9.11.2017   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 378/13

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Visto el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

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Visto el Reglamento (UE) no 1092/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, relativo a la supervisión macroprudencial del sistema financiero en la Unión Europea y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (1),

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Visto el Reglamento (UE) no 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea) (2),

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Visto el Reglamento (UE) no 1094/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) (3),

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Visto el Reglamento (UE) no 1095/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (4),

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Visto el Reglamento (UE) no 1096/2010 del Consejo, de 17 de noviembre de 2010 , por el que se encomienda al Banco Central Europeo una serie de tareas específicas relacionadas con el funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (5),

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Vista la Directiva 2010/78/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, por la que se modifican las Directivas 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las facultades de la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación) y la Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Europea de Valores y Mercados) (6),

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Vista su posición, de 12 de septiembre de 2013, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (UE) no 1093/2010, por el que se crea una Autoridad Europea de Supervisión (Autoridad Bancaria Europea), en lo que se refiere a su interacción con el Reglamento (UE) no …/… del Consejo, que atribuye funciones específicas al BCE en lo que respecta a las medidas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito (7),

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Vista su posición, de 12 de septiembre de 2013, sobre la propuesta de Reglamento (UE) no …/… del Consejo que encomienda tareas específicas al Banco Central Europeo en lo que respecta a las políticas relativas a la supervisión prudencial de las entidades de crédito (8),

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 3 de junio de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad Bancaria Europea (9), y su posición, de 22 de septiembre de 2010, sobre dicha propuesta (10),

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 3 de junio de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (11), y su posición, de 22 de septiembre de 2010, sobre dicha propuesta (12),

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 3 de junio de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea una Autoridad Europea de Valores y Mercados (13), y su posición, de 22 de septiembre de 2010, sobre dicha propuesta (14),

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 18 de mayo de 2010, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE y 2009/65/CE en relación con las facultades de la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (15), y su posición, de 22 de septiembre de 2010, sobre dicha propuesta (16),

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 25 de mayo de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la supervisión macroprudencial comunitaria del sistema financiero y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico (17), y su posición, de 22 de septiembre de 2010, sobre dicha propuesta (18),

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Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 25 de mayo de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se confía al Banco Central Europeo una serie de cometidos específicos en relación con el funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico (19), y su posición, de 22 de septiembre de 2010, sobre dicha propuesta (20),

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Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 1 de marzo de 2013, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Bancaria Europea para el ejercicio 2011,

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Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 1 de marzo de 2013, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación para el ejercicio 2011,

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Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 1 de marzo de 2013, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto de la Autoridad Europea de Valores y Mercados para el ejercicio 2011,

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Vista la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de 5 de septiembre de 2013, sobre el presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2014 — todas las secciones,

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Vistos los principios básicos de una supervisión bancaria eficaz respaldados por el Comité de Basilea sobre supervisión bancaria del 13 al 14 de septiembre de 2012 (21),

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Visto el documento relativo a las características esenciales para unos mecanismos eficaces de resolución de entidades financieras, titulado «Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions», publicado por el Consejo de Estabilidad Financiera en octubre de 2011,

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Vistos los principios de buenas prácticas en materia de colegios de supervisores emitidos por el Comité de Basilea sobre supervisión bancaria en octubre de 2010 (22),

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Vista la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 22 de enero de 2014 en el asunto C-270/12 Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte v Consejo de la Unión Europea y Parlamento Europeo,

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Vistos los artículos 42 y 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0133/2014),

A.

Considerando que la crisis financiera ha demostrado que la inadecuada gestión de riesgos y la ineficiente, irregular y fragmentada supervisión de los mercados financieros han contribuido a la inestabilidad financiera y a la falta de protección de los consumidores en el ámbito de los servicios financieros;

B.

Considerando que el Parlamento Europeo apoyó con firmeza la creación de las autoridades europeas de supervisión (AES), les ha otorgado más competencias de coordinación y supervisión directa y considera que estas autoridades son agentes fundamentales para la creación de unos mercados financieros más estables y más seguros y que la Unión necesita una supervisión más sólida y mejor coordinada a escala de la Unión;

C.

Considerando que la creación del Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF) ha aumentado la calidad y la coherencia de la supervisión financiera en el mercado interior; que se trata de un proceso evolutivo en el que los miembros de la junta de supervisión deben centrarse en los valores e intereses de la Unión;

D.

Considerando que, desde la creación del SESF, la supervisión microprudencial se ha desarrollado en la Unión a un ritmo más rápido que la supervisión macroprudencial;

E.

