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Document 61979CJ0814

Sumario de la sentencia

Sentencia del Tribunal de Justicia de 16 de diciembre de 1980.
Staat der Nederlanden contra Reinhold Rüffer.
Petición de decisión prejudicial: Hoge Raad - Países Bajos.
Convenio de Bruselas de 1968.
Asunto 814/79.

Asunto 814/79

Staat der Nederlanden

contra

Reinhold Rüffer

Petición de decisión prejudicial planteada por el Hoge Raad de los Países Bajos

«Convenio de Bruselas de 1968»

   

   

Sumario de la sentencia

  1. Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales — Ambito de aplicación — Materia civil y mercantil — Concepto — Interpretación autónoma — Criterios

    (Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 1)

  2. Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales — Ambito de aplicación — Determinación — Elementos que han de tomarse en consideración

    (Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 1)

  3. Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales — Ambito de aplicación — Materia civil y mercantil — Acciones ejercitadas por una autoridad pública contra un particular sobre la base de un acto de poder pi'tblico — Recuperación de los gastos de retirada de impecio — Exclusión — Acción de repetición ante los órganos jurisdiccionales civiles — Irrelevancia

    (Convenio de 27 de septiembre de 1968, art. 1)

  1.  El concepto de «materia civil y mercantil» utilizado en el artículo 1 del Convenio debe considerarse como un concepto autónomo que hay que interpretar refiriéndose, por un lado, a los objetivos y al sistema del Convenio y, por otro lado, a los principios generales que se deducen de todos los ordenamientos jurídicos nacionales.

  2.  Ya que el Convenio debe aplicarse de modo que se garantice, en la medida de lo posible, la igualdad y la uniformidad de los derechos y obligaciones que de él derivan para los Estados miembros contratantes y las personas interesadas, no puede interpretarse únicamente en función del reparto de competencias entre los distintos órdenes jurisdiccionales existentes en determinados Estados; por consiguiente, su ámbito de aplicación se debe definir esencialmente en razón de los elementos que caracterizan la naturaleza de las relaciones jurídicas entre las partes del litigio o el objeto de éste.

  3.  El concepto de «materia civil y mercantil», en el sentido del párrafo primero del artículo 1 del Convenio, no engloba los litigios entablados por el administrador de los cursos de agua públicos contra la persona legalmente responsable con el objeto de recuperar los gastos causados por la retirada de un pecio, que haya sido efectuada o mandada efectuar por el administrador en ejercicio del poder público.

    El hecho de que el administrador de los cursos de agua públicos pretenda recuperar dichos gastos mediante una acción de repetición ante los órganos jurisdiccionales civiles y no por la vía administrativa no basta, en las condiciones indicadas, para encuadrar el litigio dentro del ámbito de aplicación del Convenio.

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