—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea y los artículos 6, 8, 10, 83, 153 y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistos la Agenda 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo 5 y sus indicadores y metas,

—

Vista la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de 18 de diciembre de 1979,

—

Vistas las Directivas posteriores a 1975 relativas a los distintos aspectos de la igualdad de trato entre hombres y mujeres (Directiva 79/7/CEE (1), Directiva 86/613/CEE (2), Directiva 92/85/CEE (3), Directiva 2004/113/CE (4), Directiva 2006/54/CE (5), Directiva 2010/18/UE (6) y Directiva 2010/41/UE (7)),

—

Vista la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, y por la que se deroga la Directiva 2010/18/UE del Consejo (8) (en lo sucesivo, «Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional»),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 14 de marzo de 2012, de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas y por la que se establecen medidas afines (Directiva sobre mujeres en los consejos de administración) (COM(2012)0614),

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul),

—

Vista la propuesta de la Comisión, de 4 de marzo de 2016, de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por la Unión Europea, del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (COM(2016)0109),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 6 de marzo de 2019, titulado «2019 Report on equality between women and men» (Informe de 2019 sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la UE) (SWD(2019)0101),

—

Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2020, sobre las prioridades de la Unión para el 64.o período de sesiones de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las Naciones Unidas (9),

—

Vista su Resolución, de 30 de enero de 2020, sobre la brecha salarial de género (10),

—

Vista su Resolución, de 13 de febrero de 2019, sobre la involución en el ámbito de los derechos de la mujer y la igualdad de género en la Unión Europea (11),

—

Vista su Resolución, de 28 de noviembre de 2019, sobre la adhesión de la Unión al Convenio de Estambul y otras medidas de lucha contra la violencia de género (12),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2018, sobre igualdad de género en los medios de comunicación en la Unión (13),

—

Visto el índice de igualdad de género para 2019 del Instituto Europeo de la Igualdad de Género (EIGE), publicado el 15 de octubre de 2019,

—

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2019, sobre igualdad de género y políticas fiscales en la Unión (14),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2018, sobre la igualdad de género en los acuerdos comerciales de la Unión (15),

—

Vista su Resolución, de 3 de octubre de 2017, sobre el empoderamiento económico de la mujer en los sectores público y privado en la UE (16),

—

Vista su Resolución, de 14 de junio de 2017, sobre la necesidad de una estrategia de la Unión para eliminar y prevenir la brecha de género en materia de pensiones (17),

—

Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2017, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea en 2014-2015 (18),

—

Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2017, sobre el fomento de la igualdad de género en los ámbitos de la salud mental y la investigación clínica (19),

—

Vistos el Convenio n.o 100 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de 1951, sobre igualdad de remuneración y el Convenio n.o 190 de la OIT, de 2019, sobre la violencia y el acoso,

—

Vista la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia (20),

—

Visto el Compromiso estratégico para la igualdad de género 2016-2019 de la Comisión,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2017, titulada «Plan de acción de la UE 2017-2019: Abordar la brecha salarial entre hombres y mujeres» (COM(2017)0678),

—

Visto el informe 2019 de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la UE,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 13 de junio de 2019, sobre «Eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres: políticas y medidas clave»,

—

Vista su Resolución, de 26 de mayo de 2016, sobre pobreza y perspectiva de género (21),

—

Vista su Resolución, de 16 de noviembre de 2017, sobre la lucha contra las desigualdades para impulsar la creación de empleo y el crecimiento (22),

—

Vista su Resolución, de 26 de febrero de 2014, sobre explotación sexual y prostitución y su impacto en la igualdad de género (23),

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre factores externos que representan obstáculos para el emprendimiento de las mujeres europeas (24),

—

Vista su Resolución, de 4 de abril de 2017, sobre las mujeres y su papel en las zonas rurales (25),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2018, sobre los servicios asistenciales en la Unión para la mejora de la igualdad de género (26),

—

Vista su Resolución, de 17 de abril de 2020, sobre la acción coordinada de la Unión para luchar contra la pandemia de COVID-19 y sus consecuencias (27),

—

Vista su Resolución, de 16 de enero de 2018, sobre mujeres, igualdad de género y justicia climática (28),

