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Document 52018BP1312

Resolución (UE) 2018/1312 del Parlamento Europeo, de 18 de abril de 2018, que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección II — Consejo Europeo y Consejo

OJ L 248, 3.10.2018, p. 24–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/res/2018/1312/oj

3.10.2018   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

L 248/24


RESOLUCIÓN (UE) 2018/1312 DEL PARLAMENTO EUROPEO

de 18 de abril de 2018

que contiene las observaciones que forman parte integrante de la Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección II — Consejo Europeo y Consejo

EL PARLAMENTO EUROPEO,

Vista su Decisión sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2016, sección II — Consejo Europeo y Consejo,

Vistos el artículo 94 y el anexo IV de su Reglamento interno,

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario (A8-0116/2018),

A.

Considerando que, en el contexto del procedimiento de aprobación de la gestión, la autoridad de aprobación de la gestión hace hincapié en la importancia particular que reviste reforzar aún más la legitimidad democrática de las instituciones de la Unión mediante la mejora de la transparencia y la rendición de cuentas y la aplicación del concepto de presupuestación basada en el rendimiento y la buena gobernanza de los recursos humanos;

1.

Toma nota de que, en su informe anual para el ejercicio 2016, el Tribunal de Cuentas observaba que no se había detectado ninguna insuficiencia significativa respecto de las cuestiones examinadas relativas a los recursos humanos y los contratos públicos del Consejo Europeo y del Consejo;

2.

Observa que, en 2016, el presupuesto global del Consejo Europeo y del Consejo ascendía a 545 054 000 EUR (frente a 541 791 500 EUR en 2015), con un porcentaje de ejecución medio del 93,5 %; señala el aumento, de 3 300 000 EUR (equivalente a un 0,6 %) del presupuesto del Consejo Europeo y el Consejo para 2016;

3.

Reitera que los presupuestos del Consejo Europeo y del Consejo deben estar separados en aras de la transparencia de su gestión financiera y para mejorar la rendición de cuentas de las dos instituciones;

4.

Manifiesta su apoyo al exitoso cambio de paradigma hacia la presupuestación basada en el rendimiento en la planificación del presupuesto de la Comisión introducida por la vicepresidenta Kristalina Georgieva en septiembre de 2015 como parte de la iniciativa «Presupuesto de la UE centrado en los resultados»; alienta al Consejo Europeo y al Consejo a aplicar este método a sus propios procedimientos de planificación presupuestaria;

5.

Lamenta que el Defensor del Pueblo, en su investigación estratégica sobre la transparencia del proceso legislativo del Consejo (OI/2/2017/TE), concluyera el 9 de febrero de 2018 que la actual práctica del Consejo que inhibe el control de los proyectos de legislación de la UE constituye un caso de mala administración; insta al Consejo a que cumpla las recomendaciones y sugerencias de mejora de la defensora del Pueblo para facilitar el acceso público a los documentos; subraya la importancia de la transparencia para que el Consejo sea responsable ante los ciudadanos de la Unión en su función de colegislador; pide que se informe de la respuesta del Consejo y de los progresos del procedimiento;

6.

Señala que en 2016 los gastos de desplazamiento de las delegaciones y la interpretación seguían representando una sustancial infrautilización de la financiación en la DG Recursos Humanos y Seguridad; toma nota de una nueva política que se está negociando con los Estados miembros para superar esta cuestión;

7.

Pide al Consejo que aporte todos los detalles sobre los recursos humanos y las instalaciones a disposición del mecanismo Athena, y que garantice el máximo nivel de transparencia en lo relativo a dicho mecanismo;

8.

Mantiene su preocupación respecto a la enorme cantidad de créditos prorrogados de 2016 a 2017, en particular los relativos al mobiliario técnico, material y sistemas informáticos; recuerda al Consejo que las prórrogas son excepciones al principio de anualidad, y que deben reflejar las necesidades reales;

9.

Reitera su petición de que el cuadro general de los recursos humanos se desglose por categoría, grado, sexo, nacionalidad y formación profesional;

10.

