Dictamen del Comité Europeo de las Regiones — Experiencias y lecciones extraídas por las regiones y ciudades durante la crisis de la COVID-19

(2021/C 300/09)

Ponente: Joke SCHAUVLIEGE (BE/PPE), vicepresidenta del Parlamento de Flandes

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ EUROPEO DE LAS REGIONES

Observaciones preliminares

1.

reconoce que la crisis sanitaria de la COVID-19 ha requerido una respuesta global y a gran escala, teniendo en cuenta no solo las circunstancias nacionales, sino también internacionales y transfronterizas, así como las necesidades locales y regionales;

2.

confirma su compromiso de trabajar en estrecha colaboración con las ciudades y regiones europeas y sus redes, los Estados miembros, las instituciones de la UE y las organizaciones internacionales para evaluar las lecciones extraídas de la gestión de la crisis de la COVID-19 y la recuperación en todos los niveles de gobernanza a fin de mejorar la capacidad de respuesta de la UE en futuras pandemias y otros tipos de crisis;

3.

señala que el papel de los gobiernos locales y regionales no puede ser subestimado en este caso. Cuentan con la ventaja de la proximidad a la ciudadanía, lo cual garantiza que entienden las necesidades locales, y se hallan también en primera línea cuando se trata de dar respuesta. Asimismo, las diferentes modalidades de participación de la sociedad civil desempeñan un papel muy importante a la hora de garantizar la conexión con la ciudadanía y prestarles servicios;

4.

llama la atención sobre el hecho de que diecinueve de los veintisiete Estados miembros atribuyen a los entes locales y regionales competencias primarias o exclusivas en materia de salud pública;

5.

subraya que los entes locales y regionales han estado, y siguen estando, en primera línea de la lucha contra la COVID-19, respondiendo, como nivel más próximo a la ciudadanía, a las emergencias sanitarias, sociales y económicas que afectan a sus comunidades, y conduciendo a nuestra sociedad hacia una recuperación sostenible y resiliente;

6.

está convencido de que se necesita una mayor coordinación entre todos los niveles de gobierno para garantizar una respuesta coherente y eficiente a las crisis futuras. Esto es aplicable no solo a ámbitos como la adquisición de material médico, sino también a los acuerdos transfronterizos, los cierres de fronteras y el movimiento de personas, al apoyo económico, así como al intercambio de información y las actividades de previsión que ayudan a una mejor preparación;

7.

también está convencido de que la cuestión de profundizar las competencias de la UE en el ámbito de la salud (artículo 168 del TFUE) para mejorar la coordinación y la cooperación y dar una respuesta eficaz a las futuras amenazas sanitarias debería discutirse durante la Conferencia sobre el Futuro de Europa. A este respecto, considera necesario impulsar una cooperación europea reforzada, respetando el principio de subsidiariedad;

8.

reitera que las regiones fronterizas se han visto especialmente afectadas por la pandemia, debido a su situación y al carácter no inequívoco de las medidas adoptadas en los países vecinos, lo que genera una gran incertidumbre e inconvenientes para los residentes y empresarios de las zonas fronterizas. Por lo tanto, son necesarias más consultas, entre otras cosas, en torno a los cierres de fronteras, las restricciones a la libre circulación de personas, las medidas de apoyo económico y otras medidas normativas. Las regiones fronterizas pueden servir realmente de campo de pruebas para un enfoque europeo más eficaz;

9.

celebra las medidas adoptadas y las nuevas propuestas presentadas por la Unión Europea en el contexto de la lucha contra la COVID-19 y para apoyar la recuperación de toda la Unión de la crisis; propone que se evalúe minuciosamente su eficacia sobre el terreno a partir de las experiencias de las zonas rurales, las ciudades y las regiones;

10.

hace balance del Barómetro Regional y Local de la UE 2020 (1), elaborado por el Comité Europeo de las Regiones, que proporciona pruebas detalladas sobre los efectos de la COVID-19 a nivel local y regional y presenta ejemplos concretos de prácticas óptimas, así como de los retos afrontados por las ciudades y regiones, incluidas las zonas rurales y las regiones menos desarrolladas;

11.

pide a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales que incluyan a los entes locales y regionales en la preparación de los planes nacionales y de la UE de recuperación y resiliencia en el contexto de la COVID-19 y de posibles futuras pandemias; está convencido de que esas medidas necesitan una dimensión local y regional para ser eficaces;

Una crisis que afecta a los sistemas sanitarios regionales

12.

pone de relieve las responsabilidades de los entes locales y regionales en la esfera de la salud pública en muchos Estados miembros; elogia las medidas adoptadas por los municipios, ciudades y regiones para proteger la salud de sus ciudadanos, gestionar los servicios de asistencia sanitaria esenciales, apoyar a los profesionales de la salud e invertir en los sistemas de asistencia sanitaria de sus territorios, trabajando en estrecha cooperación con la sociedad civil y otros agentes y bajo una inmensa presión durante esta grave emergencia sanitaria;

13.

expresa su convencimiento, en relación con la creación de una futura Unión Europea de la Salud y el anunciado debate sobre las competencias sanitarias en el contexto de la Conferencia sobre el Futuro de la UE, de que es necesario incluir a los entes locales y regionales en estos debates en torno a la ampliación de las competencias sanitarias de la UE en consonancia con el principio de subsidiariedad;

14.

hace notar la disparidad regional existente en los sistemas de salud y los cuellos de botella en la previsión de futuras emergencias, como se pone de relieve en el Barómetro Regional y Local 2020 del CDR; insta a los gobiernos nacionales y a las instituciones de la Unión Europea a que adopten medidas para reducir estas disparidades a partir de las experiencias recientes sobre el terreno de las ciudades y regiones. El Semestre Europeo debería considerar mejor la gran importancia de las inversiones públicas en los sistemas sanitarios;