—

Vista su Resolución, de 28 de abril de 2016, sobre la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer en la era digital (29),

—

Vista su Resolución, de 9 de junio de 2015, sobre la estrategia de la UE para la igualdad entre mujeres y hombres después de 2015 (30),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 10 de diciembre de 2019, sobre las economías que fomentan la igualdad de género en la UE: perspectivas de futuro,

—

Visto el pilar europeo de derechos sociales, y en particular sus principios 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12 y 15,

—

Vistos el II Plan de Acción de la UE en materia de Género y el documento de trabajo conjunto titulado «Gender Equality and Women’s Empowerment: Transforming the Lives of Girls and Women through EU External Relations 2016-2020» [Igualdad de género y empoderamiento de la mujer: transformar la vida de mujeres y niñas a través de las relaciones exteriores de la Unión (2016-2020)] (SWD(2015)0182),

—

Vistos la Declaración y la Plataforma de Acción de Pekín y los resultados de sus conferencias de examen,

—

Vistos la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), su Programa de Acción y los resultados de sus conferencias de examen,

—

Vistos el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), de 2016, y la versión mejorada del programa de trabajo de Lima sobre el género y su plan de acción sobre el género, de diciembre de 2019,

—

Vista la encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) titulada «Violencia de género contra las mujeres: una encuesta a escala de la UE», publicada en 2014,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de marzo de 2020, titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» (COM(2020)0152),

—

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 7 de mayo de 2020, titulado «Retos demográficos en la UE a la luz de las desigualdades económicas y de desarrollo»,

—

Vista la Carta Europea para la Igualdad de Mujeres y Hombres en la Vida Local,

—

Visto el artículo 54 de su Reglamento interno,

—

Vistas las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Cultura y Educación y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (A9-0234/2020),

A.

Considerando que el derecho a la igualdad de trato es un derecho fundamental determinante reconocido en los Tratados de la Unión Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales y es esencial para su desarrollo ulterior;

B.

Considerando que los Estados miembros obtuvieron una puntuación media de 67,4 sobre 100 en el índice de igualdad de género de la UE para 2019, puntuación que ha mejorado en solo 5,4 puntos desde 2005;

C.

Considerando que estructuras y estereotipos nocivos en todo el mundo perpetúan la desigualdad y que el desmantelamiento de estas estructuras y estereotipos impulsará la igualdad de género; que promover la igualdad de género e invertir en las mujeres y las niñas no solo beneficia a la sociedad en su conjunto, sino que es un objetivo en sí mismo; que es importante examinar la persistencia y las causas fundamentales del fenómeno de la «tubería con fugas»; que se necesita un fuerte movimiento en favor de los derechos de las mujeres para defender los valores democráticos, los derechos fundamentales y los derechos de las mujeres en particular, y que las amenazas a los derechos de las mujeres también son amenazas a la democracia;

D.

Considerando que la discriminación por razón de género suele combinarse con una discriminación basada en rasgos de la identidad, como el sexo, la raza, el color de la piel, el origen étnico o social, las características genéticas, la lengua, la religión o las creencias, las opiniones políticas o de cualquier otro tipo, la pertenencia a una minoría nacional, el patrimonio, el nacimiento, la discapacidad, la edad, la orientación sexual, la identidad y la expresión de género, y la clase o la condición migratoria, lo que provoca una discriminación doble y múltiple; que en toda política de igualdad de género es esencial una perspectiva interseccional horizontal para reconocer y abordar estas amenazas múltiples de discriminación; que las políticas de la Unión no han aplicado hasta ahora un enfoque interseccional y se han centrado principalmente en la dimensión individual de la discriminación, que no aborda sus dimensiones institucional, estructural e histórica; que aplicar un análisis interseccional no solo nos permite entender los obstáculos estructurales, sino que también proporciona pruebas al objeto de crear puntos de referencia y trazar el camino hacia unas políticas estratégicas y eficaces contra la discriminación, la exclusión y las desigualdades sistémicas, y que esos esfuerzos deben abordar todas las formas de discriminación a fin de lograr la igualdad de género para todas las mujeres;

E.

