—

Vistos los artículos 2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 21 y 23 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 8, 9, 10, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 45, 46, 47, 48, 153 y 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

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Vistos los artículos 10 y 11 del TUE, así como la declaración del artículo 10, apartado 3, según la cual «todo ciudadano tiene derecho a participar en la vida democrática de la Unión»,

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Visto el artículo 3, apartado 2, del TUE, que consagra el derecho a la libre circulación de las personas,

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Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

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Visto el marco financiero plurianual para el período 2020-2027,

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Visto el Reglamento (CE) n.o 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2001, relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (1),

—

Vista la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (2),

—

Visto el Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se establece el programa «Europa para los Ciudadanos» (3) para el período 2014-2020,

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Visto el Reglamento (UE) n.o 492/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, relativo a la libre circulación de los trabajadores dentro de la Unión (4),

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Visto el Reglamento (UE) 2016/589 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de abril de 2016, relativo a una red europea de servicios de empleo (EURES), al acceso de los trabajadores a los servicios de movilidad y a la mayor integración de los mercados de trabajo y por el que se modifican los Reglamentos (UE) n.o 492/2011 y (UE) n.o 1296/2013 (5),

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Vista la Directiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de septiembre de 2005, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales (6),

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Vista la Directiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de noviembre de 2013, por la que se modifica la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales y el Reglamento (UE) n.o 1024/2012 relativo a la cooperación administrativa a través del Sistema de Información del Mercado Interior (7),

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Vista la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un documento provisional de viaje de la UE y se deroga la Decisión 96/409/PESC (COM(2018)0358),

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Vista la Directiva (UE) 2015/637 del Consejo, de 20 de abril de 2015, sobre las medidas de coordinación y cooperación para facilitar la protección consular de ciudadanos de la Unión no representados en terceros países y por la que se deroga la Decisión 95/553/CE (8),

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Vista la propuesta de la Comisión de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el programa Derechos y Valores (COM(2018)0383),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2009, titulada «Orientaciones para una mejor transposición y aplicación de la Directiva 2004/38/CE relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros» (COM(2009)0313),

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Visto el Informe de la Comisión, de 24 de enero de 2017, titulado «Fortaleciendo los derechos de los ciudadanos en una Unión de cambio democrático — Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017» (COM(2017)0030),

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Vista la Recomendación de la Comisión, de 12 de septiembre de 2018, relativa a las redes de cooperación electoral, la transparencia en línea, la protección contra los incidentes de ciberseguridad y la lucha contra las campañas de desinformación en el contexto de las elecciones al Parlamento Europeo (C(2018)5949),

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Vista su Resolución, de 16 de febrero de 2017, sobre la mejora del funcionamiento de la construcción de la Unión Europea aprovechando el potencial del Tratado de Lisboa (9),

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Vistas su Resolución, de 28 de octubre de 2015, sobre la iniciativa ciudadana europea (10) y la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la iniciativa ciudadana europea (COM(2017)0482),

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Vista su Resolución, de 16 de enero de 2014, sobre la ciudadanía de la UE en venta (11),

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Vista su Resolución, de 12 de abril de 2016, sobre la adquisición de conocimientos acerca de la Unión Europea en la escuela (12),

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Vista su Resolución, de 2 de marzo de 2017, sobre la aplicación del Reglamento (UE) n.o 390/2014 del Consejo, de 14 de abril de 2014, por el que se establece el programa «Europa para los Ciudadanos» para el período 2014-2020 (13),

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Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2017, sobre los obstáculos a la libertad de los ciudadanos de la Unión de circular y trabajar en el mercado interior (14),

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Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 31 de enero de 2013, sobre «Reforzar la ciudadanía de la UE: promover los derechos electorales de los ciudadanos de la Unión»,

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Vistos los estudios publicados en 2016 por el Departamento Temático C del Parlamento, titulados «Obstáculos a la libre circulación y residencia de los ciudadanos de la UE y sus familias»,

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Visto el informe de 2018 de la Agencia de los Derechos Fundamentales titulado «Making EU citizens’ rights a reality: national courts enforcing freedom of movement and related rights» (Hacer realidad los derechos de los ciudadanos de la UE: aplicación de la libre circulación y los derechos conexos por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales),

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Vistos los resultados del Eurobarómetro 89/2018,

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Vista su Resolución, de 7 de febrero de 2018, sobre la composición del Parlamento Europeo (15),