15.

destaca que la información a nivel de la UE sobre el funcionamiento de la atención sanitaria y los datos en aras de una mejor prevención deberían incluir una dimensión local y regional, en lugar de basarse únicamente en datos de ámbito nacional. Esto reviste especial importancia para preservar la libertad de circulación de las personas, en particular de los trabajadores transfronterizos, en las zonas en las que la propagación del virus está bajo control;

16.

pide a la UE que adopte una estrategia de vacunación sólida y reforzada, que demuestre solidaridad. Por motivos de calidad y seguridad, considera importante mantener un proceso de suministro común de vacunas contra la COVID-19 a escala de la Unión. Hace hincapié en que la UE debe mantener y defender el mercado común de vacunas y equipos de protección. Ningún país debe poder detener el suministro ni firmar sus propios contratos con fabricantes de vacunas. Es importante que los acuerdos firmados a escala de la UE sean transparentes e impongan requisitos claros para la entrega de vacunas, ya que la UE realiza ingentes inversiones en instalaciones de desarrollo y producción;

17.

está convencido de que la UE debe abordar las carencias y reducir su dependencia de terceros países alentando a los Estados miembros y a las empresas a que reubiquen en el territorio europeo la producción de determinados medicamentos, sustancias críticas, incluidas las vacunas, y equipos de protección, a fin de garantizar la autonomía estratégica de la Unión y aumentar la preparación y la resiliencia en circunstancias normales y en situaciones de crisis;

18.

está convencido de la necesidad de que las regiones europeas recopilen de manera segura datos de gran calidad pertinentes respecto de los factores sanitarios, biográficos y socioeconómicos de la población con el fin de identificar a los colectivos vulnerables y facilitar la adopción de políticas sanitarias eficaces. Esto debe financiarse adecuadamente sobre una base sostenible;

19.

señala que todos los niveles de gobierno deberán invertir en la formación y la resiliencia de su personal sanitario local, potenciándose las zonas con mayores carencias en este ámbito y justificándose presupuestariamente esas actuaciones;

20.

subraya que la cooperación transfronteriza debe formar parte de todos los planes de emergencia. Europa necesita reforzar la solidaridad entre sus Estados miembros y regiones e incluir enfoques ascendentes. La cooperación también es necesaria a nivel internacional con los más desfavorecidos porque hemos aprendido que o salimos juntos de la crisis sanitaria o no salimos. Las inversiones comunes pueden ser mucho más eficaces, como se demostró claramente en el sector sanitario cuando las regiones y los países se hicieron cargo de pacientes a través de las fronteras. Además, la adquisición de equipos de protección y un enfoque común en la recopilación de conocimientos y la investigación sobre todos los temas relacionados con la pandemia habrían aportado un importante valor añadido; Europa debe potenciar y proteger su iniciativa investigadora y su producción interior, tanto de vacunas como de materiales y equipos relacionados con esta y otras posibles futuras pandemias, procurando su autosuficiencia y su no dependencia de un mercado exterior;

21.

pide que se adopten medidas para reforzar la credibilidad, la rendición de cuentas y el respeto mutuo entre los distintos niveles de gobierno, repartiendo adecuadamente las responsabilidades entre los distintos niveles y asegurando una buena comunicación; se podría lograr una mejor coordinación entre los niveles políticos, en contextos formales e informales, estableciendo grupos de trabajo eficaces entre las esferas nacional, regional y local, y prestando un apoyo adecuado a los agentes locales, tanto desde el punto de vista financiero como en lo que respecta a los marcos y directrices;

22.

está convencido de la necesidad de que las regiones europeas realicen una evaluación específica del impacto de la pandemia en la salud mental de la población en general, y en especial en los colectivos más vulnerables, refuercen la inversión en atención a la salud mental y diseñen estrategias de protección de la población infantil y juvenil en el contexto de la crisis sanitaria;

Efectos de la pandemia en las zonas rurales

23.

señala que la pandemia ha exacerbado muchos de los problemas existentes en las zonas rurales y ha puesto de relieve una vez más la vulnerabilidad de esas regiones. No obstante, destaca que las zonas rurales y, en concreto, los agricultores, han desempeñado un papel crucial para reforzar la resiliencia de los sistemas alimentarios europeos durante la pandemia, y que los agricultores necesitarán ayuda a la hora de mitigar las amenazas actuales y futuras para poder seguir garantizando que los alimentos europeos sean siempre abundantes, asequibles y accesibles. A este respecto, los métodos y tecnologías agrícolas innovadores más recientes podrían desempeñar un papel clave;

24.

subraya que, en general, las políticas se diseñan desde la perspectiva de las ciudades y las zonas urbanas. Estas no siempre se adaptan bien al contexto, las necesidades y las oportunidades específicas de las zonas rurales; insta a la Comisión Europea a que adopte medidas para tener mejor en cuenta el contexto rural. En el contexto actual, señala el riesgo de que, debido a la situación de emergencia provocada por la crisis, el plan de recuperación y otras políticas de la UE puedan aplicarse de manera más favorable para las ciudades y las zonas urbanas. Si el plan de recuperación no involucra a las regiones en su elaboración y aplicación, no se tendrán en cuenta algunas necesidades y oportunidades para las zonas rurales. Además, es importante destacar que la política rural va más allá de la política agrícola e incluye una política social y de gobernanza de los servicios para las zonas rurales, que suelen ser marginales desde el punto de vista productivo, pero fundamentales respecto de los aspectos medioambientales, paisajísticos y de protección de la biodiversidad. Debe prestarse más atención al desarrollo empresarial, los servicios, la innovación, la protección de la fauna y del paisaje y la accesibilidad en las zonas rurales;

25.