Considerando que la Unión ha adoptado actos legislativos relevantes y realizado avances cruciales hacia la consecución de la igualdad de género; que, no obstante, estos esfuerzos se han ralentizado en los últimos años, al tiempo que han prosperado movimientos contrarios a las políticas de igualdad de género y los derechos de las mujeres que intentan restablecer como norma los roles de género tradicionales, cuestionando el statu quo y bloqueando nuevos avances; que estos movimientos contrarios a las políticas de igualdad de género, la diversidad familiar, el matrimonio homosexual, la salud y los derechos sexuales y reproductivos y la integración de la perspectiva de género intentan influir en la formulación de políticas nacionales y europeas con el fin de revertir, de manera preocupante, derechos fundamentales ya establecidos, y que estas amenazas a los derechos de la mujer también conllevan siempre amenazas para la democracia y el progreso social y económico;

F.

Considerando que los derechos de acceso a la salud, en particular a la salud sexual y reproductiva, son derechos fundamentales de las mujeres que deben reforzarse y no pueden ser ni debilitados de ninguna forma ni eliminados;

G.

Considerando que en algunos Estados miembros se registra un retroceso evidente, también en los ámbitos del empoderamiento económico de las mujeres, y que cabe el riesgo de que la igualdad de género pueda seguir perdiendo importancia en la agenda de los Estados miembros;

H.

Considerando que una de cada tres mujeres en la Unión mayores de 15 años ha sufrido alguna forma de violencia física o sexual (31), que una de cada dos ha sufrido acoso sexual y una de cada diez ha sufrido acoso en internet;

I.

Considerando que la violencia contra las mujeres en todas sus formas (física, sexual, psicológica, económica o cibernética) constituye una violación de los derechos humanos y uno de los mayores obstáculos para la consecución de la igualdad de género; que una vida sin violencia es un requisito previo para la igualdad; que la violencia de género en el ámbito sanitario, por ejemplo la violencia obstétrica y ginecológica, es una forma de violencia que solo ha salido a la luz en los últimos años, y que la violencia contra las mujeres de edad avanzada sigue sin reconocerse en gran medida; que las campañas de desinformación para socavar la igualdad de género también bloquean los avances en la cuestión de la erradicación de la violencia contra las mujeres, como se ha observado en relación con el Convenio de Estambul, lo que ha dado lugar a una oposición pública y a decisiones políticas perniciosas en algunos Estados miembros;

J.

Considerando que la trata de seres humanos representa una de las violaciones más flagrantes de los derechos fundamentales y la dignidad humana; que las mujeres y las niñas constituyen el 80 % de las víctimas registradas de la trata y el 95 % de las víctimas registradas de la trata con fines de explotación sexual; que la trata de seres humanos es un sector en crecimiento de la delincuencia organizada, una forma de esclavitud y una violación de los derechos humanos, y que afecta principalmente a las mujeres y los niños, en especial con fines de explotación sexual; que el mercado de la prostitución fomenta la trata de mujeres y niños y agrava la violencia que sufren; que los Estados miembros han de diseñar sus políticas sociales y económicas de manera que ayuden a las mujeres y niñas vulnerables a abandonar la prostitución, también mediante la introducción de políticas sociales y económicas específicas diseñadas para ayudarles;

K.

Considerando que la pobreza y la exclusión social tienen causas estructurales que es necesario erradicar y revertir, en particular mediante políticas de empleo, vivienda, movilidad y acceso a los servicios públicos; que la prostitución y la trata de seres humanos, en especial de mujeres y niños, con fines de explotación sexual es una forma de esclavitud incompatible con la dignidad humana, en particular en países donde la industria del sexo ha sido legalizada; que la trata de seres humanos está aumentando en todo el mundo como resultado del crecimiento de la delincuencia organizada y su rentabilidad; que el mercado de la prostitución fomenta la trata de mujeres y niños y agrava la violencia que sufren, especialmente en los países en los que está legalizada la industria del sexo;

L.

