a)

error manifiesto de apreciación de los hechos, de la prueba y de la suficiencia probatoria, dado que la Comisión evalúa e interpreta erróneamente los datos aducidos por las partes en el procedimiento y, en consecuencia, no deduce de las pruebas aportadas a los autos las conclusiones más plausibles;

b)

error en la interpretación del artículo 101 TFUE y, en consecuencia, vulneración de dicha disposición, dado que la Comisión, infundada y erróneamente, consideró a las partes competidores potenciales en la generalidad de los mercados supuestamente incluidos en la obligación de no competencia, obligación que no podía calificarse de restricción por objeto, sin que la Comisión demostrara siquiera que se produjera efecto alguno;

c)

incumplimiento de la obligación de investigar y de pronunciarse, puesto que la Decisión no rectifica ni refuta los argumentos pertinentes presentados por las partes, especialmente en lo que atañe al alcance de la cláusula de no competencia;

d)

vulneración del principio in dubio pro reo, dado que la Comisión da por ciertos hechos desfavorables para la demandante que aún suscitan dudas relevantes y no dejan de ser inciertos para la propia Comisión;

e)

vulneración de los principios a cuyo cumplimiento se ha comprometido la Comisión para la aplicación de las multas, concretamente de lo expuesto en el apartado 13 de sus directrices sobre esta materia, dado que la Comisión calculó el importe de la multa para la generalidad de los mercados de comunicaciones electrónicas, con independencia de que estuvieran o no situados en la Península Ibérica, ignorando también el hecho de que, en todo caso, la supuesta infracción nunca persistió más allá del 29 de octubre de 2010;

f)

vulneración del principio de proporcionalidad, habida cuenta de las circunstancias del presente asunto y de los criterios que presiden la imposición de las multas.