en los acuerdos de supervisión.

(141)

Se ha de solicitar al CESSPJ un dictamen respecto de la mejor manera de tratar los asuntos relativos a un refuerzo de la supervisión de grupo y de la gestión del capital dentro de un grupo de empresas de seguros o de reaseguros. Procede solicitar al CESSPJ que emita un dictamen que ayude a la Comisión a desarrollar sus propuestas con la condición de que sean coherentes con un nivel elevado de protección de los tomadores (y beneficiarios) de seguros y con la salvaguardia de la estabilidad financiera. A este respecto, debe pedirse al CESSPJ que asesore a la Comisión sobre la estructura y los principios orientativos de las futuras modificaciones que pueda ser necesario introducir en la presente Directiva con vistas a poner en práctica los cambios que puedan proponerse. La Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo un informe seguido de las propuestas pertinentes sobre regímenes alternativos de supervisión prudencial de las empresas de seguros y de reaseguros en los grupos que refuercen la gestión eficiente del capital dentro de los mismos, si ha verificado que existe un marco regulador de ayuda que sea adecuado para la introducción de dicho régimen.

En particular, es conveniente que un régimen de ayuda del grupo opere con un fundamento sólido basado en la existencia de sistemas de garantía de seguros que estén armonizados y cuenten con la financiación adecuada, un marco armonizado y jurídicamente vinculante para las autoridades competentes, los bancos centrales y los Ministerios de Hacienda respecto de la gestión de la crisis, la resolución y el reparto de la carga fiscal, que adapte las atribuciones de supervisión a las responsabilidades fiscales, un marco jurídico vinculante para la mediación en litigios en materia de supervisión, un marco armonizado sobre intervención precoz, y un marco armonizado de transferencia de activos, procedimientos de insolvencia y liquidación que elimine los obstáculos pertinentes a la transferencia de activos en la legislación nacional en materia de sociedades o empresas. En su informe, la Comisión debe tener en cuenta asimismo el comportamiento a lo largo del tiempo de los efectos de diversificación y el riesgo vinculado a formar parte de un grupo, las prácticas en la gestión centralizada de riesgos de grupo, el funcionamiento de modelos internos de grupo, así como la supervisión de las operaciones intragrupo y el riesgo de las concentraciones.

(142)

De acuerdo con el punto 34 del Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» (29), se alienta a los Estados miembros a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre la presente Directiva y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos.

TÍTULO I

CAPÍTULO I

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

Subsección 1

Subsección 2

Subsección 3

Subsección 4

SECCIÓN 3

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 4

SECCIÓN 5

SECCIÓN 6

CAPÍTULO V

CAPÍTULO VI

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

Subsección 1

Subsección 2

Subsección 3

SECCIÓN 4

Subsección 1

Subsección 2

Subsección 3

SECCIÓN 5

SECCIÓN 6

CAPÍTULO VII

CAPÍTULO VIII

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

Subsección 1

Subsección 2

SECCIÓN 3

Subsección 1

Subsección 2

SECCIÓN 4

SECCIÓN 5

CAPÍTULO IX

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

CAPÍTULO X

TÍTULO II

CAPÍTULO I

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 4

SECCIÓN 5

Subsección 1

Subsección 2

CAPÍTULO II

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

SECCIÓN 4

SECCIÓN 5

SECCIÓN 6

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

TÍTULO III

CAPÍTULO I

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

CAPÍTULO II

SECCIÓN 1

Subsección 1

Subsección 2

Subsección 3

Subsección 4

Subsección 5

Subsección 6

SECCIÓN 2

SECCIÓN 3

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

CAPÍTULO V

TÍTULO IV

CAPÍTULO I

CAPÍTULO II

CAPÍTULO III

CAPÍTULO IV

TÍTULO V

TÍTULO VI

CAPÍTULO I

SECCIÓN 1

SECCIÓN 2

CAPÍTULO II

ANEXO I

A.

B.

ANEXO II

ANEXO III

A.

B.

C.

ANEXO IV

1.

2.

3.

4.

ANEXO V

ANEXO VI

Parte A

Parte B

ANEXO VII

1)

el acceso a las actividades por cuenta propia del seguro directo y del reaseguro y el ejercicio de las mismas en la Comunidad;

2)

la supervisión de los grupos de seguros y reaseguros;

3)

el saneamiento y la liquidación de las empresas de seguros directos.

a)

las actividades de seguro de vida siguientes, cuando deriven de un contrato:

b)

las siguientes operaciones, cuando deriven de un contrato, siempre que estén sometidas a supervisión por las autoridades competentes para la supervisión de los seguros privados:

c)

las operaciones que dependan de la duración de la vida humana, definidas o previstas por la legislación de los seguros sociales, siempre que sean practicadas o administradas de conformidad con la legislación de un Estado miembro por empresas de seguros de vida a su propio riesgo.

a)

los ingresos anuales brutos de la empresa por primas escritas no exceden de 5 000 000 EUR;

b)

el total de las provisiones técnicas de la empresa, bruto de los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial, a que se refiere el artículo 76, no excede de 25 000 000 EUR;

c)

cuando la empresa pertenece a un grupo, el total de las provisiones técnicas del grupo, bruto de los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial no excede de 25 000 000 EUR;

d)

las actividades de la empresa no incluyen actividades de seguro o reaseguro que cubren riesgos de pasivos, créditos y cauciones excepto en aquellos casos en que estos constituyen riesgos accesorios a efectos del artículo 16, apartado 1;

e)

las actividades de la empresa no incluyen operaciones de reaseguro que exceden de500 000 EUR de sus ingresos anuales brutos por primas escritas o de2 500 000 EUR de sus provisiones técnicas, bruto de los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial, o más del 10 % de sus ingresos anuales brutos por primas escritas o más del 10 % de sus provisiones técnicas, bruto de los importes recuperables procedentes de los contratos de reaseguro y de las entidades con cometido especial.

a)

durante los tres últimos años consecutivos no se ha superado ninguno de los límites establecidos en el apartado 1; y

b)

no se espera que en los próximos cinco años se supere ninguno de los importes establecidos en el apartado 1.

1)

las operaciones de capitalización, según se definan por la legislación de cada Estado miembro;

2)

las operaciones de los organismos de previsión y de asistencia cuyas prestaciones varíen en función de los recursos disponibles y en las que la contribución de los partícipes se determine a tanto alzado;

3)

las operaciones efectuadas por organizaciones sin personalidad jurídica que tengan por objeto la garantía mutua de sus miembros, sin dar lugar al pago de primas ni a la constitución de provisiones técnicas; o

4)

las operaciones de seguro de crédito a la exportación por cuenta o con la garantía del Estado, o cuando el Estado sea el asegurador.

a)

que la asistencia se preste con ocasión de un accidente o una avería que afecten a un vehículo de carretera, cuando sobrevengan en el territorio del Estado miembro del prestador de la garantía;

b)

que el compromiso de asistencia se limite a las operaciones siguientes:

c)

que la asistencia no sea prestada por una empresa sujeta a la presente Directiva.

