Derecho de acceso a un abogado en procesos penales y de orden de detención europea

PUNTOS CLAVE

Derecho de acceso a un abogado

Los ciudadanos deben tener acceso a un abogado sin demora injustificada:

• antes de ser interrogados por una fuerza de seguridad (por ejemplo, la policía) o una autoridad judicial;
• durante un acto de investigación o de obtención de pruebas (por ejemplo, un careo);
• desde el momento de privación de libertad;
• con la suficiente antelación antes de personarse ante un tribunal de justicia.

Más concretamente, la ley abarca:

• el derecho a reunirse en privado y a comunicarse con un abogado;
• el derecho del abogado a participar de manera efectiva cuando se interroga a la persona y a asistir a los actos de investigación y de obtención de pruebas;
• la confidencialidad de todas las vías de comunicación (reuniones, correspondencia, conversaciones telefónicas, etc.).

En cuanto a las personas sujetas a la orden de detención europea, la Directiva establece el derecho de acceso a un abogado en el país de la Unión Europea (UE) de ejecución y el derecho a designar un abogado en el país emisor.

Derechos en caso de privación de libertad

Los ciudadanos privados de libertad tienen derecho, sin demora injustificada:

• a que se informe al menos a 1 persona de su elección de su privación de libertad. Cuando el arrestado sea un menor, la persona en quien recaiga la responsabilidad parental deberá ser informada lo antes posible;
• a comunicarse al menos con 1 persona de su elección.

Si se les priva de libertad en un país de la UE distinto al suyo, tienen derecho a informar a sus autoridades consulares, a recibir visitas de las mismas, a comunicarse con ellas y a que les faciliten representación legal.

Excepciones

La Directiva permite la posibilidad de dejar de aplicar temporalmente algunos derechos en circunstancias excepcionales y bajo condiciones estrictamente definidas (por ejemplo, cuando exista una necesidad urgente de evitar graves consecuencias adversas para la vida, la libertad o la integridad física de una persona).

Asistencia jurídica gratuita

La Directiva (UE) 2016/1919 establece normas mínimas comunes sobre el derecho de asistencia jurídica gratuita a los sospechosos, a los acusados y a las personas buscadas garantizando la eficacia de la Directiva (UE) 2013/48. Exige a los países de la UE que garanticen que los sospechosos y los acusados que carezcan de medios suficientes para sufragar la asistencia de un abogado, tengan derecho a la asistencia jurídica gratuita cuando el interés de la justicia así lo requiera. Los países de la UE podrán aplicar una evaluación de medios económicos (para valorar si la persona carece de recursos suficientes para sufragar la asistencia jurídica), una evaluación de méritos (para valorar si la prestación de la asistencia jurídica gratuita serviría al interés de la justicia), o ambas cosas para decidir si se ha de conceder la asistencia jurídica gratuita.

La Directiva (UE) 2016/1919 es el último texto legislativo previsto en el marco del plan de trabajo para reforzar los derechos procesales de sospechosos o acusados en los procesos penales adoptado por el Consejo en noviembre de 2009.

Esta Directiva tiene que adquirir rango de ley en los países de la UE a más tardar el 5 de mayo de 2019.