Considerando que las competencias de supervisión microeconómica y macroeconómica se concentran en manos del Banco Central Europeo (BCE), que debe tomar las medidas apropiadas para evitar los conflictos de intereses derivados de las funciones del BCE en materia de política monetaria;

F.

Considerando que las AES deben evitar la fragmentación de los mercados financieros de la Unión;

G.

Considerando que las AES se encargan, entre otras cosas, de la convergencia y de contribuir a mejorar la calidad de la supervisión cotidiana, y que es preciso establecer indicadores de rendimiento centrados en los resultados en materia de regulación obtenidos con la supervisión cotidiana;

H.

Considerando que las AES han cumplido en gran medida su mandato de contribuir a los procedimientos legislativos y de proponer normas técnicas;

I.

Considerando que, a pesar de que los reglamentos por los que se crean las AES son prácticamente idénticos, su ámbito de aplicación ha evolucionado de forma muy distinta;

J.

Considerando que, en relación con las normas técnicas de regulación (NTR) y las normas técnicas de ejecución (NTE), compete a la Comisión adoptar, con o sin modificaciones, los proyectos que propongan las AES, y alegar motivos precisos cuando decida no atenerse a esas propuestas;

K.

Considerando que la supervisión directa de las agencias de calificación crediticia por parte de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) puede mejorar la calidad de la supervisión en dicho ámbito;

L.

Considerando que las NTR se aprobaron como actos delegados y garantizan la participación de las AES en ámbitos en los que tienen una mayor competencia técnica para elaborar legislación de un nivel inferior;

M.

Considerando que el apartado 2 del Acuerdo Común entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión sobre actos delegados dispone que las tres instituciones cooperarán en todo el procedimiento conducente a la adopción de actos delegados para lograr un ejercicio fluido de las competencias delegadas y un control efectivo de dichas competencias por parte del Parlamento y del Consejo;

N.

Considerando que la creación del mecanismo único de supervisión (MUS) constituyó un importante nuevo paso hacia una supervisión coherente de los bancos en la zona del euro y en los otros Estados miembros participantes;

O.

Considerando que la creación del MUS repercute en gran medida en la configuración institucional de la supervisión microprudencial y macroprudencial en la UE teniendo en cuenta las competencias otorgadas al BCE en dichos ámbitos;

P.

Considerando que la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS) ha emitido unas recomendaciones macroeconómicas útiles para el proceso legislativo en los ámbitos de los fondos del mercado monetario, los requisitos de capital, la Directiva relativa a los créditos hipotecarios o las medidas simétricas de garantía a largo plazo en el marco de la Directiva Solvencia II (23), que la Comisión y los colegisladores solo han tenido en cuenta en parte;

Q.

Considerando que la JERS no desempeña una función obligatoria en materia legislativa, ni siquiera cuando se abordan cuestiones macroeconómicas;

R.

Considerando que el Comité Consultivo Científico ha desempeñado un papel importante y constructivo al guiar la actividad de la JERS, en concreto alentándola a centrarse en cuestiones controvertidas y fundamentales;

S.

Considerando que los colegisladores o la Comisión podrían haber tenido en cuenta algunas de las propuestas de la JERS si se hubieran presentado en una fase anterior del proceso legislativo;

T.

Considerando que la JERS se creó durante la crisis financiera para evitar futuras crisis y preservar la estabilidad financiera;

U.

Considerando que la JERS nunca mencionó en ninguna de sus declaraciones el riesgo sistémico que presenta el mantenimiento durante un período excesivamente largo de tipos de interés muy bajos;

V.

Considerando que la política monetaria puede influir considerablemente en las burbujas crediticias y de precios de los activos, por lo que podría producirse un conflicto de intereses entre la política monetaria del BCE y la actividad de la JERS;

W.

Considerando que, con arreglo a las primeras propuestas de la Comisión, la JERS debía tener más del doble del personal que posee en realidad y que la fluctuación del personal cualificado perjudica su labor;

X.

Considerando que la AEVM no ha tenido en cuenta las declaraciones de la JERS sobre el Reglamento relativo a los derivados extrabursátiles, las entidades de contrapartida central y los registros de operaciones (Reglamento EMIR);

Y.

Considerando que la creación de la JERS fuera del BCE, de conformidad con el artículo 130 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), no le permite presentar al BCE dictámenes, recomendaciones ni avisos;

Z.

