5.12.2008

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 327/27

---

DECISIÓN MARCO 2008/909/JAI DEL CONSEJO

de 27 de noviembre de 2008

relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias en materia penal por las que se imponen penas u otras medidas privativas de libertad a efectos de su ejecución en la Unión Europea

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 31, apartado 1, letra a), y su artículo 34, apartado 2, letra b),

Vista la iniciativa de la República de Austria, de la República de Finlandia y del Reino de Suecia,

Visto el dictamen del Parlamento Europeo,

Considerando lo siguiente:

(1)	El Consejo Europeo, reunido en Tampere los días 15 y 16 de octubre de 1999, respaldó el principio del reconocimiento mutuo, que debe convertirse en la piedra angular de la cooperación judicial tanto en materia civil como penal en la Unión.

(2)

El 29 de noviembre de 2000, el Consejo adoptó, de conformidad con las conclusiones de Tampere, un programa de medidas destinado a poner en práctica el principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones en materia penal (1), pronunciándose a favor de una evaluación de la necesidad de mecanismos modernos de reconocimiento mutuo de las resoluciones definitivas de condena a penas de privación de libertad (medida no 14), así como de la ampliación del principio del traslado de personas condenadas a los residentes en un Estado miembro (medida no 16).

(3)	El Programa de La Haya sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea (2) exige que los Estados miembros completen el programa de medidas, en particular en el ámbito de la ejecución de condenas firmes a penas de prisión.

(4)

Todos los Estados miembros han ratificado el Convenio del Consejo de Europa sobre traslado de personas condenadas, de 21 de marzo de 1983. En virtud de dicho Convenio, los condenados pueden ser trasladados para proseguir el cumplimiento de su condena solo si el destino es el Estado de su nacionalidad y se cuenta con el consentimiento del condenado y de los Estados afectados. El Protocolo adicional de ese Convenio, de 18 de diciembre de 1997, que permite, en determinadas condiciones, que dichos traslados se realicen sin el consentimiento del afectado, no ha sido ratificado por todos los Estados miembros. Ninguno de estos dos instrumentos establece una obligación básica de hacerse cargo de los condenados con vistas a la ejecución de una condena u orden judicial de otro tipo.

(5)

Los derechos procesales en los procesos penales son un elemento esencial para garantizar la confianza mutua entre los Estados miembros en la cooperación judicial. Las relaciones entre los Estados miembros, que se caracterizan por una especial confianza mutua en los sistemas jurídicos de los demás Estados miembros, permiten el reconocimiento, por parte del Estado de ejecución, de las resoluciones dictadas por las autoridades del Estado de emisión. Por ello, es oportuno plantear una mayor profundización de la cooperación establecida en los instrumentos del Consejo de Europa relativos a la ejecución de sentencias penales, en particular cuando se haya impuesto una sentencia penal a ciudadanos de la Unión y hayan sido condenados a penas de prisión o a medidas privativas de libertad en otro Estado miembro. Aun reconociendo la necesidad de proporcionar al condenado las garantías adecuadas, su participación en los procedimientos no debe ya prevalecer hasta el punto de que se requiera en todos los casos su consentimiento para la transmisión de una sentencia a otro Estado miembro a efectos de su reconocimiento y de la ejecución de la condena impuesta.

(6)	La presente Decisión Marco debe aplicarse y ejecutarse de modo que puedan respetarse los principios generales de igualdad, imparcialidad y proporcionalidad.

(7)

El artículo 4 contiene en su apartado 1, letra c), una disposición que permite remitir el certificado y la sentencia, con carácter discrecional, en los supuestos no contemplados en el artículo 4, apartado 1, letras a) y b), por ejemplo al Estado de nacionalidad del condenado o al Estado en que viva y haya estado residiendo legalmente de forma continuada al menos durante cinco años, siempre que vaya a mantener el permiso permanente de residencia en el mismo.

(8)

En los casos contemplados en el artículo 4, apartado 1, letra c), la transmisión del certificado y de la sentencia al Estado de ejecución está sometida a la consulta entre las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución, así como al consentimiento de la autoridad competente del Estado de ejecución. Las autoridades competentes deben tener en cuenta cuestiones como la duración de la residencia u otros vínculos con el Estado de ejecución. En aquellos casos en que el condenado pudiera ser trasladado a un Estado miembro y a un tercer país en virtud del Derecho nacional o de instrumentos internacionales, las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución deben consultarse para estudiar si con la ejecución de la sentencia en el Estado de ejecución se cumpliría mejor el objetivo de la reinserción social que ejecutándola en el tercer país.

(9)

El cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución debe incrementar las posibilidades de reinserción social del condenado. Para asegurarse de que el Estado de ejecución hará ejecutar la condena cumpliendo la finalidad de facilitar la reinserción social del condenado, la autoridad competente del Estado de emisión debe tener en cuenta aspectos como la relación del condenado con el Estado de ejecución, por ejemplo si el condenado considera que allí se encuentran sus vínculos familiares, lingüísticos, culturales, sociales o económicos, y otros lazos con el Estado de ejecución.

(10)

La opinión del condenado mencionada en el artículo 6, apartado 3, podrá ser útil sobre todo en el momento de aplicar el artículo 4, apartado 4. Las palabras «en particular» van encaminadas a cubrir asimismo los casos en que la opinión del condenado incluyese información que pudiese resultar pertinente para la aplicación de los motivos para el no reconocimiento y la no ejecución. Las disposiciones del artículo 4, apartado 4, y del artículo 6, apartado 3, no constituyen un motivo de denegación relacionado con la reinserción social.

(11)

Polonia necesita más tiempo que otros Estados miembros para hacer frente a las consecuencias prácticas y materiales del traslado de ciudadanos polacos condenados en otros Estados miembros, especialmente teniendo en cuenta el aumento de la movilidad de los ciudadanos polacos dentro de la Unión Europea. Por ello, se ha previsto una excepción provisional, de ámbito limitado y durante un período máximo de cinco años.

