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Vistos los resultados de la Conferencia Internacional sobre Afganistán celebrada en Bruselas el 5 de octubre de 2016 y copresidida por la Unión Europea,

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Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Afganistán, en particular su Resolución, de 26 de noviembre de 2015, sobre Afganistán, en particular las matanzas perpetradas en la provincia de Zabul (1), y su Resolución, de 13 de junio de 2013, sobre las negociaciones para un Acuerdo de Cooperación sobre Colaboración y Desarrollo entre la UE y Afganistán (2),

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Vistas las Conclusiones del Consejo sobre Afganistán, de 16 de octubre de 2017,

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Vista la declaración del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 14 de septiembre de 2016, sobre la situación en Afganistán,

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Vistas las Resoluciones 2210 (2015) y 2344 (2017) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como el mandato de la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA),

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Vista la Comunicación conjunta de la Comisión y el SEAE, de 24 de julio de 2017, al Parlamento Europeo y al Consejo, titulada «Elementos de una estrategia de la UE para Afganistán» (JOIN(2017)0031),

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Visto el informe de Human Rights Watch (HRW) de 13 de febrero de 2017 titulado «Pakistan Coercion, UN Complicity: The Mass Forced Return of Afghan Refugees» [Coacción pakistaní, complicidad de las Naciones Unidas: el retorno forzado masivo de refugiados afganos],

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Visto el informe trimestral presentado por el inspector general especial estadounidense para la reconstrucción de Afganistán (SIGAR, por sus siglas en inglés) al Congreso de los Estados Unidos, de 30 de enero de 2017,

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Visto el documento titulado «Acción conjunta para el futuro entre Afganistán y la UE sobre cuestiones relativas a la migración», firmado el 3 de octubre de 2016,

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Visto el Acuerdo de Cooperación sobre Asociación y Desarrollo entre la Unión Europea y Afganistán, firmado el 18 de febrero de 2017,

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Visto el informe de las Naciones Unidas sobre el trato dispensado a los detenidos en relación con el conflicto en Afganistán, de abril de 2017,

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Visto el artículo 123, apartados 2 y 4, de su Reglamento interno,

A.

Considerando que, desde 2001, la Unión Europea y sus Estados miembros han venido trabajando con Afganistán y la comunidad internacional en general en la lucha contra el terrorismo y el extremismo, aspirando al mismo tiempo a alcanzar una paz y un desarrollo duraderos; que, debido a la creciente presión insurgente y terrorista, una economía en dificultades y la inestabilidad en la esfera política, están en peligro estos objetivos y el considerable progreso conseguido;

B.

Considerando que, desde 2002, la Unión y sus Estados miembros han aportado miles de millones de euros para la asistencia y la ayuda humanitarias y al desarrollo en Afganistán; que la Unión es el principal socio de la cooperación para el desarrollo de Afganistán y se prevé que aporte hasta 5 000 millones del total de 13 600 millones de euros prometidos para el periodo 2017-2020 durante la Conferencia Internacional de Bruselas sobre Afganistán que tuvo lugar en octubre de 2016;

C.

Considerando que es esencial garantizar la democracia, los derechos humanos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza durante toda la transición en Afganistán y en su década de transformación (2015-2024) para instaurar un Estado estable y próspero;

D.

Considerando que a lo largo de los últimos quince años, desde 2001, se han logrado mejoras considerables del nivel de vida, dado que el acceso a la atención sanitaria básica y a la educación y la capacitación de las mujeres han hecho que el PIB per cápita se haya multiplicado por cinco y que la esperanza de vida haya aumentado cerca de quince años; que, según el SIGAR, desde la caída del régimen talibán, en 2001, la asistencia a centros de enseñanza general ha pasado de un millón de estudiantes —niños varones, en su mayor parte— a cerca de nueve millones en 2015, representando las estudiantes, según las estimaciones, el 39 % del total;

E.

Considerando que, el 24 de julio de 2017, la Comisión y la alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad publicaron una comunicación conjunta sobre una estrategia de la Unión para Afganistán; que los cuatro ámbitos prioritarios esenciales de la Unión para lograr avances en Afganistán se refieren a a) la promoción de la paz, la estabilidad y la seguridad regional; b) la consolidación de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, y el fomento de la buena gobernanza y la emancipación de la mujer; c) el apoyo al desarrollo económico y humano, y d) la respuesta a los retos que plantea la migración;

F.

Considerando que, a raíz de la crisis de las elecciones presidenciales de 2014, el Gobierno de Unidad Nacional ha sufrido un estancamiento en el despliegue del programa de reformas, lo que ha provocado una situación política cada vez más inestable; que la tasa de desempleo en Afganistán es del 39 % y más del 39 % de la población vive en situación de pobreza;

G.