Considerando que, según las Naciones Unidas, casi el 35 % de las mujeres de todo el mundo sufre acoso psicológico o sexual en el lugar de trabajo o acoso con graves consecuencias para sus aspiraciones personales y profesionales, lo que perjudica su autoestima y su posición para negociar una remuneración más justa; que una remuneración justa y la independencia económica son un requisito previo esencial para que las mujeres estén en condiciones de poner fin a una relación abusiva y violenta;

M.

Considerando que la igualdad entre hombres y mujeres solo puede conseguirse garantizando su igualdad ante la ley, así como la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, la formación y el empleo;

N.

Considerando que los roles y estereotipos de género tradicionales siguen influyendo en la división de tareas en el hogar, en la educación, en el trabajo y en la sociedad; que el trabajo asistencial y doméstico no remunerado es realizado en su mayor parte por mujeres, lo que da lugar a diferencias en el trabajo y la carrera profesional y contribuye a la brecha salarial y la brecha en materia de pensiones; que las medidas de conciliación de la vida familiar y la vida profesional, como la Directiva relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional, son primeros pasos importantes, pero deben ser, ante todo, transpuestas de forma adecuada por los Estados miembros, ser aplicadas de manera íntegra y oportuna, y complementarse asimismo con medidas adicionales con miras a implicar a más hombres en el trabajo de cuidado no remunerado —resaltando que reviste la misma importancia que el trabajo profesional— y las tareas asistenciales y a fomentar el modelo de igualdad respecto a los ingresos y la prestación de cuidados; que las estructuras tradicionales, el trabajo asistencial no remunerado y los elementos disuasorios en los sistemas fiscales nacionales contribuyen a presionar a las mujeres al objeto de que sean la segunda fuente de ingresos o se mantengan como tal, lo que tiene consecuencias negativas para ellas y para su independencia económica, así como para el conjunto de la sociedad;

O.

Considerando que se estima que el 80 % de los cuidados asistenciales en la Unión son prestados por cuidadores informales, quienes son en su mayoría mujeres (75 %), lo que muestra la existencia de una brecha de género en los cuidados asistenciales que influye notablemente en la brecha de género en materia de pensiones; que más del 50 % de los cuidadores menores de 65 años combinan los cuidados con el empleo, lo que dificulta la conciliación de la vida familiar y la vida profesional; que los cuidadores desempeñan a menudo trabajos poco cualificados y mal remunerados que puedan adaptarse a su horario asistencial, y se ven obligados a reducir su jornada de trabajo o a abandonar el trabajo remunerado; que entre el 7 % y el 21 % de los cuidadores informales reducen sus horas de trabajo y entre el 3 % y el 18 % salen del mercado laboral; que la prestación asistencial de calidad en la Unión varía en gran medida tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos y entre las esferas privada y pública, las zonas urbanas y rurales y los distintos grupos de edad; que los datos sobre la prestación asistencial en la Unión están bastante fragmentados y falta un enfoque holístico, que abordaría los desafíos demográficos a los que se enfrenta la Unión con la consiguiente presión en el gasto público;

P.

Considerando que existen desajustes en los sistemas de cuidados infantiles de los diferentes Estados miembros con respecto a las necesidades de los progenitores, incluidos los progenitores solos —que son principalmente madres solteras—, así como que persisten las dificultades para conciliar la vida familiar, la vida privada y la vida profesional, especialmente en el caso de las mujeres; que las mujeres que superan los 45 años de edad son percibidas con frecuencia como subempleadas y trabajan bajo unas condiciones mucho peores que los hombres, especialmente cuando se reincorporan a la vida laboral tras un permiso de maternidad o parental o cuando se ven obligadas a conciliar el trabajo con el cuidado de personas dependientes;

Q.

Considerando que para fomentar un equilibrio entre la vida familiar y la vida profesional es preciso facilitar un sistema bien concebido de permisos asistenciales junto con una red de centros asistenciales de alta calidad, asequibles y de fácil acceso, así como considerar el gasto en dichos centros como parte de la inversión en infraestructuras; que estos servicios son una condición previa para la participación de las mujeres en el mercado laboral y en los puestos de primera línea en la ciencia y la investigación;

R.

Considerando que debe garantizarse el pleno respeto del derecho de protección de la maternidad y que un aumento de los períodos de permiso de maternidad con plenos derechos y el 100 % de la remuneración debe ser una realidad;

S.