celebra la consulta de la Comisión Europea sobre una nueva visión a largo plazo para las zonas rurales; señala que, para afrontar los diferentes desafíos, es importante que la Comisión Europea establezca objetivos e indicadores específicos al respecto. Para evitar sistemas paralelos, estos objetivos e indicadores deberían integrarse en el seguimiento y el desarrollo en el marco del desarrollo regional. Esto dotaría al documento de un carácter más vinculante y alentaría a los Estados miembros y a los responsables políticos a reflexionar sobre la mejor manera de alcanzar esos objetivos. A partir de los informes de los diferentes Estados miembros sobre los objetivos e indicadores específicos, sería posible supervisar los progresos y, cuando fuera necesario, aumentar la asignación presupuestaria o brindar apoyo adicional. Entre los ejemplos concretos cabe citar: — la transición digital, objetivos para la infraestructura de internet de alta velocidad, enfoque adaptado para pueblos o zonas rurales inteligentes, objetivos sobre las competencias digitales; — la calidad y la oferta de servicios sanitarios, educación, formación en capacidades y banda ancha; — un enfoque amplio sobre el bienestar social y medioambiental, para detectar y satisfacer proactivamente las necesidades de la población;

26.

señala que en las zonas rurales la pandemia no ha tenido únicamente repercusiones negativas. Es probable que el teletrabajo tenga consecuencias a largo plazo para el mercado laboral, ya que brinda nuevas oportunidades tanto a las empresas como a los trabajadores para ejercer su actividad fuera de las ciudades. Si las zonas rurales están interconectadas mediante un acceso rápido a la banda ancha y, al mismo tiempo, pueden ofrecer servicios públicos importantes, es posible que ello facilite a las personas la decisión de trasladarse al campo;

27.

está convencido de que la doble transición digital y ecológica puede ofrecer oportunidades para apoyar la recuperación rural;

28.

destaca el papel crucial que ha tenido la mujer en el medio rural durante la pandemia al responsabilizarse del cuidado del medio ambiente y de las personas. Insiste a la Comisión Europea que cualquier política dedicada al mundo rural debe incorporar la perspectiva de género;

29.

subraya que en situaciones que cambian rápidamente, la falta de información que permite tomar decisiones en conocimiento de causa se hace aún más evidente. El intercambio de datos entre las regiones y los Estados miembros puede ayudar a afrontar este desafío. Para ello, se necesitan ciertas tecnologías e infraestructuras. Las plataformas de intercambio de datos pueden ayudar a que estos estén disponibles rápidamente. Los sistemas existentes pueden adaptarse en función de la nueva información. Esto es aplicable al sector de la sanidad, pero también es muy valioso para otros sistemas que se vieron muy afectados por los desafíos logísticos, los cambios en la mano de obra, etc. Es imperativo crear nuevas formas de coordinación en las cadenas de suministro (materiales, recursos naturales, gestión de desechos, etc.), reconstruir la cadena agroalimentaria y desarrollar formas de pensamiento más circulares e interconectadas;

30.

señala que la flexibilidad de utilizar fondos no comprometidos del Feader para afrontar los problemas de liquidez relacionados con la COVID-19 por parte de los agricultores y las pymes de las zonas rurales benefició a los Estados miembros que tenían una baja tasa de absorción de esos fondos, mientras que los Estados miembros que ya habían utilizado los fondos que se les habían asignado no pudieron beneficiarse de esta medida (2);

31.

recomienda la realización de inversiones que permitan reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro agroalimentario, tanto a escala local como mundial, prestando especial atención a la producción sostenible, las cadenas circulares y, posiblemente, el mantenimiento del valor local. Desde el punto de vista de la resiliencia, hacer hincapié en la diversidad de proveedores y clientes, y crear mecanismos de seguridad, reservas y redundancia en las cadenas de suministro parecen ser vías prometedoras, pero también pueden suponer un coste elevado para las empresas individuales;

32.

considera que la pandemia podría considerarse una oportunidad para acelerar la transición ecológica en nuestras zonas rurales, por ejemplo, aplicando sistemas alimentarios locales o regionales y alcanzando con mayor rapidez los objetivos cuantitativos de la Estrategia «De la granja a la mesa» y, de manera más general, los objetivos del Pacto Verde Europeo, siempre que ello no obre en detrimento de la seguridad económica de los agricultores y las empresas europeas;

33.

toma nota de que la Comisión Europea propone evaluar la resiliencia del sistema alimentario y elaborar un plan de contingencia destinado a garantizar el suministro de alimentos y la seguridad alimentaria en tiempos de crisis. El plan establecerá un mecanismo de respuesta a las crisis alimentarias cuya coordinación correrá a cargo de la Comisión Europea con la participación de los Estados miembros. Abarcará diversos ámbitos (entre otros, la agricultura, la pesca, la seguridad alimentaria, la mano de obra y las cuestiones de sanidad y transporte, las energías alternativas y la agroenergía) en función de la naturaleza de la crisis. Será importante garantizar que los entes locales y regionales de las zonas rurales también puedan contribuir a este mecanismo;

34.

apoya la creación de nuevas oportunidades de participación ciudadana, junto con organizaciones del sector público y privado, así como la potenciación del papel de las comunidades en la cocreación destinada a desarrollar soluciones para los problemas actuales en las zonas urbanas y rurales, por ejemplo, mediante la creación de bienes comunes rurales y urbanos;

35.

subraya el papel que han tenido durante la pandemia las redes solidarias y la economía colaborativa que se han desarrollado en las comunidades rurales, así como entre el medio rural y el urbano;

36.