(12)

La presente Decisión Marco se aplicará también, mutatis mutandis, a la ejecución de condenas en los supuestos contemplados en el artículo 4, apartado 6, y en el artículo 5, apartado 3, de la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros (3). Ello implica, entre otras cosas, que, no obstante lo dispuesto en dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución podrá verificar si existen motivos de denegación conforme a lo previsto en el artículo 9 de la presente Decisión Marco y comprobar la posible doble tipificación, en la medida en que el Estado de ejecución haya formulado una declaración en virtud del artículo 7, apartado 4, de la presente Decisión Marco, como condición para reconocer y ejecutar la sentencia, con vistas a estudiar si opta por entregar al condenado o ejecutar la sentencia en los casos que se ajusten al artículo 4, apartado 6, de la Decisión Marco 2002/584/JAI.

(13)

La presente Decisión Marco respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea y reflejados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular en su capítulo VI. Nada de lo dispuesto en la presente Decisión Marco debe poder interpretarse como una prohibición de denegar la ejecución de una resolución, cuando existan razones objetivas para suponer que la condena ha sido dictada con el fin de sancionar a una persona por razón de sexo, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, lengua, opiniones políticas u orientación sexual, o que la situación de dicha persona pueda quedar perjudicada por cualquiera de estas razones.

(14)	La presente Decisión Marco no debe impedir a ningún Estado miembro aplicar sus normas constitucionales relativas a las garantías procesales, la libertad de asociación, la libertad de prensa y la libertad de expresión en otros medios de comunicación.

(15)	La presente Decisión Marco debe aplicarse de conformidad con el derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros que les confiere el artículo 18 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

(16)	La presente Decisión Marco debe aplicarse de conformidad con la legislación comunitaria pertinente, incluidas, en particular, la Directiva 2003/86/CE del Consejo (4), la Directiva 2003/109/CE del Consejo (5) y la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6).

(17)	En los casos en que se hace referencia en la presente Decisión marco al Estado en el que «vive» el condenado, debe entenderse por tal el lugar en el que posee vínculos, atendiendo a su residencia habitual y a criterios como los lazos familiares, sociales y profesionales.

(18)

Para aplicar el artículo 5, apartado 1, se debe poder remitir una sentencia o una copia certificada de la misma y un certificado a la autoridad competente del Estado de ejecución por cualquier vía que deje constancia escrita del envío, por ejemplo por correo electrónico o fax, en condiciones que permitan al Estado de ejecución determinar su autenticidad.

(19)

En los casos contemplados en el artículo 9, apartado 1, letra k), el Estado de ejecución debe estudiar la posibilidad de adaptar las condenas de conformidad con la presente Decisión Marco antes de rechazar el reconocimiento y ejecución de condenas que supongan medidas de otro tipo que la privación de libertad.

(20)

El motivo de denegación mencionado en el artículo 9, apartado 1, letra k), podrá aplicarse asimismo en los casos en que el condenado no haya sido declarado culpable de haber cometido una infracción penal aunque la autoridad competente haya aplicado la medida de privación de libertad distinta de una pena de prisión a raíz de la comisión de una infracción penal.

(21)

El motivo de denegación relativo a la territorialidad debe aplicarse solo en casos excepcionales y con vistas a lograr la máxima cooperación posible en virtud de lo dispuesto en la presente Decisión Marco, teniendo en cuenta al mismo tiempo su objeto. Toda decisión de aplicar dicho motivo de denegación se basará en un análisis de cada caso y en las correspondientes consultas entre las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución.

(22)	El plazo a que se refiere el artículo 12, apartado 2, debe ser aplicado por los Estados miembros de tal modo que, por regla general, la resolución firme, incluido el procedimiento de recurso, se complete en un plazo no superior a 90 días.

(23)

En el artículo 18, apartado 1, se estipula que, con sujeción a las excepciones mencionadas en su apartado 2, el principio de especialidad se aplica únicamente en los casos en que el condenado haya sido trasladado al Estado de ejecución. Por consiguiente, dicho apartado no debe ser aplicable en los casos en que el condenado no haya sido trasladado al Estado de ejecución, por ejemplo cuando se haya refugiado en dicho Estado.

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN MARCO:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Definiciones

A efectos de la presente Decisión Marco, se entenderá por:

a)	«sentencia»: la resolución u orden firme de un órgano jurisdiccional del Estado de emisión que impone una condena a una persona física;

b)	«condena»: cualquier pena o medida privativa de libertad, de duración limitada o indeterminada, impuesta por razón de una infracción penal como consecuencia de un proceso penal;

c)	«Estado de emisión»: el Estado miembro en el que se haya dictado una sentencia;

d)	«Estado de ejecución»: el Estado miembro al que se haya transmitido una sentencia con vistas a su reconocimiento y ejecución.

Artículo 2

Designación de las autoridades competentes

1.   Cada Estado miembro comunicará a la Secretaría General del Consejo qué autoridad o autoridades, con arreglo a su legislación nacional, son competentes de conformidad con la presente Decisión Marco, cuando dicho Estado miembro sea el Estado de emisión o el Estado de ejecución.

2.   La Secretaría General del Consejo pondrá a disposición de todos los Estados miembros y de la Comisión la información recibida.

Artículo 3

Objetivo y ámbito de aplicación

1.   La presente Decisión Marco tiene por objeto establecer las normas con arreglo a las cuales un Estado miembro, para facilitar la reinserción social del condenado, reconocerá una sentencia y ejecutará la condena.

2.   La presente Decisión Marco se aplicará cuando el condenado se encuentre en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución.

3.   La presente Decisión Marco solo se aplicará al reconocimiento de sentencias y a la ejecución de condenas en el sentido de la presente Decisión Marco. El hecho de que, además de la condena, se haya impuesto multa y/o resolución de decomiso, que todavía no se hayan abonado, cobrado o ejecutado, no impedirá la transmisión de la sentencia. El reconocimiento y la ejecución de dichas multas y resoluciones de decomiso en otro Estado miembro se basarán en los instrumentos aplicables entre Estados miembros, en particular la Decisión Marco 2005/214/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sanciones pecuniarias (7), y la Decisión Marco 2006/783/JAI del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso (8).