1)

en Dinamarca, a Falck Danmark;

2)

en Alemania, a los organismos semipúblicos siguientes:

3)

en Irlanda, al Voluntary Health Insurance Board;

4)

en España, al Consorcio de Compensación de Seguros.

1)

a las operaciones de los organismos de previsión y de asistencia que concedan prestaciones variables según los recursos disponibles y que exijan a sus partícipes una contribución a tanto alzado;

2)

a las operaciones efectuadas por organismos distintos de las empresas referidas en el artículo 2, cuyo objeto sea suministrar a los trabajadores, por cuenta ajena o por cuenta propia, agrupados en el marco de una empresa o de un grupo de empresas o de un sector profesional o interprofesional, prestaciones en caso de muerte, en caso de vida o en caso de cese o de reducción de actividades, independientemente de que los compromisos que resulten de estas operaciones estén o no cubiertos íntegramente y en todo momento por provisiones matemáticas;

3)

a las actividades de las empresas de seguros de pensión señaladas en la Ley de pensiones de los trabajadores por cuenta ajena (TyEL) y demás legislación finlandesa relacionada con ella, siempre que:

1)

a los organismos que garanticen únicamente prestaciones en caso de muerte, cuando el importe de estas prestaciones no exceda del valor medio de los gastos funerarios por un fallecimiento, o cuando estas prestaciones se sirvan en especie;

2)

salvo modificación de sus estatutos en cuanto a su competencia, en Alemania, al «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen»;

3)

salvo modificación de sus estatutos en cuanto a sus actividades o competencia, en España, al Consorcio de Compensación de Seguros.

1)

«empresa de seguros»: una empresa de seguros directos de vida o distintos del seguro de vida que haya recibido autorización, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 14;

2)

«empresa de seguros cautiva»: una empresa de seguros propiedad de una empresa financiera distinta de una empresa de seguros o de reaseguros o de un grupo de empresas de seguros o de reaseguros con arreglo al artículo 212, apartado 1, letra c), o de una empresa no financiera, y que tenga por objetivo ofrecer una cobertura de seguro exclusivamente para los riesgos de la empresa o empresas a las que pertenece o de una empresa o empresas del grupo del que forma parte;

3)

«empresa de seguros de un tercer país»: una empresa que, si tuviera su domicilio social en la Comunidad, estaría obligada a obtener una autorización de empresa de seguros con arreglo al artículo 14;

4)

«empresa de reaseguros»: una empresa que haya recibido autorización con arreglo al artículo 14 para desarrollar actividades de reaseguro;

5)

«empresa de reaseguros cautiva»: una empresa de reaseguros propiedad de una empresa financiera distinta de una empresa de seguros o de reaseguros o de un grupo de empresas de seguros o de reaseguros con arreglo al artículo 212, apartado 1, letra c), o de una empresa no financiera, y que tenga por objeto ofrecer una cobertura de seguro exclusivamente para los riesgos de la empresa o empresas a las que pertenece o de una empresa o empresas del grupo del que forma parte;

6)

«empresa de reaseguros de un tercer país»: una empresa que, si tuviera su domicilio social en la Comunidad, estaría obligada a obtener una autorización de empresa de reaseguros con arreglo al artículo 14;

7)

«reaseguro»: una de las actividades siguientes:

8)

«Estado miembro de origen»: uno de los siguientes Estados:

9)

«Estado miembro de acogida»: el Estado miembro, distinto del Estado miembro de origen, en que tenga una sucursal o preste servicios una empresa de seguros o de reaseguros; por lo que respecta a los seguros de vida y a los seguros distintos del seguro de vida, el Estado miembro de prestación de servicios, el Estado miembro del compromiso o el Estado miembro en el que se localice el riesgo, cuando el compromiso o el riesgo estén cubiertos por una empresa de seguros o una sucursal situada en otro Estado miembro;

10)

«autoridad de supervisión»: la autoridad nacional o las autoridades nacionales facultadas, en virtud de una ley o de una norma reglamentaria, para supervisar a las empresas de seguros o de reaseguros;

11)

«sucursal»: toda agencia o sucursal de una empresa de seguros o de reaseguros que esté situada en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado miembro de origen;

12)

«establecimiento»: el domicilio social o cualquier sucursal de una empresa;

13)

«Estado miembro en el que se localice el riesgo»: uno de los siguientes:

14)

«Estado miembro del compromiso»: el Estado miembro en que se sitúen:

15)

«empresa matriz»: una empresa matriz definida en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE;

16)

«empresa filial»: toda empresa filial definida en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, incluidas las filiales de la misma;

17)

«vínculos estrechos»: toda situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas están unidas mediante un vínculo de control o una participación, o una situación en la que dos o más personas físicas o jurídicas estén vinculadas, de forma duradera, a una misma persona por un vínculo de control;

18)

«control»: la relación existente entre una empresa matriz y una filial tal y como se establece en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE, o una relación de la misma naturaleza entre cualquier persona física o jurídica y una empresa;

19)

«operaciones intragrupo»: todas las operaciones en función de las cuales una empresa de seguros o de reaseguros depende directa o indirectamente de otras empresas del mismo grupo o de cualquier persona física o jurídica vinculada estrechamente a las empresas de ese grupo para el cumplimiento de una obligación, sea o no contractual, y tenga o no por objeto un pago;

20)

«participación»: el hecho de poseer, de manera directa o mediante un vínculo de control, un porcentaje igual o superior al 20 % de los derechos de voto o del capital de una empresa;

21)

«participación cualificada»: el hecho de poseer en una empresa, directa o indirectamente, al menos un 10 % del capital o de los derechos de voto o cualquier otra posibilidad de ejercer una influencia notable en la gestión de esa empresa;

22)

«mercado regulado»: uno de los siguientes mercados:

23)

«oficina nacional»: una oficina nacional de seguro, tal como se define en el artículo 1, punto 3, de la Directiva 72/166/CEE;

24)

«fondo de garantía nacional»: el organismo a que hace referencia el artículo 1, apartado 4, de la Directiva 84/5/CEE;

25)

«empresa financiera»: cualquiera de las siguientes entidades:

26)

«entidad con cometido especial»: cualquier entidad, dotada o no de personalidad jurídica, distinta de una empresa de seguros o de reaseguros existente, que asuma riesgos de empresas de seguros o de reaseguros y financie plenamente su exposición a dichos riesgos a través de una emisión de deuda o de cualquier otro mecanismo de financiación en que los derechos de reembolso de los proveedores de fondos en el marco de dicha deuda o mecanismo de financiación estén subordinados a las obligaciones de reaseguro de dicha entidad;

27)

«grandes riesgos»:

Si el tomador del seguro forma parte de un grupo de empresas para el que se elaboran cuentas consolidadas con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 83/349/CEE, los criterios establecidos en el párrafo primero, letra c), se aplicarán sobre la base de las cuentas consolidadas.