Toma nota de la existencia de una política de equilibrio de género en la Secretaría General del Consejo (SGC); acoge con satisfacción la tendencia positiva de representación femenina en puestos directivos, que ha alcanzado el 31 % a finales de 2016; pide al Consejo que continúe con la política de equilibrio de género con vistas a una representación verdaderamente equilibrada de ambos sexos en los puestos de dirección;

11.

Acoge con satisfacción la información relativa a las actividades profesionales de antiguos altos funcionarios de la SGC que abandonaron el servicio (1) en el año 2016;

12.

Observa que en 2016 el secretario general del Consejo publicó la Decisión 3/2016, por la que se adoptan normas internas para la denuncia de irregularidades graves — Procedimiento para la aplicación de los artículos 22 bis, 22 ter y 22 quater del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea (denuncia de irregularidades); recuerda que la protección de los denunciantes es una cuestión que la administración pública de la Unión se toma en serio, que debe tratarse siempre con sumo cuidado;

13.

Considera que es necesario crear un órgano de divulgación, asesoramiento y derivación, dotado de recursos presupuestarios suficientes, para ayudar a los denunciantes a utilizar los cauces correctos para divulgar su información sobre posibles irregularidades que afecten a los intereses financieros de la Unión, al tiempo que se protege su confidencialidad y se les ofrece el apoyo y asesoramiento necesarios;

14.

Observa que el 1 de enero de 2017 se alcanzó el objetivo de la plantilla del Consejo de cumplir el acuerdo interinstitucional para la reducción del personal en un 5 % a lo largo de un período de cinco años;

15.

Señala con preocupación que el retraso en la entrega del edificio Europa tuvo un impacto considerable sobre el presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo para 2016; pide que se le informe acerca de la incidencia financiera general del aplazamiento; lamenta que siga habiendo una falta de información sobre la política inmobiliaria y los gastos relacionados, que deben ser públicos como un signo de transparencia para los ciudadanos europeos;

16.

Reitera su solicitud de que se facilite la política inmobiliaria del Consejo Europeo y del Consejo a la autoridad de aprobación de la gestión; toma nota con satisfacción de que la SGC obtuvo la certificación EMAS en 2016 por sus inmuebles;

17.

Lamenta que el Consejo no haya entrado todavía a formar parte del Registro de Transparencia de la UE a pesar de ser una de las instituciones más importantes que participan en el proceso decisorio de la UE; pide, por consiguiente, un resultado positivo de las negociaciones interinstitucionales entre la presidencia del Consejo y los representantes del Parlamento y de la Comisión, de modo que el Consejo se adhiera finalmente al Registro de Transparencia;

18.

Lamenta la decisión del Reino Unido de abandonar la Unión; observa que en este momento no es posible hacer predicciones sobre las consecuencias financieras, administrativas, humanas y de otro tipo relacionadas con la retirada, y pide al Consejo de Europa y al Consejo que realicen evaluaciones de impacto y que informen al Parlamento sobre los resultados a más tardar a finales de 2018;

Situación actual

19.

Toma nota de que la no aprobación de la gestión no ha tenido hasta ahora ningún tipo de consecuencias; hace hincapié en que la situación debe resolverse tan rápido como sea posible, en beneficio de los intereses de los ciudadanos de la Unión; recuerda que el Parlamento es la única institución elegida directamente por los ciudadanos de la Unión, y que su papel en el procedimiento de aprobación de la gestión está directamente relacionado con el derecho de los ciudadanos a ser informados sobre cómo se gasta el dinero público;

20.

Observa que el 11 de septiembre de 2017 la Comisión de Control Presupuestario (CONT) del Parlamento envió a la Conferencia de Presidentes una propuesta de negociación de un acuerdo con el Consejo sobre el procedimiento de aprobación de la gestión presupuestaria;

21.

Toma nota de que el 19 de octubre de 2017 la Conferencia de Presidentes aprobó la solicitud de conferir a la presidenta de la Comisión CONT y a los coordinadores de los grupos políticos el mandato de entablar negociaciones en nombre del Parlamento, con vistas a alcanzar un acuerdo que satisfaga a ambas partes acerca de la colaboración entre el Parlamento y el Consejo en lo que relativo al procedimiento de aprobación de la gestión, respetando plenamente el papel diferente de ambas instituciones en dicho procedimiento;

22.

