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Third report on economic and social cohesion: the socio-economic situation of the Union and the impact of European and national policies
Tercer informe sobre la cohesión económica y social: situación socioeconómica de la Unión e impacto de las políticas europeas y nacionales
Tercer informe sobre la cohesión económica y social: situación socioeconómica de la Unión e impacto de las políticas europeas y nacionales
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Tercer informe sobre la cohesión económica y social: situación socioeconómica de la Unión e impacto de las políticas europeas y nacionales
Sobre la base del debate europeo iniciado en 2001, el tercer informe sobre la cohesión económica y social presenta propuestas concretas sobre el futuro de la política regional posterior a 2006. El análisis se basa en la evaluación de las repercusiones de las políticas comunitarias y nacionales en la cohesión y actualiza los datos disponibles sobre la situación socioeconómica de la Unión Europea.
ACTO
Comunicación de la Comisión - Tercer informe sobre la cohesión económica y social [COM (2004) 107 final - no publicada en el Diario Oficial].
SÍNTESIS
La política de cohesión económica y social produce efectos positivos en los territorios de la Unión Europea que se encuentran en situación de dificultad, aunque persisten importantes disparidades socioeconómicas entre los Estados miembros y entre las regiones. Estas divergencias de riqueza y dinamismo han sido causados por deficiencias estructurales en algunos factores decisivos para la competitividad, como las inversiones en infraestructuras físicas, la innovación y los recursos humanos. Por esa razón, los Estados miembros y las regiones tienen necesidad del apoyo de las políticas comunitarias para superar sus condicionantes, desarrollar sus ventajas comparativas y evolucionar mejor en un entorno cada vez más competitivo.
La ampliación, el 1 de mayo, de la Unión Europea a 25 Estados miembros representa un reto sin precedentes y pone en peligro el equilibrio actual de la política regional. El tercer informe sobre la cohesión económica y social efectúa propuestas concretas para la política regional posterior a 2006. La Comisión basa sus propuestas en la situación socioeconómica de la Unión así como en el estudio del impacto de la política regional, otras políticas europeas y políticas nacionales.
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA DE LA UNIÓN EUROPEA
El crecimiento económico
Desde 1994, han disminuido las disparidades de renta entre Estados miembros y regiones. El producto interior bruto (PIB) y la productividad aumentan más rápidamente en los cuatro países beneficiarios de los Fondo de Cohesión (España, Grecia, Irlanda, Portugal) que en el resto de la Unión Europea. La subida es especialmente elevada en España e Irlanda y más modesta en Portugal y Grecia. A pesar de todo, subsisten grandes diferencias entre Estados. En Grecia y Portugal, el PIB per cápita se sitúa aún en torno a un 70 % de la media comunitaria. Sin embargo, no hay duda alguna de que la contribución de los Fondos Estructurales alimenta el crecimiento de los cuatro países de la cohesión: 1,5 % en España, 2 % en Grecia, casi 3 % en Irlanda y más de 4,5 % en Portugal. Durante el último decenio, los intercambios comerciales entre estos cuatro países y el resto de la Unión se duplicaron. Por término medio, cerca de una cuarta parte de los gastos estructurales regresa al resto de la Unión en forma de importaciones. Alemania es el primer beneficiario.
A un nivel inferior al nacional, las regiones menos desarrolladas seleccionables para el Objetivo 1 se beneficiaron de un crecimiento anual del 3 %, frente a algo más del 2 % en la Unión. Sin embargo, el proceso de recuperación varía mucho de una región a otra. Aparte de los cuatro países de la cohesión, el escaso crecimiento nacional retrasa el de las regiones del Objetivo nº 1. Si el crecimiento del PIB de los nuevos Estados federados alemanes es equivalente a la media comunitaria, el de las regiones del Mezzogiorno italiano es inferior. Lo mismo ocurre con las antiguas regiones industriales. Aunque situadas fuera del Objetivo n° 1, las regiones del Noreste de Inglaterra, las regiones septentrionales de Alemania y las regiones muy débilmente pobladas del norte de Suecia vieron su PIB per cápita anual aumentar más rápidamente que la media comunitaria desde 1994.
El empleo y la cohesión social
Las disparidades regionales en término de empleo siguen siendo considerables. En los países de la cohesión, en diez años el empleo ha avanzado considerablemente en España e Irlanda, en una menor medida en Portugal y Grecia. Solamente 43 % de las personas en edad de trabajar ocupaban en 2002 un empleo en las regiones del sur de Italia. Mientras que en los diez nuevos Estados miembros la reestructuración económica de la agricultura y las industrias tradicionales implica un aumento del desempleo: un 56 % de las personas en edad de trabajar ocupan un empleo frente a un 64 % en la Unión Europea actual.