Considerando que el derecho a la igualdad de retribución para un mismo trabajo o un trabajo de igual valor no está siempre garantizado, pese a estar consagrado en la legislación; que la negociación colectiva es un activo importante a la hora de revertir y superar las desigualdades entre hombres y mujeres en el mercado laboral; que la brecha de género en la Unión en lo que respecta a la remuneración por hora es del 16 %, si bien varía considerablemente entre Estados miembros; que la brecha salarial de género se eleva al 40 % cuando se tienen en cuenta las tasas de empleo y la participación general en el mercado laboral; que las ramificaciones de la brecha salarial de género incluyen una brecha de género del 37 % en los ingresos por pensiones; que en lo que se refiere a la participación en el mercado laboral, el 8 % de los hombres trabajan a tiempo parcial en la Unión frente al 31 % de las mujeres, lo que revela unas desigualdades persistentes cuyas causas de fondo han de abordarse;

T.

Considerando que, si bien la participación de las mujeres en el mercado laboral ha aumentado, perduran brechas de género que pueden colocar a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad o precariedad; que en la Unión la brecha de género en materia de empleo se sitúa en el 11,6 % (32); que las mujeres están infrarrepresentadas en los sectores bien remunerados y en los puestos de toma de decisiones, y que ocupan con mayor frecuencia puestos de trabajo para los que están sobrecualificadas, habida cuenta de que una de cada cinco mujeres que trabajan en la Unión pertenece al grupo salarial más bajo, en comparación con uno de cada diez hombres; que las ramificaciones de la brecha salarial de género incluyen una brecha de género del 37 % (33) en los ingresos por pensiones —situación que persistirá durante décadas—, y un nivel desigual de independencia económica entre mujeres y hombres; que para colmar todas esas brechas de género han de realizarse esfuerzos ambiciosos;

U.

Considerando que la infrarrepresentación de las mujeres en el mercado laboral provoca también una falta de equilibrio en cuanto a su participación en la toma de decisiones o en materia salarial, y limita el potencial de las mujeres para cambiar las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales; que la segregación vertical y horizontal en el empleo y las prácticas discriminatorias en la contratación y la promoción son una de las principales causas de la brecha salarial de género; que las cuotas de género, los sistemas de listas «cremallera» y las sanciones subsiguientes en los casos de incumplimiento o de procedimientos no operativos han demostrado ser medidas eficientes para asegurar la paridad y luchar contra las relaciones desiguales de poder;

V.

Considerando que existe un argumento económico a favor de la plena participación de las mujeres en la economía, puesto que la brecha laboral de género cuesta a Europa 370 000 000 000 EUR al año (34);

W.

Considerando que el acceso a una información completa y adecuada a la edad, y a la educación sexual y relacional, así como el acceso a la atención sanitaria y los derechos sexuales y reproductivos, incluida la planificación familiar, los métodos anticonceptivos y el aborto legal y sin riesgo, son esenciales para lograr la igualdad de género y eliminar la violencia de género; que las vulneraciones de la salud y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, incluida la denegación del aborto legal y sin riesgo, son una forma de violencia contra las mujeres; que una educación sexual y relacional exhaustiva y la autonomía y la capacidad de las niñas y las mujeres a la hora de tomar decisiones libres e independientes sobre sus cuerpos y sus vidas son condiciones previas para su independencia económica y, en consecuencia, para la igualdad de género y la erradicación de la violencia de género;

X.

Considerando que las mujeres han estado al frente de la lucha contra la pandemia de COVID-19 y que la actual crisis está teniendo un impacto desproporcionado en las mujeres, las niñas y la igualdad de género; que esos impactos van desde un preocupante aumento de la violencia de género y el acoso y unas responsabilidades domésticas y asistenciales no remuneradas y desiguales, a un acceso restringido a la salud y los derechos sexuales y reproductivos y a masivas repercusiones económicas y laborales en el caso de los trabajadores sanitarios, los cuidadores y los trabajadores de otros sectores feminizados y precarios; que se necesitan medidas específicas para contrarrestar este problema; que los programas de recuperación o los fondos de transición han de asignarse de una manera equilibrada desde la perspectiva de género; que ha quedado demostrado que las políticas de austeridad han sido perjudiciales para las mujeres, los derechos de la mujer y la igualdad de género en el pasado;

Y.