4.   La presente Decisión Marco no podrá tener por efecto el de modificar la obligación de respetar los derechos fundamentales y los principios jurídicos fundamentales consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea.

CAPÍTULO II

RECONOCIMIENTO DE SENTENCIAS Y EJECUCIÓN DE CONDENAS

Artículo 4

Criterios para la transmisión de una sentencia y un certificado a otro Estado miembro

1.   Siempre que el condenado se encuentre en el Estado de emisión o en el Estado de ejecución, y siempre que haya dado su consentimiento cuando así lo exija el artículo 6, podrá transmitirse una sentencia, acompañada del certificado cuyo formulario normalizado figura en el anexo I, a uno de los siguientes Estados miembros:

a)	el Estado miembro de nacionalidad del condenado en el que este viva, o

b)

el Estado miembro de nacionalidad al que, si no es el Estado miembro en el que vive, el condenado será expulsado una vez puesto en libertad en virtud de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa o cualquier otra medida derivada de la sentencia, o

c)	cualquier Estado miembro, distinto de los Estados miembros mencionados en las letras a) y b), cuya autoridad competente consienta en que se le transmita la sentencia y el certificado a dicho Estado miembro.

2.   Podrá transmitirse la sentencia y el certificado cuando la autoridad competente del Estado de emisión, en su caso después de consultas entre las autoridades competentes del Estado de emisión y del Estado de ejecución, tenga el convencimiento de que la ejecución de la condena por el Estado de ejecución contribuirá a alcanzar el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado.

3.   Antes de transmitir la sentencia y el certificado, la autoridad competente del Estado de emisión podrá consultar, por todos los medios apropiados, a la autoridad competente del Estado de ejecución. La consulta será obligatoria en los casos a que se refiere el apartado 1, letra c). En esos casos, la autoridad competente del Estado de ejecución informará inmediatamente al Estado de emisión de su decisión de autorizar o no la transmisión de la sentencia.

4.   En el transcurso de dicha consulta, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá presentar a la autoridad competente del Estado de emisión un parecer motivado, en el que indique que el cumplimiento de la condena en el Estado de ejecución no contribuiría al objetivo de facilitar la reinserción social ni la reintegración con éxito del condenado en la sociedad.

En los casos en que no haya habido consulta alguna, el dictamen podrá presentarse sin tardanza una vez que se hayan transmitido la sentencia y el certificado. La autoridad competente del Estado de emisión examinará el dictamen y decidirá si retira o no el certificado.

5.   El Estado de ejecución podrá igualmente solicitar, por propia iniciativa, al Estado de emisión la transmisión de la sentencia junto con el certificado. La persona condenada también podrá solicitar a las autoridades competentes del Estado de emisión o del Estado de ejecución que inicien un procedimiento para la transmisión de la sentencia y el certificado en virtud de la presente Decisión Marco. Las solicitudes realizadas en virtud del presente apartado no supondrán la obligación del Estado de emisión de transmitir la sentencia acompañada del certificado.

6.   En la aplicación de la presente Decisión Marco, los Estados miembros adoptarán medidas que tendrán en cuenta especialmente el objetivo de facilitar la reinserción social del condenado, y que constituirán la base sobre la que sus autoridades competentes adoptarán las decisiones de autorizar o no la transmisión de la sentencia y del certificado en los casos contemplados en el apartado 1, letra c).

7.   Cada Estado miembro podrá, bien cuando se adopte la presente Decisión Marco, bien en una fecha posterior, notificar a la Secretaría General del Consejo que, en sus relaciones con otros Estados miembros que hayan efectuado la misma notificación, no exigirá el consentimiento previo contemplado en el apartado 1, letra c), para la transmisión de la sentencia y el certificado:

a)	cuando el condenado viva y haya estado residiendo legalmente de forma continuada al menos durante cinco años en el Estado de ejecución y vaya a mantener un derecho de residencia permanente en dicho Estado, o

b)	cuando el condenado tenga la nacionalidad del Estado de ejecución en casos distintos de los contemplados en el apartado 1, letras a) y b).

En los casos mencionados en la letra a), se entenderá por «derecho de residencia permanente» el que la persona de que se trate:

—	tenga un derecho de residencia permanente en el respectivo Estado miembro de conformidad con la legislación nacional de aplicación de la legislación comunitaria adoptada basándose en los artículos 18, 40, 44 y 52 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, o bien

—

posea un permiso de residencia válido, en calidad de residente permanente o de larga duración, en el respectivo Estado miembro, de conformidad con la legislación nacional de aplicación de la legislación comunitaria adoptada basándose en el artículo 63 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, por lo que respecta a los Estados miembros en los que es aplicable la legislación comunitaria, o de conformidad con el Derecho nacional por lo que respecta a los Estados miembros para los que no es aplicable.

Artículo 5

Transmisión de la sentencia y del certificado

1.   La autoridad competente del Estado de emisión transmitirá directamente la sentencia o copia certificada de la misma, junto con el certificado, a la autoridad competente del Estado de ejecución por cualquier medio que deje constancia escrita y en condiciones que permitan al Estado de ejecución determinar su autenticidad. Si el Estado de ejecución así lo solicita, se le transmitirá el original de la sentencia, o copia certificada de la misma, así como el original del certificado. Todas las comunicaciones oficiales entre las autoridades competentes mencionadas se harán también de forma directa.

2.   El certificado deberá estar firmado por la autoridad competente del Estado de emisión, que deberá certificar la exactitud de su contenido.

3.   El Estado de emisión transmitirá la sentencia junto con el certificado solo a un Estado de ejecución cada vez.

4.   Si la autoridad competente del Estado de emisión desconoce cuál es la autoridad competente del Estado de ejecución, efectuará todas las investigaciones necesarias, incluso recurriendo a los puntos de contacto de la Red Judicial Europea establecida mediante la Acción Común 98/428/JAI del Consejo (9), a fin de obtener esa información del Estado de ejecución.

