Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017L1371

Lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE a través del Derecho penal

Lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la UE a través del Derecho penal

 

SÍNTESIS DEL DOCUMENTO:

Directiva (UE) 2017/1371: utilización del Derecho penal para proteger los intereses financieros de la UE

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTA DIRECTIVA?

  • Crear un sistema reforzado y más armonizado, con unas normas comunes mínimas, para luchar contra la delincuencia que afecta al presupuesto de la Unión Europea (UE).
  • Proteger mejor los intereses financieros de la UE y el dinero de los contribuyentes en toda la Unión.

PUNTOS CLAVE

Ámbito de aplicación

La Directiva guarda relación con:

  • el fraude y otras infracciones penales, como la corrupción, la malversación y el blanqueo de capitales, que afectan a los intereses financieros de la UE; es decir, el presupuesto de la UE, los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos de la UE creados de conformidad con los Tratados, u otros presupuestos gestionados y controlados directa o indirectamente por ellos;
  • las «infracciones graves» que atenten contra el sistema común del impuesto sobre el valor añadido (IVA), como los fraudes «carrusel» del IVA* (las infracciones se consideran graves cuando están relacionadas con el territorio de 2 o más países de la UE y supongan un perjuicio total de al menos 10 000 000 de euros).

También establece una serie de normas comunes concernientes a las sanciones y los plazos de prescripción relativos a las infracciones penales recogidas en la presente Directiva.

Definiciones

Existe una definición a nivel de la UE para todas las infracciones que figuran a continuación:

  • fraude cometido intencionadamente: lo que se considera fraude en materia de gastos relacionados con los contratos públicos y no relacionados con los contratos públicos, así como los ingresos procedentes de los recursos propios del IVA y otros recursos;
  • blanqueo de capitales, tal como se define en la Directiva (UE) 2015/849;
  • corrupción activa y pasiva, cuando se cometan intencionalmente;
  • malversación, cuando se cometa intencionadamente.

El significado de «funcionarios públicos», de la UE y nacionales (incluidos los de los países de la UE), se especifica en las definiciones de blanqueo de capitales, corrupción y malversación.

Las infracciones penales definidas en la presente Directiva se incluyen en el ámbito de competencias materiales de la recién creada Fiscalía Europea, un órgano independiente de la UE facultado para investigar y procesar estos delitos y llevarlos a juicio ante los órganos jurisdiccionales nacionales competentes.

Enfoque común

En todos los países de la UE (con la excepción de Dinamarca y el Reino Unido):

  • estas infracciones se considerarán punibles como infracciones penales, al igual que la tentativa y la inducción y complicidad de las mismas;
  • las personas jurídicas* serán consideradas responsables de las infracciones penales cometidas en su provecho, sin excluir la posibilidad de la incoación de acciones penales contra las personas físicas que hayan cometido las infracciones penales o que sean las únicas responsables.

Sanciones

La Directiva prevé sanciones penales mínimas «efectivas, proporcionadas y disuasorias».

Dichas sanciones incluyen una pena máxima de al menos 4 años de prisión:

  • cuando el perjuicio económico causado al presupuesto de la UE supere el umbral de los 100 000 euros;
  • en caso de infracción grave que atente contra el sistema común del IVA;
  • sobre la base de otras circunstancias graves definidas en el Derecho nacional.

Cuando una infracción penal suponga unos daños y perjuicios inferiores a 10 000 euros, los países de la UE podrán establecer sanciones no penales.

Por lo que respecta a las personas jurídicas, la Directiva prevé otros tipos de sanciones además de multas (de carácter penal o administrativo).

Las infracciones cometidas en el marco de una organización delictiva en el sentido de la Decisión Marco 2008/841/JAI constituyen una circunstancia agravante.

Estas sanciones no excluyen:

  • la posibilidad de sanciones más severas en la legislación nacional;
  • el ejercicio de poderes disciplinarios por las autoridades competentes contra los funcionarios públicos.