está convencido de que para hacer frente a los desafíos de la crisis de la COVID-19 en las zonas rurales es útil apoyar y reforzar la iniciativa Leader y centrar la atención en todos los Estados miembros en el desarrollo de las actividades comunitarias y económicas pertinentes, abandonar el enfoque excesivamente centrado en la agricultura y explorar el concepto de pueblos inteligentes como una forma de permitir una mayor flexibilidad. Es necesario adaptar los requisitos administrativos de manera que también puedan participar en el programa voluntarios o grupos de residentes. También será necesario un enfoque más flexible y de abajo arriba para alcanzar un equilibrio entre atender las necesidades a corto plazo de la población local e introducir innovaciones a nivel local. Esto puede hacerse, por ejemplo, conectando los grupos de acción local a las redes de innovadores;

37.

subraya que una reserva eficaz para las crisis agrícolas es, sin duda, una parte esencial del conjunto de instrumentos para responder a cualquier emergencia pandémica futura, y que debe ser financiada adecuadamente sobre una base sostenible;

38.

pide que los entes locales y regionales, incluidos los de las regiones ultraperiféricas, participen en la implantación de los nuevos instrumentos de la UE, como los planes de recuperación Next Generation EU y el mecanismo de respuesta a la crisis alimentaria propuesto por la Comisión en la Estrategia «De la granja a la mesa»;

39.

destaca que los grupos operativos de la Asociación Europea para la Innovación en materia de Productividad y Sostenibilidad Agrícolas (AEI-AGRI) constituyen una buena herramienta para apoyar la innovación agrícola. Se debería presentar un mecanismo similar para estimular la innovación rural más allá del sector agrícola. Este enfoque debería incluir a todos los agentes pertinentes que posean conocimientos y experiencia sobre un problema rural específico y apoyar la creación de redes de intermediarios de conocimientos para la innovación en las zonas rurales, por ejemplo, sobre temas como la salud o la enseñanza;

40.

destaca la importancia del nivel regional para definir los puntos críticos de los sistemas alimentarios con el fin de comprender mejor los sistemas alimentarios locales y así aprovechar mejor la capacidad de los agentes locales; subraya la necesidad de examinar los sistemas alimentarios locales de manera holística, sin centrarse solo en las cadenas de suministro cortas, sino incluyendo también al sector de la gran distribución, por ejemplo, alentando a los supermercados a compartir información y datos sobre los alimentos procedentes tanto de dentro como de fuera de la región; subraya la necesidad de elaborar estrategias alimentarias locales, aprovechando la crisis como una oportunidad para reconstruir los procesos de producción de manera más sostenible; apoya las medidas para acercar la producción de alimentos a los territorios e involucrar a las ciudades y las zonas rurales en la gobernanza de los alimentos;

Recomendaciones sobre los regímenes de ayuda rural de la Comisión Europea durante la crisis

41.

señala que la UE ha permitido el apoyo de los gobiernos nacionales de dos maneras. En primer lugar, creó un nuevo instrumento, SURE, para facilitar hasta 100 000 millones EUR en préstamos a países necesitados, con el respaldo de garantías proporcionadas por los Estados miembros. Los agricultores, las empresas de transformación de alimentos y otras empresas rurales, como las del sector de la hostelería, se han beneficiado de estos regímenes, que garantizan que los trabajadores reciban ingresos y las empresas mantengan a su personal. En segundo lugar, flexibilizó las condiciones y los umbrales para que los Estados miembros concedieran ayudas estatales a las empresas afectadas. Estas ayudas fueron las más significativas, puesto que permitieron prestar ayuda por valor de miles de millones de euros a los agricultores y pescadores durante la pandemia;

42.

subraya que facilitar la circulación transfronteriza de trabajadores temporeros y de productos agrícolas fue una medida directa adoptada a escala de la UE para evitar la interrupción de las cadenas de suministro agroalimentario. A largo plazo, sería más eficiente desarrollar un sistema alimentario territorial para garantizar la seguridad alimentaria en Europa; Subraya que podría ser necesario revisar las normas de competencia para impulsar cadenas alimentarias cortas y locales;

43.

considera necesario reconocer la política de desarrollo rural, junto con la política agrícola, como una política autónoma y coordinarla e integrarla en la política regional. El desarrollo rural va mucho más allá de las empresas agrícolas y la gestión de las tierras agrícolas. En una política de este tipo también deberían tener una importancia fundamental las medidas para promover el desarrollo económico, el turismo, la oferta de servicios en el mundo rural, el despliegue de la banda ancha, la accesibilidad y la comunicación;

44.

sugiere que se estudien medidas que permitan aumentar la flexibilidad del presupuesto de la UE. Por ejemplo, la utilidad del Instrumento de Margen Único mejoraría si se eliminara el requisito de que las cantidades movilizadas por encima de los respectivos límites máximos anuales se compensen con el margen correspondiente para el ejercicio en curso y ejercicios futuros. Otra opción sería aumentar la envergadura máxima permitida del Instrumento de Flexibilidad;

45.

subraya que una reserva eficaz para las crisis agrícolas es, sin duda, una parte esencial del conjunto de instrumentos para responder a cualquier emergencia pandémica futura, y que debe ser financiada adecuadamente sobre una base sostenible;

46.

señala que un elemento clave de la respuesta de la UE a la crisis de la COVID-19 fue permitir respuestas nacionales. Esto fue posible gracias a la flexibilidad de las normas de competencia y, en particular, de las normas sobre ayudas estatales. La flexibilidad de las normas sobre ayudas estatales desempeñó un papel fundamental a la hora de determinar el margen de maniobra de los poderes públicos para apoyar a las empresas y los hogares y, por ende, su capacidad para amortiguar el impacto de la pandemia actual. Sugiere que se siga de cerca el apoyo de los gobiernos nacionales a fin de evitar distorsiones entre Estados miembros;

47.

aboga por la creación de un mecanismo que permita entablar diálogos sobre políticas en los Estados miembros entre todas las partes interesadas pertinentes (incluidas, aunque no exclusivamente, los entes regionales, la comunidad empresarial y la sociedad civil). En lo que respecta a los entes locales y regionales en particular, es esencial que sus necesidades de inversión, en particular para las zonas rurales, se vean plenamente reflejadas en los planes de recuperación de los Estados miembros;