Considerando que la estructura de la JERS y el tamaño de su órgano decisorio obstaculizan un rápido proceso de toma de decisiones;

AA.

Considerando que la Recomendación JERS/2011/3 establece que los bancos centrales deben desempeñar un papel protagonista en la supervisión macroprudencial y que, por consiguiente, los representantes de dichos bancos deben ser necesariamente miembros de los órganos decisorios de la JERS;

AB.

Considerando que la pertenencia a la JERS se basa en gran medida en los bancos centrales, que desempeñan un papel importante, pero que además tienen perspectivas similares;

AC.

Considerando que hay partes considerables de la legislación sectorial que confieren competencias específicas a las AES que aún no han entrado en vigor, lo que impide a dichas Autoridades desempeñar sus funciones en igualdad de condiciones;

AD.

Considerando que la legislación relativa a los mercados financieros, los servicios financieros y los productos financieros está muy fragmentada y que la multiplicidad de textos jurídicos es causa de lagunas, duplicaciones de la obligación de presentar información, divergencias institucionales y solapamientos normativos, y puede provocar consecuencias imprevistas y repercusiones negativas en la economía real;

AE.

Considerando que los Estados Unidos de América han creado una Oficina de Protección Financiera del Consumidor con un amplio mandato a escala federal;

AF.

Considerando que la transparencia y la independencia son componentes importantes de la buena gobernanza y que es importante aumentar la transparencia del trabajo realizado por las AES y su independencia;

AG.

Considerando que, aunque las AES suelen llevar a cabo sus actividades de forma transparente mediante la publicación de información en sus páginas web, es necesario aumentar la transparencia de la labor y los avances de las AES en materia de asesoramiento y propuestas, así como la información disponible sobre cuestiones como unidades especiales y grupos de trabajo;

AH.

Considerando que la Comisión participa tanto formal como informalmente en las actividades de las AES, que su participación debe ser transparente y su cometido debe ajustarse a las del Parlamento y del Consejo, de forma que no se cuestione su independencia;

AI.

Considerando que el beneficio de las aportaciones de los grupos de partes interesadas a la labor de las AES parece haber sido limitado;

AJ.

Considerando la suma importancia de aumentar la transparencia para que los grupos de partes interesadas elaboren unas normas bien fundadas y factibles para los mercados financieros, y que la cooperación con los participantes en el mercado funcionaría mucho mejor si dichos grupos fueran más transparentes en cuanto a su composición y a las obligaciones específicas que se les han asignado;

AK.

Considerando que las AES deben apoyar a la Comisión mediante la puesta a disposición de sus conocimientos especializados en servicios financieros de forma transparente;

AL.

Considerando que las AES deben ayudar a la Comisión y a los colegisladores evaluando hasta qué punto la legislación cumple sus objetivos de regulación y que, en aras de la transparencia, es preciso que publiquen dicha evaluación; que las AES deben emitir dictámenes oficiales sobre las propuestas legislativas de la Unión y evaluar la fuerza de las pruebas y los análisis que se incluyen en las evaluaciones de impacto de tales propuestas;

AM.

Considerando que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-270/12 señalaba un ámbito de actividades del Sistema Europeo de Supervisores Financieros de conformidad con el artículo 114 del TFUE potencialmente ampliado en comparación con la interpretación prevalente de la sentencia en el asunto C-9/56 Meroni  (24) cuando se creó el SESF y que, por lo tanto, la Comisión debería evaluar sus posibles repercusiones en la próxima revisión del SESF;

AN.

Considerando que la supervisión por el BCE de los conglomerados financieros activos en el sector de la banca y los seguros está limitada por el fundamento jurídico del MUS;

AO.

Considerando que la creación del MUS modifica el sistema de supervisión subyacente del SESF y origina un cierto grado de asimetría entre las diferentes autoridades y sus ámbitos de supervisión;

AP.

Considerando que, tras la entrada en vigor del MUS, reviste especial importancia evitar el arbitraje en materia de regulación, garantizar unas condiciones de competencia equitativas, asegurar el buen funcionamiento del mercado interior, evitar distorsiones y respetar las libertades fundamentales;

AQ.

Considerando que el BCE y las AES utilizan diferentes normas y plazos en materia de información y que la creación del MUS podría plantear un grave riesgo de duplicación de requisitos de notificación si las autoridades nacionales no cooperan en suficiente medida con el MUS y las AES;

AR.