En el año 2000, aproximadamente 55 millones de personas se encontraban expuestas al riesgo de pobreza, lo que representa un 15 % de la población europea. La pobreza afecta especialmente a las personas mayores (más de 65 años) así como a las familias monoparentales, los parados de larga duración, las minorías étnicas y las personas minusválidas. Esta proporción es elevada en los países del sur de Europa, en el Reino Unido e Irlanda. Es superior a la media comunitaria en buen número de los nuevos Estados miembros.
Durante las próximas décadas, el envejecimiento progresivo de la población conducirá a una reducción progresiva de la población activa y tendrá repercusiones importantes en el potencial de crecimiento. De aquí a 2010, esta disminución afectará a Alemania, los cuatro Estados miembros del sur así como la mayoría de los nuevos Estados miembros. En 2025, habrá por término medio menos de tres personas en edad de trabajar para cada persona mayor. Ante tales perspectivas demográficas, es necesario un crecimiento económico constante, un fuerte porcentaje de empleo y un menor número de jubilaciones. La inmigración debería también constituir una fuente importante de mano de obra suplementaria.
La reducción de las disparidades en los factores de competitividad regional
El reto de la política de cohesión consiste en invertir en los factores de competitividad para que los Estados miembros y las regiones superen sus problemas estructurales. Los principales factores de competitividad definidos son los siguientes:
IMPACTO Y VALOR AÑADIDO DE LA POLÍTICA REGIONAL
Durante el período 2000-2006, la política regional cuenta con un presupuesto de 215 000 millones de euros. Los importes transferidos a las regiones del Objetivo n° 1 representan una proporción importante de la riqueza de los países de la cohesión. Alcanzan un 0,9 % del PIB nacional en España y más del 2,5 % en Grecia y Portugal. Estos importes generan un auténtico efecto de palanca para las inversiones públicas. Se calcula que el aumento de la inversión asciende al 3 % en España, 4 % en los nuevos Estados federados alemanes, 7 % en el Mezzogiorno italiano y 8-9 % en Grecia y Portugal. En la mayoría de los casos, este efecto es válido también para las financiaciones privadas, como lo prueban las cifras para Austria, Alemania, los Países Bajos y Bélgica. Sin embargo, el esfuerzo financiero del sector privado sigue siendo escaso en Francia, en el Reino Unido y en los países de la cohesión. Además, los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) completan el apoyo de los Fondos Estructurales, en particular, en los transportes y el medio ambiente. Desde 2000, alcanzan 20 000 millones de euros anuales. Más de la mitad se destinó a las regiones del Objetivo nº 1 y 3 000 millones a los nuevos Estados miembros.
Durante el período 1994-1999, 82 regiones de doce Estados miembros recibieron una ayuda en virtud del Objetivo 2. Este objetivo apoya la reconversión de las regiones con fuertes desventajas naturales o estructurales. La mitad de los gastos se concentraron en la reconversión de los antiguos centros industriales y en los servicios empresariales. En una menor medida, se destinaron al desarrollo de los recursos humanos y a la ayuda en favor de la IDT. El apoyo comunitario permitió crear 700 000 empleos, modernizar 300 000 pequeñas y medianas empresas y reconvertir 115 millones de m2 de suelo industrial abandonado. En diez años, el desempleo bajó un poco más en las regiones el Objetivo n° 2 que en el resto de la Unión Europea.
Varios ámbitos de actividades ponen de relieve el valor añadido de la política regional
En cuanto a la agricultura y el desarrollo rural, los Fondos Estructurales han preservado las actividades económicas en el campo y han fomentado la diversificación económica de las zonas rurales a través del turismo rural y la protección del medio ambiente. El sector pesquero está presente en un número limitado de regiones de la Unión Europea. Las medidas estructurales tienen por objeto, en particular, estimular su reconversión económica.
Durante el período 1994-1999, el Fondo Social Europeo (FSE) contribuyó al desarrollo de los recursos humanos con una tercera parte de las inversiones de los Fondos Estructurales. Las intervenciones efectuadas en el marco el Objetivo 3 tuvieron por objeto insertar en el mercado laboral a los jóvenes, a los parados de larga duración y a otras categorías sociales en peligro de exclusión. También han favorecido la igualdad de las oportunidades entre las mujeres y los hombres. Las medidas más eficaces son las que combinan orientación, formación y asistencia en la búsqueda de empleo. Además, el FSE aporta fondos para la adaptación de los sistemas de empleo, educación y formación. Desde 2000, financia con un máximo de 60 000 millones de euros los planes nacionales derivados de la estrategia europea de empleo.
La cooperación y la constitución de redes son verdaderos éxitos
Las cuatro iniciativas comunitarias permiten la instauración de estrategias innovadoras de desarrollo regional. A través ellas, la cooperación entre los territorios y la constitución de redes representan un valor añadido importante de la política estructural:
En 2001 se llevaron a cabo nuevas acciones piloto innovadoras. Dotadas con cerca de 400 millones de euros, estas acciones aumentan la competitividad regional gracias a la innovación, a la difusión de las tecnologías y a la promoción del desarrollo sostenible. Tres de cada cuatro regiones ya han presentado solicitudes para estos programas.