48.

recomienda la realización de inversiones que permitan reforzar la resiliencia de las cadenas de suministro agroalimentario, tanto a escala local como mundial. Desde el punto de vista de la resiliencia, es necesario regular los mercados, reforzar la posición de los agricultores frente a otras partes interesadas del sector, modificar las normas del comercio agrícola internacional para fomentar una mayor equidad y solidaridad en las relaciones comerciales, así como desarrollar sistemas alimentarios territoriales;

Presión imprevista sobre las finanzas públicas locales y regionales

49.

destaca que la ejecución de las diversas medidas de emergencia ha tenido un gran impacto en las finanzas públicas y las economías locales y regionales, la organización de los servicios públicos y el funcionamiento de los entes locales y regionales, tanto a corto como a largo plazo. Al mismo tiempo, los entes locales y regionales se enfrentan a un incremento de la demanda de servicios de salud, higiene y sociales de la ciudadanía, transporte público, enseñanza y otros servicios públicos necesarios, así como de incentivos económicos para las empresas locales y del volumen de medidas en fase de aplicación para avanzar hacia la sostenibilidad y la neutralidad climática;

50.

pide que los gobiernos nacionales y de la Unión Europea asignen más recursos a los entes locales y regionales para potenciar sus sistemas de salud y asistencia, así como su preparación ante situaciones de emergencia, ahora y a largo plazo;

51.

señala que las empresas de las zonas rurales necesitan acceso al crédito y fondos propios. Los bancos cierran sucursales en las zonas rurales, dado que cada vez se recurre más a las cuentas en línea. Mediante el apoyo al capital riesgo, la UE puede facilitar este acceso, a fin de que las empresas del mundo rural dispongan de las mismas oportunidades de desarrollo que las de las zonas más densamente pobladas;

52.

pide a las instituciones europeas que velen por fomentar la claridad en lo que respecta a la interacción entre los diferentes nuevos mecanismos de financiación, incluido el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, y los planes nacionales y de la UE ya existentes, a fin de evitar una mayor complejidad y una tasa de absorción potencialmente baja a nivel local y regional (3). Anima a los Estados miembros y a la Comisión Europea a que involucren en mayor medida a los niveles local y regional en el esfuerzo global de recuperación. El papel que desempeñan en primera línea de la lucha contra la pandemia, en la inversión pública y en estas transiciones paralelas, debe formar parte del plan de recuperación central;

53.

pone de relieve las conclusiones de su reciente informe de aplicación sobre la ayuda estatal; observa que los actuales mapas regionales de ayudas estatales y el marco no reflejan adecuadamente la verdadera situación de las regiones de la UE debido a los nuevos retos derivados de la pandemia de COVID-19 y sus efectos económicos a corto y medio plazo; subraya que las experiencias sobre el terreno apuntan a la necesidad de enfoques e instrumentos más flexibles para ayudar a los entes públicos a afrontar con eficacia el impacto sufrido a nivel regional y local;

54.

subraya que debería darse máxima prioridad al fortalecimiento de la inversión social en aras de una recuperación justa, igualitaria e inclusiva, haciendo hincapié en infraestructuras accesibles y servicios sociales a escala local y regional para mejorar la cohesión económica, social y territorial, con una combinación de políticas adecuada y los recursos financieros necesarios para aplicar el pilar europeo de derechos sociales y la agenda de los ODS. En ese sentido también habría que proporcionar un mayor impulso a la transición digital y a las innovaciones sociales;

55.

destaca que el plan de recuperación de la UE debería orientarse hacia un desarrollo respetuoso con el medio ambiente y sostenible, lo cual reviste suma importancia tanto para las personas como el medio ambiente y conducirá a una nueva recuperación normal. La pandemia ha demostrado que se necesita una infraestructura más ecológica, una movilidad respetuosa con el clima y un turismo sostenible;

Recomendaciones en relación con las normas sobre ayudas estatales

56.

subraya que, en el caso de algunos Estados miembros, un apoyo estatal masivo equivale a un incremento del déficit público y de sus niveles de deuda pública en un momento en que disminuyen los ingresos fiscales y aumenta el pago de prestaciones de desempleo, lo que podría resultar particularmente arriesgado, sobre todo para los Estados miembros que se han visto más afectados por la pandemia y que se da la circunstancia de que también son las principales economías de la zona del euro. Por otra parte, el temor a un aumento de los niveles de deuda puede llevar a algunos Estados miembros a aplazar las inversiones o el gasto en sectores cruciales para la recuperación, lo que también dará lugar, con toda probabilidad, a un aumento de las divergencias económicas dentro del mercado único;

57.

llama la atención sobre el hecho de que las normas y condiciones excesivas y muy estrictas en las que se enmarca el control ejercido por la Comisión pueden mermar la capacidad de los poderes públicos para desempeñar eficazmente su papel en todas estas misiones, mientras que, por otra parte, una gran flexibilidad en materia de ayudas estatales conlleva el riesgo de que se agraven aún más las desigualdades regionales dentro de la UE. Al parecer, la nueva realidad posterior a la pandemia de COVID-19 obliga a todas las partes afectadas a redefinir el equilibrio adecuado entre ambos límites;

58.

acoge favorablemente la prórroga del Marco Temporal relativo a las medidas de ayuda estatal hasta diciembre de 2021. Con un nuevo brote o una reactivación de las medidas de confinamiento restrictivas después del verano, el daño económico será mucho mayor y las ayudas excepcionales de carácter temporal serán aún más indispensables y necesarias durante un período más largo si se quiere impedir que quiebren empresas intrínsecamente sanas. Por ello, se considera deseable dicha prórroga del Marco Temporal hasta el final de la pandemia de COVID-19 especialmente en el caso de las regiones más afectadas por la crisis;

