Igualdad de trato independientemente del origen racial o étnico

PUNTOS CLAVE

• La presente Directiva se basa en el principio de igualdad de trato entre las personas. Prohíbe tanto la discriminación directa (¹) como indirecta (²), el acoso (³) y toda orden de discriminar y victimizar (⁴).
• La Directiva se aplica a todas las personas y a todos los sectores de actividad en materia de:
  • acceso al empleo;
  • condiciones de trabajo, inclusive en las promociones, la remuneración y el despido;
  • acceso a la formación profesional;
  • participación en las organizaciones de trabajadores o de empresarios así como en cualquier organización profesional;
  • educación;
  • acceso a la protección social y a la asistencia sanitaria;
  • ventajas sociales;
  • el acceso a bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluida la vivienda.
• La Directiva se aplica a nacionales de países de fuera de la UE, pero no abarca las diferencias de trato por motivos de nacionalidad, ni las condiciones por las que se regulan la entrada y residencia de nacionales de países de fuera de la UE.

Excepciones al principio de igualdad de trato

• En el ámbito del empleo, se puede autorizar una excepción cuando el origen racial o étnico constituya una exigencia profesional esencial. Dicha excepción debe estar justificada por la naturaleza de la actividad o las condiciones de su ejercicio. Debe ser legítima y proporcionada.
• La Directiva permite las acciones positivas, es decir, las medidas nacionales destinadas a prevenir o a compensar las desventajas que afecten a personas de un origen racial o étnico concreto.

Recursos y cumplimiento

• Toda persona que se considere víctima de discriminación por motivos de origen racial o étnico debe poder emprender una acción jurídica y/o administrativa. Las asociaciones u otras personas jurídicas interesadas también pueden iniciar procedimientos en nombre del demandante o en su apoyo.

La víctima tan solo debe establecer la presunción de discriminación, tras la cual la parte demandada deberá demostrar la no existencia de discriminación.

Diálogo social y diálogo civil

• Los interlocutores sociales garantizan el fomento de la igualdad de trato, sobre todo mediante la vigilancia de las prácticas en el lugar de trabajo, la redacción de códigos de conducta y la celebración de convenios colectivos. En términos generales, la Directiva promueve la firma de acuerdos que establezcan normas de no discriminación en los ámbitos sujetos a la negociación colectiva.
• También se promueve el diálogo civil con las organizaciones de la sociedad civil implicadas.

Organismos de promoción de la igualdad

La Directiva de modificación (UE) 2024/1499 aclara el papel de los organismos designados a nivel nacional para promover la igualdad de trato y combatir la discriminación (organismos de igualdad). Establece requisitos mínimos que los Estados miembros de la UE deben aplicar en relación con el papel y el funcionamiento de estos organismos, incluida la manera en que deben ayudar a las víctimas tras recibir su denuncia. Dichos organismos deben:

• ser independientes en cuanto a su estructura jurídica, la rendición de cuentas, el presupuesto, el personal y las cuestiones organizativas;
• disponer de suficientes recursos para desempeñar todas sus funciones y ejercer sus responsabilidades de manera eficaz;
• poder investigar posibles casos de discriminación y emitir un dictamen no vinculante o adoptar una decisión vinculante;
• ser consultados periódicamente por gobiernos y otras instituciones públicas sobre legislación y políticas con aspectos relacionados con la igualdad y la no discriminación;
• recoger datos sobre sus propias actividades;
• planificar e informar al público sobre su trabajo y el estado de la igualdad de trato y la no discriminación de forma periódica.

En virtud de la Directiva (UE) 2024/1499, los Estados miembros también deben:

• introducir normas que permitan la posibilidad de resolver extrajudicialmente litigios;
• garantizar que los organismos de igualdad tengan derecho a actuar procesos judiciales civiles y contencioso-administrativos relacionados con la ejecución del principio de igualdad de trato;
• velar por que los organismos de igualdad presten sus servicios sin coste alguno a los denunciantes de todo su territorio, incluidas las zonas rurales y remotas;
• exigir a los organismos de igualdad que garanticen la accesibilidad y ofrezcan ajustes razonables a las personas con discapacidad en relación con todos sus servicios y actividades.

Recomendación

Sobre la base de la Directiva 2000/43/CE y la Comunicación de 2020 de la Comisión Europea, que establece el Marco estratégico de la UE para los gitanos, el Consejo de la Unión Europea adoptó, en 2021 una Recomendación por la que los Estados miembros se comprometen a luchar contra la discriminación de la población gitana y a promover su inclusión en los ámbitos de la educación, el empleo y la sanidad y la vivienda.

La Recomendación sustituye a una anterior adoptada en 2013.