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A este respecto, se alega que, partiendo de la naturaleza del consorcio, sus socios constituyen una entidad colectiva considerada beneficiaria del GA, por lo que no son terceros con respecto al beneficiario, sino que forman parte de él. En este sentido, el personal que éstos ponen a disposición del consorcio para realizar las actividades previstas en el GA se ha de considerar personal del beneficiario y no debe incluirse en el anexo I, tal y como se requiere en la Decisión impugnada.

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A este respecto, se alega que la Decisión impugnada debe basarse necesariamente en una norma jurídica concreta, y no, como en el caso que nos ocupa, en una Guía sobre asuntos financieros, adoptada por los servicios de la Comisión y carente de valor jurídico. Asimismo, se aduce que la Comisión vulneró el principio de buena administración, que le impide imponer a los destinatarios de sus decisiones actos obligatorios sobre la base de un informe incompleto y contradictorio elaborado por un auditor externo.

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A este respecto, se alega que los asesores de IBI, en relación con cuyos costes indirectos se denegó el reembolso, eran profesionales que no estaban empleados en ninguna otra entidad, sino que trabajaban por cuenta propia. Por tanto, éstos no quedan comprendidos en ninguno de los dos supuestos en virtud de los cuales el apartado 2.c de las disposiciones en cuestión excluye la posibilidad de reembolsar los costes. Si los asesores de IBI en régimen de teletrabajo no están comprendidos en ninguno de los dos supuestos excepcionales, están necesariamente sujetos a la norma general, lo cual implica que sus costes indirectos quedan sujetos a la regla de tarifa plana del 60 %.

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A este respecto, se alega que tanto el informe del auditor como la Decisión de la demandada que lo presenta como propio están redactados en inglés, esto es, en una lengua distinta a la lengua nacional de IBI. Por tanto, se ha vulnerado el artículo 3 del Reglamento (CEE) n.o 1 del Consejo, de 15 de abril de 1958, por el que se fija el régimen lingüístico de la Comunidad Económica Europea.

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A este respecto, se alega que en el supuesto de que la Comisión delegue en un auditor externo el análisis de la corrección contable de los proyectos, la obligación de diligencia compete a este último. Además, el principio de buena administración exige que, tras recibir el informe del auditor, la Comisión lo analice con particular atención y, si es necesario, modifique su contenido. Se aduce que la Comisión incumplió esta obligación de diligencia.