59.

destaca la necesidad de adecuar diversas normas. Cabe señalar, por ejemplo, que, además de la reciente modificación del Reglamento General de Exención por Categorías (RGEC) en relación con las empresas en dificultades, es necesario un criterio más flexible para dichas empresas, en particular, para el sector de las empresas emergentes y en expansión, que a menudo son objeto de rondas de financiación regulares y, por lo tanto, se convierten en empresas en dificultades desde un punto de vista técnico, incluso cuando son intrínsecamente sanas y de rápido crecimiento. Por consiguiente, es urgente flexibilizar en mayor medida el régimen de minimis y sería deseable reforzar el alcance del Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión (4) previendo, además de las ayudas destinadas a compensar los daños causados por desastres naturales (artículo 50), ayudas para compensar los perjuicios provocados por pandemias. Asimismo, sería útil una «adaptación» de las normas en materia de acumulación, ya que en circunstancias como las actuales, debe permitirse la acumulación entre las ayudas de minimis o las percibidas en virtud del RGEC con las ayudas concedidas de conformidad con el Marco Temporal, teniendo en cuenta su intensidad, también en lo que respecta a los costes subvencionables;

60.

aboga por trasladar la carga de la prueba de tal manera que el denunciante o la Comisión Europea tengan que demostrar que un servicio local supone una amenaza para el comercio intracomunitario. Se sostiene que si la carga de la prueba recayera en la Comisión, aumentaría la seguridad jurídica y la voluntad de actuar por parte de los responsables políticos locales y disminuiría el número de denuncias. Algunos alegan que urge cambiar la situación actual, ya que sobre un gran número de medidas pende actualmente una espada de Damocles en lo que respecta a la recuperación de los fondos, ya que los beneficiarios individuales de las ayudas no pueden aportar muchas pruebas. En este contexto, también podría resultar útil ampliar el criterio de efecto negativo para el comercio o especificar el término «local» con mayor detalle;

61.

señala que las regiones y ciudades se enfrentan a una nueva realidad condicionada por los retos socioeconómicos que ha provocado la pandemia de COVID-19. Esta nueva realidad requiere enfoques e instrumentos políticos más flexibles que ayuden a los poderes públicos a afrontar con eficacia las repercusiones observadas a nivel regional y local. Por consiguiente, los actuales mapas de ayudas regionales (período de programación 2014-2020) no tienen suficientemente en cuenta la situación real en las regiones de la UE, que se debe a los nuevos retos derivados de la pandemia de COVID-19 y sus efectos económicos a corto y medio plazo. Del mismo modo, la cobertura de población global, los niveles máximos de ayuda autorizados y el tipo de inversión previsto en el marco de las ayudas estatales de finalidad regional deberían incrementarse o ampliarse para hacer frente a los nuevos retos socioeconómicos que plantea la pandemia en las regiones de la UE;

62.

advierte de que los mapas de ayudas regionales que deben adoptarse antes de final del año 2021, y que se elaboran con datos estadísticos previos a 2020, pueden dificultar la recuperación económica de las regiones más desfavorecidas hasta que se adopte la revisión intermedia de 2024. Efectivamente, por realizarse con datos estadísticos previos a 2020, estos mapas no van a ser un reflejo fiel de la situación económica de las «zonas a» y «zonas c» y pueden dificultar la recuperación económica de estas regiones al reducir la intensidad máxima de ayuda permitida o establecer determinadas limitaciones en la concesión de ayudas a grandes empresas como consecuencia del cambio de calificación de determinadas regiones. Por ello, el Comité Europeo de las Regiones solicita a la Comisión Europea que tenga en cuenta esta realidad y adopte medidas, más allá de una revisión intermedia en 2024, para que las regiones más desfavorecidas, que son las «zonas a» y «zonas c», no se vean perjudicadas por cambios en su clasificación que dificulten su recuperación;

63.

reconoce que es necesario evaluar el impacto de la pandemia a escala regional con el fin de que se vea reflejado en los mapas de ayudas regionales mediante una revisión intermedia en 2024. En este sentido, el aumento de las desigualdades económicas y el reparto injusto de los beneficios del mercado único, provocado por una intervención asimétrica de los Estados en toda la UE, también deben evaluarse a la luz del riesgo de que algunos ciudadanos o Estados miembros dejen de mostrarse favorables a un mercado único cuyos beneficios se reparten de manera poco equitativa. Por lo tanto, sería útil que la Comisión, que controla estas medidas y los importes correspondientes, lleve a cabo un análisis de su impacto en el mercado único y en las desigualdades regionales. Esto contribuirá a la elaboración de políticas y garantizará una mejor orientación de todas las políticas pertinentes de la UE a las necesidades específicas de los territorios de la UE;

64.

considera que principios generales de las normas sobre ayudas estatales, como el efecto incentivador, no pueden constituir un obstáculo respecto de la ejecución de los fondos UE para la recuperación. En este sentido, solicita a la Comisión Europea que considere que se cumple el efecto incentivador cuando la ayuda obtiene uno o más de los siguientes resultados: un considerable incremento de la dimensión del proyecto o actividad como consecuencia de la ayuda; un considerable incremento del alcance geográfico del proyecto o actividad como consecuencia de la ayuda; un considerable incremento del importe invertido por el beneficiario del proyecto o actividad como consecuencia de la ayuda; o un considerable incremento de la velocidad de ejecución del proyecto o actividad como consecuencia de la ayuda;

65.