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Vista su recomendación, de 4 de julio de 2018, sobre el proyecto de Decisión del Consejo por la que se modifica el Acta relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo, aneja a la Decisión 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consejo, de 20 de septiembre de 1976 (la «ley electoral») (16),

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Vista su Decisión, de 7 de febrero de 2018, sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea (17),

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Vista su Resolución, de 30 de mayo de 2018, sobre el marco financiero plurianual 2021-2027 y los recursos propios (18),

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Vista su Resolución, de 14 de noviembre de 2018, sobre el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 — Posición del Parlamento con vistas a un acuerdo (19),

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 12 de septiembre de 2018, titulada «Garantizar unas elecciones europeas libres y justas» (COM(2018)0637),

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Vistos el artículo 52 de su Reglamento interno, así como el artículo 1, apartado 1, letra e), y el anexo 3 de la Decisión de la Conferencia de Presidentes, de 12 de diciembre de 2002, sobre el procedimiento de autorización para la elaboración de informes de propia iniciativa,

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Constitucionales y las opiniones de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y de la Comisión de Peticiones (A8-0041/2019),

A.

Considerando que la ciudadanía de la Unión y los derechos que conlleva fueron instaurados por primera vez en 1992 por el Tratado de Maastricht y reforzados por el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en diciembre de 2009, pero que solo han sido objeto de una aplicación parcial;

B.

Considerando que los derechos, valores y principios en los que se basa la Unión, puestos de relieve en los artículos 2 y 6 del TUE, sitúan a los ciudadanos en el centro mismo del proyecto europeo; que, por consiguiente, el debate sobre el futuro de Europa también implica una reflexión sobre la fortaleza de nuestra identidad común;

C.

Considerando que los principios de transparencia, integridad y rendición de cuentas de las instituciones de la Unión y de los procesos de toma de decisiones, dimanantes de los artículos 10 y 11 del TUE y del artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, son elementos sustantivos del concepto de ciudadanía y resultan fundamentales para desarrollar y reforzar la credibilidad de la Unión en su conjunto y la confianza en ella; que con el recurso a acuerdos e instrumentos específicos e intergubernamentales en diversos ámbitos políticos de la Unión, así como a órganos informales responsables de la adopción de decisiones, sorteando y desinstitucionalizando el procedimiento legislativo habitual, se corre el riesgo de socavar gravemente tales principios;

D.

Considerando que la Unión ha tenido dificultades para encarar numerosas crisis con importantes repercusiones socioeconómicas que han conducido al auge de ideologías populistas y nacionalistas basadas en identidades exclusivas y criterios de supremacía que contradicen los valores europeos;

E.

Considerando que la insatisfactoria gestión de las distintas crisis ha aumentado la decepción de los ciudadanos con respecto a algunos de los resultados del proyecto de integración de la Unión; que es fundamental garantizar que la ciudadanía de la Unión sea considerada como un valioso privilegio por los ciudadanos, entre otras cosas, mediante el restablecimiento de la confianza en el proyecto de la Unión, la primacía del fomento de todos los derechos de los ciudadanos, incluidos los derechos civiles, políticos y sociales entre otros, la mejora de la calidad de la democracia en la Unión, el disfrute en la práctica de los derechos y libertades fundamentales y la posibilidad de que todo ciudadano participe en la vida democrática de la Unión, al mismo tiempo que se prevé una mayor participación de la sociedad civil en los procesos de toma y aplicación de decisiones;

F.

Considerando que la actual revisión de la iniciativa ciudadana europea tiene por objeto mejorar su eficacia y reforzar la democracia participativa y el ejercicio activo de la ciudadanía;

G.

Considerando que el acceso a la ciudadanía de la Unión se adquiere a través de la posesión de la nacionalidad de un Estado miembro, que está regulada por las legislaciones nacionales; que, al mismo tiempo, los derechos y obligaciones derivados de la ciudadanía de la Unión están consagrados en el Derecho de la Unión y no dependen de los Estados miembros, por lo que estos no pueden limitarlos de manera injustificada;

H.

Considerando que en el contexto del acceso a la ciudadanía nacional los Estados miembros deben estar sujetos a los principios del Derecho de la Unión, como la proporcionalidad, el Estado de Derecho y la no discriminación, que han sido exhaustivamente desarrollados en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

I.

Considerando que la perspectiva del Brexit ha puesto de relieve la importancia de los derechos de ciudadanía de la Unión, especialmente entre los jóvenes europeos, y su papel en la vida de millones de ciudadanos de la Unión, y también ha hecho que en la Unión se cobre conciencia de la posible pérdida de tales derechos por ambas partes;

J.

