1.

¿Cómo debe interpretarse la disposición que exige a las personas jurídicas constituidas y a otras personas jurídicas que recaben información adecuada sobre su titularidad real? ¿Basta, por regla general, la comunicación de la identidad del titular real a la entidad obligada o deben aportarse, además, los documentos justificativos con valor probatorio (escritura de constitución, etc.)?

2.

En caso de que la mera transmisión de información no sea suficiente, sino que, por regla general, se deban presentar también los documentos justificativos (escritura de constitución, etc.): ¿se altera de algún modo esta situación cuando el titular real es una persona jurídica que tiene su domicilio social en un Estado del EEE y, por tanto, también está sujeto a las disposiciones de la Directiva (UE) 2015/849? ¿Basta, al menos en este caso, la mera transmisión de información?

3.

Si la respuesta dada a la cuestión 2 es negativa: ¿se altera esta situación cuando el órgano de administración del titular real es un abogado, un notario o un administrador fiduciario (sociedades) que, en virtud de la legislación nacional, está obligado, bajo amenaza de sanción grave o, en su caso, retirada de la autorización para el ejercicio en caso de incumplimiento, a facilitar una información completa y exacta y en la que el ordenamiento jurídico nacional deposita una confianza particular?

4.

Si la respuesta dada a la cuestión 3 es también negativa y, por ende, la obligación de presentar los documentos justificativos (escritura de constitución, etc.) existe en todos los casos:

1.

¿Cómo debe proceder la entidad obligada a recabar información adecuada, de conformidad con el artículo 30, apartado 1, de la Directiva 2015/849, si el titular real se niega a facilitar información o, dependiendo de las respuestas dadas a las cuestiones de la sección I, a presentar los documentos justificativos, o bien no facilita información exacta y actual?: ¿debe entonces la entidad obligada, por su cuenta y riesgo, ejercitar acciones legales contra el titular real para que comunique la información o, en su caso, ejercitar una acción judicial similar prevista en el Derecho nacional, o bien puede conformarse con la información proporcionada por el titular real o con su negativa a comunicar la información? En este caso, si fuera necesario, ¿debe aplicarse mutatis mutandis el artículo 3, apartado 6, letra a), inciso ii), de la Directiva (UE) 2015/849, que dispone la actuación «una vez agotados todos los medios posibles», es decir, debe entenderse que el necesario agotamiento de todos los medios incluye la interposición de una acción judicial por su cuenta y riesgo?

2.

Si la respuesta dada a la cuestión anterior es afirmativa (es decir, que existe la obligación de interponer una acción judicial): ¿debe entonces, si fuera necesario, aplicarse mutatis mutandis el artículo 3, apartado 6, letra a), inciso ii), de la Directiva debido a que existe la obligación de que la entidad obligada emprenda acciones legales por su cuenta y riesgo cuando haya motivos de sospecha o se planteen dudas (aunque sean mínimas) en relación con la información facilitada?