Los Estados miembros podrán añadir a la categoría mencionada en el párrafo primero, letra c), los riesgos asegurados por asociaciones profesionales, empresas en participación o agrupaciones temporales;

28)

«externalización»: cualquier tipo de acuerdo entre una empresa de seguros o de reaseguros y un proveedor de servicios, ya sea o no una entidad sujeta a supervisión, en virtud del cual ese proveedor de servicios, directamente o por subexternalización, realice un proceso, una prestación de servicios o una actividad que, en otras circunstancias, hubiese realizado la propia empresa de seguros o de reaseguros;

29)

«función»: en un sistema de gobernanza, la capacidad interna para llevar a cabo tareas de tipo práctico; un sistema de gobernanza incluye la función de gestión del riesgo, la función de verificación del cumplimiento, la función de auditoría interna y la función actuarial;

30)

«riesgo de suscripción»: el riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a la inadecuación de las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones;

31)

«riesgo de mercado»: el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación financiera resultante, directa o indirectamente, de fluctuaciones en el nivel y en la volatilidad de los precios de mercado de los activos, pasivos e instrumentos financieros;

32)

«riesgo de crédito»: el riesgo de pérdida o de modificación adversa de la situación financiera resultante de fluctuaciones en la solvencia de los emisores de valores, las contrapartes y cualesquiera deudores al que están expuestas las empresas de seguros y de reaseguros, en forma de riesgo de incumplimiento de la contraparte, riesgo de diferencial o concentración de riesgo de mercado;

33)

«riesgo operacional»: el riesgo de pérdida derivado de la inadecuación o de la disfunción de procesos internos, del personal o de los sistemas, o de sucesos externos;

34)

«riesgo de liquidez»: el riesgo de que las empresas de seguros y de reaseguros no puedan realizar las inversiones y demás activos a fin de hacer frente a sus obligaciones financieras al vencimiento;

35)

«riesgo de concentración»: toda exposición a riesgos que lleve aparejada una pérdida potencial suficientemente importante como para poner en peligro la solvencia o la situación financiera de las empresas de seguros y de reaseguros;

36)

«técnicas de reducción del riesgo»: todas las técnicas que permiten a las empresas de seguros y de reaseguros transferir una parte o la totalidad de sus riesgos a terceros;

37)

«efectos de diversificación»: la reducción de la exposición al riesgo de las empresas y grupos de seguros y de reaseguros relacionada con la diversificación de sus actividades, y resultante de la posibilidad de compensar el resultado negativo de un riesgo con el resultado más favorable de otro riesgo, cuando no exista una total correlación entre dichos riesgos;

38)

«previsión de distribución de probabilidad»: una función matemática que asigna a un conjunto exhaustivo de sucesos futuros mutuamente excluyentes una probabilidad de realización;

39)

«medida del riesgo»: una función matemática que asigna un valor monetario a una determinada previsión de distribución de probabilidad y que crece monotónicamente con el nivel de exposición al riesgo subyacente a esa previsión de distribución de probabilidad.

a)

cualquier empresa que fije su domicilio social en el territorio de dicho Estado miembro; o

b)

cualquier empresa de seguros que, tras haber recibido una autorización de conformidad con el apartado 1, desee extender sus actividades a un ramo completo de seguros o a ramos de seguros distintos de los ya autorizados.

a)

que estén vinculados al riesgo principal;

b)

que se refieran al objeto cubierto contra el riesgo principal; y

c)

que estén cubiertos por el contrato que cubra el riesgo principal.

a)

que el riesgo principal solo se refiera a la asistencia facilitada a las personas en dificultades con motivo de desplazamientos o de ausencias del domicilio o del lugar de residencia habitual; o

b)

que el seguro se refiera a litigios o riesgos que resulten de la utilización de embarcaciones marítimas o que estén relacionados con dicha utilización.

a)

cuando se trate de empresas de seguros, limiten su objeto social a la actividad de seguro y a las operaciones que se deriven directamente de ella, con exclusión de cualquier otra actividad comercial;

b)

cuando se trate de empresas de reaseguros, limiten su objeto social a la actividad de reaseguro y a las operaciones conexas; este requisito podrá incluir funciones de sociedad de cartera y actividades relacionadas con el sector financiero en el sentido del artículo 2, punto 8, de la Directiva 2002/87/CE;

c)

presenten un programa de actividades con arreglo al artículo 23;

d)

posean los fondos propios básicos admisibles para cubrir el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio previsto en el artículo 129, apartado 1, letra d);

e)

demuestren que estarán en condiciones de mantener fondos propios admisibles para cubrir en el futuro el capital de solvencia obligatorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 100;

f)

demuestren que estarán en condiciones de mantener fondos propios básicos admisibles para cubrir en el futuro el capital mínimo obligatorio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 128;

g)

demuestren que estarán en condiciones de respetar el sistema de gobernanza a que se refiere el capítulo IV, sección 2;

h)

notifiquen, en lo que respecta a los seguros distintos del seguro de vida, el nombre y dirección de todos los representantes para la tramitación y liquidación de siniestros, designados de conformidad con el artículo 4 de la Directiva 2000/26/CE, en cada Estado miembro distinto de aquel en el que se solicite la autorización, cuando se trate de riesgos clasificados en el ramo 10 de la parte A del anexo I, a excepción de la responsabilidad civil del transportista.

a)

que poseen los fondos propios básicos admisibles para cubrir el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio para las empresas de seguros de vida y el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio para las empresas de seguros distintos del seguro de vida, según lo previsto en el artículo 129, apartado 1, letra d);

b)

que se comprometen a cubrir en el futuro las obligaciones financieras mínimas a que se refiere el artículo 74, apartado 3.

a)

que poseen los fondos propios básicos admisibles para cubrir el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio para las empresas de seguros de vida y el mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio para las empresas de seguros distintos del seguro de vida, según lo previsto en el artículo 129, apartado 1, letra d);

b)

que se comprometen a cubrir en el futuro las obligaciones financieras mínimas a que se refiere el artículo 74, apartado 3.

a)

la naturaleza de los riesgos o compromisos que la empresa de seguros o de reaseguros se propone cubrir;

b)

el tipo de acuerdos de reaseguro que la empresa de reaseguros se proponga celebrar con empresas cedentes;

c)

los principios rectores en materia de reaseguro y de retrocesión;

d)

los elementos de los fondos propios básicos constitutivos del mínimo absoluto del capital mínimo obligatorio;

e)

las previsiones de gastos de instalación de los servicios administrativos y de la red de producción; los medios financieros destinados a hacer frente a dichos gastos y, cuando los riesgos que se hayan de cubrir estén comprendidos en el ramo 18 de la parte A del anexo I, los medios de que dispone la empresa de seguros para prestar la asistencia prometida.