La gestión de los Fondos Estructurales progresa pero todavía es posible mejorarla
La gestión de la política regional obedece a cuatro principios generales:
La mejora de la eficacia de los programas sigue siendo un reto importante. Los protagonistas locales critican in situ el retraso ocasionado por la aprobación de las normas y que produjo presiones sobre el consumo de los fondos. Así pues, solamente un tercio de los proyectos del Objetivo nº 1 se finalizaron dentro de los plazos y otro tercio acumuló un retraso de un año. Dos tercios de los proyectos superaron su presupuesto. Al imponer un consumo de los fondos en los dos años de su programación, la norma «N+2» va en el sentido de una mayor disciplina. Además, el período 2000-2006 introduce un incentivo financiero en forma de una reserva de resultado intermedia, que recompensa un 90 % de los programas sobre la base de criterios como el porcentaje de absorción financiera y de una gestión sana.
El seguimiento es un componente esencial del sistema de la ejecución de los Fondos Estructurales. Debido a los problemas de la recogida de la información, no fue tan eficaz como se preveía. La evaluación de los programas se efectúa en tres fases: antes de la aplicación, evaluación intermedia y al final del período. Una mayor implicación de todos los protagonistas permitirá mejorar la precisión en los análisis.
IMPACTO DE LAS OTRAS POLÍTICAS COMUNITARIAS
A diferencia de la política estructural, las políticas comunitarias que se citan a continuación no tienen por objetivo principal la lucha contra las disparidades regionales pero tienen un fuerte impacto territorial:
IMPACTO DE LAS POLÍTICAS NACIONALES
Los gastos públicos de los Estados miembros ascienden por término medio al 47 % del PIB de la Unión Europea mientras que el presupuesto asignado a la política de cohesión es inferior al 0,4 %. Las políticas de los Estados miembros garantizan esencialmente apoyo a la renta y servicios básicos: educación, cuidados médicos, protección social. Por el contrario, los gastos públicos consagrados a la inversión en el capital humano y físico sólo representan por término medio un poco más del 2 % del PIB comunitario e inferiores en los ámbitos del apoyo a las empresas, la educación superior, la innovación y la IDT. Con relación a los presupuestos nacionales destinados a los gastos estructurales, el presupuesto de la política europea de cohesión no es desdeñable. Y sobre todo, se concentra en las regiones que necesitan más ayuda.
En los Estados miembros, la contribución de los gastos públicos para el apoyo a la renta es generalmente más elevada en las regiones menos prósperas, ya que el nivel de renta suele ser más bajo. Por el contrario, los ingresos públicos son proporcionales a la renta, principalmente porque, en los Estados miembros, la mayoría de los impuestos se aplican a la renta y al gasto. A continuación intervienen los mecanismos de redistribución para reducir las disparidades regionales en cuanto a renta. Actualmente, la tendencia general consiste en delegar la responsabilidad de los servicios públicos a las autoridades regionales o locales sin que ello vaya acompañado de una tendencia similar en términos de recaudación de los fondos necesarios para financiar algunos servicios. La principal excepción a esta tendencia es Italia, donde la capacidad fiscal de las regiones no se acompaña de un refuerzo de las transferencias entre las regiones.
La inversión directa extranjera (IDE) puede desempeñar un papel clave en la reducción de las disparidades económicas entre las regiones. No solamente representa una fuente de ingresos sino que también favorece la transferencia de tecnologías. No obstante, los inversores extranjeros no se orientan necesariamente hacia las zonas geográficas donde las necesidades son cruciales. Dejando aparte Berlín, en Alemania sólo un 2 % de la IDE se efectuó en los nuevos Estados federados y un 4 % de la IDE en Italia benefició a las regiones del Mezzogiorno. Las inversiones extranjeras se concentran principalmente en las zonas urbanas dinámicas. En los nuevos Estados miembros, las capitales son las que atraen más inversores. En 2001, los dos tercios de la IDE en Hungría se concentraron en Budapest, y lo mismo ocurrió con Praga en la República Checa y Bratislava en Eslovaquia.
Para la más información, consúltese el sitio IINFOREGIO de la Dirección General de Política Regional:
ACTOS CONEXOS
Segundo informe de la situación sobre la cohesión económica y social [COM (2003) 34 final - no publicado en el Diario Oficial].
Véase la ficha SCADPlus específica.
Primer informe intermedio sobre la cohesión económica y social [COM (2002) 46 final - no publicado en el Diario Oficial]. Véase la ficha SCADPlus específica.
«Unidad de Europa, solidaridad entre los pueblos, diversidad de territorios» - Segundo informe sobre la cohesión económica y social [COM (2001) 24 final - no publicado en el Diario Oficial]. Véanse las fichas SCADPlus específicas: estado y balance, conclusiones y recomendaciones, 10 preguntas para el debate.
Última modificación: 07.05.2007