5.   Cuando una autoridad del Estado de ejecución que reciba una sentencia junto con un certificado no sea competente para reconocerla y adoptar las medidas necesarias para su ejecución, transmitirá de oficio la sentencia y el certificado a la autoridad competente del Estado de ejecución e informará de ello a la autoridad competente del Estado de emisión.

Artículo 6

Opinión y notificación del condenado

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, la transmisión de una sentencia junto con un certificado al Estado de ejecución a efectos de su reconocimiento y de la ejecución de la condena requerirá el consentimiento del condenado de conformidad con la legislación del Estado de emisión.

2.   No será necesario el consentimiento del condenado cuando la sentencia junto con el certificado se trasmitan:

a)	al Estado miembro de nacionalidad en que viva el condenado;

b)	al Estado miembro al que el condenado vaya a ser expulsado una vez puesto en libertad sobre la base de una orden de expulsión o traslado contenida en la sentencia o en una resolución judicial o administrativa o cualquier otra medida derivada de la sentencia;

c)	al Estado miembro al que el condenado se haya fugado o al que haya regresado ante el proceso penal abierto contra él en el Estado de emisión o por haber sido condenado en el Estado de emisión.

3.   En todos los casos en que el condenado se encuentre aún en el Estado de emisión, se le dará la oportunidad de formular verbalmente o por escrito su opinión. Cuando el Estado de emisión lo considere necesario debido a la edad de la persona condenada o a su estado físico o psíquico, se dará esa oportunidad a su representante legal.

La opinión del condenado se tendrá en cuenta al decidir la cuestión de la transmisión de la sentencia junto con el certificado. Si el condenado se acoge a la oportunidad que le brinda el presente apartado, su opinión se transmitirá al Estado de ejecución, en particular a efectos del artículo 4, apartado 4. Si el condenado emite su opinión verbalmente, el Estado de emisión se encargará de que el Estado de ejecución pueda disponer de la transcripción escrita de dicha declaración.

4.   La autoridad competente del Estado de emisión informará al condenado, en una lengua que comprenda, de que ha decidido transmitir la sentencia junto con el certificado utilizando el formulario normalizado de notificación que figura en el anexo II. Cuando el condenado se encuentre en el Estado de ejecución en el momento de la decisión, dicho formulario se transmitirá al Estado de ejecución, que informará de ello al condenado.

5.   El apartado 2, letra a), no será aplicable a Polonia, cuando este sea el Estado de emisión o el Estado de ejecución, en los casos en que la sentencia haya sido dictada antes de un período de cinco años a partir del 5 de diciembre de 2011. Polonia podrá notificar en cualquier momento a la Secretaría General del Consejo su deseo de no recurrir más a esta excepción.

Artículo 7

Doble tipificación

1.   Darán lugar al reconocimiento de la sentencia y a la ejecución de la condena impuesta, en las condiciones que establece la presente Decisión Marco y sin control de la doble tipificación de los hechos, las infracciones siguientes, siempre que estén castigadas en el Estado de emisión con una pena o una medida privativa de libertad de un máximo de al menos tres años, tal como se definen en el Derecho del Estado de emisión:

—	pertenencia a organización delictiva,

—	terrorismo,

—	trata de seres humanos,

—	explotación sexual de los niños y pornografía infantil,

—	tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,

—	tráfico ilícito de armas, municiones y explosivos,

—	corrupción,

—	fraude, incluido el que afecte a los intereses financieros de las Comunidades Europeas con arreglo al Convenio de 26 de julio de 1995 relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (10),

—	blanqueo del producto del delito,

—	falsificación de moneda, incluida la falsificación del euro,

—	delito informático,

—	delitos contra el medio ambiente, incluido el tráfico ilícito de especies animales protegidas y de especies y variedades vegetales protegidas,

—	ayuda a la entrada y residencia en situación ilegal,

—	homicidio voluntario, agresión con lesiones graves,

—	tráfico ilícito de órganos y tejidos humanos,

—	secuestro, detención ilegal y toma de rehenes,

—	racismo y xenofobia,

—	robo organizado o a mano armada,

—	tráfico ilícito de bienes culturales, incluidas las antigüedades y las obras de arte,

—

estafa,

—	chantaje y extorsión de fondos,

—	violación de derechos de propiedad intelectual o industrial y falsificación de mercancías,

—	falsificación de documentos administrativos y tráfico de documentos falsos,

—	falsificación de medios de pago,

—	tráfico ilícito de sustancias hormonales y otros factores de crecimiento,

—	tráfico ilícito de materiales nucleares o radiactivos,

—	tráfico de vehículos robados,

—	violación,

—	incendio voluntario,

—	delitos incluidos en la jurisdicción de la Corte Penal Internacional,

—	secuestro de aeronaves y buques,

—

sabotaje.

2.   El Consejo podrá decidir en todo momento, por unanimidad y previa consulta al Parlamento Europeo, en las condiciones previstas en el artículo 39, apartado 1, del Tratado de la Unión Europea, añadir otras categorías de infracciones a la lista contenida en el apartado 1. El Consejo estudiará, a la vista del informe que se le presente en virtud del artículo 29, apartado 5, de la presente Decisión Marco, si procede ampliar o modificar la lista.

3.   Con respecto a las infracciones no contempladas en el apartado 1, el Estado de ejecución podrá supeditar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena a la condición de que la sentencia se refiera a hechos que constituyan infracción en virtud del Derecho del Estado de ejecución, sean cuales fueren sus elementos constitutivos o la calificación de la misma.

4.   Cada Estado miembro podrá declarar, en el momento de la adopción de la presente Decisión Marco o en una fecha posterior, mediante una notificación a la Secretaría General del Consejo, que no tiene intención de aplicar el apartado 1. Esta declaración podrá retirarse en cualquier momento. Estas declaraciones o retiradas de declaraciones se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 8

Reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena

1.   La autoridad competente del Estado de ejecución reconocerá toda sentencia que haya sido transmitida de conformidad con el artículo 4 y mediante el procedimiento previsto en el artículo 5, y adoptará sin dilación las medidas necesarias para la ejecución de la condena, a no ser que decida acogerse a alguno de los motivos de no reconocimiento y de no ejecución que se contemplan en el artículo 9.