a)

un balance previsional;

b)

estimaciones del futuro capital de solvencia obligatorio, según lo previsto en el capítulo VI, sección 4, subsección 1, sobre la base del balance previsional a que se refiere la letra a), así como el método de cálculo utilizado para derivar tales estimaciones;

c)

estimaciones del futuro capital mínimo obligatorio, según lo previsto en los artículos 128 y 129, sobre la base del balance previsional a que se refiere la letra a), así como el método de cálculo utilizado para derivar tales estimaciones;

d)

las previsiones relativas a los medios financieros destinados a la cobertura de las provisiones técnicas, del capital de solvencia obligatorio y del capital mínimo obligatorio;

e)

en lo que respecta a los seguros distintos del seguro de vida y al reaseguro, también la siguiente información:

f)

en lo que respecta al seguro de vida, además, un plan en el que se indiquen de forma detallada las previsiones de ingresos y gastos tanto para las operaciones directas y las aceptaciones de reaseguro como para las cesiones de reaseguro.

a)

filial de una empresa de seguros o de reaseguros autorizada en ese Estado miembro,

b)

filial de la empresa matriz de una empresa de seguros o de reaseguros autorizada en ese Estado miembro, o

c)

una empresa controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una empresa de seguros o de reaseguros autorizada en ese Estado miembro.

a)

filial de una entidad de crédito o de una empresa de inversión autorizadas en la Comunidad,

b)

filial de la empresa matriz de una entidad de crédito o de una empresa de inversión autorizadas en la Comunidad, o

c)

una empresa controlada por la misma persona, física o jurídica, que controle una entidad de crédito o una empresa de inversión autorizadas en la Comunidad.

a)

el texto de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, y las orientaciones generales en el ámbito de la regulación de los seguros;

b)

los criterios generales y métodos, incluidos los instrumentos desarrollados de conformidad con el artículo 34, apartado 4, utilizados en el marco del proceso de revisión supervisora previsto en el artículo 36;

c)

datos estadísticos agregados sobre los aspectos fundamentales de la aplicación de las normas prudenciales;

d)

la forma de ejercicio de las opciones previstas en la presente Directiva;

e)

los objetivos de la supervisión y las principales funciones y actuaciones supervisoras.

a)

para evaluar el sistema de gobernanza aplicado por las empresas, la actividad que desarrollan, los principios de valoración aplicados a efectos de solvencia, los riesgos asumidos y los sistemas de gestión de riesgos, así como la estructura de su capital, sus necesidades de capital y su gestión del mismo;

b)

para tomar las decisiones pertinentes en el ejercicio de sus derechos y obligaciones de supervisión.

a)

determinar la naturaleza, el alcance y el formato de la información a que se refiere el apartado 1 cuya presentación exigirán a las empresas de seguros y de reaseguros en los siguientes momentos:

b)

obtener cualquier información relativa a los contratos en poder de intermediarios o a los contratos celebrados con terceros; y

c)

solicitar información a expertos externos, tales como auditores y actuarios.

a)

datos cualitativos o cuantitativos, o cualquier combinación adecuada de estos;

b)

datos históricos, actuales o prospectivos, o cualquier combinación adecuada de estos; y

c)

datos de fuentes internas o externas, o cualquier combinación adecuada de estos.

a)

deberá reflejar la naturaleza, el volumen y la complejidad de la actividad de la empresa y, en particular, los riesgos inherentes a dicha actividad;

b)

deberá ser accesible, comparable y coherente en el tiempo y estar completa en todos sus aspectos significativos; y

c)

deberá ser pertinente, fiable y comprensible.

a)

los requisitos relativos al sistema de gobernanza establecidos el capítulo IV, sección 2, incluida la evaluación interna de los riesgos y de la solvencia;

b)

los requisitos relativos a las provisiones técnicas establecidos en el capítulo VI, sección 2;

c)

los requisitos de capital establecidos en el capítulo VI, secciones 4 y 5;

d)

las normas de inversión establecidas en el capítulo VI, sección 6;

e)

los requisitos relativos a la cantidad y a la calidad de los fondos propios, establecidos en el capítulo VI, sección 3;

f)

cuando la empresa de seguros o de reaseguros utilice un modelo interno completo o parcial, el cumplimiento continuo de los requisitos aplicados a los modelos internos completos y parciales que se establecen en el capítulo VI, sección 4, subsección 3.

a)

cuando las autoridades de supervisión lleguen a la conclusión de que el perfil de riesgo de la empresa de seguros o de reaseguros se aparta significativamente de las hipótesis en que se basa el capital de solvencia obligatorio, calculado mediante la fórmula estándar de conformidad con el capítulo VI, sección 4, subsección 2, y:

b)

cuando las autoridades de supervisión lleguen a la conclusión de que el perfil de riesgo de la empresa de seguros o de reaseguros se aparta significativamente de las hipótesis en que se basa el capital de solvencia obligatorio, calculado mediante un modelo interno completo o parcial de conformidad con el capítulo VI, sección 4, subsección 3, porque ciertos riesgos cuantificables no se tienen suficientemente en cuenta, y el modelo con vistas a reflejar mejor el perfil de riesgo considerado no se ha adaptado en un plazo adecuado; o

c)

cuando las autoridades de supervisión lleguen a la conclusión de que el sistema de gobernanza de una empresa de seguros o de reaseguros se aparta significativamente de las normas establecidas en el capítulo IV, sección 2, de que esas desviaciones le impiden identificar, medir, controlar, gestionar y notificar correctamente los riesgos a los que se expone o podría exponerse, y de que la aplicación de otras medidas por sí misma no puede subsanar suficientemente las deficiencias en un plazo adecuado.

a)

el proveedor del servicio deberá colaborar con las autoridades de supervisión de la empresa de seguros o de reaseguros en relación con la función o actividad externalizada;

b)

las empresas de seguros y de reaseguros, sus auditores y las autoridades de supervisión deberán tener acceso efectivo a los datos relativos a las funciones o actividades;

c)

las autoridades de supervisión deberán tener acceso efectivo a los locales comerciales del proveedor del servicio y hallarse en condiciones de ejercer ese derecho de acceso.

a)

sus cualificaciones profesionales, competencia y experiencia serán adecuadas para hacer posible una gestión sana y prudente (aptitud); y

b)

serán personas de buena reputación e integridad (honorabilidad).

a)

la suscripción y la constitución de reservas;

b)

la gestión de activos y pasivos;

c)

la inversión, en particular, en instrumentos derivados y compromisos similares;

d)

la gestión del riesgo de liquidez y de concentración;

e)

la gestión del riesgo operacional;

f)

el reaseguro y otras técnicas de reducción del riesgo.