Considerando que el respeto de las libertades fundamentales y los derechos humanos, incluida la igualdad de género, es un requisito previo para la creación y distribución de expresiones culturales y educativas diversas, puesto que todos los sectores culturales y creativos tienen una influencia considerable en nuestras creencias, nuestros valores y nuestra percepción de las cuestiones de género;

Z.

Considerando que las mujeres y las niñas se enfrentan a diversos obstáculos en el ámbito del deporte y no solo son víctimas de la violencia, sino que también sufren discriminación en cuanto a los salarios, los premios en metálico y las condiciones de trabajo, y están ampliamente infrarrepresentadas en los consejos de administración de las organizaciones y los medios de comunicación deportivos;

AA.

Considerando que las mujeres constituyen solo el 34,4 % de los trabajadores por cuenta propia de la Unión y el 30 % de los nuevos emprendedores;

AB.

Considerando que la pobreza y la exclusión social en Europa afectan desproporcionadamente a las mujeres, en particular a las madres solteras, a las mujeres con discapacidad, a las mujeres de edad avanzada, a las mujeres de las zonas rurales y remotas, y a las migrantes y pertenecientes a minorías étnicas; que, a escala de la Unión, el 15 % de los hogares con niños son monoparentales; que, en promedio, el 85 % de estos hogares están a cargo de madres solteras, al tiempo que el 47 % de los hogares monoparentales estaban en riesgo de pobreza o exclusión social en 2017; que el fenómeno de las personas sin techo constituye un problema creciente entre las mujeres; que la Directiva contra la discriminación, que brindaría una mayor protección a través de un enfoque horizontal, sigue bloqueada en el Consejo;

AC.

Considerando que la igualdad de género y la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones son un requisito previo para el desarrollo sostenible y la gestión eficaz de los retos climáticos con el fin de lograr una transición justa y equitativa que no deje a nadie atrás; que la crisis climática está exacerbando las desigualdades de género y dificultando la consecución de la justicia de género; que el impacto del cambio climático es percibido de forma diferente por las mujeres, ya que son más vulnerables y se enfrentan a mayores riesgos y cargas por diversas razones, que van desde la desigualdad en el acceso a los recursos, la educación, las oportunidades laborales y los derechos sobre la tierra, hasta normas sociales y culturales, estereotipos y sus diversas experiencias interseccionales; que cualquier acción por el clima debe incluir una perspectiva interseccional y de género; que deben reforzarse los derechos de las mujeres con el fin suavizar los efectos del cambio climático sobre ellas, así como crearse oportunidades que faciliten que las mujeres desempeñen un papel más destacado en los debates y las decisiones sobre el cambio climático como líderes, profesionales y agentes técnicos del cambio;

AD.

Considerando que las mujeres de las zonas rurales se enfrentan a numerosas dificultades, por ejemplo, a unas condiciones de vida peores, unas oportunidades de empleo más restringidas, un relativo aislamiento respecto de los mercados y un acceso limitado a las infraestructuras —entre ellas, las infraestructuras rurales, los servicios públicos y la atención sanitaria, el acceso a la educación (incluida la educación sexual) y a información sobre oportunidades educativas— y que están infrarrepresentadas en los foros de toma de decisiones; que pueden desempeñar un trabajo invisible en las explotaciones debido a la ausencia de una condición oficial de cónyuges colaboradores, lo que da lugar a problemas para que los sistemas nacionales reconozcan su trabajo;

AE.

Considerando que en la Unión viven 46 millones de mujeres y niñas con discapacidad; que esta cifra representa casi el 60 % del número total de personas con discapacidad; que la mayoría de las discapacidades se desarrollan con la edad;

AF.

Considerando que más de la mitad de las mujeres con discapacidad en edad laboral están económicamente inactivas; que en todos los Estados miembros la tasa de privación material grave de las mujeres con discapacidad es más elevada que la de las mujeres sin discapacidad;

AG.