2.   En caso de que la condena, por su duración, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá tomar la decisión de adaptar la condena únicamente cuando supere la pena máxima contemplada por su legislación nacional para delitos del mismo tipo. La duración de la condena adaptada no podrá ser inferior a la pena máxima contemplada por la legislación del Estado de ejecución para delitos del mismo tipo.

3.   En caso de que la condena, por su naturaleza, sea incompatible con la legislación del Estado de ejecución, la autoridad competente del Estado de ejecución podrá adaptarla a la pena o medida contemplada en su propia legislación para delitos similares. Esta pena o medida deberá corresponder siempre que sea posible a la condena impuesta en el Estado de emisión y por consiguiente la condena no podrá transformarse en una sanción pecuniaria.

4.   La condena adaptada no podrá agravar por su naturaleza o por su duración la condena impuesta en el Estado de emisión.

Artículo 9

Motivos para el no reconocimiento y la no ejecución

1.   La autoridad competente del Estado de ejecución podrá denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en los siguientes casos:

a)	cuando el certificado a que se refiere el artículo 4 esté incompleto o no corresponda manifiestamente a la sentencia, y no se complete o el error no se subsane dentro de un plazo razonable fijado por la autoridad de ejecución;

b)	cuando no se cumplan los criterios establecidos en el artículo 4, apartado 1;

c)	si la ejecución de la condena vulnerase el principio ne bis in idem;

d)

cuando, en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 7, apartado 3, y, en caso de que el Estado de ejecución haya formulado la declaración prevista en el artículo 7, apartado 4, en alguno de los supuestos contemplados en el artículo 7, apartado 1, la sentencia se refiera a hechos no constitutivos de infracción de acuerdo con el Derecho del Estado de ejecución. No obstante, en materia de impuestos o derechos, de aduana y de cambio, no podrá denegarse la ejecución de la sentencia aduciendo que la legislación del Estado de ejecución no impone el mismo tipo de impuestos o derechos o no contiene el mismo tipo de reglamentación en materia de impuestos, de derechos, de aduana o de cambio que la legislación del Estado de emisión;

e)	cuando la ejecución de la condena haya prescrito con arreglo a la legislación del Estado de ejecución;

f)	cuando en virtud del Derecho del Estado de ejecución exista inmunidad que impida la ejecución de la condena;

g)	cuando la condena haya sido impuesta a una persona física que, debido a su edad, no habría podido ser considerada penalmente responsable con arreglo a la legislación del Estado de ejecución por los hechos que hayan motivado la sentencia;

h)	si a la recepción de la sentencia por la autoridad competente del Estado de ejecución, la parte de condena sin cumplir es inferior a seis meses;

i)

si la sentencia se ha dictado en rebeldía, a no ser que en el certificado conste que la persona fue citada personalmente o que se le notificó, por conducto de un representante competente según la legislación nacional del Estado de emisión, la fecha y lugar del procedimiento que dio lugar a la sentencia dictada en rebeldía, o que el interesado haya indicado a una autoridad competente que no impugna la resolución;

j)

si el Estado de ejecución, antes de que se adopte una decisión con arreglo al artículo 12, apartado 1, presenta una solicitud de conformidad con el artículo 18, apartado 3, y el Estado de emisión no da su consentimiento, de conformidad con el artículo 18, apartado 2, letra g), para que la persona de que se trate sea procesada, condenada o privada de libertad de cualquier otra forma en el Estado de ejecución, por una infracción cometida antes de su traslado distinta de la que hubiere motivado el traslado;

k)	si la condena impuesta incluye una medida de carácter psiquiátrico o sanitario o cualquier otra medida privativa de libertad, que, no obstante lo dispuesto en el artículo 8, apartado 3, el Estado de ejecución no puede ejecutar de conformidad con su sistema jurídico o sanitario;

l)	si la sentencia se refiere a delitos penales que, con arreglo al Derecho interno del Estado de ejecución, se consideran cometidos en su integridad o en su mayor o fundamental parte en su territorio, o en un lugar equivalente al mismo.

2.   En circunstancias excepcionales y atendiendo al caso concreto, será la autoridad competente del Estado de ejecución la que adopte las decisiones contempladas en el apartado 1, letra l), en relación con delitos cometidos en parte en el territorio del Estado de ejecución, o en un lugar equivalente al mismo, habida cuenta de las circunstancias concretas del caso y, en particular, de si una parte importante o fundamental de la conducta en cuestión ha tenido lugar en el Estado de emisión.

3.   En los casos indicados en el apartado 1, letras a), b), c), i), k) y l), la autoridad competente del Estado de ejecución, antes de tomar la decisión de denegar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena, consultará por cualquier medio apropiado a la autoridad competente del Estado de emisión y, cuando sea oportuno, le pedirá que facilite la información adicional necesaria sin demora.

Artículo 10

Reconocimiento y ejecución parciales

1.   Si la autoridad competente del Estado de ejecución pudiese considerar el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena de forma parcial, podrá consultar, antes de decidir que deniega el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena en su totalidad, a la autoridad competente del Estado de emisión con vistas a llegar a un acuerdo con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

2.   Las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución podrán acordar, caso por caso, el reconocimiento y ejecución parcial de una condena, bajo las condiciones por ellas establecidas, siempre que dicho reconocimiento y ejecución no acarree el aumento de la duración de la condena. A falta de tal acuerdo, el certificado será retirado.

Artículo 11

Aplazamiento del reconocimiento de la sentencia

Cuando el certificado a que se refiere el artículo 4 esté incompleto o manifiestamente no corresponda a la sentencia, el reconocimiento de la sentencia en el Estado de ejecución podrá aplazarse durante un plazo razonable, fijado por el Estado de ejecución, para que el certificado se complete o se corrija.

Artículo 12

Decisión sobre la ejecución de la condena y plazos

1.   La autoridad competente del Estado de ejecución decidirá con la mayor brevedad si reconoce la sentencia y ejecuta la condena, y comunicará al Estado de emisión dicha decisión, así como cualquier decisión de adaptar la condena de conformidad con el artículo 8, apartados 2 y 3.