a)

la concepción y aplicación del modelo interno;

b)

la prueba y validación del modelo interno;

c)

la documentación del modelo interno y de las posibles modificaciones ulteriores del mismo;

d)

el análisis del rendimiento del modelo interno y la elaboración de informes resumidos al respecto;

e)

la información al órgano de administración, dirección o supervisión sobre el rendimiento del modelo interno, indicando los aspectos que deberían perfeccionarse, y la comunicación a dicho órgano de los avances realizados en la corrección de las deficiencias detectadas con anterioridad.

a)

las necesidades globales de solvencia teniendo en cuenta el perfil de riesgo específico, los límites de tolerancia de riesgo aprobados y la estrategia comercial de la empresa;

b)

el cumplimiento continuo de los requisitos de capital previstos en el capítulo VI, secciones 4 y 5, y de los requisitos en materia de provisiones técnicas establecidos en el capítulo VI, sección 2;

c)

la medida en que el perfil de riesgo de la empresa se aparta de las hipótesis en que se basa el capital de solvencia obligatorio previsto en el artículo 101, apartado 3, calculado mediante la fórmula estándar de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI, sección 4, subsección 2, o mediante su modelo interno completo o parcial de conformidad con lo dispuesto en el capítulo VI, sección 4, subsección 3.

a)

coordinar el cálculo de las provisiones técnicas;

b)

cerciorarse de la adecuación de las metodologías y los modelos de base utilizados, así como de las hipótesis empleadas en el cálculo de las provisiones técnicas;

c)

evaluar la suficiencia y la calidad de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas;

d)

cotejar las mejores estimaciones con la experiencia anterior;

e)

informar al órgano de administración, dirección o supervisión sobre la fiabilidad y la adecuación del cálculo de las provisiones técnicas;

f)

supervisar el cálculo de las provisiones técnicas en los casos contemplados en el artículo 82;

g)

pronunciarse sobre la política general de suscripción;

h)

pronunciarse sobre la adecuación de los acuerdos de reaseguro;

i)

contribuir a la aplicación efectiva del sistema de gestión de riesgos a que se refiere el artículo 44, en particular en lo que respecta a la modelización del riesgo en que se basa el cálculo de los requisitos de capital establecidos en el capítulo VI, secciones 4 y 5, y a la evaluación a que se refiere el artículo 45.

a)

perjudicar sensiblemente la calidad del sistema de gobernanza de la empresa considerada;

b)

aumentar indebidamente el riesgo operacional;

c)

menoscabar la capacidad de las autoridades de supervisión para comprobar que la empresa cumple con sus obligaciones;

d)

afectar a la prestación de un servicio continuo y satisfactorio a los tomadores de seguros.

a)

los elementos de los sistemas a que se refieren los artículos 41, 44, 46 y 47, y en particular las áreas que deberá englobar la política de gestión de activos y pasivos y de inversiones, según lo previsto en el artículo 44, apartado 2, de las empresas de seguros y de reaseguros;

b)

las funciones a que se refieren los artículos 44 y 46 a 48;

c)

los requisitos establecidos en el artículo 42 y las funciones sujetas a los mismos;

d)

las condiciones en las que podrá recurrirse a la externalización, en particular con proveedores de servicios situados en terceros países.

a)

una descripción de la actividad y los resultados de la empresa;

b)

una descripción del sistema de gobernanza y una evaluación de su adecuación con respecto al perfil de riesgo de la empresa;

c)

una descripción, por separado para cada categoría de riesgo, de la exposición al riesgo, la concentración de riesgo, la reducción del riesgo y la sensibilidad al riesgo;

d)

una descripción, por separado para los activos, las provisiones técnicas y otros pasivos, de las bases y los métodos empleados para su valoración, junto con una explicación de las diferencias significativas existentes, en su caso, en las bases y los métodos para la valoración de los mismos en los estados financieros;

e)

una descripción de la gestión del capital, que incluirá al menos lo siguiente:

a)

la adición de capital media por empresa y la distribución de las adiciones de capital impuestas por las autoridades de supervisión durante el año anterior, en porcentaje del capital de solvencia obligatorio, según las siguientes categorías:

b)

en relación con cada una de las indicaciones contempladas en la letra a), la proporción de las adiciones de capital impuestas de conformidad con el artículo 37, apartado 1, letras a), b) y c), respectivamente.

a)

para todos los Estados miembros conjuntamente, la distribución total de adiciones de capital, en porcentaje del capital de solvencia obligatorio, en relación con cada una de las siguientes categorías:

b)

para cada Estado miembro por separado, la distribución de las adiciones de capital, en porcentaje del capital de solvencia obligatorio, referida a todas las empresas de seguros y de reaseguros en dicho Estado miembro;

c)

en relación con cada una de las indicaciones contempladas en las letras a) y b), la proporción de las adiciones de capital impuestas de conformidad con el artículo 37, apartado 1, letras a), b) y c), respectivamente.

a)

cuando la divulgación de tal información permita a los competidores de la empresa adquirir indebidamente una ventaja significativa;

b)

cuando los compromisos con los tomadores de seguros o las relaciones con otras contrapartes obliguen a la empresa al secreto o la confidencialidad.

a)

cuando se observe un incumplimiento con respecto al capital mínimo obligatorio y las autoridades de supervisión consideren que la empresa no podrá presentar un plan de financiación realista a corto plazo o no obtengan dicho plan en el plazo de un mes a partir de la constatación del incumplimiento;

b)

cuando se observe un incumplimiento significativo con respecto al capital de solvencia obligatorio y las autoridades de supervisión no obtengan un plan de recuperación realista en el plazo de dos meses a partir de la constatación del incumplimiento.

a)

está situado fuera de la Comunidad o sometido a una normativa no comunitaria, o

b)

es una persona física o jurídica y no está sujeto a supervisión con arreglo a la presente Directiva o a la Directiva 85/611/CEE del Consejo, de 20 de diciembre de 1985, por la que se coordinan las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas sobre determinados organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios (OICVM) (32), a la Directiva 2004/39/CE o a la Directiva 2006/48/CE.

a)

la reputación del adquirente potencial;

b)

la reputación y la experiencia de toda persona que vaya a dirigir la actividad de la empresa de seguros o reaseguros como consecuencia de la propuesta de adquisición;

c)

la solvencia financiera del adquirente potencial, en especial en relación con el tipo de actividad que se ejerza o esté previsto ejercer en la empresa de seguros o reaseguros objeto de la propuesta de adquisición;

d)

la capacidad de la empresa de seguros o reaseguros de cumplir de forma duradera las exigencias prudenciales que se deriven de la presente Directiva y, en su caso, de otras Directivas, en especial la Directiva 2002/87/CE, en particular, si el grupo del que pasará a formar parte cuenta con una estructura que permita ejercer una supervisión eficaz, proceder a un intercambio efectivo de información entre las autoridades de supervisión y determinar el reparto de responsabilidades entre las autoridades de supervisión;

e)

la existencia de indicios racionales que permitan suponer que, en relación con la propuesta de adquisición, se están efectuando o se han efectuado o intentado efectuar operaciones de blanqueo de capitales o de financiación del terrorismo, en el sentido del artículo 1 de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (33), o que la citada adquisición podría aumentar el riesgo de que se efectúen tales operaciones.