Considerando que en 2014 la participación media en las elecciones al Parlamento Europeo fue del 42,6 %; que, según la última encuesta del Eurobarómetro, publicada en mayo de 2018, solo el 19 % de los europeos entrevistados conocía la fecha de las próximas elecciones europeas;

K.

Considerando que los ciudadanos de la Unión prácticamente no conocen las oficinas de Europe Direct, a pesar de que su función principal es proporcionar información;

L.

Considerando que existen más de 400 centros de información Europe Direct en toda la Unión que contribuyen a que la Comisión informe a los ciudadanos sobre las políticas de la Unión que les interesan directamente con objeto de relacionarse con los ciudadanos a escala local y regional;

M.

Considerando que el concepto de ciudadanía define la relación de los ciudadanos con una comunidad política, incluidos sus derechos, deberes y responsabilidades; que el artículo 20 del TFUE confiere a los ciudadanos de la Unión el derecho de sufragio activo y pasivo en las elecciones al Parlamento Europeo y en las elecciones municipales del Estado miembro en el que residan, en las mismas condiciones que los nacionales de dicho Estado;

N.

Considerando que los ciudadanos europeos están directamente representados en el Parlamento Europeo y que todos los ciudadanos deben recibir la misma atención por parte de las instituciones de la Unión; que en el artículo 8 del TFUE se establece el principio de la integración de la igualdad de género al afirmar que, «en todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad»;

O.

Considerando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha determinado en una serie de asuntos que los nacionales de un Estado miembro también pueden invocar los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión ante dicho Estado (20);

P.

Considerando que varios Estados miembros ofrecen los llamados «programas de visados de oro» y programas para inversores como vía para obtener su nacionalidad;

Q.

Considerando que la libre circulación brinda a los ciudadanos de la Unión la oportunidad de viajar, estudiar, trabajar y residir en otros Estados miembros; que más de 16 millones de europeos ejercen su derecho a residir en otro país de la Unión;

R.

Considerando que el derecho a la libre circulación es un elemento fundamental de la ciudadanía de la Unión y complementa las demás libertades del mercado interior de la Unión; que los jóvenes europeos aprecian especialmente la libre circulación, que se considera el logro más positivo de la Unión tras la consolidación de la paz en Europa;

S.

Considerando que la aplicación de la Directiva 2004/38/CE se ha enfrentado a dificultades prácticas, y que los europeos aún pueden toparse con obstáculos a la hora de desplazarse a otro Estado miembro o de vivir en otro Estado miembro debido a la discriminación derivada de los requisitos en materia de nacionalidad, entrada y residencia; que existe abundante jurisprudencia del Tribunal de Justicia destinada a aclarar conceptos fundamentales para la movilidad de los ciudadanos de la Unión;

T.

Considerando que el derecho a la protección consular está garantizado en virtud de los artículos 20 y 23 del TFUE, y que, por consiguiente, los ciudadanos de la Unión pueden acogerse, en el territorio de un tercer país en el que no esté representado el Estado miembro del que sean nacionales, a la protección de cualquier otro Estado miembro en las mismas condiciones que los nacionales de este último; que los ciudadanos europeos de un Estado miembro que no tenga representación en el tercer país de que se trate pueden verse afectados por situaciones de emergencia, catástrofes naturales o acontecimientos como atentados terroristas;

U.

Considerando que, en el Informe sobre la Ciudadanía de la UE 2017, la Comisión ha demostrado su compromiso de organizar una campaña de información y concienciación en toda la Unión sobre la ciudadanía de la Unión, con objeto de ayudar a los ciudadanos a comprender mejor sus derechos; que los Estados miembros y la sociedad civil deben compartir esta responsabilidad de informar mejor a los ciudadanos de la Unión acerca de sus derechos y obligaciones;

V.

Considerando que, según el Informe sobre la ciudadanía de la UE 2017 de la Comisión, desde 2012 son cada vez más numerosas las personas que afirman haber sufrido alguna forma de discriminación;

W.

Considerando que la creación del espacio Schengen y la integración del acervo de Schengen en el marco de la Unión han reforzado considerablemente la libre circulación dentro de la Unión y constituyen uno de los mayores logros del proceso de integración europea;

X.

Considerando que la introducción de la ciudadanía europea es un logro del proyecto europeo que aún no ha desarrollado su pleno potencial; que se trata de una construcción única que no existe en otras partes del mundo;

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