Considerando que la corrupción generalizada, los sistemas clientelares arraigados y la incapacidad del políticamente fracturado Gobierno afgano para avanzar en el camino de las reformas amenazan con reducir los avances o revertir los logros alcanzados;

H.

Considerando que la UNAMA, que se creó en 2002, apoya al Gobierno de Afganistán en sus esfuerzos por lograr la paz, la protección de los derechos humanos y la buena gobernanza; que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renueva su mandato cada año y muy recientemente ha decidido por unanimidad prorrogarlo hasta 2018;

I.

Considerando que, si bien se han logrado algunos éxitos socioeconómicos y políticos en los últimos años, el resurgir de los talibanes y de Al-Qaeda, junto con la reciente aparición del Estado Islámico (EI) en Afganistán, por ejemplo a través de su franquicia local en Afganistán (Estado Islámico de la Provincia de Jorasán), amenazan con convertir la inestabilidad en un conflicto a mayor escala; que el reciente informe de la UNAMA documenta el mayor número de víctimas desde 2009, con 11 318 víctimas civiles en 2016, mientras que, entre enero y septiembre de 2017, las víctimas ya ascendían a 8 019; que esto también ha dado lugar a un aumento de la migración a Europa;

J.

Considerando que, en el marco de la nueva estrategia de los Estados Unidos para Afganistán y Asia meridional, otros 4 000 soldados se unirán al actual contingente estadounidense de 8 400 soldados; que la nueva estrategia estadounidense exige que Pakistán deje de acoger y apoyar a terroristas y requiere una mayor participación de la República de la India para contribuir a la estabilización de la región; que la Misión Apoyo Decidido bajo el mando de la OTAN aumentará su actual nivel de efectivos de 13 000 a 16 000; que la nueva estrategia estadounidense se desarrollará promoviendo un enfoque basado en condiciones con arreglo al cual se integrarán acuerdos diplomáticos y económicos en el marco del esfuerzo militar;

K.

Considerando que Afganistán se enfrenta a un incremento sin precedentes del número de retornos de nacionales afganos tanto documentados como sin documentación, procedentes principalmente de Pakistán; que aproximadamente dos millones de afganos sin documentación y un millón de afganos con estatuto de refugiado viven en Irán y están retornando a Afganistán; que, según el relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los desplazados internos, hay más de 1 800 000 de estos en Afganistán a causa del conflicto, habiéndose alcanzado en 2016 la cifra récord de 650 000 personas que huyeron a otras zonas del país en busca de seguridad, lo que supone de media 1 500 por día; que en el segundo semestre de 2016 el número de refugiados afganos que retornaron de Pakistán alcanzó su punto más alto en diez años, pasando de 55 000 en 2015 a 370 000;

L.

Considerando que la República de la India es el mayor donante regional a Afganistán, habiendo aportado una ayuda por valor de unos 3 000 millones de dólares desde que el Gobierno talibán fuera derrocado en 2001; que con esta ayuda se han financiado, entre otras cosas, la construcción de más de 200 centros escolares en Afganistán, más de 1 000 becas para estudiantes afganos y la posibilidad de que unos 16 000 afganos estudien en la India; que la India también ha prestado asistencia en la construcción de infraestructuras críticas, tales como unos 4 000 km de carreteras en Afganistán, especialmente la autopista Zaranj-Dilaram, la presa de Salma y tendido eléctrico, así como el edificio que alberga el Parlamento afgano;

M.

Considerando que la inestabilidad en Afganistán tiene repercusiones negativas desde el punto de vista económico y de la seguridad para Irán y la región en su conjunto; que la economía de Afganistán depende en gran medida de la producción de adormidera, que ha aumentado considerablemente en los últimos años, lo que ha conllevado un aumento del consumo de drogas en el vecino Irán; que los talibanes utilizan este comercio ilícito de drogas para financiar sus operaciones; que la limitación de este comercio y la consecución de alternativas económicas a este redundarían en beneficio tanto de Irán como de Afganistán; que el opio de Afganistán es la principal fuente de heroína en la Unión; que es necesario colaborar con Irán y otros países fronterizos, como Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán, para limitar aún más la entrada de opiáceos en los mercados ruso y europeo;

N.

Considerando que una nueva dimensión de la infraestructura es crucial para el futuro de Afganistán, a fin de hacer posible una realidad completamente nueva de oportunidades económicas y sociales para uno de los países más pobres del mundo; que un nuevo programa nacional de desarrollo de infraestructuras atraerá una inversión regional creciente y positiva en el marco de la nueva Ruta de la Seda;

O.

Considerando que algunos informes indican que Afganistán tiene entre uno y tres billones de dólares en reservas de minerales sin explotar; que la minería ilegal constituye un grave problema que amenaza con convertir un posible motor del desarrollo afgano en una fuente de conflictos y de inestabilidad; que la minería es la segunda mayor fuente de ingresos de los talibanes;

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