a)

una entidad de crédito, una empresa de seguros o de reaseguros, una empresa de inversión o una sociedad de gestión, según se define esta última en el artículo 1 bis, punto 2, de la Directiva 85/611/CEE (en lo sucesivo, «sociedad de gestión de OICVM»), autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición;

b)

la sociedad matriz de una entidad de crédito, una empresa de seguros o de reaseguros, una empresa de inversión o una sociedad de gestión de OICVM autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición; o

c)

una persona física o jurídica que ejerza el control de una entidad de crédito, una empresa de seguros o de reaseguros, una empresa de inversión o una sociedad de gestión de OICVM autorizada en otro Estado miembro o en un sector diferente de aquel en el que se propone la adquisición.

1)

la suspensión del ejercicio de los correspondientes derechos de voto, o

2)

la nulidad de los votos que, en su caso, se hayan emitido o la posibilidad de anularlos.

1)

para comprobar si se cumplen las condiciones de acceso a la actividad de seguro o de reaseguro y para facilitar el control de las condiciones del ejercicio de tal actividad, en particular en materia de supervisión de las provisiones técnicas, del capital de solvencia obligatorio, del capital mínimo obligatorio y del sistema de gobernanza;

2)

para la imposición de sanciones;

3)

en el marco de un recurso administrativo contra una decisión de las autoridades de supervisión;

4)

en el marco de procedimientos judiciales iniciados en virtud de la presente Directiva.

a)

el intercambio de información entre varias autoridades de supervisión del mismo Estado miembro, en el ejercicio de su función de supervisión;

b)

el intercambio de información, en el ejercicio de su función de supervisión, entre las autoridades de supervisión y cualesquiera de las siguientes autoridades, órganos o personas situadas en el mismo Estado miembro:

c)

la transmisión, a los órganos encargados de la gestión de procedimientos de liquidación forzosa o de fondos de garantía, de la información necesaria para el cumplimiento de su función.

a)

las autoridades encargadas de la supervisión de los órganos que participen en la liquidación y quiebra de las empresas de seguros o de reaseguros y otros procedimientos similares;

b)

las autoridades encargadas de la supervisión de las personas encargadas de la auditoría legal de las cuentas de las empresas de seguros o de reaseguros, las entidades de crédito, las empresas de inversión y otras entidades financieras;

c)

los actuarios independientes de las empresas de seguros o de reaseguros que, en virtud de disposiciones legales, ejerzan una función de control sobre estas y los órganos encargados de la supervisión de estos actuarios.

a)

que la información se destine a la realización de las funciones de supervisión o de control establecidas en el párrafo primero;

b)

que la información recibida esté sujeta a la obligación de secreto profesional establecida en el artículo 64;

c)

que, cuando la información proceda de otro Estado miembro, esta solo pueda ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridades de supervisión de las que proceda y, en su caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autorizado.

a)

que la información se destine a la labor de detección e investigación establecida en el párrafo primero;

b)

que la información recibida esté sujeta a la obligación de secreto profesional establecida en el artículo 64;

c)

que, cuando la información proceda de otro Estado miembro, esta solo pueda ser divulgada con el acuerdo expreso de las autoridades de supervisión de las que proceda y, en su caso, exclusivamente con la finalidad que estas autoridades hayan autorizado.

1)

los bancos centrales y demás organismos de función similar, en tanto que autoridades monetarias;

2)

en su caso, otras autoridades públicas encargadas de la supervisión de los sistemas de pago.

a)

constituir una violación material de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que establecen las condiciones de autorización o que regulan de manera específica el ejercicio de la actividad de las empresas de seguros y de reaseguros;

b)

perjudicar la continuidad de la explotación de la empresa de seguros o de reaseguros;

c)

implicar la denegación de la certificación de cuentas o la emisión de reservas;

d)

suponer un incumplimiento con respecto al capital de solvencia obligatorio;

e)

suponer un incumplimiento con respecto al capital mínimo obligatorio.

a)

las empresas autorizadas para ejercer la actividad de seguro de vida puedan obtener autorización para las actividades de seguro distinto del seguro de vida en lo que respecta a los riesgos comprendidos en los ramos 1 y 2 de la parte A del anexo I;

b)

las empresas autorizadas exclusivamente para los riesgos comprendidos en los ramos 1 y 2 de la parte A del anexo I, puedan obtener una autorización para ejercer la actividad de seguro de vida.

a)

1 de enero de 1981 para empresas autorizadas en Grecia;

b)

1 de enero de 1986 para empresas autorizadas en España y Portugal;

c)

1 de enero de 1995 para empresas autorizadas en Austria, Finlandia y Suecia;

d)

1 de mayo de 2004 para empresas autorizadas en la República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia;

e)

1 de enero de 2007 para empresas autorizadas en Bulgaria y Rumanía;

f)

15 de marzo de 1979 para todas las demás empresas.

a)

un capital mínimo obligatorio nocional en relación con su actividad de seguro o de reaseguro de vida, calculado como si la empresa solo ejerciera esa actividad, partiendo de las cuentas separadas a que se refiere el apartado 6; y

b)

un capital mínimo obligatorio nocional en relación con su actividad de seguro o de reaseguro distinto del reaseguro de vida, calculado como si la empresa solo ejerciera esa actividad, partiendo de las cuentas separadas a que se refiere el apartado 6.

a)

el capital mínimo obligatorio nocional referido a la actividad en el sector de vida;

b)

el capital mínimo obligatorio nocional referido a la actividad en el sector distinto del de vida.

a)

los activos se valorarán por el importe por el cual podrían intercambiarse entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua;

b)

los pasivos se valorarán por el importe por el cual podrían transferirse, o liquidarse, entre partes interesadas y debidamente informadas que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua.

