19.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/105

1-2

3-6

7-11

1.

La Escuela Europea de Policía (en lo sucesivo denominada «la Escuela») se creó en virtud de la Decisión 2000/820/JAI del Consejo, derogada y reemplazada en 2005 por la Decisión 2005/681/JAI del Consejo (1). Su misión consiste en funcionar como una red que agrupe a los centros nacionales de formación de los Estados miembros para impartir cursos de formación, basados en normas comunes, dirigidos a funcionarios policiales de rango superior. La Escuela adquirió plena autonomía en 2006.

2.

El cuadro 1 presenta de forma sintética las competencias y actividades del Centro, mientras que los cuadros 2 y 3 muestran, con fines de información, el resumen de los datos clave obtenidos a partir de los estados financieros elaborados por dicho organismo en relación con el ejercicio 2006.

3.

La presente declaración está dirigida al Parlamento Europeo y al Consejo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 185, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo (2), y fue formulada a raíz del examen de las cuentas de la Escuela, conforme al artículo 248 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea.

4.

De conformidad con el artículo 11 del Reglamento (CE) no 2005/681, las cuentas de la Escuela correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2006 (3) fueron elaboradas por su director, tras lo cual se transmitieron al Tribunal para que emitiera su opinión sobre la fiabilidad de dichas cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes.

5.

El Tribunal realizó la fiscalización de acuerdo con las normas internacionales de auditoría y los códigos deontológicos de IFAC y de INTOSAI, en la medida en que son aplicables al contexto comunitario. La fiscalización fue planeada y llevada a la práctica con el fin de obtener garantías razonables de que las cuentas son fiables y de que las operaciones subyacentes son legales y regulares.

6.

El Tribunal ha obtenido de este modo una base razonable para emitir la declaración siguiente:

Fiabilidad las cuentasLas cuentas de la Escuela correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2006 son fiables en todos los aspectos importantes. No obstante, el Tribunal desea llamar la atención sobre las observaciones del párrafo 9.Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentesLas operaciones subyacentes a las cuentas anuales del Centro son en conjunto legales y regulares salvo en lo que respecta a la situación descrita en el apartado 11.

7.

En 2006, la Escuela no creó los sistemas y procedimientos necesarios para preparar un informe financiero conforme a lo establecido en el Reglamento financiero marco aplicable a las agencias.

8.

Pese a que en su Reglamento financiero se señala que son necesarias disposiciones de aplicación detalladas (4), la Escuela todavía no ha adoptado ninguna, ni siquiera para garantizar la transparencia en la adjudicación de contratos.

9.

La Escuela no ejecutó su presupuesto utilizando créditos disociados con arreglo a su Reglamento financiero (5) ni elaboró estados sobre la ejecución del presupuesto. La introducción de créditos de compromiso mejoraría el control sobre la ejecución presupuestaria de la Escuela y garantizaría que los créditos no utilizados al cierre del ejercicio se prorrogaranen condiciones estrictamente definidas con arreglo al Reglamento financiero.

10.

Aun cuando se facilitó la información relativa a los cursos y seminarios (1 296 636 euros en 2006), no se efectuaron presentaciones y aprobaciones formales de las estimaciones de costes correspondientes antes de llevarlos a cabo. Los créditos presupuestarios no se utilizaron con arreglo al principio de buena gestión financiera (6).

11.

El régimen de adjudicación de contratos no se ajustaba a las disposiciones del Reglamento financiero. No existía documentación justificativa para demostrar la necesidad de adquirir determinados efectos y para explicar el recurso a un determinado proveedor. Se planteó un problema similar respecto de los gastos del traslado del personal, que no se gestionaron según los procedimientos normalizados de licitación para la adquisición de bienes y servicios.