Máximo aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos

PUNTOS CLAVE

La legislación:

• refunde y deroga la directiva RAEE original (Directiva 2002/96/CE) que ha sido sustancialmente modificada desde su adopción;
• agrupa los RAEE en diferentes categorías, como grandes y pequeños aparatos, aparatos de intercambio de temperatura, pantallas, lámparas y equipos informáticos y de telecomunicaciones pequeños;
• no es aplicable a determinados tipos de AEE, especialmente a aquel material con fines militares o espaciales, bombillas de filamentos o productos sanitarios implantables activos o medios de transporte.

Los Estados miembros de la Unión Europea (UE) deben hacer lo siguiente.

• Fomentar la cooperación entre productores y responsables del reciclaje para diseñar aparatos que se puedan reutilizar, desarmar y valorizar en consonancia con la directiva de diseño ecológico (Directiva 2009/125/CE);
• Reducir al mínimo la eliminación de RAEE como residuos urbanos no seleccionados;
• Permitir que los hogares particulares y los distribuidores devuelvan sus RAEE de forma gratuita;
• Prohibir la eliminación de RAEE recogidos por separado que no se hayan tratado adecuadamente;
• Asegurar un índice mínimo anual de recogida de RAEE. A partir de 2016, fue el 45 % del peso total de los AEE que se vendieron durante los tres últimos años. A partir de 2019, este objetivo se elevó al 65 %, lo cual equivale al objetivo de recogida del 85 % de los RAEE generados. En un futuro próximo podrán fijarse objetivos más ambiciosos.

Bulgaria, República Checa, Letonia, Lituania, Hungría; Malta, Polonia, Rumanía, Eslovenia y Eslovaquia pudieron retrasar la consecución del índice de recogida de 2019 hasta 2021 por la ausencia de infraestructura necesaria y sus bajos niveles de uso de AEE.

Los Estados miembros deben, asimismo:

• verificar que todas las plantas de tratamiento de RAEE tengan licencia oficial;
• establecer un registro de todas las empresas que produzcan o importen AEE;
• llevar a cabo inspecciones que garanticen el cumplimiento de la legislación y establecer sanciones penales en caso de ilegalidad;
• exigir a los productores que:
  • cumplan los objetivos mínimos de tratamiento para las diferentes categorías de RAEE,
  • financien el coste de recogida, tratamiento, valorización y eliminación respetuosa con el medio ambiente por parte de todos los usuarios, aparte de los procedentes de hogares particulares, de los productos puestos en venta desde el 13 de agosto de 2005,
  • proporcionen información al público sobre cómo se pueden recoger y devolver los RAEE.

A raíz de la sentencia del Tribunal, para mantener el principio de seguridad jurídica, la Directiva modificativa (UE) 2024/884 aclara que:

• los costes correspondientes a la gestión y eliminación de residuos de los paneles fotovoltaicos comercializados después del 13 de agosto de 2012 siguen correspondiendo al productor de AEE; y
• la responsabilidad ampliada del productor para los productos AEE que hayan entrado en el ámbito de aplicación de la Directiva a partir del 15 de agosto de 2018 debe aplicarse a los productos comercializados después de esa fecha.

Actos de ejecución

En abril de 2017, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/699. Este define los métodos para calcular:

• el peso de los AEE vendidos en cada uno de los mercados de cada Estado miembro;
• la cantidad de RAEE generada por unidad de peso en cada Estado miembro.

En febrero de 2019, la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/290, que establece el formato para la inscripción en el registro y para la presentación de informes de los productores de AEE al registro.

En diciembre de 2019, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución (UE) 2019/2193, que establece normas relativas al cálculo, la verificación y la comunicación sobre los objetivos mínimos de recuperación de RAEE y establece formatos para la comunicación de datos.

Revisión

La Comisión debe evaluar si es necesario revisar la Directiva 2012/19/UE y, en caso afirmativo, presentará una propuesta legislativa a este respecto a más tardar el 31 de diciembre de 2026, acompañada de una evaluación detallada de las repercusiones socioeconómicas y medioambientales.