1)

todos los gastos en que incurrirán para cumplir las obligaciones de seguro y reaseguro;

2)

la inflación, incluida la correspondiente a los gastos y a las reclamaciones;

3)

todos los pagos a los tomadores y a los beneficiarios de seguros, incluidas las futuras participaciones en beneficios discrecionales, que las empresas de seguros y de reaseguros tienen previsto realizar, con independencia de que tales pagos estén garantizados por contrato, salvo que les sea aplicable el artículo 91, apartado 2.

a)

las metodologías actuariales y estadísticas para calcular la mejor estimación a que se refiere el artículo 77, apartado 2;

b)

la estructura temporal de tipos de interés sin riesgo pertinente que deberá utilizarse para calcular la mejor estimación a que se refiere el artículo 77, apartado 2;

c)

las circunstancias en las que las provisiones técnicas deberán calcularse como un todo o como la suma de la mejor estimación y el margen de riesgo, y los métodos que se emplearán en el supuesto de que se calculen como un todo;

d)

los métodos y las hipótesis que deberán utilizarse en el cálculo del margen de riesgo, incluyendo la determinación del importe de los fondos propios admisibles exigido para asumir las obligaciones de seguro y de reaseguro, y la calibración de la tasa de coste del capital;

e)

las líneas de negocio según las cuales deberán segmentarse las obligaciones de seguro y de reaseguro a fin de calcular las provisiones técnicas;

f)

las normas que deberán cumplirse a efectos de garantizar la adecuación, integridad y exactitud de los datos utilizados en el cálculo de las provisiones técnicas, y las circunstancias específicas en las que convendría recurrir a aproximaciones, incluidos los enfoques caso por caso, para calcular la mejor estimación;

g)

las metodologías que deberán utilizarse al calcular el ajuste por incumplimiento de la contraparte a que se refiere el artículo 81, destinado a reflejar las pérdidas esperadas por incumplimiento de la contraparte;

h)

cuando resulte necesario, métodos y técnicas simplificados para calcular las provisiones técnicas, a fin de garantizar que las metodologías actuariales y estadísticas a que se refieren las letras a) y b) sean proporcionados a la naturaleza, el volumen y la complejidad de los riesgos soportados por las empresas de seguros y de reaseguros, incluidas las empresas de seguros o reaseguros cautivas.

1)

el excedente de los activos con respecto a los pasivos, valorados de conformidad con el artículo 75 y la sección 2;

2)

los pasivos subordinados.

a)

el capital social o el fondo mutual no desembolsados ni exigidos;

b)

las cartas de crédito y garantías;

c)

cualesquiera otros compromisos legalmente vinculantes recibidos por las empresas de seguros y de reaseguros.

a)

un importe monetario para cada elemento de los fondos propios complementarios;

b)

un método para determinar el importe de cada elemento de los fondos propios complementarios, en cuyo caso las autoridades de supervisión aprobarán el importe determinado con arreglo a ese método por un plazo definido.

a)

la consideración de las contrapartes afectadas, en lo que respecta a su capacidad de pago y su disposición a pagar;

b)

la posibilidad de recuperar los fondos, habida cuenta de la forma jurídica del elemento, así como de cualesquiera condiciones que pudieran impedir que sean efectivamente desembolsados o reclamado su pago;

c)

toda información sobre el resultado de las exigencias anteriores de tales fondos propios complementarios realizadas por las empresas de seguros y de reaseguros, en la medida en que dicha información pueda utilizarse con fiabilidad para evaluar los resultados esperados de exigencias futuras.

a)

los criterios para la aprobación de las autoridades de supervisión de conformidad con el artículo 90;

b)

la consideración de las participaciones, según el artículo 212, apartado 2, párrafo tercero, en entidades financieras y de crédito a efectos de la determinación de los fondos propios.

a)

las participaciones que posean las empresas de seguros y de reaseguros en:

b)

los créditos subordinados y los instrumentos contemplados en el artículo 63 y en el artículo 64, apartado 3, de la Directiva 2006/48/CE que posean las empresas de seguros y de reaseguros frente a las entidades definidas en la anterior letra a) en las que tengan participaciones.

a)

el elemento está disponible, o puede ser exigido, para absorber pérdidas de forma total tanto si la empresa está en funcionamiento como en caso de liquidación (disponibilidad permanente);

b)

en caso de liquidación, el importe total del elemento está disponible para absorber pérdidas y no se admite el reembolso del elemento a su tenedor hasta tanto no se hayan satisfecho todas las demás obligaciones, incluidas las obligaciones de seguro y de reaseguro frente a los tomadores y beneficiarios de los contratos de seguro y reaseguro (subordinación).

a)

obligaciones o incentivos para el reembolso del importe nominal (ausencia de incentivos de reembolso);

b)

gastos fijos obligatorios (ausencia de costes de servicio de la deuda obligatorios);

c)

compromisos (ausencia de compromisos).

1)

los fondos excedentarios a que se refiere el artículo 91, apartado 2, se clasificarán en el nivel 1;

2)

las cartas de crédito y garantías administradas en beneficio de los acreedores de seguros por un administrador fiduciario independiente y emitidas por entidades de crédito autorizadas de conformidad con la Directiva 2006/48/CE, se clasificarán en el nivel 2;

3)

las derramas futuras que mutuas y sociedades mutuas de navieros con cuotas variables que aseguren exclusivamente los riesgos incluidos en los ramos 6, 12 y 17 de la parte A del anexo I puedan exigir a sus miembros mediante contribuciones adicionales durante los siguientes doce meses se clasificarán en el nivel 2.

a)

una lista de los elementos de los fondos propios, incluidos los contemplados en el artículo 96, que se considere que cumplen los criterios a que se refiere el artículo 94, que contendrá, en relación con cada elemento de los fondos propios, una descripción precisa de las cualidades que han determinado su clasificación;

b)

los métodos que deberán emplear las autoridades de supervisión para aprobar la evaluación y clasificación de elementos de fondos propios que no estén incluidos en la lista a que se refiere la letra a).

a)

la proporción que los elementos del nivel 1 supongan respecto de los fondos propios admisibles sea superior a un tercio del importe total de fondos propios admisibles;

b)

el importe admisible de los elementos del nivel 3 representen menos de un tercio del importe total de fondos propios admisibles.

a)

los límites cuantitativos mencionados en el artículo 98, apartados 1 y 2;

b)

los ajustes que se deberían realizar para reflejar la falta de transferibilidad de aquellos elementos de los fondos propios que solo pueden utilizarse para cubrir pérdidas derivadas de un determinado segmento de pasivos o de determinados riesgos (fondos de disponibilidad limitada).

a)

riesgo de suscripción en el seguro distinto del seguro de vida;

b)

riesgo de suscripción en el seguro de vida;

c)

riesgo de suscripción del seguro de enfermedad;

d)

riesgo de mercado;

e)

riesgo de crédito;

f)

riesgo operacional.

a)

el capital de solvencia obligatorio básico, conforme al artículo 104;

b)

el capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional, conforme al artículo 107;

c)

el importe del ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas y los impuestos diferidos, conforme al artículo 108.

a)

riesgo de suscripción en el seguro distinto del seguro de vida;

b)

riesgo de suscripción en el seguro de vida;

c)

riesgo de suscripción del seguro de enfermedad;

d)

riesgo de mercado;

e)

riesgo de incumplimiento de la contraparte.