2.   A menos que exista un motivo para aplazar el reconocimiento de conformidad con el artículo 11 o con el artículo 23, apartado 3, la resolución firme sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena se tomará en un plazo de 90 días a partir de la recepción de la sentencia y el certificado.

3.   Si en casos excepcionales la autoridad competente del Estado de ejecución no puede respetar el plazo fijado en el apartado 2, informará con la mayor brevedad a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio, indicando los motivos de la demora y el plazo que estima necesario para adoptar la resolución firme.

Artículo 13

Retirada del certificado

Mientras no haya comenzado la ejecución de la condena en el Estado de ejecución, el Estado de emisión podrá retirar el certificado a dicho Estado, indicando las razones de su proceder. Una vez retirado el certificado, el Estado de ejecución ya no ejecutará la condena.

Artículo 14

Detención preventiva

En aquellos casos en los que la persona condenada se encuentre en el Estado de ejecución, este podrá, a petición del Estado de emisión y antes de que se reciba la sentencia y el certificado o antes de que se adopte la resolución de reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena, detener al condenado o adoptar cualquier otro tipo de medida destinada a garantizar su permanencia en su territorio hasta que se resuelva sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena. La duración de esta última no se verá aumentada como consecuencia del tiempo de detención motivado por la presente disposición.

Artículo 15

Traslado de los condenados

1.   Si la persona condenada se encuentra en el Estado de emisión, será trasladada al Estado de ejecución en el momento acordado entre las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución, y a más tardar en un plazo de 30 días tras la adopción de la resolución firme del Estado de ejecución sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena.

2.   Si por circunstancias imprevistas no pudiera efectuarse el traslado del condenado en el plazo previsto en el apartado 1, las autoridades competentes de los Estados de emisión y de ejecución se pondrán en contacto de inmediato. El traslado se realizará tan pronto como desaparezcan esas circunstancias. La autoridad competente del Estado de emisión informará de inmediato a la autoridad competente del Estado de ejecución y acordará con esta una nueva fecha para el traslado. En este caso, el traslado se realizará como máximo en un plazo de 10 días después de la nueva fecha acordada.

Artículo 16

Tránsito

1.   Cada Estado miembro autorizará, de acuerdo con su Derecho interno, el tránsito por su territorio de los condenados que estén siendo trasladados al Estado de ejecución, a condición de que el Estado de emisión les haya remitido una copia del certificado a que se refiere el artículo 4 junto con la solicitud de tránsito. La solicitud de tránsito y el certificado podrán transmitirse por cualquier medio que deje constancia escrita. A petición del Estado miembro que permita el tránsito, el Estado de emisión facilitará una traducción del certificado en una de las lenguas que aquel acepte y que se indicará en la solicitud.

2.   Cuando reciba una solicitud de tránsito, el Estado miembro al que se solicite el tránsito comunicará al Estado de emisión si no puede garantizar que el condenado no será perseguido ni detenido, sin perjuicio de la aplicación del apartado 1, ni sometido a ninguna otra restricción de su libertad individual en el territorio del Estado miembro que recibe la solicitud de tránsito, por hechos o condenas anteriores a su salida del territorio del Estado de emisión. En ese caso, el Estado de emisión podrá retirar la solicitud.

3.   El Estado miembro al que se solicite el tránsito comunicará su decisión, que deberá adoptarse con carácter prioritario y a más tardar en el plazo de una semana tras la recepción de la solicitud, por el mismo procedimiento. Podrá aplazarse dicha decisión hasta que se envíe al Estado miembro al cual se solicite el tránsito la traducción, cuando esta se exija en virtud del apartado 1.

4.   El Estado miembro al cual se solicite el tránsito podrá mantener detenida a la persona condenada durante el período estrictamente necesario para el tránsito por su territorio.

5.   No se requerirá una solicitud de tránsito cuando el traslado se efectúe mediante transporte aéreo sin escalas previstas. No obstante, si se produjera un aterrizaje imprevisto, el Estado de emisión facilitará la información mencionada en el apartado 1 en un plazo de 72 horas.

Artículo 17

Derecho por el que se regirá la ejecución

1.   La ejecución de una condena se regirá por la legislación del Estado de ejecución. Las autoridades del Estado de ejecución serán, sin perjuicio de los apartados 2 y 3, las únicas competentes para determinar el procedimiento de ejecución y todas las medidas conexas, incluidos los motivos de concesión de libertad anticipada o condicional.

2.   La autoridad competente del Estado de ejecución deducirá del período total de privación de libertad que haya de cumplirse en el Estado de ejecución todo el período de privación de libertad ya cumplido en relación con la condena a la que se refiera la sentencia.

3.   Cuando así se le solicite, la autoridad competente del Estado de ejecución informará a la autoridad competente del Estado de emisión de las disposiciones aplicables en materia de libertad anticipada o condicional. El Estado de emisión podrá dar su acuerdo sobre la aplicación de dichas disposiciones o retirar el certificado.

4.   Los Estados miembros podrán disponer que toda decisión en materia de libertad condicional o anticipada pueda tomar en consideración asimismo las disposiciones del Derecho nacional, que señale el Estado de emisión, en virtud de las cuales la persona tenga derecho a la concesión de libertad anticipada o condicional en una fecha determinada.

Artículo 18

Especialidad

1.   La persona trasladada al Estado de ejecución en virtud de la presente Decisión marco no podrá, sin perjuicio del apartado 2, ser procesada, condenada ni privada de libertad de ninguna otra forma por una infracción cometida antes de su traslado salvo por la que hubiere motivado el traslado.