Considerando que el índice de igualdad de género para 2019 revela desigualdades persistentes entre hombres y mujeres en el sector digital y pone de relieve la necesidad de una perspectiva de género y de una evaluación del impacto por razón de género en todas las políticas que abordan la transformación digital; que el cierre de la brecha digital de género con un mejor acceso de las niñas y las mujeres a la tecnología y a internet es de vital importancia; que las mujeres son un recurso poco aprovechado en ámbitos emergentes como la tecnología digital, la inteligencia artificial y las TIC, ya que apenas representan el 16 % de los casi ocho millones de personas que trabajan en el sector de las TIC en Europa; que el porcentaje de hombres que trabajan en el sector digital es tres veces superior al de las mujeres; que el impulso a la incorporación de más mujeres al sector digital y otros sectores de futuro reviste una importancia vital para luchar contra la brecha de género en salarios y pensiones y garantizar su independencia económica, así como para crear nuevas oportunidades de empleo, también para grupos normalmente excluidos del mercado laboral; que, en este sentido, es esencial fomentar la participación de las mujeres en el emprendimiento digital y en la educación y el empleo en los ámbitos de las ciencias, las tecnologías, las ingenierías y las matemáticas (CTIM) y las TIC; que la incorporación de un mayor número de mujeres al mercado de trabajo en el sector digital podría suponer una inyección de 16 000 000 000 EUR al PIB de la economía europea; que las desigualdades y la discriminación de género se han reproducido a través del diseño, las aportaciones y el uso de la inteligencia artificial (IA); que los archivos incompletos y los sesgos incorrectos pueden distorsionar la lógica de un sistema de IA y poner en peligro la igualdad de género en la sociedad;

AH.

Considerando que la recopilación de datos desglosados por género es esencial de cara a mostrar las desigualdades y crear políticas específicas, y reviste una importancia vital para adoptar un enfoque centrado en el género de todas las cuestiones planteadas, entre ellas, la violencia de género, la discapacidad, el cáncer y las enfermedades raras o crónicas, el impacto del cambio climático, las competencias digitales y las CTIM; que todavía se carece de datos sensibles desde el punto de vista de género en diversos ámbitos de las políticas de la Unión Europea y los Estados miembros;

AI.

Considerando que las mujeres se ven infrarrepresentadas de forma desproporcionada en las noticias y los medios informativos; que la representación desigual de las mujeres y los hombres en los medios perpetúan los estereotipos que afectan a la imagen tanto de las mujeres como de los hombres;

AJ.

Considerando que la integración de la perspectiva de género, la presupuestación con perspectiva de género y las evaluaciones del impacto por razón de género son herramientas esenciales para lograr la igualdad de género en todos los ámbitos políticos de la Unión; que la igualdad de género se aborda en las políticas de la Unión a través de diversos fondos e instrumentos, y que permitir unas sinergias óptimas entre ellos es una herramienta muy importante; que esto reviste una especial importancia en el caso de las medidas socioeconómicas adoptadas tras la crisis sanitaria del COVID-19, incluido el Plan de Recuperación de la UE;

AK.

Considerando que la Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025 y el fortalecimiento de políticas sensibles en materia de género a nivel de la Unión son esenciales para garantizar que el impacto de la crisis de la COVID-19 no agudice la desigualdad de género y que las respuestas contribuyan a reducir la discriminación contra las mujeres;

AL.

Considerando que la crisis del COVID-19 también ha afectado a las profesionales del sexo, aumentando su riesgo de pérdida de ingresos y de pobreza, y que se caracteriza además por la ausencia de un marco y de un respeto de sus derechos humanos;

AM.

Considerando que es esencial una actuación conjunta para la convergencia al alza y la armonización de los derechos de la mujer en Europa a través de un firme pacto entre Estados miembros, compartiendo la legislación más ambiciosa y las mejores prácticas actualmente vigentes en la Unión y comprometiéndose con ellas;

AN.

Considerando que existe una comisaria responsable exclusivamente de Igualdad y que el Parlamento Europeo cuenta con una Comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género, mientras que no existe una formación específica del Consejo sobre igualdad de género y los ministros y secretarios de Estado encargados de la igualdad de género no cuentan con un foro específico de debate;

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