Considerando que el derecho de investigación de las posibles infracciones de la legislación de la Unión y la posibilidad de una mediación vinculante apenas se han utilizado, y que las AES tienen unas posibilidades muy limitadas de iniciar investigaciones sobre las supuestas infracciones de la legislación por parte de las autoridades nacionales competentes;

AS.

Considerando que, en lo que se refiere a posibles infracciones de la legislación europea, corresponde a los supervisores nacionales de las juntas de supervisión de las AES tomar las decisiones que afecten a las autoridades nacionales de supervisión;

AT.

Considerando que, gracias a las competencias de mediación vinculante de las AES, las autoridades nacionales de supervisión han encontrado muchas soluciones útiles;

AU.

Considerando las dificultades de los representantes nacionales para separar su función de máximos responsables de una autoridad nacional competente y la toma de decisiones europea, y que este hecho pone en tela de juicio su capacidad de cumplir plenamente el requisito previsto en el artículo 42 de los Reglamentos de las AES de actuar con independencia y objetividad únicamente en interés de la Unión en su conjunto;

AV.

Considerando que la presión del grupo no ha funcionado como se había previsto en la concepción original de las AES y que es preciso permitir a dichas Autoridades impulsar su desarrollo;

AW.

Considerando que algunas AES siguen teniendo dificultades para recabar la información necesaria para su actividad en el formato oportuno y que la ABE tuvo que realizar pruebas de solvencia, pero que en algunos casos no tenía la capacidad jurídica suficiente para recabar los datos necesarios para tales pruebas ni para verificar los datos que parecían imprecisos;

AX.

Considerando que las AES pueden abstenerse de determinadas solicitudes de información necesarias porque anticipan un rechazo de sus juntas de supervisores;

AY.

Considerando que la legislación recientemente adoptada ha reforzado las competencias de las AES en materia de investigación de presuntas infracciones o incumplimientos de la legislación de la Unión al obligar a las autoridades competentes a facilitar a la AES correspondiente toda la información que se estime necesaria, incluso con respecto a la manera en que la legislación se aplica de conformidad con el Derecho de la Unión;

AZ.

Considerando que en la creación del MUS se han realizado progresos a la hora de otorgar a la ABE las facultades necesarias para recabar información directamente, si bien todavía es necesario otorgar dichas facultades a las otras Autoridades;

BA.

Considerando que las líneas directrices han demostrado ser una herramienta útil y necesaria para completar las lagunas reglamentarias cuando en la legislación sectorial no se habían previsto competencias para las AES;

BB.

Considerando que las AES tienen el mandato de supervisar la aplicación de la legislación de la Unión en los Estados miembros, pero carecen de recursos para evaluar la ejecución real;

BC.

Considerando que la Directiva MiFID I (25) se aplica en todos los Estados miembros, pero que algunos de ellos se niegan a aplicar y observar en la práctica las normas relativas a la protección de los consumidores;

BD.

Considerando que la participación de los representantes de las AES en colegios de supervisores ha mejorado el funcionamiento de dichos colegios, pero que estos solo han logrado avances limitados en cuanto a la mejora de la convergencia de las prácticas de supervisión;

BE.

Considerando que los derechos de voto en las juntas de supervisores de las AES no son proporcionales al tamaño de los correspondientes Estados miembros, como ocurre a menudo en el BCE y en las agencias europeas;

BF.

Considerando que las modificaciones del sistema de votación original de la ABE, que garantizó la igualdad de trato de los Estados miembros y unas buenas condiciones de trabajo de las AES, fueron una concesión a algunos Estados miembros e hicieron los procedimientos de toma de decisiones de la Junta de Supervisores más onerosos y complejos;

BG.

Considerando que no debe existir discriminación por motivo de edad o género en el nombramiento de los presidentes de las AES, puesto al que debe darse la máxima publicidad en toda la Unión;

BH.

Considerando que el presidente, el director ejecutivo y los miembros de la Junta de Supervisores y de los consejos de administración deben estar en condiciones de actuar con independencia y exclusivamente en interés de la Unión;

BI.

Considerando que algunos supervisores nacionales de los Estados miembros han tenido dificultades para hacer frente a sus contribuciones obligatorias a los presupuestos de las AES;

BJ.

Considerando que las contribuciones obligatorias de los Estados miembros contravienen la independencia de las AES;

BK.

Considerando que las AES han declarado que tienen dificultades para contratar a personal de determinada antigüedad, que se ven limitadas a la hora de cumplir su mandato por la falta de recursos y de personal, y que los recursos disponibles no corresponden a las funciones que han de desempeñar;

BL.

