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Document 12016E266

Anulación de actos jurídicos por el Tribunal de Justicia

Anulación de actos jurídicos por el Tribunal de Justicia

 

SÍNTESIS DE LOS DOCUMENTOS:

Artículo 263 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE)

Artículo 264 del TFUE

Artículo 266 del TFUE

¿CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTOS ARTÍCULOS?

  • El artículo 263 permite recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, «el Tribunal») para impugnar la legalidad de los actos jurídicos de la Unión Europea (UE).
  • El artículo 264 establece que, si el recurso es fundado, el Tribunal declarará la nulidad del acto o, en su caso, indicará cuáles son los efectos del acto declarado nulo que se considerarán definitivos.
  • El artículo 266 obliga a la Parte cuyo acto ha sido anulado a adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal.

PUNTOS CLAVE

Ámbito de aplicación

  • El artículo 263 del TFUE establece que el Tribunal puede controlar la legalidad de:
  • Asimismo, el Tribunal controlará la legalidad de los actos de los órganos u organismos de la Unión destinados a producir efectos jurídicos frente a terceros.
  • El Tribunal ha considerado que, además de los actos como los reglamentos, las decisiones y las directivas, que se definen en el artículo 288 del TFUE como vinculantes, lo que importa es el contenido (y la intención) de la medida, más que la forma (en el asunto C-316/91, Parlamento Europeo contra Consejo). Por lo tanto, la legalidad de otro tipo de actos, como las conclusiones del Consejo, puede ser impugnable (en el asunto C-27/04, Comisión contra Consejo)

¿Quién puede ejercer el recurso de anulación ante un Tribunal?

  • El artículo 263 del TFUE distingue entre tres categorías de demandantes.
    • Demandantes privilegiados: los Estados miembros, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión. Estos demandantes siempre pueden interponer un recurso de anulación como medida de control jurisdiccional (párrafo 2).
    • Demandantes semiprivilegiados: el Tribunal de Cuentas, el BCE y el Comité Europea de las Regiones. Estos demandantes solo pueden presentar recursos de anulación «con el fin de proteger sus prerrogativas» (párrafo 3).
    • Demandantes no privilegiados: las personas jurídicas, como las empresas, y las personas físicas, como los particulares, quienes pueden interponer un recurso judicial, pero están sujetas a condiciones más estrictas en cuanto al cumplimiento del requisito de legitimación (locus standi) (párrafo 4).

Ejercer el recurso de anulación

  • El recurso de anulación debe interponerse en un plazo máximo de dos meses a partir de la fecha de publicación del acto o a partir de su notificación al demandante. El artículo 51 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia prevé una prórroga de diez días para tener en cuenta los retrasos postales por razón de la distancia (véase la síntesis). En el caso de que el acto no se publique ni se notifique, el plazo comienza a contar a partir del día en el que el demandante tiene conocimiento del mismo.
  • Los demandantes no privilegiados deben demostrar que se les ha dirigido un acto o que el acto les afectaba directamente (véase el asunto C-486/01, Front national contra Parlamento Europeo) e individualmente (véase el asunto C-25/62 Plaumann contra Comisión).

Motivos para la anulación de un acto

El artículo 263 del TFUE (párrafo 2) establece los siguientes motivos para la anulación de un acto:

  • por incompetencia;
  • por quebrantamiento sustancial de procedimiento, por ejemplo la necesidad de respetar las prerrogativas de una institución antes de adoptar una decisión, como en el requisito de consulta en el asunto Isoglucose (asuntos C-138/79, SA Roquette Frères contra Consejo, y C-139/79, Maizena GmbH contra Consejo);
  • por quebrantamiento de los tratados o de la Carta de Derechos Fundamentales;
  • por quebrantamiento de cualquier norma de Derecho relativa a la aplicación de los tratados; y
  • por desviación de poder (el demandante debe poder demostrar, basándose en hechos, que el acto en consideración se adoptó con fines no autorizados [asunto C-23/76, Pellegrini contra Comisión]).

Anulación de un acto

El artículo 264 del TFUE representa la base jurídica para la anulación de un acto.

  • Cuando el recurso de anulación es fundado, el Tribunal declara la nulidad del acto impugnado.
  • Sin embargo, el Tribunal indicará, si lo estima necesario, aquellos efectos del acto declarado nulo que deban ser considerados como definitivos. Es decir, que puede declarar operativos determinados aspectos del acto impugnado en interés de:
    • la necesidad de seguridad jurídica (véase, por ejemplo, el asunto C-21/94, Parlamento Europeo contra Consejo); o
    • la necesidad de suspender los efectos de la anulación hasta que una institución competente adopte un acto que sustituya al anulado.
  • Cuando el Tribunal declara la nulidad de un acto, el efecto de la anulación se produce generalmente a partir de la adopción del acto en cuestión (conocido como ex tunc). No obstante, el efecto puede producirse también a partir de la fecha de la sentencia del Tribunal (ex nunc). Además, el Tribunal puede mantener los efectos del acto anulado.
  • La anulación también puede ser parcial, como en el asunto C-378/00, Comisión contra Parlamento Europeo y Consejo, en el que el Tribunal anula un artículo de un acto, pero declara que los actos de ejecución de dicho acto, ya adoptados, deben mantenerse.

Conformidad con la sentencia del Tribunal

La Parte cuyo acto ha sido anulado debe adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia del Tribunal (artículo 266 del TFUE).

ANTECEDENTES

El recurso de anulación es un instrumento jurídico que permite a los países e instituciones y organismos de la UE, así como a los ciudadanos, empresas y grupos de interés en determinadas circunstancias específicas, solicitar directamente al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un control judicial para verificar la legalidad de los actos de la UE.

DOCUMENTOS PRINCIPALES

Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sexta Parte. Disposiciones institucionales y financieras. Título I. Disposiciones institucionales. Capítulo 1. Instituciones. Sección quinta. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Artículo 263 (antiguo artículo 230) (DO C 202 de 7.6.2016, pp. 162-163).

Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sexta Parte. Disposiciones institucionales y financieras. Título I. Disposiciones institucionales. Capítulo 1. Instituciones. Sección quinta. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Artículo 264 (antiguo artículo 231 TCE) (DO C 202 de 7.6.2016, p. 163).

Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sexta Parte. Disposiciones institucionales y financieras. Título I. Disposiciones institucionales. Capítulo 1. Instituciones. Sección quinta. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Artículo 266 (antiguo artículo 233 TCE) (DO C 202 de 7.6.2016, p. 163).

DOCUMENTOS CONEXOS

Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Séptima parte. Disposiciones generales y finales. Artículo 340 (antiguo artículo 288 TCE) (DO C 202 de 7.6.2016, p. 193).

Versión consolidada del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Sexta Parte. Disposiciones institucionales y financieras. Título I. Disposiciones institucionales. Capítulo 2. Actos jurídicos de la Unión, procedimientos de adopción y otras disposiciones. Sección primera. Los actos jurídicos de la Unión. Artículo 288 (antiguo artículo 249 TCE) (DO C 202 de 7.6.2016, pp. 171-172).

última actualización 20.01.2021

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