observa que la aplicación de las normas sobre ayudas estatales guarda una estrecha relación con la utilización de los instrumentos de la política de cohesión. También se ha recomendado que el recurso a las opciones de costes simplificados mencionadas en el RGEC se incorpore también a las Directrices sobre ayudas regionales y no se limite únicamente a las operaciones cofinanciadas por los Fondos EIE. Estas disposiciones ofrecen un compromiso interesante entre el necesario control de los fondos públicos y una carga administrativa razonable y coherente. Además, se considera que las disposiciones en materia de deslocalización, en particular las relativas a la política de cohesión, no son suficientemente concretas y claras. La propuesta de conceder inmediatamente exenciones sobre ayudas estatales en relación con la aprobación de los programas operativos confirma el estrecho vínculo entre las normas de competencia y las de la política de cohesión;

Apoyo a la transición digital en las zonas rurales

66.

toma nota de las conclusiones del Barómetro Regional y Local 2020 del CDR (5), en el que se afirma que las nuevas soluciones digitales adoptadas por los entes locales y regionales en respuesta a la crisis de la COVID-19 podrían reforzar la transición digital en curso, pero también se corre el riesgo de ampliar la «brecha digital», incluso entre las zonas rurales y urbanas;

67.

apunta que el futuro de las zonas rurales pasa por dotarlas de servicios e infraestructuras básicos suficientes y, por supuesto, combatir la brecha digital. Subraya la crucial importancia para estas zonas de la transformación hacia una economía y una sociedad sostenibles y climáticamente neutras. Los modelos de negocio sostenibles y eficientes en el uso de los recursos, centrados en la economía circular y el mayor empleo de biomateriales, abren nuevas oportunidades que deben aprovecharse a través de los instrumentos de la UE;

68.

pide políticas y financiación que apoyen una alta conectividad digital para todas las regiones y entes locales de la UE, incluidas las zonas rurales, para garantizar que las personas y las empresas puedan adaptarse a la crisis y al cambiante mundo laboral; observa que un mayor recurso al teletrabajo puede provocar cambios demográficos y económicos de las ciudades a las zonas suburbanas o rurales; No obstante, recuerda que este cambio solo podría ser posible si se desarrollan conexiones de movilidad sostenible entre las zonas rurales, intermedias y urbanas;

69.

pide que se invierta en la oferta de conexión a internet de alta velocidad en todas partes, prestando especial atención a las zonas rurales y las regiones menos desarrolladas. Además, será importante desarrollar estrategias para proporcionar a los hogares (rurales) los equipos necesarios de buena calidad a precios asequibles. Una acción muy específica podría ser que Europa incentivara a las empresas para que donen equipos a la ciudadanía. Es necesario establecer objetivos específicos para las zonas rurales en cuanto a la disponibilidad de banda ancha rural, equipos y conocimientos técnicos. El actual informe del Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI, por sus siglas en inglés) debería proporcionar esta información;

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pone de relieve la necesidad de una educación y formación digitales dirigida a las personas que necesitan desarrollar sus aptitudes digitales, teniendo en cuenta los diferentes grupos de edad, el nivel de ingresos y las especificidades de algunos colectivos, como los agricultores. Las escuelas, así como otros centros de convivencia y relación social, pueden desempeñar un papel importante en los proyectos de digitalización (para todos los grupos de edad), pero otros organismos y empresas también pueden hacerlo;

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pide que el programa Europa Digital, con su red de Centros de Innovación Digital Europeos, preste especial atención a las necesidades de las zonas rurales y ofrezca servicios adaptados a través de plataformas que conozcan a fondo sus necesidades específicas, con un estrecho vínculo con las comunidades locales;

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destaca, en relación con las medidas de flexibilidad introducidas por la UE en la ejecución de los Fondos EIE para ayudar a hacer frente a la crisis, que en muchos Estados miembros se observó una reducción real de las ayudas con cargo a los fondos estructurales y de cohesión otorgadas a las zonas rurales. La capacidad de aumentar el porcentaje de cofinanciación de la UE tuvo el efecto contrario de reducir las transferencias globales a las zonas rurales porque permitió limitar la cofinanciación nacional;

Bienestar, pobreza y calidad de vida

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destaca que hay diferentes factores que influyen en la pobreza y el bienestar en las ciudades y en las zonas rurales. El enfoque para abordar los problemas se basa a menudo en las realidades urbanas. Además, no existen muchos estudios comparativos sobre los diferentes aspectos del bienestar, lo que dificulta la adaptación del enfoque al contexto rural;

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pone de relieve la necesidad de invertir en estudios (comparativos) sobre el bienestar, la pobreza y la calidad de vida en las zonas rurales para entender mejor los problemas específicos a los que se enfrentan las zonas rurales;

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destaca que los voluntarios son fundamentales para la calidad de vida y el bienestar y que han desempeñado un papel importante en la respuesta a la crisis de la COVID-19. Los voluntarios y las organizaciones de voluntarios a menudo se organizan a nivel muy local, en los barrios o en la calle. Esta proximidad les ha permitido ayudar cuando ha sido necesario, informando de las medidas a las personas o proporcionándoles alimentos o atención social y sanitaria. Se recomienda que los entes locales y regionales aprovechen estas redes de voluntarios existentes para encontrar nuevas formas de llegar a las personas que viven en la pobreza o cuyo bienestar deja que desear. Para liberar el potencial que tienen estas organizaciones de voluntarios, los fondos de la UE podrían permitir ayudarlas mediante un tipo diferente de cofinanciación. Por ejemplo, autorizar la contabilización de horas de voluntariado como cofinanciación posibilitaría a estas organizaciones acogerse más fácilmente a la financiación de la UE;

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señala que todos los niveles de gobierno deben preparar una estrategia de comunicación específica para asegurar que las personas entienden los riesgos existentes y guiarlas para que adopten comportamientos adecuados. La coherencia de los mensajes, proporcionar fuentes de información fiables y accesibles, y el uso de buenos elementos visuales son aspectos importantes de esta estrategia. Es necesario formar, por una parte, a equipos de comunicadores que puedan llegar directamente a las personas y, por otra, a funcionarios y expertos en comunicación; subraya la necesidad de reconocer el papel de los entes locales en esta estrategia de comunicación, que pueden ayudar a tender un puente entre los responsables de las políticas, los expertos y la ciudadanía;