Considerando que el método actual de financiación de las AES, consistente en un mecanismo de financiación mixta, no resulta flexible, genera carga administrativa y compromete la independencia de las agencias;

BM.

Considerando que el mandato regulador de elaborar actos delegados y de ejecución ha sido una prioridad para las AES en su fase inicial y ha tenido un peso desproporcionado en su carga de trabajo en comparación con otras responsabilidades;

BN.

Considerando que las AES no han podido dedicar suficientes recursos a la función principal de realizar análisis económicos de los mercados financieros (tal como dispone el artículo 8, apartado 1, letra g), del Reglamento (UE) no 1093/2010, del Reglamento (UE) no 1094/2010 y del Reglamento (UE) no 1095/2010), que constituye una base fundamental para la elaboración de normas de alta calidad;

BO.

Considerando que el mandato común de emitir un informe sobre las tendencias de los consumidores exige que todos los Estados miembros recaben información sobre estas tendencias;

BP.

Considerando que la ABE sigue careciendo de fundamento jurídico en cuanto a los servicios de pago y a la Directiva relativa a los contratos de crédito al consumo (26), entre otros;

BQ.

Considerando que algunos requisitos previstos por las AES para todos los participantes en el mercado fueron considerados por estos onerosos, inadecuados y desproporcionados al tamaño y el modelo de negocio de los destinatarios, y que la legislación sectorial no siempre ofrece suficiente flexibilidad para aplicar la legislación de la UE;

BR.

Considerando que el BCE tiene derecho a participar en los grupos de trabajo del Consejo, mientras que las AES no intervienen prácticamente en el proceso formal de toma de decisiones;

BS.

Considerando que, en materia de protección de los consumidores, los esfuerzos, los recursos empleados y los resultados de las AES fueron diversos y bastante escasos con respecto a la ABE;

BT.

Considerando que la débil gobernanza empresarial y el deficiente sistema de divulgación han sido factores que han contribuido significativamente a la crisis actual;

BU.

Considerando que los nuevos principios de supervisión de Basilea incluyen dos nuevos principios sobre gobernanza empresarial y transparencia y divulgación;

BV.

Considerando que las prácticas abusivas de venta, la competencia desleal y el comportamiento de captación de rentas pueden perjudicar a los consumidores;

BW.

Considerando que la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y la ABE no presentaron informes sustanciales sobre tendencias de los consumidores;

BX.

Considerando que aún no se ha publicado el informe de estabilidad financiera de la JERS que prometió Mario Draghi, Presidente del BCE;

BY.

Considerando que la necesidad de tomar decisiones sobre cuestiones relativas a la protección de los consumidores exige un nivel equivalente de conocimientos especializados de los miembros de las AES, incluso si algunos de ellos no tienen un mandato equivalente en su Estado miembro de origen;

BZ.

Considerando que las actuales cláusulas de salvaguardia del artículo 38, apartado 1, del Reglamento (UE) no 1093/2010, del Reglamento (UE) no 1094/2010 y del Reglamento (UE) no 1095/2010 limitan las posibilidades de mediación con arreglo a lo dispuesto en sus artículos 18 y 19, por lo que, en particular en los casos de resolución de un grupo transfronterizo de conformidad con la Directiva sobre rescate y resolución de los bancos, los poderes decisorios finales corresponden al Estado miembro fiscalmente responsable de la institución de que se trate;

1.

Pide a la Comisión que presente al Parlamento, antes del 1 de julio de 2014, propuestas legislativas para la revisión de los Reglamentos (UE) no 1092/2010, (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 y (UE) no 1095/2010, y (UE) no 1096/2010 del Consejo, tras las recomendaciones detalladas que figuran en el anexo del presente Reglamento, a la luz de la experiencia adquirida desde que se crearon las AES y de un análisis en profundidad del fundamento jurídico y de las alternativas que ofrece el artículo 114 del TFUE, incluida la jurisprudencia reciente;

2.

Confirma que estas recomendaciones respetan los derechos fundamentales y el principio de subsidiariedad;

3.

Considera que las repercusiones financieras de las propuestas solicitadas deben correr a cargo de las oportunas dotaciones presupuestarias del presupuesto de la Unión, teniendo en cuenta la posibilidad de las AES de cargar tasas a las entidades de cuya supervisión se encargan;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente propuesta y las recomendaciones que se detallan en el anexo a la Comisión y al Consejo.