a)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las responsabilidades derivadas de los seguros, debido a fluctuaciones en relación con el momento de la ocurrencia, la frecuencia y la gravedad de los sucesos asegurados, y en el momento y el importe de la liquidación de siniestros (riesgo de prima y de reserva en los seguros distintos del seguro de vida);

b)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las responsabilidades derivadas de los seguros, debido a una notable incertidumbre en las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones correspondientes a sucesos extremos o excepcionales (riesgo de catástrofe en los seguros distintos del seguro de vida).

a)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la volatilidad de las tasas de mortalidad, para aquellos casos en que un aumento de la tasa de mortalidad genere un aumento en el valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros (riesgo de mortalidad);

b)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la volatilidad de las tasas de mortalidad, para aquellos casos en que un descenso de la tasa de mortalidad genere un aumento en el valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros (riesgo de longevidad);

c)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la volatilidad de las tasas de invalidez, enfermedad y morbilidad (riesgo de discapacidad y morbilidad);

d)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la volatilidad de los gastos de ejecución de los contratos de seguro o de reaseguro (riesgo de gastos en el seguro de vida);

e)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la volatilidad de las tasas de revisión aplicables a las prestaciones en forma de renta, debido a modificaciones de la legislación o variaciones en el estado de salud de la persona asegurada (riesgo de revisión);

f)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel o la volatilidad de las tasas de discontinuidad, cancelación, renovación y rescate de las pólizas (riesgo de reducción);

g)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de los compromisos contraídos en virtud de los seguros, debido a una notable incertidumbre en las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones correspondientes a sucesos extremos o extraordinarios (riesgo de catástrofe en los seguros de vida).

a)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las responsabilidades contraídas en virtud de los seguros, debido a variaciones en el nivel, la tendencia o la volatilidad de los gastos de ejecución de los contratos de seguro o de reaseguro;

b)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las responsabilidades contraídas en virtud de los seguros, debido a fluctuaciones en relación con el momento de ocurrencia, la frecuencia y la gravedad de los hechos asegurados, así como el momento e importe de la liquidación de siniestros en la fecha de constitución de las provisiones;

c)

riesgo de pérdida o de modificación adversa del valor de las responsabilidades contraídas en virtud de los seguros, debido a una notable incertidumbre en las hipótesis de tarificación y constitución de provisiones correspondientes a brotes de grandes epidemias, así como la acumulación excepcional de riesgos en esas circunstancias extremas.

a)

sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en la estructura temporal de los tipos de interés o la volatilidad de los tipos de interés (riesgo de tipo de interés);

b)

sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en el nivel o la volatilidad de los precios de mercado de las acciones (riesgo de acciones);

c)

sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en el nivel o la volatilidad de los precios de mercado de la propiedad inmobiliaria (riesgo inmobiliario);

d)

sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en el nivel o la volatilidad de los diferenciales de crédito en relación con la estructura temporal de tipos de interés sin riesgo (riesgo de diferencial);

e)

sensibilidad del valor de los activos, los pasivos y los instrumentos financieros frente a las variaciones en el nivel o la volatilidad de los tipos de cambio de divisas (riesgo de divisa);

f)

riesgos adicionales a que esté expuesta una empresa de seguros o de reaseguros como consecuencia bien de una falta de diversificación de la cartera de activos o bien de una importante exposición al riesgo de incumplimiento de un mismo emisor de valores o de un grupo de emisores vinculados (concentraciones de riesgo de mercado).

a)

una fórmula estándar con arreglo a las disposiciones del artículo 101 y de los artículos 103 a 109;

b)

los posibles submódulos necesarios o que cubran con más precisión los riesgos incluidos en los respectivos módulos de riesgo mencionados en el artículo 104, y posibles actualizaciones posteriores;

c)

los métodos, hipótesis y parámetros generales que se utilizarán al calcular cada uno de los distintos módulos o submódulos de riesgo del capital de solvencia obligatorio básico establecidos en los artículos 104, 105 y 304, el mecanismo de ajuste simétrico y el plazo adecuado, expresado en meses, con arreglo a lo establecido en el artículo 106, y el planteamiento adecuado para integrar el método contemplado en el artículo 304 para el capital de solvencia obligatorio calculado con arreglo a la fórmula estándar;

d)

los parámetros de correlación, incluidos, si es necesario, los establecidos en el anexo IV, y los procedimientos para la actualización de dichos parámetros;

e)

en relación con las empresas de seguros y de reaseguros que utilicen técnicas de reducción del riesgo, los métodos e hipótesis que deban utilizarse para evaluar los cambios en el perfil de riesgo de la empresa y ajustar el cálculo del capital de solvencia obligatorio;

f)

los criterios cualitativos que deben satisfacer las técnicas de reducción del riesgo mencionadas en la letra e) a fin de tener la seguridad de que el riesgo ha sido transferido realmente a un tercero;

g)

los métodos y parámetros que deban utilizarse en el cálculo del capital obligatorio por riesgo operacional que establece el artículo 107, incluido el porcentaje mencionado en el artículo 107, apartado 3;

h)

los métodos y los ajustes que deben aplicarse para reflejar la menor diversificación del riesgo de las empresas de seguros y de reaseguros en caso de existencia de fondos de disponibilidad limitada;

i)

el método que deba utilizarse en el cálculo del ajuste destinado a tener en cuenta la capacidad de absorción de pérdidas de las provisiones técnicas o los impuestos diferidos, conforme al artículo 108;

j)

el subconjunto de parámetros generales de los módulos de riesgo de seguro de vida, seguro distinto del seguro de vida y seguro de enfermedad que puedan ser sustituidos por parámetros específicos de la empresa, según lo previsto en el artículo 104, apartado 7;

k)

los métodos normalizados que deba aplicar la empresa de seguros o de reaseguros para calcular los parámetros específicos de la empresa mencionados en la letra j), y los criterios que deban cumplirse, en cuanto a la integridad, exactitud y adecuación de los datos utilizados, a fin de obtener la autorización de las autoridades de supervisión;

l)

los cálculos simplificados previstos para módulos y submódulos de riesgo específicos, así como los criterios que la empresa de seguros o de reaseguros, incluidas las empresas de seguros o reaseguros cautivas, deba cumplir a fin de poder aplicar esas diferentes simplificaciones, según lo establecido en el artículo 109;

m)

el planteamiento al que se recurrirá en relación con las empresas vinculadas en el sentido del artículo 212 para calcular el capital de solvencia obligatorio, en particular para calcular el submódulo de riesgo de acciones contemplado en el artículo 105, apartado 5, teniendo en cuenta la probable reducción en la volatilidad del valor de dichas empresas vinculadas derivada del carácter estratégico de dichas inversiones y la influencia ejercida por la empresa participante en dichas empresas vinculadas.

a)

uno o varios módulos o submódulos de riesgo del capital de solvencia obligatorio básico, con arreglo a los artículos 104 y 105;

b)

el capital de solvencia obligatorio por riesgo operacional, conforme al artículo 107;

c)

el ajuste a que se refiere el artículo 108.