2.   El apartado 1 no se aplicará en los siguientes casos:

a)	cuando, habiendo tenido la oportunidad de salir del territorio del Estado de ejecución, la persona no lo haya hecho en un plazo de 45 días desde su puesta en libertad definitiva, o haya vuelto a dicho territorio después de haber salido del mismo;

b)	cuando la infracción no sea punible con una pena privativa de libertad o un auto de internamiento;

c)	cuando el proceso penal no concluya con la aplicación de una medida que restrinja la libertad individual;

d)	cuando la persona condenada pueda estar sometida a una sanción o medida no privativa de libertad, en particular una sanción pecuniaria o medida sustitutoria de esta, aun cuando dicha sanción o medida sustitutoria pudieren restringir su libertad individual;

e)	cuando el condenado haya dado su consentimiento al traslado;

f)

cuando la persona condenada hubiere renunciado expresamente, después del traslado, a acogerse al principio de especialidad en relación con determinadas infracciones anteriores a su traslado. La renuncia se efectuará ante las autoridades judiciales competentes del Estado de ejecución y se levantará acta de la misma con arreglo al Derecho interno de este. La renuncia se efectuará en condiciones que pongan de manifiesto que la persona lo ha hecho voluntariamente y con plena conciencia de las consecuencias que ello acarrea. Con este fin, la persona detenida tendrá derecho a la asistencia de un abogado;

g)	en los casos no señalados en las letras a) a f), cuando el Estado de emisión dé su consentimiento con arreglo al apartado 3.

3.   Se presentará la solicitud de consentimiento a la autoridad competente del Estado de emisión, acompañada de la información mencionada en el artículo 8, apartado 1, de la Decisión Marco 2002/584/JAI y de una traducción tal como se establece en su artículo 8, apartado 2. Se dará el consentimiento siempre que exista una obligación de entrega de la persona en virtud de la citada Decisión Marco. La resolución se adoptará en un plazo máximo de treinta días desde la recepción de la solicitud. En las situaciones mencionadas en el artículo 5 de dicha Decisión Marco, el Estado de ejecución deberá dar las garantías que en el mismo se prevén.

Artículo 19

Amnistía, indulto y revisión de la sentencia

1.   Podrán conceder amnistía o indulto tanto el Estado de emisión como el Estado de ejecución.

2.   Únicamente el Estado de emisión podrá decidir sobre un recurso de revisión de la sentencia por la que se haya impuesto la condena que deba ejecutarse en virtud de la presente Decisión marco.

Artículo 20

Información por parte del Estado de emisión

1.   La autoridad competente del Estado de emisión informará de inmediato a la autoridad competente del Estado de ejecución de toda resolución o medida adoptada que tenga por efecto anular, de inmediato o en un plazo determinado, el carácter ejecutorio de la condena.

2.   La autoridad competente del Estado de ejecución suspenderá la ejecución de la condena tan pronto como la autoridad competente del Estado de emisión le informe de la adopción de la resolución o medida contemplada en el apartado 1.

Artículo 21

Información por parte del Estado de ejecución

La autoridad competente del Estado de ejecución informará sin demora a la autoridad competente del Estado de emisión por cualquier medio que deje constancia escrita:

a)	de la transmisión de la sentencia y del certificado a la autoridad competente responsable de su ejecución de conformidad con el artículo 5, apartado 5;

b)

de la imposibilidad práctica de ejecutar la condena, tras la transmisión de la sentencia y del certificado al Estado de ejecución, por no haberse logrado encontrar al condenado en el territorio del Estado de ejecución, en cuyo caso no habrá obligación de ejecutar la condena por parte del Estado de ejecución;

c)	de la resolución firme de reconocimiento de la sentencia y ejecución de la condena, indicando la fecha de la resolución;

d)	de cualquier resolución denegatoria del reconocimiento de la sentencia y de la ejecución de la condena, adoptada con arreglo al artículo 9, y de los motivos de la resolución;

e)	de cualquier resolución de adaptación de la condena de conformidad con el artículo 8, apartados 2 o 3, y de los motivos de dicha resolución;

f)	de cualquier resolución de no ejecutar la condena, por los motivos mencionados en el artículo 19, apartado 1, y de los motivos de la resolución;

g)	del inicio y del fin del período de libertad condicional, cuando así lo indique el certificado del Estado de emisión;

h)	de la fuga de la persona condenada;

i)	de la ejecución de la condena tan pronto como haya finalizado.

Artículo 22

Consecuencias del traslado de la persona condenada

1.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el Estado de emisión no podrá proseguir la ejecución de la condena una vez iniciada su ejecución en el Estado de ejecución.

2.   El derecho de ejecución de la condena revertirá al Estado de emisión cuando el Estado de ejecución le haya informado de la no ejecución parcial de la condena en virtud del artículo 21, letra h).

Artículo 23

Lenguas

1.   El certificado deberá traducirse a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución. Cualquier Estado miembro podrá, bien cuando se adopte la presente Decisión marco o en una fecha posterior, hacer constar mediante declaración depositada en la Secretaría General del Consejo que aceptará una traducción a una o varias de las demás lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea.

2.   Sin perjuicio del apartado 3, no será necesaria la traducción de la sentencia.

3.   Cualquier Estado miembro podrá, bien cuando se adopte la presente Decisión marco o en una fecha posterior, hacer constar mediante declaración depositada en la Secretaría General del Consejo que, como Estado de ejecución, cuando considere que el contenido del certificado es insuficiente para decidir sobre la ejecución de la condena, podrá solicitar en cuanto haya recibido la sentencia y el certificado, que la sentencia o las partes fundamentales de la misma vayan acompañadas de una traducción a la lengua oficial o a una de las lenguas oficiales del Estado de ejecución, o a una o más lenguas oficiales de las instituciones de la Unión Europea. La solicitud deberá hacerse tras las consultas oportunas, destinadas a indicar las partes fundamentales de las sentencias que han de traducirse, entre las autoridades competentes del Estado de emisión y las del de ejecución.

La decisión sobre el reconocimiento de la sentencia y la ejecución de la condena podrá aplazarse hasta que el Estado de emisión haya transmitido la traducción al Estado de ejecución, o bien, si el Estado de ejecución decide correr con los gastos de la traducción de la sentencia, hasta que se haya conseguido la traducción.

Artículo 24

Costes

Los gastos que resulten de la aplicación de la presente Decisión Marco correrán a cargo del Estado de ejecución, con excepción de los gastos de traslado de la persona condenada al Estado de ejecución y los ocasionados exclusivamente en el territorio soberano del Estado de emisión.