La presente Directiva también se ocupa de lo siguiente:

  • el embargo preventivo y el decomiso de los medios y el producto de las infracciones penales que afecten al presupuesto de la UE;
  • el establecimiento de la competencia sobre dichas infracciones;
  • plazos mínimos de prescripción que faciliten la investigación y el enjuiciamiento y permitan la ejecución de las penas impuestas a raíz de una sentencia por la comisión de estas infracciones.

Cooperación entre los países de la UE y las instituciones, órganos y organismos de la UE

  • Los países de la UE, Eurojust, la Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) deberán colaborar en la lucha contra las infracciones penales contempladas en la presente Directiva. La OLAF y, en su caso, Eurojust prestarán asistencia técnica y operativa para facilitar la coordinación de las investigaciones de los países de la UE.
  • Si el Tribunal de Cuentas y los auditores encargados del control de los presupuestos de las instituciones, órganos y organismos de la UE o de otros presupuestos gestionados y controlados por las instituciones detectan cualquier hecho que pudiera considerarse infracción penal conforme a la presente Directiva, deben informar a la Fiscalía Europea, a la OLAF y a las demás autoridades competentes. Los países de la UE deben garantizar que las autoridades nacionales de control procedan de la misma manera.

¿A PARTIR DE CUÁNDO ESTÁ EN VIGOR LA DIRECTIVA?

Los países de la UE deben incorporarla al Derecho nacional a más tardar el 6 de julio de 2019.

ANTECEDENTES

El artículo 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea obliga a la UE y a los países de la UE a combatir el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la UE mediante medidas que tengan un efecto disuasorio.

Más del 90 % del presupuesto de la UE se controla a escala nacional. Los daños causados al presupuesto de la UE como consecuencia de la delincuencia y otras actividades ilegales ascienden a cientos de millones de euros al año y suscitan gran preocupación. En 2011, la Comisión adoptó una comunicación que incluía propuestas para mejorar la protección de los intereses financieros de la UE (véase IP/11/644).

Para obtener más información:

TÉRMINOS CLAVE

Fraude «carrusel» del IVA: un tipo de fraude mediante el que los defraudadores importan bienes exentos del IVA de otros países de la UE y posteriormente los venden a compradores domésticos cargándoles el IVA. A continuación, el vendedor desaparece sin pagar el IVA a las autoridades fiscales.
Persona jurídica: cualquier entidad a la que la ley le reconoce derechos y obligaciones del mismo modo que a una persona física o humana, cuyo ejemplo más habitual son las empresas.

DOCUMENTO PRINCIPAL

Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal (DO L 198 de 28.7.2017, pp. 29-41).

DOCUMENTOS CONEXOS

Versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (DO C 202 de 7.6.2016, pp. 1-388).

Reglamento (UE) 2017/1939 del Consejo, de 12 de octubre de 2017, por el que se establece una cooperación reforzada para la creación de la Fiscalía Europea (DO L 283 de 31.10.2017, pp. 1-71).

Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) n° 648/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE de la Comisión (DO L 141 de 5.6.2015, pp. 73-117).

Directiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de abril de 2014, sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito en la Unión Europea (DO L 127 de 29.4.2014, pp. 39-50).

Véase la versión consolidada.

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la protección de los intereses financieros de la Unión Europea a través del Derecho penal y de las investigaciones administrativas: una política integrada para salvaguardar el dinero de los contribuyentes [COM(2011) 293 final de 26.5.2011].

Decisión Marco 2008/841/JAI del Consejo, de 24 de octubre de 2008, relativa a la lucha contra la delincuencia organizada (DO L 300 de 11.11.2008, pp. 42-45).

Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, pp. 1–118).

Véase la versión consolidada.

Reglamento (CE, Euratom) n.o 2988/95, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO L 312 de 23.12.1995, pp. 1-4).

Convenio establecido sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (DO C 316 de 27.11.1995, pp. 49-57).

última actualización 06.12.2017

Arriba