Señala asimismo que el 9 de noviembre de 2017 se envió una carta al secretario general del Consejo, invitándole a remitir la propuesta del Parlamento al organismo competente del Consejo, a fin de iniciar las negociaciones bajo los términos aprobados por la Conferencia de Presidentes;

23.

Señala que, entre tanto, CONT invitó al secretario general del Consejo a participar en el intercambio de puntos de vista con los secretarios generales de las demás instituciones, que tuvo lugar el 4 de diciembre de 2017, y que se envió un cuestionario escrito al secretario general del Consejo el 26 de noviembre de 2017; lamenta profundamente que el Consejo reitere su posición de no participación en el intercambio de puntos de vista, y que el cuestionario enviado a los servicios del Consejo con preguntas de los diputados al Parlamento siga sin respuesta;

24.

Recuerda que el procedimiento de aprobación de la gestión de las instituciones y organismos individuales de la Unión de forma separada es una práctica arraigada aceptada por todas las demás instituciones, excepto el Consejo, y que este procedimiento ha sido desarrollado para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas democrática ante los ciudadanos de la Unión;

25.

Reitera que el Consejo debe participar plenamente y de buena fe en el procedimiento anual de aprobación de la gestión, al igual que hacen el resto de instituciones, y lamenta las dificultades encontradas en los procedimientos de aprobación de la gestión hasta la fecha;

26.

Subraya que, en virtud de los Tratados, el Parlamento es la única autoridad de la Unión de aprobación de la gestión, y recalca que, reconociendo plenamente el papel del Consejo como institución que ofrece recomendaciones en el procedimiento de aprobación de la gestión, se debe mantener una distinción sobre los diferentes roles del Parlamento y del Consejo, a fin de cumplir el marco institucional establecido en los Tratados y en el Reglamento Financiero;

27.

Recuerda que el Parlamento aprueba la gestión de otras instituciones tras considerar los documentos aportados, las respuestas dadas a las preguntas y tras escuchar a los secretarios generales de las demás instituciones; lamenta que el Parlamento se encuentre en reiteradas ocasiones con dificultades a la hora de recibir respuestas del Consejo;

28.

Considera que una supervisión eficaz de la aplicación del presupuesto de la Unión requiere la colaboración entre el Parlamento y el Consejo, y espera comenzar las negociaciones con vistas a alcanzar un acuerdo mutuamente satisfactorio.

29.

Observa que el nombramiento de los miembros del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es responsabilidad de los Estados miembros en virtud de los artículo 253 y 254 del TFUE; destaca la importancia de la designación y el nombramiento oportunos de los jueces para el funcionamiento del TJUE; pide que se adopte una nueva norma que fije un plazo específico para la (re)designación de un juez mucho antes de que finalice su mandato y solicita al Consejo que medite el índice beneficio/costos a la hora de nombrar nuevos jueces del TJUE; critica la designación irregular sin la publicación de una convocatoria de candidaturas de dos jueces para el Tribunal de la Función Pública para un mandato que, además, solo duró del 14 de abril de 2016 al 31 de agosto del mismo año; toma nota con pesar de los desproporcionados costes asociados a uno de los jueces por el inicio y el fin de su «mandato cuatrimestral», que ascendieron a 69 498,25 EUR, además del salario que recibió el juez; condena este despilfarro del dinero de los contribuyentes de la Unión;

30.

Observa, además, que el Tribunal General (Sala de Casación, sentencia de 23 de enero de 2018 en el asunto T-639/16 P) (2) ha considerado que la Sala Segunda del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, constituida de forma que incluya a uno de los jueces de «mandato cuatrimestral», es irregular, lo cual invalida la decisión a la que se hace referencia en dicha sentencia, así como cualquier otra decisión de la Sala Segunda con dicha composición; pregunta al TJUE qué decisiones de la Sala Segunda con esa composición se ven afectadas por la sentencia del Tribunal General; exige que el Consejo comunique sus observaciones sobre este error y aclare la responsabilidad del mismo;

(1)  Artículo 16, párrafos tercero y cuarto, del Estatuto de los funcionarios de la Unión Europea.

(2)  ECLI:EU:T:2018:22.


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