Artículo 25

Ejecución de condenas a raíz de una orden de detención europea

Sin perjuicio de la Decisión Marco 2002/584/JAI, lo dispuesto en la presente Decisión Marco se aplicará, mutatis mutandis y en la medida en que sea compatible con lo dispuesto en dicha Decisión Marco, a la ejecución de condenas cuando un Estado miembro se comprometa a ejecutar la condena en virtud del artículo 4, apartado 6, de dicha Decisión Marco, o cuando un Estado miembro, en aplicación del artículo 5, apartado 3, de la citada Decisión Marco, haya impuesto la condición de que la persona condenada sea devuelta para cumplir la condena en el Estado miembro de que se trate, a fin de impedir la impunidad de la persona de que se trate.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 26

Relaciones con otros arreglos y acuerdos

1.   Sin perjuicio de su aplicación entre Estados miembros y terceros países y de su aplicación transitoria de conformidad con el artículo 28, la presente Decisión Marco sustituirá, a partir del 5 de diciembre de 2011 las disposiciones correspondientes de los siguientes convenios aplicables en las relaciones entre los Estados miembros:

—	Convenio Europeo sobre traslado de personas condenadas de 21 de marzo de 1983, y su Protocolo Adicional de 18 de diciembre de 1997,

—	Convenio Europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales de 28 de mayo de 1970,

—	Título III, capítulo 5, del Convenio de aplicación de 19 de junio de 1990 del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes,

—	Convenio entre los Estados miembros de las Comunidades Europeas sobre la ejecución de condenas penales extranjeras de 13 de noviembre de 1991.

2.   Los Estados miembros podrán seguir aplicando los acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales en vigor después del 27 de noviembre de 2008, en la medida en que estos permitan ir más allá de los objetivos de la misma y contribuyan a simplificar o facilitar en mayor medida los procedimientos de ejecución de condenas.

3.   Los Estados miembros podrán celebrar acuerdos o arreglos bilaterales o multilaterales después del 5 de diciembre de 2008, en la medida en que permitan ir más allá de las obligaciones impuestas por esta y contribuyan a simplificar o facilitar en mayor medida los procedimientos de ejecución de condenas.

4.   Los Estados miembros, a más tardar el 5 de marzo de 2009, notificarán al Consejo y a la Comisión los acuerdos y arreglos existentes mencionados en el apartado 2 que deseen seguir aplicando. Los Estados miembros también notificarán al Consejo y a la Comisión todos los nuevos acuerdos o arreglos a que se refiere el apartado 3, en los tres meses siguientes a su firma.

Artículo 27

Aplicación territorial

La presente Decisión Marco se aplicará a Gibraltar.

Artículo 28

Disposición transitoria

1.   Las solicitudes recibidas antes del 5 de diciembre de 2011 seguirán rigiéndose por lo dispuesto en los instrumentos jurídicos vigentes sobre el traslado de condenados. A las solicitudes recibidas después de dicha fecha se les aplicará la normativa adoptada por los Estados miembros en virtud de la presente Decisión Marco.

2.   No obstante, cualquier Estado miembro podrá formular, en el momento de la adopción de la presente Decisión marco, una declaración en la que indique que en los casos en los que la sentencia firme haya sido dictada antes de la fecha que especificará, seguirá aplicando, en su calidad de Estado de emisión y de ejecución, los instrumentos jurídicos vigentes sobre el traslado de condenados aplicables antes del 5 de diciembre de 2011. En caso de efectuarse tal declaración, dichos instrumentos se aplicarán en dichos casos por lo que respecta a todos los demás Estados miembros, con independencia de que hayan formulado o no la misma declaración. La fecha de que se trate no podrá ser posterior al 5 de diciembre de 2011. Dicha declaración se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea. Podrá ser retirada en cualquier momento.

Artículo 29

Ejecución

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la presente Decisión Marco a más tardar el 5 de diciembre de 2011.

2.   Los Estados miembros transmitirán a la Secretaría General del Consejo y a la Comisión el texto de las disposiciones de adaptación de sus legislaciones nacionales en virtud de las obligaciones derivadas de la presente Decisión Marco. Sobre la base de un informe elaborado por la Comisión a partir de esa información, el Consejo verificará, antes del 5 de diciembre de 2012, en qué medida los Estados miembros han cumplido lo dispuesto en la presente Decisión Marco.

3.   La Secretaría General del Consejo notificará a los Estados miembros y a la Comisión las notificaciones o declaraciones formuladas en virtud del artículo 4, apartado 7, o del artículo 23, apartados 1 o 3.

4.   No obstante lo dispuesto en el artículo 35, apartado 7, del Tratado de la Unión Europea, un Estado miembro que se haya enfrentado a repetidas dificultades en la aplicación del artículo 25 de la presente Decisión Marco, que no se hayan resuelto mediante consultas bilaterales, informará al Consejo y a la Comisión de sus dificultades. Sobre la base de dicha información y de toda otra información de que disponga, la Comisión elaborará un informe, acompañado de todas las iniciativas que considere adecuadas, a fin de resolverlas.

5.   A más tardar el 5 de diciembre de 2013, la Comisión elaborará un informe basado en la información recibida, acompañado de toda iniciativa que considere apropiada. Basándose en cualquier informe de la Comisión o en cualquier iniciativa en tal sentido, el Consejo examinará, en particular, el artículo 25, con vistas a determinar si ha de sustituirse por disposiciones más específicas.

Artículo 30

Entrada en vigor

La presente Decisión marco entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

---

(1)  DO C 12 de 15.1.2001, p. 10.

(2)  DO C 53 de 3.3.2005, p. 1.

(3)  DO L 190 de 18.7.2002, p. 1.

(4)  DO L 251 de 3.10.2003, p. 12.

(5)  DO L 16 de 23.1.2004, p. 44.

(6)  DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

(7)  DO L 76 de 22.3.2005, p. 16.

(8)  DO L 328 de 24.11.2006, p. 59.

(9)  DO L 191 de 7.7.1998, p. 4.

(10)  DO C 316 de 27.11.1995, p. 49.

---

---

---