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destaca la importancia de supervisar el respeto del principio de subsidiariedad. Las medidas de emergencia no pueden dar lugar a una centralización de las competencias por parte de los gobiernos nacionales, limitando así el papel de los parlamentos nacionales y de los entes locales y regionales;

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subraya que algunos trabajadores vulnerables, como los trabajadores de plataformas digitales, los trabajadores de los servicios de reparto o los conductores, así como los trabajadores que prestan atención y cuidado a las personas en situación de dependencia, son esenciales para nuestra economía y deben ser mejor reconocidos en nuestra sociedad; Además, es preciso garantizar a los teletrabajadores el derecho a la desconexión;

79.

toma nota de que, según las estimaciones y los datos de Eurostat, en los tres primeros meses de la crisis unas 900 000 personas más perdieron su puesto de trabajo. Esta es la razón por la que los esfuerzos de recuperación de la UE requieren una fuerte dimensión social a fin de proteger los regímenes de seguridad social, salvaguardar los puestos de trabajo y evitar despidos improcedentes;

80.

hace hincapié en que la crisis ha agravado las desigualdades de género y la violencia de género. Los casos de violencia doméstica aumentaron un tercio en algunos Estados miembros de la UE a raíz del confinamiento. Además, la crisis de la COVID-19 tiene una evidente dimensión de género. Al mismo tiempo, la pandemia ha exacerbado las desigualdades, la marginación y la discriminación existentes en Europa, y ha reforzado el racismo estructural. Del mismo modo, ha tenido un impacto negativo en los colectivos más vulnerables, entre los que se encuentran las personas mayores y las personas con discapacidad;

81.

señala que las ciudades y regiones y los dirigentes de la UE pueden construir una Europa social más fuerte colaborando en una asociación estratégica renovada; señala, asimismo, que la colaboración entre las ciudades y las zonas rurales ofrece precisamente un gran potencial para la recuperación («aunar fuerzas»);

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destaca que la inversión social debe reforzarse como prioridad clave en aras de una recuperación justa e integradora. Se nos ofrece la oportunidad de hacer algo más que desbaratar temporalmente las consecuencias de la crisis pandémica y continuar donde lo dejamos. Podemos reconstruir mejor. Debemos asegurarnos de que toda la ciudadanía europea tenga acceso a una asistencia sanitaria asequible y de buena calidad. Es necesario crear más puestos de trabajo de calidad con condiciones de trabajo justas, itinerarios educativos más inclusivos y formación en capacidades, proporcionar una vivienda digna y asequible, prestar un apoyo activo a las personas más vulnerables y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas. Para ello, se requiere una fuerte inversión en infraestructuras y servicios sociales a escala local y regional, con una combinación de políticas adecuada y recursos financieros que permitan aplicar el pilar europeo de derechos sociales y la agenda de los ODS;

83.

destaca la necesidad de una estrategia y una coordinación transfronterizas en materia de comunicación, actuación y recuperación. Toma nota de que se ha reforzado considerablemente la solidaridad entre municipios locales y regionales a través de las fronteras estatales (puesta en común de equipos médicos, acciones benéficas, etc.). Al mismo tiempo, debido a las diferentes y a veces alienantes medidas adoptadas a nivel nacional, la percepción del ciudadano de a pie del otro lado de la frontera se ha visto dominada por la sospecha o el miedo. Incluso allí donde la integración era fuerte, como en los Estados del Benelux o los países del Consejo Nórdico, han surgido muchos conflictos y llevará tiempo recuperar la confianza;

84.

destaca que la transparencia es una cuestión fundamental en una situación de crisis: la ciudadanía necesita saber quién es responsable de qué. En cierto modo, la pandemia ha incidido profundamente en la manera en que se elaboran las políticas; observa que la calidad global de una democracia puede evaluarse en una pandemia como la actual;

85.

llama la atención sobre el hecho de que una buena comunicación requiere hablar el idioma de la gente. El idioma no es solo una cuestión de palabras, sino también la forma en que las personas las expresan y pueden entender los mensajes, las diferencias culturales y las opiniones; observa que la comunicación a los antivacunas plantea un desafío específico a este respecto, al igual que la refutación de las noticias falsas;

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si algo nos ha mostrado esta crisis es la interdependencia de todas las personas del planeta y la importancia de mantener la proximidad con las problemáticas reales haciendo que lo local y global se retroalimenten. Hemos aprendido que estamos ante una crisis global que requiere una respuesta global y solidaria. Esto implica una mayor cooperación internacional para ayudar a cubrir las necesidades, también las de las regiones más pobres, evitando que el virus circule libremente, con el riesgo de que aparezcan mutaciones más peligrosas. Es evidente que la cooperación descentralizada de nuestras regiones y ciudades ha resultado ser un instrumento privilegiado de la cooperación internacional europea para contribuir a afrontar los desafíos de los territorios más desfavorecidos en cuanto a garantizar un acceso universal y de calidad a los servicios públicos tan necesarios para alcanzar el objetivo último que es el de salir todos y todas juntos de esta crisis mundial.

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(1)  Comité Europeo de las Regiones: Barómetro Regional y Local 2020 disponible en Barómetro Regional y Local Anual de la UE (europa.eu).

(2)  Ídem.

(3)  Comité Europeo de las Regiones: Barómetro Regional y Local 2020 disponible en Barómetro Regional y Local Anual de la UE (europa.eu).

(4)  Reglamento (UE) n.o 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado (DO L 187 de 26.6.2014, p. 1).

(5)  Comité Europeo de las Regiones: Barómetro Regional y Local 2020 disponible en Barómetro Regional y Local Anual de la UE (europa.eu).