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Condene a las demandadas, conjuntamente o por separado, a indemnizar y reparar los perjuicios causados (incluido el abono de los intereses al tipo y por el período que el Tribunal de Justicia estime oportunos) a las demandantes debido a la responsabilidad en que incurrieron las primeras por las violaciones de los derechos humanos fundamentales de estas últimas, concretamente los artículos 2, 3, 6, 8 y 13 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (1) y 2, 4 y 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») por lo que se refiere a la primera demandante y los artículos 2, 3 6 y 13 del Convenio y 2, 4 y 47 de la Carta por lo que se refiere a la segunda demandante, conforme a lo establecido en el artículo 340 TFUE, párrafo segundo.

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Condene a las demandadas a cargar con las costas de las demandantes, con arreglo al artículo 134 del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, costas que, a todos los efectos pertinentes, no deben limitarse a los importes en concepto de asistencia legal declarados por el Tribunal de Justicia mediante el auto de 20 de noviembre de 2020 y que deben incluir las costas del procedimiento ante el Grupo de revisión en materia de derechos humanos (en lo sucesivo, «HRRP»).

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Una infracción continua de los artículos 2 y 3 del CEDH (vertiente procesal) por las demandadas al no haber adoptado las medidas correctoras pertinentes, después de que se les notificara, a más tardar el 29 de abril de abril 2016, que el HRRP había declarado que EULEX había infringido los artículos 2 y 3 del CEDH en el cumplimiento de su mandato ejecutivo.

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Una infracción continua de los artículos 6 y 13 del CEDH y 47 de la Carta por la decisión del Consejo de crear el HRRP sin facultades para prestar apoyo judicial a quienes acreditaran los requisitos para acogerse a él ni capacidad hacer cumplir sus resoluciones y dar respuesta a las infracciones constatadas.

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Desviación o abuso de su poder ejecutivo por el Consejo y el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) el 12 de octubre de 2017 al afirmar que EULEX había hecho todo lo que estaba a su alcance para investigar el secuestro y el probable asesinato del marido de la primera demandante y el asesinato del marido y del hijo de la segunda demandante y que el grupo de expertos no tenía vocación de órgano judicial.

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Desviación o utilización indebida de su poder ejecutivo en la medida en que la Decisión (PESC) 2018/856 del Consejo (3) revocó el mandato ejecutivo de EULEX el 8 de junio de 2018, a pesar de que seguían existiendo las infracciones.